Resultados electorales de la CUT

Al cierre de esta edición se terminaron los escru-tinios de las elecciones de la CUT para el Comité Ejecutivo Nacional y la Subdirectiva Bogotá Cundinamarca. Ver los resultados en / 2 y 3

La subasta del 4G

“También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma con-tinental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas in-ternacionales”. / 10 y 11

Hambre en tierra fértil

Parece inaudito que en un planeta como el nuestro, que lo tiene todo, tengamos que enviar delegados de todos los países a tratar el tema de cómo hacer para poder alimentarnos. Pero así es. / 12

Conferencia Anual de la OIT La OIT debe ser cada vez

más útil y pertinenteSe destacó la determinación de la OIT para cumplir el mandato de la organización con el fin de mejo-rar las condiciones de los trabajadores palestinos, donde el desempleo, el subempleo, las diferencias en los salarios y la segregación ocupacional son los cuatro factores principales en la economía que afecta más a las mujeres y los jóvenes y las dife-rencias de género. / 16

Nº 105 Bogotá, ColombiaValor $500 Junio de 2013

La CSI insta a todos los gobiernos a intensificar su compromiso en la lucha mundial contra el trabajo infantil, dado que según nuevos datos publicados

por la OIT, los progresos están perdiendo fuer-za. Un total de 215 millones de niños siguen trabajando en lugar de acudir a la escuela.

"Los dos Convenios de la OIT sobre trabajo forzoso han sido ratificados por la gran mayo-ría de los gobiernos, pero decenas de millones de niños son víctimas de la explotación y la miseria que conlleva el trabajo infantil, cuando deberían estar recibiendo una educación de calidad. La crisis económica, y la obsesión con las medidas de austeridad, están frenando considerablemente los esfuerzos para sacar a los niños del trabajo y llevarlos a las escue-las", afirmó la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.

Son ya 177 gobiernos los que han ratificado el Convenio Nº 182 de la OIT sobre las peores

formas de trabajo infantil, mientras que 165 han ratificado el Convenio Nº 138, que cons-tituye el principal punto de referencia global respecto a la edad en que los menores de 18 años pueden iniciar su experiencia laboral, aprendizajes o acceder al empleo a tiempo completo.

Este año en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se hará hincapié en la situación de los niños y niñas atrapados en el trabajo domés-tico, que se enfrentan a algunos de los peores casos de grave explotación y son víctimas de abusos físicos y psicológicos. Hasta la fecha, 10 países han ratificado el Convenio Nº 189 sobre trabajo doméstico, adoptado por la OIT hace apenas dos años.

"Ojos que no ven, corazón que no siente, no puede seguir aplicándose a los niños víctimas de servidumbre doméstica o, de hecho, de cualquier otra forma de explotación. La co-munidad global necesita impulsar acciones

encaminadas específicamente a erradicar el trabajo infantil, y centrarse también en una educación de calidad, protección social e inspecciones laborales, en lugar de erosionar estos servicios esenciales para satisfacer unos objetivos fiscales subjetivos que es-tán destrozando comunidades completas", indicó Burrow.

Al movimiento sindical le preocupa que gran parte de las acciones sobre trabajo infantil hayan venido estando enfocadas hacia proyectos específicos, sin que los gobiernos establezcan o pongan en marcha políticas exhaustivas. Resulta esencial que el enfoque gubernamental incluya políticas y programas globales. Sin esa premisa, re-sultará muy difícil o incluso imposible que los proyectos individuales realizados en sectores o localidades particulares tengan un impacto sostenible. Bruselas, 12 de junio de 2013 (CSI EnLínea).

CONFEDERACIÓN SINDICAL INTERNACIONAL (CSI)

En el mundo 215 millones de niños y niñas siguen

trabajando en lugar de acudir a la escuela

2 Nº 105, junio de 2013cu t reg iona l

Siendo las 16 horas del día 26 de junio de 2013, después de continuos encuentros en la sala de juntas del Comité Ejecutivo Regional CUT Bogotá Cundinamarca, los integrantes del Tribunal, con el objetivo de finalizar el escrutinio de las elecciones realizadas el 7 de junio del presente año para la elección del Comité Ejecutivo de la subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca, 2013-2017, se reúne con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum.2. Escrutinio final regional.3. Propuestas y varios.

Desarrollo de la agenda

Se constata que existe quórum decisorio con la asistencia de: Miguel Ángel Castro (presidente); Daniel Yang Serrano (secretario); María Magdalena Ramírez Devia; Luz María Correal Pérez; Jeisson Zubieta Díaz y Helí Bahamón Bahamón.

El escrutinio se realizó con las actas enviadas por fax o correo electrónico, que posterior-mente se cotejó con el material electoral y las actas originales que llegaron después del proceso de elección del pasado 7 de junio según la circular Nº 001 del Tribunal Regional Electoral CUT Bogotá Cundinamarca. Las diferentes peticiones u observaciones propias del Tribunal, que se presentaron en el proceso electoral, fueron revisadas y analizadas de acuerdo a la normatividad vigente y se tomaron las decisiones correspondientes, que se encuentran relacionadas en las Actas Nº 001, 002, 003 y 004 del Tribunal Regional Electoral CUT Bogotá Cundinamarca. Una vez escrutado el 100% de las mesas insta-ladas en Cundinamarca y Bogotá, el resultado final es el siguiente (ver cuadro 1):

N° en el tarjetón Cabeza de lista N° de

votos101 Carlos Arturo Rico Godoy 2.649102 Carlos Alberto Velásquez 714103 Manuel Ángel Téllez 1.725104 Marlén Amanda Vásquez 619105 María Victoria Forero 1.893106 Esperanza Lozano Atencio 820107 Martha Pineda Guido 1.685108 Francisco Carrillo 201109 Raúl Soto 116110 Misael Hernández 189111 Álvaro Saumeth Ricaurte 408112 Bernardo Raúl López 977113 Jorge Enrique Laverde 2.206114 Leovardo Orjuela 467115 Óscar Gustavo Penagos 606116 Celmira Herrera 1.538117 Nohora Bulla Gutiérrez 1.113118 Miguel Ángel Delgado R. 1.691119 Luís Fernando Abadía 1.881120 Pedro Isidro Yepes López 2.442121 Carlos Ernesto Castañeda 1.087122 Guillermo Eduardo Alfonso 256123 Luís Orlando Quiroga 1.357124 Alfonso Ahumada B. 2.119

Votos en blanco 8.783Votos nulos 4.903Total 42.445

No. Electos No. en el tarjetón

1 Carlos Arturo Rico Godoy 1012 Pedro Isidro Yépez López 1203 Jorge Enrique Laverde Herrera 1134 Alfonso Ahumada Barbosa 1245 María Victoria Forero Izquierdo 1056 Luis Fernando Abadía Tasama 1197 Manuel Ángel Téllez González 1038 Miguel Ángel Delgado Rivera 1189 Martha Pineda Guío 10710 Celmira Herrera Urrea 11611 Luis Orlando Quiroga Rodríguez 12312 Nohora Bulla Gutiérrez 11713 Carlos Ernesto Castañeda Ravelo 12114 Bernardo Raúl López Martínez 11215 Esperanza Lozano Atencio 106

Resultados electorales de la CUT

De acuerdo con lo anterior y realizado el escrutinio regional de la subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca, el Comité Ejecutivo de la subdirectiva CUT Bogotá Cundinamarca para el periodo 2013-2017, queda conformado de la siguiente manera (ver cuadro 2):

El tribunal publicará la presente acta a partir de la fecha, en la página web de la CUT.

Siendo las 18 horas del día 26 de junio de 2013, se da por terminada la reunión.

En constancia firman:

Tribunal Regional Electoral CUT Bogotá Cundinamarca

Acta Final de Escrutinios Nº 005/2013

Miguel Ángel Castro Presidente

Daniel Yang Serrano Secretario

Jeisson Zubieta Díaz, María Magdalena Ramírez Devia, Helí Bahamón Bahamón, Luz María Correal Pérez

Cuadro 1

Cuadro 2

Tribunal Regional Electoral CUT Bogotá CundinamarcaActa Final de Escrutinios N° 005 / 2013

Integrantes del Tribunal Electoral.

Nº 105, junio de 2013 3cu t na c iona l

Horario de atenciónLunes a viernes: 9:00 am a 1:00 pmy 2:00 pm a 5:30 pm Cita previa

CON EL APOYO DE

FINANCIADO POR

4 Nº 105, junio de 2013s ind i ca les

Agencia de Información Laboral

21 de junio de 2012

No se detiene la saludable y bienvenida ola sindical en el sector del comer-cio. Esta semana el turno es para Easy Colombia, empresa filial del grupo

chileno Cencosud que opera con 5 tien-das especializadas en distribución de artículos para hogar: cuatro en Bogotá y una en Medellín, en las que emplea a 718 trabajadores.

Se trata del Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio (Sintracom), organización de carácter nacional que se creó con el propósito que alienta a todo sindicato: mejorar las condiciones labo-rales y hacer propuestas para mejorar el clima laboral y corregir los problemas más sentidos por las y los trabajadores, que en el caso de Easy Colombia tienen que ver con bajos salarios, acoso laboral, extensas jornadas y sobrecarga de trabajo, despidos sin justa causa, entre otros.

Es un sindicato de industria, proyectado para agremiar a trabajadores y trabaja-doras de establecimientos comerciales al por mayor y al detal, grandes superficies o cadenas de hipermercados, almacenes, tiendas por departamento y otros servi-cios complementarios y anexos. Por eso, aparte de trabajadores de Easy Colombia, Sintracom nació con algunos afiliados de Homecenter-Sodimac y Falabella.

Pero no fue un parto sin dolor. Durante el proceso de creación del sindicato fueron despedidos sin justa causa 7 trabajadores, 6 de ellos comprometidos directamente con su creación, con antigüedades entre 2 y 5 años en la compañía. Con esto la empresa violó el derecho de asociación consagrado en la Constitución, el CST y los convenios de OIT ratificados por el gobierno colombiano.

Richar Moreno Casallas, uno de los des-pedidos, no duda en calificar su despido, y el de los otros cinco compañeros que promovieron el sindicato, como una clara demostración de persecución sindical por parte de la empresa.

La cadena de tiendas Easy fue fundada en 1994 en Chile, y hoy tiene presencia en Argentina, Brasil, Perú y Colombia, donde se encuentra desde mayo de 2007. En este año el Grupo Cencosud era propieta-rio del 70% de la cadena, el 30% restante pertenecía al Grupo Casino, hasta el año 2009, cuando el control total lo asumió

Cencosud, grupo empresarial que, como se sabe, en octubre de 2012 también se hizo al control de la cadena de supermer-cados Carrefour (hoy almacenes Yumbo y Metro), negocio que le valió más de 2.000 millones de euros.

Una vez constituido como sindicato, Sintracom se afilió al UNI Sindicato Global, organización que hoy lleva la vocería de más de 20 millones de trabajadores del sector de servicios del mundo, con pre-sencia en 150 países. Y se afilió también a la CUT, confederación que en un co-municado saludó su creación y rechazó las prácticas antisindicales ejercidas por la empresa Easy-Cencosud en contra de sus empleados.

El presidente de Sintracom, Hower Javier Riaño, de 34 años de edad, los últimos 5 como empelado de Easy Colombia, explicó que si bien los salarios en esta empresa dejan mucho que desear, la razón principal para crear el sindicato es acabar con las largas jornadas y la recar-ga laboral a que son sometidos las y los trabajadores; pero sobre todo para defen-der su estabilidad laboral. “Intentamos el diálogo con la empresa, pero vemos que todo se ha quedado en palabras, nada se cumple. Entonces decidimos que había que agruparnos, hacer algo y formamos el sindicato”, dijo.

El pliego petitorio

En este momento el sindicato está prepa-rando el pliego de peticiones que le pre-sentará a la empresa próximamente, y que dará lugar a la negociación de la primera convención colectiva en Easy Colombia.

El pliego de peticiones incluye un salario de enganche, y que a partir de este se pa-guen horas extras, dominicales y festivos de acuerdo con lo establecido por la ley.

El sindicato considera que la empre-sa, dada su solidez económica, está en capacidad de asumir tal reajuste salarial. Según la Superintendencia de Sociedades, en 2010 Easy Colombia tuvo ventas del orden de los $127.100 mil mi-llones, y en 2011 ascendieron a $152.200 mil millones. En 2012 reportó un margen de utilidad neta de 17,19%, es decir, por cada 100 pesos que vendió, la utilidad fue de 17,19 centavos. En lo referido a costos laborales, estos los ha mantenido constantes desde 2010.

En el pliego se también pedirá que se amplíe la planta de personal y se recon-sidere el tema de la carga laboral, que a juicio del sindicato es excesiva y está generando acoso por parte de los jefes y

mucho estrés e insatisfacción entre las y los trabajadores.

Otro tema problemático tiene relación con los accidentes laborales y enfermedades derivadas de la labor desempeñada. De acuerdo con testimonios recolectados entre las y los trabajadores, las enfermedades más frecuentes son las musculares o de articulaciones, derivadas de la carga de objetos muy pesados, y las enfermedades psicológicas, derivadas de la sobrecarga laboral.

Es de anotar que el nivel de accidentalidad en las tiendas es considerablemente alto, ante lo cual los directivos optan por llamar a descargos al trabajador cuando sufre un accidente, bajo la premisa de que la causa es su propio descuido, dado que la empresa les brinda instrucción para el au-tocuidado. La sanción puede ser de 5 días, o el despido. Así que muchos trabajadores optan por no reportar el accidente para evi-tar la sanción. Lo anterior es más grave en el caso de los del área de construcción, ya que son quienes están más propensos a sufrir accidentes de trabajo.

en la cadena de tiendas easy colombia

Sintracom, otro sindicato que nace en el sector comercio

Se han reportado casos de despedido de trabajadores con el argumento de enferme-dad constante, y se utilizan mecanismos para justificar el despido, que incluyen llamados de atención por cumplimiento de metas, cuestiones de desempeño, perfil re-querido para el cargo, entre otras. Y aparte de eso, la empresa no tiene una política de reubicación de personal por incapacidad o accidente de trabajo.

La insuficiencia de personal por tienda lleva a que en algunos casos mujeres en condición de embarazo deban seguir realizando las mismas labores que hacían antes de su estado, lo que las pone en grave peligro y las lleva a mayores niveles de estrés laboral.

Lo otro es que ante una falta disciplinaria no existe un procedimiento amplio que le permita al trabajador apelar la decisión que tome la empresa.

Corregir estas y otras anomalías es la tarea que ahora tiene al frente el recién creado Sintracom, aparte, claro está, de fortalecer-se y crecer en número de afiliados.

Nº 105, junio de 2013 5s ind i ca les

Comité Ejecutivo CUT Bogotá-Cundinamarca

Héctor I. Bermúdez R. (Presidente); María Doris González (Vicepresidenta, responsable de Asuntos de Salud y Seguridad Social); Carlos Arturo Rico Godoy (Segundo Vicepresidente, responsable Relaciones Internacionales); Manuel Téllez González (Secretario General); Miguel Ángel Delgado Rivera (Fiscal); José Meyer Álvarez (Departamento Tesorería y Finanzas), Winston Francisco Petro (Departamento de la Juventud y Menor Trabajador); Raúl Alfonso Soto Ariza (Departamento de Asuntos Legislativos y Jurídicos); Óscar Gustavo Penagos (Departamento de Recursos Naturales y Medio Ambiente); Alfonso Ahumada Barbosa (Departamento de Relaciones Laborales y Negociación Colectiva); July González Villadiego (Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad); Nohora Bulla Gutiérrez (Departamento de Educación, Formación, Capacitación, Investigación y Proyectos); Alfredo Manchola Rojas (Departamento de Organización y Trabajadores Informales y Relaciones con Organizaciones Sociales); Carlos Ernesto Castañeda Ravelo (Departamento de Comunicaciones, Relaciones Públicas, Publicidad y Propaganda); Fraydique Alexander Gaitán (Departamento de Asuntos Relacionados con las Empresas Transnacionales y Responsabilidad Social Empresarial).

Consejo editorialCarlos Ernesto Castañeda Ravelo (Director del Departamento de Comunicaciones),

Héctor I. Bermúdez R. (Presidente); Miguel Ángel Delgado (Fiscal), Óscar Penagos (Dept. Recursos Naturales y Medio Ambiente),

Nohora Bulla (Dep. de Educación), Jorge E. Charry (asesor editorial).

avenida Caracas nº 44-54 of. 402teléfonos: 2455966 / Fax: 2 456432

Bogotá d.C. Colombiaemail: elperiodicocut@gmail.com

cutsubdirectiva@hotmail.com issn: 1900-0898

diseño y diagramación: Éditer estrategias educativas, ctovarleon@gmail.com / 2329558.

Caricaturas: internet. Fotografías: jorge Becerra, Manuel a. Mora, Manuel téllez y tomadas de internet.

asistencia editorial: Yolanda rodríguez.edición: 20.000 ejemplares.

tarifa postal reducida Ministerio de Comunicaciones.

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusivaresponsabilidad de sus autores.

Bogotá, 25 de junio de 2013

Doctor

Julio César Castellanos Ramírez

Director General

Hospital Universitario San Ignacio

Asunto: Solicitud de continuación de turnos dominicales actuales

La Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, a la que se encuentra afiliado el sindicato Sintrasanignacio, se dirige a usted, de la forma más atenta y respetuosa, para manifestar nuestras inquietudes acerca del pretendido cambio de horario en el turno de los días domin-go en la institución, del que se habló al sindicato el pasado lunes 24 de junio en reunión de Sintrasanignacio con la jefe del Departamento de Enfermería y la jefe de Personal, donde les informaron de la intensión del Hospital de modificar unilateralmente el horario de trabajo para los días domingo, según ellos para evitar riesgos psicosociales a los/as trabajado-res/as de la parte asistencial.

Erróneamente pretende el Hospital justi-ficar el cambio del turno dominical en un auto (N° 000234 Gpivc0) por medio del cual el Ministerio del Trabajo sanciona a la clínica Versalles por tener un horario de trabajo superior a las ocho horas; sin embargo es claro que tal premisa no tiene cabida en el particular puesto que la actuación administrativa del Ministerio tiene efectos inter partes y que los he-chos y consideraciones discutidos en

Manifiesta ante la opinión pública:

1. En el proyecto presentado por el Gobierno Nacional, no se termina con la intermediación financiera, con ánimo de lucro, que rige actualmente el sistema a través de las Empresas Prestadoras de Salud, EPS.

2. No se cumple con el principio de la salud como un derecho humano funda-mental. Por el contrario, se mantiene la prestación de los servicios de la salud como un negocio, al servicio del capital privado, no reconociendo la responsabi-lidad del Estado y de las EPS en la crisis actual del sistema.

3. Se somete el derecho fundamental a la salud a la progresividad y sostenibili-dad fiscal, administrativa y económica, contrariando la responsabilidad del

Estado de garantizar el derecho funda-mental al acceso a los servicios de salud, sin ninguna barrera administrativa, fiscal y económica.

4. Se continúa con las barreras de acceso al servicio en el sistema de salud, divi-diendo en una red primaria y una comple-mentaria, acabando con el espíritu de la integralidad en el servicio de salud.

5. Con los proyectos del Gobierno se hace más complejo el uso de la tutela, llenando de obstáculos y requisitos el acceso a este derecho fundamental.

6. Se vulneran los derechos de los/as tra-bajadores/as de la salud a la estabilidad laboral, la convención colectiva, la carrera administrativa y continuidad en el servicio, lo que se reflejará en la calidad y confianza en el mismo, desconociendo las sentencias

de la Corte Constitucional, que ordenan la formalización del empleo en el sector salud.

Las organizaciones sindicales, sociales y de usuarios de la salud, han presentado proyectos de ley, tanto estatutario como ordinario, que rescatan los principios de: obligación del Estado a garantizar el servi-cio como un derecho humano fundamental, el acceso universal a la salud sin barreras administrativas, económicas y fiscales, la calidad de los servicios y el respeto a los derechos de los trabajadores y usuarios de la salud.

Estos principios no han sido considerados y contemplados en los informes de ponencia presentados a las respectivas comisiones de Senado y Cámara de Representantes.

La CUT exige al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, acoger el cla-

mor de la ciudadanía e incorporar en los proyectos de ley las disposiciones que garanticen un nuevo modelo de salud, esto es un sistema que garantice los derechos fundamentales a la salud, la calidad del servicio a los usuarios y el respeto de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores y traba-jadoras.

Bogotá, 20 de junio de 2013

COMIté EJECutIvO

Domingo Tovar arrieTa Presidente

Luis aLejanDro PeDraza B. Secretario General

WiTney Chávez sánChez Director Dpto. de Seguridad Social

ese caso difieren completamente de la situación del Hospital San Ignacio.

Pese a que los representantes de los/as trabajadores/as le recordaron al Hospital que los riesgos psicosociales son superiores los días viernes; ya que desde que existe la institución el horario del turno del día domingo ha sido de 7 am a 7:30 pm y que el mismo no ha ge-nerado inconveniente alguno sino que ha servido para la mejor distribución de sus jornadas de trabajo; a que no se ha hecho estudio alguno por parte de la ARL o del Ministerio del Trabajo de los riesgos que alegan y que efectivamente los mismos no existen por el sólo hecho de seguir con la jornada habitual de 12 horas en los días dominicales; tememos que el Hospital continúe con la idea de imponer este innecesario y perjudicial cambio al turno dominical.

Muy atentamente la CUT solicita al Hospital mantener los horarios de traba-jo actuales en tanto no haya un cambio justificado y concertado con la organi-zación sindical.

Cordialmente,

Domingo Tovar Arrieta Presidente

Luis Alejandro Pedraza B. Secretario General

Francisco Maltés Tello Director Dpto. RR.SS.

Copia: Dr. José Noé Ríos, viceministro de Relaciones Laborales.

La CUT en relación con el trámite del Proyecto de Ley Estatutaria

De la CUT al Hospital San Ignacio

6 Nº 105, junio de 2013l abora les

Agencia de Información Laboral

18 de junio de 2013

El cierre de las dos plantas productoras de neumáticos de la multinacional france-sa Icollantas-Michelín en Colombia, hecho que se produjo el pasado 12 de

junio, deja sin empleo a cerca de 1.100 trabajadores: 460 de ellos con contrato directo y el resto tercerizados mediante empresas temporales; 240 de los directos en la planta de Cali y 220 en la de Chusacá, al sur de Bogotá.

¿Qué va a pasar con ellos? Es la pregun-ta que hoy flota en el aire y palpita en las carpas que los trabajadores afiliados a las dos organizaciones sindicales de esta multinacional en Colombia: Sintraicollantas (de base) y Sintraincapla (de industria) ins-talaron en los alrededores de las plantas cerradas, como medida de rechazo y divul-gación de su problemática. Y anunciaron que ahí seguirán hasta que se resuelva su situación, que por ahora ven muy oscura.

A esa pregunta la multinacional francesa ya le dio respuesta: está proponiendo acuerdos de retiro voluntario a los trabajadores que así lo quieran, que incluye pago de la indem-nización de ley y una bonificación adicional según sea la antigüedad del trabajador, más un supuesto apoyo socio-económico para que consigan otro empleo, algo incierto en un país donde no sólo los puestos de trabajo industrial se están clausurando (el mismo cierre de Icollantas es una prueba palpable de ello) sino que a las personas mayores (gran parte de los trabajadores de esta em-presa lo son) les es difícil conseguir empleo.

Adicionalmente, la empresa ya radicó en el Ministerio del Trabajo Regional Valle la solicitud de cierre parcial de ambas plantas y el despido masivo de los trabajadores que no acepten arreglar su retiro. El ente oficial tiene 60 días para responder a esa solicitud.

Por su parte, la posición de los sindicatos es de rechazo a los tales retiros “volunta-rios”, aceptados hasta ahora por los obre-ros no afiliados a los sindicatos, quienes firmaron sin análisis alguno y por temor. Los sindicatos exigen que el ministro del Trabajo niegue el permiso de despido colectivo, con el argumento de que no es cierto eso de que la empresa esté dando pérdidas, que fue la razón aludida por Icollantas-Michelín para cerrar las plan-tas de Chusacá y Cali. “Es muy raro, no sabemos cuál es el objetivo de esta de-cisión. Hace poco nos felicitaron porque la empresa estaba marchando bien y era rentable. La crisis y las pérdidas es el típico

argumento para cerrar empresas, masacrar sindicatos y desaparecer convenciones co-lectivas”, dijo al respecto Julio César Perea, vicepresidente de Sintraincapla.

Con esta apreciación coincide la directiva de la CUT Valle, que en un comunicado ca-lificó el hecho como un cierre liquidatorio y una masacre laboral, similar a lo que en los últimos años ocurrió en Krafd Foods, Tisot, Quintex, Titan, Vajillas Diamante, Fruco, Facomec, Bavaria, Sidelpa, Emsirva, entre otras empresas. “La estrategia de la su-puesta crisis se ha convertido en la práctica por excelencia de las multinacionales para aniquilar a las organizaciones sindicales con sus conquistas laborales, y posterior-mente reabrir las mismas fábricas, pero esta vez en zonas francas o especiales y con otro nombre, pagando menos impues-tos, con personal tercerizado laboralmente, sin sindicato ni convención colectiva”, afir-ma en su comunicado la CUT Valle.

Asimismo, denunció el “sellamiento herméti-co” de las puertas, ventanas y cualquier sitio posible de ingreso a la planta de Icollantas en Cali, con la intención de no permitir la toma de la empresa por parte de las orga-nizaciones sindicales.

Recordaron igualmente que la conven-ción colectiva entres Sintraicollantas y Sintraincapla con Michelin Colombia S.A. no se ha modificado desde 2002, con lo cual el salario de los trabajadores ha veni-do perdiendo poder adquisitivo. También denunciaron persecución sindical y un lla-mado Plan de Beneficios que la empresa instituyó para desestimular la afiliación a los sindicatos.

Los efectos nocivos de los TLC

El anuncio del cierre de las dos plantas de Icollantas después de 71 años de operación en Colombia, no deja de ser un hecho tan sorpresivo como preocupante, pues se trata de la mayor productora de neumáticos del país. Sus ventas en 2012 ascendieron a $402.000 millones, mientras la segunda en el ranking: Goodyear Colombia, de origen estadounidense, ese mismo año tuvo ventas por $321.000 millones.

En un comunicado público la multinacional francesa anunció el cierre de sus plantas en Bogotá y Cali debido a los malos resultados financieros que arrojó en los últimos años, que adjudicó a la importación de llantas con precios más bajos, especialmente asiáticas, a la revaluación del peso, entre otros factores. Al tiempo que anunció que se dedicará únicamente a importar desde otras plantas en el exterior, para lo cual mantendrá una nómina a 60 empleados de fuerza de ventas.

La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras CUT Subdirectiva Bogotá Cundinamarca, denuncia a la opinión pública las pre-

tensiones de la empresa multinacional Icollantas Michelín, de dejar sin trabajo alrededor de 1.500 trabajadores y tra-bajadoras, directos e indirectos, bajo el supuesto de “baja productividad y resul-tados financieros negativos”.

En días anteriores y, aplicando el artículo 140 del Código Sustantivo de Trabajo, que exonera a los trabajadores de sus obligaciones laborales, se realizó el cie-rre de las instalaciones de la empresa, ubicadas en Chusacá, Cundinamarca, y en Cali, con el fin de justificar la decisión de eliminar las organizaciones sindicales y la convención colectiva de trabajo, lo cual se constituye en el objetivo funda-mental del actual cierre de la compañía.

De esta manera, muchos trabajadores y trabajadoras de otras empresas naciona-les y multinacionales han quedado en el desempleo; en su mayoría, establecen la figura de “Plan de retiro voluntario”, creando con antelación pánico laboral,

para cumplir con su cometido. La empre-sa Icollantas Michelín, no es la excepción.

Expresamos nuestra solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de la em-presa Icollantas Michelín, y llamamos al conjunto del sindicalismo colombiano a rechazar estas medidas y rodear a los trabajadores y trabajadoras con su solidaridad.

Conminamos al Ministerio del Trabajo a desempeñar su papel de protección de los derechos laborales en Colombia, en cumplimiento a las garantías de un de-recho fundamental, como es el derecho al trabajo.

COMITé EJECUTIVO

héCTor i. BermúDez rojas Presidente

manueL TéLLez gonzáLez Secretario General

juLy gonzáLez viLLaDiego Directora Dpto. DD.HH. y Mujer

nohora BuLLa guTiérrez Directora Dpto. Educación

Tras el cierre de las planTas de icollanTas en cali y chusacá

¿Qué va a pasar ahora con sus más de mil trabajadores?

El cierre de Icollantas-Michelin consecuencia de firmar TLC

En todo caso, el cierre de Icollantas, según expertos, corrobora el proceso de desin-dustrialización en que está inmerso el país por efecto del libre comercio. La industria colombiana está en recesión tras comple-tar en marzo dos trimestres de caída en su producción. Según el Dane, en el trimestre febrero-abril el sector industrial registró 250.000 empleos menos que un año atrás.

Un fenómeno que es consecuencia del an-terior es que industrias manufactureras que hasta hace poco eran productoras, se están convirtiendo, como Michelín Colombia, en agentes distribuidores y comercializadores, aprovechando que ahora se puede impor-tar sin los impuestos que existían antes de los tratados de libre comercio. Con ello el primer damnificado es el empleo nacional.

Nº 105, junio de 2013 7

8 Nº 105, junio de 2013s ind i ca les

Manuel Téllez González

Secretario General cut BoGotá cundinamarca

En torno a la organización sindical Sintrapulcar (que aglutina trabajadores de la pulpa, el papel y cartón), en un proceso democrático con todos los trabajadores se

desarrolló la votación para tomar el cami-no al tribunal de arbitramento o la huelga.

Kimbedrly-Colpapel en Colombia ope-ra en 4 plantas con aproximadamente 3.200 trabajadores(as): 2.200 de ellos operativos y el resto del área adminis-trativa. La constituyen 3 empresas, cada una especializada en distintos productos: Kimberly Clark Colombia, con plantas en Tocancipá, Cundinamarca; Barbosa, Antioquia; Kimberly Clark, ubicada en Puerto Tejada (Cauca) y en Cali, Valle.

Con la presencia de representantes del sin-dicato, el compañero Humberto Rubiano en representación de la CUT, representantes de la empresa y supervisión de funcionarios del Ministerio del Trabajo se desarrollaron asambleas donde se dio a conocer el con-flicto y las razones de participación de to-dos los trabajadores para decidir el destino del conflicto laboral ante la negativa de la Empresa de negociar las peticiones de los trabajadores; la reacción de la empresa al pliego de peticiones fue reajustar el pacto en forma inmediata para desvirtuar la or-ganización de los trabajadores.

En maratónica jornada se realizaron las elecciones en todas las plantas, para el caso de Tocancipá la empresa desplazó desde Bogotá a los trabajadores admi-nistrativos para ejercer el derecho al voto (hecho inusual); obteniendo los siguientes resultados:

21 de junio, Tocancipá, participaron 460 trabajadores.

22 de junio, Medellín y Barbosa, Antioquia, 205 trabajadores.

24 de junio, Puerto Tejada, Cauca, 51 trabajadores.

Este proceso nos permitió darle a conocer a todos los trabajadores de Colombiana Kimberly Colpapel S.A. en todo el territo-rio nacional que existe un sindicato que se llama Sintrapulcar y que el sindicato llego para quedarse y para defender los intere-

Sintraelecol espera que la Chec resuelva favorablemente el pliego de peticiones

Carlos Bustos Patiño

coordinador de la induStri-all, colomBia

Sintraelecol, organización nacional de la industria de la electricidad de Colombia, presentó pliego de peti-ciones a la Chec, empresa de ener-

gía de Caldas, propiedad de EPM. Trascurrida ya la etapa de arreglo directo sin que se haya firmado la nueva convención colectiva de trabajo, en este momento hacen uso de la prorroga que termina el 1º de julio, fecha en la que deben estar listos los acuerdos.

A pesar de que la empresa ha manifestado que tiene toda la intención de llegar a un acuerdo, los trabajadores son escépticos al respecto, por ello han iniciado una asamblea permanente y han obstaculizado la entrada a la estación Uribe, como muestra de su malestar por las políticas de EPM, dueña en 80 % de Chec.

De acuerdo a las informaciones suministra-das por Pablo Santos, presidente nacional, y por Óscar Arturo Orozco Sánchez, presidente Seccional, las dudas surgen debido a que la empresa no ha mostrado voluntad en avanzar en temas como la estabilidad laboral, freno a la tercerización, reestructuración y aumento salarial, este último se pretende que sea del 11,46 %, debido a la perdida que los traba-jadores han tenido del poder adquisitivo de sus salarios mensuales.

Lo más grave según los dirigentes de Sintraelecol es que la empresa tiene un tra-bajador directo por cada tres contratistas, acción que viene cada día aumentando más con la intención de convertir a todos los tra-bajadores a la más absoluta precariedad.

Es de anotar que aunque la rentabilidad de la compañía creció en el 700% en los últimos 10 años, y bajó el nivel de pérdidas a solo un dígito, esto no se ha retribuido en beneficios ni para los empleados, ni para los usuarios,

pues se sigue teniendo la tercera o cuarta tarifa más costosa del país.

El Sindicato Global de los trabajadores minero energéticos y de la química, en representación de sus más de 50 millones de afilados en el mundo, hace un llamado al gerente encarga-do de la Chec, doctor Jhon Jairo Granada, para que demuestre un real interés en la so-lución del conflicto tratando todos los puntos del pliego y buscando un acercamiento que permita firmar una nueva convención colec-tiva de trabajo y a las Empresas Públicas de Medellín, EPM, que intervenga directamente dando solución a las aspiraciones de los tra-bajadores que con su esfuerzo han hecho de esta empresa un conglomerado poderoso.

A los trabajadores de la Chec los exhortamos para que mantengan firmes sus posiciones de defender su pliego de peticiones y que cuenten con nuestro respaldo en las acciones que tengan que adelantar para defender sus derechos y reivindicaciones.

En Kimberly, trabajadores deciden destino de conflicto

ses de los trabajadores sin poner en peligro la estabilidad.

Queremos agradecer a nuestras federa-ciones internacionales UNI e IndustriAll, a la oficina de solidaridad de la AFL-CIO en Colombia, a la CUT Bogotá Cundinamarca, a la ENS, en fin, a todas las organizacio-nes hermanas que han puesto su grano de arena de una forma o de otra para que este proyecto se cristalice.

Los trabajadores eligieron al Dr. Hernán Jaime Ulloa como su representante en el Tribunal de Arbitramento.

Al tener conocimiento de la actitud de la empresa, Andy Snoddy, jefe de UNI Global Union Gráficos y Embalaje, reaccionó con enojo ante la noticia y declaró:

“Tenía la esperanza de que la empresa pueda negociar de buena fe, pero, contra-riamente, se han negado a aceptar cada una de las propuestas de los sindicatos e incluso la empresa fue más allá y se negó a redactar conjuntamente las actas de la reu-nión. La negociación debe implicar mucho más que la empresa negándose a todas y cada una de las propuestas”.

Nº 105, junio de 2013 9

Considerando:1. Nosotros, participantes del Encuentro Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa, celebrado en Bogotá, invocando el derecho humano a la libertad de opinión y de expresión de que trata la legislación in-ternacional: La Declaración Universal de los Derechos humanos, Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948. Artículo 19; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 19. 2.; la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (Pacto de San José), de noviembre de 1969, Artículo 13.; la Declaración sobre el derecho al desa-rrollo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 41-128 del 4 de diciembre de 1986. Artículo 2.

2. Que la comunicación comunitaria es un proceso mediante el cual las comunidades asumen una voz propia y se organizan para in-tegrarse y visibilizarse por intereses comunes (género, edad, etnia, credo, condición social o económica, orientación sexual, condiciones físicas y/o mentales, origen, territorio y asun-tos lingüísticos, entre otros), para desarrollar y gestionar procesos comunicativos (medios de comunicación, formación, investigación, organización, entre otros), que reivindiquen a la población y sus derechos humanos.

3. Que nos encontramos frente al paradigma de la sociedad de la información y del conoci-miento, por cuanto de un lado existen extraor-dinarias oportunidades de crear y masificar los medios comunitarios, alternativos y populares basados en las nuevas tecnologías, pero de otro lado existe un acelerado proceso de mo-nopolización transnacional de la Internet, las redes y soportes físicos, satélites, espectro electromagnético y recursos públicos en ma-nos privadas, así como de la producción de contenidos.

4. Que la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, Idpac, la Mesa Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa y los medios comu-nitarios y alternativos de Bogotá promovemos esfuerzos para el desarrollo y fortalecimiento de la comunicación comunitaria y alternativa y la creación de las redes de comunicación para la movilización social.

5. Que los pueblos de América Latina, de la Comunidad Andina y del Caribe, venimos adelantando desde ya hace décadas esfuer-zos de organización social hacia el logro de mecanismos, espacios y procesos de comu-nicación comunitaria, alternativa y popular y para el desarrollo social, que hoy nos expre-samos en medios y redes, amenazadas por políticas gubernamentales nacionales y por la presión y el monopolio de las transnacionales de la comunicación y las tecnologías de la información.

6. Que los medios comunitarios y alternativos de Colombia expresamos los efectos lesivos de decisiones que han tomado la Agencia Nacional de Televisión, Antv, contra la TV comunitaria, así como las decisiones del go-bierno nacional y las mayorías del congresos a favor del monopolio de las telecomunica-

ciones, la radio, la prensa y la televisión, así del uso de las frecuencias del espectro y los servicios de movilidad, 4G, frecuencias AM y FM y la afectación a la producción de conte-nidos nacionales por la aplicación de lesivos tratados internacionales.

Por todo lo anterior.

Declaramos que: 1. El derecho a la información, a la libre expresión, la de crear y gestionar medios y procesos de comunicación, son derechos hu-manos universales y fundamentales a todos los seres humanos, que deben ser respeta-dos y que se debe garantizar el pluralismo, la diversidad de género y la participación de la mujer, el reconocimiento de las identidades de los grupos poblacionales étnicos, de las poblaciones en condición de discapacidad, los derechos culturales el derecho a la educación, la investigación y el entretenimiento.

2. Todos nosotros ciudadanía y actores de los medios comunitarios alternativos y populares queremos generar una nueva cultura política de paz, con justicia social, democracia, partici-pación, promoción y de respeto a los derechos humanos, civiles y culturales, una vida pública justa, igualitaria y digna, y consideramos in-minente democratizar los medios masivos de comunicación altamente concentrados. Y que se hace necesario desde Bogotá como capital de Colombia desarrollar acciones urgentes que permitan cumplir estas metas.

3. Nos proponemos promover los procesos de integración y desarrollo de los países la-tinoamericanos, la construcción de una iden-tidad y ciudadanía regional con la población de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, la Unasur, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Celac, por lo cual expresamos nuestra voluntad de impul-sar una “Decisión” y normativa que permita

establecer una armonización positiva de las legislaciones de los países miembros y el de-sarrollo de los derechos humanos integrales inherentes. Establecer unos mínimos en el uso de las infraestructuras (satélites, cable sub-marino, redes de acceso) y un estándar para la asignación del espectro electromagnético (frecuencias, bandas y potencia) que permita el desarrollo de los medios de comunicación comunitaria y alternativa.

4. Promoveremos la implementación de me-didas que permitan prevenir y democratizar la concentración de la propiedad de los medios, el control de los servicios de comunicación y de la producción y emisión de contenidos, así como detener la lesiva integración horizontal de los medios tradicionales con los sectores financieros y sectores estratégicos a la eco-nomía y la soberanía.

5. Proponemos que en Bogotá y en todo el territorio nacional exista una equitativa parti-cipación de un 33% de los recursos estatales provenientes de las asignaciones de licencias al sector privado, la democratización de fon-dos de comunicaciones, así como la demo-cratización en un 33% mínimo del pautaje de la gestión pública en beneficio de la comu-nicación comunitaria y en forma realmente equitativa frente al pautaje que se hace de común a través de los medios masivos de difusión. Para lo cual recordamos a la admi-nistración distrital la existencia de la normativa y de normas expresas del Plan de Desarrollo vigente que integra la política pública de co-municación comunitaria y la necesidad que desde la Alcaldía Mayor de Bogotá se den instrucciones precisas a las secretarias, de-pendencias, funcionarios del sector central y del sector de las localidades para proceder con la mayor urgencia y realidad al proceso de democratización de lo que aquí se enuncia.

6. Expresamos nuestra admiración y apoyo a Canal Capital en su nueva función social

en la defensa y promoción de los derechos humanos e identidades culturales, como canal público de Bogotá D.C. y la necesidad imperiosa para que el gobierno de Colombia resuelva los aportes financieros de trans-ferencias y llamamos a la comunidad a su apoyo y audiencia.

7. Nos convocamos para continuar consoli-dando las redes de comunicación comunitaria y alternativa para la movilización social, e integrarnos haciendo uso del software, las redes y el hardware libre y de plataformas como www.redesbogota.com y promover la construcción de la memoria de las poblacio-nes y de Bogotá a partir del conocimiento pro-pio de las comunidades expresados a través de los medios comunitarios y alternativos. En este sentido nos autoconvocamos para la realización de foros, redes locales, y regio-nales, proyectos tecnológicos y educativos, veedurías ciudadanas, acciones jurídicas y procesos intensos y persistente de moviliza-ción social que permita la democratización de la información, y de los medios y elementos sustantivos para garantizar la libre opinión y expresión.

8. Finalmente, expresamos nuestra voluntad de acompañar procesos que lleven al cumpli-miento de las metas trazadas a través de la movilización social, la unidad de propósitos y la convocatoria de la Constituyente Cultural y por la democratización de los medios de co-municación y/o una Ley de Medios que cumpla los fines propuestos y la Ley de Política de Televisión en desarrollo el Acto Legislativo del 2011, todo ello en una convergencia amplia de poblaciones y territorios.

Se suscribe por:

Asistentes y adherentes al Encuentro Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa

Auditorio Huitaca, Alcaldía Mayor Bogotá D.C., 6 de junio de 2013.

Declaración del Encuentro Distrital de Comunicación Comunitaria y Alternativa

Mesa Central en el auditorio Huitaca de la Alcaldía Mayor, entre otros Rodrigo Acosta B, Aura Deissy Ruiz y Emilio Cartoy.

medios alternativos

10 Nº 105, junio de 2013 Nº 105, junio de 2013 11

Rodrigo Acosta B.

Asesor sintrAemcAli. secretArio GenerAl Unión nAcionAl de UsUArios

El gobierno nacional, a tra-vés de su ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, acaba de diseñar, dirigir y ejecutar este 26 de junio de 2013 la

subasta de asignación del espectro electro-magnético para el servicio de movilidad 4G* con las consecuencias que podemos observar así:

1. No se reservaron frecuencias para las empresas públicas regionales: de esta forma se castiga de nuevo el esfuerzo de la población y a empresas públicas como las Empresas Municipales de Cali, que estuvo intervenida hasta 24 horas antes de la subasta. A ETB que entró a participar indirectamente en consorcio minoritario con Tigo. Desde luego a EPM-UNE quien frente a la presión de no disponer de 4G ni la banda reservada y por autorización errática de las mayorías del Concejo de Medellín fue absorbida pocos días antes por Millicom.

2. Pocos meses pasaron desde que el ministro de las TIC y la Antv (Autoridad Nacional de TV) le quitaron la asigna-ción de frecuencias a Emcali (Empresas Públicas Municipales de Cali) y a Edatel (Empresas Departamentales de Antioquia) previstas para el servicio de movilidad en la banda de 1.900 MHz y se las entregó a Telefónica Moviles por la suma de US$15,6 millones para el Plan Vive Digital y, de paso, les quitó a estas empresas la posibi-lidad de ingresar realmente a la prestación de los servicios de movilidad.

3. Se promueve el duopolio en manos de Claro-Comcel y Movistar, y en especial de Claro quién pudo participar de la subasta siendo favorecida con la adjudicación de 30 Mhz en la banda de 2.500, adicionales a los 30 Mhz que viene explotando en la banda privilegiada AWS de 1900 Mhz y otros 25 Mhz en la banda de 850. Por otro lado, Movistar obtiene 30 Mhz en la banda privilegiada de AWS de 1.900. El consorcio ETB-TIGO obtiene 30 Mhz, el operador norteamericano Directv logra 70 Mhz en la banda de 2.500 y Avantel, 30 Mhz en la banda AWS de 1.900 Mhz.

4. Esta asignación de mayor espectro en favor de las transnacionales Claro y Movistar produce una mayor concentra-ción de los servicios de movilidad y una expansión de esa dominancia en especial de Claro-Comcel hacia otros servicios como el servicio Internet y sus aplicativos asociados en la producción y comerciali-zación de contenidos y aplicativos para los servicios inalámbricos fijos y móviles. La entrada de la norteamericana Directv quien controla el costoso servicio de tele-visión satelital permite ahora la integración de sus ofertas ya que con 70 Mhz de la banda de 2500 superior a la que se asignó en su momento a UNE, permite la pres-tación del servicio anunciado de banda ancha fija inalámbrica.

5. Pierde Colombia por dos razones: Primero: Al hacer entrega adicional de un patrimonio natural escaso que a su vez es territorio: el espectro electromagnético**. Segundo: La subasta maximiza el valor a recibir pero otorga a su vez el derecho a las empresas favorecidas a substraer de los bolsillos de la ciudadanía, la recupe-ración de la compra de la licencia, con lo cual observaremos que se mantengan o aumenten los costos de movilidad y de servicio de datos móviles 3G y el traslado de todos estos costos a los usuarios del servicio 4G.

Esta decisión del gobierno nacional de Colombia, favorece entonces a las trans-nacionales de las tecnologías de la in-formación y las comunicaciones TIC y la televisión, en contraste con los “vientos del

sur” de los países como Argentina con su Ley 26522 o Ley de medios radio y televi-sión, Ecuador, Venezuela, Bolivia y otros en donde se ha avanzado en la democra-tización de las licencias, las frecuencias, la producción de contenidos y se fortalecen las identidades y la cultura nacional.

Cómo los funcionarios se venden al duopolio

En Colombia, los dos operadores Claro y Movistar concentran el 88% del mercado de la movilidad, Claro el 65% de los ingresos por ventas y así también concentra más del 80% del tráfico de telefonía móvil y también posee el 78% de los usuarios por demanda. Comcel firma de propiedad de Telmex dis-pone de 28,8 millones de usuarios móviles y Movistar de propiedad de Telefónica de España registra 11,4 millones; mientras Colombia Móvil Tigo de propiedad mayo-ritaria de Millicom solo 5,7 millones.

Comcel obtiene $960.000 millones de in-gresos por ventas, Colombia Móvil alcanzó los $193.748 millones. Comcel-Telmex como grupo económico obtuvo utilidades por el orden de los 2,8 billones de pesos, Telefónica $298.456 millones, de tal forma el grupo Claro retiene el 74,35% de las utilidades totales del sector, Telefónica el 7,83%, Colombia Móvil solo el 2% del total de utilidades.1

Todo pasa y sucede con el silencio de las autoridades y la complacencia del gobier-no, quien ahora empezará a recibir las tabletas para obsequiarlas a los niños po-bres de algunas escuelas en los municipios

lejanos, mientras se produce el enriqueci-miento y la transferencia de casi toda esta riqueza al extranjero. La Superintendencia de Industria y Comercio admite en compli-cidad este ilegal monopolio.

Recordemos cómo ante la presión de la ciudadanía, la Comisión de Regulación de Comunicaciones mediante la Resolución 2058 de 2009 determinó la posición domi-nante para Comcel en el mercado relevante susceptible de regulación “voz saliente mó-vil”. Constatada por la Resolución Nº 2062 de 2009 y confirmada por la Resolución No 2152 de 2009, pero no se produce ninguna acción y por el contrario las bajas inversio-nes de Claro frente a sus ingresos y utili-dades ocasionan el servicio de movilidad más deficiente del mundo.

La Oecd en el estudio realizado sobre las políticas de regulación en estructura del mercado de las telecomunicaciones en México, que reporta una estructura de mercado similar a la colombiana, al contar con pocos participantes y la dominancia de uno de ellos con una cuota de mercado del 70% seguido por tres participantes con cuotas del 21%, 6% y 3% respectivamente, indica que “la pérdida de beneficios deriva-da de la falta de competencia, que se tra-duce en sobrecostos a los consumidores y en suscripciones no realizadas, supera los 129.200 millones de dólares (2005-2009), lo que constituye una pérdida del 1,8% del PIB al año.2 La falta de competencia generó bajos niveles de inversión, baja calidad de servicios y tarifas altas para los usuarios.

La asignación del espectro en la subasta para 4G, podría haberse convertido en un mecanismo para controlar el lesivo duopo-lio de Claro y Movistar.

La entrega de más espectro reducirá la inversión de estas empresas establecidas, por cuanto en lugar de practicar el re-uso de frecuencias por celdas o áreas de servicio, ahora asignarán nuevo espectro, dejando de instalar equipamiento y antenas. Se contradi-ce entonces la debida asignación de recursos públicos, como en los casos ejemplares re-cientemente sucedidos en Brasil y también da testimonio el caso norteamericano y ca-nadiense3 en donde con menos espectro se tienen mayores coberturas y calidad, siempre y cuando se hagan inversiones en proporción a los beneficios recibidos.

Fue desde 1999 cuando inicia el proce-so monopolista: la Comisión Nacional de Televisión reglamenta la adjudicación re-gional de televisión por suscripción que sir-vió de base para la creación del control del sector de la televisión por suscripción en el 2008 por parte de Telmex, así es como na-

cen los operadores: EPM Televisión, Cable Unión de Occidente, Cable Bello, Cable Señal de Occidente (Quién pierde la licen-cia varios meses después), Visiónsatélite, Satelcaribe, Supercable, Costavisión, Tv Cable del Pacífico (Cablepacífico), TV Cable Bogotá, Cablecentro, Teledinámica, Superview, entre otras. En el 2008, la mul-tinacional Telmex adquiere las operaciones de televisión por suscripción de Superview, Teledinámica, Cablepacífico, TV Cable Bogotá y Cablecentro, convirtiéndose en el principal operador del servicio de televi-sión por cable en todo el territorio nacional.

Todo ello mientras en el 2004 el presiden-te Álvaro Uribe liquidaba a Telecom, y se inicia la entrega de su infraestructura a Telefónica de España. A inicios del año 2013 el Congreso de la República de Colombia, aprobó la Ley de capitalización de Colombia Telecomunicaciones, que hace explotación de la infraestructura de la anterior estatal (Telecom) y que se be-neficia de una inyección de recursos de $3,5 billones de pesos provenientes de los impuestos que pesan sobre todos los colombianos.

El Congreso de la República expidió la Ley 37 de 1993 que regula los servicios de tele-fonía móvil celular y partir de ella fue que se establecieron los contratos a los concesio-narios firmados el 28 de marzo de 1994. Se estipuló en dichos contratos que "al finalizar el término de la concesión, los elementos y bienes directamente afectados a la misma pasan a ser propiedad de la Nación" Sobre estos fundamentos fue como se estableció el valor de la concesión y el plan de nego-cios. Dicho de otra forma el Estado previó que los equipos e infraestructuras deberían ser revertidos y pasar a su propiedad es-tatal. Pero lamentablemente se rompió el equilibrio económico inicial y en contra de los intereses del Estado la Ley 422 de 1998 introdujo un “mico”, el artículo 4 del proyec-

La subasta de 4G aumenta el duopolio y las tarifas de los servicios de telecomunicaciones

to de Ley presentado al Senado por los senadores María Cleofe Martínez, Samuel Moreno Rojas y Bernardo Guerra Serna es-tablece que "en los contratos de concesión de servicios de Telefonía Móvil Celular, la reversión solo implicará que reviertan al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas" y ese fue el texto aprobado4 haciendo “reversión de la reversión de la infraestructura” y se deja supuesta obli-gación solo sobre las frecuencias como si no existieran los artículos constitucionales sobre la titularidad y plenos derechos como bien público y territorio frente al espectro electromagnético.

Es una historia para no olvidar: Queda seguir el camino de la investigación, el diseño de propuestas, el debate público, la persistencia, la amplitud, las acciones jurídicas y la movilización social que como ejemplo permite a hoy testimoniar resulta-dos como el logro de artículos de la Ley 1341 de 2009 (Ley de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC) y la introducción de modificaciones a la Ley 1507 de 20125. Pero debemos actuar con anticipación, planeación y unidad. Los tribunales solo podrán otorgar resultados positivos si las acciones se interponen a tiempo y cuando existe un contexto social y ciudadano favorable.

Los retos

Nos queda a los colombianos avanzar en un debate nacional contra la mono-polización de las infraestructuras, y los medios que permita una Constituyente por la Cultura y la Ley de Medios: con el fin de avanzar en la democratización en el uso de frecuencias, segmento satelital, plataforma continental y la protección al patrimonio público regional representado en ETB y Emcali.

Se pone de presente la defensa de la te-levisión pública, la televisión comunitaria.

Finalmente se precisa la recuperación ur-gente de EPM-UNE, el fortalecimiento de la lucha social alrededor de Sintraemcali para la recuperación de Emcali y mantener su integralidad ante la amenaza de la escisión de su componente de telecomunicaciones y desde luego el respaldo ciudadano a la continuidad y fortalecimiento de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y la recuperación de la operación y propiedad de Telecom.

Notas

1 Fuente web Mintic, 1383-ministrerio.tic.pre-senta-documento-de-analisis-de-la-subasta-de-4g.

2 Oecd (2012), Estudio de la Oecd sobre polí-ticas y regulación de telecomunicaciones en México; Oecd Publishing

3 Colombia, digital e incluyente. Una propuesta de política para el crecimiento y la innovación de las TIC. 2011. Une, Página 75. “Canadá 2003-2009. Se relajaron los topes en el 2004. En el 2008 se establecieron medidas pro-competencia para la banda 1.7 Ghz, 2,1 Ghz (AWS) cuyo objetivo fue la promoción de nuevos entrantes. Se establecieron blo-ques de espectro específicos para entrantes, compartición de infraestructura y roaming o itinerancia.

4 Ley 422 de 1998: Artículo 4. En los contratos de concesión de servicios de telecomunica-ciones, la reversión sólo implicará que rever-tirán al Estado las frecuencias radioeléctricas asignadas para la prestación del servicio concedido. La reversión de frecuencias no requerirá de ningún acto administrativo es-pecial.

5 Ley 1507 artículo 14. Distribución de funcio-nes en materia de otorgamiento de conce-siones. Que en su parágrafo segundo indica que : Parágrafo 2o. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de la pre-sente ley la ANTV otorgará las concesiones de televisión por suscripción a las empresas públicas proveedoras de redes y servicios de telecomunicaciones que así lo soliciten, previo cumplimiento de las condiciones es-tablecidas por la entidad para el efecto.

CLARO MOVISTAR TIGO+ETB UNE DIRECTV AVANTEL

2500 Mhrz 30 50 70

1900 Mhrz 30 30 30

1900 Mhrz 30 30 25

850 Mhrz 25 25

ASIGNACIÓN TOTAL DEL ESPECTRO MÓVIL Y 4G

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

* Movilidad 4G o LTE es un sistema de movilidad versátil que permite el uso para aplicaciones relacionadas con video conferencias, streaminng de video, telemedicina, señales de TV, vigilancia remota, en forma general es una modalidad de banda ancha con característica de movilidad que al-canza velocidades comerciales de 12 Mbps[1] a 150 Mbps siendo un servicio sustituto de la banda ancha alámbrica.

** La Constitución Nacional establece en el artículo 101 que son territorio y “Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el archipiéla-go de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la isla de Malpelo, además de las islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona eco-nómica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestaciona-ria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.”

t e le comun i ca c iones te le comun i ca c iones

12 Nº 105, junio de 2013soberan ía

Teresa Consuelo Cardona G.

PeriodiSta

Palmira tipifica la tragedia del hambre anunciada. Escasas y pobres vías de acceso, nu-los mecanismos de comuni-cación y mediocres controles ambientales, han convertido

a la despensa agrícola de Colombia en un moridero.

Parece inaudito que en un planeta como el nuestro, que lo tiene todo, tenga-mos que enviar delegados de todos los países a tratar el tema de cómo hacer para poder alimentarnos. Pero así es. Durante una semana los delegados de los países miembros de la ONU discuti-rán dentro de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) todas las cuestiones relativas a la alimentación y la agricultura, para que, mediante políticas internas, los Estados miembros y los miembros asocia-dos las lleven a término.

No es la primera vez que se hace. Desde 1945, cuando se creó la FAO, los países se han venido reuniendo cada dos años para lo mismo y, al parecer, han tenido poco éxi-to en garantizar que los alimentos lleguen a todos los habitantes del planeta. Según datos de la misma FAO, una de cada ocho personas de la Tierra está desnutrida. Es una cifra espantosa si se tiene en cuenta que la alimentación de calidad sirve para prevenir enfermedades, fortalecer la inte-ligencia, facilitar el aprendizaje y vigorizar nuevas formas productivas, especialmente en el agro. Es decir, una alimentación ade-cuada puede ayudar a vencer muchas de las formas de pobreza.

Las Naciones Unidas fijaron metas de re-ducción de pobreza extrema y el hambre para todos los países miembros. Esas metas deben ser alcanzadas al terminar el 2015. Actualmente, sólo Cuba, Venezuela, Chile, Guyana, Nicaragua, Perú, Uruguay, Armenia, Azerbaiyán, Fiji, Georgia, Ghana, Samoa, Santo Tomé y Príncipe, Tailandia y Vietnam, han logrado ese objetivo de manera anticipada. Valdría la pena notar que estos países tienen políticas de Estado tendientes a la protección del agro, al for-talecimiento de los pequeños cultivadores y mantienen algunos subsidios, al tiempo que no tienen consideraciones especiales con los terratenientes, no protegen los monocultivos y han revisado la calidad de vida del campesinado.

Pero mientras los delegados presentes en Roma, bien nutridos y atendidos a cuerpo de rey, discuten sobre el hambre, la situa-ción de nuestros territorios es lamentable.

El caso de Palmira tipifica la tragedia del hambre anunciada. Escasas y pobres vías de acceso, nulos mecanismos de comuni-cación y mediocres controles ambientales, han convertido a la despensa agrícola de Colombia en un moridero. Mientras las carreteras de las zonas planas construidas con dineros de todos son trituradas por vagones cargados con miles de toneladas de caña, las carreteras por las que baja la comida no pasan de ser caminos polvorien-tos. La generación de empleo por hectárea en la producción de caña de azúcar no se asoma mínimamente a la que requerida para producir comida. Las absurdas ex-cepciones de impuestos a los cañicultores se suman a los beneficios que reciben de modo permanente. La capacitación técni-ca del agro nunca llegó completamente, pero las entidades del Estado dedican gran parte de su presupuesto a la investi-gación de especies de caña resistentes al clima, a los bichos y, muy seguramente, a los humanos. Mucho menos se invierte en investigar sobre comida. Y los índices de desnutrición, en todas las edades, son vergonzosos.

La tierra más fértil del planeta está siendo cultivada para favorecer la elaboración de biocombustibles y no de comida. Los campesinos tienen las tasas más altas de desnutrición y de hambre, desde antes de ser desplazados violentamente hacia las urbes, en donde su situación se ha agra-vado notablemente. El valle geográfico del río Cauca, en donde podría sembrarse la solución a todos los problemas, está coop-tado por monocultivadores a los que poco les importa el destino de los habitantes marginados de sus parcelas. La caña de azúcar empieza a subir las faldas tendidas de la cordillera Central sin que ninguna autoridad, ni ambiental ni agrícola, ponga los límites.

Los acuerdos de Roma serán muy impor-tantes, no cabe duda. En unos días los dele-gados concluirán que uno de los problemas que más afecta al agro es el de los monocul-tivos que cierran las opciones a la variedad y con ello a la nutrición equilibrada. Nos dirán que la erradicación del hambre no da espera, porque miles de latinoamericanos, africanos y asiáticos, especialmente, están muriendo de causas asociables a una mala alimentación, sobre todo quienes viven en zonas de miseria, cercados por monocul-tivos. Que la especulación financiera con las tierras ha cobrado vidas humanas en todos los continentes y que hay que ponerle coto. Que el abuso con los precios de los productos agropecuarios es responsable de promover una escasez artificial de alimen-tos. Que hay comida para todos, pero que los mecanismos de integración de los países no permiten que los productos circulen, se

en palmira, valle

Hambre en tierra fértilsiembren o se cosechen adecuadamente. Que la ciencia ha avanzado mucho, pero que la asistencia técnica agropecuaria sigue siendo costosa y debería ser subsidiada por el Estado.

A todas estas conclusiones, por demás ciertas, los ciudadanos de a pie nos pre-guntaremos: ¿qué es lo nuevo? ¿Hay algo que no supiéramos?

Para evitar una posible disputa por ali-mentos, que tal vez sea a muerte, la FAO le recomendará al Gobierno Nacional y al Local que tome medidas urgentes al respecto. ¿Tendrán nuestros gobiernos la intención de evitar esa lucha inminen-te? ¿O esperarán a que se produzca esa catástrofe, para empezar a tomar las me-didas que deberían evitarla? ¿Estaremos condenados a morir de hambre en la tierra más fértil del planeta?

Nº 105, junio de 2013 13soberan ía

ECOagricultor

BloG, tranSGénicoS / 3 marzo de 2013

Ya se ha dicho hasta el can-sancio que el 90% de la población vive con el 10% de los recursos del planeta y que el 10% de ellos está concentrado en las pocas

manos de la dimensión transnacional, pro-motora del biocidio. Pero estos datos se re-fieren a la economía traducida en dinero, no a la economía traducida en medios de vida, porque si así fuera los campesinos agricul-tores o los indígenas de las selvas, tienen a su disposición los principales medios de vida, a pesar de que estén siendo avasa-llados por los gobiernos instrumento de las transnacionales y aunque solo tengan un pedacito de tierra, en ella poseen un poder especial, una cuota de vida por encima de los demás, una cuota de soberanía.

Gracias al libre mercado, desaprendimos qué significa alimentar y alimentarse con soberanía

La soberanía alimentaria es una definición muy amplia y compleja que, así como el vivir bien, no hemos alcanzado a entender todavía y para eso lo primero que debe-mos hacer es desligarla del concepto de seguridad alimentaria, porque este último se enmarca en las necesidades del libre mercado que busca exclusivamente ven-der –que no es lo mismo que poner los alimentos a disposición de la gente– para lo cual gestiona permanentemente que los gobiernos favorezcan una dinámica productiva que sobreexplota la tierra para cubrir con agroindustria “subdesarrollada” a los mercados primermundistas.

Si bien en su momento la soberanía ali-mentaria surgió como un aporte funda-mental del campesinado, concretamente la Vía Campesina introdujo el concepto en el seno de las Naciones Unidas en 1996, no hay consecuencia en la práctica agrícola, porque entre sus demandas a la fecha siguen pidiendo crédito agrario, facilidades de exportación, mecanización del agro, fertilizantes químicos y no dudan en someterse a la agresión del monocul-tivo cuando la demanda internacional así lo instruye. Es decir, que ha sido plan-teada como un concepto nuevo, amplio y superior a la seguridad alimentaria de dos décadas atrás, pero no se ha imple-mentado y no existen políticas públicas soberanas respecto a la alimentación, la mentalidad de los gobiernos sigue siendo de la dependencia.

Así pues, la soberanía alimentaria tiene que ver con un complejo de elementos que empiezan, terminan y vuelven a empezar

según la dinámica cíclica de la tierra, la semilla, el fruto, las interacciones natu-rales biodiversas, el agricultor y quien se alimenta (que para el libre mercado, sería el consumidor), todo dentro de un marco cultural de conocimientos, hábitos y prefe-rencias que es la riqueza que heredamos de nuestros padres, desde cocinar hasta comer, así que quienes además saben cultivar la tierra o recolectar de la selva, tienen mejores posibilidades de enfren-tarse a la economía del desastre y sus vástagos como el cambio climático o la deuda externa.

Para aproximarse a las contradicciones que tienen los dos conceptos, tal vez un sencillo listado comparativo ayude. En el caso de la seguridad alimentaria, los elementos que se citan tienen correlación con la economía de libre mercado, no hay planteamiento nuevo para solucionar el hambre en el mundo y las determinaciones de la FAO se inscriben en esta línea para asegurar alimentos a la gente, una línea que plantea comprar para comer como la única posibilidad para alimentarse, no im-porta si el que tiene que comprar también es productor, por lo cual la cantidad de per-sonas subalimentadas en el mundo, según los informes de desarrollo humano (IDH), siempre están en incremento.

Seguridad alimentaria: Propiedad privada de la tierra, acumulación de tierras, am-pliación frontera agrícola, concesiones forestales, crédito agrícola, productores condicionados a la demanda, monoculti-vos, transgénicos, agroquímicos, tierra, precios transnacionales, publicidad sin éti-ca, cantidad o apariencia más que calidad, consumidores, sustentabilidad...

Soberanía alimentaria: Uso comunitario de la tierra, rotación de la tierra, protección de bosques, economía comunitaria, produc-ción biodiversa, respeto a la naturaleza, sistemas agrícolas tradicionales, precios locales, información integral, cultura ali-mentaria, personas, Madre Tierra, armonía con la naturaleza...

La seguridad alimentaria quiere sustentar a la economía de libre mercado, la sobe-ranía alimentaria busca respetar los ciclos vitales de la tierra y todo el complejo de interacciones naturales que hacen a la reproducción de la vida.

Existen propuestas, aunque todavía de bajo impacto, pero que indican que ya hay conciencia con principios soberanos, hay campañas, redes sociales y documentales orientados a despojar del poder de decisión y control de la economía de los alimentos a la agroindustria, partiendo del poder de decisión que tiene el consumidor, es decir, originar consumo masivo responsable, em-

pezando por saber qué es lo que estamos comiendo. Este es un emprendimiento que por ahora se plantea fácil porque depende de cada persona, sin costo, pero al mismo tiempo difícil porque hay que sumar la de-cisión de todas las personas.

Para esto ayuda ver los datos que indican que el cáncer más frecuente se origina en la alimentación industrial, así como las nuevas alergias, la diabetes y la osteopo-rosis a corta edad, lo que está provocando que la gente vuelque la mirada hacia las alternativas alimenticias más saludables, naturales y orgánicas, tanto que en Europa es este el tipo de alimentación la más cara, en contradicción con América Latina, don-

de las frutas y verduras del campesinado son más bien baratas.

Otra iniciativa importante que merecerá amplios análisis y discusión es la agricul-tura familiar, que estará siendo debatida e impulsada el año 2014, con orientaciones que romperán esquemas urbanos de vida porque plantean que también en las ciuda-des la gente empiece a producir sus propios alimentos. Así que la expectativa está fijada.

Si comprendemos que la seguridad alimen-taria es otro mecanismo del libre mercado, podremos suscribirnos a la soberanía ali-mentaria como mecanismo de defensa de la dignidad humana.

Seguridad alimentaria versus soberanía alimentaria

14 Nº 105, junio de 2013t raba jo i n fan t i l

Ana Teresa Vélez

coordinadora del tema traBajo infantil de la enS

“Analizar el hecho social de ser pobre o, más particularmente, la situación de la in-fancia pobre, sin relacionarlo con procesos de ingresos, riqueza, y poder, es como tra-bajar por y para su reproducción”. Eduardo Bustelo.

Colombia continúa presen-tando cifras preocupantes e inaceptables frente al fenómeno del trabajo in-fantil. Según reportes ofi-ciales, en 2012 en el país

trabajaban 1.111.000 de niños y niñas. O sea más de un millón de historias, de vidas concretas, de familias completas inmersas en esta problemática, que claramente limita el desarrollo y la equidad social.

No obstante, es una cifra que resulta paradójica, pues supone una reducción de más de tres puntos en la tasa de tra-bajo infantil de un año a otro. En efecto, en 2011 la tasa fue de 13%, y en el 2012 de 9,8%. Es decir, en cuestión de un año 354 mil niños y niñas dejaron de trabajar. ¿Será posible esto en un país que no tiene una política pública en materia de trabajo infantil y no hace el esfuerzo necesario para disminuirlo? Además, en un contex-to de cambio de gobiernos municipales y regionales, en los que la tendencia es a reducir y descontinuar programas mientras se reacomoda la planta de personal y la asignación presupuestal.

La respuesta a esta paradoja hay que encontrarla en el cambio metodológico de una encuesta a otra: en el año 2011 las respuestas publicadas fueron de adultos, y en el año 2012 correspondieron a las de niños y niñas. Además, si se revisan los datos de trabajo infantil ampliado, es decir, los niños y niñas que trabajan más los que realizan oficios en el hogar por más de 15 horas a la semana, vemos que la disminución de la tasa no es real. En el 2012 ascendió al 15,2%, similar al del año 2011, que fue del 15,4%.

Pero independientemente de la relativa disminución de la problemática de trabajo infantil, lo que hay que revisar es la gra-vedad del hecho en sí, lo que en términos tangibles y humanos significa para una sociedad que tantos niños y niñas vivan en dicha condición.

Otro fenómeno preocupante es el despla-zamiento de niños y niñas a otras formas de trabajo menos visibles a los ojos de la sociedad, que a la larga pueden ser hasta más riesgosas para su integridad. Son los casos del trabajo infantil doméstico, y del reclutamiento de niños y niñas por

parte de grupos delincuenciales, ambos considerados como las peores formas de trabajo infantil.

Según el último estudio de la OIT y el Ministerio de Trabajo1, en Colombia existen 20 mil niñas y niños entre 10 y 17 años vin-culadas al trabajo en el hogar, actividad que supone riesgos para su salud física y emo-cional, alta vulnerabilidad a los accidentes y exposición al abuso sexual por parte de los miembros de la familia empleadora. Y según el último informe de Naciones Unidas sobre niñez en Colombia2, entre 2009 y 2011 se reportaron 343 casos de reclutamiento de menores, que los delin-cuentes usan en labores de inteligencia, fabricación y colocación de minas, compra de medicinas, entre otros.

La caracterización del trabajo infantil

La precarización laboral de los adultos (trabajadores cuenta propia, informales y desempleados) es la causa directa de que sus hijos se inserten en la lógica de generación de ingresos familiares. Por eso encontramos que la principal razón para trabajar (35%) es la necesidad de ayudar en la actividad económica del hogar. Con el agravante de que el 48% de los menores trabajadores no reciben remuneración, es decir, su trabajo se considera complemen-tario a la actividad laboral de la familia.

El 36,6% del trabajo infantil se concentra en la rama económica Agricultura, Pesca y Ganadería, actividades de propias del sector rural, que sigue siendo el más afec-tado por este fenómeno; un sector donde las políticas públicas llegan rezagadas y padece sin miramientos los rigores del conflicto armado. En el área rural las pre-carias condiciones laborales, los problemas de acceso a la tierra, y el conflicto armado se conjugan y repercuten con agresividad sobre la población infantil. En esta área

trabaja el 17% de la población entre 5 y 17 años, frente al 7,1% de las cabeceras, esto es 522 mil niños y niñas.

En cuanto al trabajo infantil por ciudades, las tasas más altas se presentan en aque-llas que tienen mayor desempleo adulto e informalidad: Ibagué 9,3%, Bucaramanga 8,9%, Sincelejo 8,7%, Bogotá 7,5%.

El 89,7 % de las niñas y niños trabajadores está adscrito al régimen subsidiado de sa-lud, lo que indica que en su gran mayoría pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad, y también a la población obje-tivo del programa Red Juntos y Familias en Acción, que propenden por la superación de la pobreza y la erradicación del trabajo infantil.

El tema educativo también está en el cen-tro de la problemática. El trabajo infantil se convierte en causa de deserción escolar. Pero a la vez la escuela es limitada para impedir su deserción, lo que se puede explicar en los costos asociados a la edu-cación, las metodologías inadecuadas y las dificultades de identificación de niños trabajadores o en riesgo de serlo. El 34% de los menores trabajadores (384 mil en total) no asisten a la escuela, con lo que su futuro se ve seriamente comprometi-do. Al no tener formación en habilidades sociales ni capacitación para el trabajo en la vida adulta, inevitablemente pasarán a engrosar las cifras de desempleo y la eco-nomía informal.

El rango de edad menos afectado por la condición de trabajadores es el 5 a 14 años (tasa del 5,4%), en tanto el más afectado es el rango de 15 a 17 años, que presentó una tasa de 24,3%. Esta es la edad de mayor presión familiar y social para la generación de ingresos, formación a través del trabajo, posibilidad de consumo como herramienta de estatus y de integración social.

Con todo, es contradictorio que en los años en que el país más inversión y agenda le ha asignado a la problemática del trabajo infantil, no se vean progresos significativos. Por el contrario, este fenómeno se vuelve más complejo con nuevas formas de tra-bajo infantil, y con situaciones de mayor vulneración de sus derechos.

El Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección al Joven Trabajador traza li-neamientos a las políticas públicas frente a la problemática, pero la materialización en los entes territoriales es limitada y no cuenta con los recursos necesarios.

Los esfuerzos de la política de infancia no pueden estar desligados, como hasta ahora, de la mejora de las condiciones la-borales de los adultos, y de la reducción de la pobreza y la inequidad. Pero ante esto resulta tibio y acomodado el llamado a la responsabilidad del sector empresarial y privado en la generación trabajo decente para los adultos. Nos resignamos a sus aportes paliativos a través de programas de responsabilidad social empresarial que ayudan a mejorar su imagen corporativa, pero que no aportan a la solución estruc-tural del problema.

Igualmente, la negligencia y la poca capa-cidad operativa en el restablecimiento de derechos de los niños y niñas a través del sistema colombiano de bienestar familiar, es un cuello de botella que limita las accio-nes de denuncia o identificación de niños trabajadores.

Notas

1 http://www.portafolio.co/economia/trabajo-infantil-domestico-colombia.

2 http://www.unicef.com.co/noticia/informe-del-secretario-general-de-las-naciones-unidas-sobre-ninez-afectada-por-el-conflicto-armado-en-colombia.

Es hora de pasar de la preocupación a la acción

Nº 105, junio de 2013 15

16 Nº 105, junio de 2013l abora les

Carlos Ortiz Cornejo

director General del ila y Secretario General adjunto de la fGP

En Ginebra ha finalizado la 102 Conferencia Anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organis-mo especializado de las Naciones Unidas que se

ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales que fue fundada el 11 de abril de 1919, en virtud del Tratado de Versalles, después de una guerra des-tructiva basada en una visión según la cual una paz duradera y universal solo puede ser alcanzada cuando está fundamentada en el trato decente de los trabajadores.

Deberíamos estar seguros que la estructu-ra tripartita de la OIT donde trabajadores y empleadores, se supone, tienen el mismo derecho a voto que los gobiernos durante las deliberaciones de los órganos princi-pales de la OIT lo que debería garantizar que las opiniones de los interlocutores sociales queden firmemente reflejadas en las normas, políticas y programadas de la OIT, pero vemos que muchas de ellas, las principales, se incumplen por parte de algunos gobiernos.

Esta Conferencia Internacional que reúne a la mayor cantidad de representantes de organismos representativos de los trabaja-dores y de los empleadores cuyo rol en la sociedad civil es importante para el forta-lecimiento de la democracia, recibieron el informe del Director General de la OIT, el sindicalista Guy Ryder, que exhortó a todos los delegados a emprender acciones ur-gentes en un número de áreas críticas para responder a las demandas de un mundo del trabajo en rápida transformación. Seguro que los más de 4.700 delegados acredita-dos oficialmente y los observadores que participaron del sector laboral, empresarial y del Estado lo tomaran en serio dadas las circunstancias complicadas que vive el mundo sumergido en una profunda crisis económica y moral donde los trabajadores son los más afectados.

Se destacó la determinación de la OIT para cumplir el mandato de la organización con el fin de mejorar las condiciones de los tra-bajadores palestinos, donde el desempleo, el subempleo, las diferencias en los sala-rios y la segregación ocupacional son los cuatro factores principales en la economía que afecta más a las mujeres y los jóve-nes y las diferencias de género. Las cifras que se conocen es que el 82% de mujeres entre los 18 y 29 años están en situación de desempleo.

El Director General ha reafirmado su compromiso de llevar a cabo las siete ini-ciativas para el centenario de la fundación de la OIT –relativas a la gobernanza, las normas, las empresas, los empleos ver-des, la pobreza, las mujeres y el futuro del trabajo– que fueron descritas en su informe el cual recibió un amplio apo-yo por parte de los delegados. Agregó que estas iniciativas proporcionarán a la Organización las herramientas y la dirección estratégica que necesita para que su labor sea mejor, más pertinente e influyente ya que se hace necesario un examen innovador del lugar de trabajo en la vida de los trabajadores y las socieda-des en un marco de opciones políticas que será oportuno para la celebración del aniversario 100 de la OIT.

Como la OIT es una organización tripar-tita se refirió que había habido "una gran convergencia" sobre la necesidad de esta-blecer una plataforma de colaboración con las empresas. Tratándose de un problema serio hubo un amplio interés por definir y ejecutar el papel de la OIT en relación a las cadenas de abastecimientos mundia-les y de forma más general, en relación a la responsabilidad social de las empresas. Sin embargo, lo que percibimos muchos es que los que sacan mejor provecho del tripartismo son los gobiernos y los em-pleadores.

La iniciativa para poner fin a la pobreza, cuyo objetivo es favorecer que la OIT desempeñe un papel más importante en la erradicación de la pobreza extrema para 2030, recibió un gran apoyo. Pero vemos, que a estas alturas las cifras son escalofriantes porque en Liberia, Haití, Moldova, Zimbawe, Zambia, la pobreza bordea entre el 80 y 86%, mientras que en Angola, Surinam Guatemala está entre 70 y 75% y estas cifras ponen en duda que en 17 años se pueda revertir estas estadísti-cas. No están muy lejanas estas cifras en muchos de los países emergentes como se denomina ahora a los países en vías de desarrollo.

En lo relacionado a las mujeres en el traba-jo, precisaron que es necesario presentar un panorama del lugar que ocupa la mujer en el mundo del trabajo, sus condiciones de trabajo, la igualdad de oportunidades y de trato, que recibió menos comentarios que las otras. Sobre esta iniciativa el Director General esperaba que esto reflejase un compromiso más consolidado entre los delegados.

Un tema que merece la atención de todos, en particular de los trabajadores, es lo que anticipó sobre el papel de la OIT en la tran-sición hacia un modelo de desarrollo con bajos niveles de carbono y sostenible que será "el factor que distinguirá con mayor claridad el segundo siglo de actividad de la Organización del primero", la iniciativa verde será un instrumento para avanzar. Esperamos que los delegados de las centrales sindicales den a conocer a los trabajadores y a la opinión pública sobre el peligro que significa para el planeta Tierra, no tomar con responsabilidad lo manifestado por el Director General de la OIT. Las Iniciativas relativas a las normas y a la gobernanza tienen una naturaleza más institucional, pero son de igual importancia y están más estrechamente vinculadas al programa de reforma de la OIT.

De cara al futuro, el Director General reiteró que las siete iniciativas serán desarrolladas a fin de establecer una hoja de ruta, ya que la Organización Internacional del Trabajo se aproxima a su centenario en el año 2019, por lo que la OIT debe ser cada vez más útil y pertinente.

Es importante que en estos momentos de crisis se tome en cuenta el trabajo decente que es esencial para el bienestar de las personas. Además de generar un ingreso, el trabajo facilita el progreso social y eco-nómico, y fortalece a las personas, a sus familias y comunidades. Pero todos estos avances dependen de que el trabajo sea trabajo decente, ya que el trabajo decente sintetiza las aspiraciones de los individuos durante su vida laboral pero lo que ocurre es que las diferentes modalidades de con-tratación colectiva alejan cada vez más el trabajo decente como señala la OIT.

La OIT también ha desarrollado una agenda para la comunidad del trabajo, re-presentada por sus mandantes tripartitos, con el fin de movilizar sus considerables recursos. La OIT ofrece apoyo a través de programas nacionales de trabajo de-cente desarrollados en colaboración con sus mandantes. La puesta en práctica del Programa de Trabajo Decente se logra a través de la aplicación de los cuatro objeti-vos estratégicos de la OIT que tienen como

objetivo transversal la igualdad de género y que vale la pena reiterarlos: crear trabajo; garantizar los derechos de los trabajadores; extender la protección social, y promover el diálogo social.

Todos los que estamos involucrados en el quehacer sindical sabemos que el mundo corre el riesgo de perder una generación si no se enfrenta con urgencia la crisis de empleo juvenil, así lo ha señalado la OIT en un llamado a la acción sobre la crisis del empleo juvenil, un documento destaca las cifras alarmantes de la crisis: 75 millones de jóvenes están desempleados, 4 millo-nes más que en el año 2007. De ellos, 6 millones han abandonado por completo la búsqueda de trabajo y de aquellos –que tie-nen la suerte de conseguir un empleo– más de 200 millones ganan menos de 2 dólares al día, una vergüenza, en un mundo donde la mayoría de gobiernos informan sobre el crecimiento económico, la inclusión social, pero lo cierto es que alguien se enriquece con estos salarios de hambre. Pero tam-bién, habría que tomar en cuenta que la mayoría de los que tienen "trabajo formal" solo ganan el sueldo mínimo que no cubre ni la tercera parte de una canasta familiar.

Lo que parece no interesar mucho a los delegados en estas conferencias es sobre las pensiones de hambre de los jubilados y la pésima atención que reciben por parte del Estado y de los Seguros Sociales. La mayoría de ellos cuya edad va más allá de los 70 años sobrevive gracias al apoyo familiar y los que no tienen esa suerte viven sumergidos casi en la indigencia pero nadie se preocupa de ellos. En el caso de Perú, un trabajador con 30 años de aportaciones recibe menos de la Remuneración Mínima Vital que ahora bordea los 750 nuevos soles. Sin embargo, dicen que uno de los propósitos del Estado es garantizar una vejez tranquila, con una pensión justa.

Creo que es importante difundir los traba-jos realizados por las comisiones como lo ha venido haciendo Rebanas de Realidad durante los 15 días que ha durado la 102 Conferencia Anual de la OIT y que la mayoría de los trabajadores no tienen co-nocimiento de lo que ha ocurrido, mucho menos, sobre los acuerdos adoptados. También, hay que señalar que la mayoría de los gobiernos solo financian la partici-pación de un delegado de una central y, hay países donde existen más de cuatro centrales, como es el caso de Perú. Los gobiernos en general no cuentan con re-cursos para financiar más delegados de los trabajadores pero sí tienen para financiar varios delegados gubernamentales. FGP, Lima, 28/06/13.

conferencia anual de la oit

La OIT debe ser cada vez más útil y pertinente

Nº 105, junio de 2013 17i n te rnac iona l

Carlos Elordi

PeriodiSta eSPañol. fuente: eldiario.eSlaonda

Hay un punto en común entre las protestas que se están produciendo en Brasil y en Turquía: sus principales protagonistas forman parte de la nueva clase media

que se ha creado como consecuencia del gran crecimiento económico que ambos países han registrado últimamente, sobre todo en la última década. Y aunque sus principales reivindicaciones son distintas, ambas expresan una ambición muy similar: la de que el poder político, muy afianzado, hasta el momento, tanto en el caso turco como en el brasileño, dé plena carta de naturaleza a esta clase que prácticamente no existía hasta hace muy poco y cuyas demandas ya no coinciden con las de los sectores más pobres de la población.

En Turquía, la reivindicación ecológica, la defensa de un espacio verde como el parque Gezi –banderín de enganche inicial de las concentraciones de Estambul– está a un nivel superior respecto de las más básicas. Tiene un carácter estrictamente urbano y refleja un nivel de conciencia ciudadana que, normalmente, solo se da en sectores sociales que tienen más o menos cubiertas sus necesidades econó-micas elementales. Otras demandas de los manifestantes turcos expresan el hastío de una parte de la sociedad, la más moderna, hacia la islamización creciente y hacia la intolerancia religiosa y de las costumbres, que impone el régimen presidido por el primer ministro Tayip Erdogan. Y también responden, por tanto, a una sensibilidad social no sólo laica, sino también avanzada.

En las ciudades brasileñas, empezando por Sao Paulo, la chispa ha sido el aumen-to de 20% en el precio de los transportes públicos. Pero inmediatamente detrás han llegado las denuncias por el gasto exce-sivo –que dobla los presupuestos inicia-les– de los preparativos del Campeonato Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, así como las reivindica-ciones de mayor gasto en vivienda, sanidad y educación. Y, también, la corrupción, que a pesar de los intentos, tanto de Lula da Silva como de Dilma Rouseff, sigue campando libre por el país. Todas las cró-nicas coinciden en que la mayoría de los manifestantes son estudiantes o técnicos y profesionales jóvenes. Es decir, de gen-te que tiene una ocupación y que no está acuciada por el paro.

Los analistas brasileños no dudan en atri-buir las manifestaciones a una reacción de

lo que allí se llama la clase “C”, es decir, a la clase media baja, nacida del formidable crecimiento que la economía brasileña ha venido registrando hasta 2011. Se cree que buena parte de los manifestantes son hijos de campesinos que huyendo del hambre de las zonas rurales emigraron a las ciudades en las últimas dos décadas, como mucho, y que, gracias los trabajos estables que en ellas encontraron, han alcanzado un cierto nivel de bienestar económico y de consumo –que en Brasil crece de forma exponencial– y, además, han logrado que sus hijos estudien.

La protesta de esos jóvenes, o no tan jó-venes, no es por tanto la de los habitantes de las favelas, ni la de los estados más pobres del país, particularmente los del norte. Mejorar la suerte de esas decenas de millones de brasileños postergados hasta extremos sólo comparables a los africanos, ha sido uno de los principales objetivos de la política de Lula y también de Dilma Rousseff. Y sus resultados han sido extraordinarios: según los cálculos oficiales, 37 millones de personas han de-jado de ser estadísticamente pobres en la última década.

Pero los gobiernos del izquierdista Partido del Trabajo parecen no haber atendido sufi-cientemente los intereses de la nueva clase “C”. Y los problemas económicos que Brasil está sufriendo desde hace dos o tres años, unidos al derroche de los fastos deportivos, parecen estar agravando la inquietud de esos sectores. En 2010, último año de Lula, el PIB brasileño creció un 7,5 %; en 2011, un 2,7 %, en 2012, un 0,9 % y para este año se espera una subida del 2,9 %. La inflación crece a un inquietante 6 %, la moneda se está debilitando y los capitales extranjeros se muestran cada vez más renuentes a in-vertir en el país. El Gobierno atribuye buena parte de esos males a la crisis económica que padece Occidente, que están limitando las exportaciones de productos brasileños. Los economistas no vaticinan una crisis de proporciones más serias. Pero el gobierno tiene cada vez más limitada su capacidad de acción social. Y la clase “C” no quiere ser la perdedora del entuerto.

Aunque últimamente ha perdido un 8 % de popularidad, Dilma Rousseff sigue gozando del apoyo del 57% de los votantes, lo cual excluye la posibilidad de cualquier cambio político importante en el futuro a medio plazo: los pobres o semipobres de Brasil siguen estando con ella.

Tras años de crecimiento, aunque no tan espectacular como el brasileño, la econo-mía turca le sigue yendo bien, aun apoyán-dose demasiado en la construcción. Y la

Brasil y Turquía

Dos protestas distintas, ambas de clase media

fortaleza política del Tayip Erdogan sigue siendo también muy grande. Las enormes, muy pobladas y muy religiosas zonas ru-rales de Turquía siguen apoyándole, como se ha visto en estos días, cuando el primer ministro ha recurrido a los baños de masas en el campo para contrarrestar la protesta de las ciudades.

Erdogan volverá a ganar las elecciones, dicen todos los analistas. Pero la pregunta

que cabe hacerse tras las manifestacio-nes –que continúan, a pesar de que están siendo reprimidas cada vez con más dure-za– es qué futuro tiene a medio plazo un proyecto islamista como el suyo, si concita el rechazo de los sectores sociales que han nacido del bienestar económico que ese régimen ha propiciado.

Y una incógnita muy parecida podría for-mularse en relación con Brasil.

Manifestación en Río de Janeiro, Brasil.

Manifestación en Ankara, Turquía.

18 Nº 105, junio de 2013cu l tu ra

Pienso que una vida dedicada a la música es una vida bellamente empleada, y es a eso a lo que he dedicado la mía.

Luciano Pavarotti

La banda sinfónica del Inem es un proceso que surgió con la intención de generar un espacio en el que se permitiera que el

alumno que cursa sus estudios de prima-ria y secundaria pudiese complementar su formación académica con la inclusión en el estudio de un arte, en este caso la música, con el fin de lograr una formación integral. Este proceso se ha convertido en un reto toda vez que la formación en un arte lleva consigo la formación de la vida y esta apreciación es el motor que impulsa la generación, transformación y las apuestas con las que cuales se ha ido consolidando esta banda sinfónica. Con la generación de este espacio lo que se pretende es que el estudiante no solo se piense como ello, sino como un sujeto generador de cambios en sus espacios inmediatos, tales como el salón de cla-ses, la familia, su grupo de amigos, es decir, la sociedad a la que pertenece y la cual en el caso de nuestro país ofrece una serie de escenarios que deben ser transformados. Es la única banda con formato sinfónico de un colegio distrital a nivel de Bogotá consolidada y la única propuesta generada con este formato en la localidad de Kennedy.

Esta banda sinfónica de igual manera pretende lograr que sus integrantes pue-dan participar en el proyecto que preten-de la formación integral, esto permitiría que el estudiante estableciera directrices diferentes en su forma de pensar y de-sarrollar su plan de vida orientado por la disciplina y dedicación así como la posi-bilidad de abrir espacios de participación que trascienden la institución y que gene-ren un verdadero impacto en la sociedad.

Con la Banda Sinfónica Estudiantil se busca crear un espacio que permita al estudiante formarse como músico y ser sujeto capaz de integrar los cono-cimientos que recibe de las otras áreas de aprendizaje con miras a lograr una participación activa y dinámica en los procesos de transformación propuestos tanto a nivel institucional, local y social.

El director de la banda es el egresado Jeisson Germán Segura Herrera, su acercamiento con la música sinfónica y ritmos colombianos se produjo a los

11 años de edad cuando ingresó a la Banda Sinfónica Experimental del co-legio Inem de Kennedy como trompe-tista, bajo la dirección del maestro Julio Velasco Moncada. Adelanta sus estudios de canto lírico en el Conservatorio de la Universidad Nacional, bajo la cátedra de la maestra Ángela Simbaqueba.

Presentación de la agrupación

La Banda Sinfónica Experimental del Inem Francisco de Paula Santander, fue fundada en 1974 con alumnos de 12 a 18 años de edad, bajo la dirección de los maestros Efraín Medina Mora y Julio Velasco Moncada. Fue una de las primeras y más importantes que haya tenido la ciudad en el pasado recien-te, ofreciendo a los estudiantes de la institución una motivación a una de las ramas del arte como lo es la música. Galardonada en varios concursos ban-dísticos a nivel nacional.

Es un proyecto en el cual se ofreció a todos los estudiantes la oportunidad de disfrutar los tiempos libres y aprender a interpretar diversos instrumentos musica-les, de la misma forma que se enseñaba a los estudiantes métodos de solfeo y la lectura del pentagrama, el proyecto del director de la banda, maestro Julio Velasco, hacía referencia a aprovechar las oportunidades que el colegio brindada al estudiantado para que nuestra cultu-ra no solo se limite a las bases que nos ofrece la educación primaria y el bachi-llerato sino a nuevos conocimientos que permitan en el alumno una nueva manera de expresarse.

La banda estuvo conformada por más de 50 estudiantes contando con el semillero, los estudiantes de prebanda y los niños de primaria ya antes mencionados, una de las grandes motivaciones que tenían los estudiantes de la banda eran las invi-taciones que llegaban a la institución en aras de conocer su proyecto musical. La última presentación que realizó la Banda Sinfónica del Inem de Kennedy fue en el año 2008 bajo la dirección del alum-no graduante Jeisson Germán Segura Herrera, quien desde el mes de septiem-bre del año 2011 recuperó tan importante proceso partiendo de cero, y actualmente se desempeña como su director.

En el año 2012 la Banda Sinfónica parti-cipó de un homenaje realizado al maes-tro Julio Velasco Moncada en donde se integró con diversas bandas del Distrito,

también fue partícipe del VII Encuentro Distrital de Bandas Sinfónicas realizado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, para este año la banda ya cuenta con varias in-vitaciones a nivel local y nacional, habién-dose presentado en Corferias en el marco de la Feria Internacional de Libro, y en el teatro Jorge Eliécer Gaitán en el marco

En el colegio Inem Kennedy

Banda sinfónica

El rector del Colegio Inem, Jorge Pérez (en el recuadro), quien facilitó el material de esta nota, en una presentación de la Sinfónica Inem.

de música a la carrera organizado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Entre sus compromisos se encuentra participar en el VIII Encuentro Distrital de Bandas Sinfónicas y el XXVII Concurso Nacional de Bandas Sinfónicas Estudiantiles rea-lizado en La Vega (Cundinamarca). La banda actualmente está integrada por 32 niños y jóvenes entre los 9 y 17 años de edad estudiantes de la institución.

Año 1987, dirige Julio Velasco.

Nº 105, junio de 2013 19cu l tu ra / sa lud

Año 1988, dirige Julio Velasco.

Año 2004, dirige: Julio Velasco. Año 2008, dirige Jeisson Segura.

Año 2011, dirige Jeisson Segura. Año 2012, dirige Jeisson Segura.

La crisis del sector salud ha llegado a uno de los puntos más agudos de los últimos 20 años. Pacientes que claman por que les autoricen servicios médicos, medicamentos y exámenes especiales sin que nadie responda; niños y niñas que mueren a causa de las demoras en la atención o en el inicio de los tratamien-tos establecidos. Hospitales al borde del cierre y médicos, enfermeras, y demás trabajadores de la salud de las EPS e IPS públicas y privadas en condiciones laborales que violan todas las normas es-tablecidas en la legislación colombiana: pululan los contratos por cooperativas y otras formas de tercerización y des-laboralización, el no pago de salarios, ausencia de seguridad social y muchas otras aberrantes situaciones que consti-tuyen una verdadera crisis humanitaria para todos los colombianos sin que el Estado asuma su responsabilidad para una verdadera solución.

La reciente aprobación de la Ley Estatutaria en el Congreso de la República, que pasó de tener 14 puntos estructurales propuestos por la Junta Médica y que pretendía un cambio que garantizara el derecho fundamental a la salud, terminó sucumbiendo ante las presiones ejercidas por los poderosos grupos económicos de la salud y sus representantes en el Congreso, y por lo tanto mantiene el modelo económico basado en el negocio de la enfermedad, dejando de nuevo a los colombianos a

merced de aquellos que se lucran de la enfermedad y la vida de los pacien-tes y a los trabajadores en las peores condiciones. En resumen, seguimos a merced de los mercaderes de la salud que aumentan sus ganancias gracias a la negación de servicios a los pacientes y al no reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores del sector.

Más allá de lo que acontece en el Congreso de la República, los enfermos, las familias, los médicos y enfermeras de las clínicas y hospitales privados, de la Red Pública de Hospitales y todos los trabajadores de las EPS somos los afec-tados y por tanto los llamados a intervenir para que se garantice el derecho a la salud de los colombianos y los derechos laborales de los trabajadores del sector.

Impulsemos un gran movimiento social por el derecho fundamental a la salud, por el papel del Estado como único res-ponsable y garante del mismo, y por el respeto y cumplimiento de los derechos y leyes laborales con los trabajadores del sector.

¡Paro cívico nacional por la salud de los colombianos y el respeto por los traba-jadores del sector: unidos para exigir!

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Sintrasaludcol, Sintrahosmic, Asintraf, Simo

DECLARACIÓNColombianos y trabajadores del sistema de salud: Unidos

por el derecho a la salud

Marcha de usuarios y trabajadores de la salud, junio 12 de 2012

Banda Sinfónica Inem

es ta ta leses ta ta les