Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Derecho y Ciencia Poltica Maestra mencin en Ciencia Penales Curso: Derecho Penal Econmico Catedrtico: Mg. Alonso Pea Cabrera Freyre Semestre: 2013-I

Responsabilidad Penal de las personas jurdicas

Integrantes del grupo

Lpez, Gerber Martell Aguilar, William

Ramirez Fernndez, William Rincn Effio, Fernando

Julio 2013

2

Responsabilidad Penal de las personas jurdicas

ndice

I. ANTECEDENTES Y PROBLEMTICA. PERSONA NATURAL VS PERSONA

JURDICA. PRINCIPIOS QUE IMPERAN. EL ACTUAR EN LUGAR DE OTRO. ......... 3

II. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURDICAS EN EL

DERECHO COMPARADO ................................................................................................. 10

III. LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A LAS PERSONAS

JURIDICAS .......................................................................................................................... 15

IV. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 25

V. BIBLIOGRAFA ........................................................................................................... 26

3

Responsabilidad Penal de las personas jurdicas

I. ANTECEDENTES Y PROBLEMTICA. PERSONA NATURAL VS PERSONA JURDICA. PRINCIPIOS QUE IMPERAN. EL ACTUAR EN LUGAR DE OTRO.

I.1. Problemtica: persona natural versus persona jurdica

En numerosos pases predomina el principio societas delinquere non potest; la sociedad

no puede delinquir, que se fundamenta en categoras dogmticas y en determinaciones

de polticas respecto a los fines de la pena.

En este sentido, se ha dicho El rechazo de esta figura jurdica es consecuencia de dos

consideraciones: a) la persona jurdica carece de propia capacidad de accin, acta a

travs de la accin de sus rganos; b) la persona jurdica no puede ser objeto de reproche

en el sentido de la culpabilidad, que es un presupuesto esencial de la responsabilidad

penal, pues la culpabilidad es una nocin que presupone una persona individual. Sin

embargo, ninguno de estos argumentos impide aceptar la posibilidad de sancionar a las

personas jurdicas en el mbito del Derecho administrativo, en el que, como se dijo,

tambin rigen los principios de la accin y de culpabilidad1.

La responsabilidad de las personas jurdicas deviene problemtica en el Derecho penal,

despus de la introduccin de las teoras de la pena que a fines del siglo XVIII

establecieron una relacin directa entre la pena y la voluntad, sea porque la pena tena la

funcin de impedir la formacin de la voluntad contraria al Derecho, sea porque tena la

finalidad de impedir la reincidencia o, finalmente, porque su cometido consista en la

represin de la voluntad antijurdica.

Ello ha parido desde la concepcin misma de sujeto de derechos. La idea de sujeto que

ha sido el punto de referencia de las categoras dogmticas de la accin y la culpabilidad

no es capaz de resolver el problema planteado en la actualidad por numerosas conductas

colectivas, cuya realizacin es percibida en la sociedad actual como comportamientos que

requieren la aplicacin de penas criminales, como son las conductas punibles cometidas

1 Bacigalupo, Enrique. Teoras de la Pena y responsabilidad penal de las personas jurdicas. En Curso de

Derecho Penal Econmico. Marcial Pons. Ediciones Jurdicas y sociales. Madrid, 1998. Pg. 21.

4

por o a partir de personas jurdicas. Por esta razn, el modelo de Derecho penal

dominante, basado en un sujeto individual, parece incapaz para solucionar los conflictos

sociales que hoy se consideran de relevancia penal. Los conceptos dogmticos de accin y

culpabilidad, as como la pena entendida como pena privativa de libertad han sido

elaborados a partir de la idea del individuo y de sus cualidades. El individuo como sujeto

del Derecho penal ha marcado los conceptos dogmticos de la teora del delito y, en

consecuencia, un concepto de accin y de culpabilidad elaborados nica y exclusivamente

a partir de las capacidades del mismo. Consecuentemente, la responsabilidad penal de las

personas jurdicas se ha negado sosteniendo su incapacidad de accin y de culpabilidad.

La respuesta, por otro lado, no poda ser otra, ya que el planteamiento de esta cuestin se

ha abordado precisamente a partir de las categoras dogmticas de la accin y la

culpabilidad2.

Los sistemas jurdicos que admiten la responsabilidad penal de las personas jurdicas son

los anglosajones y aquellos que reciben su influencia.

I.2. Antecedentes histricos

En el Derecho romano no se conoca la figura de la persona jurdica, aunque se le

reconocan derechos subjetivos a los conjuntos de personas.

Las fuentes muestran que se admita la responsabilidad de la corporacin, si en la

situacin del caso concreto pareca justo.

As Ulpiano seala que se aplicaba la actio de dolo malo (la acusacin) contra el

municipio, cuando el perceptor de impuestos haba engaado a una persona

enriqueciendo al mismo tiempo a la ciudad.

Los Glosadores no ignoraron la figura de la corporacin entendida como unidad de

miembros titulares de derechos. Tales corporaciones eran consideradas capaces de

delinquir.

Exista por tanto, un delito de la corporacin, cuando la totalidad de sus miembros daba

comienzo a una accin penalmente relevante por medio de una toma de decisin

conjunta.

2 Bacigalupo, Silvina. Responsabilidad penal de las personas jurdicas. En Curso de Derecho Penal

Econmico. Marcial Pons. Ediciones Jurdicas y sociales. Madrid, 1998. Pg. 39.

5

Es decir, que no se hacia una diferenciacin entre persona natural y persona jurdica.

Los canonistas fundamentan su teora de la corporacin eclesistica entendindola como

persona y convertida de esta manera en el sujeto de Derecho.

Ello se debi a su necesidad de fundamentar los bienes de la iglesia y la excomunin. De

all se inicia los primeros intentos de conceptualizar la Universitas como abstraccin.

Fundamentan en que no se puede sancionar a la corporacin pues no tiene alma.

Posteriormente, las necesidades polticas fueron el origen de la desaparicin de la

punibilidad de las corporaciones, dado que stas haban perdido por completo tanto el

poder que tenan.

Nuevamente resurge el tema con SAVIGNY, quin reconoce que el problema al que se

enfrenta es en realidad una cuestin de la relacin entre el Derecho y la persona.

Este autor, en materia penal parte de la voluntad del individuo como persona, y por lo

tanto considera que la responsabilidad penal es de los representantes y no de la persona

jurdica, que es ficticia.

Con posterioridad pese a los notorios avances histricos, la discusin sobre la

responsabilidad penal de la persona jurdica qued cancelada al establecerse nicamente

la responsabilidad penal de carcter personal, hecho que fue contradicho ya con las

nuevas tendencias que ha desarrollado con motivo de la criminalidad contempornea3.

I.3. Opinin de la doctrina sobre penalizar a las personas jurdicas

Los partidarios de sancionar penalmente a las personas jurdicas sealan que no se debe

identificar a la persona jurdica con la persona fsica para poder considerarla como un

sujeto de Derecho, sino que lo que importa es reconocer que el Derecho se ocupa de

relaciones entre sujetos.

Para estos doctrinarios la persona jurdica tiene capacidad de accin y puede ser analizada

su grado de culpabilidad.

Existen diferentes corrientes que defienden estas tesis.

3 Castro Olaechea, Nelly. La responsabilidad penal de las personas jurdicas. En

http://www.derecho.usmp.edu.pe/itaest2012/Articulos_estudiantiles/08-

2011_Responsabilidad_penal_de_las_personas_juridicas.pdf

6

En la doctrina anglosajona y holandesa se afirma que se equipara la actuacin criminal

del rgano representante de la empresa, siempre una persona fsica, con la de la

empresa6. Esta construccin terica recibe el nombre de doctrina de la identificacin. La

doctrina de la identificacin justifica el castigo de la empresa por la actuacin de sus

empleados. Tiedemann sostiene que las personas jurdicas, al igual que las fsicas, son

tambin destinatarias directas de las normas de conducta, es decir mandatos y

prohibiciones y que el derecho positivo parte de ello.

Las personas jurdicas tienen capacidad de accin y, por ello, pueden ser destinatarias de

las normas de conducta, y si el legislador dirige las normas a las personas jurdicas es

porque ellas tambin pueden producir los efectos exigidos por la norma, es decir, pueden

producir reacciones u omisiones. Este autor resuelve el tema de la culpabilidad de la

empresa mediante el concepto deficiencia en la organizacin, es decir una vulneracin

al deber de organizarse correctamente, contrario a sus obligaciones de control y

vigilancia4

En la doctrina alemana Gnther Jakobs tambin reconoce al ente ideal capacidad de

accin y culpabilidad. Sostiene previamente en su concepto de accin que el mismo se

define como la evitabilidad individual de la produccin de un resultado, la

comprobacin de si concurre accin no se resuelve desde un punto de vista

exclusivamente naturalstico, lo importante es la determinacin valorativa del sujeto de la

imputacin. No cabe fundamentar que en la determinacin del sujeto el sistema que ha

de formarse deba estar compuesto siempre de los componentes persona fsica y no de

una persona jurdica (estatutos y rganos). Las actuaciones de las personas jurdicas con

arreglo a los estatutos se convierten en acciones propias de la persona jurdica. Concluye

diciendo que tanto para la accin como para la culpabilidad son idnticas las formas

dogmticas en la persona fsica y en la jurdica5.

Conforme lo refiere Silvina Bacigalupo al respecto de la construccin dogmtica del

profesor Jakobs: Por ello el replanteamiento llevado a cabo por JAKOBS y la nueva visin

4 Castro Olaechea. Ob.cit.

5 Ibidem

7

de los problemas que implica puede permitir reorientar la discusin en torno a la

responsabilidad penal de las personas jurdicas como un replanteamiento de la idea de

sujeto del Derecho penal. En este sentido, es posible extraer como puntos de partida,

fundamentalmente, las siguientes conclusiones:

En primer lugar, se puede afirmar que el individuo no es el nico sujeto posible del

Derecho penal. El individuo es el modelo de sujeto del Derecho penal que ha sido

dominante y en funcin del cual se han elaborado las categoras dogmticas de la accin y

de la culpabilidad de la teora del delito. Sin embargo, a pesar de que JAKOBS tiene en

mente un modelo de sujeto, cuyo sistema est compuesto por psiques y cuerpo (es decir,

un sistema psquico), no niega la posibilidad de pensar en otras configuraciones del sujeto.

Estas afirmaciones son un primer paso para replantear el tema de la responsabilidad penal

de las personas jurdicas.

En este sentido, JAKOBS no niega la posibilidad de que el sujeto pueda ser configurado a

partir de los elementos de la persona jurdica: estatuto y rganos. El sujeto del Derecho

penal es aqul que sea competente y no necesariamente el sujeto que realiz la accin.

Dentro de estos parmetros no resulta imposible imaginar a la persona jurdica como un

sujeto competente y, por lo tanto, como un sujeto imputable. Esta normativizacin del

concepto del sujeto da una nueva perspectiva no slo al tema de la responsabilidad penal

de las personas jurdicas, sino la necesidad del replanteamiento general de la

problemtica del sujeto del Derecho penal, como preconcepto de su elaboracin. En todo

caso, el concepto del sujeto no se encuentra predeterminado ontolgicamente, sino que

depende de cada estado de evolucin de la sociedad.

En segundo lugar, la nueva teora de la accin de JAKOBS es, a su vez, como lo hemos visto

reiteradamente, una teora del sujeto. O, dicho con otras palabras, a partir de su idea del

sujeto ha elaborado esta nueva concepcin de la accin que puede ser desvinculada de las

capacidades de una persona fsica toda vez que se entiende el sujeto concebido como un

sistema de imputacin.

En tercer lugar, tambin como causa de esta diferente comprensin del sujeto, se

presenta un nuevo concepto de culpabilidad totalmente desligado de cualquier tipo de

8

reproche. La idea de culpabilidad entendida de esta manera tambin se encuentra

determinada por la idea de sujeto que sostiene JAKOBS6.

Por su lado el maestro HURTADO POZO, aborda este tema de la responsabilidad penal de

la persona jurdica, igualmente, desde la perspectiva del concepto de sujeto de derecho;

sostiene que las objeciones formuladas contra el reconocimiento de la responsabilidad

penal de las personas jurdicas constituyen la expresin de una concepcin especfica de la

persona humana. Esta es percibida como el ser humano natural, poseedor de capacidades

fsicas y psquicas especficas. Por tanto, es la nica que tiene la capacidad de actuar, la

capacidad de comprender lo que hace u omite y, por tanto, la nica que puede ser

culpable.

Por las mismas razones, slo ella puede ser, por ejemplo, condenada a una pena privativa

de libertad.

Sin embargo, dice, en Derecho Privado no se niega, recurriendo a la misma concepcin,

que la persona jurdica tenga la capacidad de actuar (suscribir contratos), la capacidad de

responder por los perjuicios causados (indemnizacin por actos ilcitos: incumplimiento de

contrato), la capacidad para soportar sanciones civiles (inhabilitacin para efectuar ciertas

actividades).

As, la persona jurdica es tratada de la misma manera que la persona individual en la

atribucin de derechos y obligaciones, a pesar que no es un ser humano, una persona

natural. Y a continuacin se pregunta: significa esto que en Derecho Civil no sea

considerado el ser humano de la misma manera como lo es en Derecho Penal? La

respuesta slo puede ser negativa. El ser humano est en el centro de todo el derecho,

por el simple hecho que l es quien lo crea y, al mismo tiempo, es su finalidad, en ltima

instancia.

Aclara que el sujeto de derecho, o persona, no se identifica con el ser humano. Dicho con

ms propiedad, la nocin de sujeto de derecho o persona, no es igual a la nocin de ser

humano. Admitir lo contrario, implica que se estn confundiendo dos planos diferentes: el

del mundo fsico, natural, con el "mundo" normativo del derecho. Capacidad de actuar o

6 Bacigalupo, Silvina. La Responsabilidad penal de las personas jurdicas. Casa editorial Bosch S.A.

Barcelona, 1998. Primera edicin. Pg. 220.

9

capacidad de culpabilidad son nociones jurdicas que no deben ser confundidas con las

aptitudes fsicas, psquicas e intelectuales del ser humano. Cuando no se respeta esta

distincin, el concepto jurdico de persona es errneo y empricamente falso; porque

seres humanos capaces mentalmente pueden no ser considerados como personas por el

derecho (los esclavos y los extranjeros, humanos, no eran considerados como "personas"

para el Derecho Romano) y, al contrario, considera personas a entes que no son seres

humanos (las personas jurdicas son el ejemplo por excelencia).

La cuestin se reduce, segn el maestro HURTADO, a determinar si hay que atribuir o no

responsabilidad penal a las personas jurdicas y, en caso de una respuesta afirmativa, de

qu manera y con qu amplitud hacerlo. Como lo muestra la evolucin del derecho

comparado, estas cuestiones corresponden al mbito de la poltica criminal y, de manera

ms amplia, a la poltica general del Estado. Si se tiene en cuenta que desde hace

decenios, en el derecho anglosajn, se responsabiliza penalmente a las personas jurdicas,

resulta difcil sostener que el dogma de la responsabilidad penal individual constituye un

obstculo insuperable.

No se trata de una verdad absoluta y su admisin tambin depende de los criterios de

poltica criminal que se acepten. Esto no implica atribuir al Estado un poder absoluto para

reprimir, ya que las soluciones que se adopten deben conformarse a los criterios de

proporcionalidad y subsidiaridad del Derecho Penal. Adems, siendo el Derecho Penal la

ltima ratio en el sistema de control social, el reconocimiento de la responsabilidad penal

de las personas jurdica debe estar acompaado por la renovacin y el perfeccionamiento

de las medidas de orden econmico y jurdico en el mbito civil administrativo7.

I.4. El actuar en lugar de otro

Mencin especial merece la figura denominada Actuar en lugar de otro regulada en el

artculo 27 del Cdigo Penal de 1991, que viene ser una forma de hacer responsable a un

sujeto por la comisin de un delito especial. La doctrina ha asumido que esta situacin por

lo general recaer en el representante de persona jurdica quien no cumple con las

7 Donaires Snchez, Pedro. Responsabilidad penal de las personas jurdicas en el derecho comparado. En

http://www.derechoycambiosocial.com/revista031/responsabilidad_penal_de_las_personas

_juridicas.pdf

10

condiciones especiales que exige el tipo penal no pudindosele sancionar penalmente,

pues de hacerlo se vulnera el principio de legalidad, pero que materialmente ostenta una

posicin preferente en la configuracin del hecho. En suma estaramos hablando de un

caso aplicado a los representantes de las personas jurdicas a quienes en aplicacin del

principio societas delinquere non potest no se les puede sancionar.

Se ha dicho que el Autor slo podr serlo el titular de un deber de garante, por lo que la

determinacin de este ltimo es indispensable para el fundamento y lmites de la

imputacin8.

En tal sentido se deber cumplir cuatro condiciones para hacer responder a la persona

que realiza un delito especial en lugar de la persona jurdica:

1) La relacin de representacin: La persona que no rene la calidad especial de autor

debe tener la calidad de rgano de representacin autorizado de una persona jurdica. A

esta condicin se le ha criticado ser muy restrictiva dado que libera de sancin a los que

asumen de hecho la administracin de una persona jurdica. Sin embargo tambin se ha

determinado que cualquiera que entre a dominio del mbito de actuacin de una persona

jurdica en la que se incardina el riesgo que configura el delito especial. En este sentido se

asume al administrador que asume el cargo de hecho o careciendo de nombramiento.

Lo que interesa es que se domine el riesgo que configura el delito especial

correspondiente.

2) Actuar como rgano de representacin o como socio representante: Se exige adems

que el rgano de representacin o socio representante acte como tal.

3) La realizacin del tipo penal: Esto quiere decir que el delito especial debe poder serle

imputado objetiva y subjetivamente al representante de la persona jurdica9.

II. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURDICAS EN EL DERECHO COMPARADO

8 Batista Gonzales, Paz. La responsabilidad penal de los rganos de la empresa. En Curso de Derecho Penal

Econmico. Marcial Pons. Ediciones Jurdicas y sociales. Madrid, 1998. Pg. 71. 9 Donaires, Pedro. Ob.cit.

11

A continuacin haremos un sucinto desarrollo de los modelos legislativos en los que, al

igual que en la experiencia peruana, subsiste el principio del societas delinquere non

potest, y otros en los que este resulta inaplicable o ha sido desterrado del plexo

legislativo; a saber:

II.1. Francia:

1. El Cdigo Penal vigente en el pas galo desde 1994 reconoce la

responsabilidad penal de las personas jurdicas de derecho privado como

pblico.

2. En virtud del modelo legislativo de dicho pas se reconoce que la

responsabilidad penal de los entes colectivos rene las caractersticas

siguientes:

Es acumulativa, toda vez que la responsabilidad de la persona jurdica

como la que corresponde a la persona fsica no se excluyen.

Es especial, pues esta posibilidad no est prevista para todos los

supuestos, sino que la ley expresamente debe sealar en qu casos

resulta aplicable.

Es condicionada, ya que exige de la presencia de dos (2) requisitos

principales: (i) que la infraccin haya sido cometida por un

representante u rgano de representacin de la persona jurdica; y (ii)

debe haber sido realizada a cuenta de esta.

3. Este modelo legislativo, siguiendo la forma especial de imputacin que

postula, ha previsto una serie de sanciones adecuadas a este nuevo sujeto de

12

responsabilidad, como son la multa, la disolucin de la persona jurdica, la

publicacin de la sentencia condenatoria, entre otras.

II.2. Holanda:

4. El artculo 51 del Cdigo Penal holands, ha dispuesto la posibilidad de

responsabilizar penalmente a las personas jurdicas.

All seala que los delitos pueden ser cometidos por personas fsicas o

jurdicas, siendo que en este ltimo caso pueden ser perseguidas y

sancionadas (i) la empresa, o (ii) la persona fsica que haya ejecutado el

delito y quin lo haya favorecido en su comisin; o (iii) cualquiera de ellos al

mismo tiempo.

II.3. Alemania:

5. El modelo alemn se ha caracterizado por prever desde hace algn buen

tiempo sanciones penal-administrativas en contra de las personas jurdicas.

6. Dicha poltica legal se encuentra plasmada en el Cdigo Contravencional

Federal (OWIG), siendo que los principios all recogidos suponen los

presupuestos que rigen la responsabilidad contravencional de las personas

colectivas por los hechos de sus agentes, sea que estos ltimos configuren

delitos o meras contravenciones.

7. Este cuerpo legal, conforme a lo prescrito en su artculo 30, prev la

posibilidad de imponer autnticas consecuencias principales de carcter

sancionador en contra de las personas jurdicas en forma de multas

contravencionales.

13

8. El hecho que sea materia de sancin tiene que haber infringido deberes

propios del ente colectivo o haber producido o si quiera perseguido el

enriquecimiento de la empresa.

9. As pues, el procedimiento que se siga se clasificar en:

La multa asociacional acumulativa, que es impuesta en un proceso

nico al autor del hecho y a la asociacin de personas; y,

La multa asociacional aislada, la cual se impone en un proceso

independiente al ente colectivo, en la medida que no se haya

iniciado un proceso penal en contra del autor del hecho o cuando la

imposicin de su pena se hubiese suspendido.

II.4. Espaa:

10. El Cdigo Penal espaol no prev la posibilidad de responsabilizar

penalmente a una persona jurdica, alegando en tal sentido la incapacidad de

accin del ente ideal.

11. Cabe sealar al respecto que desde hace algn tiempo se reconoce la

responsabilidad de la persona jurdica en el mbito del Derecho

Administrativo Sancionador, tanto en la doctrina, en la jurisprudencia como

en la legislacin.

12. Al respecto, el artculo 130 de la Ley 30/1992, sobre rgimen jurdico de las

Administraciones Pblicas y de Procedimiento Administrativo Comn, seala

que slo podrn ser sancionadas por hechos constitutivos de infraccin

administrativa las personas fsicas y jurdicas que sean responsables de los

mismos.

14

13. De esta forma, el sistema espaol se adscribe a la posicin de quines

sostienen que la criminalidad de la empresa puede ser combatida de forma

preventiva a travs de la imposicin de consecuencias distintas de la pena:

las medidas de seguridad.

14. Con el transcurrir del tiempo, y en atencin al Cdigo Penal espaol de 1995,

estas medidas de seguridad han cambiado su nombre por el de

consecuencias accesorias, y esto con un fin ulterior de disuadir las

discusiones sobre su naturaleza jurdica.

II.5. Sistema Ingls:

15. En los pases adscritos al common law se mantiene el principio del societas

delinquere potest.

16. As pues este sistema postula que la persona jurdica puede ser responsable

por toda infraccin penal que su condicin le permitiera realizar, e.g. delitos

de seguridad en el trabajo, de contaminacin ambiental, entre otros.

17. La regla general exige la presencia del elemento subjetivo (mens rea) y el

acto material (actus reus), pero a su vez admite la responsabilidad objetiva

(strict liability) por algn acto personas, carente de dolo o culpa aplicable a

personas jurdicas como a las fsicas, en las infracciones del common law

(derecho jurisprudencial) y del Statute law (ley) y por hecho de otro (vicarious

liability).

18. La imputacin de un hecho punible y el eventual elemento subjetivo a una

persona jurdica requiere de una accin u omisin de una persona fsica,

utilizando para tal fin un artificio (salto de la persona fsica a la jurdica),

15

conocido como la teora de la identificacin (identification theory),

entendiendo a la persona fsica como la personificacin del ente colectivo, su

voluntad es la voluntad de ste.

III. LAS CONSECUENCIAS ACCESORIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS

Las consecuencias accesorias se regulan en nuestro Cdigo Penal en los artculos 102 y

siguientes del Cdigo Penal. Dentro de la momenclatura de consecuencias accesorias.

Segn Percy Garca Cavero, hay dos aspectos que tienen en comn:

En primer lugar, queda claro desde la sistemtica legal que las consecuencias accesorias

no son formalmente penas ni medidas de seguridad, as como tampoco conceptos que se

integran en la reparacin civil por el dao producido.

En segundo lugar, que estas reacciones jurdicas se caracterizan por ser accesorias, es

decir, que dependen de la existencia de un injusto penal principal, sin el cual no sera

posible imponerlas.

Las consecuencias accesorias van desde la suspensin de actividades, la intervencin de la

empresa, el cierre de la fbrica, hasta la disolucin y liquidacin de la persona jurdica.

Las medidas responderan a la lgica de la peligrosidad de la persona jurdica en el sentido

de existir una estructura organizada que favorece u oculta la comisin de futuros hechos

delictivos.

La imposicin de sanciones penales a los miembros de las personas jurdicas no elimina la

peligrosidad criminal de la estructura organizativa de la persona jurdica, por lo que

resulta necesario imponer medidas directamente sobre la persona jurdica para erradicar

o limitar significativamente su peligrosidad.

16

Asimismo, la empresa moderna recurre con mayor frecuencia a la figura de los directivos

de banquillo, es decir, personas incorporadas a la estructura empresarial con la nica

finalidad de asumir plenamente la responsabilidad penal por los hechos delictivos

cometidos desde la empresa.

En ese sentido, las sanciones penales perderan completamente su virtualidad preventiva

si la sancin se quedase en el directivo individual, pues la empresa se limitara solo a

contabilizar el costo de un director de banquillo frente a los beneficios que le proporciona

el desarrollo de la actividad ilcita.

III.1 Naturaleza jurdica de las consecuencias accesorias

A. Las consecuencias accesorias como penas:

Las consecuencias accesorias constituyen en nuestra legislacin penal un tipo de

consecuencias jurdicas del delito, pero no son propiamente penas. En efecto, si se

concibiese las consecuencias accesorias, es decir, no debera depender de la

declaracin de culpabilidad de una persona natural. Por otra parte, la persona

jurdica tendra que aparecer como inculpado en el proceso penal con todos los

derechos de defensa correspondientes. Finalmente, si se tratase de una pena, el

criterio para decidir el quantum de las consecuencias accesorias sera la gravedad

del hecho cometido (principio de culpabilidad), y no de peligrosidad de una

comisin futura de nuevos delitos. Por lo tanto, las consecuencias accesorias

constituyen en nuestra legislacin penal un tipo de consecuencias jurdicas del

delito, pero no son propiamente penas. No obstante, de manera bastante

sorprendente el Acuerdo Plenario N 7-2009 sostiene el parecer que las

consecuencias accesorias aplicables a personas jurdicas son sanciones penales

especiales.

B. Las consecuencias accesorias como medidas preventivas:

17

La interpretacin doctrinal mayoritaria entiende que las consecuencias accesorias

no son penas, pues no se sustentan en la culpabilidad de la persona jurdica por el

hecho delictivo. Se tratan de medidas de carcter preventivo que buscan eliminar la

peligrosidad de la estructura social respecto de nuevos hechos delictivos. A pesar

de que el fundamento de las consecuencias accesorias es la peligrosidad, es

evidente que la formulacin de estas medidas no se corresponde con la finalidad

curativa de las medidas de seguridad tradicionales. La peligrosidad de las medidas

de seguridad est vinculada claramente a la constitucin psico-fsica de una

persona natural, no a la peligrosidad organizativa de una persona jurdica. Por ello,

si bien las consecuencias accesorias son medidas preventivas sustentadas en la idea

de peligrosidad, esta peligrosidad es entendida de una forma distinta a la que

fundamenta las clsicas medidas de seguridad. Por tanto, las consecuencias

accesorias constituyen medidas de carcter administrativo que se imponen en sede

penal por razones de economa procesal.

III.2. PRESUPUESTOS

A. Presupuestos materiales:

La imposicin de una consecuencia accesoria a una persona jurdica no es una

decisin absolutamente discrecional, por lo que resulta necesario acreditar en

el caso concreto la existencia de un conjunto de presupuestos materiales que

permitan afirmar que se da el fundamento de la peligrosidad objetiva de la

organizacin. Percy Garca Cavero, seala que los presupuestos materiales son

los siguientes:

- Hecho principal:

Es decir, resulta fundamental para imponer las consecuencias accesorias, que se

haya determinado previamente que una persona individual ha cometido un

hecho punible en el ejercicio de la actividad de la persona jurdica o ha utilizado

su organizacin para favorecerlo o encubrirlo.

- Juicio de Prognosis:

18

Es necesario que el Juez haga, a partir de la forma como est estructurada la

persona jurdica, un juicio de prognosis sobre la probabilidad de que se

cometan futuros hechos delictivos a a travs o con ayuda de la persona jurdica.

- Test de proporcionalidad:

Para la imposicin de una consecuencia accesoria resulta fundamental someter

la decisin a un test de proporcionalidad, que abarca un juicio de idoneidad, de

necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, no solo se debe

tener en cuenta a finalidad preventiva, sino tambin de los intereses de los

trabajadores y acreedores de la empresa afectada con dicha medida. En

consecuencias, nos encontramos frente a medidas administrativas que

requieren ponderar otros intereses sociales, no solamente de peligrosidad de la

estructura de la persona jurdica.

III.3. MEDIDAS APLICABLES

Conforme se tiene establecido, las medidas aplicables a las personas jurdicas son de

naturaleza administrativa. Por otro lado es menester indicar que las mismas pueden ser

aplicables por el Juez en forma indistinta, no importando el orden en el que se encuentren

establecidas, sino considerando la naturaleza y/o gravedad del delito imputado cuya

actuacin hay importado la participacin de la persona jurdica. En ese sentido a

continuacin brindares algunos comentarios y precisiones con relacin a este tema.

Artculo 105.- Medidas aplicables a las personas jurdicas.

Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona

jurdica o utilizando su organizacin para favorecerlo o encubrirlo, el Juez deber aplicar

todas o algunas de las medidas siguientes:

1. Clausura de sus locales o establecimientos, con carcter temporal o definitivo. La

clausura temporal no exceder de cinco aos.

2. Disolucin y liquidacin de la sociedad, asociacin, fundacin, cooperativa o comit.

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3. Suspensin de las actividades de la sociedad, asociacin, fundacin, cooperativa o

comit por un plazo no mayor de dos aos.

4. Prohibicin a la sociedad, fundacin, asociacin, cooperativa o comit de realizar en

el futuro actividades, de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido,

favorecido o encubierto el delito.

La prohibicin podr tener carcter temporal o definitivo. La prohibicin temporal no

ser mayor de cinco aos.

Cuando alguna de estas medidas fuera aplicada, el Juez ordenar a la autoridad

competente que disponga la intervencin de la persona jurdica para salvaguardar los

derechos de los trabajadores y de los acreedores de la persona jurdica hasta por un

perodo de dos aos.

El cambio de la razn social, la personera jurdica o la reorganizacin societaria, no

impedir la aplicacin de estas medidas.

Clausura de locales o establecimientos con carcter temporal o definitivo.

Tomando lo sealado por Garcia Cavero, Percy, la clausura de locales o establecimientos

de la persona jurdica tiene lugar cuando existe objetivamente una peligrosidad sobre la

futura comisin de hechos delictivos debido a la forma como estn dispuestos estos

locales o establecimientos. Este mismo autor pone como ejemplo: La medida de clausura

debe tomarse si los locales abiertos al pblico de la persona jurdica no renen las

condiciones mnimas de seguridad exigidas por la normativa administrativa. No resulta

necesario que los locales sean de propiedad de la persona jurdica, ni tampoco que en

esos locales se haya realizado el delito que motiva el proceso penal. La realizacin del

delito no constituye el fundamento de la consecuencia accesoria, sino la ocasin para

poder constatar la peligrosidad de los locales o establecimientos usados por la persona

jurdica.

La clausura de locales o establecimientos puede ser temporal o definitiva. En caso sea

temporal, su duracin no puede ser mayor a cinco aos. La clausura definitiva no significa

la prdida del local o establecimiento, pues el inmueble puede ser utilizado

20

perfectamente para otros fines o actividades. La legislacin penal no establece los

criterios para saber cundo procede una clausura definitiva y cuando una temporales,

parece lgico entender que la clausura definitiva solamente ser aplicable cuando no

exista forma alguna de revertir la peligrosidad del local o establecimiento.

Suspensin de las actividades de la sociedad, asociacin, fundacin, cooperativa o

comit por un plazo no mayor de dos aos.

La suspensin de actividades constituye una medida temporal que le impide a la persona

jurdica realizar su actividad social. El presupuesto para poder imponer la medida de

suspensin de actividades es que la persona jurdica tenga aun una autorizacin para

funcionar, pues si no la tiene, simplemente no le asistir el derecho de poder realizar

dichas actividades. En este sentido, la suspensin solamente se entiende en tanto la

persona jurdica cuente con la autorizacin legal de funcionamiento. El fundamentos de

esta medida accesoria radica en el hecho de que la conducta delictiva producida en el

marco de las actividades de la persona jurdica pueda seguir desarrollndose. Por ejemplo

cuando el proceso productivo de la empresa a generado productos defectuosos que ha

perjudicado a los consumidores. Es lgico que mientras no se resuelva estos defectos de la

organizacin o se reformule en el proceso productivo, el peligro de futuros delitos de la

misma ndole se mantiene patente. El plazo mximo de la suspensin de actividades (el

cual es dos aos) se establece con el nimo garantista de evitar una medida

indeterminada de restriccin de derechos. Si cumplido el plazo mximo de la medida de

peligrosidad objetiva se mantiene, la administracin pblica estar autorizada a tomar las

medidas administrativas para controlar dicha peligrosidad. Esta es una medida que

propiamente se puede considerar de carcter exclusivamente administrativo.

Prohibicin a la sociedad, fundacin, asociacin, cooperativa o comit de realizar en el

futuro actividades de la clase de aquellas en cuyo ejercicio se haya cometido,

favorecido o encubierto el delito.

21

La medida de prohibicin de actividades de la persona jurdica debe recaer sobre el

mbito de actuacin en el que se ha realizado el delito y existe el peligro de que se pueda

volver a cometer. Constituye, en el fondo, una inhabilitacin, la cual no puede entenderse,

al menos en nuestro sistema penal, como una pena, sino como una medida que se

impone por que la persona jurdica se ha mostrado como incompetente para realizar

determinadas actividades sectoriales. A diferencia de la consecuencia accesoria de

suspensin de actividades, la prohibicin de actividades es parcial, en el sentido que no

impide a la persona jurdica su funcionamiento, sino que la inhabilita en determinados

mbitos de actuacin. Por ejemplo cuando una empresa a realizado defraudacin a las

rentas de aduanas en su actividad importadora y existe el peligro de seguir hacindolo. En

estos casos, tendr que adquirir los productos que necesita (insumos por ejemplo), va

una empresa importadora o recurrir a productos nacionales. No se le niega la posibilidad

de seguir realizando sus actividades, sino que se limita su intervencin en ciertos

sectores. Dada la incompetencia de la persona jurdica para desenvolverse

correctamente en determinado sector, el Juez toma la medida cognitiva de suspender

sus actividades en determinado sector. El aseguramiento es pues cognitivo y no

normativo.

La disolucin de la sociedad, asociacin, fundacin, cooperativa o comit.

La consecuencia accesoria de disolucin de la persona jurdica constituye la medida mas

drstica que se le puede imponer a una persona jurdica, en la medida que implica la

prdida de su existencia jurdica. Por esta razn, esta medida debe proceder cuando

resulta claro que la persona jurdica ha sido creada con fines nicamente delictivos. Nos

estamos refiriendo concretamente a las sociedades pantalla o fachada, las cuales se

utilizan slo con fines delictivos como para la defraudacin tributaria o el lavado de

activos. La existencia de la persona jurdica ha tenido, en estos casos, un fin nicamente

delictivo, de manera tal que su permanencia en el mundo jurdico no tiene ningn sentido.

22

El penltimo prrafo del artculo 105 del Cdigo Penal contempla la posibilidad de una

intervencin de la persona jurdica para salvaguardar los derechos de los trabajadores.

Hay que precisar, sin embargo, que no se trata de una medida autnoma, sino que debe

tomarse de la mano de cualquiera de las anteriores consecuencias accesorias, lo cual

condiciona tambin su duracin. Por lo tanto, la intervencin de la persona jurdica no es

propiamente una administracin judicial, sino la existencia de un interventor con

finalidades fundamentalmente de supervisin para que no se afecten los intereses de los

trabajadores. Por lo dicho, esta medida tampoco se puede confundir con un embargo en

forma de intervencin, pues la intervencin no se hace con la finalidad de resguardar

determinados bienes, sino para proteger los intereses de los trabajadores. La

administracin de la persona jurdica sigue encargada a sus directivos, existiendo

solamente un especie de rgano de control judicialmente impuesto que resguarda los

intereses de los trabajadores durante la imposicin de una consecuencia accesoria.

III.4. JURISPRUDENCIA RELACIONADA A LA APLICACION DE LAS CONSECUENCIAS

ACCESORIAS APLICABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS.

De conformidad con el articulo 105 del Cdigo Penal, es posible sealar, que el Juez deba

imponer consecuencias accesorias, siempre que se verifiquen en el caso concreto, cuando

menos, lo siguiente: A) Que se haya cometido un hecho punible o delito. B) Que la

persona jurdica haya servido para la realizacin, favorecimiento o encubrimiento del

delito. C) Que se haya condenado previamente al autor, fsico y especifico del delito.

Acuerdo plenario N 7-2009-CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente

y Transitoria de la Corte Suprema de la Repblica), Lima 13/11/2009, fundamento 14.

El inciso 1 del articulo 105, dispone la clausura temporal o definitiva de locales

establecimientos. Es decir, regula sanciones que afectan el funcionamiento de los

ambientes fsicos e inmuebles en los cuales la persona jurdica realiza sus actividades

23

organizaciones y operativas. Cuando la clausura sea temporal, no puede durar mas de 5

aos. Es importante precisar que para que proceda esta medida, el local o establecimiento

tiene que haber servido para la comisin, favorecimiento, encubrimiento del delito

(Castillo Alva, Jos, Las consecuencias jurdico-econmicas del delito, Idemsa, Lima,

2001, p. 310).

Acuerdo plenario N 7-2009-CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales

Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de la Repblica), Lima 13/11/2009,

fundamento 15-A.

El inciso 4 del articulo 105, contiene la prohibicin de realizar actividades futuras de

aquellas que involucraron a la persona jurdica con la comisin, favorecimiento o

encubrimiento de un hecho punible. Esta modalidad de consecuencia accesoria, puede ser

temporal o definitiva. En el primer caso, la prohibicin no puede extenderse mas all de 5

aos. Con esta sancin se afecta la operatividad posterior al delito del ente colectivo.

Tiene, pues, un claro sentido de la inhabilitacin para su desempeo futuro. No obstante,

el alcance de esta sancin es limitado y especial, pues no puede extenderse hacia otras

actividades no vinculadas con el delito.

Acuerdo plenario N 7-2009-CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales

Permanente y Transitoria), Lima 13/11/2009, fundamento 15-B

En el articulo 105 del Cdigo Penal, no existen reglas de determinacin que orienten la

aplicacin judicial, as como la justificacin interna o externa de las decisiones

jurisdiccionales que impongan las distintas consecuencias accesorias que dicha norma

contempla. No obstante esta limitacin normativa puede ser superada de modo

transitorio recurriendo a la implementacin judicial de los criterios adoptados para tal

efecto, el articulo 110 del anteproyecto de Reforma de la Parte General del Cdigo Penal

de la Comisin Revisora creada por Ley N 29153, en tanto y en cuanto sus postulados en

modo alguno son implicantes con los establecidos por el vigente Cdigo Penal y

constituyen reglas de desarrollo plenamente derivadas desde los principios de lesividad,

24

proporcionalidad y prevencin incorporados positivamente en el Titulo Preliminar del

Cdigo Penal. Por tanto corresponde utilizarlos en todo proceso de determinacin Judicial,

cualitativa y cuantitativa de las consecuencias accesorias que deban imponerse en un caso

concreto. Tales criterios son los siguientes: A. Prevenir la continuidad de la utilizacin de

la persona jurdica en actividades delictivas. B. La modalidad y la motivacin de la

utilizacin de la persona jurdica en el hecho punible. c) La gravedad del hecho punible

realizado. D. La extensin del dao o peligro causado , e. el beneficio econmico obtenido

con el delito. F. La reparacin espontanea de las consecuencias daosas del hecho

punible. G. La finalidad real de la organizacin, actividades, recursos o establecimientos de

la persona jurdica. H. La disolucin de la persona jurdica se aplicar siempre que resulte

evidente que ella fue constituida y oper solo para favorecer, facilitar o encubrir

actividades delictivas.

Acuerdo plenario N 7-2009-CJ-116 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales

Permanente y Transitoria), Lima 13/11/2009, fundamento 15-B

25

IV. CONCLUSIONES

Somos de la opinin que debe primar el principio del societas delinquere non

potest y esto porque el ejercicio de imputacin de responsabilidades no puede

alcanzar a un ser ficto, cuya voluntad no debe entenderse necesariamente

materializada en cada acto de sus representantes u rganos de representacin.

La individualizacin de la responsabilidad penal del autor del hecho, entendiendo a

este como una persona fsica, de forma implcita proscribe la posibilidad de

responsabilizar penalmente al conjunto de ellos reunidos y reconocidos en esta

ficcin jurdica, siendo que las consecuencias accesorias resultan sanciones

extrapenales adecuados y suficientes.

Otra de las conclusiones del presente trabajo, es que resulta fundamental para

imponer las consecuencias accesorias, que se haya determinado previamente que

una persona individual ha cometido un hecho punible en el ejercicio de la actividad

de la persona jurdica o ha utilizado su organizacin para favorecerlo o encubrirlo.

Por lo tanto, para imponer consecuencias accesorias, es necesario: a) Que se haya

cometido un hecho punible o delito, b) Que la persona jurdica haya servido para la

realizacin, favorecimiento o encubrimiento del delito, y, c) Que se haya

condenado penalmente al autor, fsico y especfico del delito.

26

V. BIBLIOGRAFA

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En Curso de Derecho Penal Econmico. Marcial Pons. Ediciones Jurdicas y sociales.

Madrid, 1998

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