resiliencia, identidad y -...

2012

a g o s t o

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Escuela de Trabajo Social

Trabajo social y complejos sociales:aportes para pensar los procesos de intervención profesionalSergio Daniel gianna

La noción de justicia en sociedades democráticas: una mirada desde Paul Ricoeurariel roSaleS ÚbeDa

“La obvia inferioridad de nuestras escuelas…”. Las primeras influencias norteamericanas en el Trabajo social chileno a inicios de la década de los 40Maricela gonzález Moya

Resiliencia, identidad y reconocimiento.Nuevas aproximaciones del concepto a los aportes de George Mead y Axel HonnethMax TeliaS Delpiano

The interagency guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings:implications for social work MarTha bragin

El desafío de la efectividad en la justicia penal juvenilDaniela Díaz bórquez

La conceptualización experta en los diagnósticos judiciales y penales de adolescentes en Montevideocarolina gonzález laurino

Facultad de Ciencias Sociales

2012

A G O S T O

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Trabajo social y complejos sociales:aportes para pensar los procesos de intervención profesionalSergio Daniel gianna

La noción de justicia en sociedades democráticas: una mirada desde Paul Ricoeurariel roSaleS ÚbeDa

“La obvia inferioridad de nuestras escuelas…”. Las primeras influencias norteamericanas en el trabajo social chileno a inicios de la década de los 40Maricela gonzález Moya

Resiliencia, identidad y reconocimiento.Nuevas aproximaciones del concepto a los aportes de George Mead y Axel HonnethMax TeliaS Delpiano

The interagency guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings:implications for social work MarTha bragin

El desafío de la efectividad en la justicia penal juvenilDaniela Díaz bórquez

La conceptualización experta en los diagnósticos judiciales y penales de adolescentes en Montevideocarolina gonzález laurino


Pontificia Universidad Católica de Chile

Revista Trabajo SocialAgosto / No 82 / 2012

FICHA TÉCNICA La Revista de Trabajo Social es una publicación semestral de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Revista fundada en 1970. Permitida la reproducción total o parcial de los artículos, citando la fuente. ISSN 0716-9736 Santiago/Chile.

DIreCTor respoNsAble Mg. Margarita Quezada

eDITorA Dra. Claudia Silva

ComITÉ Asesor eDITorIAl Mg. Margarita Quezada Directora de la Escuela de Trabajo Social UC, [email protected]

Dra. (c) Fabiola Cortez-Monroy Académica de la Escuela de Trabajo Social UC, [email protected]

Dra. Teresa Matus Académica de la Escuela de Trabajo Social UC, [email protected]

Dr. Rodrigo Flores Subdirector de Investigación y Postgrado, Escuela de Trabajo Social UC, [email protected]

Dr. Patricio Miranda Académico de la Escuela de Trabajo Social UC, [email protected]

Dr. Pablo Salvat Académico del Departamento Ciencias Políticas y Gobierno, Universidad Alberto Hurtado, [email protected]

Dr. Aldo Mascareño Académico de la Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez, [email protected]

Dr. Leonardo Onetto Académico de la Escuela de Trabajo Social UC, [email protected]

ComITÉ Asesor INTerNACIoNAl

Mg. Graciela Casas Escuela de Trabajo Social, UNAM, [email protected]

Ph.D. Lena Dominelli School of Applied Social Science, University of Durham, [email protected]

Ph.D. Edward Lawlor George Warren Brown School of Social Work, Washington University in St. Louis, [email protected]

Ph.D. James Midgley University of California, Berkeley, [email protected]

Ph.D. José Paulo Netto UFRJ Brasil, [email protected]

Prof. Alberto Parisi Universidad Nacional de Córdoba, [email protected]

Ph.D. Ana María Quiroga ISER Río de Janeiro, [email protected]

Ph.D. Margarita Rozas Universidad de la Plata, [email protected]

Prof. Saúl Karsz Asociación Prácticas Sociales de París, [email protected]

Ph.D. Luis Zayas George Warren Brown School of Social Work, Washington University in St. Louis, [email protected]

DIseño y DIAgrAmACIóN Diseño Corporativo UC

ImpresIóN Andros Impresores

Escuela de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquín. Vicuña Mackena 4860, Teléfono: 56-2-354 4606, Fax: 56-2-354 4667 www.trabajosocialuc.cl

sumario

7 Trabajo Social y complejos sociales: aportes para pensar los procesos de intervención profesionalSocial work and social complexities: contributions for pondering the professional intervention processesSergio Daniel gianna

23 La noción de justicia en sociedades democráticas: una mirada desde Paul RicoeurThe notion of justice in democratic societies: a view from Paul Ricoeurariel roSaleS ÚbeDa

33 “La obvia inferioridad de nuestras escuelas…”. Las primeras influencias norteamericanas en el Trabajo Social chileno a inicios de la década de los 40“The obvious inferiority of our programs…” early american influences on chile’s social work profession during the 1940sMaricela gonzález Moya

43 Resiliencia, identidad y reconocimiento. Nuevas aproximaciones del concepto a los

aportes de George Mead y Axel HonnethResilience, identity and recognitionNew approaches to the concept of the contributions of George Mead and Axel HonnethMax TeliaS Delpiano

53 The interagency guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings: implications for social work MarTha bragin

67 El desafío de la efectividad en la justicia penal juvenilThe challenge of the effectiveness of juvenile justiceDaniela Díaz bórquez

77 La conceptualización experta en los diagnósticos judiciales y penales de adolescentes en MontevideoThe expert conceptualization in judicial and penal teenagers’ diagnoses in Montevideocarolina gonzález laurino

En este número, en la línea de poner en cuestión lo social, un grupo de artículos ofrece fecundas aproximaciones contemporáneas ya sea desde el trabajo, desde lo justo, o desde el mismo Traba-jo Social. Es así como Sergio Gianna, mediante el pensamiento de Georg Lukács, reflexiona sobre el trabajo en cuanto actividad fundante del ser social, buscando a partir de ello comprender por qué el Trabajo Social es un complejo social y cómo me-diante la aprehensión de sus particularidades es posible desarrollar posiciones teleológicas que apunten a la construcción de estrategias de inter-vención profesional que superen la inmediatez y las meras demandas institucionales.

En relación a lo justo, desde el pensamiento herme-néutico de Paul Ricoeur, Ariel Rosales contribuye a la complejización del concepto de justicia en el marco de lo que el mismo autor denomina el mal político de la sociedad y su expresión “la tragedia de lo social”. Frente a la demanda por más ética de las sociedades contemporáneas, Rosales presenta la visión de Ricoeur como una nueva posibilidad den-tro del debate acerca de lo justo. Desde el mismo Trabajo Social, Maricela González utiliza el enfoque teórico de la historia global para mostrar la influen-cia norteamericana en el Trabajo Social chileno que comenzó a inicios de la década del 40 del siglo XX y que remplazó al ascendente europeo que había tenido la profesión en sus primeros quince años de existencia. Desde ahí intenta trascender la perspec-tiva puramente imperialista o dependentista con que ha sido abordado tradicionalmente este proce-so, buscando mostrar esta área de influencias como una “zona de contactos”.

Un segundo grupo de artículos asume la tarea de hacerse cargo de transformaciones semánticas en lo social que abren nuevas posibilidades para in-sumar la intervención. Es el caso de dos trabajos que desde el Trabajo Social recepcionan crítica-

mente la categoría de resiliencia, y dos artículos que ponen en tensión ciertas nociones utilizadas en el ámbito de la justicia penal juvenil. El tema de la resiliencia es abordado por Max Telias desde una perspectiva crítica, asumiendo como punto de partida las limitaciones metodológicas identificadas en los constructos vigentes sobre resiliencia (resi-liencia comunitaria, resiliencia familiar y resiliencia empresarial, entre otros), y buscando desde allí un espacio de relectura del fenómeno desde la Teoría del Reconocimiento de Axel Honneth. Por su par-te, en relación al mismo concepto, Martha Bragin analiza las directrices sobre salud mental y apoyo psicosocial en contextos de emergencia que el Inte-ragency Standing Committee (IASC) elaboró en el año 2007, afirmando que ellas deben ser conocidas y analizadas por parte de los profesionales en con-junto con los miembros de las comunidades y sus representantes, quienes estarían en la mejor posi-ción para evaluar su calidad y efectividad.

Finalmente, en el vínculo entre justicia y juven-tud, Daniela Díaz y Carolina González efectúan interesantes análisis respecto a los casos chileno y uruguayo. A través de los conceptos de prácticas efectivas e intervención basada en evidencia, Danie-la Díaz analiza los alcances y limitaciones existentes para observar la efectividad de las intervenciones en el contexto chileno e identifica algunos desafíos específicos para el Trabajo Social; ello, en el mar-co del análisis de la efectividad de la intervención implementada con jóvenes infractores de ley por los Programas de Reinserción Social. Por su parte, Carolina González analiza las ideas de riesgo social y vulnerabilidad –habitualmente utilizadas en el campo de la infancia en Uruguay– dando cuenta del uso de ambos conceptos en los informes socia-les judiciales y penales que parecen remitir a una lectura que sugiere distintas respuestas institucio-nales frente a la misma situación.

Margarita QuezadaDirectora

EscuEla dE Trabajo social

PonTificia univErsidad caTólica dE chilE

Editorial

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ISSN 0716-9736 / Revista Trabajo Social / No 82 / Agosto 2012 / P. 7-21

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trabajo social y complejos sociales: aportes para pensar los procesos de intervención profesionalsocial work and social complexities: contributions for pondering the professional intervention processes

Sergio Daniel gianna

Licenciado en Trabajo Social (Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba), Magíster en Trabajo Social (Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata) y Doctorando en Ciencias Sociales (Facultad de Ciencias Sociales, Universi-dad de Buenos Aires). Becario de investigación CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).Correo electrónico: [email protected]

Resumeneste trabajo, realizado en el marco de los estudios doctorales de posgrado, presenta algunos de los resultados alcanzados hasta el momento en torno a la relación entre el Trabajo social, la categoría trabajo y los complejos sociales. mediante el pensamiento de georg lukács, se busca reflexionar sobre el trabajo en cuanto actividad fundante del ser social y su distinción con los complejos sociales, cuya finalidad es actuar sobre las relaciones sociales. A partir de estos debates, se busca comprender por qué el Trabajo social es un complejo social y cómo mediante la aprehensión de sus particularidades, es posible desarrollar posiciones teleológicas que apunten a la construcción de estrategias de intervención profesional que superen la inmediatez y las meras demandas ins-titucionales.

Palabras clave. Trabajo social – Complejos sociales – Intervención profesional – Teleología.

SummaryThis work, carried out within the postgraduate doctoral study framework, shows some of the results achieved up to now concerning the relationship between social Work, job category and social complexities. Through the judgment of georg lukács, we seek to reflect about work as a foundational activity of social being and its distinction with social complexities, which aim to act on social relationships. As from these discussions, the intention is to understand why social Work is a social complexity and how, through the apprehension of its peculiarities, teleological attitudes aiming to build professional intervention strategies overcoming promptness and the mere insti-tutional claims may be developed.

Key words. social Work – social complexes – professional intervention – Teleology.

IntroducciónEl presente artículo, tiene por objetivo recuperar los aportes teóricos de G. Lukács en torno al trabajo y los complejos sociales, como categorías fecundas para reflexionar sobre los procesos teleológicos de la intervención profesional de los trabajadores so-ciales, que posibilitan la construcción de estrategias de intervención que superan las capas epidérmicas y fenoménicas de los fenómenos sociales a los que el profesional se enfrenta cotidianamente.Para ello, se prevé en un primer momento presentar algunas de las determinaciones esenciales de la ca-tegoría trabajo en cuanto modelo de la praxis social

(Lukács, 2004). Es decir, se pretende analizar como el individuo humano mediante el trabajo realiza un salto ontológico de un ser orgánico-natural al ser social, constituyéndose en un ser onto-creador, que a partir de la transformación de la naturaleza –y de sí mismo– produce una creciente reproducción ampliada, ya que la satisfacción de una “…primera necesidad, la acción de satisfacerla y la adquisición del instrumento necesario para ello conduce a nue-vas necesidades…” (Marx y Engels, 1959, p. 28). En este momento, también se prevé analizar el sur-gimiento de los complejos sociales y cuáles son sus particularidades respecto al trabajo.

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En un segundo momento, se presentarán algunos elementos centrales para comprender el modo de organizar el proceso de metabolismo social en el capitalismo, es decir, el modo en que se encuentra organizado el trabajo y cómo este adopta el rasgo de ser un trabajo asalariado cuyo contenido es el traba-jo alienado. Durante el desarrollo de este momento, se analizarán las condiciones históricas de emergen-cia del Trabajo Social como complejo social, inserto en la división social y técnica del trabajo en la fase imperialista del capitalismo.Finalmente, en un tercer momento, se busca abor-dar los procesos teleológicos secundarios en Trabajo Social, como categoría central que permite desarro-llar estrategias de intervención que diferencien la demanda institucional de la finalidad planteada por el profesional, ampliado sus espacios de autonomía relativa.

El trabajo: categoría fundante del ser socialLa génesis y desarrollo del hombre como ser social es, para Lukács (2004), el resultado de un salto ontológico, que desde las bases de la naturaleza or-gánica produce una ruptura con ésta, emergiendo un nuevo nivel del ser cualitativa y estructural-mente distinto. En palabras del autor, “el camino de la evolución es el de la supremacía máxima de las categorías específicas de una esfera vital sobre aquellas que obtiene su existencia y efectividad, de manera ineludible, a partir de la esfera anterior” (Lukács, 2004, p. 56).Es decir, esta supremacía de una esfera del ser sobre otra denota la esencia del salto ontológico en cuan-to proceso de ruptura con la continuidad rectilínea del anterior nivel del ser a partir de la cual emer-ge un ser cualitativa y estructuralmente distinto. Según Lukács (Kofler y otros, 1971), la estructura del ser posee tres formas fundamentales: la inor-gánica, la orgánica y la social. Si bien cada una de estas esferas ontológicas (Lessa, 2007a) posee una relación permanente entre sí –por ello la realidad es un “complejo de complejos”– las mismas conservan una “relativa autonomía”. Por lo tanto, la totalidad concreta está compuesta por complejos ontológicos cuyas procesualidades son particulares, expresándose estas diferencias cualitativas del salto ontológico entre los niveles del ser. Así, la naturaleza inorgánica es una esfera sin vida, cuya procesualidad consiste en transformarse en algo distinto; el mundo orgánico tiene una diná-mica epifenoménica, que se reproduce a sí misma continuamente, mientras que en la esfera social es

la conciencia, en cuanto desarrollo de posiciones te-leológicas, lo que distingue al ser social del mundo animal. En ese sentido, a diferencia del mundo de la natu-raleza orgánica, –donde el animal actúa de modo instintual y directo sobre el medio–, el mundo de los hombres antepone mediante la conciencia múltiples respuestas, producto de diversas alternativas ante una situación concreta. Es por ello que para Lukács el trabajo, en cuanto praxis primaria del hombre, crea “sus propias condiciones de reproducción; y, por cierto, de tal manera que la reproducción simple de lo existente en cada caso conforma solo el caso límite de la típica reproducción ampliada” (Lukács, 2004, p. 61).Es decir, el salto ontológico entre la esfera orgánica y la social es producto del desarrollo del trabajo, en cuanto actividad que permite al hombre superar las respuestas inmediatas e instintuales sobre el medio, anteponiendo una mediación entre las necesidades humanas y la satisfacción de las mismas, a partir de un proceso de producción de valores de uso. El trabajo, de este modo, se constituye en la actividad fundante del ser social, que mediante la transforma-ción de la naturaleza genera los valores de uso –sean del estómago o de la fantasía (Marx, 2002)– nece-sarios para la reproducción humana. Para Marx, “El proceso de trabajo (…) es una actividad orientada a un fin, el de la producción de valores de uso, apro-piación de lo natural para las necesidades humanas, condición general del metabolismo entre el hombre y la naturaleza, eterna condición natural de la vida humana y por tanto independiente de toda forma de esa vida, y común, por el contrario, a todas sus formas de sociedad” (2002, p. 223).Lo señalado por Marx permite inferir, por un lado, el carácter universal y esencial que tiene el intercambio del hombre con la naturaleza para su reproducción biológica y social, siendo el trabajo la actividad fun-damental a partir del cual el individuo organiza el proceso de producción y reproducción de la vida social, ya que sin este no habría vida humana; por el otro, que todo acto de trabajo es una actividad puesta orientada por una finalidad, donde “al consu-marse el proceso de trabajo surge un resultado que antes del comienzo de aquel ya existía en la ima-ginación del obrero, osea idealmente. El obrero no solo efectúa un cambio de forma de lo natural; en lo natural, al mismo tiempo, efectiviza su propio obje-tivo, objetivo que él sabe que determina, como una ley, el modo y manera de su accionar y al que tiene que subordinar su voluntad” (Marx, 2002, p. 216).Es a partir de un proceso teleológico, que es siem-

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Trabajo social y complejos sociales: aporTes para pensar los procesos de inTervención profesional

pre puesto –ya que implica la posición de un fin y una conciencia que coloca fines–, que el trabajo transforma la naturaleza, produciendo una nueva objetividad, que al mismo tiempo, conserva sus fundamentos ontológico-naturales. Mediante esta posición teleológica, que implica un proceso de determinación de los fines e investigación de los medios para alcanzar dicha finalidad, es que se bus-ca convertir la causalidad –en cuanto “movimiento autónomo basado en sí mismo” (Lukács, 2004, p. 63)– en una causalidad puesta. La teleología, de este modo, es un momento del tra-bajo que antecede y dirige la acción y a partir de la cual son anticipadas en la conciencia las accio-nes y los resultados de las mismas. Recuperando a Aristóteles, Lukács (2004) señala que el proceso de trabajo supone dos componentes, el acto de pensar y producir. Complejizando esta posición a partir de Hartmann, el primer componente incluiría dos di-mensiones, la concreción de la determinación del fin y la investigación de los medios.Este proceso de investigación de los medios bus-ca aprehender las cualidades y determinaciones de aquellos objetos y cadenas causales necesarias para la consecución del fin planteado. Es decir, supone un conocimiento objetivo en torno a la causalidad para actuar sobre ella y transformarla. Para Lukács, “la investigación tiene, en ello, una doble función: por un lado, revela lo que se halla presente en sí en los objetos en cuestión, independientemente de toda conciencia; por otro, descubre en los ob-jetos nuevas combinaciones, nuevas posibilidades de función, a través de cuya puesta en movimiento puede únicamente ser realizado el fin teleológica-mente puesto” (2004, p. 70).La realización exitosa o el fracaso del trabajo de-penderán en gran medida del grado de aprehensión de las cadenas causales necesarias para transformar la realidad y producir una nueva objetividad. En ese sentido, la teleología desarrolla un reflejo de la realidad, donde el sujeto, mediante la conciencia, reproduce objetos que son externos a él, constitu-yéndose la relación sujeto-objeto, como unidad no identitaria entre el individuo humano y la realidad exterior. Es por ello, que “en el reflejo de la realidad, la reproducción se separa de la realidad reproduci-da, se cristaliza en una ‘realidad’ propia dentro de la conciencia. Hemos puesto entre comillas la pala-bra realidad, ya que en la conciencia la realidad es meramente reproducida; surge una nueva forma de objetividad, pero no una realidad; y lo reproduci-do no puede ser semejante, y aun menos idéntico a aquello que se reproduce” (2004, p. 83-84).

El reflejo, por lo tanto, permite al individuo cono-cer la realidad a partir de la finalidad propuesta, descubriendo en la realidad sus cualidades y de-terminaciones, es decir, sus posibilidades, que mediante una cadena de alternativas el individuo lleva a la práctica. A partir de la objetivación, que no es más que el proceso de transformación de la reali-dad, se vuelve la causalidad dada en una causalidad puesta. Este proceso de objetivación enfrenta al indi-viduo a una situación concreta con cadenas causales concretas, debiendo elegir entre diversas alternativas para la consecución de la finalidad propuesta.En otras palabras, la teleología –que determina la finalidad del acto del trabajo y los medios acordes para la consecución del mismo– permite orientar el pasaje de la posibilidad, en cuanto proyecto ideal de la finalidad a alcanzar, a la realidad, proceso que enfrenta al individuo a una serie de alternativas concretas dentro de una situación específica y parti-cular. Es decir, lo que orienta al trabajo es un deber ser (Lukács, 2004) en el cual las diversas acciones emprendidas en el proceso de trabajo se orientan a favorecer la consecución de la finalidad planteada.Este proceso de transformación de la realidad, pa-saje en el cual la teleología busca actuar sobre la causalidad, es el momento en el cual el trabajo hu-mano se objetiva, donde se produce la articulación y encuentro entre la teleología, –en cuanto previa ideación–, y la materialidad de la realidad. Median-te la objetivación del trabajo humano, la realidad comienza a ser transformada por el propio hombre, constituyéndose de este modo, el mundo de los hombres (Lessa, 2002).Sin embargo, como advierte Marx (2002), este proceso de transformación de la naturaleza tam-bién impacta en la propia naturaleza humana, modificándola. Esta transformación refiere a la exte-riorización, en el cual aquel hombre individual que realizó el proceso de trabajo y la sociedad en la que se encuentra ya no es la misma luego de este acto de trabajo, por un lado, porque los límites entre lo co-nocido y lo desconocido se han modificado (Lessa, 2000), por el otro, porque el hombre ha avanzado en el dominio conciente y racional de la realidad, para poder actuar sobre ella. Como advierte Lessa (2002), tanto la objetivación como la exteriorización son momentos de una mis-ma procesualidad: el trabajo, siendo la primera la transformación de la realidad a partir de la teleo-logía y la segunda, una instancia de retorno de la objetivación sobre el individuo, sobre su subjeti-vidad. De este modo, el trabajo inicia un proceso de transformación que no se limita únicamente a

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la realidad objetiva, sino que también impacta en el propio individuo, fortaleciendo a la conciencia como aquel órgano que permite dar respuestas que, de modo conciente y voluntario, buscan transfor-mar la realidad.Hasta aquí se ha intentado mostrar cómo a partir del trabajo se produce un retroceso de los “límites naturales”1 –disminuyendo la incidencia de las de-terminaciones naturales sobre la vida humana– y dando origen a un proceso de humanización del hombre, constituyéndolo como un ser social que se distingue de la naturaleza, ya que en la esfera de la vida orgánica se produce la aparición y desaparición de nuevas especies animales y vegetales mientras que en la esfera social se desarrolla una historia, en la que surgen y perecen relaciones sociales. Tanto el retroceso de los “límites naturales” como la constitución del ser social suponen que el intercam-bio entre el hombre y la naturaleza –intercambio fundamental para la vida humana– empieza a es-tar mediados por la sociedad, ya que “una posición teleológica provoca siempre otras posiciones te-leológicas, tanto que de esto surgen totalidades complejas, las cuales hacen que la mediación entre el hombre y la naturaleza se procese cada vez más extensa, y cada vez más exclusivamente en términos sociales” (Lukács, 1981, p. 139).Las objetivaciones de un acto de trabajo individual son la condición para la realización de otros actos de trabajo, constituyendo de este modo el mun-do de los hombres. No obstante, el ser social no se limita al trabajo, sino que, teniendo a este como modelo, va produciendo una serie de objetivaciones que lo trascienden. Según Netto y Braz (2006) se ocasionan un conjunto de esferas de objetivación que tienen origen en el trabajo pero que progresi-vamente se van autonomizando de este. Es por ello que estos autores utilizan a la categoría praxis como algo más amplio y abarcativo, que incluye al trabajo y las diversas objetivaciones humanas.Hasta aquí, la exposición se ha centrado en aquellas determinaciones esenciales de la categoría trabajo, siendo esta una abstracción en la medida en que el individuo humano no se encuentra aislado, sino que por el contrario, está inserto en un proceso de metabolismo social, es decir, en una malla de rela-ciones entre los hombres y con la naturaleza. En

relación a esto, Lessa recalca que “para Lukács, el carácter de totalidad del ser es importante, porque permite divisar con claridad un momento funda-mental de la procesualidad del trabajo: al insertarse en la malla de relaciones y determinaciones preexis-tentes, el objeto construido altera (mínimanente), desencadenando nexos causales (o sea, una secuen-cia de causa y efecto) que son, al mismo tiempo, 1) impregnados por momentos de causalidad y, 2) en su totalidad en el momento de la previa ideación, son imposibles de ser conocidos porque aún no acontecieron” (2007a, p. 44). Así, el mundo de los hombres es un complejo de complejos donde predomina el trabajo y otros modos de objetivación, que Lukács (1981) llamó complejos sociales. A diferencia del trabajo, que establece un intercambio entre el hombre y la natu-raleza, los complejos sociales surgen para garantizar los procesos de producción y reproducción social. Estos últimos asumen la particularidad de actuar sobre la relación hombre-hombre, constituyendo posiciones teleológicas secundarias, cuyo objeto es actuar sobre la conciencia de un hombre o de un conjunto de hombres, quienes efectivizarán el proceso de trabajo. Es decir, estos procesos te-leológicos secundarios buscan “conseguir que un hombre (o un grupo de hombres) realice, por su parte, posiciones teleológicas concretas. Este pro-blema aparece en cuanto el trabajo se ha vuelto ya a tal punto social, que se basa en la cooperación de varios hombres(…). De ahí que esta segunda forma de posición teleológica, en la cual el fin puesto es inmediatamente un fin puesto por otros hombres, ya aparezca en un nivel muy primitivo” (2004, p. 103-104).Esta distinción entre el trabajo y los complejos so-ciales no supone una segmentación ni separación entre una “estructura” y una “superestructura”, sino que permite captar cuál es la función social des-empeñada por el trabajo y los complejos sociales, así como las particularidades que asumen en cada momento histórico. Las teleologías secundarias in-troducen y actúan sobre los intereses sociales, que, en el caso de las sociedades de clases, son contra-dictorios y antagónicos. Como recalca Lukács, “la pertenencia de clase y la participación en la lucha de clases determinan hondamente las decisiones vi-

1 Cabe aclarar que para Lukács este retroceso de los límites naturales no supone su desaparición, ya que “se trata(…)de un ininterrumpido retroceso de los límites naturales, pero nunca de la plena superación de estos; el hombre, el miembro activo de la sociedad, el motor de las transformaciones y avances de esta, sigue siendo ineludiblemente, en un sentido biológico, un ser natural: en un sentido biológico, su conciencia sigue estando ligada indisolublemente al proceso de reproducción biológica de su cuerpo, también en la sociedad se mantiene intacta la base biológica de la vida” (Lukács, 2004, p. 157).

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tales de cada miembro de la sociedad. Así, surge un ámbito de juego para los fenómenos conflictivos en cuanto el contenido de las alternativas rebasa de-cisivamente el metabolismo de la sociedad con la naturaleza” (2004, p. 147).Así, los complejos sociales tienen como particula-ridad y funcionalidad el garantizar la reproducción social, generando una determinada forma de orga-nización de las relaciones sociales. En la sociedad de clases, complejos sociales como el Estado, el Derecho, los medios de comunicación, son esencia-les para mantener el orden social vigente y estos, procuran intervenir sobre la conciencia y sobre las alternativas concretas que los individuos realicen2 (Lessa, 2011).El desarrollo del proceso de producción y reproduc-ción social constituye una totalidad (“complejo de complejos”) donde predomina el trabajo, en cuanto proceso de intercambio entre el hombre y la natu-raleza, y diversas objetivaciones, como la ciencia, el arte, los valores éticos, entre otros, que intervienen en las relaciones entre los propios hombres. Esta unidad, que Netto y Braz (2006) sintetizan en la categoría praxis, en cuanto proceso de constitución histórica del hombre como ser social, ha atravesado diversos momentos históricos, donde los modos de organizar las relaciones humanas y con la natura-leza han mutado y cambiado. De allí que Marx y Engels (1959) recalquen que lo que son los hom-bres coincide con su producción –con el proceso de organización del trabajo y los valores de uso produ-cidos– al mismo tiempo que la trasciende, ya que el modo en que se organiza el trabajo también da cuenta y refiere al proceso de reproducción biológi-ca y social de la vida humana, es decir, al modo en que los hombres organizan su vida.

Trabajo alienado y Trabajo SocialHasta aquí, la exposición ha intentado mostrar cómo el trabajo se constituye en el momento pre-dominante a partir del cual se despliegan diversas determinaciones que constituyen al individuo en

ser social. Sin embargo, Lukács, al inicio del capí-tulo del trabajo perteneciente a la Ontología del Ser Social hace algunas advertencias en torno al trata-miento teórico que se realiza sobre esta categoría: “Hay que tener siempre en claro que, con la con-sideración que aquí realizamos del trabajo como elemento aislado, se consuma una abstracción; la socialización, la primera división del trabajo, el len-guaje, etc., surgen sin duda del trabajo, pero no en una sucesión temporal puramente determinable, sino simultáneamente, de acuerdo con la esencia. Es, pues, una abstracción sui generis la que aquí rea-lizamos” (2004, p. 57).Esta abstracción, que no implica una construcción teórica de carácter valorativa por parte de Lukács, en torno al ser en general y al ser social en parti-cular, apunta a reconocer en el trabajo no solo la praxis primaria a partir de la cual se desarrolla el individuo humano, sino también a que la misma es la base inelimininable de la existencia humana, sin la cual no existiría la vida del hombre. Es decir, el intercambio del hombre con la naturaleza es una determinación general y esencial de la vida huma-na, que trasciende por su carácter ontológico los modos de producción existentes y venideros. Cabe aclarar que esto significa, por un lado, que el trabajo ha existido y existirá en la vida humana como aquel “piso” necesario para la reproducción biológica y social del hombre3, y, por otro, que las formas con-cretas a partir de las cuales se organiza el proceso de metabolismo social adquieren rasgos históricos, es decir, que el modo en que se organiza el intercam-bio con la naturaleza varía históricamente, así como las relaciones entre los propios hombres.Por lo tanto, aprehender la categoría trabajo en el modo de producción capitalista no significa aban-donar aquellas categorías fundantes de la misma –la teleología, la causalidad puesta, la objetivación y la exteriorización– sino, por el contrario, apre-henderlas “en un complejo social que se mueve y reproduce procesualmente” (Lukács, 1981, p. 1). En ese sentido, en el modo de producción capita-

2 Como advierte Lukács, “Cuanto más se desarrolla el trabajo, y con el la división del trabajo, tanto más autónomas se tornan las formas de las posiciones teleológicas de segundo tipo, y tanto más pueden desarrollarse en un complejo por sí de la división del trabajo. Esta tendencia evolutiva de la división del trabajo en la sociedad se encuentra, necesariamente, con el nacimiento de las clases: las posiciones teleológicas de este tipo, por vía espontánea o institucional, pueden ser puestas al servicio de un dominio, independiente de quien se sirva de esto; de aquí la frecuente ligación del trabajo intelectual, tornado autónomo, con los sistemas de dominación clasistas…” (1981, p. 18).

3 En torno a esta cuestión, Lukács afirma: “El ser social solo existe en su interrumpida reproducción…la transformación incesante en el curso de la reproducción produce continuamente los trazos substanciales específicos del ser social, en una escala cuantitativa y cualitativa cada vez más amplia. Como surgió de la naturaleza orgánica, el ser social conserva, por fuerza de las cosas, los trazos ontológicos permanentes de su origen. Este enlace entre las dos esferas… (se refiere a la esfera orgánica) es el hombre como ser biológico. Su reproducción –biológica– es no solo la inevitable premisa del ser social, sino también un polo del proceso reproductivo cuyo otro polo es constituido por la totalidad de la propia sociedad” (1981, p. 36).

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lista la relación social general se constituye en una unidad indirecta del trabajo social, donde a partir del trabajo privado, los productos libres e inde-pendientes de mercancías intercambian de modo conciente y voluntario sus mercancías. Es decir, la producción de mercancías es la condición a partir de la cual un individuo humano participa de la re-lación social general y mediante ella, puede obtener otros valores de uso que necesita para satisfacer sus necesidades.Esto supone que la mercancía tiene la propiedad de ser al mismo tiempo un valor de uso y un valor, ya que en cuanto valor de uso es un objeto que satis-face una necesidad humana. Sin embargo, el acceso indirecto a los productos del trabajo de la sociedad (trabajo social) genera que solo mediante el cam-bio el individuo puede acceder a los valores de uso necesarios para la reproducción de su vida. De allí que la mercancía es también un valor, donde pro-ductores libres e independientes intercambian sus respectivas mercancías por su valor, es decir, por el tiempo de trabajo socialmente necesario que lleva producir la misma, en cuanto tipo medio social.Esta figura del productor libre e independiente de mercancías, con que se inicia la obra de Marx El Capital (2002), guarda cierta similitud con la con-cepción del ciudadano libre del Estado y comienza a adquirir mayor concreción en el devenir de la obra, ya que esta apariencia, de individuos que intercam-bian voluntariamente sus mercancías, es el resultado de un proceso de expropiación violento donde el productor es separado de los medios de producción, constituyendo al obrero doblemente libre, que “ni están incluidos directamente entre los medios de producción (…) ni tampoco le pertenecen a ellos los medios de producción (…) hallándose, por el con-trario, libres y desembarazados de esos medios de producción” (Marx, 2004, p. 892-893).Esto genera la existencia de una gran masa de des-poseídos que, sin contar con los medios necesarios para trabajar, solo posee su fuerza de trabajo4 para ser vendida. Es por ello que el acto “voluntario y conciente” de aquellos que venden su fuerza de trabajo en el mercado encierra en sí y tiene por contenido la venta forzosa de la fuerza de trabajo, como la única posibilidad que tiene el obrero de reproducir su vida y, por otro lado, es necesario que aquellos poseedores de los medios de producción y de dinero adquieran dicha fuerza de trabajo. En

torno a esta relación social, Marx señala que “él (por el obrero) y el poseedor de dinero se encuentran en el mercado y traban relaciones mutuas en calidad de poseedores de mercancías dotados de los mis-mos derechos, y de que solo se distinguen por ser el uno vendedor y el otro comprador; ambos, pues, son personas jurídicamente iguales” (2002, p. 205).La adquisición de la fuerza de trabajo en el merca-do, a partir de la contratación del obrero por una cantidad de horas determinadas de trabajo, permite a aquella clase social poseedora de los medios de producción –la burguesía– poner en movimiento al “trabajo muerto”, es decir a los medios de pro-ducción y la materia prima, con el “trabajo vivo”, la fuerza de trabajo que convierte al capital cons-tante en una mercancía específica. En esta relación contractual entre los poseedores de los medios de producción y los vendedores de fuerza de trabajo, el primero contrata al segundo para que realice un proceso de trabajo, esto quiere decir, produzca una objetivación que ya no le pertenece al individuo que transformó una porción de la realidad creando un objeto útil y que satisface necesidades humanas, sino que pertenece a quien lo contrató, a la bur-guesía.Esta objetivación, que no pertenece a quien efectiva-mente produjo una transformación en la causalidad, volviéndola útil según finalidades humanas, comien-za a ser desarrollada bajo el control del capitalista (que luego delega esta función de control en los su-pervisores y capataces), quien define en igual medida el proceso teleológico del proceso de trabajo, es decir, la finalidad y los medios necesarios para su conse-cución. Como sintetiza con precisión Lessa, este proceso de trabajo “deja de ser algo que, del inicio al fin, expresaba una determinada necesidad (…), una determinada elección (…) de un individuo determi-nado para ser expresión de una elección hecha por un individuo y llevada a la práctica por otro, con la finalidad de dar ganancia al patrón que no trabajó. Y el trabajador que ejecuta la orden del capitalista lo realiza como resultado de una coacción: la única forma del trabajador para sobrevivir bajo el capital es vender su fuerza de trabajo, a cambio de un salario, al burgués” (2011, p. 28).La creciente mercantilización de la vida social, y en particular de la fuerza de trabajo, conduce a la consolidación de un trabajo alienado, que, a dife-rencia de aquel trabajo productor de valores de uso,

4 La fuerza de trabajo es “el conjunto de las facultades físicas y mentales que existen en la corporeidad, en la personalidad viva de un ser humano y que él pone en movimiento cuando produce valores de uso de cualquier índole” (Marx, 2002, p. 203).

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que permite crear los medios de vida del hombre y una creciente satisfacción de las necesidades huma-nas, tiene por objetivo producir “no solo un valor de uso, sino un valor, y no solo valor, sino además plusvalor” (Marx, 2002, p. 226).La existencia de un plusvalor, esto quiere decir, de una mayor magnitud de valor que la originalmente desembolsada al inicio del trabajo, no supone que el capitalista se la apropie de manera forzosa o violenta al trabajador, sino que mediante la extensión de la jornada laboral o la intensificación del acto de traba-jo se extiende el tiempo excedente de trabajo sobre el tiempo socialmente necesario de producción de la fuerza de trabajo. Es esta cualidad específica de la fuerza del trabajo la que busca el capitalista en el proceso de valorización de una mercancía, ya que “el valor de la fuerza de trabajo y su valorización en el proceso laboral son, pues, dos magnitudes diferen-tes. El capitalista tenía muy presente esa diferencia de valor cuando adquirió la fuerza de trabajo. Su propiedad útil, la de hacer hilado o botines, era solo una conditio sine qua non, porque para formar valor es necesario gastar trabajo de manera útil. Pero lo decisivo fue el valor de uso específico de esa mercan-cía, el de ser fuente de valor, y de más valor del que ella misma tiene” (2002, p. 234).Esta forma histórica que adquiere el modo de or-ganización del proceso de metabolismo social lleva de modo en sí mismo una creciente alienación del trabajo y de cosificación de las relaciones sociales, tanto en lo que respecta al proceso de objetivación del trabajo como de la objetivación misma, ya que no les pertenece al individuo que la produjo.Esto significa que existe una diferencia entre el trabajo, como categoría fundante del ser social, y la forma histórica que adquiere en el capitalismo. Mientras la primera busca desarrollar las capacida-des humanas ampliando el campo de alternativas concretas que el individuo puede desarrollar en la satisfacción de sus necesidades, en el trabajo alie-nado el fin último es la producción de plusvalía5 (Lessa, 2007b).La constitución histórica del capitalismo como sociedad de clases, supone que esta se encuentra atravesada por la lucha de clases entre los intere-ses antagónicos del proletariado y la burguesía. Este enfrentamiento entre el capital y el trabajo, siendo esta la contradicción constitutiva del capitalismo,

genera la necesidad de un conjunto de prácticas e instituciones que tienen por función social la repro-ducción de las relaciones sociales vigentes. Como advierte Lukács, “en la medida que el ser social se va sociabilizando, el dominio absoluto de la mera fuerza se atenúa, aunque nunca desaparece com-pletamente en la sociedad de clases. Pues, cuando los antagonismos sociales ya adquieren formas más mediadas, reducir la regulación del actuar al puro uso de la fuerza significaría llegar, sin más, a la des-trucción de la sociedad” (1981, p. 61-62).En ese sentido, los complejos sociales tienen cier-tas similitudes con el trabajo en lo que respecta a su forma (se objetivan posiciones teleológicas), a su materialidad (si bien pueden trabajar con distin-tos ambientes y herramientas, ambos se relacionan con la producción de bienes materiales, tanto en su fase de preparación como de transformación) y a ser trabajos asalariados. Sin embargo, la distinción central entre el trabajo y los complejos sociales se encuentra en la función social que desarrolla: si la primera tiene como finalidad la transformación de la naturaleza según finalidades humanas, la segunda interviene sobre las relaciones sociales, generando las condiciones necesarias para que el trabajo pueda efectivizarse y realizarse (Lessa, 2007c).El propio Lukács hace referencia a que la trans-formación de la naturaleza por parte del hombre constituye las posiciones teleológicas primarias, existiendo también otras posiciones teleológicas, que denomina secundarias, cuyo “objeto de esta posición secundaria no es, pues, ya algo puramente natural, sino la conciencia de un grupo humano; la posición del fin ya no tiene por fin transformar un objeto natural, sino la ejecución de una posición te-leológica que, por cierto, ya está orientada a objetos naturales; los medios, igualmente, ya no son inter-venciones sobre objetos naturales, sino que quieren provocar tales intervenciones en otros hombres” (2004, p. 104).Por lo tanto, el desarrollo de la sociabilidad humana fundada en el trabajo va generando un conjunto de complejos sociales que comienza a adquirir una au-tonomía (relativa) respecto al trabajo. Según Lukács, “la división del trabajo, en su expansión cuantitati-va y cualitativa, crea cargos especiales, formas de mediaciones específicas entre complejos sociales singulares que, exactamente por causa de esta fun-

5 En palabras de Lessa “La finalidad del trabajo abstracto es la producción de plusvalía antes que la producción de los valores de uso necesarios a la vida humana. Esta sumisión de las necesidades humanas a las necesidades de la reproducción del capital es, sin embargo, apenas la expresión condensada de las alineaciones típicas del capital, y no cancela el hecho ontológico de que sin la transformación de la naturaleza en los medios de producción y subsistencia siquiera el capital podría existir” (2007b, p. 195).

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ción en el proceso reproductivo del complejo total, adquieren una peculiar estructura interna. Pero, jus-tamente porque el funcionamiento correcto en un nivel superior del complejo total atribuye al comple-jo parcial mediador funciones parciales especificas, este asume cierta autonomía (…) un cierto modo autónomo y especifico de reaccionar y actuar (…)” (1981, p. 75). De este modo, diversos complejos so-ciales como el Estado, el Derecho, la Educación, los medios de comunicación, se constituyen en meca-nismos coercitivos y de consenso que garantizan la reproducción de la sociabilidad capitalista. Esta distinción entre el trabajo y los complejos socia-les no supone que los segundos, por su autonomía, no tengan alguna mediación con el trabajo, es decir, con la posición teleológica y la transformación de la realidad mediante la objetivación. Sin embargo, los complejos sociales al actuar sobre las relaciones sociales se encuentran atravesados por intereses sociales contradictorios. Es por ello que para Lessa (2007c), el acto de trabajo requiere el conocimiento de los medios y fines destinados a transformar una posición de la naturaleza, mientras que los comple-jos sociales buscan desencadenar ciertas posiciones teleológicas en otros individuos, con lo cual son necesarios otros medios y fines, destacándose entre ellos la ideología.Mediante este desarrollo, que ha permitido iden-tificar las diferencias existentes entre la categoría trabajo y los complejos sociales, es posible afirmar que el Trabajo Social es uno de los complejos socia-les que actúa sobre la reproducción de las relaciones sociales capitalistas vigentes. Es decir, en sus orí-genes, la profesión formó (y actualmente forma) parte de las estrategias desarrolladas por la clase dominante en la fase monopólica del capitalismo para actuar sobre las refracciones de la “cuestión so-cial”, esto es, en los distintos problemas sociales que emergen como resultado de la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía (Netto, 1997).Este enfrentamiento entre las clases sociales funda-mentales da origen a la “cuestión social”, que según Iamamoto es “expresión del proceso de formación y desarrollo de la clase obrera y de su ingreso en el escenario político de la sociedad exigiendo su reco-nocimiento como clase por parte de empresarios y del Estado. Es la manifestación, en lo cotidiano de la vida social, de la contradicción entre el proletariado

y la burguesía, la cual pasa a exigir otros tipos de in-tervención, más allá de la caridad y de la represión. El Estado pasa a intervenir directamente en las rela-ciones entre el empresariado y la clase trabajadora, estableciendo no solo una reglamentación jurídica del mercado de trabajo, a través de la legislación so-cial y laboral específicas, sino también interviniendo en la organización y prestación de los servicios so-ciales, como un nuevo tipo de enfrentamiento de la cuestión social” (1992, p. 91-92). La constitución del proletariado como clase para sí comenzó a requerir del Estado no solo su actuación represiva, disolviendo manifestaciones, reprimiendo y rechazando las luchas y reivindicaciones obreras, sino también el desarrollo de diversas intervencio-nes sobre las manifestaciones de la “cuestión social”. De este modo, el Estado comienza a enfrentarse ya no a situaciones puntales y concretas, sino a reivin-dicaciones de la población obrera. En ese sentido, Oliva señala que “el problema no era una cuestión estrictamente cuantitativa, sino que las respuestas merecieron un cambio cualitativo: el carácter co-lectivo de las demandas de la época, no permite que la dádiva puntual sea la forma de resolver las necesidades, sino que se requieren acciones más complejas para dar respuestas no a ‘un’ mendigo o ‘un’ desocupado inidentificable sino a la ‘población entera’” (2007a, p. 16).Este accionar del Estado coincide con la fase del capitalismo en su etapa imperialista, donde la ma-nutención de la tasa de ganancia del capital requiere de mecanismos extraeconómicos, revitalizando el accionar del Estado, no solo en su función de res-guardo de la propiedad privada, sino también en su imbricación con sus funciones políticas. En palabras de Netto “el capitalismo monopolista, por su diná-mica y contradicciones, crea condiciones tales que el Estado por él capturado es permeable a demandas de las clases subalternas, que pueden hacer incidir en él sus intereses y sus reivindicaciones inmediatas. Y que este proceso está en su conjunto tensionado no solo por las exigencias del orden monopólico, sino también por los conflictos que este hace emanar en toda la escala societaria” (1997, p. 18).En este marco, el Estado comienza a desarrollar de modo sistemático una intervención sobre las manifestaciones de la “cuestión social”, a través de políticas sociales6. Este accionar del Estado está

6 Pastorini (2000) señala que las políticas sociales son el resultado de las relaciones antagónicas entre el Estado, las clases subalternas y las clases hegemónicas. Por ende, son tanto concesiones del Estado y del capital como así también conquistas de la clase trabajadora. Al mismo tiempo, la autora recalca la función política –como mecanismo legitimador del orden– y económica –abaratamiento de la fuerza de trabajo, mediante la socialización de los costos de producción– de las políticas sociales.

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dirigido a actuar sobre los efectos de la “cuestión social”, sobre sus refracciones y no sobre la causa de la misma. De allí que Netto (1997) refiera que este accionar se estructura mediante la fragmentación y parcialización de la “cuestión social”, conformando recortes abstractos que intervengan sobre proble-mas sociales puntuales.El creciente accionar de la clase obrera requirió de una progresiva intervención del Estado sobre las manifestaciones de la “cuestión social” y la consti-tución, no solo de instituciones que abordaran los distintos problemas sociales, sino también de pro-fesionales que actuaran sobre los mismos, entre los que se encontraba el trabajador social. En síntesis, en el marco del desarrollo del capitalis-mo en su fase imperialista, el Trabajo Social emerge como uno de los complejos sociales motorizados por la clase burguesa para actuar y armonizar los con-flictos sociales. Mediante estos planteos, es posible comprender que el Trabajo Social sea demandado como una profesión, inscrita en la división socio-técnica del trabajo, siendo esta una de las formas institucionalizadas por el Estado para regular y aten-der las refracciones de la “cuestión social”, y cuya función asignada es la reproducción de la fuerza de trabajo y la transmisión de la ideología de la clase dominante. En ese sentido, el trabajo profesional del trabajador social se enfrenta a la contradicción de responder a intereses y necesidades de las clases antagónicas, reforzando las condiciones de domina-ción sobre las clases subalternas, y de participar al mismo tiempo de las respuestas a las necesidades mínimas e indispensables de la clase trabajadora7.A continuación, en el siguiente apartado, se pre-tende hacer un análisis crítico de aquellos planteos posmodernos en Trabajo Social, indagando qué ele-mentos proponen para la intervención profesional, específicamente en lo que respecta a la dimensión teleológica, en la determinación de los medios y los fines y, al mismo tiempo, plantear cuáles serían desde una perspectiva marxista, algunas de las determina-ciones fundamentales para conformar estrategias de intervención profesional que superen la mera inme-diatez fenoménica que se presenta en el cotidiano.

La teleología en el Trabajo SocialAntes de introducir la discusión central de este último apartado, es necesario realizar algunas pre-cisiones en torno al Trabajo Social como complejo social. Como ya fue expuesto con anterioridad, el trabajo es la categoría fundante del ser social y, en un sentido específico, remite al intercambio entre el hombre y la naturaleza, donde la objetivación del trabajo conduce a nuevas necesidades y posibilida-des en la vida humana. Es por ello que el trabajo es el modelo de la praxis social, la categoría fundan-te del ser social, lo que no implica que el accionar humano se limite a él, sino que al mismo tiempo van desarrollándose diversos complejos sociales –ya presentes en el trabajo más primitivo, como el lenguaje, la cooperación, entre otros– que de forma espontánea o institucional van adquiriendo una au-tonomía relativa frente al trabajo, es decir, de lo que Lukács (1981) llama el complejo económico.Si la función social del trabajo es generar los me-dios de producción y subsistencia del ser social, los complejos sociales están dirigidos a actuar sobre las relaciones sociales vigentes, es decir, interviene en los vínculos desarrollados por los propios hombres. La teleología secundaria de los complejos sociales es “un tipo de acción que opera en las relaciones sociales y humanas incidiendo sobre los actos de conciencia de los individuos y grupos, movilizando fuerzas psíquicas en base a valor, hábitos, actitudes, normas sociales, procesos educativos, políticos y otros más. Según Lukács, en estas posiciones se-cundarias el ‘material’ de la posición del fin es el hombre, sus relaciones, sus ideas, sus sentimien-tos, su voluntad, sus aptitudes. Así, se trata de un campo “cualitativamente más oscilante (…) impre-visible que en el trabajo” (Costa, 2000, 10).Esta distinción que realiza Lukács (1981, 2004) en-tre el trabajo y los complejos sociales, esto es, entre las posiciones teleológicas primarias y secundarias, hace alusión a que el primero actúa sobre una cau-salidad dada, que en general reproduce procesos físico-químicos, mientras que la segunda, actúa sobre un nivel del ser (el ser social) que siempre tiene un margen de libertad y acción8, ya que ante

7 Este carácter contradictorio de la intervención profesional puede ser objeto de una direccionalidad por parte del profesional, fortaleciendo los intereses de una clase sobre otra. En ese sentido, señala: “…la actuación del Trabajador Social(…)reproduce también, por la misma actividad, intereses contrapuestos que conviven en tensión. Responde tanto a las demandas del capital como a las del trabajo y solo puede fortalecer uno u otro polo por la mediación de su opuesto. Participa tanto de los mecanismos de dominación y explotación como también, al mismo tiempo y por la misma actividad, da respuesta a las necesidades de sobrevivencia de la clase trabajadora y de la reproducción del antagonismo en esos intereses sociales, reforzando las contradicciones que constituyen el móvil básico de la historia. A partir de esa comprensión es que se puede establecer una estrategia profesional y política para fortalecer las metas del capital o del trabajo” (Iamamoto, 1992, p. 89).

8 Como reconoce Lukács, en todo acto humano siempre “(…)se conserva un mínimo de libertad en la decisión; también aquí se trata –como caso límite– de una alternativa y no de un acontecimiento natural determinado por una causalidad puramente espontánea” (2004, p. 168).

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cada decisión el individuo tiene una pluralidad de alternativas. Es por ello que la función social que desempeñan el trabajo y los complejos sociales genera que la ope-ratividad de los mismos sea esencialmente distinta, dificultando la anteposición de categorías vincula-das al proceso de trabajo, como el objeto de trabajo, los medios o instrumentos de producción y el pro-ducto a los complejos sociales. Como recalca Lessa, considerar a “la ‘cuestión social’ como ‘materia pri-ma’ (supone) igualar la objetividad compuesta por la causalidad puesta (esto es, la porción del mundo objetivo construido por los seres humanos) con la causalidad dada de la naturaleza (…). Pues la ma-teria natural, por ser la más pura causalidad jamás permeada por los complejos ideológicos, requiere para su transformación actos ontológicos distintos de los actos que actúan sobre las relaciones sociales” (2007c: 77-78).De igual modo, el trabajo genera como producto una objetividad (sea bajo su forma de medios de producción o de subsistencia) que perdura inde-pendientemente de la actividad productiva que la realiza. Es por ello que el Trabajo Social es un complejo social que actúa sobre diversas situacio-nes problemáticas presentes en la vida cotidiana de amplios segmentos de la población.Para Costa (2000), el Trabajo Social sería un com-plejo social de carácter ideológico, en un sentido estricto, al actuar sobre diversos problemas sociales, en cuanto refracciones de la “cuestión social”, que busca resolver aquellos conflictos sociales latentes o explícitos. Pero también en un sentido amplio de ideología, al permitirle a la profesión, desde su posicionamiento teórico y político, producir media-ciones de las situaciones singulares con la totalidad, es decir, desarrollar mediaciones entre el individuo y el género humano, entre proyectos profesionales y proyectos societarios.Estas consideraciones teóricas permiten aprehender al Trabajo Social como un complejo social que actúa sobre las refracciones de la “cuestión social”, esto es, sobre los problemas sociales presentes en di-versos segmentos de la población. Por el lugar que ocupa en la división social del trabajo, el Trabajo Social desarrolla posiciones teleológicas secundarias dirigidas a intervenir sobre la vida cotidiana de las clases subalternas. Someramente, el cotidiano podría ser caracterizado por su carácter heterogéneo, esto es, por la coexis-tencia y diferentes actividades y demandas en las que el hombre se objetiva, por su inmediatez, ya

que las respuestas dadas a la misma suponen una relación directa entre pensamiento y acción y por su superficialidad extensiva, ya que la relación entre teleología y objetivación impide conocer la mayoría de las determinaciones presentes en cada situación (Netto, 1994). Como sintetiza Lukács, en el cotidiano se “plantea ininterrumpidamente alter-nativas que aparecen en forma inesperada, y que a menudo tienen que ser respondidas de inmediato bajo amenaza de ruina; una determinación esen-cial de la propia alternativa es que la decisión debe ser tomada sin que se conozcan la mayoría de los componentes, la situación, las consecuencias, etc.” (2004, p. 168). Estas determinaciones, se encuentran presentes en el propio cotidiano del accionar profesional, cuan-do se promueven respuestas directas entre el pensar y el actuar, cuando las múltiples y diversas deman-das absorben al profesional sin poder direccionar su intervención o cuando se dificulta la captación de las determinaciones universales en el escenario institucional y de la intervención concreta.Como advierte Guerra, en las funciones asignadas al Trabajo Social, destinadas a ejecutar y operacio-nalizar las políticas sociales, en el horizonte de su accionar profesional, ligado a las condiciones objetivas y subjetivas de las clases subalternas y las modalidades interventivas que requieren un accionar segmentado sobre los problemas socia-les, se hayan presente “respuestas manipuladoras, fragmentarias, inmediatistas, aisladas, individuales, tratadas en sus expresiones/apariencias (y no en las determinaciones fundacionales), cuyo criterio es la promoción de una alteración en el contexto empí-rico, en los procesos segmentados y superficiales de la realidad social, cuyo parámetro de competencia es la eficacia según la racionalidad burguesa. Son operaciones realizadas por acciones instrumenta-les, son respuestas operativo-instrumentales en las que impera una relación directa entre pensamien-to y acción, y una ruptura entre medios (valores e instrumental técnico) y fines. Abstraídas de media-ciones subjetivas y universalizantes (referenciales teóricos, éticos, políticos, socio-profesionales, tales como los valores colectivos), estas respuestas tien-den a que se perciban las situaciones sociales como problemáticas individuales (por ejemplo, el caso individual, la situación existencial problematizada, las problemáticas de orden moral y/o personal, las patologías individuales, etc.)” (2007: 260).En otras palabras, estas determinaciones presentes en el cotidiano aparecen en la intervención profe-sional al ocultarse, mediante las capas epidérmicas

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y fenoménicas de los problemas sociales que se le presentan al profesional, la actuación sobre los con-flictos producidos en el marco de la lucha de clases de la sociedad capitalista. Es decir, las posiciones teleológicas secundarias de la intervención profe-sional adoptan acríticamente la finalidad planteada por la institución empleadora del profesional, sin poder diferenciarla de las estrategias de interven-ción profesional que apuntan a lograr una mayor autonomía relativa dentro de la institución con mi-ras a la consecución de finalidades interventivas que fortalezcan los derechos sociales y su efectivización (Pontes, 1995).Frente a esto, surgen una serie de interrogantes liga-dos al Trabajo Social y a la posición teleológica que este desarrolla: ¿Es posible desarrollar una posición teleológica secundaria en la intervención profesio-nal que logre superar la “teleología impuesta” por la institución empleadora en la que se encuentra inserto el profesional? ¿Qué límites y posibilidades existen en dicha intervención profesional? ¿Cómo aprehenderlas? ¿Cuáles son algunas de las determi-naciones fundamentales que permitirían definir una finalidad interventiva orientada a lograr la efectivi-zación de los derechos sociales y cuyo horizonte es la emancipación humana?Estos interrogantes son posibles de ser formulados en la medida en que desde una perspectiva histó-rico-crítica se afirma que toda situación concreta, inclusive aquellas presentes en los procesos de in-tervención profesional, dejan un margen de libertad al individuo para decidir entre un conjunto de al-ternativas presentes en la realidad, que permiten desarrollar el paso de la potencialidad a la realidad, al actuar sobre esta última. Pero la aprehensión de dichas alternativas, que son evaluadas a partir de la finalidad planteada, en el caso del Trabajo Social, requiere necesariamente un proceso de investiga-ción que aprehenda las determinaciones presentes en la realidad, de modo tal que sea posible desa-rrollar una crítica de la vida cotidiana, que siempre demanda respuestas de corte inmediatista y frag-mentarios. La superación de esta identidad entre la finalidad institucional9 y la finalidad del profesional requiere de un proceso analítico que apunte a la aprehensión de las determinaciones y mediaciones socio-históri-cas presentes en las situaciones cotidianas a las que el profesional se enfrenta, reconstruyendo las mis-

mas como expresiones de la “cuestión social”.De allí que sean centrales los aportes de Lukács (2004) para pensar a partir de la categoría teleolo-gía los procesos interventivos del Trabajo Social, no solo porque toda acción humana es antecedida por una posición teleológica, sino también, porque la misma, al no ser un epifenómeno de la naturaleza que actúa de modo inmediato sobre el medio, re-quiere de un proceso de investigación de los medios y de la finalidad, para aprehender en la realidad concreta las alternativas de acción.La investigación de la finalidad y de los medios sig-nifica un proceso de aproximación y reconstrucción de la realidad de carácter provisorio, que apunta a reorientar y redefinir los procesos teleológicos se-cundarios presentes en la intervención profesional, definiendo cuáles son los valores que el profesio-nal sustentará en su accionar profesional y cuál es el deber ser que orienta dicho accionar, que busca concretizarse mediante la conformación de estra-tegias de intervención. Es decir, solo mediante la conformación de estrategias de intervención profe-sional situadas, que aprehendan el significado social de la profesión y las tensiones presentes en el ám-bito particular de trabajo, es posible direccionar la propia intervención profesional.Para ello, resulta fundamental que los hechos singu-lares y aislados que se presentan en la intervención profesional sean reconstruidos a partir de sucesi-vas mediaciones, como partes de una totalidad más amplia que las contiene. Como resalta Kosik, cada situación social se caracteriza “de un lado, por defi-nirse a sí mismo, y, de otro lado, definir al conjunto; ser simultáneamente productor y producto; ser de-terminante, y, a la vez, determinado; ser revelador y, a un tiempo, descifrarse a sí mismo; adquirir su propio auténtico significado y conferir sentido a algo distin-to. Esta interdependencia y mediación de la parte y del todo significa al mismo tiempo que los hechos aislados son abstracciones, elementos artificiosamen-te separados del conjunto, que únicamente mediante su acoplamiento al conjunto correspondiente ad-quieren veracidad y concreción” (1965, p. 61).Esto significa que cada situación concreta a la que se enfrenta el profesional necesariamente remite a un conjunto de determinaciones y mediaciones más amplias que la contienen. La superación del cotidiano desde una visión de totalidad apunta a reconstruir los problemas sociales y las situaciones

9 Para Pontes “La demanda institucional aparece en el intelecto del profesional desprovista de mediaciones, parametrizada por objetivos técnico-operativos, metas y una forma dada de inserción especial (…) programática (...) o poblacional. En una palabra, la demanda institucional aparece ligada a la inmediaticidad, como un ‘fin en sí mismo’” (1995, p. 168).

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que se presentan en la intervención desde sucesivas aproximaciones que capten la génesis y estructura de los mismos. Para ello, las mediaciones, en cuan-to categorías ontológico-reflexivas10 son esenciales para comprender el movimiento de lo real.En la dialéctica de lo singular y lo universal se en-cuentra la clave para conocer el modo de ser del ser social: lo particular. Dicha categoría permite com-prender la mediación entre los hombres singulares y la sociedad, donde se supera la inmediatez y el “aislamiento” del hombre singular al mismo tiempo que las leyes tendenciales que actúan a nivel univer-sal de la sociedad (como la relación capital-trabajo; el papel del Estado, etc.) cobran formas particu-lares. Como recalca Pontes, la aprehensión de lo particular en la intervención profesional permite “que las leyes tendenciales, que son capturadas por la razón en la esfera de la universalidad, como las le-yes del mercado, relaciones políticas de dominación etc., actúan como si tomasen vida, se objetivasen y se hiciesen presentes en la realidad singular de las relaciones sociales cotidianas, desingularizándolas y transformando lo que era universal en particular, sin perder su carácter de universal ni su dimensión de singularidad” (2003, p. 216).Mediante sucesivas aproximaciones, el profesional puede resignificar la demanda institucional, me-diándola con complejos sociales más amplios que la determinan, y que en su interrelación adquieren sentido y significado. Por un lado, esto contribuye a que el profesional no caiga en miradas inmediatis-tas que apuntan a actuar sobre el individuo a partir de la psicologización de sus problemas sociales y cuyo horizonte es la “integración social de este indi-viduo”. Por otro lado, la perspectiva de totalidad y la captura de lo particular permiten la construcción de estrategias de intervención situadas, en las que coexisten sujetos con intereses antagónicos y en el marco de un momento y lugar específico y bajo una coyuntura de fuerzas dinámica y cambiante.Así, la intervención profesional debe partir de una reconstrucción del escenario de la intervención, que necesariamente remite a la comprensión de la institución en la que se encuentra inserto, a cuáles son los objetivos y finalidades que plantea a nivel general y, particularmente para el trabajador social, cuáles son los sujetos intervinientes en la misma, qué intereses y posiciones desarrollan y cuál es el lugar que ocupa el profesional dentro de la institu-

ción y en la interacción con los sujetos colectivos. Solo de este modo es posible desarrollar una distin-ción entre una “teleología atribuida” al trabajador social por la institución en la que trabaja y el desa-rrollo de una posición teleológica secundaria que mediante la determinación de una finalidad (vin-culada a un proyecto profesional ético-político y a proyecto societario emancipatorio) y la investiga-ción de los medios, pueda objetivar una cadena de alternativas que oriente a ampliar la autonomía re-lativa que el profesional tiene en la institución y que apunte a la consecución de los derechos sociales de la población usuaria. Esta posición teleológica secundaria, propia de la intervención profesional, debe dirigirse a aprehen-der un conjunto de determinaciones y mediaciones ligadas centralmente a tres dimensiones. La primera de ellas es la dimensión socio-institucional (Mallardi 2004, Gianna y Mallardi, 2011) que apun-ta a reconstruir los nexos entre el rol que desempeña el Estado en la atención de las manifestaciones de la “cuestión social” a partir de las políticas sociales y las formas en que estas se presentan en la dinámica institucional, tanto en la construcción de la demanda institucional como en los recursos asequibles para ello. Esta dimensión debe reconocer que la “…interven-ción estatal sobre la “cuestión social” se realiza…fragmentándola y parcializándola” (Netto, 1997: 22), borrando cuál es la génesis de los problemas sociales –la explotación de la fuerza de trabajo y el antagonismo de clases– y priorizando respuestas múltiples y diversas entre sí, como un “calidoscopio” de problemas sociales y respuestas dispersas. Junto a estas determinaciones más generales, que también incluyen el análisis ligado a las “inducciones comportamentales” (Netto, 1997) que las políticas sociales traen consigo, es necesario analizar otras determinaciones presentes en la intervención profe-sional. Uno de estos elementos es el marco jurídico existente y/o vinculado a alguna de las manifesta-ciones de la “cuestión social”, el mismo no solo se limita a aquellas normas y leyes que pueden estar vinculadas al campo específico de la intervención profesional y que son centrales que el profesional conozca y maneje, sino que también es necesario in-corporar el conocimiento de otras leyes que pueden ser instrumentos para demandar la efectivización y cumplimiento de determinados derechos sociales.Por otra parte, para lograr un proceso de diferen-

10 Las mediaciones son ontológicas; ya que son “expresiones históricas de las relaciones que el hombre edificó con la naturaleza y consecuentemente de las relaciones sociales de ahí derivadas, en las varias formaciones socio-históricas que la historia registró” (Pontes, 1995, p. 78).

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ciación respecto a la demanda institucional, resulta primordial conocer cuáles son las finalidades pre-sentes en la institución y/o en la política social que se ejecuta. En ese sentido, el análisis sobre los obje-tivos ligados a la reproducción material y espiritual de la población usuaria implica también un análisis de los recursos que la institución tiene disponibles en ese momento. Que dichos recursos, como ad-vierte Oliva (2007b), sean asequibles o inasequibles en un momento determinado, no depende de que los mismos sean escasos, sino de las determinacio-nes más generales vinculadas al orden social. Los mismos, centralmente se encuentran ligados a los recursos profesionales y aquellos, a prestaciones. Fi-nalmente, en esta dimensión es central el análisis de la cobertura de la población que la institución y/o la política social contiene. Siendo estos criterios, sean económicos o de reconocimiento, una modalidad de recorte y fragmentación de la “cuestión social”.La segunda dimensión refiere en la subdeterminante popular. La misma hace alusión a la capacidad ob-jetiva que tiene la clase trabajadora de incidir en las instancias hegemónicas que regulan la “cuestión social”. Entre ellas, se encuentran las instituciones y las políticas sociales donde el trabajador social se encuentra inserto, como partes de una estrategia de hegemonía de la clase dominante que articula al mismo tiempo los intereses de la burguesía y cier-tas concesiones-conquistas de la clase trabajadora.Es necesario incorporar dentro de la teleología, la reconstrucción de los posicionamientos e intereses que sostienen las clases subalternas, en la medida en que habilita la construcción de alianzas con es-tos sectores, de modo de incidir colectivamente en la institución empleadora del trabajador social, in-troduciendo nuevas necesidades y demandas en la misma y, de igual modo, permitir al profesional in-corporar en el seno de la institución algunas de las posiciones, críticas y visiones que tiene la población en torno a la misma. En síntesis, esta dimensión su-pone que “además de la consideración que pueda tener el profesional de la población usuaria impor-ta considerar las fuerzas objetivas que este tenga al momento de presentarse frente al trabajador social y subdeterminar su práctica. De esta manera, la capacidad de presión que la población usuaria ten-ga para incidir en los procesos de intervención, se corresponderá con el posicionamiento que la clase

trabajadora tenga en la correlación de fuerzas vigen-tes en el contexto en el cual se desarrollan dichos procesos” (Gianna y Mallardi, 2011, p. 10).Finalmente, la tercera dimensión refiere a lo ético-político. Ya Lukács (2004) muestra cómo la posición teleológica, al determinar la finalidad, hace surgir un deber ser. El mismo solo tiene existencia den-tro de la vida humana, ya que en la vida orgánica siempre el presente está determinado por el pasado, mientras que en el ser social, “la posición del fin invierte, como hemos visto, esta relación: el fin está (en la conciencia) antes de su realización, y en el proceso que conduce a dicha realización, cada paso, cada movimiento es guiado por la posición del fin (por el futuro)” (Lukács, 2004, p. 121).Este debe ser orienta el accionar del individuo en el proceso de objetivación, incluyendo la valorización que realiza el mismo en torno a la finalidad plantea-da y la objetivación. Esto quiere decir que la génesis de los valores sociales se encuentra para Lukács en el acto de trabajo, mediante la determinación de la uti-lidad o inutilidad, lo verdadero o falso. Esta génesis del valor, que se encuentra en el trabajo y el desarro-llo de las capacidades humanas, dio lugar a la ética “entendida como ‘un momento de la praxis humana en su conjunto’ (…) la ética no es ninguna dimen-sión o esfera específica de la realidad, objetivándose, teórica y prácticamente, de formas particulares y socialmente determinadas, como conexión entre el individuo singular y las exigencias sociales y huma-no genéricas” (Barroco, 2008, p. 29).La ética permite incorporar dentro de los procesos teleológicos de la profesión la mediación entre lo sin-gular y lo humano-genérico, vinculado a qué valores éticos sustenta la profesión y en que proyectos po-líticos pueden efectivizarse los mismos. Esta forma de comprender la ética reconoce que la misma no se encuentra limitada a un código de ética normativo, sino que atraviesa a la intervención profesional en su totalidad, en la dimensión teórica, práctica y po-lítica. Es por ello que para Barroco (2004), la ética profesional se liga a una esfera teórica, que sienta las bases filosóficas a partir de las cuales comprender al hombre y la sociedad, lo que permite reflexionar teóricamente sobre la ética y los valores que deben ser sustentados y defendidos por la profesión. Esta dimensión necesariamente requiere de un nivel de construcción colectivo11 en el cual la profesión

11 Este nivel colectivo significa la construcción de “la auto-imagen de una profesión, eligen valores que la legitiman socialmente, delimitan y dan prioridad a sus objetivos y funciones, formulan los requisitos (teóricos, institucionales, y prácticos) para su ejercicio, prescriben normas para el comportamiento de los profesionales y establecen las bases de su relación con los usuarios de sus servicios, con las otras profesiones y con las organizaciones e instituciones sociales privadas y públicas (entre estas, también y destacadamente el Estado, al que cabe históricamente el reconocimiento jurídico de los estatutos profesionales)” (Netto, 2003, p. 274-275).

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determina cuál es la direccionalidad ética y políti-ca sostenida por la misma, así como cuáles son las mediaciones que establece con los proyectos socie-tarios en pugna. Pero también, esto requiere que el proyecto ético-político profesional, en cuanto teleo-logía, sea objetivado en los procesos concretos de intervención profesional.A partir de este recorrido, en este tercer punto se ha planteado cómo la comprensión del Trabajo Social como complejo social que desarrolla posiciones te-leológicas secundarias es una de las determinaciones centrales para comprender cuáles son las particula-ridades que atraviesan la intervención profesional. Mediante la recuperación de la categoría teleología, y el carácter particular que esta adopta en el Trabajo Social (teleología secundaria), se ha avanzado sobre cómo desarrollar un proceso de aprehensión de las determinaciones presentes en la intervención profe-sional, que contribuyan a conformar estrategias de intervención profesional que superen la inmediatez y contribuyan a fortalecer la posición de las clases subalternas en las instituciones.

Consideraciones finalesMediante estas reflexiones se ha buscado mos-trar cómo el pensamiento teórico de Lukács es un interlocutor fecundo para pensar y analizar las determinaciones presentes en el Trabajo Social con-temporáneo. Es por ello que se han recuperado de este autor sus consideraciones en torno al trabajo como categoría que da origen al ser social y que progresivamente lo va distinguiendo de las otras esferas del ser, a partir de su capacidad de dar res-puestas cada vez más mediadas. En ese sentido, abordar la distinción ontológica existente entre el trabajo y los complejos sociales contribuye a develar cuáles son las particularidades presentes en el Trabajo Social, considerándolo como uno de los complejos sociales movilizados por la burguesía para reproducir el orden social vigente. El reconocimiento de este lugar objetivo dentro de la división social del trabajo no significa que la profesión, de modo determinista, únicamente re-produzca el orden vigente, sino que, mediante la comprensión del significado social de la profesión y del espacio laboral concreto en que se inserta el profesional, es posible encontrar espacios que au-menten la autonomía relativa, nuevas alternativas que solo pueden ser aprehendidas mediante una comprensión permanente de la realidad.Es allí cuando la construcción de estrategias de intervención debe apuntar a superar la inmedia-

tez fetichizada del cotidiano capitalista, superando aquella identificación entre las finalidades institu-cionales y las finalidades propias del profesional. El desafío de la intervención profesional se en-cuentra en profundizar su teleología secundaria, mediante la definición de las finalidades y del aná-lisis de los medios necesarios para su consecución, logrando de esta manera una diferenciación con la teleología definida por la institución. Este pro-ceso requiere que el profesional defina y construya estrategias de intervención profesional, pero siem-pre considerando que estas no están determinadas “únicamente por el posicionamiento del Trabajador Social, ni por la dirección política de la institución, ni por los usuarios, sino por una compleja y diná-mica relación que está determinada por diversos recursos, mediados por una articulación que se condensa en el arsenal operativo en un momento histórico determinado” (Oliva, 2007b: 15).

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La noción de justicia en sociedades democráticas: una mirada desde Paul Ricoeurthe notion of justice in democratic societies: a view from Paul Ricoeur

ariel roSaleS ÚbeDa

Trabajador social UC, Magíster en Trabajo Social UC. Docente de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad San Sebastián, Concepción, Chile. Correo electrónico: [email protected]

Resumeneste artículo tendrá como principal eje la noción de justicia desde el pensamiento hermenéutico de paul ricoeur en el marco de lo que el mismo autor denomina el mal político de la sociedad y su expresión “la tragedia de lo social”. De este modo, frente a la demanda por más ética de las sociedades contemporáneas se intenta presentar la visión de ricoeur como una nueva posibilidad dentro del debate acerca de lo justo. se trabaja la idea de justicia y sus aspectos hermenéuticos más relevantes para contribuir a este debate en sociedades plurales.

Palabras clave. justicia, deliberación, ética.

SummaryThis article focuses on the concept of justice from paul ricoeur’s hermeneutical thinking in the context of what the author calls the political evil of society and its expression as “social tragedy”. Thus, in attention to the demand for more ethics in contemporary societies the attempt of this article is to present ricoeur’s vision as a new possibility in the debate about the just. It works the idea of justice and its most relevant hermeneutical aspects to contribute to this debate in plural societies.

Key words. justice, deliberation, ethics, ricoeur.

Introducción

Dentro de sociedades democráticas, “el mal” consti-tuye una de las preocupaciones filosóficas y políticas más importantes de los últimos años. El carácter pa-radójico de lo político muestra, por una parte, que “la existencia política del hombre desarrolla un tipo de racionalidad específica, irreductible a la dialécti-ca de base económica”; y, por otra, que la sociedad “desarrolla males específicos que, son precisamente males políticos, males asociados al poder político” (Ricoeur, 1990, p. 261). Esta es la doble y específica originalidad de lo político sobre la cual la noción de justicia se va constituyendo en las sociedades con-temporáneas.En este escenario, se levanta el desafío de explicitar la problemática del mal en la sociedad e iluminar la paradoja que ello representa (Ricoeur, 1990, p. 261-262). Aquí interesa especialmente reflexionar sobre cómo la política, el Estado y la sociedad no

pueden ocultar la conflictividad que se presenta en sus relaciones y que se expresa en –no pocas– vio-lencias (la violencia producto de la diferencia social, la violencia impuesta por la exigencia del orden, etc.) que pueden ser consideradas como injusticias. De este modo, la preocupación por el mal político, incentiva a recuperar la problemática de la justicia dentro de sociedades caracterizadas por la diferen-ciación y la pluralidad. De ahí que nos enfrentamos a la cuestión de lo justo y de lo injusto en un plano donde la reflexión sobre la justicia se conjuga con la historicidad de las situaciones sociales a las cuales interpela. El debate acerca de lo justo en sociedades contem-poráneas se enfrenta a la creciente diferenciación entre los ideales de vida buena de los individuos, lo cual coloca un marco en que la ciudadanía se cruza cada vez más con la idea de la afirmación de la diferencia y la promoción de la diversidad. En este sentido, el análisis de las ciencias sociales, hoy

Ariel rosAles ÚbedA

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en día se enfrenta a prácticas que son definidas por sujetos colectivos fuera de la esfera laboral y terri-torial, y que entran en la esfera de la subjetividad política; las cuales son politizadas y llevadas a la lu-cha por el respeto de derechos y compromisos. Así, las diferencias de género, etnia, orientación sexual, consumo de bienes, minorías, etc.; son las identi-dades narrativas que hoy en día emergen ante las problemáticas derivadas del no-reconocimiento y que requieren de la mediación de la justicia para su expresión (Ricoeur, 1996). Para ser todavía más precisos, la tragedia social que se presenta en nues-tras sociedades, refiere a la situación en la que una variedad de pensamientos, visiones de mundo y explicaciones de la realidad cohabitan en un terri-torio, sin que ninguna de estas visiones pueda tener hegemonía sobre otra; y donde la noción de justicia puede ser tan plural como las identidades narrativas que la reclaman. Esta diversidad surge de una condicionante básica: se presenta al interior de una sociedad “abierta” o “sociedad libre”, en la que se exige la actualización de las premisas de la justicia que sustentan la con-vivencia ciudadana. Al mismo tiempo, la apertura social que refiere al ejercicio de la libertad dentro de un conjunto social, sugiere el desenvolvimiento de los principios morales de cada sujeto al interior del orden social (Ladriere, 1997). Así, una sociedad es moralmente pluralista cuando en ella conviven distintas concepciones de vida buena, así como diversas concepciones de hombre; cuando ante la pregunta sobre cómo podemos ser felices existen distintas respuestas. En dicho escenario, se requiere repensar los fun-damentos ético-morales que sustentan la idea de justicia a partir de la cual se gesta la convivencia entre diversas identidades culturales atomizadas en las sociedades modernas. Ahora bien, el camino de la reflexión ética nos llevaría a un camino diverso de perspectivas filosóficas cuyo eje fundamental versa sobre la noción de lo justo y lo polisémico de su de-finición. De este modo, y frente a la polisemia de la noción de justicia, variados autores (Rawls, Haber-mas, Cortina, Mill, entre otros.) han desarrollado propuestas teóricas para enfrentar las situaciones de injusticia de nuestras sociedades. Sin embargo, y para efectos de este trabajo, se tratará el tema de la justicia desde la mirada hermenéutica de Paul Ri-coeur, para con ello contribuir al debate acerca de lo justo en sociedades contemporáneas. En este artículo, y bajo el objeto de dilucidar la noción de justicia en la ética aplicada de Ricoeur, se muestra un camino para salir del debate entre

dos tradiciones que históricamente han sido pues-tas en conflicto en la discusión acerca de lo justo en nuestra sociedad, a saber: teleologismo y deon-tologismo. La vía propuesta asume el desafío de repensar los fundamentos éticos de la justicia en base a modos deliberativos que capturen y pongan a la luz las orientaciones de vida buena de los actores sociales en contextos de interacción social –con y para otros– y dentro del ordenamiento institucional que requieren –y exigen– las democracias actuales. Desde luego, y como se ha señalado, Ricoeur no es el único filósofo que se ha ocupado de abordar las tensiones entre lo bueno y lo justo. Sin embargo, lo que distingue a este autor es que no pretende privi-legiar una perspectiva por sobre otra, sino que más bien su innovación está en presentar la noción de lo justo en base a la complementariedad entre ambas perspectivas. En este sentido, el sujeto de la filosofía de Ricoeur es un ser concreto y capaz que establece relaciones éticas de solicitud y cuidado con el otro –cercano y lejano–, en el plano de lo particular, pero que del mismo modo está relacionado y obligado con el cada uno de la sociedad –universo de todos los demás–, y por ello se requiere de una mediación institucional que haga frente a la desigualdad y el conflicto. El planteamiento de este trabajo indica que la justi-cia surge de un cruce entre ética y moral, entre los ideales de vida buena de los ciudadanos –ética– y las normas universales que rigen el orden societal –moral–, siendo lo segundo la expresión de lo pri-mero. Dicho de otro modo, la comprensión de los ideales de vida buena de los actores haría posible la realización de las aspiraciones de los sujetos que comparten contextos diversos a partir de mediacio-nes institucionales adecuadas a cada situación de injusticia.La estructura de este artículo se muestra en base a argumentos en los cuales se distinguen ciertos as-pectos que permiten comprender la configuración de la noción de justicia en la ética aplicada de Paul Ricoeur. Con esto se pretende aportar a la discusión de lo justo en las sociedades contemporáneas.

La estructura de la moralidad y la justicia en RicoeurA partir de la publicación de La teoría de la Justicia de J. Rawls, Paul Ricoeur inicialmente se fue cen-trando en la dimensión teleológica de la acción, situándose en un principio del lado de las éticas del bien frente a las éticas procedimentales de orienta-ción kantiana. Sin embargo, y con el avance de sus postulados, el autor desarrolla una articulación de

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La noción de justicia en sociedades democráticas: una mirada desde PauL ricoeur

ambas perspectivas para referirse a la noción justicia en las sociedades contemporáneas. Desde la mirada de Ricoeur, y bajo el amparo de la fenomenología-hermenéutica del sí mismo –donde el yo y el bien se constituyen mutuamente–, la no-ción de justicia propuesta se basa en la estructura de la moralidad que desarrolla Ricoeur en “su pequeña ética”, y que admite dos visiones –una horizontal y otra vertical– complementarias. La primera de dichas visiones constituye el sí mismo del sujeto, a quien su deseo de vivir una vida buena le impulsa a comprender que dicha vida ha de ser vivida, con y para los otros, y que para ello ha de contar con la mediación de instituciones justas. En este proceso, el sí mismo se constituiría dialéctica-mente mediante la mediación de la alteridad, pues, para Ricoeur, en el origen de las relaciones interper-sonales está el reconocimiento del otro como lejano, como un tercero impersonal cuya validez es tan ori-ginaria como la propia. Así, el sí mismo se apertura a la totalidad de los seres humanos bajo el signo de la solidaridad. A partir de la tríada sí mismo-otro-institucionalidad, Ricoeur parece tomar en cuenta los conceptos de cuidado de sí, cuidado del otro, y cuidado de la institución. El primero de dichos términos refiere a la autonomía (entendida como autoestima), la cual hace alusión a la capacidad de obrar de mane-ra intencionada y a la capacidad de iniciativa para introducir cambios en la dinámica de la vida. Ahora bien, para hablar de autonomía es necesario poner-la en relación con la demanda de reciprocidad que fuerza al sujeto a atribuir al otro las mismas capa-cidades que descubre en sí mismo. Esto da paso a un segundo momento marcado por el signo de la solicitud. Por último, la vida en sociedad obliga a la apertura del sujeto hacia las instituciones, a las que –entendidas como sistema de reparto– se les exige el tránsito de la solicitud a la justicia, lo cual lleva consigo una exigencia de igualdad y de universali-dad distinta a la amistad presente en las relaciones cercanas.Por otra parte, en la visión vertical de la estructura de la moralidad en Ricoeur, encontramos una rela-ción de subordinación y complementariedad entre los puntos de vista teleológico, deontológico y pru-dencial. El enfoque teleológico, guiado por la idea de “vivir bien”, es complementario y al mismo tiempo subordina al deontológico, donde imperan la nor-ma y el procedimiento. La trayectoria que toma este eje señala que el carácter teleológico de la acción humana atraviesa el plano de la norma y termina en el nivel de la sabiduría práctica, al que Ricoeur

llama “prudencia”, entendida –desde un matiz aristotélico– como el arte de la decisión equitativa en situaciones de incertidumbre y de conflicto. El primero y el tercero de estos puntos constituyen lo que Ricoeur llama la ética, y el segundo e inter-medio, la moral. De este modo, considera que la justicia es la regla práctica más elevada por consti-tuir el punto donde termina el deseo de vivir bien y, a la vez –mediada por la equidad–, representa el último tramo del enfoque vertical donde prima la sabiduría práctica. Aunque la idea de “bueno” hace que la justicia dependa originariamente del deseo de vivir bien, es la noción de “lo justo” la que, al poner en movimiento la dialéctica de la moral (ho-rizontal y vertical), sitúa a la bondad bajo el signo de la prudencia. Conforme a esto, es posible señalar que el concepto de lo que entiende Ricoeur aquí por justicia refiere a la operación de la sabiduría práctica y a la toma de decisiones dentro de procesos deliberativos en las correspondientes instituciones que ordenan la vida en sociedad. Esto muestra que la noción de justicia parte de la consideración de las situacio-nes particulares que aquejan a los actores sociales, y fundamentalmente de los ideales de vida buena de los mismos. En consecuencia, Ricoeur cumple la tarea de vincular la ética del deseo, la moral del deber, y la sabiduría práctica en el plano de la razón práctica.

La noción de justicia en Ricoeur más allá de lo procedimentalAl entrar en la discusión acerca de la justicia, es po-sible observar que Ricoeur elimina de esta noción sus elementos más kantianos –el énfasis construc-tivista– para colocar en primer plano la noción de “equilibrio reflexivo” entre el deseo y la norma. Así, el referirse a la justicia no se trata de situarse únicamente bajo una regla general, sino también de interpretar los hechos ocurridos y la norma en función de saber en qué medida lo deliberado “se ajusta” a los hechos, lo cual exige la adecuación de la norma al caso. Ahora bien, al pensar lo justo en las sociedades ac-tuales, generalmente se piensa en la conformidad con la norma y el aparato legislativo. La idea de conformidad con la ley va a significar la adecuación de las acciones con las leyes nacidas de la actividad legislativa del cuerpo político. Esto señala que, en las sociedades contemporáneas, lo justo se asocia al formalismo procedimental que caracteriza a los sistemas jurídicos y políticos occidentales, donde se ha pasado de “un apriorismo riguroso a un positi-


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vismo jurídico donde la cuestión del fundamento cae bajo el control de las instancias legisladoras empírica e históricamente constituidas bajo funda-mentos únicamente deontológicos” (Ricoeur, 1995: p. 182-183), quedando fuera las expectativas y las formas de vida de quienes son obligados por la nor-ma. Dicho de otro modo el positivismo jurídico de las democracias occidentales excluye la historicidad de las situaciones en las cuales se aplica la norma, lo que puede ser considerado como fuente de injusti-cia en la sociedad.Todas estas cuestiones relevan la insuficiencia que, para Ricoeur, presenta una concepción puramen-te procedimental de la justicia, la cual no tiene en cuenta la diversidad cualitativa de las situaciones en las que se apela a ella. En este sentido, Ricoeur pre-senta a la justicia como una idea que va más allá de lo procedimental, y con ello se refiere al modo de operación de la justicia, y presenta una serie de ele-mentos que se articulan entre sí para conformar una idea de lo justo que está entre lo bueno y lo legal. En este sentido, la justicia refiere a la historicidad social y a las relaciones entre seres humanos y las instituciones. Bajo el impulso de la tradición kantiana, la teoría de la justicia se ha vuelto hacia el lado deontoló-gico, esto es, a una concepción en la que todas las relaciones morales, jurídicas y políticas están situa-das bajo la idea de la conformidad con la ley, de la legalidad; lo cual parece insuficiente en el marco de la creciente policontextualidad social. En esta re-flexión, se vuelve relevante la tesis de Paul Ricoeur, la cual señala que una concepción únicamente pro-cedimental de la justicia refiere –en el mejor de los casos– a la racionalización de un sentido de la jus-ticia que ya está supuesto en los agentes, y refuerza por tanto la idea de que lo bueno es anterior a lo justo. Para Ricoeur, los procedimientos racionalmente estructurados permiten, en un primer momento, distinguir qué normas de las surgidas en el mundo de la vida –siguiendo a Habermas– son correctas. Así, en primera instancia, la función de estos pro-cedimientos es la de actualizar el concepto kantiano de “voluntad racional”, esto es, actualizar lo que to-dos, bajo determinadas condiciones podrían querer, y que por su propia condición de voluntad racio-nal asume el carácter de universal. En este sentido, en el procedimentalismo los contenidos concretos exceden el campo de la ética, entendida bajo un matiz teleológico, pues corresponden a los mundos de la vida. Así, siguiendo a Cortina, “el procedi-mentalismo asigna a la ética únicamente la tarea de

descubrir los procedimientos legitimadores de las normas” (Cortina, 2000: p. 75-78). Para Ricoeur, el procedimentalismo intenta dar razones de la pre-tensión de universalidad de la moral y por ello apela a estructuras cognitivas y procedimientos que ex-hiben la universalidad más allá de los contenidos concretos de la existencia, lo que muestra un carác-ter deontológico fundamental alejado de los ideales y situaciones particulares de existencia de los agen-tes sociales. Así, los procedimientos legitimadores de la justicia pueden describirse sin depender para ello de los diversos contextos, y pretenden por tanto justificar –ilusoriamente– su universalidad.Sumado a lo anterior, se puede agregar que la no consideración de las particularidades contextuales excluye de las consideraciones normativas de las decisiones políticas las consecuencias de las accio-nes, quedando solo un aspecto normativo asociado a universalidad de la ley donde se considera a to-dos por igual sin la consideración de las diferencias humanas (Ricoeur, 2001). Así, el apegarse a la norma parece más importante que las preocupacio-nes y expectativas existenciales de los individuos socializados en relación a sus vidas individuales y colectivas.Con esto Ricoeur emprende la tarea de mostrar la parcialidad y la insuficiencia tanto del procedimen-talismo como del deontologismo para referirse a la justicia. Insuficiencia marcada por la pretensión de eliminar la ética –orientación a la felicidad– en los análisis sociales, esto es: el desvincular la moral de la fase teleológica que la precede, y del plano de la sabiduría práctica donde se realiza.Según lo señalado más arriba y frente a la imposi-bilidad de entender “lo justo” independientemente del bien, es posible señalar que, en términos con-cretos, el anhelo de vivir bien es un componente fundamental de la justicia (Ricoeur, 2000). De esta manera, se observa que el remarcar la idea de que la justicia “no es puramente moral sino que tiene también un significado ético”, indica que “lo justo se sitúa entre lo legal y lo bueno” y que por ello, “el sentido de la justicia no se agota en la construc-ción de los sistemas jurídicos que suscita” (Ricoeur, 1995, p. 177-178). De este modo, para Ricoeur, la idea de lo justo –sea en el sentido o en el conteni-do– rige las prácticas sociales de toda índole, por lo que importa destacar que la justicia se plantea como un giro que va desde lo bueno a lo obligatorio.Según lo dicho, parece que la propuesta postpro-cedimentalista –por llamarla de ese modo– de Ricoeur, trata de retomar la crítica proveniente de los comunitaristas como Michael Sandel (1998),

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Charles Taylor (1985), Michael Walzer (1983), y Alasdair MacIntyre (1984), entre otros, acerca de la noción de justicia en sociedades plurales, donde la noción de justicia no puede entenderse como un pacto “a-histórico”, como el relacionado a la posi-ción original bajo el velo de ignorancia rawlsiano.

Justicia, historicidad y espacio públicoEn su obra Lo Justo (1997), Ricoeur plantea que lo político aparece como el entorno por excelen-cia para el logro de la justicia. El autor menciona que sin la mediación institucional, el individuo solo sería “un bosquejo de hombre”; es por ello que su pertenencia a un cuerpo político es necesaria para su desarrollo humano y para la expresión de la ciudadanía. De esta manera la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos no es digna de ser anulada. Al respecto señala que: “el ciudadano surgido de la mediación institucional no puede sino anhelar que todos los humanos gocen como él de esta mediación política que, sumándose a las con-diciones necesarias para el sujeto capaz, devienen en condiciones suficientes para el ciudadano real” (Ricoeur, 1997: p. 37).En este marco, la capacidad humana que requiere la justicia se desarrolla en lo que Ricoeur –siguiendo a Hannah Arendt– denomina “el espacio público de aparición”. Aquí la noción de espacio público ex-presa la condición de pluralidad que resulta de la extensión de las relaciones interpersonales de los agentes sociales, y a su vez, esta condición de plura-lidad se caracteriza por el anhelo de vivir juntos de una comunidad histórica cuya expresión es la insti-tucionalidad política. Con esto se quiere decir que la efectuación de la libertad individual dentro de una historia común de valores y el reconocimiento de la libertad de la segunda persona, pasa por la “justa” mediación de la institucionalidad frente e los males presentes en la sociedad. Ahora bien, frente a la pregunta por los valores éticos que se exigen en este nivel político de la institución, Ricoeur indica sin muchos rodeos, y si-guiendo a Rawls, que es la justicia la primera virtud de las instituciones y que por lo tanto es este prin-cipio el que rige el orden social. En este marco, la justicia va más a allá de las relaciones cara a cara y se refiere a cada cual en cuanto tercero al interior de espacios públicos en donde el ser humano aparece. Ricoeur señala a lo largo de su obra sobre la jus-ticia que el valor que asuma la noción de justicia tiene que ver con la historicidad de cada situación en la cual se apela a lo justo. En este sentido, lo

que él llama “justicia”, tiene que ver con el valor de la memoria, tanto personal como colectiva. En este marco, el olvido del “otro” y de su “historicidad” aparece como fuente de injusticias. La historicidad de la justicia no es accidental, sino que corresponde a un rasgo profundo de la vida social que se trata precisamente de esclarecer en el ejercicio de la sabiduría práctica que opera en el proceso de definición de lo justo, es decir, en la deliberación. Así por ejemplo, la deliberación res-pecto a lo justo de la distribución de los bienes de la sociedad se presenta como un momento develador de la historicidad de la justicia; y ocupa así, un lu-gar intermedio entre lo universal y las modalidades concretas de la vida social de los actores (Ricoeur, 1996, p. 231-242). De este modo, no se trata de saber si son las demandas del individuo o de la co-munidad las que deben prevalecer, sino más bien de saber si los principios de justicia que rigen la estructura de la sociedad responden a las conviccio-nes éticas adoptadas por los ciudadanos.Con lo dicho parece que la noción de justicia refie-re a un juicio en tiempo presente cuyo insumo se relaciona a la memoria –a la historia– de los agen-tes sociales que la reclaman para sí mismos y para los otros a las instituciones públicas. En este sen-tido, la justicia deja de ser un concepto atemporal y se entiende más bien como una noción históri-ca que requiere permanente actualización. Así, la emergencia –histórica– de la noción de justicia está estrechamente relacionada con la evaluación de las relaciones sociales y las formas objetivas en las cuales esas relaciones se institucionalizan. Por ejem-plo, la noción de derecho a la participación social y la política de participación ciudadana en Chile no puede comprenderse sino en una sociedad ca-paz de crear exclusión. Así, toda forma que asume la justicia tiene relación con la historicidad de los problemas a los cuales intenta responder. En este sentido, la justicia presenta un matiz de veracidad asociado al contexto en el cual se despliega la so-licitud. En este sentido, “la memoria encuentra el sentido de la justicia en el camino de la crítica his-tórica” (Ricoeur, 2000, p. 635).De esta manera puede verse que Ricoeur no des-linda la idea de la justicia de la sabiduría práctica que opera en las situaciones concretas del marco deontológico de la obligación, en el cual lo justo se identifica con lo legal (Ricoeur, 1995). Más con-cretamente, el autor sitúa a la justicia en el marco histórico del Estado de derecho y de la protección de los derechos en situaciones concretas (Ricoeur, 1993).


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Los componentes y las dimensiones de la noción de justicia en RicoeurRicoeur observa que, en un primer momento, los sujetos presentan un sentido de lo justo en relación a lo que consideran injusto, lo cual está asociado al reclamo y la queja; así es que lo justo refiere al olvido de ejercer la equidad en distintas situacio-nes. De este modo, “al parecer los hombres tienen una visión más clara de lo que falta en las relacio-nes humanas que del modo recto de organizarlas” (Ricoeur, 2001; p. 231). Así, frente a la fijación de la injusticia al interior de la sociedad, la noción de justicia hace referencia a los problemas del orden público y a los bienes que allí se reúnen que, en sociedades democráticas, requieren de mediación institucional. Una de las razones que hace necesaria la mediación institucional de la justicia es que el deseo de vida buena de los individuos lleva siem-pre a la desigualdad, por cuanto, la vida social es siempre desigual en cuanto a la pluralidad de las orientaciones de vida y a la distribución de los bie-nes disponibles en la sociedad. Cuando el aparato de las instituciones media para el cumplimiento de la justicia se observa la presencia de algunas dimensiones que pueden expresarse en legislaciones, leyes, políticas públicas, entre otros mecanismos, para compensar las injusticias. Así, al tratar la paradoja de lo político, Ricoeur, desde la perspectiva de la fundamentación filosófico-política de lo justo, muestra que la noción de justicia pre-sente en la ciudadanía es fundamental para hacer frente a los males políticos que generan injusticia en las sociedades actuales. Al referirse al modo de operación de la justicia, el autor observa que en la práctica, la justicia utiliza los símbolos de la espada y la balanza; lo cual impli-ca que la noción de justicia presenta una tendencia hacia el castigo y hacia la equidad de manera si-multánea. No obstante este modo de operación de la justicia, Ricoeur presenta una serie de elementos que se articulan entre sí para conformar una idea de la justicia que está entre lo bueno y lo legal. Ana-líticamente, la noción de justicia a la cual se hace referencia presenta una serie de componentes aso-ciados a su carácter dialógico (reconocimiento y reciprocidad), y además una diferenciación interna que abarca dos dimensiones que se pueden distin-guir en las prácticas humanas. Por un lado, apela al derecho y a la noción jurídica de la justicia –uso de la espada– donde aparece la dimensión restaurativa de la justicia y los conceptos de pena y rehabilita-ción. Por otro, refiere –de modo más extenso– a la justicia bajo el signo de la equidad, la cual va más

allá de lo jurídico y se expande a todo ámbito de la razón práctica. Aquí aparece la dimensión cons-tructiva bajo la forma del reparto, donde señala el carácter distributivo de la justicia, tema que abarca la mayor parte de su trabajo acerca de la justicia en las sociedades actuales.

Reconocimiento, reciprocidad y justiciaFrente al mal político y a la incompletitud de la democracia en las sociedades contemporáneas, Ricoeur pone el acento en el modo en que el reco-nocimiento jurídico amplía la esfera de los derechos reconocidos (para cada individuo y para nuevas ca-tegorías de personas) y, al mismo tiempo, enriquece la gama de capacidades que los sujetos se recono-cen entre sí (Ricoeur, 2005). Así también subraya el modo en que la distancia entre la distribución de los derechos (por ejemplo sociales y económicos) y la distribución de los bienes crea un “contraste in-soportable” que es una fuente central de la injusticia (Ricoeur, 2005, p. 208). Con todo, Ricoeur preten-de evitar el riesgo de la anulación de los sujetos bajo un supuesto tecnicismo instrumental para tratar los asuntos sociales y la alteridad. En esta línea, Ricoeur sostiene que la justicia, ahora asociada a la idea reconocimiento, no hay que buscar-la necesariamente mediante la lucha – a diferencia de Honneth (1997)–, pues esta conlleva siempre un juego de fuerzas cuya lógica comporta la posi-bilidad de la intensificación hasta los límites de la violencia, y por ende de la inmoralidad; sino que más bien “hay que buscarla en experiencias paci-ficadas de reconocimiento mutuo, que descansan en mediaciones simbólicas sustraídas tanto al orden jurídico como al de los intercambios comerciales” (De la Maza, 2010, p. 25). Esta tesis coloca el mo-delo de la reciprocidad de los intercambios justos, que tiende a borrar el carácter interpersonal de los intercambios basados en el amor. En este sentido, Ricoeur señala que los intercambios justos serían aquellos en los que hay equivalencia y proporcio-nalidad, sin embargo, también plantea que para que haya equivalencia se exige comparación y cálculo, lo que posibilita la aparición de nuevos conflictos en torno a los criterios del cálculo y la adecuación –justeza– de su aplicación (Ricoeur, 2005, p. 95). Para Ricoeur, el reconocimiento transita de la voz acti-va, referida al reconocimiento como identificación, a una voz pasiva, que alude al reconocimiento mu-tuo, pasando por el reconocimiento de sí mismo. En el polo activo, el reconocimiento expresa la pre-tensión de ejercer una forma de control intelectual sobre el mundo, en cambio, en el polo pasivo, el

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pedido de reconocimiento manifiesta una expec-tativa que solo puede ser satisfecha a través de la reciprocidad (Ricoeur, 2005). Es así como la justicia exige reconocimiento mutuo y, con ello, requiere de reciprocidad.Las relaciones sociales siempre se enmarcan origina-riamente en una fuerte desigualdad, y es justamente allí donde la justicia reclama la reciprocidad. De este modo, considerar la reciprocidad como exi-gencia social y como principio de la deliberación pública implica considerar al otro como ser capaz y sufriente en todo proceso de decisión, en cuanto a su experiencia y a su orientación de vida buena. En este sentido, la reciprocidad apunta a la mutua-lidad entre actores y se opone a la idea liberal de reciprocidad situada por encima de los agentes del intercambio.Así, bajo el signo de la reciprocidad, se espera que los ideales de vida buena de todo tercero sean re-conocidos y aceptados para que así se supere la desigualdad existente en los intercambios sociales. La idea es que la desigualdad pueda ser compensa-da por una auténtica reciprocidad en el intercambio, para lo cual se requiere de la institucionalidad pú-blica, como un tercero que medie dicha relación de forma neutral. Así, la justicia se encuentra en una constante búsqueda de igualdad moral a través de todos los caminos posibles de reconocimiento.A partir de la inclusión de las ideas de reconocimien-to y de reciprocidad, la justicia exige la integración del “otro” en procesos de deliberación pública. Esto permite que la acción pública resultante sea vista como una respuesta “adecuada” a las situaciones y solicitudes expresadas. En este sentido, la reci-procidad opera como una especie de ofrecimiento que refleja el reconocimiento de los ideales de vida buena de los actores que, siendo reconocidos como sujetos capaces, dan contenido a la decisión. Aho-ra bien, hay que tener presente que el proceso de distribución de bienes sociales es un proceso con-flictivo que opera sobre la base de recursos escasos, los cuales no alcanzan a responder a la totalidad de las demandas de los actores. Esto claramente indica que no toda solicitud entra a los espacios de delibe-ración y que por lo tanto la discusión acerca de los

asuntos públicos es un proceso siempre histórico que invita a actualizar permanentemente las situa-ciones sociales sobre las cuales se demanda justicia. Lo anterior exige mediar entre fórmulas contex-tualistas y universalistas1, lo cual es un proceso posible –aunque no menos complejo– que implica considerar un principio de universalización como referente, sin dejar de prestar atención al contexto de la acción en donde se interpreta la existencia, ni caer –por exceso– en una suerte de relativismo. De este modo, en las situaciones de aplicación de las normas no se está autorizado a desistir del empleo de la sabiduría práctica.

Justicia restaurativaFrente a la presencia de los males políticos y a lo trágico de la vida social, Ricoeur es consciente del hecho de la transgresión de la norma y de la exis-tencia de instancias de castigo para la mantención del orden social. A partir del análisis crítico de las diversas filosofías de fundamentación racional de la justicia y del derecho de punir del Estado, Ricoeur va a plantear “una utopía de la justicia no violenta” cuyo objetivo consiste en ser una justicia reparadora –en el sentido de restauración– o “justicia recons-tructiva” como el mismo autor señala (Ricoeur, 1995: p. 44-55). Al presentar la dimensión reconstructiva de la jus-ticia y su carácter no violento, Ricoeur piensa en humanizar la justicia –fundamentalmente la penal– a través de procedimientos de reparación del daño hecho por el delincuente y de reincorporación a la vida social. En este sentido, plantea la reparación para la víctima y la restauración de capacidades para el victimario. Se trata de un proyecto de jus-ticia centrado en la reconstrucción o restauración del vínculo social perdido por el agente mediante un acto delictual. La reflexión de Ricoeur sobre la justicia recons-tructiva se cruza con lo que él mismo denomina “el restablecimiento de la paz social” (Ricoeur, 1995). Uno de los motivos fundamentales de su postulado acerca de la justicia reconstructiva está relacionado al compromiso público que se exige a las institucio-nes en sociedades democráticas frente a los males

1 Respecto a este tema existen dos posiciones que se confrontan. Por un lado encontramos a los “racionalistas-universalistas” que, como Rawls y Habermas, sostienen que la finalidad de la discusión pública es establecer verdades universales válidas para todos e independientes del contexto sociohistórico de los actores. Las implicaciones de la visión universalista indican que la justicia debe apelar a principios generales y que su objetivo debe ser tratar de encontrar fórmulas inclusivas que pueden servir para medir la justicia social en las sociedades modernas. Por otra parte, contextualistas como Michel Walzer y Richard Rorty, niegan la disponibilidad de un punto de vista fuera de las prácticas socio-históricas y de las instituciones sociales de una sociedad determinada a partir de las cuales se podrían hacer juicios universales “contextualmente independientes”. En este sentido, lo que hay de contenido en las deliberaciones deriva de los juicios particulares que los actores están inclinados a hacer como participantes de modos de vida específicos (Mouffe, 2003, p. 2-4).


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políticos de las mismas. Aquí la idea es fortalecer la integración real de los agentes y no reproducir si-tuaciones de exclusión derivadas de la transgresión de la norma.Ricoeur en sus obras Lo Justo (Sanción, Rehabilita-ción y Perdón) y en Lo Justo 2 (Justicia y Venganza) presenta una reflexión acerca de la pena y del dere-cho a punir del Estado. La ejecución de la pena, más allá de su duración efectiva, equivale a un proceso de desocialización acelerada que trae consecuencias posteriores en la vida de los sujetos. Para Ricoeur, la exclusión de la vida en sociedad, a expensas de todo proyecto de inserción, engendra de manera progre-siva a sujetos reproductores de los males sociales. Así, la noción de sanción, entendida únicamente como castigo, constituye una negación flagrante de toda idea de restauración, y por ello la negación absoluta de todo proyecto de restablecimiento de derechos y la imposibilidad de acercase a una vida buena (Ricoeur, 1995). Por tanto, para nuestro au-tor la sanción tendrá sentido, sí y solo sí, conduce a la rehabilitación, lo que supone la obligación de reeducar a quien delinque para volver a hacer de él un ciudadano, lo cual pasa por una vuelta al reco-nocimiento de sus capacidades.En este marco, el autor considera que la pena y la sanción, más allá de su carácter castigador, ha de ir necesariamente orientada al restablecimiento de los derechos de una persona, de un estatuto jurí-dico que había perdido, “a restaurar la capacidad del condenado para volver a ser ciudadano pleno al concluir su pena” (Ricoeur, 1995: p. 201). Ahora bien, la preocupación de Ricoeur por lo in-justo y la necesidad de un sentido de justicia no solo se observa en el ámbito de la justicia penal sino también en la esfera de lo político. Esta es una de las claves que permiten despejar el recorrido y la esencia de la obra de Paul Ricoeur. Desde dicha preocupación, la justicia no solo presenta el signo de la espada, sino que también toma el signo de la balanza.

Justicia constructivaNo obstante el dominio de la noción de justicia por parte de la legalidad y del aparato judicial, Ricoeur, en su condición de filósofo moral, está interesado en explorar otro de los ejes en los que se fundamen-ta la justicia y que está presente en toda sociedad entendida como sistema de reparto de roles, tareas, beneficios y cargas. Específicamente vislumbra la temática de la justicia “en función de aquellas situa-ciones ejemplares en las que nuestra indignación se inflamaba contra la injusticia: repartos desiguales,

pobreza extrema, desventajas institucionales, pagos excesivos (...) en los que la justicia se anuncia como distribución justa” (Ricoeur, 1990, p. 22). Este nivel implica una estrategia distributiva asociada a “bie-nes a compartir”. La distribución genera un conflicto cuya base refiere a la interpretación de la importancia de los bienes para cada quien. En esto, a menudo se pierden de vista los elementos cualitativos con los que estos “bienes” están cargados, y que hacen que ellos sig-nifiquen más de lo que a veces son; por lo que en ocasiones se hace imposible trazar una equitativa división de los mismos. De esta manera, la justicia refiere a una norma universal de distribución que dé respuesta a la solicitud –siempre contextual– enunciada por los agentes sociales bajo el signo de la equidad. En este sentido, Ricoeur apuesta por mantener abierta la noción de distribución para que el aporte del concepto de “reparto” que está implí-cito en ella, y que hace falta a la noción de “querer vivir juntos”, permita encontrar un pilar adecuado en la idea de justicia. En un primer momento, lo justo puede ser enten-dido bajo la noción de reparto aritmético donde se asume la consigna de “dar a cada uno lo suyo” (Ricoeur, 1996, p. 165). Sin embrago, esto puede presentar el sesgo de considerar a la sociedad como un territorio llano y homogéneo en cuanto a las ne-cesidades y deseos de vida buena. De este modo, la aplicación de la regla de justicia a las interacciones humanas requiere no solo considerar a la sociedad como un vasto sistema de reparto de funciones, car-gos, y bienes económicos esenciales, sino también como un sistema amplio, diverso y diferenciado en donde se reparte.Así, la justicia requiere ser corregida en un primer momento por la noción de igualdad aritmética, para luego ser corregida por la igualdad proporcional; pues donde la generalidad de las leyes y sus prin-cipios no ofrecen soluciones frente a situaciones dilemáticas, o cuando normas con el mismo peso parecen contradecirse mutuamente, ambas ideas se entrecruzan entregando resultados diversos. Así, la noción de justicia en Ricoeur se atiende bajo la luz de la equidad en tanto adecuación del reparto de los bienes y derechos sociales al interior de un Estado de derecho. En esta noción de distribución, es posible hacer una distinción entre los términos “participación” y “partición”. Al respecto se indica que tener parti-cipación es una cosa y otra muy distinta es recibir una parte de algo. No obstante tal diferencia, ambos términos son complementarios y no excluyentes.

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Así, solo los que reciben dentro de una sociedad de cooperación pueden ser considerados como par-ticipes de esa sociedad, en la medida en que las partes distribuidas estén co-ordenadas entre sí; esto es lo que podría marcar la distancia entre integra-ción y marginación. En este marco, una institución considerada reguladora de la distribución de fun-ciones solo existe para los individuos que forman parte de esas funciones, y ella será justa o injusta según el modo cómo se aplique la equidad –pro-porcionalidad– en la distribución.Desde lo dicho, la justicia, como principio de dis-tribución pública, trata de reconstruir el vínculo social interrumpido por el mal político, restituyen-do a los actores sociales su autonomía, asociada a su “capacidad de actuar y hablar”, y permitiendo la integración de solicitudes para su posterior res-puesta, la cual requiere identificar las valoraciones de los bienes a distribuir para cada contexto. Esto invita a generar procesos dialógicos de distribución que observen la diferenciación contextual de las solicitudes, lo que implica generar propuestas no-homogéneas, sino más bien flexibles y adecuadas en cuanto a la distribución de los bienes disponibles. En este sentido, se requiere capturar la –relativa– significación contextual de los bienes a distribuir. Ahora bien, se observa que en términos prácticos el paso de lo cualitativo a lo cuantitativo produce una desgarradura interna a la propia idea de distribu-ción por donde puede filtrarse la injusticia. Aquí la exigencia es inventar proporcionalidades que, en lo posible, salven dicha desgarradura de forma histó-rica y contextual.

ConclusiónVista desde Ricoeur, la noción de justicia se basa en la estructura de la moralidad que va de los ideales de vida buena al establecimiento de las normas so-ciales, pasando por la mediación de las instituciones dentro de sociedades democráticas. Esto implica una relación de complementariedad entre una tra-dición teleológica y una deontológica, y de algún modo a poner en otro nivel la estéril discusión entre universalismo y contextualismo. Desde este autor, lo recomendable sería construir una dialéctica entre lo universal –la unidad de la razón práctica– y lo contextual –la diversidad de la vida ética– con el objeto de llegar a lo que se puede denominar un juicio en situación, es decir, una decisión sensible al contexto en el cual se va a desarrollar su efecto. En este marco, la forma de la justicia no presenta ningún contenido a priori o una respuesta fija a las solicitudes sociales, sino que más bien el conteni-

do de las decisiones refiere a las circunstancias, las tendencias y orientaciones de vida develados en los procesos deliberativos.A partir de la lectura de la obra de Ricoeur es posible observar una noción de justicia en la que las relacio-nes morales, jurídicas y políticas no están situadas únicamente bajo la idea de la conformidad con la ley y la legalidad. Más bien, en la noción de justicia de Ricoeur el carácter teleológico de la acción hu-mana es anterior a la constitución de las normas. En definitiva, las capacidades dignas de respeto de todo hombre se actualizan por medio de la institución. De este modo, el valor ético del nivel propiamente político de la institución es la justicia, y su aceptabi-lidad depende a la vez de las modalidades y grados de participación en la decisión política.En suma, la justicia de la que habla Ricoeur es, más allá de lo legal, fundamentalmente distributiva, pero al ir más allá de lo económico se ve desmembrada en una serie de esferas donde se requiere establecer la prioridad que ha de darse a cada una de ellas. Ricoeur realiza su planteamiento en contra de en-tender lo justo independientemente del bien. De ahí el esfuerzo del autor por señalar que la justicia no es puramente “moral”, sino que tiene también un sig-nificado “ético”, a partir de lo cual “lo justo” se sitúa entre “lo legal y lo bueno” (Ricoeur, 1990, p. 35). Con lo dicho, podemos ver que la noción de justicia implica la consideración por el “otro”, y que, co-rrelativamente, la justicia se extiende más allá de la relación “cara a cara”. Así, el “vivir bien” no se limita únicamente a las relaciones interpersonales, donde opera la solicitud, sino que se extiende a la vida de las instituciones, lugar de aplicación de la justicia. En este marco, la justicia presenta un rasgo que no está contenido en la noción de solicitud –por el bien del otro–, a saber, la exigencia de igualdad, principio que se convierte en el contenido ético del sentido de justicia. A partir de este análisis encontramos que el núcleo común de la justicia distributiva (relacio-nada con las transacciones públicas) y de la justicia reparadora (relacionada con las transacciones priva-das) es la igualdad –isotés–.De este modo, para enfrentar dificultad de los re-partos desiguales, y desde la noción de igualdad que acompaña a la justicia, Ricoeur plantea, como ya hemos visto, en un primer momento la idea de reparto aritmético igualitario, el cual, a pesar de ser difícil de concebir, no deja de tener aplicación prác-tica. Para el autor, en las sociedades modernas no ha cesado el campo de aplicación de la igualdad arit-mética: igualdad ante la ley, derecho de igual voto, entre otros. No obstante, esta noción de igualdad


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parece no ser suficiente frente a la policontextua-lidad y diversidad que caracteriza a las sociedades actuales; por cuanto para alcanzar este tipo de igualdad hay que tratar desigualmente a personas en principio iguales, como sucede con políticas que favorecen a algunos respecto de otros en situaciones similares. Así, y frente a la insuficiencia de la igual-dad aritmética, Ricoeur trae a colación lo que define a la justicia distributiva, a saber, la igualdad propor-cional, que consiste en hacer iguales las relaciones entre una persona y un mérito cada vez (Ricoeur, 1990). Dicho de otro modo, la igualdad propor-cional –equidad en este punto–, es a la vida en las instituciones lo que la solicitud es a las relaciones interpersonales. En este punto, Ricoeur, al apelar a las instituciones públicas –fundamentalmente del Estado–, propo-ne que la justicia exige tener en cuenta de modo preferencial los intereses de los marginados, para compensar el desequilibrio estructural que padecen mediante medidas proporcionales y situacionales. Ahora bien, en todo esto “no se trata de una lógica de la necesidad dialéctica sino de una dramática de la libertad” (Ricoeur, 1990, p. 166), en este sentido, la distribución no solo tiene que ver con los bienes sociales, sino también con el reparto y disminución del sufrimiento que acaparan los males políticos de la sociedad. Lo que aquí se observa es que para Ri-coeur la solicitud, que supone el sentido de justicia, no solamente motiva el preferir los intereses de los menos favorecidos de la sociedad, sino que permite captar el “exceso” de vida y de sentido que se da muchas veces y que se observa como injusticia.Ahora bien, la fijación por los más necesitados no aparece con claridad en la obra de Ricoeur, sin embargo, puede vincularse a su remarcar lo teleo-lógico como búsqueda de una vida buena, como base sobre la que puede construirse una moral bien fundamentada que sea mucho más que meramente procedimental, o reivindicativa, en sentido negati-vo, de una igualdad vacía.Hasta aquí, la justicia es una idea que recoge lo me-jor del pensamiento de Ricoeur sobre lo justo en su vertiente ética y jurídica, y su lectura significa una oportunidad para replantear las nociones de justicia que operan en nuestras instituciones sociales y las de nuestros organismos de control político.

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“La obvia inferioridad de nuestras escuelas…”. Las primeras influencias norteamericanas en el trabajo social chileno a inicios de la década de los 40“the obvious inferiority of our programs…” early american influences on chile’s social work profession during the 1940s

Maricela gonzález Moya

Universidad Santo Tomás, Escuela de Trabajo Social. Asistente Social, Magíster en Filosofía, Doctora© en Historia. Correo electrónico: [email protected]

Resumenel artículo muestra la influencia norteamericana en el Trabajo social chileno que comenzó a inicios de la década del 40 del siglo XX y que remplazó al ascendente europeo que había tenido la profesión en sus primeros quince años de existencia. Desde el enfoque teórico de la historia global, se indaga en el proceso de contactos recíprocos que se produjeron entre estados Unidos y Chile, intentando trascender la perspectiva puramente imperialista o dependentista con que ha sido abordado tradicionalmente el tema. Así, se busca mostrar esta área de influencias como una “zona de contactos” donde priman los intercambios culturales que operan al alero de la hegemo-nía estadounidense post segunda guerra mundial y de la doctrina del “buen vecino” de roosevelt.

Palabras clave: Historia del Trabajo social, profesionalización, norteamericanización.

Summary This paper analyzes the United states’ influence on Chile’s social work profession, which began in the 1940s and replaced the european basis of the profession during its first 15 years. Using a global history theory approach, we analyze mutual contacts between Chile and the United states in an attempt to transcend the purely imperialist or dependancy perspectives traditionally used to study the issue. From this perspective, the Us’ influence occurs as a “contact zone” based primarily on cultural exchanges that operate under post World War II Us hegemony and roosevelt’s “good neighbor” doctrine.

Key words: social work history, professionalization, americanization.

“…No pretendo analizar los factores que dan superioridad sobre el nues-tro, al Servicio Social de los Estados Unidos y en los que se cuentan, de seguro, mejores condiciones económicas, culturales y de otra especie”.

Luz Tocornal de Romero, Directora de la Escuela de Servicio Social. Palabras pronunciadas el año 1941, después de viajar a Estados Unidos.

Introducción y perspectivas de análisisEl presente artículo busca analizar, desde la pers-pectiva de la historia global, las relaciones que tuvieron las escuelas de servicio social chilenas con las influencias internacionales, y específicamente la norteamericana, en torno al año 1940. La tesis cen-tral de nuestro trabajo descansa en la idea de que

en ese año comenzó un influjo decisivo de Estados Unidos en la historia de la profesión, ascendencia que se mantendría hasta bien entrados los años 70.El papel que jugaron los elementos foráneos en los inicios del Trabajo Social chileno ha sido interpreta-do, básicamente, desde una matriz crítica y se han calificado a menudo como influencias alienantes,

Maricela González Moya

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ajenas a las necesidades latinoamericanas, foraste-ras y subordinantes. El año 1970 la editorial de la Revista de Trabajo Social de la Universidad Católica afirmaba que el dominio europeo y norteamerica-no de los primeros años profesionales condujeron a la apropiación de “métodos empapados de la rea-lidad de los países en los cuales se gestó” (Revista de Trabajo Social, 1970, p. 3). La dependencia la-tinoamericana se manifestó “en el uso de teorías y metodologías elaboradas en otros países, sin ade-cuarlos a nuestra realidad. En la ausencia de teoría propia se pretendió desarrollar la profesión según las modalidades que esta iba adoptando en otros países (Estados Unidos, principalmente). Esta de-pendencia condicionó también la orientación que se dio al bienestar social, área específica en la cual se han ubicado en su mayoría los trabajadores so-ciales” (Aylwin, Poblete y Solar, 1970, p. 5). De esta manera, “el gran legado” de la tradición europea y norteamericana habría sido la persistencia de una tradición voluntarista y asistencialista (Aylwin y Rodríguez, 1971, p. 5), plagada de elementos ru-tinarios y de mucha improvisación en el actuar profesional (Alvariño, 1974).Este criticismo estuvo influido por las teorías de la dependencia y del imperialismo que desde las décadas de los 60 y 70 impugnaron a los modelos difusionistas del desarrollo, de acuerdo a los cuales existe una dicotomía entre países “desarrollados” y otros “en vías de desarrollo” y que estos últimos re-plican una dualidad interna que se expresa en la existencia de un sector “rural atrasado” y un sec-tor urbano “capitalista y moderno”. Los nuevos enfoques disidentes cuestionaron la teoría de la mo-dernización, pero mantuvieron intacta la partición entre extranjeros y locales y se siguió amarrado a un modelo teleológico de progreso.En particular, la teoría del imperialismo se concentró en el análisis de la penetración norteamericana en la periferia latinoamericana, especialmente referida a los ámbitos políticos, económicos y militares. “Pre-ocupada sobre todo por la cuestión de la disparidad de las relaciones de poder entre los estados naciones y por las tensiones generadas por las exportaciones de capital a formaciones sociales que se encontra-ban en una fase menos ‘avanzada’ de desarrollo, esta concepción presentó la creciente y multifacéti-ca conexión entre Estados Unidos y América Latina como una relación entre dos entidades políticas y dos economías distintas, y suele caracterizar a los empresarios, diplomáticos y militares norteamerica-nos en el exterior como instrumentos de una alianza entre el capital y el estado para conquistar merca-

dos, aprovechar fuentes baratas de materias primas y consolidar una relación asimétrica de poder” (Gil-bert, 2005, p. 102).De manera similar, los modelos de dependencia y sistemas mundiales señalan las asimetrías en el co-mercio y las finanzas internacionales y cartografían la forma en que las elites dirigentes, los partidos po-líticos y la sociedad civil se han hecho partícipes de la reproducción de las condiciones estructurales de “dependencia” que impiden que los países “periféri-cos” puedan generar los niveles de desarrollo de las “metrópolis”.En síntesis, “la narrativa maestra de la ‘dependen-cia’, como la del ‘imperialismo’, presupuso una relación bipolar que subsumía la diferencia (regio-nal, de clase, racial/étnica, de género, generacional) al servicio de una maquinaria más grande que fi-jaba límites, extraía plusvalías, establecía jerarquías y modelaba identidades. En su descripción, ambas narrativas pusieron a Estados Unidos (o a las ‘na-ciones centrales’ del sistema mundial) al control de una gran empresa ‘neocolonial’, que manejaba una corriente de flujos unificados por la lógica de la ganancia, el poder y una única cultura hege-mónica. Desde el centro fluían las mercancías, el capital, la tecnología, los artefactos culturales y el poder, el conocimiento técnico y los equipos milita-res, a fin de reproducir más de lo mismo” (Gilbert, 2005, p. 103). De esta manera, el imperialista pasó a ser demonizado y el calificativo se extendió no solo hasta las corporaciones económicas o políticas, sino que alcanzó a los planificadores de políticas, a los promotores culturales e incluso a los centros de educación superior.Como corolario de lo anterior, la visión de los su-jetos “dependientes” era fatalista, a pesar de que se buscaba algún tipo de cambio revolucionario. los campesinos, los obreros y los actores urbanos aparecían pasivos y dormidos, carentes de protago-nismo. La esfera de la cultura quedaba relegada por el predominio del análisis economicista y la “impo-sición del estilo de vida norteamericano” no era más que una consecuencia obvia de un afán por hacer penetrar en las periferias las mercancías producidas por el capitalismo.Proponer una interpretación desde la óptica de la historia global significa que se ha buscado trascender las visiones del “imperialismo” y la “dependencia” como perspectivas que priorizan las relaciones de poder unilaterales y unidireccionales, y trata de re-emplazarlas por la idea de las “zonas de contacto”, esto es, que sin negar la influencia de la política, la economía y la cultura norteamericanas, el poder

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“La obvia inferioridad de nuestras escueLas…”. Las primeras infLuencias norteamericanas en eL trabajo sociaL chiLeno a inicios de La década de Los 40

es y ha sido ejercido de manera desigual y diver-sa en distintas regiones y por distintos agentes, en una variedad de lugares y potenciando arreglos in-ternacionales múltiples (Gilbert, 2006, p. 5). Como señala Joseph: “Las formas de poder han sido múl-tiples y complejas: simultáneamente han operado a través de los estados-naciones y de las relaciones regionales más informales; a través de los negocios y las redes comunicacionales y las industrias cul-turales; a través de las instituciones científicas y las agencias filantrópicas; mediante las tecnologías importadas; y por medio de las construcciones de nacionalidad, raza, etnicidad, género y sexualidad. Las zonas de contacto no son lugares geográficos con significaciones estables; pueden representar dominio y hegemonía, pero son, simultáneamente, sitios de negociación, préstamo e intercambio; y de redistribución e inversión” (Gilbert, 2006, p. 5)1.De lo que se trata es de reconceptualizar la relación entre Estados Unidos y América Latina, enfatizando en una nueva comprensión de las relaciones com-plejas entre cultura y poder, donde no se desconoce la asimetría ni la existencia de verdaderas maqui-narias imperiales de dominio, sino que se integran las interacciones, la conectividad y las múltiples y polivalentes representaciones discursivas y materia-les que se gestan en esas “zonas de contacto”. En ese sentido, la perspectiva de la historia global trata de superar el eurocentrismo y, a la vez, los latinoame-ricanismos extremos, en un afán por acentuar los entrelazamientos y anular la teleología como fondo histórico-filosófico (Conrad y Eckert, 2007).De esta manera, lo que intentamos en este artículo es encontrar y mostrar las conexiones que existieron entre el Trabajo Social chileno y el norteamerica-no desde los ’40 en adelante, no ya para inscribir esas relaciones en la lógica del centro-periferia, sino para analizar los matices y complejidades que tuvo, las formas que adoptó y los procesos que ayudó a configurar. La elección misma del tema resulta re-levante desde este enfoque, toda vez que explora en las relaciones culturales, y específicamente en el intercambio intelectual y la historia de las profesio-nes, que a menudo no ha sido considerado como significativo en los enfoques clásicos sobre el tema.Salvo por el libro de María Angélica Illanes (Illanes, 2007), la aproximación historiográfica al tema del Trabajo Social en Chile ha sido casi inexistente. En ese sentido, han sido siempre los propios trabaja-

dores sociales los que han escrito su historia y esos abordajes han adolecido de algunas limitaciones más o menos obvias: reducción de la historia profe-sional a “etapas” subsidiarias del contexto, rígidas y canonizadas esquemáticamente; escasa referencia a fuentes primarias, y debilidad metodológica en tér-minos de acceso crítico a los documentos escritos y orales2. Esta historia desde el Trabajo Social ha crea-do más bien un mero relato de “acontecimientos”, haciendo lo que la Escuela de Los Anales llamaba histoire événementielle (Burke, 1996).Sin embargo, nosotros nos alejamos también de la postura que tiene Illanes sobre la historia del Trabajo Social en Chile. Sin siquiera pronunciarnos sobre la postura conceptual o ideológica de la autora, cree-mos que su perspectiva de análisis no permite una interpretación compleja de los procesos profesio-nales y, en sentido más amplio, de la historia social chilena. Por ser deudora de una crítica tan frontal a la modernidad y por sostener una visión del poder que se compromete tanto con el primer Foucault, Illanes solo puede entender a las primeras visitado-ras como instrumentos de aplicación de las políticas sociales del Estado –como un Estado ampliado, en ese sentido–, y concluir que dichas visitadoras no fueron más que una segunda fase en el proceso de cooptación del pueblo, es decir, herederas directas de las señoras aristócratas o burguesas de las prime-ras décadas del siglo XX. En definitiva, las visitadoras fueron un instrumento de mediación no conflictiva que apaciguaba el conflicto de clase y fortalecía el pacto social capitalista. Señala: “dado el profundo distanciamiento y conflicto entre ricos y pobres y entre las clases sociales, producido en el curso de la consolidación capitalista, el deseo de una ‘volun-tad de aproximación’ –tal como lo planteó la iglesia hacia fines del siglo XIX, por ejemplo– era un idea-lismo o una abstracción que no tenía eficacia real. El concepto político de aproximación entre las clases, en tanto buscaba ser oponente al concepto de lucha de clases, era sin duda un concepto ‘no-revolucionario’ y, para serlo, necesitaba de una ideología sustentada en un cuerpo de verdades científicamente formu-ladas, de una utopía convincente, de un cuerpo de militantes activos y de una estrategia o vía que per-mitiese llevarla a la práctica; este último elemento era indispensable, sin el cual todos los otros factores caían al vacío” (Illanes, 2007, p. 446). Ese “elemen-to”, dice Illanes, fueron las visitadoras sociales.

1 La traducción es mía.2 Dentro de estos textos podemos citar: Ayalón, N. (1984); Quiroz, M. (2000); Quiroz, M. (1998); Alvariño, P. (1984); Jiménez, M.

(1979); Jiménez, M, (1982).


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El periodo que abordamos ha sido calificado por la literatura existente como de “profesionalización”, aun cuando esta denominación ha sido trabajada muy débilmente. En específico, se ha entendido que para el caso del Trabajo/Servicio Social, “profesio-nalizarse” ha significado el paso desde la “caridad” a la “asistencia” y no necesariamente, como en otras disciplinas, el logro de un aparataje conceptual pro-pio, la adquisición de determinados métodos de actuación o habilidades especializadas, prestigio so-cial elevado en comparación con el trabajo manual (Broman, 1995, p. 835)3, estándares éticos de nivel avanzado (Kunzel, 1988, p. 22 y sgtes.), o, por últi-mo, un cierto proceso de institucionalización de las prácticas (González Leandri, 1999, p. 15 y sgtes.). En ese sentido, hablar de que el Trabajo Social se profesionalizó en Chile desde los años ’20 del siglo XX solo ha venido a ser parte del discurso estatuido por la historia y se ha reducido en su análisis al pro-ceso de formación ceñido a una estructura formal de aprendizaje. Valiéndonos de esta apreciación, podemos sostener que este proceso de profesionalización se inició en Chile el año 1925 con la fundación de la prime-ra Escuela de Servicio Social –primera también en Latinoamérica y en habla hispana–, al alero de la Junta de Beneficencia y continuó con la creación de la Escuela Elvira Matte de Cruchaga, de inspiración católica, el año 1929. En Europa y EEUU el Servicio Social “científico” no era mucho más antiguo. En 1919 se había creado la Escuela de Servicio Social de Nueva York (como continuación de la Escuela de Filantropía, fundada en 1898) y en Europa se había abierto la primera escuela en Amsterdam, en 1899. La Escuela de la Beneficencia formó a las primeras visitadoras sociales chilenas y contempló un plan curricular que duraba dos años y en el que se ense-ñaban materias como Instrucción Cívica, Psicología, Higiene y Deontología, Atención de Enfermos, Estadística y Técnicas de Oficina, Legislación, Bene-ficencia, Puericultura, Contabilidad, entre otros4. Al final de cada año lectivo las alumnas desarrollaban los “semestres de verano”, en los cuales se realiza-ban prácticas de servicio social en instituciones de beneficencia pública y privada; al final de la carrera se entregaba una memoria y se rendía un examen de título.La Escuela Elvira Matte de Cruchaga no fue demasia-do distinta, a pesar de que pretendió constituirse en

una alternativa a la “neutralidad laica” de la Escuela de la Beneficencia y que “tendría por fin preparar y titular Visitadoras Sociales, que podrían servir en las instituciones públicas y privadas. Su formación sería sobre la base de la Doctrina Católica y de las ciencias necesarias para la formación técnica” (Iz-quierdo, 1932). En síntesis, se trataba de dos escuelas que compar-tían el espíritu modernizador del Estado asistencial, que se empeñaban por procurar una intervención científica de la miseria, pero que se diferenciaban también en algunos aspectos: la Escuela de la Junta de Beneficencia aspiraba a un tratamiento neutro de los problemas sociales y se encontraba mayormen-te impregnada del énfasis higienista de las políticas sociales y del modelo biomédico de tratamiento; la Escuela Elvira Matte, por su parte, rechazaba la neutralidad y buscaba la formación de profesiona-les explícitamente inspirados por valores cristianos, con un énfasis mayor en los “problemas morales” que en los higiénicos. A las anteriores se agregó, el año 1940, la Escue-la Lucio Córdova, la primera de carácter público y dependiente del Ministerio de Educación. Tuvo sedes en Santiago, Concepción y Temuco y desde 1948 fueron anexadas a la Universidad de Chile con dependencia de la Facultad de Ciencias Jurídi-cas y Sociales. Como se ha señalado: “La carrera de asistente social se inició en estas Escuelas de Servi-cio Social con un régimen de tres años de estudio académico, cuyo plan de estudios buscó armonizar los conocimientos específicos de la metodología del Servicio Social Profesional y de otros ramos profe-sionales médicos, de derecho y de algunas ciencias sociales, con los conocimientos complementarios sobre educación familiar, bibliotecomanía, orien-tación de lecturas, etc.” (Revista de la Escuela de Servicio Social “Doctor Lucio Córdova”, 1966, p. 8). En el tercer año se realizaba un trabajo práctico y este daba paso a una memoria de prueba para ob-tener el título de Asistente Social.

La formación de las primeras escuelas bajo el influjo europeoLa formación y estructuración de las primeras escue-las de Trabajo Social en Chile estuvo marcada por haber sido copias de los modelos que ofrecían las escuelas homólogas en Bélgica y trajeron directoras europeas para que encabezaran la formación de las

3 Las características señaladas las toma Broman de Charles McClelland, en su texto The German Experience of Proffesionalization (Camdridge, 1991).

4 En la Escuela Elvira Matte se agregaban los ramos de Ética y Religión.

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nuevas visitadoras sociales durante los años 20.El compromiso sostenido con la resolución de los problemas sociales de parte de los sectores profesio-nales que aspiraban a dirigir el país –principalmente médicos–, los llevó a buscar en otros países algunas alternativas y ejemplos a seguir; allí se encontraron con que en Europa el espacio de la filantropía y la caridad se hallaba ya profesionalizado y que eso brindaba a las políticas sociales una “aplicación” más efectiva y moderna. En pocas palabras, el ejem-plo europeo demostraba que la “profilaxis social” permitía un enfrentamiento integral de los proble-mas y que las temáticas sociales, médicas y jurídicas pasaban a ser “resueltas” por una sola mirada pro-fesional. A la muerte de Alejandro del Río, médico fundador de la primera escuela de Servicio Social en Chile, Gabriel Amunátegui comentaba lo siguiente:

“A fines de 1924 recibimos una citación para asistir a una reunión en casa de don Ismael Val-dés Valdés, Presidente en esa época de la Junta de Beneficencia. Ahí nos encontramos, entre otros, con los doctores Gregorio Amunátegui, Alejandro del Río, Eugenio Cienfuegos, Euge-nio Díaz Lira, con los profesores universitarios Raimundo del Río y Moisés Poblete Troncoso. Don Ismael, con su característica modestia, nos dijo que el Doctor del Río le había conversado, reiteradamente, acerca de la creación en Chile de un organismo nuevo, desconocido en Amé-rica, de una escuela de Servicio Social y que le había indicado, asimismo, los nombres de al-gunas de las personas que podían ayudarle en esa obra. Los concurrentes, en su mayoría, reci-bieron la noticia con extrañeza, con interesada curiosidad. (Después, recordando ese primer gesto –origen de una Escuela que es modelo en su género–, nos confesamos varios nuestro des-concierto ante la petición de cooperación que recibimos).El Dr. Del Río, recorriendo pausadamente el es-critorio donde nos encontrábamos, nos dio una lección de “Servicio Social” [...] “Recuerdo fiel-mente que ante una interrupción aclarativa, nos dijo: ‘El problema social es doble: de una parte, el aspecto médico e higiénico, y de la otra, la cuestión legal. Imagínense ustedes el ‘caso’ –y vaya que nuestra Escuela, en sus 15 años de ininterrumpida tarea, ha acudido a centenares y centenares de ‘casos sociales’, después que el Dr. Del Río nos exhibiera, en esos lejanos días del año 1924 el hipotético caso, subraya-do mil veces por la realidad)–, de un enfermo tuberculoso que llega al Hospital. Una cosa es la atención de ese enfermo. Mas, ese hombre ha dejado un hogar, que es menester preser-var. Hay que llegar hasta él y acudirlo. Prevenir el posible contagio. Y, además, –en esos días empezaba la vigencia de la legislación social–,

seguramente se trata de uniones ilegítimas, que es menester regularizar. Reconocer hijos, legali-zar uniones’. Y, de ese modo simple, el profesor del Río esbozaba la finalidad de la escuela pro-yectada. Entusiasmado con ella, contagiados con su fervor, convencidos de la función social que estaba llamada a desempeñar, ofrecimos gustosos todos los allí reunidos nuestra modes-ta colaboración” (Amunátegui, 1939, p. 6-7).

Alejandro del Río se había inspirado en las ideas que René Sand, un higienista francés, había trans-mitido en el Cuarto Congreso Panamericano del Niño, que se había realizado en Santiago en sep-tiembre de 1924. Alejandro del Río supo ver qué tipo de organización y orientación debía tener la nueva Escuela. Primero eligió el terreno donde esta debía funcionar, dibujó los planos, trazó las líneas generales del plan de estudios y de los programas, e hizo contratar como directora a Mme. Bernier, una profesora belga que se había especializado en pro-blemas sociales.El primer curso, dictado el año 1925, tuvo 42 alum-nas que se sometieron a un proceso de selección que implicó una evaluación de sus antecedentes familiares y condiciones personales y en el cual se les pedía a las postulantes haber rendido el tercer año de humanidades, pagar la fianza estipulada y demostrar una “vida y moral” acorde con los valores profesionales.Algo parecido aconteció en la Escuela Elvira Matte de Cruchaga. Las hermanas Izquierdo Phillips fue-ron comisionadas el año 1927 para que estudiaran en Bélgica la existencia y peculiaridad de las escue-las católicas y tomaron contacto con la alemana Luise Jörinssen, que viajó a Chile a desempeñarse como primera directora.El primer año se aceptaron 30 postulantes, pero se seleccionaron solo 20 luego de un trimestre de prueba. El ingreso implicaba el pago de la fianza, te-ner entre 20 y 35 años, haber cursado los seis años de humanidades con buen rendimiento, demostrar conocimientos de manejo del hogar y de economía doméstica y presentar la recomendación de un cura.En estos primeros años, ambas escuelas promo-vieron una formación orientada por los principios higienistas de la biopolítica; estos entendían que la política social debía dirigirse primordialmente al ataque de problemas sanitarios (tuberculosis, enfer-medades venéreas, alcoholismo, entre otros) con la perspectiva de “prevenir” más que “curar”:

“El esfuerzo actual de los filántropos y de todos los organismos de asistencia tiende, sobre todo, de organizar en este dominio, a la asistencia preventiva, a fin de reducir cada vez más la par-


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te que toca a la asistencia curativa y de suprimir las medidas paliativas que fueron, durante largo tiempo, los únicos remedios empleados para curar todos los infortunios, todas las miserias” (La Escuela de Servicio Social de Santiago de Chile, 1927, p. 8).

Otra influencia clara recibida en estos primeros años de formación estuvo dada por la idea de que la crea-ción de escuelas garantizaba el paso de la “caridad a la asistencia” y esto se inscribía en la tendencia posi-tivista y funcionalista de las profesiones, de acuerdo a la cual estas eran portadoras de una verdad “objeti-va”, que se manifestaba técnicamente a través de un saber profesional neutro y científicamente fundado, garante de una solución “moderna” a los problemas sociales. Como señalaba Leo Cordemans, segunda directora de la Escuela de la Beneficencia, el paso de la caridad a la asistencia, a través de la filantropía, era el tránsito desde la acción basada en la buena voluntad hasta otra de carácter científico que “[…]encierra las reglas del diagnóstico social, las del tra-tamiento basada sobre las medidas preventivas o curativas, con exclusión de los procedimientos sim-plemente paliativos” (Cordemans, 1927, p. 7).Cordemans estaba convencida de que la visitadora social estaba llamada a cumplir esa tarea “científica”, pues “…su ayuda no se limita, como otras veces, a dádivas que sostienen a menudo la causa del mal, sino que envuelve el análisis de la situación mate-rial, profesional, moral de una familia, y el llamado a las influencias, obras, poderes, que pueden con-currir al mejoramiento” (Cordemans, 1927, p. 7).

La transición hacia la influencia norteamericanaA pesar de que ya el año 1924 se reconocía a las escuelas norteamericanas como experiencias loables y dignas de imitar y se las avizoraba como referen-te (Sand, 1924), hemos visto que en esos primeros años de profesionalización fue mayor la preponde-rancia de Europa.La influencia norteamericana en el Trabajo Social chileno arrancó con fuerza recién el año 1941, con la participación de una delegación chilena en la Conferencia Anual de Trabajo Social que se desarro-llaba en la ciudad de Atlanta. La Asociación de Escuelas de Servicio Social de Estados Unidos se decidía, por primera vez el año 1941, a invitar a un encuentro latinoamericano. Asistieron quince escuelas, incluyendo la chilena, a una reunión de más de un mes, que implicaba un Congreso, visitas a ocho ciudades en Estados Uni-dos y la observación guiada de distintas escuelas y obras sociales del país.

“En el programa, que abarcó todo el mes de Junio, estaban comprendidos la asistencia al Congreso, una gira de estudios y una discusión final, con las organizaciones centrales de Wash-ington, de puntos de vista y de resoluciones” (Tocornal, 1941, p. 162).

A pesar de que en el relato no se declaran las fuen-tes de financiamiento, se deduce de los documentos que el gobierno del norte invitaba a los países la-tinoamericanos a participar del evento pagando gran parte o la totalidad de los gastos. El encuen-tro implicaba numerosas actividades de recepción y camaradería, reuniones con autoridades loca-les y de los países visitantes (embajadores, entre otros), alojamiento de las delegaciones en hoteles de adecuado estándar, viajes entre ocho ciudades, comidas, viáticos y todos los gastos derivados del Congreso propiamente tal.La cuestión se transformó, a todas luces, en un acontecimiento de carácter nacional para el gobier-no norteamericano. Las directoras de las escuelas de Latinoamérica fueron convocadas por la confluen-cia de organismos del ámbito del Trabajo Social y otros del Ejecutivo:

“Su visita fue arreglada por el Consejo de Defensa Nacional a través de su Oficina de Coordinación para las relaciones culturales y comerciales entre las Repúblicas de la América; con la cooperación del Departamento de Esta-do, incluyendo nuestras misiones diplomáticas en las otras Repúblicas Americanas, y la Oficina del Niño” (La Conferencia de Servicio Social de Atlantic, 1941, p. 177).

Los discursos nos hacen pensar que para el go-bierno norteamericano la reunión significaba tener presentes a los países latinoamericanos en torno a un tema que se ubicaba a medio camino entre los intereses políticos y los sociales. Las escuelas de Ser-vicio Social representaban, como lo han sostenido algunos autores, la forma en que el Estado llegaba a los pobres y la manera en que resolvía también la “cuestión social” que años antes había desestabiliza-do a la mayor parte de las sociedades occidentales. La política social era, de este modo, una expresión del nuevo pacto social fordista, sustentado en un acuerdo con la democracia y el capitalismo. En ra-zón de lo anterior, los discursos convencían a los asistentes de la importancia de consolidar los va-lores de convivencia en orden, alertaban sobre los peligros de la guerra y generaban una especial soli-daridad entre el “norte” y el “sur”:

“Deseamos que todos vuestros días en nues-tro país sean felices y completos en realización de los fines de nuestro viaje. Ojalá que en este mes dedicado a una labor común, nosotros del

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Norte y vosotros del Sur, hayamos trabajado tan unidos que nuestra labor sea una fuente de fortaleza para nuestros espíritus, impregnados de los sentimientos y principios de justicia, de caridad y de amistad. Ojalá que en esta manera se forme una verdadera defensa social contra el peligro terrible que hoy ensombrece el mundo entero, una defensa de hogares, de familia, de niños, tan fuerte como el espíritu de América. Este espíritu y la fe en el destino de nuestra civilización libre, únicamente asegurarán a los niños del Nuevo Mundo un futuro digno de las aspiraciones del pasado heroico, un pasado que ha puesto en nuestras manos y nuestros corazo-nes la libertad y la seguridad de nuestras patrias del Norte y del Sur”5.

Los aspectos señalados hasta el momento no serían tan significativos si no fuesen por las consecuen-cias que ellos tuvieron en los años posteriores para el Trabajo Social chileno. En lo inmediato, el viaje hizo concluir a Luz Tocornal, Directora de la Es-cuela de Servicio Social de la Junta de Beneficencia, que el Servicio Social de Estados Unidos se había convertido, en los últimos diez años, en el más im-portante a nivel mundial y que “sus publicaciones, que son las que han llegado con mayor regularidad, constituyen nuestra mayor fuente de inspiración” (Tocornal, 1941, p. 158).Señalaba, más delante, que “evidentemente” el Ser-vicio Social estadounidense se situaba en un nivel de desarrollo superior y que este se había alcanzado superando los problemas que la profesión tenía en Chile por aquellos años. Cuatro elementos desta-caba Tocornal: la especificidad de la función de la visitadora social, la comprensión de parte de médi-cos y enfermeras, la organización armónica de los servicios y la preparación especializada (Tocornal, 1941, p. 160). Se explayaba del siguiente modo:

“No pretendo analizar los factores que dan su-perioridad sobre el nuestro, al Servicio Social de los Estados Unidos y en los que se cuentan, de seguro, mejores condiciones económicas, cultu-rales y de otra especie. Señalaré, sin embargo, algunos: 1) Mejor definición de las funciones, a consecuencia de lo cual, no se le pueden confiar a las Visitadoras misiones para las que no está destinada, o especialmente calificada, y ella, a su vez, tiene concepto más claro del papel que le corresponde dentro de la Institución donde tra-baja; 2) Relaciones profesionales armónicas, que permiten darse la mano de un establecimiento a otro, aunar los esfuerzos, adaptarse a las pecu-liaridades de una jefe o una colega y ver en ésta

o aquélla a la profesional, prescindiendo, si es necesario, de la persona; 3) Mayor afán de pro-greso, que se traduce en lectura más asidua, en frecuentes congresos y reuniones, en cursos de perfeccionamiento, en literatura en cierto modo pródiga y en variadas investigaciones.

Si se atiende a que nuestra actitud es, a mi entender, más fervorosa y a que aquellas imperfecciones no son fatales, sino por el contrario, muy susceptibles de corregir, la lec-ción recibida ha de tenerse por estimuladora. Resulta alentador, además, comprobar que no-sotros vamos siguiendo el mismo camino y que afrontamos escollos y desilusiones que no son peores de los que ellos debieron esperar” (To-cornal, 1941, p. 167).

De esta manera, y como ha puntualizado Stefan Rinke (2004), Estados Unidos se presentaba a ojos de las visitantes latinoamericanas como una espe-cie de viaje al futuro: la propia realidad aparecía como un “pasado” que había que superar y avanzar en la dirección fijada por el punto de comparación foráneo.El encuentro de Atlantic City generó otra conse-cuencia específica, que fue un acuerdo para ofrecer becas y perfeccionamiento a visitadoras sociales de Latinoamérica. Al año siguiente, ya se encontraban dos chilenas estudiando en Estados Unidos. Laura Vergara Santa Cruz, becada en la Escuela de Servicio Social de Nueva York, escribía, en 1942, un artículo muy significativo titulado “La política del buen vecino en acción”, con motivo de la in-vitación que habían recibido ella y una delegación de varios países latinoamericanos de parte de la Children’s Bureau y la Oficina del Coordinador de Asuntos Interamericanos, para participar en el Con-greso Panamericano del Niño en Washington. En la misma tónica que el encuentro de Escuelas del año anterior, la invitación contemplaba la asistencia al Congreso, la visita a obras y programas sociales diversos y el traslado hacia Nueva Orleans, donde se realizaba el Congreso Nacional de Servicio Social.También en este caso, las actividades propiamente académicas y vinculadas al tema del Congreso fue-ron complementadas con otras de carácter oficial, que contemplan una visita hasta la Casa Blan-ca, donde fueron recibidas por la Primera Dama, Eleanor Roosevelt. Hubo diversas reuniones con delegaciones extranjeras, diplomáticos y hasta con el Presidente de la República de Perú, de visita por aquellos días en Estados Unidos.

5 Palabras pronunciadas por Katherine Lenroot, Directora de la Oficina del Niño del Departamento del Trabajo en Washington. Citadas en: La Conferencia de Servicio Social de Atlantic City, 1941, p. 178.


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En todas las reuniones en Nueva York y las que con posterioridad se realizaron en Nueva Orleans, el tema siempre fue el rol del Servicio Social en la Post Primera Guerra Mundial y en la consolidación de la democracia. En el Congreso Nacional de Servi-cio Social expuso la Directora del Departamento de Investigación de la Foering Policy Association, con el tema “Después de la Victoria… ¿qué?”, aludiendo a las consecuencias contemporáneas de la I Guerra. Y, como señala Vergara:

“Las sesiones siguientes abordaron los proble-mas del Sur de los EEUU, en su aspecto social y económico, el standard de vida americano en tiempo de guerra y en la sesión de clausura, Miss Gertrude Springer, editora del Survey, de-lineó a grandes rasgos “La responsabilidad del Trabajador Social en una democracia” (Vergara Santa Cruz, 1942, p. 86).

La influencia norteamericana se notó también en esos años cuando se fundó en 1942, la Escuela Lu-cio Córdova, primera escuela pública de formación de asistentes sociales. Á diferencia de las anteriores, que habían imitado el ejemplo belga, esta derecha-mente se inspiraba en la formación norteamericana:

“Para formalizar en el momento oportuno esta nueva modalidad de enseñanza en Chile, su Excelencia y el Ministro de Educación Pública, Dn. Rudecindo Ortega, enviaron en comisión de estudios a Estados Unidos de América cuatro visitadoras sociales tituladas, para perfeccionar sus conocimientos sobre servicio social, que-dando comprometidas a enseñar los principios fundamentales de esta ciencia social en las es-cuelas especiales que se fundarán al regreso de ellas. Me cupo el honor de formar parte de ese grupo, y de quedar designada para enseñar en la Escuela de Santiago. Hice el curso de perfec-cionamiento en The New York School of Social Work, la Escuela de Servicio Social de mayor renombre en el mundo entero…” (Olmos Han-sen, 1943, p. 249).

En definitiva, ya para inicios de la década de los ’40 se había entrado en una corriente de influjos que no se detendría en años posteriores y que no involucraba solo el caso del Servicio Social. Los médicos emprendían por aquellos años verdaderas peregrinaciones a las universidades norteamerica-nas6 y se declaraba que la política social no podía ser ya un patrimonio de cada nación por separado, sino producto del flujo constante de intercambios mutuos:

“Para conquistas generalizadas que se reflejen en paz durable, la política social excede el do-minio privativo de cada país y desborda el radio internacional. En sus tareas básicas, para aban-donar la zona de las aspiraciones y convertirse en hecho perdurable, no le basta un progra-ma interno. Como alguien ha apuntado, debe renunciar a la antigua creencia de que para di-ficultades propias bastan remedios nacionales, y concebir y practicar una colaboración inter-nacional que permita la elevación paralela del nivel de vida de grupos similares de naciones distintas” (Ivovich, 1942, p. 140-141).

Para el caso del Trabajo Social, estas visitas, la par-ticipación en Congresos y las becas de formación tuvieron consecuencias académicas y prácticas para el Trabajo Social chileno. Y aunque no es objetivo de este artículo mostrar lo que ocurriría en años posteriores, sí podemos señalar que se imitaron los métodos profesionales de intervención: al tra-dicional método de Casos (que también se había desarrollado en Estados Unidos, a partir de Mary Richmond), las visitantes manifestaron su admira-ción por el trabajo con Grupos y con Comunidades y estos se convirtieron en las formas prototípicas de intervención desde el Servicio Social. En los años 60 se adhirió al modelo tecnológico que el norteame-ricano Greenwood expuso y enseñó en la Escuela de la Universidad de Chile primero y que luego se extendió a las otras Escuelas7. Y, para mayor re-dundancia, la carrera misma pasó a denominarse “Trabajo Social”, en franca imitación de las social workers estadounidenses.

Reflexiones finalesComo hemos intentado mostrar en el presente ar-tículo, los primeros años de profesionalización del Trabajo Social chileno no pueden entenderse si no es en referencia a las influencias internacionales. Las dos primeras escuelas fueron fundadas por inspi-ración de sendas visitas a Europa y sus directoras fueron trabajadoras sociales de origen extranjero. Los emplazamientos, el curriculum de formación y el sistema de prácticas, entre otros, se hizo si-guiendo el ejemplo que proporcionaban los países europeos y los modelos de enseñanza se inspiraron en esos otros esquemas que pretendían pasar desde la “caridad” a la “asistencia”. Destaca en esos pri-meros años la presencia de Luz Tocornal y Moisés

6 Reflejo de esto son las publicaciones consignadas en la Revista de Asistencia Social. Entre ellas podemos destacar: Acuña Zamora, M. (1942); Araneda, G. (1943); Bravo, A. (1943); Santa María, J. (1943).

7 Véase con más detalle en: Greenwood, E. (1967/1968); Aylwin, N. (1976).

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Poblete en la Primera Conferencia Internacional de Servicio Social de 1928, en el marco de la Quincena Social de París. Tocornal afirmaba:

“Intimidada me sentí al llegar, única de mi país y viniendo de tan lejos, me miraban con asom-bro, como algo exótico, pero al conversar, luego comprendimos lo cerca que estábamos espiri-tualmente, ya que a todas nos guiaba el mismo y grande ideal” (Tocornal, 1928, p. 271).

Si en esos primeros años se evidencia un influjo de Europa y especialmente de Alemania, Austria, Di-namarca y, sobre todo, de Bélgica, hacia los años ‘40 se produce una revitalización de los contactos internacionales. Por esos años notamos las primeras referencias a otros países latinoamericanos y crece en importancia, tal como lo hemos reseñado, el in-flujo del Servicio Social norteamericano.El paso desde una a otra puede explicarse a par-tir de la “decadencia europea” luego de la Primera Guerra Mundial y la subida correlativa que empezó a experimentar Estados Unidos. La devastación del continente europeo, el comienzo de los regímenes totalitarios y la nueva guerra mundial hacían que ya para los años 40 la representación del progreso y el desarrollo se hubiera desplazado hacia el norte de América.Por otro lado, nos situamos históricamente en la época de auge del panamericanismo y de la política del “buen vecino” de Roosevelt, con su acento en una interpretación de la doctrina Monroe desde la lógica del respeto mutuo para la consolidación de la democracia. En el concierto de estas ideas, las delegaciones latinoamericanas fueron invitadas a compartir el esplendor norteamericano y muchas de ellas se sintieron parte de un pasado que, de pro-yectarse linealmente, le auguraba al Servicio Social de los países latinoamericanos un próspero porvenir.Los hechos que hemos analizado se sitúan dentro de los que se ha denominado “imperialismo como pro-yecto cultural” y se basan en el supuesto de que el campo de intervención de Estados Unidos al sur de Panamá se efectuó con reglas diferentes a las de la invasión militar y la anexión territorial que caracteri-zó a la política norteamericana con América Central y el Caribe. En América del Sur debían primar los argumentos del conocimiento, la persuasión y los mercados (Salvatore, 2006), pues Estados Unidos se representaba a la región como terreno de inversiones potenciales, como mercado de sus bienes y produc-tos y como “receptáculo para el excedente moral de sus reformadores” (Salvatore, 2006, p. 26).En años posteriores no hicieron sino reforzarse es-tos vínculos y se solidificó una relación estrecha

con el Servicio Social norteamericano. Las Escuelas chilenas adoptaron los métodos de intervención del país del norte y se mantuvieron aquí con fuerza las “metodologías” de caso, grupo y comunidad que caracterizaron al servicio social en EE.UU. La mis-ma denominación de “Servicio Social” se trocó años más tarde por la de “Trabajo Social”, siguiendo el ejemplo del Social Work estadounidense.En este trabajo no hemos querido ser exhaustivos respecto de todas las dimensiones que tuvo la rela-ción entre Servicio Social estadounidense y chileno, sino solo mostrar cómo se inició y con qué repre-sentaciones sociales se manejó. Como ha señalado Ricardo Salvatore, cuando nos alejamos de los mo-delos dependentistas e imperialistas tradicionales, podemos conocer lo que él denomina el “Imperio Informal Norteamericano”, es decir, la “maquina-ria que diseminaba variados argumentos y razones de dominio, contaba con numeroso mediadores o agentes y necesitaba de diversos tipos de represen-taciones, por momentos contradictorias” (Salvatore, 2006, p. 19). Hemos visto así que las visitadoras sociales fueron parte de esa corriente de agentes que, incluyendo a médicos, abogados y enfermeras, viajaron a Estados Unidos, se admiraron de su desa-rrollo, desearon seguir su senda y, al mismo tiempo, actuaron creyendo que “se hace indispensable que miremos para aprender, sin olvidar de que poste-riormente actuaremos entre nosotros con nuestras propias idiosincrasias y limitaciones de medios hu-manos y materiales” (Santa María, 1943, p. 384).

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Resiliencia, identidad y reconocimiento.Nuevas aproximaciones del concepto a los aportes de George Mead y Axel HonnethResilience, identity and recognitionNew approaches to the concept of the contributions of George Mead and Axel Honneth

Max TeliaS Delpiano

Licenciado en Trabajo Social, (c) Magíster en Trabajo Social. Pontificia Universidad Católica de Chile Correo electrónico: [email protected]

Resumenla resiliencia es un constructo que en su desarrollo en las ciencias sociales ha permitido describir situaciones de superación experimentadas por sujetos frente a eventos que, presumiblemente, provocarían un daño en su identidad. en este sentido, múltiples han sido los aportes trabajados sobre esta línea, alcanzando nociones sobre resiliencia que van más allá de las expresiones de la personalidad. Así, hoy nos enfrentamos a constructos como resiliencia comunitaria, resiliencia familiar y resiliencia empresarial (por nombrar algunos), los cuales pretenden describir fenómenos de superación ante eventos traumáticos vividos por diferentes formas de organización social. Ahora bien, los aportes en esta dirección cargan con ciertas limitaciones metodológicas que, hasta el momento, no han tenido un análisis consistente. en este sentido, el artículo aborda el fenóme-no de la resiliencia desde una perspectiva crítica, donde pretende encontrar en los aportes sobre el reconocimiento desarrollados por Axel Honneth, un espacio de relectura.

Palabras clave: resiliencia, reconocimiento, Identidad, Honneth

Summaryresilience is a construct that in social sciences has allowed to describe overcoming situations ex-perienced by subjects facing events that presumably would cause damage to their identity. In this sense, many contributions have been worked on this line, reaching notions of resilience beyond expressions of personality. so, today we can find community resilience constructs, family resilien-ce and business resilience (to name a few), which attempt to describe phenomena of overcoming traumatic events on different forms of social organization. However, the contributions in this direction appear to have methodological limitations, which have no t been consistently analyzed. This article discusses the resilience from a critical perspective, seeking to find in the contributions about the recognition of Axel Honneth a reinterpretation of this phenomenon.

Key words: resilience, recognition, Identity, Honneth.

IntroducciónMúltiples sucesos acontecidos en los últimos dos años llaman a reflexionar, pese al desarrollo incues-tionable de los modelos descriptivos y acciones preventivas, sobre la imposibilidad de manipular de forma racional situaciones potencialmente noci-vas para las personas; nos hacen preguntar qué tan preparados estamos, qué tan predecibles son, qué tan catastróficos pueden ser: en definitiva, qué tan seguros nos sentimos en un contexto histórico en el cual las fuerzas de la naturaleza constantemen-

te muestran lo frágiles que somos, haciendo de sí un recordatorio de aquello que Zygmunt Bauman (2005) fundamenta como característica particular del sujeto contemporáneo, el miedo cósmico. Al respecto, difícil es definir un acontecimiento natu-ral (o social) como catástrofe si no es a partir de las consecuencias devastadoras que para sí tiene la consciencia que los aprehende: en otras palabras, aquella sensación de finitud espacio-temporal solo encuentra su condición en el momento en que el desastre se traduce en fenómenos que impactan de

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forma trágica y directa la forma de comprender la vida humana. De esta manera, es posible asumir que son solo las estrategias que fortalecen la expe-riencia de seguridad aquellas que pueden mitigar, experimentado el suceso, la percepción agobiante de finitud. De esta manera, surgen formas de abarcar los pro-cesos acontecidos a partir del estudio de aquellas actitudes manifiestas de los sujetos afectados, identificando, comprendiendo y fortaleciendo ciertos posicionamientos valorativos en torno a la apreciación de un fenómeno natural y/o social en particular, con el objeto de enmarcarlos dentro de ciertos contextos que favorecerían o dificultarían la emergencia de dichas actitudes. Tales son los estudios en relación al riesgo, la condición de vul-nerabilidad y, el que nos interesa en este artículo, la resiliencia de los sujetos, todos constructos que pretenden organizar, a través del estudio de la ex-periencia particular de un suceso catastrófico, las acciones desarrolladas por medio de criterios con-ceptuales que sustentan y organizan un prisma de análisis que –determinado el caso– buscan prevenir condiciones de daño, mitigar situaciones dolorosas, o fortalecer las herramientas con que los sujetos res-ponden a una experiencia de catástrofe. Pertinente es entonces para el contexto actual in-tentar analizar aquellos aportes conceptuales que contribuyan, de forma directa o indirecta, a com-prender aquellos sucesos que han marcado a Chile en los últimos dos años, dentro de los cuales el te-rremoto y tsunami acontecidos en febrero de 2010 toman posición como aquellos de los que ha im-pactado de mayor manera la percepción de sí de los chilenos. Y si bien los motivos por los cuales este suceso en un momento determinado fue un centro de interés mediático para los distintos grupos de in-terés, y claramente sin cuestionar las consecuencias nefastas que tuvo (y aún tiene) para aquellas perso-nas directamente involucradas, ambos dan pie para poner en discusión un tema que hoy parece central, aún más allá de sus propio aclance: la capacidad que tienen las personas para superar sucesos catas-tróficos y continuar sin traumas su vida; en otras palabras, la capacidad resiliente que presentan las personas afectadas tanto por el terremoto como por el tsunami. El artículo comienza realizando una revisión gene-ral de las múltiples comprensiones de resiliencia, mostrando cuáles han sido sus principales aportes y dificultades, para luego una realizar una relectura de los presupuestos del constructo a partir de las nociones de la conformación de la personalidad de-

sarrollada por George Mead, para culminar en una tercera y última sección con un posible marco de interpretación de la resiliencia desde la perspectiva de Reconocimiento que reinterpreta Axel Honneth a partir de los aportes de Mead y Hegel.

Desarrollo y emergencia de la resiliencia: de sus fundamentos y fronterasLa resiliencia, en términos simplistas, puede ser comprendida como la capacidad de sobreponerse a un escenario de daño, logrando superar de forma exitosa aquellas situaciones que constituyen un alto riesgo para la integridad personal. Los aportes que este constructo ha realizado a las ciencias sociales son indiscutibles y lo han posicionado dentro de análisis de los más diversos fenómenos. Tal ha sido el avance, que en los últimos años múltiples autores han optado por ampliar las posibilidades analíticas del concepto al utilizarlo para referirse no solo a individuos, sino también a comunidades, familias, y empresas. Esta utilización en sí no conforma un problema, a menos que en su definición se apele a características propias de lo colectivo desde di-mensiones que han emergido desde la resiliencia individual, sin hacerse cargo de las implicancias teó-ricas y prácticas que dicha transposición acarrea. Por otra parte, un número importante de las definiciones de resiliencia refieren a la dimensión contextual y colectiva que influiría en la resiliencia individual, pero sin problematizar las implicancias para la emer-gencia de la resiliencia más allá de consecuencias directas de estímulos del entorno. Y precisamen-te, con la pretensión de contribuir a posicionar el constructo de forma más robusta, es que se pretende releer a la resiliencia desde marcos que respondan a conformaciones colectivas de identidad, lo cual, además de otorgar un fundamento diferente, llama a comprender un nuevo origen del concepto. Considerando lo expuesto, la resiliencia, en térmi-nos etimológicos, tiene su origen en el concepto latín de resilio, el cual significa volver atrás, volver de un salto, resaltar (Muñoz & De Pedro, 2005). Su aplicación dentro de la ciencia moderna se produce inicialmente en las ciencias biológicas, provenien-te de la castellanización de la palabra resilience, o resiliency, buscando con ella dar cuenta de la ca-pacidad de un cuerpo para recuperar su tamaño y forma original después de haber sido comprimido, doblado o estirado, o bien la capacidad que pre-sentaría un cuerpo para ajustarse al cambio o a la mala fortuna (Kalawski & Haz, 2003). Las prime-ras apariciones del concepto en las ciencias sociales

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Resiliencia, identidad y Reconocimientonuevas apRoximaciones del concepto a los apoRtes de GeoRGe mead y axel HonnetH

surgen dentro de la psicología, las que –asociadas fuertemente a la psiquiatría– emergen en estudios que pretenden expresar que situaciones peligrosas para la vida no afectaban, como era de esperar, a los niños y niñas, mientras que sí lo hacían fenóme-nos como el desarraigo familiar, optando así por la resiliencia para explicar por qué algunos niños, ha-biendo sufrido situaciones que implicarían un alto estrés, eran capaces de sobrepasar las adversidades y convertirse en niños y niñas saludables (Menville, 1994). Importante es mencionar que, en un inicio, se buscó vincular el concepto de resiliencia al de in-vulnerabilidad (Anthony, 1974), queriendo explicar que los niños y niñas, pese a haber estado expuestos a amplios períodos de estrés psicológico, contaban con salud emocional para continuar normalmente su vida. Esta asociación prontamente perdió sus-tento, puesto que esta implicaría, por una parte, resistencia absoluta al daño y, por otra, la aplica-ción de la catacterística a todas las circunstancias de riesgo, configurándose necesariamente, en términos genéricos, como un rasgo estable en el tiempo (Ka-lawski & Haz, 2003). Esto queda de manifiesto ya en las argumentaciones de Rutter (1985), quien a través de estudios empíricos, fue capaz de argüir que los presupuestos de inexistencia de límites para soportar múltiples formas de sufrimiento, es decir, la inmunidad al daño, estaban completamente ale-jadas de la realidad, llamando a comprender que la resiliencia está lejos de la ausencia de vulnerabili-dad (Waller, 2001). Para dicho autor, la resiliencia podría comprenderse como una relativa resisten-cia manifestada por algunas personas al enfrentar situaciones consideradas potencialmente riesgosas en términos psicosociales para su funcionamiento o desenvolvimiento, siendo siempre resultante de una interacción de factores genéticos y ambientales, los cuales, a su vez, oscilan en su función, pudien-do actuar como elementos de protección en ciertos momentos y de riesgo en otros (Rutter, 1999). De la forma expuesta, para poder realizar estudios so-bre resiliencia, se haría imprescindible conocer las interacciones que establecen aquellas personas que presentan actitudes resilientes con aquellas que no, buscando comprender –y considerando como central el contexto en que acontece el suceso y el momento histórico vivido por las personas–, cómo es que ambos influirían de diferente forma en rela-ción al enfrentamiento de la adversidad (Santos da Silva, Elsen, & Lacharité, 2003).Continuando con esta argumentación, tal y como lo expresan diversos estudios (Barlach, Limon-gi-França, & Malvezzi, 2008), el concepto de

resiliencia tomó fuerza cuando se le vinculó al de riesgo (Infante, 2005) produciendo un alejamiento de la comprensión del fenómeno en cuanto carac-terística de la personalidad, y entendiéndola en el desenvolvimiento mismo de la confrontación a la adversidad. Se fomenta así la comprensión del constructo de forma sistémica, –dirán algunos–, donde se estructure a la resiliencia en función de la relación individuo-entorno (Waller, 2001; Barlach, Limongi-França, & Malvezzi, 2008), y no de una capacidad psíquica en particular que presentarían algunos sujetos.Se aclara entonces que además de un origen bioló-gico y físico, había un origen del concepto desde la psicología, el cual –sin aproximarse a las nociones de invulerabilidad– hacía referencia a la capacidad de las personas de resistir a situaciones adversas sin perder su equilibrio inicial, esto es, la capacidad de acomodarse y reequilibrarse constantemente (Ne-mer, 2004). Lo anterior tendría fundamento en la capacidad que presentarían los sujetos para movi-lizar y activar las capacidades de ser, estar, tener, poder y querer, en otras palabras, en la capacidad de la autorregulación y el autoestima (Tavares, 2001). Según lo expuesto, la resiliencia se caracterizaría desde sus inicios por un conjunto de procesos so-ciales e intrapsíquicos que posibilitarían tener una vida sana viviendo en un contexto insano (Muñoz & De Pedro, 2005), donde son los procesos relacio-nales que se dan entre el individuo y su entorno los que posibilitarían el desarrollo de actitudes resilien-tes (Chaskin, 2008). En este sentido, la resiliencia sería una característica esencialmente dinámica, la cual, a su vez, variaría en el tiempo ante diferentes circunstancias, siendo el resultado de un equili-brio entre factores protectores, factores de riesgo, y personalidad del individuo (Muñoz & De Pedro, 2005). Lo anterior se contrapondría a una perspec-tiva que propone a la resiliencia como característica refleja únicamente de elementos individuales, como lo es el considerar, en cuanto dimensión excluyente del concepto, la capacidad de las personas de resis-tir a situaciones adversas sin perder su equilibrio inicial, en otras palabras, la capaciad de acomodar-se y re-equilibrarse constantemente ante cualquier potencial contexto dañino (Nemer, 2004). Con esta concepcion se perdería el foco puesto en la relación que presentaría la resiliencia, más que una carac-terística estable del individuo, esta emergería ante la flexibilidad interna que permitiría interactuar con éxito confrontaciones del mundo exterior con-sideradas nocivas para el individuo (Nemer, 2004; Schiera, 2005).

Max Telias Delpiano

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Expuesto de esta forma, cabe mencionar que en la medida en que el constructo fue robusteciendo los análisis en esta línea, y como es de esperar conside-rando los pasos alcanzados, se vio en la necesidad de vincular de forma más clara aquellas capacidades que los niños y niñas (ahora sujetos) presentaban en relación a los contextos en que se desarrollaban, haciendo de manifiesto que la resiliencia emergería únicamente en un marco de dinamismo (Nemer, 2004), el cual requeriría considerar como central la relación del individuo con su entorno. En este proceso, el lenguaje con el cual el sujeto aprehendía las condiciones de su contexto adquiriría entonces un rol fundamental, puesto que a través de él, el sujeto sería capaz de interpretar y aprehender su entorno social y cultural, codificando signos que le son reconocibles para generar respuestas ante situa-ciones extremas. La resiliencia entonces podría ser comprendida de forma inicial como un concepto que apela a una serie de contestaciones lingüísticas, internas del individuo, que surgirían a partir de una reflexión que facilitaría la emergencia de actitudes que lo fortalezcan luego de un estrés traumático (Cyrulnik, 2002), donde las conexiones tanto con otros como con el entorno se configurarían como elementos centrales del propio bienestar de sí (Ma-ybery, Pope, Hodgins, Hitchenor, & Shepherd, 2009).En el sentido expuesto, y precisamente en la for-ma de comprender esta vinculación, el concepto de resiliencia ha sido problematizado a partir de su emergencia en cuanto respuesta propia de la indi-vidualidad del sujeto, la cual se generaría a partir de una relación de negatividad con un entorno considerado difícil, es decir, se crearía en cuanto respuesta contradictoria a una situación externa al individuo que genera estrés sobre él (Schiera, 2005). Así, y si bien la mediación paradójica del constructo permitiría dar respuestas antagónicas a las espera-das producto del trauma, dichas respuestas son consideradas desde la consciencia del sujeto, desde respuestas que se crean a partir de la forma en que reacciona su personalidad ante un contexto dañino para su autocomprensión de seguridad. Esta situa-ción ha sido trabajada por muchísimos estudios, los cuales identifican una multiplicidad incalculable de factores protectores y de riesgo que influirían, para bien o para mal, en la conformación de actitudes resilientes (Norris & Stevens, 2008; Suarez-Ojeda & Melillo; Cyrulnik, 2002; entre otros). Ahora bien, cabe destacar que su expansión hacia las ciencias sociales ha culminado con avanzar ha-cia distintos niveles de uso, pudiendo observar hoy

cómo se aplica el concepto de resiliencia tanto al individuo como a grupos, tratando de forma indife-renciada los usos del constructo a nivel de grupos, familias y comunidades resilientes (Atheortúa, 2002; Benghozi, 2005; Suarez-Ojeda & Melillo, 2001; por solo nombrar algunos). Esta transpo-sición si bien no constituye en sí un problema, comprende ciertos supuestos que figuran a partir de comprensiones ontológicas de la personalidad que no siempre responden a las lógicas en las cuales se exponen –como se ha manifestado– las nociones de resiliencia, las que, poniendo el foco en lo funda-mental que constituye la categoría de lo colectivo en las potenciales asociaciones en pos de la superación de un desastre (Tse & Liew, 2004; Suarez-Ojeda & Melillo, 2001), culminan por romper dicho énfa-sis al tratar indistintamente los componentes de la resiliencia de los individuos y de lo colectivo de la comunidad, familia u otra forma de asociación. Lo anterior se sustenta en la medida en que se preten-de construir la noción de resiliencia a partir del rol central que presentaría la relación del individuo con su entorno, sin desarrollar aquellas nociones de la configuración de la personalidad a partir de su vínculo con los demás: en otras palabras, cuando se pretende justificar a la resiliencia como caracte-rística dinámica tomando como noción central de la constitución de la persona aquellas perspectivas que posicionan al individuo como ente nuclear de la sociedad. Este tipo de argumentaciones tienen de base la primacía del individuo, sustentando las nociones de sociedad en las bases de la teoría so-cial del contrato, defendiendo que “los individuos existen previamente como individuos inteligentes, como personas, y que dichos individuos se reúnen y forman la sociedad” (Mead, 1953, p. 254), y que serían estas personas que de forma individual po-drían desarrollar, en la medida en que se encuentren en un entorno que las estimule, actitudes resilien-tes. Una forma de ceguera sería no considerar que estas perspectivas ponen una real importancia en aquellos mecanismos que del medio surgen para la modificación de la personalidad, pero ingenuo se-ría no considerar que en el proceso de la formación de la personalidad la comunicación presenta un rol fundante, en cuanto el individuo adquiere su perso-na únicamente a través de la interacción con otros, solo gracias a la formación de los procesos sociales mediante la comunicación significante, dejando de manifiesto, si se es consistente con la argumenta-ción, que la persona no podría encontrarse antes de la sociedad, sino que esta debe existir de forma que la defina (Mead, 1953).

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George Mead y Axel Honneth: nuevos horizontes desde viejos orígenesAsumiendo lo expuesto en la sección anterior, la referencia a la resiliencia como una característica (dinámica) de la personalidad en torno a las reac-ciones que se desenvuelven en un contexto dañino, conlleva la alusión a las autocomprensiones de la personalidad, las que surgen únicamente en torno al proceso de comunicación desarrollado en la con-formación de la misma, es decir, indisociables del proceso de socialización de los sujetos en cuestión, donde las posibilidades de acción que emergen a partir de la generalización de las expectativas nor-mativas de comportamiento identificadas en los distintos compañeros de interacción, modifican las posibles representaciones sociales en las que el su-jeto despliega sus potenciales acciones (Honneth, 1997). Y es justamente con la pretensión de con-tribuir a una problematización de la resiliencia a niveles de análisis que ya no respondan a una carga fundamentalmente individual, en cuanto a asumir a la sociedad como una asociación entre diferentes individuos, que se busca enfocar los aportes del constructo desde nociones que tomen distancia de una filosofía de la conciencia, realizando hincapié en una conformación del espacio colectivo desde nociones referentes a la construcción del espacio de interacción de forma intersubjetiva. En otras palabras, se busca poner como posición ontológico-social aquella comprensión del espacio que dice de su construcción a partir de la configuración de la identidad de los sujetos en torno a la experiencia (mediada comunicativamente) del enfrentamiento a un otro, donde proyectamos de nosotros aquellas aprehensiones colectivas que hacen de complemen-to de mi individualidad y que, producto del proceso de socialización, se van cedimentando en la confi-guración personal (Mead, 1953). Es posible decir, además, que dicho proceso toma forma a través de los discursos lingüísticos que ejercen los sujetos que, para el caso de la resiliencia, comunicarían sus expectativas y proyecciones a partir de una situación de catástrofe, la cual sería única y exclusivamente explicable por las codificaciones lingüísticas que, a su vez, serían solo comprensibles a partir del propio lenguaje construido en el proceso de configuración de identidad colectiva. Esto provoca una escisión en la figura epistemológica de entender al sujeto dotado de una consciencia que comprende (la idea de consciencia individual, responsable de actitudes resilientes), es decir, la comprensión del mundo ya no se lograría a través de la acción de la consciencia, sino del comprender que los significados se captan

del propio lenguaje, “pues lo que la proposición significa es dicho de nuevo por otra proposición” (Wittgenstein, 1969, p. 75), perdiendo sentido una posición explicativa de lo social que tome de base la asociación de individuos.Pero la forma en que los sujetos desarrollan su perso-nalidad no solo responde a expresiones del lenguaje propiamente tal, sino al proceso de comunicación completo en cuanto expresión significante, en otras palabras, al complejo entramado de relaciones so-ciales que moldean, por verbalizar someramente, al individuo y a la comunidad. Ahora bien, conviene aclarar que la comunicación como proceso no pue-de comprenderse como algo existente por sí mismo, o como presupuesto del proceso social, sino que la relación social es presupuesta a fin de hacer posi-ble la comunicación y el pensamiento, el cual no es otra cosa que “la reacción del individuo a la acti-tud del otro, en el amplio proceso social en el que se encuentran ambos involucrados, y la dirección de la acción anticipatoria de uno mismo por me-dio de las actitudes de los otros que uno adopta” (Mead, 1953, p. 277), haciendo del reconocimiento un constructo central en la conformación de la per-sonalidad. Con esto, el distanciamiento de aquellas nociones que comprenden el origen de la resiliencia (individual, comunitaria, etc.) como aquel proceso dinámico por el cual un individuo es capaz de so-brepasar las adversidades de un entorno que lo daña y a la vez lo estimula, queda expuesta en el sentido en que ya no se trataría de comprender aquellos elementos de la personalidad y del entorno que fa-cilitan u obstaculizan las actitudes resilientes, sino antes bien de conocer cuáles han sido los procesos sociales, en cuanto pensamiento y comunicación, que dinamizan la expectativa internalizada del otro generalizado (utilizando la nomenclatura de Mead) que provoca en el individuo la adopción de ese papel, es decir, que hace volver sobre sí y dirigir la comunicación en torno al restablecimiento y/o superación de situaciones que son consideradas nocivas para la comunidad. Y si bien los aportes ex-puestos hasta acá fundamentan cómo comprender a la resiliencia desde nuevos cimientos, aún no queda claro el anclaje de la resiliencia trabajada hasta hoy y las formas de interpretación explicitadas.¿Cómo comenzar, entonces, un posicionamien-to del constructo de la resiliencia que, haciéndose cargo de las presuposiciones expuestas, abra paso a nuevas constelaciones? Posiblemente un punto de partida sea el considerar el origen práctico del desplante de la actitud resiliente: la experiencia de sufrimiento. Gran parte de los múltiples aportes so-

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bre resiliencia manifestados en el apartado inicial –que por cierto son indudables– sobre el posicio-namiento del constructo, toman sustento en que es a partir de una experiencia de sufrimiento a la que los sujetos han sido capaces de sobreponerse, el espacio donde la resiliencia tendría lugar; se bus-ca identificar aquellas condiciones, tanto externas como internas al sujeto, que facilitarían la apropia-ción de expectativas y proyecciones de superación delimitadas a una experiencia potencialmente dañi-na de una situación en particular, aprehendiendo las mejores posibilidades que en un determinado mo-mento histórico se aprecian a partir de una vivencia trágica de sufrimiento. Ahora bien, esta experiencia tiene su origen en la imposibilidad de desarrollar un proceso de autorrealización en condiciones socia-les complejas, que muchas veces son agravadas por acontecimientos catastróficos. Siendo así, el sufrimiento respondería a una experiencia de restricción de las facultades, racional-mente constituidas, de autorrealización (Honneth, 2009), haciendo de la resiliencia un constructo in-disociable de aquellas patologías que presentaría la sociedad contemporánea que inhibirían el potencial de desarrollo de los sujetos. Aquella perspectiva teórica que se hace cargo de las críticas expuestas en torno a la configuración de la personalidad de for-ma colectiva en cuanto asume la idea de que “una autorrealización cooperativa de los sujetos no po-drá ser alcanzada sin un núcleo de convicciones de valor compartidas” (Honneth, 2009a, p. 36), uni-fica la noción de sufrimiento con las condiciones sociales que imposibilitan el desarrollo de los suje-tos, es la Teoría Crítica, la cual, desde la perspectiva de Honneth, vincula los constructos de identidad, reconocimiento y agravio moral a partir de un le-gado intelectual que pretende comprender aquella expresión del sufrimiento subjetivo en torno a las experiencias que hacen persistir en los sujetos un interés por lograr una autorrealización, pese a to-das las deformaciones de la racionalidad social (Honneth, 2009b). ¿Cómo comprender, entonces, una aproximación de las nociones de resiliencia, que parecieran estar ancladas a figuras psicológicas individualistas, a una perspectiva de la Teoría Crí-tica fundamentada en el posicionamiento de Axel Honneth? ¿Qué criterios, lineamientos y conceptos se deberían, a modo inicial, comprender para una resiliencia no-individual que se haga cargo de éstos aportes?

Resiliencia y reconocimiento: aproximaciones teóricasPrecisamente en función de realizar dichas apro-ximaciones entre las experiencias traumáticas de aquellos sujetos que dinamizan discursos dentro de un contexto particular, y aquellas expresiones intersubjetivas que permiten sobrellevar dichas si-tuaciones, es que emergen diferentes posibilidades de aproximación teórica. Y es aquí donde toma lugar la propuesta explicitada en torno al Agravio Moral desarrollada por Axel Honneth (2009), la cual se posiciona como espectro conceptual que reconfigu-ra las proposiciones realizadas por Hegel y Mead en torno al concepto de reconocimiento. Y producto de la adopción y reinterpretación de dichos aportes, es que esta perspectiva no se constriñe a los límites de una conciencia individualizada como fundamen-to último del actuar social, tal y como se exponen los aportes tradicionales sobre la resiliencia, sino que asume que para todo análisis filosófico y so-cial no se puede partir de las acciones realizadas por sujetos aislados entre sí, sino por los vínculos mo-rales en los que siempre se han movido en común: “se pretende suponer como especie de base natural de la socialización humana un estado que siempre ha estado caracterizado por la existencia de formas elementales de convivencia intersubjeiva” (Hon-neth, 2009c, p. 209). Puesto de esta manera, no son los intereses particulares los que corresponden al fundamento último de la sociedad, antes bien, son los vínculos morales que establecen dichos sujetos los que dan cabida al movimiento incesante de lo múltiples fenómenos sociales, incluidas en ellos las manifestaciones resilientes. Con estos elementos, ¿cómo se plasman los suje-tos ante los diferentes escenarios que toman vida en los contextos sociales? El posicionamiento de los sujetos en dichos movimientos se da en un espacio dialógico, en parte abierto y en parte interno, con los demás, y de aquí que en el proceso de configu-ración de identidad el reconocimiento adquiera una gran importancia, dado que la “propia identidad depende, en definitiva, de mis relaciones dialógicas con los demás” (Taylor, 2000, p. 65). Al respecto, la configuración de la identidad de los sujetos no se en-cuentra, en términos generales, vinculada de forma positiva al reconocimiento, antes bien se asociaría de forma negativa a tres estratos de la relación prác-tica que establecen dichos sujetos consigo mismos, es decir, a tres momentos (en ningún caso tempora-les) asociados al sentimiento que una persona posee de sí misma con respecto a las capacidades y de-rechos que le corresponden dentro de un tiempo

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y espacio socialmente establecido por ella: la con-fianza en sí mismo, vinculada a las necesidades y deseos físicos primarios; la estimación de sí mismo, vinculada a la conciencia de ser un sujetos moral-mente responsable; y el sentimiento de valer por sí mismo, asociado a la conciencia de poseer buenas y valiosas capacidades (Honneth, 2009c). Aquella formalización del establecimiento de la identidad se posiciona como prefiguración normativa de condi-ciones necesarias en las relaciones sociales, de aquí la exigencia moral de reconocimiento en torno a las múltiples posibilidades de relación social que pue-dan presentar los sujetos. De esta forma, el considerar de manera positiva y a priori aquellos mecanismos por los cuales las re-laciones sociales se hacen cargo de las prestaciones que provocan las dinámicas de reconocimiento, constituiría un mecanismo formal que no haría otra cosa que alejarse de la dinámica constitutiva de identididad, por lo cual únicamente es posible hacerlo a través de aproximaciones negativas al problema del reconocimiento. Así pues, es posible aseverar que “a cada estrato de la relación práctica consigo mismo corresponde entonces un tipo parti-cular de injusticia, que a su vez se corresponde con un grado específico de agravio psíquico” (Honneth, 2009d, p. 320): en otras palabras, a la configura-ción fáctica de la identidad colectiva se encontrarían fuertemente vinculadas expresiones que tomen po-sición como experiencia de sufrimiento. De la forma expuesta, es que puede entrar en juego la resiliencia vista ya no solo como una expresión del individuo y su contexto, sino que como una respuesta positiva ante configuraciones agraviantes que se asocien a alguno de los diferentes estratos de la relación prác-tica consigo mismos que, a partir de un mecanismo de auto-observación racional de las propias facul-tades de realización personal, se encuentren en el desenvolvimiento mismo de la configuración de la identidad.Sin entrar profundamente a desarrollar aquí dichas aproximaciones, cabe retomar que cada una de las clases de injusticia así obtenidas debe su carac-terísica al valor, con respecto al cual un sujeto es despreciado o no reconocido en tres ámbitos de su personalidad: vulneraciones morales que le roban a una persona la seguridad de poder disponer de su bienestar físico y psíquico; vulneraciones morales cuya caracterísica es el desprecio de la responsabili-dad moral que las personas tienen por sus acciones; y vulneraciones morales que pretenden, por me-dio de la humillación y la falta de respeto, que las capacidades de una o varias personas no gocen de

ningún reconocimiento (Honneth, 2009d). De esta forma, es posible considerar que lo que subyace en términos de motivación a la actitud de protesta so-cial de aquellos sectores sociales desventajados es la experiencia de la violación de ideas de justicia intuitivamente dadas, “y el núcleo normativo de se-mejantes ideas de justicia lo constituyen una y otra vez las expectativas asociadas al respeto, a la digni-dad, al honor o a la integridad propios.” (Honneth, 2009e, p. 261). Al respecto, es posible pensar que los problemas en las relaciones de reconocimiento se vincularían primordialmente a un impedimen-to en la autorrealización personal, al distorsionar la relación práctica del yo del sujeto en relación a su comunidad, dejando los problemas relativos a lo justo en segundo plano. Siendo así, habría que replantear el reconocimiento como un problema de justicia, argumentando que “es injusto que a algu-nos individuos y grupos se les niegue el estatus de interlocutores plenos en la interacción social como consecuencia solo de unos patrones institucionali-zados de valor cultural en cuya elaboración no han participado en pie de igualdad” (Fraser, 2003, p. 36). En este sentido, se pondría de manifiesto el carácter bidimensional que presentarían todas las relaciones de subordinación, puesto que por una parte se asociarían a patrones institucionalizados de valor cultural que impiden la paridad en la par-ticipación, problemas relativos al reconocimiento, mientras que por otra se vincularían a patrones de desigualdad en las relaciones económicas, apelando a problemas de redistribución, rompiendo así con la falsa dicotomía expuesta entre ambos constructos (Fraser, 2003).Considerando entonces las distinciones entre reco-nocimiento y redistribución expuestas en el párrafo anterior, conviene manifestar que el sostener dicha paridad conceptual es expresión de una importante tendencia a reducir la lucha por el reconocimiento a la identidad cultural, cuestión que corresponde-ría, por una parte, a una simplificación histórica en cuanto pretende entender la totalidad de las luchas por el reconocimiento desarrolladas en la moder-nidad a un único aspecto exclusivo y, por otra, a una reducción conceptual, puesto que el reconoci-miento no es solo una cuestión cultural, sino que se encuentra vinculada a derechos y dinámicas familiares, entre otras dimensiones. En otras pa-labras, el reconocimiento debe ser abarcado como un fenómeno diferenciado de naturaleza moral, así como una acción social, donde “la gramática moral viene a decir que los puntos de referencia morales del reconocimiento pueden ser muy distintos y solo

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en una pequeña medida pueden dar cabida a algo así como la peculiaridad moral de un colectivo” (Honneth, 2009f, pp. 50-51). Así, y en relación a la redistribución, las dinámicas de distribución no se encuentran vinculadas únicamente a relaciones de producción, sino que deben ser comprendidas como expresión institucional del dispositivo socio-cultural que determina en un momento histórico particular qué grado de apreciación presentan cier-tas actividades, dejando de manifiesto que la propia lucha por la distribución se halla enraizada en una lucha por el reconocimiento (Honneth, 2010). Son las luchas por el reconocimiento entonces aquellas figuras capaces de vincular las experiencias de agravio moral con aquellas expresiones, tanto individuales como colectivas, que buscan la rei-vindicación de las experiencias subjetivas dañadas por patrones institucionalizados de relación social. De aquí la pertinencia de vincular las concepciones correspondientes a la perspectiva de reconocimien-to otorgada por Axel Honneth y las nociones de resiliencia reelaboradas desde la apropiación de las críticas manifiestas, puesto que encuentran su espacio en aquellas experiencias de vulneración asociadas a la configuración de identidad inter-subjetivamente construida, de las cuales emergen múltiples respuestas que permiten a los sujetos configurar luchas, gramáticamente determinadas, en torno a la restitución y reconocimiento de su identidad.En este sentido, la resiliencia como manifestación social podría ser comprendida bajo el marco de las luchas por el reconocimiento, en cuanto permite posicionarla como un mecanismo de respuesta ante experiencias de vulneración en la autocomprensión de sí mismo (representada por los tres niveles de la relación práctica), que, teniendo como origen aquella vivencia de sufrimiento, muestran de qué manera las múltiples internalizaciones de los com-portamientos colectivos tienen repercusiones en las posibles reacciones del sujeto ante una situa-ción social dinamizada por una catástrofe, las que, sustentadas en apreciaciones normativas histórica y localmente determinadas, otorgan valor a cier-tas formas de resistencia. Siendo así, la resiliencia pasaría a tomar posición como un constructo que permitiría describir, acorde a las lógicas institucio-nalizadas de valor, un momento de la experiencia que dice de la proximidad de las nociones de au-torrealización determinadas por el ideal normativo obstruido por situaciones catastróficas que impacta-ron sobre la percepción de sí de los sujetos.

Consideraciones para la relectura del constructoComo se ha manifestado a lo largo de este artículo, y sin querer abordar el problema más allá de una po-sible relectura inicial, la resiliencia como constructo ha marcado una línea de avances interpretativos importante dentro de las disciplinas de las cien-cias sociales, sobre todo en el área de la psicología. Asumiendo la ventaja de sus aportes, el concepto se ha deslizado hacia una utilización que escapa a las pretenciones psicológicas iniciales, haciendo imprescindible una problematización en su uso. En este sentido, las consecuencias que ha traído con-sigo la incorporación del comprender el desarrollo de la personalidad de forma colectiva a las diferen-tes áreas de estudio, pueden mover los cimientos de las formas tradicionales de comprender a la re-siliencia, en cuanto se asumía como característica que el sujeto individualmente consciente generaba a partir de una experiencia traumática. El hecho de romper con esta idea, traspasando el desarrollo de actitudes resilientes a las dinámicas discursivas que se generan a partir de la comunicación y de las ex-periencias que lo anteceden, hace posible la entrada de diversas líneas de interpretación al fenómeno de la resiliencia. Aquí es donde entra en juego el re-planteamiento que realiza Honneth del concepto de reconocimiento aportado por Hegel, el cual permi-te ampliar la concepción psicológico-individal del constructo hacia una configuración colectiva del vínculo moral establecido por los sujetos, el cual, a su vez, estaría permeado por relaciones de agravio moral que provocarían sentimientos de injusticia que, por su parte, impulsarían manifestaciones de reivindicación identitaria, de las cuales la resiliencia podría tomar parte importante. De esta forma entonces, es posible rescatar que es a partir de aquella experiencia de sufrimiento de la cual los sujetos toman posición en torno a las deli-mitaciones impuestas a su autorrealización, donde la resiliencia tiene su origen, pues si no se presenta una situación que pueda plasmarse en un potencial daño (físico o simbólico) al desarrollo pleno de su identidad, no habría mecanismo al cual el sujeto se pueda rebelar. Pero esta relación va más allá, pues la resiliencia puede ser leída como un resultado po-sitivo (no necesariamente pasivo, ni necesariamente explícito) de aquellas expresiones sociales de la rela-ción práctica consigomismo que desarrollan dichos sujetos, las cuales están en directa relación con las vulneraciones plasmadas en la conformación de la identidad colectiva y de la apreciación de valor en un determinado marco histórico. En otras palabras,

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la resiliencia encontraría, desde esta perspectiva, su fundamento en aquellas experiencias de sufrimien-to que tienen como consecuencia una experiencia de agravio en torno al bienestar físico y psíquico, a la responsabilidad moral de sus acciones y, por úl-timo, al reconocimiento de sus capacidades, todos enmarcados dentro de determinadas apreciaciones sociales de valor. Lo anterior permitiría, a modo de conclusión, ob-servar dos consecuencias para el constructo de la resiliencia: una primera, que diría relación con el comprender a la resiliencia como un mecanismo antiagraviante dentro de la configuración de la identidad y las experiencias de sufrimiento; y una segunda, más importante aún, que obligaría, si lo que se quiere es comprender cómo se expresaría en términos fácticos, a estudiar las determinadas con-figuraciones locales en torno a la apreciación del valor que tendrían determinadas formas de vulne-ración. De esta manera, si se quiere conocer cómo se comprende y manifiesta la resiliencia, se haría imprescindible conocer los patrones institucionali-zados de reconocimiento (Honneth, 2009e), puesto que toda aproximación externa al problema de la configuración de la identidad colectiva será ciega a aquellas formas de vulneración que los propios sujetos afectados experimentan como sufrimiento. Y si una hay metodología que permite realizar este ejercicio, que queda por razones obvias fuera de las problematizaciones expuestas en este ensayo, es la reconstructiva hermenéutica, la cual permitiría, por una parte, aprehender las normas sociales que expresan al mismo tiempo las forma de racionaliza-ción social, mientras que, por otra, controla que en la praxis se siga conservando su significado original (Honneth, 2009g).Quedan expuestas, llamando a nuevos avances, las siguientes preguntas: ¿cómo podría posicionarse en este marco una perspectiva del reconocimiento que comprenda la amplitud de la conformación de identidad de los sujetos en la actual sociedad chi-lena? ¿Cuáles podrían ser, a modo de estudio, las dinámicas de agravio que se generan en torno al contexto del terremoto acontecido en Chile el año 2010? ¿Cómo se posicionaría una perspectiva de la resiliencia que, haciéndose cargo de las dinámicas de agravio moral, responda al contexto del terremo-to en Chile?

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the interagency guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings: implications for social work MarTha bragin ph.D. MSWAssociate Professor and Chairperson. Global Social Work and Practice with Immigrants and Refugees. Hunter College School of Social Work. City University of New York, [email protected]

AbstractThe Interagency standing Committee (IAsC) launched a set of guidelines on mental health and psychosocial support in emergency settings in 2007. since social Work is the profession most of-ten called upon to provide emergency services in countries where it is established, it is important that social workers are aware of the guidelines, understand their implications, and participate in this review at all levels. In the absence of guidelines as to how community resilience should be supported, humanitarian actors have sometimes been the cause of and not the solution to, psychosocial distress. The guidelines attempt to address these issues. but to be successful they must be understood and implemented by professional social workers in partnership with indi-genous community members and their representatives, who are in the best position to evaluate their quality and effectiveness. This presents a new challenge and opportunity for the profession.

Resumenen el año 2007, el Interagency Standing Committee (IASC), elaboró un conjunto de directrices sobre salud mental y apoyo psicosocial en contextos de emergencia. en tanto Trabajo social es la profesión con mayor frecuencia requerida para proveer servicios de emergencia en los países en que está establecido, es importante que los/as trabajadores sociales conozcan estas directrices, comprendan sus implicancias y participen en su revisión en todos los niveles. en ausencia de estas directrices, referidas a la manera en que debiera ser apoyada la resiliencia comunitaria, los actores humanitarios han sido en ocasiones la causa y no la solución del sufrimiento psicosocial. las directrices apuntan a dar respuesta a estos temas. pero para ser exitosas, ellas deben ser com-prendidas e implementadas por las/os trabajadores sociales en conjunto con los miembros de las comunidades y sus representantes, quienes están en la mejor posición para evaluar su calidad y efectividad. esto presenta un nuevo desafío y una oportunidad para la profesión.

IntroductionThe twenty-first century began with a series of large scale disasters, both natural and man-made, devas-tating communities around the globe. Nowadays, emergencies are widely considered to be accom-panied by social and psychological suffering for individuals, families and communities (van Om-meren and Wessells 2007). Of particular concern for social work is the way in which this suffering disproportionately affects poor and marginalized populations (Mathbor, 2007, Rosenfeld, Caye, Aya-lon, and Lahad, 2005). Natural disasters are not natural alone. Whether they begin in nature or by human error in resource management, or through war and community violence, they affect commu-

nities differently depending on the quality of the infrastructure, the quality and proximity of emer-gency services, and the ways in which authorities respond to community needs and organizational representatives. With the development of humanitarian coordi-nation, as well as the ability of the media to carry information about events around the globe, lar-ge scale humanitarian efforts have been mounted in both global north and south. In some of these situations, care for the mental health and psychoso-cial wellbeing of affected families and communities was well integrated in the overall disaster response, particularly in those instances in which established local and national social welfare agencies were able

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to take the lead. These interventions proved to be quite effective (Kasi, Bhadra and Dryer, 2007; Java-dian, 2007). However, in many situations, the care itself, and the relief arrangements thereafter, caused more psychological and social suffering than they ad-dressed, especially among poor and marginalized populations (Kulkarni, et. al., 2008; IASC, 2007). This ranged from failure to help family members to stay together and find one another, leading to grief and despair, to poor information regarding the distribution of food and water –causing unneces-sary confusion and social violence– to housing and sanitary arrangements that left many people –par-ticularly women and children– vulnerable to attack and exploitation. Being in danger, not knowing where your family members are, and being unsu-re as to how your family will obtain access to the necessities of life can have profound effects on psychological wellbeing (Jones, 2008; van Omme-ren and Wessells 2007). In other situations, despite a lead focus on mental health by psychiatrists and psychologists, the needs of the seriously and persistently mentally ill were not taken into account, leaving them marginalized and vulnerable (Jones, 2008). Without global standards to guide practice, unqualified though well-meaning outsiders were able to swoop down and provide untested types of mental health and psychosocial care that did more harm than good; practices which people in distress, and their overburdened govern-ments had little capacity to prohibit (van Ommeren, Saxena and Saraceno, 2005). In Sri Lanka in 2005, the onslaught of unqualified “helpers” was someti-mes referred to as a “second tsunami” (Wickramage, 2006). In other instances, in an attempt to provide a profes-sional response, western psychology and psychiatry took the lead, with focused approaches on indivi-dual mental health that ignored the broader social and cultural domain, and often marginalized indi-genous, culturally competent and holistic practices in favor of equally untested ones from the global north. Later, follow up research indicated that some of these practices, such as critical incident debrie-fing, were ineffective at best and harmful at worst in preventing adverse psychological reactions and long term readjustment (Hobfoll et al., 2007). Fur-ther, they did nothing to address the plight of the mentally ill, and had a debilitating and marginali-zing effect on local systems of care (van Ommeren and Wessells, 2007).

A new set of guidelines In an attempt to address these issues, a set of gui-delines on mental health and psychosocial support in emergency settings was launched by the Inte-ragency Standing Committee (IASC) in 2007. The Inter Agency Standing Committee that issued the guidelines, is a body established in response to General Assembly resolution 46/182 mandated to coordinate humanitarian action in emergencies, as well as to establish and advocate for best practi-ce in humanitarian assistance (van Ommeren and Wessells 2007). Members include United Nations agencies, the Federation of Red Cross/Red Cres-cent Societies, the International Committee of the Red Cross, and the consortia of international and national NGOs (UNOCHA, 1999). The guidelines place culturally competent social service delivery, community ownership of decision making, partici-patory processes and human rights at the center of their focus. The guidelines also stress an integrated approach in which psychological and social well-being are addressed as part of the overall relief and recovery effort. These have long been the principles that professional social work has advocated (Bou-rassa, 2009; Rosenfeld, Caye, Ayalon, and Lahad, 2005). The guidelines are currently undergoing a process of “roll out” and review in the field. The purpose of this paper is to describe the guideli-nes, give examples of their practical application, and discuss their implications for the social work profession, in order to facilitate social work enga-gement in this dialogue.

Some definitionsJust as social work has common definitions that govern its work, so does the humanitarian commu-nity. In order to support social work engagement, it’s important to insure that we all share a common vocabulary. The following definitions are the ones used in the IASC guidelines.

Disaster Disaster is a serious disruption of the functioning of a community or a society involving widespread human, material, economic or environmental los-ses and impacts, which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own resources. A disaster is a function of the risk process. It results from the combination of hazards, conditions of vulnerability and insufficient capacity or measures to reduce the potential negative conse-quences of risk (UNISDR, 2009).

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The inTeragency guidelines on menTal healTh and psychosocial supporT in emergency seTTings: implicaTions for social work

Coping capacityThe means by which people or organizations use available resources and abilities to face adverse con-sequences that could lead to a disaster. In general, this involves managing resources, both in normal times as well as during crises or adverse conditions. The strengthening of coping capacities usually builds resilience to withstand the effects of natural and human-induced hazards (UNISDR, 2009).

ResilienceResilience is the capacity to survive and thrive despite exposure to severe external stressors. Res-ilience is not magic. It is the result of the presence of protective factors that can counter balance risk (Würzer and Bragin, 2009).

PsychosocialThe term psychosocial was coined by the inter-national relief and development community to define approaches informed by the ecological or bio-psycho-social perspective. It is the name given to the bio-psycho-social approach central to social work theory and practice (Bragin and Garcia, 2009).The prefix “psycho” refers to the psychological di-mension of the individual, and has to do with the inner world of thoughts, feelings, desires, beliefs, values, cognition and ways in which people percei-ve themselves and others. The suffix social refers to the relationships and environment of the individual. It includes the material world as well as the social and cultural context in which people live, ranging from the network of their relationships, to cultural manifestations, to the community, on to the state. It is also used to refer to the socio-economic resources and material conditions of life. The term psycho-so-cial is used to explain the way that these aspects of the person are inseparable, with each continuously influencing the other so that it is impossible to tease them apart (Duncan and Arntson, 2004).

Psychosocial supportsPsychosocial supports are social interventions in-tended to affect the psychological wellbeing as well as the social situation of the participants. Psychoso-cial supports are designed to improve psychosocial wellbeing through reducing risk factors and incre-asing protective factors, thus restoring resilience (Würzer and Bragin, 2009).

Mental health Mental Health refers to a broad array of activities

directly or indirectly related to the mental well-being component included in the Word Health Organization’s definition of health: “A state of com-plete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease”. It is related to the promotion of well-being, the prevention of mental disorders, and the treatment and rehabilitation of people affected by mental disorders (WHO, 2010).

Mental health treatmentThe guidelines differentiate mental health treatment from psychosocial supports, by referring to the psychological treatment of people with mental di-sorders, either pre-existing conditions or those induced by the disaster or the relief arrangements that follow, as mental health care (van Ommeren and Wessells, 2007). Thus the domains of the psychiatric and psychology communities are clearly and specifically delineated in the guidelines as sepa-rate and distinct from psychosocial and social work interventions.

The PTSD controversy: treating victims or mobilizing community actors in the post-disaster context? In 1980, the diagnosis of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) entered the psychiatric nomencla-ture (van der Kolk, et. al, 1996). Based on studies of the experience of veterans in the United States, the new diagnosis allowed those veterans affected by their experience to receive needed benefits and care (Honwana, 1998). In the following years other political movements in the Unites States and Eu-rope took up this diagnosis in order to clarify that social harm could have serious psychological effects and biological effects which could affect the life ex-perience and worldview of survivors over time (van der Kolk, et al 1996). By medicalizing the effects of suffering, this diagnosis insured that victims would not be blamed for any sequelae they might manifest and that they could receive compassiona-te clinical care when needed (Bragin, 2010). PTSD treatments provide a mental health, as opposed to a psychosocial approach, to restoring wellbeing to people facing adversity. However in many parts of the world, this new diagnosis was treated with dis-may. In Chile, members of ILAS, the Latin American Institute of Mental Health and Human Rights, were among the first to point out that the reactions to social problems cannot be seen as a disorder, but as the normal response to abnormal circumstances (Becker,1995). Further, ILAS noted that reducing


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the effects of massive loss and human rights abuse to a diagnosis could have the effect of trivializing and normalizing suffering, making it common pla-ce instead of a horror to be fought against (Becker, 1995, 2003). Others pointed out that where the entire society is struggling with a socially caused form of suffering, the pathology cannot be said to be living within the sufferer alone (Lira, 1995). They placed particular emphasis on the role of hu-man rights violations, in the nature of the emotional sequelae of survivors. However, the same could be said to be true of survivors of earthquakes and other natural disasters. Studies from sub-Saharan Africa, noted that the individual experience cannot be separated from its social and cultural meaning. Authors demonstra-ted that western based treatments were ineffective when delivered out of this context, and that cultu-rally consonant and indigenous methods were often highly successful (Barton and Mutiti, 1998; Honwa-na, 1999). Clinicians from Asia described the effects of psychosocial care that is unrelated to cultural meaning as varying from amusing to dangerous to survivors of the Asian tsunami (Wickramage,2006). Others have pointed out that even the symptoms that people experience differ depending on their context, so that requiring specific “symptoms” to manifest in order to register suffering can leave tho-se who need appropriate care outside of its range (Galappatti, 2004; Boothby, Strang, Wessells, 2006). Lira (1995), from Chile, was among the first to point out that one of the most important characteristics of disasters is that they occur in the public sphere. No matter how individualized a society, disasters happen to all of its members together. Therefore psychoso-cial interventions are needed to work with whole communities together and allow for the commonali-ty of experience. The very fact of acknowledging the shared nature of the experience can help to break down fear and isolation, in order to support a sense of capacity, continuity and hope for the future (Bec-ker, 2003; Lira, 1995; Honwana, 1998). Many experts worried about the technical merits of a medical symptom-reduction approach to solving problems with serious long term causes. Psychologi-cal symptoms are defenses, armor, which the mind uses to keep something very painful away. Taking away a symptom then, does not solve the problem. It is better to solve the problem first and allow the symptom to go away. That is why community based psychosocial programs are preferable in many ways to treatment aimed at symptom reduction (Becker, Lira, Castillo, Gómez, and Kovalskys, 1990).

A new consensusRecent studies have indicated that unlike survivors of rape, torture and imprisonment, the majority of people affected by disaster or mass violence, while changed in many ways, appear to be able to endu-re their experiences and even to find a measure of meaning and happiness in life, following their or-deal, with only about 5 to 6 percent, suffering from severe stress reactions (van Ommeren, Saxena, and Saraceno, 2005). However, wellbeing and recovery are predicated on the ways in which attention to life’s necessities and to human connection are at-tended to, a principle well-known in social work (Bourassa, 2009; Bragin, 2011). This is in line with the findings of Hobfoll et al (2007) in a consensus document on five empirically supported intervention principles in the immediate and early midterm stages of disaster. These consist of promoting: 1) a sense of safety, 2) calming, 3) sense of self and community efficacy, 4) connec-tedness and 5) hope (Hobfoll, 2007: 284). Not surprisingly, these principles amount to promoting the factors that mitigate psychosocial risk and sup-port resilience (Unger, 2005). Therefore, a simultaneous, multi-layered approach to the provision of services is necessary; one that targets every aspect of bio-psycho-social wellbeing, and not simply the prevention and response to in-dividual psychological trauma (van Ommeren and Wessells, 2007).

Overview of the guidelinesThe purpose of the guidelines is to enable humani-tarian workers and community members to plan, establish and coordinate responses to protect and improve people’s mental health and psychosocial wellbeing in the midst of emergencies, in accordan-ce with the findings of contemporary research. They focus on the minimum response needed to insure people’s immediate wellbeing but also try to point the way toward both prevention and ongoing com-prehensive efforts (IASC 2007).The guidelines were developed by an international team working over two years, consulting and amen-ding them through a process of local consultation and feedback. Continuous feedback is needed to in-sure that they are an effective ethical and culturally competent tool. At the heart of the guidelines are 6 core principles, and 25 action sheets that illustrate how the principles can be operationalized during emergencies and after.

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•HumanrightsandequityHuman rights, especially those of vulnerable and marginalized persons must be attended to even in an emergency. Attention must be paid to margina-lized and vulnerable persons. Their inclusion can support their mental health and psychosocial well-being. •ParticipationWith self efficacy as a basic tenet of wellbeing, and the need to know the needs, resources and nor-mative ways of coping with distress, it is vital that all members of the community who are able and willing to do so are included in early needs and re-source assessments, as well in reconstruction efforts. •DonoharmWork on mental health and psychosocial support has the potential to cause harm because it deals with highly sensitive issues (IASC, 2007). Use of inappropriate, unproven, or coercive means can be dangerous. Therefore it is vital that providers maintain strict ethical and clinical standards, are updated on current thinking regarding best practi-ce and be willing to accept evaluation and scrutiny by community members. Awareness of vulnerable and marginalized groups and the danger of human rights violations is also critical as measures intended to be helpful can lead to danger for some members of the population. •BuildingonexistingresourcesandcapacitiesBy building on available resources and supporting the capacity of existing duty bearers, strengthening local organizations and supporting them, even di-sasters can present opportunities to strengthen existing coping mechanisms and prepare the way for the future. •IntegratedsupportsystemsCreating specialized care systems that target only specific populations such as rape victims or those with a specific diagnosis can compromise service users and stigmatize some groups. In other instan-ces these privilege some experiences and symptom clusters, creating “epidemics” caused by desperate people trying to suffer “correctly” in order to get what they need. •Multi-layeredsupportsIn order to fulfil these conditions effectively, the guidelines call for a multilayered approach as des-cribed in the pyramid below. Each level of service is necessary and all levels should be provided simulta-neously, as best as possible.

How Multi-Layered supports are operationalized: the key to implementation of the guidelines

Specialized services

Focused Non-Specialized

Supports

Community and Family Supports

Basic Services and Security

i. Basicservicesandsecurity. These are the sup-ports needed by the entire population and must be provided to all survivors immediately. They represent the ways in which information food, shelter, water and sanitation are provided to the population.

ii. Community and family supports. These sup-ports are group oriented and sub-clinical. They involve many members of the community. Often they are designed by community members and supports are brought to bear as requested.

iii.Focused, non-specialized supports.The third layer represents the supports necessary for the still smaller number of people who additionally require focused individual, family or group in-terventions by trained and supervised workers. This layer also includes psychological first aid.

iv. Specialized services. The top layer of the pyra-mid is for those members of the community who are either mentally ill and need access to medication and other care continued, and those who are having a severe reaction to the events and require professional treatment.

1. The role of social work in providing and coordinating a multi-layered approach to service delivery

A natural disaster has struck. You don’t know where your family members are, where you can go to be safe,


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where you can find a bathroom (and your 5 year old infant needs one badly), youdon’t know where you will sleep tonight and how long it will be until you are safe. You certainly don’t know what will happen next.

You hear from some community leaders that there is transport to safety and that food and water are being distributed and they direct you to the proper place. But when you get there authorities greet you with loaded guns and send you back into flooded area with your 5 year old infant.

Denied safe passage at every turn, with flood waters rising around you, and terrified for your children’s lives, you put your baby in the arms of strangers on a bus to safety. You try to do the same with the five year old, but she shrieks and clings to you, so you hang on for dear life and hope for the best. No one takes the trouble to record the information for you and tell you how to find your baby again when you are safe.

You find your spouse at the crowded chaotic shelter, where they say the bathrooms are unsafe, and the little one is crying. Rumors are flying and you don’t know what to believe. Are their looters? Are dange-rous people on the prowl? Some of the scariest may be true…the marginalized community leaders are not able to help, now that the men with the guns have appeared…

Meanwhile your spouse can’t forgive you for putting the baby on the bus, you are mad with worry, and meanwhile you have lost everything that you ever owned. As you struggle to locate your baby, support your child, search for grandma among the unmarked dead you must face the recrimination of family mem-bers as well as try to find a home and means to make a living. You begin to despair and think that you can’t go on… (Bragin, 2010).

In this vignette, from Hurricane Katrina in the United States of America, one can see how hu-man rights violations, failure to consult with and empower local leaders, as well as lack of clear and accurate information, combined to amplify the pro-blems experience by flood affected families. The fact that these errors occurred in one of the wealthiest and most-developed countries in the world, indica-te that it is not a question of resources, but failure of application of best practice standards that created much of the difficulty (Bourassa, 2009; Kulkarni, et. al, 2008; Pyles 2007).Therefore the guidelines provide minimum stan-dards for actions that can be taken during an emergency. Some are actions that social workers can take in advance, in order to be prepared.

1.1 Basic services and security: what actions can support psychosocial wellbeing

1.1.1Provide clear, accurate and coordinated in-formation to the population

People in the midst of disaster need the following information:

• Whatisknownandnotknownaboutthenatureof the disaster

• Wheretheycangotobesafe

• WheretheyCANNOTgotobesafe

• Whereservicesarebeingprovided

• Whocangettheservices

• How to register to locatemissing familymem-bers

Insure that information on these issues is disse-minated clearly, consistently, regularly and in all locally spoken languages.

1.1.2Develop coordinating structures from the local to larger community level

By getting information from all of those who can help and insuring that no one is working alone, coordinated efforts can insure maximum inclu-sion. Such coordination will make the next steps possible. Participate in the immediate develop-ment of a central coordinating body, and within it a psychosocial working group that can help insure that everyone knows who is doing what where. This prevents clustering of services targeted at the “ea-siest to reach” with others left with nothing.

1.1.3Involve community members in definingtheir own wellbeing and that of their chil-dren, through community participatorymonitoring and evaluation

A coordinated participatory assessment process should begin immediately.Community members should identify their own co-ping mechanisms:

• What is in place? What is missing? What more/new is needed?

• Which usual or traditional practices inhibited ac-cess to vulnerable people

• Who needs to be involved in creating change where change is needed?

Community based monitoring and evaluation of cli-nical interventions can begin early as well, forming part of the assessment. Community members can also be asked to target specific vulnerable groups and have their success in part measured by their capacity to include them and get that information

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to those distributing relief (This entire section from IASC 2007 Action sheet 2.1 -2.2)1.

1.1.4Prevent family separations

The worst thing that can happen to anyone in a di-saster is to lose the people that they love. In the case of children, especially those too young to speak for themselves, the loss of parents and siblings has important developmental implications (Freud and Burlingame, 1943; Duncan and Arntson, 2004; Jones 2008). The guidelines are clear that before thinking about caring for separated children and those who have become orphans it is critical to pre-vent separations in the first instance. In order to accomplish this, social workers can build awareness of the importance of tagging children under five amongst families, teachers, first respon-ders and youth groups. Tagging small children is a simple activity of critical importance that can help youth to fight feelings of helplessness and fear. Prior to the emergency family members, young people who are eager to help, and first responders can all be equipped with materials. During the emergency they can engage in tagging young children under five, the elderly, disabled, and people in institutions to prevent family separations.

1.1.5Identify the dead before they are buriedand inform families as soon as possible

One of the greatest sources of psychosocial dis-tress is not knowing whether a loved one is dead or alive. It makes grief and mourning difficult and renders “getting on with life” almost impossible, and for children, it is critical in making plans for their future. Therefore, identification of the dead and notification of the living are the precursors of the restoration of wellbeing. Fortunately, when healthy people die in disaster or terror attack, the bodies can be preserved a day or two prior to burial so that identification and regis-tration can be made and if possible, family members can be found and notified. There is no health rela-ted need for immediate mass burial as there is when people die of disease (Wisner and Adams, 2002).Social workers can coordinate with health workers to insure that bodies are identified before they are buried or cremated and whenever possible survi-ving relatives are able to dispose of them in their own way. This can be done through participation in coordination meetings as described above.

1.1.6Train those who distribute emergency ser-vices, i.e. food and nutritional support,shelter,waterandsanitation

These basic services are often provided by people trained in emergency management, first responders or the military. If we want to insure the participation and collaboration necessary to provide these basics in a way that supports wellbeing, promotes safety and ensures equity, the emergency responders who do this distribution need training in the principles of supporting psychosocial wellbeing in the midst of emergencies, through participation, collabora-tion and empowerment.

1.1.7Ensure the protection of marginalized groups

Very often in an emergency those who are “norma-lly” disenfranchised in a society remain invisible until their problems reach acute proportions. For example, after the events of 9/11/01 in the US, the families of the undocumented workers of color who were killed during the disaster did not receive the same level of support that others did, until advo-cates sought them out and worked on their behalf. Such problems can occur in any society. Learning about structures of power and historic discrimina-tion are critical parts of any assessment so that even when cultural traditions are being honored and maintained, those that support discrimination and injury are not. In India and China, social workers now routinely map disaster prone communities prior to any new disaster so that this process can be speeded up when the emergency arrives (Doostgha-rin, 2009; Sim, 2009).

Case Example: Supplementing food distribution in Nor-thern Japan.

Following the devastating triple disaster of a power-ful earthquake, 7 of the highest tsunami waves on record, and the resulting leak of radiation from a nuclear power-plant, the coastal region of northern Japan was left in shambles. 12,554 people were known dead and an additional 15,077 continued missing one month after the disaster (Japan Platform, 2011). Good practice was shown by the Self Defense Forces when they tagged and identified family and community members and organized them in shelters together, distributing food and shelter items (diapers, sanitary products), rapidly and transparently. They also stood guard at every shelter, insuring safety and an orderly process that allowed for everyone to re-ceive necessities in peace. Bulletin boards, run by

1 The entire participatory assessment methodology is available at this website: http://www.interventionjournal.com/downloads/31pdf/03_24%20Bragin%20.pd


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traditional community leaders, posted descriptions of the missing.

However, the communities survived mostly by means of the maritime economy, and nearly everyone had lost everything that they owned. The food that they received were army rations alone, nutritionally ade-quate, but as cold and impersonal as the shelters themselves.

A humanitarian agency that normally sent japanese aid work professionals overseas to help others, rus-hed to the scene to provide needed supplies beyond the necessities. They determined that people’s well-being would be enhanced by hot meals in the shelters. Hiring a cook with experience in japanese spiritual traditions, and aided by volunteers, they began by providing two hot meals a day. They moved from simply providing the food, to being able to use it as a way to engage people in thinking about simple things that they could still enjoy. After receiving training in psychological first aid from the social workers on staff, the volunteers could not only feed the residents, but also hear them when they needed to talk. They could move from talking about the food, what they liked and didn’t, to confiding in the volunteers. The residents slowly, were able to organize to order foods and prepare meals that they liked, and with that basis, think about their future. From this basis the residents were able to move from victims to program participants.

1.2Community and family supports Community and family supports are those that are normally available to help people through hard ti-mes. Some people in a disaster are just fine if the provision of services is transparent and if the con-ditions described above are met. Others will need some additional supports. Among the groups who are in need of specialized services are children, who experience disaster differently depending on age and stage of development.

1.2.1Child friendly spaces“Child Friendly Spaces” are an intervention that gi-ves children a safe place to play, allowing parents to deal with the emergency situation. They engage community volunteers, especially adolescents and elders, in feeling useful by helping the children. It protects children from danger and begins to provide a sense of routine. If the space includes a time for mothers of small children to be with babies, they too can get support. Sometimes, adolescent clubs are also organized in child friendly spaces, where teens can start as volunteers working with youn-

ger children, but later can begin to make sense of their experience by explaining it to younger chil-dren, and of finding ways to feel useful to others. Elders, who may wonder how they can pick up the pieces and start again find pleasure in organizing activities for children, telling stories can help them to maintain their own cognitive capacity by creating coherent narratives.

Case Example: Spaces for Children in Sri Lanka/ Radha was a member of a local youth club for poor

kids, run by an international social service organiza-tion in Sri Lanka. The club comprised young people who had been beneficiaries of social and economic support when they were small. They had a club hou-se. It was a place that you could hang out and not be hassled.

When the tsunami struck, destroying everything in its way, these young people were already organized! Radha convinced the others not to just sit back but to do something. The teenagers got on their bicycles and road to the disaster area.

There was so much to do that they didn’t know where to start! But the social welfare organization that had organized them had work for them to do; organize spaces where children can play.

Families were sheltering in crowded structures, and the rubble from the tsunami was dangerous. Children were fearful of the sea, but could not really find space for themselves on land. The young people were helped by social workers to find safe spots for kids to play, and organized them by age groups. Teachers among the survivors also were able to pitch in. The spaces were used by pre-schoolers during the day when chil-dren were at school, with support from elders, who might otherwise have been in despair. After school, part of the time was spent with teenagers providing safe space for younger children to play. Evenings found space for homework help and support.

Through guided play and drawings, children were helped to express their feelings. They were also able to learn that it was okay to try to have fun again. Routine was restored making life not seem to have desolved into chaos, and parents were able to orga-nize around helping their children get through the crisis, giving them hope for the future. Finally, again, those elders who had lost so much, could be useful to others and with the little ones, begin to create a narrative that made sense of it all.

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1.3 Focused, non-specialized supportsThis category of support refer to groups of people whose special situation require concern, but may not require clinical intervention, as the distress that they are experiencing are shared by the entire community. One example of such groups is those who have lost immediate family members. Not all members of these groups will require clinical inter-ventions, but recognition of their losses as personal and the need to mourn according to their own per-sonal beliefs, customs and traditions are critically important for this group.

1.3.1Learn about and where appropriate collabo-ratewithlocal,indigenousandtraditionalhealth systems

Traditions of healing may seem long ago and far away to city residents, yet as social workers we know that indigenous ideas of health and wellness are critical to our capacity to make meaning of ex-treme experiences. Traditions help us understand death and loss, in particular.

Case example: a Chinese community copes with loss

The fact that every single child was in school that day was a source of pride to this small ethnic minority community in Western China. Not so long ago, the rural schools were of poor quality, and did not con-tinue past grade 4. Few students went further than an elementary education. The perceived complica-tion of an ethnic minority language spoken at home, posed educational challenges. But by the day of the big earthquake, there were three schools in the near-by large town; elementary, middle and high school. No one kept children at home. There were several regional universities and technical schools to choose from. The school buildings were tall and well equip-ped, not some one story rural pre-fabricated affair that could be seen in rural schools in other countries. This hard-working ethnic minority felt that they had really “made it”.

So parents sent the children to school happily the morning of the earthquake, but some had to argue and insist. Everyone of the schools in town collapsed, killing all of the students and teachers inside. People with young children lost their only child. Everyone had to wait for two days until the Army came with helicopters, rescuing the living, exhuming and hel-ping to cremate the dead.

The community was devastated. There were no words. They thought that they were helping their children by insisting that they go to school, but they had sent them to their deaths. While care was needed for all community members, the parents who had lost

their children required supports focused just on them. Supports that called upon their oldest and most va-lued traditions, and gave them space to heal slowly, over time.

Local social work teams, came discovered a local tradition that had survived a century of upheaval: traditional dance. The teams came to understand that weekly dancing was a way for the community to connect to their past, as they slowly began to re-build their future. Each generation taught the dances to the next, and they practiced them together with their children week after week. Slowly, the social work team supported the parents to revive their dan-ce troupe. At the first anniversary of their children’s death, and the destruction of their community, the troupe danced for an international audience.

They wept, they remembered, but then they danced, with surviving children from the community (those too old or young to have been at school that day) dancing along.

The loss of a child is forever, and the grief may never go away. But those with guilt and pain and grief that they could not bear, drew strength from one another and began the slow process of healing (From Bragin, 2010. 387).

1.4 Specialized servicesIn an emergency, the mentally ill are often forgot-ten. Yet they are more likely to be confused and distressed by events than the rest of the population. It’s important to ensure that at least one agency is taking charge of providing mental health services, and supporting both the primary health care and mental health systems to continue service delivery.

1.4.1Ensure continuity and integrity of care for the mentally ill

Make sure that psychotropic drugs on which pa-tients are dependent are available, even when records have been destroyed. Insure that psychia-trists and psychiatric nurses are deployed to serve the mentally ill and supported in their mission.Where traditional treatments are the norm of care for this population, social workers can insure con-tinuity through familiarizing the two groups of practitioners with one another and facilitating com-munication.1.4.1.1InstitutionalizedmentallyillWhile the best care is community based, and pro-vided through the primary care system, some mentally ill people are cared for in institutions. Prior to any emergency, mental patients can be is-


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sued identification tags so that they do not become lost in disasters. It is important to prepare staff for the eventuality of a disaster and assign specific per-sons to take responsibility during an emergency. If social workers discover an institution that has been abandoned, their first task is to insure that residents obtain food, water and medicine quickly. The second task is to alert governmental duty bea-rers to the situation and to insure that a qualified agency is assigned to take responsibility for the care of the residents until systems of care are restored.

Case Example: Supporting the mentally ill in Haiti Following the devastating 2010 earthquake in Haiti, nearly all government buildings and all institutions were destroyed. There had been a mental hospital in the capital where many families sent mentally ill members. Some of the patients survived the ear-thquake, but did not have staff to care for them. Social workers eager to intervene supported the Mi-nistry of Health to survey the needs of the surviving patients and nurses at the facility. They arranged for emergency staff to support them so that they could take breaks, but did not try to supplant the autho-rities, as they were sacrificing everything that they could to help those in need.

After identifying surviving patients and making sure that their whereabouts were known, and supporting the staff to get regular breaks as they re-organized the hospital’s routine, they worked with the Ministry of Health to develop a long term plan for the facility. They organized volunteers from among local young people, and traditional healers to engage with the fa-cility and to begin to think of ways that they could develop community care.

1.4.1.2PeoplewhorequireadditionalclinicalcareThere will always be a small number of people who, despite psychosocial supports like those recom-mended here, are unable to tolerate the emotional stress of an emergency, and after some period of time require clinical care. The first line of defense is the inclusion of outpatient mental health services in repertoire of primary care providers. Social wor-kers will often be called upon to provide this care in accessible and appropriate settings themselves pro-viding such services after the emergency is over, to individuals groups or families. Among those most vulnerable in times of disaster are those who have suffered complicated grief, and those who are vul-nerable due to a combination of family or personal history.

Implications for the social work professionThe IASC guidelines for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings are an international standard designed to insure that the psychosocial supports provided to needy po-pulation, meet the highest standards for quality,. The guidelines place social work skills and values such as participatory methodologies, inclusive and empowering responses, and culturally competent community based services at their centre. The gui-delines are currently being rolled out, reviewed and modified through field tests and experience in emergency situations world wide. The social work profession should be participating actively in this process, critiquing the guidelines where they need improvement and promoting them where they do meet the standards of the profession. Social work as a profession, and not only social work practitioners as individuals should be at the table, finalizing the guidelines, and promoting their use. Already, social work plays a lead role in disasters in many of the countries where the profession is well established (Bragin and Garcia, 2009). Mathbor (2004) has ar-gued that social work curricula must be expanded to include courses in disaster response, as is already happening in China, India and Bangladesh. Such social work programs should include the IASC gui-delines in Mental Health and Psychosocial Support in Emergencies in their emergency management and disaster preparedness and relief curricula.

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El desafío de la efectividad en la justicia penal juvenilthe challenge of the effectiveness of juvenile justice

Daniela Díaz bórquez

Docente Departamento de Trabajo Social, Universidad Alberto Hurtado, Trabajadora Social Pontificia Universidad Católica de Chile, Magíster en Sociología Pontificia Universidad Católica de Chile, Cienfuegos 64-A, Santiago. Correo electrónico: [email protected]

Resumen este artículo reflexiona acerca de la efectividad de la intervención implementada con jóvenes infractores de ley por los programas de reinserción social. particularmente, se desarrolla el con-cepto de prácticas efectivas e intervención basada en evidencia en el ámbito de la justicia juvenil en Chile. se analizan los alcances y limitaciones existentes para observar la efectividad de las intervenciones en el contexto nacional, y se identifican algunos desafíos específicos para el trabajo social.

Palabras clave. prácticas efectivas, evaluación de la intervención, delincuencia juvenil.

AbstractThis article reflects on the effectiveness of the intervention implemented for juvenile offenders by social rehabilitation programs. specifically, it develops the idea of effective practices and evidence-based interventions in the field of juvenile delinquency. It analyzes the scope and limi-tations to observe the effectiveness of the interventions in the national context, identifying some specific challenges for the social work.

Key words. effective practices, evaluation of the intervention, juvenile delinquency.

Metaanálisis y estudios de efectividad en justicia juvenilEl metaanálisis, entendido como una investigación sistemática en la que se utilizan métodos estadís-ticos para analizar los resultados de los estudios integrados en ella (Littell et al. En Sanchez –Meca & Botella, 2010), se desarrolla cada vez con más fuerza en el ámbito de la justicia juvenil con el pro-pósito de evaluar los resultados de investigaciones que comparten una pregunta similar: what works? o la pregunta por “¿quéfuncionaenmateriadein-tervención?”.Este tipo de investigación se desarrollan con fre-cuencia en las ciencias sociales puesto que permite realizar inferencias estadísticas de manera uniforme y con muestras más representativas, entregando una mayor robustez y confiabilidad a los resultados de los trabajos realizados (Paz Ciudadana, 2010, p. 25). En este sentido, los estudios de metaanáli-sis buscan levantar evidencia sobre intervenciones efectivas desarrolladas por los distintos Programas de Reinserción Social para adolescentes infractores de ley, colaborando mediante el desarrollo de in-vestigación aplicada a que los programas puedan

alcanzar sus metas de intervención y apostando a que los operadores incorporarán a sus prácticas los hallazgos de estos estudios.En el área de la justicia juvenil, la investigación so-bre la efectividad de las prácticas ha dado origen a una serie de estudios evaluativos en el contexto internacional, fundamentalmente en países donde el sistema de justicia juvenil es de larga data. Por el contrario, en el contexto chileno, son escasos los esfuerzos por producir información de carácter cualitativo que permita evaluar las intervenciones y al mismo tiempo sirva de dato a integrar en un metaanálisis. Desde el análisis de los resultados de la investiga-ción de intervenciones en el ámbito de la justicia juvenil, Unting & Vennard han planteado cuatro criterios para clasificar las intervenciones efectivas a partir de la evidencia levantadas por la investigación desarrollada en Inglaterra y Gales (Unting & Ven-nard en Stpehenson et al, 2007). Esta clasificación (Ver cuadro N°1) es utilizada para ordenar los estu-dios realizados por el Youth Justice Board y levantar algunos criterios de efectividad que serán discuti-dos en este documento bajo el entendido de que las

DANIELA DÍAZ BÓRQUEZ

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prácticas efectivas serán comprendidas como aque-llas que logran disminuir la reincidencia. Como se señaló anteriormente, en materia de de-lincuencia juvenil la efectividad se circunscribe al nivel de logro alcanzado por los Programas, parti-cularmente a su incidencia en la disminución de la reincidencia, sin necesariamente dar cuenta del sentido de las intervenciones. Por ejemplo, sería po-sible encontrar prácticas efectivas que disminuyen las probabilidades de reincidencia juvenil pero que no necesariamente logran la integración social de los jóvenes en la idea más restaurativa de la justicia, en términos de reparar los vínculos sociales rotos en la comisión de delito. No obstante, resulta interesante contar con criterios estandarizados que permitan cuantificar los nive-les de efectividad de las estrategias de intervención implementadas por los Programas de Reinserción Social, y abrir espacio a la reflexión acerca de los criterios de evaluación con los que se observa el funcionamiento del Sistema Socioeducativo de San-ciones asociado a la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.El desarrollo de modelos de intervención que con-sideren las estrategias de trabajo avaladas por la evaluación, junto a la posibilidad de los operadores para implementar prácticas que han demostrado ser efectivas en la disminución de reincidencia, invo-lucran indefectiblemente la necesidad de generar

conocimiento acerca de la intervención implemen-tada por los Programas de Reinserción Social juvenil en el contexto nacional. Esto, puesto que la efecti-vidad de una intervención dependerá siempre del contexto en el que se desarrolla, donde lo que se entiende por prácticas efectivas tendrá un respaldo en la evidencia cuantitativa, pero estará condiciona-do al mismo tiempo por las características locales de implementación de la intervención.

Algunos criterios de efectividad: alcances y limitaciones en el contexto nacional Con el propósito de establecer criterios de efecti-vidad para la intervención realizada por Programas de Inserción Social de adolescentes infractores de ley, Stephenson, Giller y Brown (Effective Practice in Youth Justice, 2007) desarrollan un metaanalisis observando resultados de investigaciones reali-zadas para evaluar programas de justicia juvenil implementados en el Reino Unido y otros países de Europa. Como hallazgo principal, logran concluir la existencia de siete criterios que permitirían observar la efectividad de las intervenciones en función de su contribución a la disminución de la reincidencia ju-venil. Para efectos de este documento se analizarán cuatro de estos criterios, discutiendo sus alcances y limitaciones en la evaluación de la intervención en el contexto nacional1.

Prácticas quefuncionan

Prácticas quenofuncionan

Prácticas prometedoras

Prácticas sin evidencia suficiente

Hay evidencia positiva y estadísticamente significativa respecto del programa, generada a partir de al menos dos investigaciones que comparan participantes incluyendo grupos de control.

Hay evidencia negativa (inefectividad) y estadísticamente significativa respecto de un programa en al menos dos evaluaciones. Estas evaluaciones han utilizado grupos de control para evaluar la efectividad.

Hay evidencia a favor (diferencias entre el grupo de control v/s participantes) pero levantada en un único estudio evaluativo y estadísticamente significativo.

Programas cuya evidencia no puede clasificarse en ninguna de las tres categorías anteriores.

CUADRON°1CLASIFICACIóNDELAINTERVENCIóNDEACUERDOALAMEDIDAYLANATURALEZA

DELOSRESULTADOSINVESTIGACIóN

Fuente: Elaboración en base a Unting & Vennard, What works with young offenders in the community? (2000), en Stpehenson 2007.

1 Los otros criterios desarrollados en el estudio hacen referencia a la dosis o intensidad de la intervención (la intervención debe tener una duración e intensidad suficiente como para lograr sus metas), la modalidad de la intervención (intervenciones centradas en estrategias cognitivo-conductuales para el desarrollo de habilidades resultan más efectivas) e integralidad de la intervención (coherencia interna de los programas entre metas de intervención, estrategias de trabajo, recursos asignados y mecanismos de seguimiento y evaluación). Para mayor profundización ver revisar estudio de Stephenson, M., Giller, H., Brown, S. (2007), Effective Practice in Youth Justice. UK: William Publishing.

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El dEsafío dE la EfEctividad En la justicia pEnal juvEnil

Clasificación de RiesgoEste principio basado en el enfoque de Riesgo Necesidad y Capacidad de Respuesta plantea la importancia de focalizar las intervenciones en fun-ción de la gravedad del delito cometido y el riesgo de reincidencia que presenta cada joven. Desde esta perspectiva, la intervención debe centrarse en la evaluación de factores protectores y factores de riesgo2 vinculados al inicio, mantenimiento y fina-lización de la actividad delictiva (Illescas y Pueyo, 2007). En este sentido, sistemas penales juveniles de mayor data cuentan con instrumentos de clasi-ficación de riesgo que permiten identificar factores de riego y factores protectores para diseñar la in-tervención focalizándose en disminuir los factores de riesgo y potenciar los factores protectores ante la conducta delictual. El Youth Level of Service/Case Management Inventory (YLS/CMI), utilizado en Canadá, fue diseñado para ayudar a los profesionales del ámbito de la justicia penal juvenil (trabajadores sociales, operadores de libertad condicional, psicólogos) a evaluar necesi-dades y factores de riesgo en jóvenes infractores de ley. El supuesto a la base de este instrumento asume que intervenciones inteligentes tendientes a reducir probabilidades de reincidencia deben estar basadas en la evaluación de riesgo y de necesidades de los jó-venes (Andrews & Bonta, 2006). Así, la intervención debe ser coherente con las necesidades criminóge-nas de los infractores y mayores niveles de riesgo de reincidencia requerirán de una mayor cantidad y variedad de servicios asociados a la intervención. Esto, en consideración a las causas de la actividad delictual en población juvenil que responderían a una compleja interacción entre variables de orden personal (como personalidad, atributos cognitivos, etc.) y variables de orden contextual (como situación familiar, relación con el grupo de pares, entre otras). Los resultados de la evaluación realizada a partir del YLS/CMI son relevantes a lo largo de todo el proceso judicial para la toma de decisiones respecto de la prisión preventiva, la disposición a responder que presente el joven versus el tipo de sentencia a determinar y la planificación de la intervención a ejecutarse, ya sea en el medio libre o en contextos privativos de libertad. En Gales e Inglaterra, la población juvenil que tiene

contacto con el sistema de justicia penal es evalua-da con un instrumento denominado Asset, cuya finalidad es la de observar la conducta delictual e identificar los factores o circunstancias que han contribuido al desarrollo de esa conducta. Particu-larmente, esta evaluación de factores protectores y de riesgo se utiliza para compartir información de los jóvenes con los tribunales en un formato estan-darizado, otorgando antecedentes para determinar programas de intervención adecuados, identifi-car necesidades o dificultades de los jóvenes para orientar la intervención, y medir cambios en las ne-cesidades y los factores de riesgo de reincidencia a lo largo del tiempo (Asset, 2006. p.1). Tanto Asset como YLS/CMI permiten registrar y recolectar información del caso para planificar in-tervenciones, facilitando la comunicación entre los profesionales involucrados en los procesos ju-diciales. Contrariamente, en el contexto chileno el sistema de justicia penal adolescente carece de ins-trumentos estandarizados que permitan clasificar riesgo para orientar la intervención y menos aún para entregar antecedentes que permitan proponer sanciones acordes al nivel de riesgo de reincidencia que presenta un joven. En este sentido, avanzar en instrumentos de clasificación del riesgo que orien-ten la intervención y puedan utilizarse de manera estándar dentro del Sistema de Sanciones SENAME es un desafío que requiere altos niveles de riguro-sidad para adaptar estos instrumentos a la realidad chilena, donde la estructura de oportunidades para la integración social es radicalmente distinta. El Balance Anual 2008 de la Ley de Responsabili-dad Adolescente (SENAME, 2009) establece que el mayor porcentaje de jóvenes ingresados al sistema de sanciones pertenece a la categoría “pobres no indigentes” (SENAME, 2009 26), lo que indicaría que en la realidad nacional los jóvenes infractores que tienen contacto con el sistema penal comparten factores de riesgo estructurales como la pobreza y la vulnerabilidad social (Trudel & Puentes- Neu-man, 2000) que constituyen uno de los principales factores de riesgo de reincidencia3. En este sentido, un posible instrumento de clasificación de riesgo debiese considerar las particularidades de las con-diciones estructurales existentes en Chile para la reinserción social.

2 Los factores protectores/de riesgo corresponden a variables personales y contextuales que pueden influir directa o indirectamente la probabilidad de desarrollar conductas delictuales (Hein, 2004).

3 Cabe señalar que las condiciones de pobreza constituyen un factor que condiciona pero no determina en ningún caso la conducta delictual. Más aun, la criminología del desarrollo indica que la edad, en función de las características de la etapa adolescente, constituye un factor de riesgo para la conducta delictual (Farrington, 1998, Hill et. al, 1999). Conceptualmente, el sistema penal y la LRPA reconocen el delito como un hecho repartido indistintamente entre los grupos sociales (Díaz & Garrido, 2009).


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Necesidades criminógenasLa evidencia indica que las intervenciones alcanzan mayores niveles de efectividad cuando se focali-zan en factores que contribuyen directamente a la comisión de delito, más que en otras causas indirec-tamente relacionadas (Stephenson, 2007). De este modo, la intervención debiese centrarse en aquellos factores de riesgo que favorecen la conducta delic-tual y que asumen un carácter dinámico en tanto son susceptibles de cambio y pueden denominarse necesidades al transformarse en objetivos de inter-vención (Paz Ciudadana, 2009, p.24).El modelo de Riesgo Necesidad y Capacidad de Res-puesta desarrollado por Andrews y Bonta (2006) identifica factores de riesgo asociados a la reinci-dencia, estableciendo algunos factores dinámicos que se relacionan a la persistencia de la conducta delictiva, tales como pensamiento antisocial, patro-nes antisociales de conducta que apoyan un estilo de vida delictual, circunstancias familiares y escola-ridad o empleo (Andrews & Bonta, 2006). Si bien es cierto que estos factores de riesgo tendrían distinto peso en la predicción de la reincidencia, las necesi-dades criminógenas siempre son particulares a cada joven, por lo que son los profesionales encargados de la intervención los que asumen la tarea de iden-tificar factores de riesgo relevantes para cada caso y transformarlos en objetivos de la intervención. En sistemas penales de mayor data, los instrumen-tos de clasificación de riesgo como el Asset y el YLS son utilizados para la identificación de riesgos y ne-cesidades de intervención y su aplicación permite un ejercicio de juicio evaluativo que sirve de base para planificar intervenciones con prioridades cla-ras. En Chile no existen baterías de instrumentos (estandarizados y validados estadísticamente) para facilitar esta tarea, lo que implica que los profesio-nales a cargo de la intervención deban diseñar la intervención sobre prioridades identificadas a partir de su propia experticia y de sus competencias en la materia. Sumado a esto, la situación de vulnerabilidad so-cial de los jóvenes infractores de ley levanta otras complejidades para la intervención: intervenir so-bre prioridades basadas en riesgos de reincidencia no significa ignorar otros factores, más bien implica no intervenir directamente actuando solo de facili-tador para que los jóvenes puedan acceder a otros servicios que contribuyan a mejorar su calidad de vida. En este sentido, la estructura de oportunida-des disponible para los jóvenes y la oportunidad de acceso a la oferta social existente son factores que inciden en la posibilidad efectiva de los profesio-

nales para focalizar la intervención en necesidades criminógenas y poder asumir un rol exclusivo de gestión de redes para el abordaje de otras necesi-dades. Por ejemplo, gestionar apoyo para resolver necesidades básicas de las familias y así generar un piso mínimo que permita fomentar el vínculo y el cuidado del joven como parte de la intervención; fa-cilitar el acceso a apoyo psicológico para responder a necesidades no criminógenas que pueda presen-tar un joven, tales como problemas de autoestima, trastornos mentales severos, entre otros (Andrews & Bonta, 2007). En definitiva, la vulnerabilidad social y las caracte-rísticas de la oferta social existente son elementos a considerar para observar la factibilidad que tiene en el contexto nacional, la aplicación del principio de necesidades criminógenas como criterio efectivi-dad de las intervenciones. Se requeriría, al menos, fortalecer los vínculos de Programas de Reinserción Social con servicios sectoriales que pueden apoyar indirectamente esta tarea (salud, educación, cultu-ra, etc.). De otro lado, el focalizar la intervención en necesidades relativas a las condiciones de vul-nerabilidad social de los jóvenes implicaría asumir el riesgo de que los Programas de Reinserción so-cial pierdan su sentido original y se vuelvan poco garantistas, al terminar definiendo tiempos de per-manencia en función de características sociales y contextuales de los jóvenes, penalizando entonces la vulnerabilidad social.

Capacidad de respuestaLa capacidad de respuesta o responsivity se relaciona a las capacidades del joven que no están directa-mente relacionadas con la conducta delictual, pero que pueden afectar la respuesta del adolescente a la intervención en términos de plantear una interven-ción que le haga sentido a cada joven. La evidencia indica que las intervenciones efectivas son aquellas basadas en el aprendizaje y que los Programas de Reinserción Social funcionan mejor, cuando son cuidadosamente estructurados y cuando los estilos de los profesionales a cargo de la intervención se ajustan a los estilos de aprendizaje de los jóvenes. Además, los estilos de aprendizaje de la población infractora adolescente tienden a requerir metodo-logías activas y participativas de trabajo (MCGuire 1995 en Stephenson et al, 2007). Durante los últimos años, las intervenciones de esti-lo cognitivo conductual basados en la competencia social, han masificado su uso en campo de la rein-serción social. El modelo se basa en la necesidad de enseñar al infractor todas aquellas habilidades que

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facilitarán su interacción con otras personas (fami-lia, trabajo, otros contextos sociales), entrenando el pensamiento prosocial para el aprendizaje de nue-vos comportamientos (Redondo-Illescas, 2000). Básicamente, se busca promover la conducta proso-cial y enseñar nuevos comportamientos asociados.A modo de evidencia, es posible observar los re-sultados del metaanálisis analizado por Redondo y otros autores (“What Works in Correctional Rehabi-litation in Europe”) a partir de la evaluación de 57 programas de tratamiento europeos implementados en contextos privativos de libertad y en el medio libre con población penal de distintas edades. En términos generales, los programas basados en inter-vención de carácter cognitivoconductual observan un 27% de efectividad en la disminución de la re-incidencia, versus un 12% de efectividad promedio presentada por otros modelos (Redondo-Illescas, 2000). Incluir el principio de capacidad de respuesta sugiere diseñar un plan de intervención que sea consistente con la capacidad de respuesta del joven, que puede verse influenciada por la motivación, la personalidad, las habilidades cognitivas y emocio-nales (Bonta, 2006), asumiendo que el aprendizaje tiene una base biológica y una cultural, en función de las cuales los jóvenes se acercan de manera dife-renciada a los objetos de aprendizaje. Algunas consideraciones respecto de este criterio de efectividad refieren a las limitaciones en la medición de los estilos de aprendizaje, que no pueden asumir un carácter estático en el trabajo con los jóvenes. De otro lado, los estilos de aprendizaje se basan en establecimiento del vínculo entre el joven y el profe-sional que interviene, estableciendo una relación de ayuda centrada en facilitar el cambio de conducta que puede influir significativamente en la adqui-sición de estilos de aprendizaje más participativos por parte de los jóvenes. De este modo, el vínculo establecido en y para la intervención, condiciona la efectividad de las estrategias de aprendizaje aun cuando esta se ajuste a las características particula-res del joven y a su motivación al cambio.¿Cómo medir entonces los estilos de aprendiza-je? Múltiples son los instrumentos psicométricos diseñados para ello pero en este punto es central considerar que la posibilidad de aplicarlos de ma-nera válida y confiable también se enfrenta a las dificultades lectoescritoras de la población juvenil, que levantan desafíos de carácter más práctico para las intervenciones. Por ejemplo, desde el principio de responsivity, las estrategias de intervención con jóvenes con escasas habilidades verbales debie-

se considerar un estilo de pensamiento concreto, asegurando un mínimo de conceptos abstractos y fomentando la práctica conductual o el ejercicio práctico de habilidades (Andrews & Bonta, 2007). El Balance Anual de Implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (SENAME, 2009) observa que el nivel de inasistencia escolar que reportan los adolescentes en enseñanza bási-ca al momento de ingresar al sistema de sanciones (privativas y no privativas de libertad) es cercana al 70%. Junto con esto, las estrategias de aprendi-zaje de los jóvenes se encontrarían marcadas por experiencias negativas de deserción (exclusión) es-colar y de frustraciones asociadas al retraso escolar y la repitencia. Así, la inclusión de la capacidad de respuesta en la intervención debiese considerar las trayectorias escolares de cada adolescente, te-niendo en cuenta aspectos objetivos como los bajos niveles de escolaridad e inasistencia, pero también los aspectos subjetivos asociados a la experiencia escolar. En una mirada más global al contexto chileno, la Política de Seguridad Nacional y particularmente las acciones encaminadas a reducir la criminalidad debiesen articularse con acciones de creación de oportunidades educacionales de calidad para los jóvenes e incluso para los niños que no forman par-te del campo de acción de la LRPA. La seguridad pública y la desigualdad de ingreso y educación, son en Chile dos aristas de un mismo problema, donde, al decir de Brunner, surge la necesidad de impulsar una fuerte expansión de la cobertura pre-escolar, entre los 0 y 5 años de edad, a favor de los niños que no están en condiciones de heredar un capital cultural y social en su hogar (Brunner, 2005, p.4).

Base comunitaria de la intervenciónLa evaluación realizada en estudios de metaanálisis indica que las intervenciones implementadas en la comunidad observan mayores niveles de efectividad que aquellas que son desarrolladas en contextos institucionales o privativos de libertad (Stephen-son et al., 2007). En este sentido, los investigadores plantean que las intervenciones que tienen lugar en contextos significativos para los jóvenes, esto es, intervenciones que proponen aprendizajes más cer-canos a los contextos de vida y a las experiencias de los propios jóvenes, resultan más efectivas en la disminución de la reincidencia. La proximidad al entorno del joven facilita la transferencia de aprendizaje, a diferencia de las in-tervenciones que proponen aprendizajes a adquirir


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en escenarios que resultan muy distintos al contexto en el que serán aplicados. En términos concretos, esto se asociaría al requerimiento de entregar he-rramientas que les permitan a los jóvenes acceder y participar eficazmente de los servicios provistos por las redes sociales, particularmente de la educación, pero también de salud, ocio y actividades cultura-les. La calve estaría en facilitar el acceso a contextos a los que se verán enfrentados cotidianamente los jóvenes, proponiendo al mismo tiempo desafíos de aprendizaje que les resulten estimulantes.El análisis de los efectos de la base comunitaria de la intervenciones desarrolladas por el Youth Justice Board (UK, 2007) repara también en el hecho de que la mayoría de los jóvenes infractores del siste-ma judicial británico accede a educación impartida por instituciones donde los proveedores atienden principalmente a individuos con problemas de infracción a la ley penal (educación de adultos, nivelación de estudios, etc.). En estos escenarios podrían compartirse algunas debilidades tales como constituir espacios de formación de grupos de pares de influencia negativa o con conductas delictuales, o el intentar cambiar comportamientos fuera del contexto original de los jóvenes (Stephen-son et. al: 29). La realidad chilena de los Programas de Reinserción Social juvenil para implementar iniciativas de base comunitaria evidencia en buena medida las debili-dades de segmentación anteriormente descritas. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Menores SENAME suele levantar ofertas de adquisición de competen-cias para la integración social a través de convenios cerrados de capacitación en oficios que faciliten la inserción laboral de los jóvenes, como cursos de computación, electricidad, cocina, etc. Estos espacios de aprendizaje son compartidos por “jó-venes SENAME” o, formalmente, por jóvenes que pertenecen a los Programas de Reinserción Social. La base comunitaria de la intervención individual queda supeditada a contextos cerrados en los que, junto con la intención original de formación, se co-rre el riesgo de transmitir y reproducir conductas de riesgo de reincidencia tales como la relación con grupos de pares de influencia negativa. Además, estos espacios limitan la posibilidad de proponer desafíos de aprendizaje que además de presentar contenidos atractivos y pertinentes a las realidades de los jóvenes, ofrezcan la posibilidad de entrenar habilidades sociales para aprender a interpretar y a reaccionar frente a las conductas de los demás (comunicación, asertividad, etc.) en contextos simi-lares a los que enfrentan cotidianamente. Esto cobra

mayor relevancia cuando el desarrollo de habilida-des sociales ha sido relevado por la evidencia a favor de la efectividad de modelos de intervención cogni-tivoconductual o de pensamiento prosocial. Actualmente, el incorporar o fortalecer la base co-munitaria de la intervención constituye un desafío para los operadores de los Programas de Reinserción Social. Implica articular mecanismos de trabajo en red que faciliten la inserción efectiva en contextos cotidianos, aportando a la integración social y a la disminución de la estigmatización de los “Jóvenes SENAME”, que de acuerdo a la teoría de la rotu-lación social, constituye uno de los factores que influye de manera más significativa en la persisten-cia de la conducta delictiva (Redondo, 2000). En este sentido, el promover espacios de aprendizaje en contextos menos segregados o de mayor base co-munitaria, permite además otorgar respuestas desde un paradigma más restaurativo, que incluyan tanto la dimensión de responsabilidad individual como la dimensión de responsabilidad social que asume el delito (Umbreit & Bazemore, 1997). Consecuente-mente con ello, la gestión para la integración social debe adentrarse en los barrios, en las instituciones y en las personas del espacio local para lograr ajustar un diagnóstico integrado de un adolescente y una estrategia personalizada de intervención en la que colaboran otros agentes particulares de un determi-nado territorio (Valdebenito, 2011:16).

Algunas discusiones en torno a la efectividadEn primer lugar, en términos de medición de efectividad de los Programas de Reinserción So-cial, es necesario reconocer que la evaluación de las intervenciones con jóvenes infractores de ley está centrada en la disminución de la reincidencia y, por lo tanto, es allí donde radican sus límites y posibilidades. Desde este paradigma, los progra-mas efectivos son aquellos que logran disminuir los niveles de reincidencia de la población juvenil atendida, asociando efectividad a desistencia de la conducta delictual, sin considerar otras variables como, por ejemplo, los niveles de integración so-cial alcanzados por los jóvenes, la habilitación o las competencias prosociales desarrolladlas durante la intervención, entre muchos otros factores que pu-diesen relacionarse a la reincidencia. No obstante, el desarrollo de investigación apli-cada en los Programas de Reinserción Social permite observar cuantitativamente los resultados de las intervenciones e identificar áreas estratégicas de intervención, aumentando la probabilidad de

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que los hallazgos de los estudios sean incorporados por los profesionales que operan los Programas. En este sentido, resulta perentorio levantar evidencia nacional respecto del funcionamiento de los progra-mas para promover prácticas efectivas en el campo de la justicia juvenil ,“no solo es necesario mejorar los estándares de las intervenciones ya sea desde su formulación, focalización evaluación, sino también desde su instalación en la práctica” (Blanco & Vare-la, 2011: 80).Otro punto interesante de considerar es que la efectividad es siempre una variable condicionada por el contexto, por lo que los resultados de me-taanálisis realizados en otros países entregan ciertas claves para observar la intervención desarrollada por Programas de Reinserción Social en Chile, pero no necesariamente constituyen prácticas efectivas en sí mismas. Entonces, las prácticas que funcio-nan estarán condicionadas por factores como las características de los sujetos, la estructura de opor-tunidades disponible para la integración social, las habilidades técnicas de los equipos profesionales, la integralidad de la intervención, entre muchas otras variables. Por ejemplo, pese a que la evidencia internacional indica que las intervenciones de carácter integral tienen mayor impacto en la disminución de rein-cidencia, en la realidad nacional se presentarían ciertas dificultades para velar por la integralidad de la intervención desarrollada por los Programas de Reinserción Social. Particularmente, una interven-ción integral implica asumir una metodología de intervención y al mismo tiempo implementarla de manera fidedigna, resolviendo dificultades centra-das en los niveles organizacionales, en los equipos profesionales, en las características de la población atendida o incluso en el desvío de los objetivos generales de la intervención producto de preocupa-ciones más inmediatas (Stephenson et al, 2007). En el caso chileno, el hecho de que los operadores de los Programas de Reinserción Social sean organismos colaboradores de SENAME financiados mediante licitaciones por períodos cortos de tiempo, impli-ca que cada cierto tiempo los profesionales de los programas tengan que destinar recursos humanos y organizacionales al diseño de proyectos para las licitaciones correspondientes a cada sanción, como preocupación adicional a los objetivos de la inter-vención, trabajando además en un escenario de alta incertidumbre.Ahora bien, con respecto a los criterios abordados en este documento, se han desarrollado algunas crí-ticas al modelo de Riesgo, Necesidad y Capacidad

de Respuesta, que articula, como su nombre lo in-dica, tres de los criterios de efectividad discutidos anteriormente. Fundamentalmente, las críticas se centran en el excesivo pragmatismo del modelo y en la focalización de la intervención en la reducción de riesgos, olvidando equipar al adolescente con re-cursos para ‘vivir mejor’ (Ward, 2007). En la realidad nacional, es posible observar que la población juvenil atendida por los Programas es una población relativamente homogénea en términos de factores de riesgo. Particularmente son jóvenes que comparten factores de riesgo estructurales, que presentan experiencias escolares mayoritariamente negativas (inasistencia, deserción-exclusión escolar) y habitan un contexto social donde las oportunida-des son limitadas y muy distintas a las existentes en los países con modelos de justicia juvenil de mayor data. Por otra parte, los criterios de clasificaciónderiesgo,necesidades criminógenas y capacidad de respues-ta responden a variables que entregan antecedentes de carácter individual para levantar información res-pecto del joven y su contexto, con el fin de planificar la intervención. Junto con el pragmatismo que se le critica a estos criterios, es posible observar un ca-rácter individualista, sustentado en una concepción más retributiva de la justicia, donde el fenómeno de la delincuencia se comprende como un acto indivi-dual de responsabilidades individuales y el ofensor es definido principalmente a partir de sus déficits (Bazemore & Umbreit, 1997). No obstante estas limitaciones, la idea de clasificar riesgo e identificar necesidades criminógenas para planificar la intervención observando los indicado-res utilizados por baterías de instrumentos de otros contextos como el Reino Unido y Canadá, permite disponer de mayores criterios de observación de los jóvenes y de su entorno; y, por lo tanto, de infor-mación de mayor calidad y más detallada para la identificación de las posibles causas de la conducta delictual y la planificación de la intervención. De manera complementaria a los parámetros de eva-luación anteriormente señalados, el criterio de base comunitaria de la intervención entrega una mira-da más restaurativa de la justicia, incorporando el carácter social del delito y complementando los cri-terios de observación individual de los jóvenes con criterios asociados a la propia intervención. Más allá de los factores protectores y de riesgo que presente un joven, la base comunitaria permite centrar la ob-servación en los mecanismos de implementación de los Programas de Reinserción Social, incorporando desafíos en distintos planos, tales como la gestión


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de los programas, el rol profesional, la coordinación con la oferta social existente y el rol que los agentes comunitarios asumirán durante el proceso. En este sentido, los indicadores de efectividad de una intervención no debiesen centrarse ex-clusivamente en la observación rigurosa de las características de los jóvenes, sino que deben in-corporar otros indicadores que den cuenta de la multicausalidad y la consecuente complejidad del fenómeno de la delincuencia. Así, cuando la eva-luación de las intervenciones articula criterios de la perspectiva de riesgo, necesidad y capacidad de res-puesta con criterios asociados a las características de la intervención, da cuenta de una comprensión más compleja de la delincuencia y sus causas, conside-rando la integración como un proceso bidireccional que exige la responsabilización del infractor de ley por el daño causado y, al mismo tiempo, el involu-cramiento de la comunidad para la restitución del vínculo social. La posibilidad de hacer operativa esta articulación es una responsabilidad comparti-da entre quienes diseñan las Orientaciones Técnicas que rigen el funcionamiento del Sistema de Sancio-nes, los Organismos Colaboradores del SENAME encargados de operar los Programas de Reinserción Social en los distintos contextos y las comunidades, que constituyen parte activa de los contextos en que se juega la intervención.

Conclusiones Los altos costos de los programas de reinserción so-cial y la carencia de evaluaciones que den cuenta de su efectividad constituyen un riesgo y al mismo tiempo un desafío para la focalización y la espe-cialización de la intervención en el ámbito de la delincuencia juvenil (Blanco & Varela, 2011). La pregunta por “what works?” o ¿qué funciona enmateria de intervención? ha permitido la genera-ción de conocimiento aplicado en el ámbito de la justicia adolescente, levantando información parti-cular acerca de prácticas efectivas en la disminución del delito. Ahora bien, toda vez que la efectivi-dad de una intervención está condicionada por los contextos, resulta necesario levantar evidencia nacional para corroborar y adaptar criterios interna-cionales de evaluación o bien para asumir criterios particulares que respondan a la realidad nacional, considerando las características de los usuarios, los equipos profesionales, la estructura de oportunida-des, los servicios sociales disponibles y los modelos de gestión del Sistema de Sanciones para adolescen-tes infractores de ley, entre otras variables. En Chile es escaso el conocimiento que se tiene

sobre reincidencia de infractores juveniles, y más escaso aun el conocimiento relativo a la efectividad de las distintas sanciones. Los mecanismos de fi-nanciamiento hacia los Organismos Colaboradores de SENAME y la corta data de la implementación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, han hecho que la evaluación cuantitativa se cen-tre básicamente en el control de gestión hacia los Programas de Reinserción Social, priorizando la observación del cumplimiento de las Orientaciones Técnicas y el seguimiento de la frecuencia de los contactos que sostienen los profesionales con los jóvenes y sus familias. El desafío entonces apunta a fortalecer los mecanis-mos de control de gestión pero, al mismo tiempo, desarrollar evidencia que permita observar cuan-titativamente la calidad de las intervenciones para controlar la efectividad de las mismas. La investiga-ción cuantitativa, de carácter evaluativo y aplicado, permite levantar paulatinamente información que puede, al mediano y largo plazo, proveer de da-tos para el desarrollo de estudios de metaanálisis. Este tipo de estudios requiere de mayores nive-les de desarrollo de la investigación en el ámbito de la intervención en justicia penal juvenil, parti-cularmente, de aproximaciones cuantitativas a la intervención en el contexto local, bajo el entendido de que aquello que funciona, funciona para cierto tipo de jóvenes y en ciertos escenarios particulares (Guerra, 1998).Ante este requerimiento, los equipos profesionales dedicados a implementar los Programas de Reinser-ción Social son quienes cuentan con la experiencia necesaria para apoyar la identificación de criterios que hacen que una intervención sea efectiva. Se requiere, por tanto, de implementadores u operado-res que cuenten con las competencias técnicas para especializar la intervención y que además tengan acceso a espacios de retroalimentación hacia los ni-veles de diseño y de evaluación de la intervención, a fin de evitar importar criterios de efectividad que si bien es cierto son de gran aporte para pensar la intervención, provienen de contextos muy disímiles como para constituir un parámetro de evaluación de las prácticas nacionales. Desde la psicología, el enfoque de la práctica ba-sada en la evidencia ha demostrado ser un punto de encuentro entre la práctica profesional y la in-vestigación (Sánchez-Meca 2010). Por otra parte, el Trabajo Social no puede negar la tensión interven-ción - investigación que lo define como disciplina, donde la pregunta por las prácticas efectivas puede abrir posibilidades de articulación de estas tareas

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centrales. En este sentido, los equipos a cargo de la intervención o los profesionales de primera lí-nea asumen un rol estratégico para complejizar la mirada a la reinserción social: hay un know how profesional, fruto de la experiencia y del ejercicio profesional, que pudiese contribuir a observar la efectividad de las prácticas puestas en contexto.Particularmente, si se considera que “el trabajo social basado en evidencia es el uso consiente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones sobre la atención a pacientes individua-les” (Sakett, 1997 en Buchanan, 2009), el diseño y el uso de instrumentos de registro estandarizados de información y la sistematización cuantitativa de los procesos de intervención, resultan perentorias para levantar evidencia que permita evaluar las pro-pias prácticas, más allá de las características de los jóvenes atendidos. Sistemas de justicia juvenil de larga data como el esta-dounidense o el británico, cuentan con instituciones como el Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention y el Youth Justice Board, respectivamente. Estas instituciones tienen la finalidad de observar las intervenciones en el ámbito de la justicia juvenil y desarrollar estrategias de fortalecimiento de inter-venciones efectivas en la prevención del delito y la promoción de la reinserción social. En el caso del se-gundo organismo, este incluso asume un carácter de supervisor del Sistema de Justicia Juvenil, generando evidencia y evaluando intervenciones. En el contexto nacional, el Servicio Nacional de Me-nores tiene la finalidad de contribuir al desarrollo de un sistema de protección a la infancia y adolescen-cia a través del ejercicio de derechos y la reinserción social y/o familiar de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos e infractores de ley, mediante una red de programas ejecutados directa-mente o por organismos colaboradores (SENAME, 2011). Básicamente, su quehacer articula, tanto la protección de derechos de la población infantojuve-nil, como la responsabilización y reinserción social de adolescentes en conflicto con la justicia. En este contexto, las instituciones que ejecutan los distintos Programas de Reinserción Social y se hacen cargo de la implementación del Sistema Nacional Espe-cializado de Sanciones, tienen el rol de ejecutar la intervención y al mismo tiempo de transformar-se en observatorio de sus propias prácticas, para generar evidencia local que pueda contribuir a la comprensión de la delincuencia juvenil y sus causas en Chile, y a la evaluación y desarrollo de inter-venciones que resulten efectivas y pertinentes a la realidad nacional.

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La conceptualización experta en los diagnósticos judiciales y penales de adolescentes en Montevideothe expert conceptualization in judicial and penal teenagers’ diagnoses in Montevideo

carolina gonzález laurino Doctora en Sociología y Ciencias Políticas (opción Sociología) por la Universidad de Deusto, España. Licenciada en Sociología egre-sada de la Universidad de la República (UdelaR), Uruguay. Licenciada en Trabajo Social por la UdelaR. Docente e investigadora del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR, Montevideo, Uruguay. La investigación se realizó en el marco del proyecto central de dedicación total a la UdelaR y contó con financiamiento de la Comi-sión Sectorial de Investigaciones Científicas (CSIC) de la UdelaR.Correo electrónico: [email protected]

Resumenel artículo analiza el uso conceptual de las ideas de riesgo social y vulnerabilidad, habitualmente utilizados en el campo de la infancia en Uruguay. la investigación está centrada en el área de la justicia penal juvenil y su base empírica se sustenta en el análisis de discurso. la investigación da cuenta del uso de ambos conceptos en los informes sociales judiciales y penales que parecen remitir a una lectura que sugiere distintas respuestas institucionales frente a la misma situación.

Palabras clave. diagnósticos expertos, riesgo social, vulnerabilidad social, justicia juvenil.

AbstractThe article analyzes the conceptual use of the ideas of social risk and vulnerability, commonly used in childhood’s field in Uruguay. The research is focused on the area of juvenile justice and its empirical work is based on discourse analysis. The investigation identifies the use of both concepts in the social judicial and penal reports that suggests different institutional answers to the same situation.

Key words. expert diagnostic, social risk, social vulnerability, juvenile justice.

IntroducciónLa investigación se centra en el análisis del área socio-jurídica de intervención social, entendiendo como tal el campo social que regula la intervención socialmente organizada en el tema de la infracción adolescente, a través del análisis de los discursos expertos institucionalmente adscriptos al sistema judicial y penal. En cuanto al sistema judicial, la investigación se centra en los Juzgados de Ado-lescentes de Montevideo. En el sistema penal de adolescentes se consideran tanto las intervenciones realizadas por las organizaciones de la sociedad civil habilitadas para la aplicación de medidas no priva-tivas de libertad, como por el Estado, que actúa a través del Instituto de la Niñez y la Adolescencia en Uruguay (en adelante INAU), que se encarga tan-to de la implementación de las medidas de sanción

privativas de libertad, como de las medidas alterna-tivas a la internación. Si bien se reconoce el carácter directriz del siste-ma judicial en el análisis de la conducta infractora protagonizada por los adolescentes y su influencia directa sobre las instituciones responsables de la ejecución de la sanción dispuesta, los expedientes judiciales señalan la receptividad del sistema ju-dicial frente a los planteos expertos surgidos en el contexto institucional del sistema penal, invirtiendo la dirección señalada.Por este motivo, el análisis que el trabajo propone está centrado en los peritajes expertos realizados en el ámbito penal de adolescentes y las consecuen-cias que estos discursos tienen en la dilucidación de la responsabilidad en las conductas infractoras. Se plantea, por un lado un análisis de la concepción de

Carolina González laurino

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riesgo social que remite a una concepción positiva del individualismo que atraviesa las descripciones especializadas. Por otra parte, como recurso teórico alternativo, se exploran los supuestos conceptuales de la utilización de la idea de la vulnerabilidad so-cial y la carencia de las protecciones sociales, que si bien describe los mismos fenómenos sociales que la noción de riesgo social, su utilización parece suge-rir consecuencias diferentes en el tratamiento de la infracción en contextos de pobreza. Lejos de la inocencia, el lenguaje utilizado en el tratamiento de los asuntos sociales reconoce con-cepciones teóricas en su abordaje conceptual, toma postura en las discusiones planteadas y asume las consecuencias prácticas que derivan de su discurso. En este sentido es posible afirmar que los discursos tienen efectos sociales (Berger y Luckmann, 1972)

Consideraciones metodológicasCon este propósito, se analizan los discursos que surgen de una muestra aleatoria de cincuenta expe-dientes judiciales archivados en el año 2009, dado que el trabajo de campo se realiza en ese año, en dos de los cuatro Juzgados de Adolescentes de Monte-video. La aleatoriedad en el proceso de selección de la muestra estuvo dada en función de los criterios de archivo de los expedientes judiciales, que no guar-dan estricta relación con el momento de inicio de la tramitación judicial sino con la finalización del proceso. Por este motivo, si bien la mayoría de los expedientes encontrados habían iniciado su trami-tación en el año 2009, se encontraron expedientes iniciados en el año 2008, cuya tramitación había sido más larga y compleja. Si bien no fue posible determinar el total de los expedientes iniciados en el 2009 a través de este

procedimiento de búsqueda de expedientes ar-chivados, la muestra incluyó la totalidad de los expedientes archivados durante el segundo semes-tre del año 2009, por lo que es posible inferir que se trabajó con la mitad de los trámites judiciales finali-zados durante ese año.Mediante el estudio de estos documentos se recu-pera la palabra de los fiscales, defensores, jueces y peritos (trabajadores sociales y psicólogos) que ac-túan en el ámbito judicial, tanto los discursos de los expertos que operan en las instituciones que tramitan la punición de los adolescentes: trabajado-res sociales, psicólogos y educadores sociales, cuyos informes se incluyen en el proceso de tramitación judicial de la infracción.La intervención social en el área socio-jurídica se entiende aquí en un sentido amplio, como una forma de intervención en el espacio social con ob-jetivos transformadores, independientemente de la formación disciplinaria de sus operadores. Se deno-minan operadores sociales a todos los expertos que intervienen en el área socio-jurídica en el campo de la infancia y la adolescencia, considerando específi-camente la intervención en relación a la infracción adolescente como ámbito de análisis.

La legislación uruguaya en materia de adolescentesEn la legislación uruguaya, el Código de la Niñez y Adolescencia aprobado en el año 2004 es el docu-mento que define qué es un adolescente1, establece cuál es el sistema experto que interviene en caso de una infracción a la ley penal protagonizada por un adolescente2, especifica cuáles son las infraccio-nes a la ley penal3, define qué es un “adolescente infractor”4, determina las causas que motivan el inicio de un proceso judicial contra un adolescen-

1 En su artículo 1º el Código de la Niñez y la Adolescencia (en adelante CNA) establece que “es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho años de edad” y a sus efectos define que “se entiende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años de edad”, comprendiendo a ambos géneros. Ley Nº 17.823 del ordenamiento jurídico uruguayo.

2 El artículo 65 del CNA define los órganos de competencia en el caso de los niños y adolescentes estableciendo que “La competencia de los órganos jurisdiccionales en materia de niños y adolescentes es la que fija la Ley Nº 15.750, de 24 de junio de 1985.

3 Artículo 67. Los Jueces Letrados de Menores entenderán en primera instancia en todos los procedimientos que den lugar a infracciones de adolescentes a la ley penal. En segunda entenderán los Tribunales de Familia. Los actuales Juzgados Letrados de Menores pasarán a denominarse Juzgados Letrados de Adolescentes.

4 El artículo 69 del CNA establece que “son infracciones a la ley penal: 1) Las acciones u omisiones culposas consumadas, cometidas en calidad de autor, coautor, tipificadas por el Código Penal y las leyes penales especiales, cuando el Juez reúna los elementos de convicción suficientes, fundados exclusivamente en el desarrollo de la personalidad psicosocial del infractor; avalado por un equipo técnico, que permita concluir que el adolescente disponía la capacidad cognitiva de las posibles consecuencias de su obrar. 2) La tentativa de infracciones gravísimas a la ley penal. 3) La participación en calidad de cómplice en infracciones gravísimas a la ley penal”.

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La conceptuaLización experta en Los diagnósticos judiciaLes y penaLes de adoLescentes en Montevideo

te5, clasifica los tipos de infracción a la ley penal6, establece la adecuación normativa para los casos de las infracciones adolescentes y fija los derechos y las garantías del procedimiento7, establece el régimen procesal8, las medidas socio-educativas correspon-dientes a la trasgresión normativa que divide en medidas privativas y no privativas de libertad9, el régimen de privación de libertad10, los principios de la ejecución11, los derechos y deberes durante la ejecución de las medidas socioeducativas12, las medidas curativas para los adolescentes incapaces que hubieren cometido infracciones a la ley penal13 y la especificación de los procedimientos14, comu-nicaciones15 y plazos procesales16. Estas orientaciones legales, sumadas a las disposi-ciones procesales y la normativa establecida en el Código Penal, serán las regulaciones legales espe-cíficas del ordenamiento jurídico uruguayo que, en correspondencia con la normativa internacional, re-gularán jurídicamente la actuación de los expertos en la justicia de adolescentes.

ResultadosLa infracción adolescente en el proceso judicial montevideanoA diferencia del resto del país, donde los juzgados concentran una serie de materias en una misma sede, la justicia especializada en adolescentes tiene en la ciudad de Montevideo cuatro sedes judiciales que abordan específicamente la infracción al dere-

cho penal protagonizadas por personas que tienen entre 13 y 18 años de edad, denominados Juzgados de Adolescentes.De acuerdo al Código de la Niñez y la Adolescencia las personas menores de 13 años son considerados niños, por lo que la justicia dispone de sedes ju-diciales específicas para tratar las infracciones a la ley penal protagonizadas por ellos. Los Juzgados de Familia Especializados, al igual que los Juzgados de Adolescentes, sólo actúan en forma independiente en Montevideo. En el interior del país las infracciones a la ley penal protagonizadas por niños o adolescentes son tratadas por sedes no especializadas.Montevideo es por tanto la ciudad donde la espe-cialización de la justicia cuenta con los recursos específicos para desarrollar las diferentes materias en lo que tienen de particular, por lo que toda la do-cumentación producida por las sedes judiciales que se analiza en este estudio es específica en la materia.Los expedientes judiciales analizados muestran características formales similares en su forma de procesamiento que se particularizan aún más de acuerdo a la sede que se analice, con formas es-pecíficas de actuación de los distintos expertos y funcionarios, que también son pasibles de ser dis-criminadas en función de la sede judicial.Las formas de actuación experta se repiten en forma especializada de acuerdo a la sede de que se trate y es posible rastrear modalidades particulares de pro-cesar, de acusar, de defender o de sentenciar.

5 El artículo 70 del CNA expresa: “Se denomina adolescente infractor a quien sea declarado responsable por sentencia ejecutoriada, dictada por Juez competente, como autor, coautor o cómplice de acciones u omisiones descritas como infracciones a la ley penal”.

6 En el artículo 71 del CNA se establece que “sólo puede ser sometido a proceso especial regulado por este Código el adolescente a quien se pueda atribuir material y psicológicamente un hecho constitutivo de infracción a la ley penal”.

Artículo 72 del CNA. “Las infracciones a la ley penal se clasifican en graves y gravísimas. Son infracciones gravísimas a la ley penal: 1) Homicidio (artículo 310 del Código Penal), 2) Lesiones gravísimas (artículo 318 del Código Penal), 3) Violación (artículo 272 del Código Penal), 4) Rapiña (artículo 344 del Código Penal), 5) Privación de libertad agravada (artículo 282 del Código Penal), 6) Secuestro (artículo 346 del Código Penal), Extorsión (artículo 345 del Código Penal), Tráfico de estupefacientes (artículo 31 y 32 del Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974, en redacción dada por el artículo 3º de la Ley Nº 17.016 de 22 de octubre de 1998), 9) Cualquier otra acción u omisión que el Código Penal o las leyes especiales castigan con una pena cuyo límite mínimo sea igual o superior a seis años de penitenciaría o cuyo límite máximo sea igual o superior a doce años de penitenciaría. 10) La tentativa de las infracciones señaladas en los numerales 1), 5) y 6) y la complicidad en las mismas infracciones. En los casos de violación no se tomará en cuenta la presunción del ejercicio de la violencia (artículo 272 del Código Penal) Las restantes son infracciones graves a la ley penal.

7 Artículo 74 del CNA.8 Artículos 75 y 76 del CNA.9 Artículo 77 a 88 del CNA. 10 Artículo 89 del CNA.11 Artículos 99 a 101 del CNA.12 Artículo 102 del CNA.13 Artículo 106 del CNA.14 Artículos 108 a 110 del CNA.15 Artículos 111 a 114 del CNA.16 Artículo 115 del CNA.


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Los expedientes judiciales dan cuenta del debate argumental de los expertos en derecho en el marco de un intercambio regulado por las disposiciones jurídicas que establecen las formalidades del pro-cesamiento judicial. El análisis de estos discursos muestra la existencia de acuerdos implícitos en re-lación a la exposición de los hechos que se realiza en el marco del auto de procesamiento, cuyo origen es posible rastrear hasta el sistema policial, retoma-do tanto en el marco de la acusación fiscal como en la relación de hechos realizada en el escrito de la sentencia. El debate de los expertos en el procesamiento judi-cial parece estar centrado primordialmente en dos aspectos: la dilucidación referente a la calificación jurídica de la infracción y las medidas planteadas en forma de prevención o sanción. Dado el acuerdo general en relación a la expo-sición de los hechos que se relatan en el auto de procesamiento, si bien la calificación jurídica de la infracción analizada puede dar lugar a intercambio argumental, es el carácter de la sanción y la determi-nación de su duración lo que genera el debate más recurrente en el marco del procesamiento judicial.En este aspecto, la discusión central se plantea en relación a la determinación o no de una medida pri-vativa de libertad, tanto en referencia a la medida cautelar como en relación a la medida de sanción. En este sentido, es posible observar que el carácter de la medida cautelar dispuesta tiene una influen-cia determinante sobre la discusión en relación al carácter de la medida de sanción. En este sentido, si se dispone una medida cautelar privativa de li-bertad al inicio del procesamiento, es probable que se determine una sanción de estas características en la sentencia. Lo mismo sucede cuando se determina una medida cautelar de carácter alternativo a la pri-vación de libertad. Cuando existe acuerdo entre el ministerio público y la defensa acerca del carácter privativo o no privati-vo de libertad de la sanción a imponer, el debate se centra en el tiempo de duración de la medida, con-frontación que se resuelve en el escrito de sentencia.Tanto la ejecución de la medida cautelar como la implementación de la medida de sanción dispuesta en el marco del procesamiento son monitoreadas por el sistema judicial a través de informes técnicos especializados, que dan cuenta del cumplimiento de las medidas de control. Los documentos de la muestra analizada señalan el carácter directriz del sistema judicial en el análi-sis de la conducta infractora protagonizada por los adolescentes y su influencia directa sobre las insti-

tuciones responsables de la ejecución de la sanción dispuesta. No obstante la rectoría que la institución judicial marca respecto a la ejecución penal, los ex-pedientes estudiados dan cuenta de cierta influencia de las instituciones penales sobre el sistema judicial, que invierte la dirección señalada. En este sentido, los documentos judiciales señalan la receptividad del sistema judicial frente a los planteos expertos surgidos en el contexto institucional del sistema de ejecución de medidas socioeducativas.En el contexto de este debate argumental –plantea-do a nivel jurídico– acerca de las medidas de control y de sanción que corresponden a la infracción que se analiza en el proceso judicial, se reconoce la in-fluencia que la consideración de las características socioeconómicas y vinculares de la familia del ado-lescente tienen sobre el juicio de los expertos en derecho a la hora de evaluar el tipo de medida judi-cial que en cada caso corresponde. En este sentido, el análisis documental muestra que la evaluación de este tipo de factores contextuales tiene mayor peso relativo que la calificación jurídica de la infracción en el momento de la determinación del carácter privativo de libertad de la medida a adoptar. Esta constatación empírica abre el debate jurídico, re-currentemente planteado a nivel nacional, acerca del derecho que coloca el acento en el autor de la infracción en lugar de evaluar jurídicamente la con-ducta trasgresora.Sugeridas como medida de excepción en el Códi-go de la Niñez y la Adolescencia, la privación de libertad en la adolescencia es utilizada por el siste-ma judicial como medida de protección social en situaciones familiares críticas, de forma relativa-mente independiente a la gravedad de la conducta que origina la sanción. En el marco del sistema ju-dicial uruguayo la privación de libertad parece ser utilizada como un dispositivo disponible de política social que sustituye la carencia de este recurso en el área de la infancia y la adolescencia como medida de protección social. Esta captación de adolescentes socialmente des-protegidos por parte del sistema judicial supone la disposición de medidas de control social en casos de ausencia de políticas de seguridad social. De esta forma, en Uruguay la política de seguridad pública viene a sustituir a la política de protección social. Empleadas con el argumento de la protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, las medidas socioeducativas dispuestas por el sistema judicial re-presentan un castigo a la infracción protagonizada por adolescentes, con las consecuencias estigmati-zantes sobre la vida de las personas que la aplicación

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de un dispositivo de control social implica. La intervención pública frente a las situaciones de vulnerabilidad en la infancia y la adolescencia apa-rece en el momento de la trasgresión adolescente y se hace presente desde una medida de control.La internación del adolescente que comete una in-fracción parece ser la respuesta del Estado a esta situación de desamparo que contextualiza la tras-gresión normativa en conductas que atentan contra los derechos de las personas o ejercen una forma de violencia que impresiona como injustificada frente a una víctima inocente.Ya sea en el escenario judicial como en el de la insti-tución que tiene a cargo la ejecución de las medidas socioeducativas respecto a la infracción, aparece la figura de nuevos especialistas del área educativa, social o psicológica que intentan vincular la trasgre-sión con la historia personal y social del adolescente que comete un acto infraccional.

DiscusiónEl discurso pericial en la justicia penal adolescente y en el sistema de ejecución de medidas socioeducativasPlanteados desde espacios disciplinares distintos al estrictamente jurídico, este tipo de discursos expertos centran su atención en el adolescente, describiendo etapas significativas en su proceso de socialización, su vinculación al sistema educativo, a espacios sociales y recreativos, analizando tam-bién sus vínculos sociales más cercanos. El peritaje social y psicológico plantea posibles hipótesis ex-plicativas que vincula la infracción a la vida y a la familia del adolescente17. En los informes producidos en el ámbito penal el enunciado del riesgo social parece sintetizar la des-cripción de una situación familiar y social marcada por la carencia material y simbólica de bienes so-cialmente apreciados en la valoración del bienestar social. Los diagnósticos de riesgo social enumeran consecuentemente dificultades en el plano de la obtención de empleos calificados, socialmente re-conocidos y protegidos, en el tránsito por el sistema educativo, en el acceso a bienes culturales, y en el desarrollo de redes de relaciones sociales estables, plurales y diversas.Mediante el enunciado del riesgo social, los perita-jes proceden a la enumeración de los indicadores sociales que señalan las carencias en los satisfactores

de necesidades sociales indispensables para el bien-estar sustentados en el señalamiento de limitaciones en el plano personal y familiar para la generación de condiciones de vida satisfactorias.El diagnóstico de riesgo social de una familia hace referencia, en primer lugar, a las posibilidades del adecuado desempeño de las funciones paternas, que son evaluadas por los expertos a través de la entrevista con el adolescente. En riesgo social se en-cuentran pues, con matices, aquellos adolescentes con una familia “desintegrada”, con “dificultades vinculares”, que no logró apoyar la culminación del sistema educativo primario de sus hijos ado-lescentes, que no proporcionó la contención necesaria para evitar la situación de calle, el con-sumo problemático de sustancias psicoactivas, la venta callejera, la mendicidad, la prostitución, la maternidad adolescente, o que tiene antecedentes sanitarios relacionados con la salud mental, el alco-holismo, la privación de libertad, o la violencia en sus vínculos.En segundo término, los expertos relacionan el riesgo social a las posibilidades socio-ambientales, económicas y culturales del entorno social inmedia-to. En este sentido se hace referencia a la situación social y sanitaria de la vivienda, a las condiciones socioeconómicas de la familia primaria y extensa, a las dificultades laborales de los adultos referen-tes, al control sanitario, a la situación educativa del adolescente, sus hermanos y otros niños a cargo de los padres, al analfabetismo y nivel educativo y cul-tural de los adultos, al capital social y cultural del entorno familiar, en última instancia, a la situación de pobreza de la familia.Los adolescentes en situación de riesgo social son, en definitiva, los pobres. Con el diagnóstico de riesgo se enuncia la situación de pobreza en lo que refiere al capital simbólico, social, cultural y econó-mico de la familia de origen y de referencia de los adolescentes.Este tipo de lectura microsocial, que centra su mira-da en el individuo, señalando tanto sus dificultades como sus potencialidades en la movilización de re-cursos propios y sociales para la obtención de metas de bienestar social aceptadas, coloca en los factores individuales la explicación del fenómeno de la po-breza. Si el análisis microsocial de las situaciones de pobreza es pensado en términos de factores indivi-duales de explicación, la consecuencia del planteo

17 Siguiendo la influencia de la criminología crítica, Carlos Uriarte lee este esquema de interpretación de las causas de la infracción desde el paradigma de la criminología clásica, que busca explicar la etiología del delito como comportamiento anómalo (1999, 2006).


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es la responsabilización individual por la situación en que se encuentran estos sectores sociales.En los discursos periciales se describen familias con severos problemas en la provisión y cuidado de sus miembros, abandonadas a la construcción de estrategias de supervivencia informales, sin las protecciones sociales derivadas del trabajo en condi-ciones de estabilidad y formalidad. En este sentido, los informes que evalúan el riesgo social de las si-tuaciones soci o-familiares en observación, parecen situarse en el esquema de la concepción tutelar que partía de la mirada de la “situación irregular” de “los menores abandonados” cuyo tránsito natural los llevaría a la delincuencia (Erosa e Iglesias, 2000; García Méndez, 1994, 2004; Uriarte, 1999, 2006). Leídos en el contexto de la implementación de medidas judiciales de respuesta ante la infracción normativa, el diagnóstico de riesgo respecto a los adolescentes evaluados en el ámbito penal puede adquirir un sentido contextual específico. En este marco, la lectura experta del riesgo que realizan los peritos activa una alarma social frente al sistema ju-dicial que, retomando el análisis de los especialistas, adopta medidas concretas para fortalecer los meca-nismos de defensa social como respuesta.En el contexto de la infracción adolescente, la evaluación experta de riesgos sociales sugiere la implementación de medidas de control social más estrictas ante la amenaza. Considerando el marco normativo nacional del cual emerge –en el área de la justicia adolescente– el diagnóstico de riesgo su-giere, como en la doctrina tutelar ante la infancia pobre, la respuesta de la institucionalización (Platt, 1982; Morás, 1992; García Méndez y Carranza, 1992; García Méndez, 1994; Costa y Gagliano, 2000).Recogida en un nuevo discurso, la imagen para-digmática del “menor abandonado y delincuente” parece corresponderse casi exactamente con el sen-tido de alarma social atribuido al diagnóstico del riesgo de los ahora llamados “adolescentes infrac-tores”. La respuesta social a aquella descripción, resemantizada como medida socioeducativa en el discurso contemporáneo de la protección integral a la infancia, es nuevamente, la internación.Lejos de oficiar como elemento que contextualiza la infracción adolescente, la situación social de po-breza parece plantear una alarma frente al riesgo, activando los mecanismos de la defensa social que recurren al encierro de los elementos peligrosos.Si bien parecen describir situaciones personales y familiares mediante un lenguaje especializado de

carácter científico, las palabras utilizadas por el discurso experto de la pericia remiten a ciertos con-tenidos morales con poder sancionatorio de ciertas actitudes y conductas que aparecen teñidas con características de “perversión” o de “anormalidad”, para utilizar las categorías conceptuales que emplea Foucault. Utilizadas en el discurso de la pericia, es-tas características de perversión o anormalidad en la descripción de la situación individual y familiar del adolescente le otorgan un sello de distinción que, mediante el juicio de la infracción cometida, lo in-visten de peligrosidad.Enmarcada en esta doble función de detectar el peligro, la pericia se convierte en un discurso del miedo al peligro frente al que opone un discurso de la moralización. El discurso especializado de la pe-ricia se inviste con una serie de categorías de orden moral que parecen retraducir el discurso técnico del lenguaje experto (Foucault, 2000).El análisis experto sobre la biografía del adolescente bajo la forma de peritaje psicológico o social remite a la intrusión de discursos de reparación terapéu-tica en el sistema de control y castigo que describe Foucault a finales del siglo XIX y durante el siglo XX (Foucault, 2000). Se trata de un saber de reparación unido a un discurso de control de la conducta que influye sobre la vida de la persona, reorientándola hacia un cambio personal con eje en la experiencia social.

La concepción reflexiva de la autonomía individual y la responsabilidad individual en el éxito y el fracasoPara Beck (1994) y Giddens (1994, 1995), la mo-dernidad reflexiva, cuyo proceso de materialización social avanza inadvertidamente para los actores implicados, tiene consecuencias significativas en la forma en que estos se relacionan con las insti-tuciones sociales y con los sistemas abstractos que las fundamentan y legitiman. Esta nueva forma de relaciones entre los actores y la estructura social que los analistas señalan, se genera en un contexto de reflexividad social que aumenta las posibilidades de diálogo de los agentes con los sistemas abstractos, brindándoles una mayor posibilidad de crítica y de distanciamiento respecto a los mecanismos sociales que condicionaran sus decisiones y sus cursos de acción en las sociedades tradicionales y durante la primera la modernidad.De acuerdo a los autores de la modernidad re-flexiva, esta mayor independencia respecto a las constricciones estructurales, a la vez que aumenta

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las posibilidades de libertad, genera nuevas in-certidumbres y nuevos temores, exponiendo a los agentes a nuevos riesgos. La evaluación de los ries-gos de vivir en una época de cambios vertiginosos e imperceptibles se transforma en un asunto social de interés relevante. Se abre así un campo infinito de posibilidades para la toma decisiones sobre la acción individual en un terreno minado por la incertidumbre y el ries-go. Surgen en este contexto, infinidad de discursos expertos que informan a los legos de las probables consecuencias de asumir uno u otro camino en tor-no a las múltiples decisiones a adoptar en la vida diaria de las sociedades contemporáneas caracterís-ticas de la modernidad tardía. En sus análisis de la década del noventa, Giddens (1994, 1995) describe con preocupación los efectos de la intrusión de estos sistemas expertos en la vida cotidiana de los indi-viduos, no sin admitir el alivio que la información experta supone para las decisiones individuales.Convenientemente informado por los sistemas expertos de la modernidad tardía, el individuo se expone a la responsabilidad de las consecuencias de decisiones asumidas en contextos reflexivos que suponen cada vez mayores márgenes de libertad (Giddens, 1994, 1995).El incremento en las posibilidades de libertad in-dividual genera procesos de individuación más amplios y más radicales en sus consecuencias que aquellos que la modernidad simple habilitara por medio de la liberación individual frente a las estruc-turas de la sociedad tradicional. De esta manera, el individuo se reconoce libre frente a la posibilidad de diseñar su biografía a la medida de sus motiva-ciones e intereses, que modifica y transforma a la vez que cambian sus inquietudes en las distintas etapas de su trayectoria de vida. En el mismo senti-do en que cambian sus preferencias y orientaciones, se modifican también sus compromisos y sus redes de relaciones, ampliando, restringiendo o transfor-mando sus pertenencias y las elecciones personales respecto a las influencias sociales que recoge o des-estima (Beck, 1994).En este tipo de sociedad crecientemente reflexi-va y autocrítica que describen los teóricos de la individualización positiva, la identidad es una cons-trucción de autodiseño, en la que poco influyen las estructuras sociales donde se desplegaba el teatro social de la modernidad simple y donde el indi-viduo, libre de construcciones sociales limitantes, depende solo de sí mismo.Convenientemente informado por sistemas abs-

tractos que operan en todos las esferas sociales y se intercalan en todas los aspectos de la vida cotidia-na, el individuo es colocado ante el riesgo de sus propias decisiones y deberá asumir las responsabili-dades implicadas en sus consecuencias. Los analistas de las sociedades contemporáneas de los países centrales suponen un contexto de re-flexividad institucional en aumento, que otorgaría cada vez mayores niveles de autonomía a las deci-siones individuales informadas por estos sistemas abstractos de actividad refleja. En contextos socia-les reflexivos, la acción individual se supone ella misma también reflexiva, con posibilidad de trans-formación y adaptación a circunstancias sociales que cambian vertiginosamente.En el supuesto de igualdad de posibilidades en el acceso a la información experta respecto a la mul-tiplicidad de decisiones que la vida contemporánea supone, la búsqueda de orientación experta en relación a la propia vida corresponde a los inte-resados. En este sentido, por ejemplo, los futuros padres deben buscar atención experta respecto a los necesarios cuidados requeridos en relación a la concepción, el embarazo, o el parto, así como la orientación de especialistas respecto a las pautas de crianza durante todas las etapas del desarrollo del niño hasta su vida adulta y, aún después de la in-dependencia de los hijos, frente a los desafíos que cada nueva etapa de la vida de padres plantea. Las decisiones libres de los individuos deben ser convenientemente informadas por sistemas abs-tractos especializados, pero una vez adoptadas, corresponde al individuo el asumir las consecuen-cias que de ella se deriven.En una lectura que no interpreta a la pobreza como constreñimiento estructural a las vidas de los indivi-duos, los diagnósticos de evaluación de riesgos que las pericias proponen, parecen partir del supuesto de la independencia de las decisiones individuales. En este sentido, las decisiones respecto a la propia preparación para la competencia en el mercado la-boral, en relación a la formación de la familia, la cantidad de hijos, su educación, su orientación en el proceso de socialización y adquisición de compe-tencias sociales, el cuidado de su salud y la elección del sistema de coberturas sociales frente a los ries-gos, corresponde al individuo. Desde este supuesto, la responsabilidad respecto a las consecuencias que estas decisiones plantean, es también individual.Sin embargo, considerando los supuestos de la evaluación de riesgo, cabría preguntarse si estas fa-milias pobres en capital social, económico y cultural


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pueden ser valoradas en ausencia de los condicio-namientos estructurales. Beck no desconoce que en esta tercera fase de la modernidad que está analizando, “crecientes círcu-los de población son excluidos en la modernidad de las condiciones de existencia y de las redes de seguridad de la modernidad” (Beck, 2001, p.21).La lectura normalizadora de la vida individual, en la que se sustentan los informes expertos derivados del ámbito judicial e institucional de control, en la que la carga está puesta “sobre los hombros del in-dividuo”, puede ser relativizada tanto mediante la lectura contextualizada de Beck como a partir de las afirmaciones de Bauman.

No es que parezca que las “soluciones biográfi-cas” sean gravosas y penosas: simplemente no existen “soluciones biográficas a contradicciones sistémicas” que resulten efectivas, y entonces la escasez de soluciones viables disponibles debe ser compensada con soluciones imaginarias. (Bauman, 2000: 44).

Este tipo de lectura cambia la perspectiva del aná-lisis de la responsabilidad. En el análisis en de la modernidad reflexiva, la experiencia de la autono-mía individual nace en un contexto histórico de aseguramiento y protección social. Poner el énfasis las condiciones sociales necesarias para el desarrollo de un individuo autónomo y por tanto responsable de decisiones libres implica la construcción de di-námicas sociales de habilitación individual. En este sentido, si los procesos sociales no contribu-yen a construir ciudadanía autónoma, asegurando las condiciones de bienestar social, las alternativas individuales aparecen sesgadas por las limitaciones estructurales. Si se pone el foco en las condiciones sociales que favorecen o limitan el desarrollo individual, es pre-ciso analizar las responsabilidades compartidas por la desprotección social de algunos miembros de la sociedad que inhiben su desarrollo autónomo. Esta afirmación parece contribuir al debate de la responsabilidad social en la formación de seres humanos que nacen y crecen en condiciones de desprotección, que no son habilitados al apren-dizaje de las normas de una convivencia social estimulante al desarrollo individual. En este con-texto podrían ser explicadas las conductas agresivas o lesivas de derechos protagonizadas por estos “in-

dividuos por defecto,” para utilizar la expresión de Castel (2010)18.

El recurso a la noción de vulnerabilidad social en los discursos técnicosLa confrontación argumentativa en torno a los temas de estudio constituye el marco en que se de-sarrollan las aproximaciones al objeto de trabajo de la ciencia. En función de concepciones del mundo y tradiciones de pensamiento diferenciadas, los es-pecialistas ensayan distintas interpretaciones sobre los fenómenos que estudian, produciendo discursos diversos en relación a los mismos temas. Decía que, en el contexto de la modernidad tardía, la ciencia pierde la inocencia que produjera explicaciones totalizantes, socialmente valoradas y recogidas como verdades científicas irrefutables (Beck, 1997: 22). Esta confrontación de explicaciones sobre los asuntos sociales puede darse en forma explícita o solapada entre los expertos que abordan un mismo objeto de conocimiento. El análisis situacional que se plantea en los marcos institucionales del sistema penal, también sugiere acercamientos expertos diferenciados en torno a los mismos asuntos. La aproximación experta a la infracción adolescente de los especialistas que trabajan en las instituciones penales, considera, como ya se ha señalado, al indi-viduo en su contexto familiar y entorno social más cercano, analizando su trayectoria biográfica en este escenario.Dado que la mayoría de los adolescentes que tran-sitan por las instituciones penales pertenecen a sectores sociales desfavorecidos, la lectura del con-texto social en el que desarrollan sus vidas, lleva implícita una aproximación al fenómeno de la po-breza. En este sentido, la descripción situacional que realizan los expertos se centra en constatar las fragi-lidades sociales en materia de acceso a satisfactores relacionados con el mundo del trabajo, la educación, la salud, la vivienda o los vínculos sociales.Sin embargo, la lectura de la pobreza como vul-nerabilidad social cambia el énfasis situado en las dificultades experimentadas por los individuos y sus grupos familiares para el acceso a ciertos bienes sociales. Por el contrario, esta lectura está centrada en las limitaciones que el sistema de protección social experimenta en el cumplimiento de la función de

18 Los esfuerzos por argumentar en este sentido han fundamentado la corriente de la criminología crítica a la que puede reconocerse un desarrollo histórico no lineal desde la década del sesenta del siglo XX (Larrauri, 1991).

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proporcionar los satisfactores adecuados a las nece-sidades básicas de estos grupos familiares.Esta mirada hacia los derechos sociales desprote-gidos de los sectores sociales vulnerables, parece situarse en el sistema de garantías socialmente exigi-bles para el desarrollo individual y familiar. En este sentido, la aproximación de estos informes expertos al tema de la pobreza, parece ubicar las causas del fenómeno en las fallas en el sistema de protecciones sociales que el Estado debería asegurar a los miem-bros de la sociedad que quedan excluidos de los sistemas sociales de producción y distribución de la riqueza socialmente generada.Si la mirada sobre las carencias de estos grupos familiares está puesta en las fallas del sistema de protecciones sociales, la postura teórica de estos informes parece suponer una mayor vinculación del desarrollo individual respecto a la estructura de oportunidades sociales.Estos análisis situacionales parecen partir de una concepción distinta a la del individuo libre de condicionamientos sociales, cuya búsqueda de información en los sistemas abstractos de las socie-dades reflexivas garantizaría la colonización de un futuro abierto a nuevas oportunidades en contextos de riesgo. La lectura de las condiciones sociales de la vida de estos individuos vulnerables parecería proporcio-nar hipótesis explicativas respecto a sus trayectorias biográficas, en una mirada de sus decisiones y con-ductas que parece estar interpretada a partir de limitaciones impuestas por los condicionamientos sociales de sus posibilidades de elección.En estas hipótesis explicativas de las conductas individuales, las situaciones de pobreza son analiza-das como limitaciones estructurales a la libertad de decisión en una gama de opciones que no parecería estar abierta y disponible para todos los miembros de la sociedad.Este posicionamiento teórico en relación a los con-dicionamientos sociales de la elección individual, también supone una postura distinta respecto a la responsabilidad individual en torno a la infracción adolescente.Si la lectura de las vulnerabilidades sociales de es-tos individuos y sus grupos familiares se coloca en las debilidades del sistema de protecciones sociales para garantizar los derechos individuales, la res-ponsabilidad en torno a las decisiones adoptadas en contextos de restricción social, estableciendo las mediaciones que la interpretación de las acciones individuales supone, es también social.

En este sentido, la mirada experta sobre la respon-sabilidad individual en la infracción adolescente explicada en contextos de pobreza y falta de garan-tías sociales, debería ser socialmente relativizada en atención a la coresponsabilidad social en la protec-ción de los derechos de estos miembros vulnerables de la sociedad.Aparentemente inocente, la elección del concepto de vulnerabilidad social en la descripción de las situaciones familiares de los adolescentes que tran-sitan por el sistema penal, parece significar una toma de posición respecto a los condicionamientos sociales de la acción y por lo tanto de las responsa-bilidades colectivas en relación a la infracción. Esta lectura de los condicionamientos sociales de una conducta desarrollada en el contexto de las li-mitaciones que impone la pobreza implica también una toma de posición respecto a la exigibilidad en la protección de los derechos sociales. Este marco de interpretación supone además un tratamiento diferente respecto a la sanción social que se impone como respuesta colectiva a estas conductas.Construido desde el supuesto de un individuo libre de condicionamientos sociales que ofende, con su infracción a las normas, las bases de la convivencia social regulada, el paradigma de la defensa social se coloca desde la exigibilidad social de la repara-ción de la ofensa. La respuesta social del encierro de estos transgresores se plantea así, únicamente desde la responsabilidad que cabe al individuo por su conducta.La resignificación de la mirada responsabilizante del riesgo que la lectura de la vulnerabilidad so-cial de los infractores plantea, recurre a la idea de la asunción de la corresponsabilidad social en estas trasgresiones y supone también, una respuesta so-cial diferente frente a la trasgresión.El reconocimiento de la falta de garantías colecti-vas para el desarrollo de los derechos sociales de estos individuos plantea la necesidad de la repara-ción social ante la desprotección. En este sentido, la detección experta de la fragilidad social de los adolescentes debería implicar una respuesta social organizada que garantice estos derechos vulnerados. En este marco de interpretación, la vulnerabili-dad social de los infractores debería responderse mediante mecanismos que aseguren la protección social de los adolescentes y sus grupos familiares.El establecimiento de un sistema de garantías so-ciales para la protección de los grupos sociales más vulnerables debería estar centrado en el for-talecimiento de los mecanismos protectores que la


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sociedad dispone para promover el desarrollo de las potencialidades individuales y sociales de estas familias. La respuesta del aislamiento institucionali-zador de los adolescentes parece dirigirse en sentido contrario a esta apuesta por la protección social de la vulnerabilidad señalada por los expertos en sus informes.La institucionalidad del sistema penal en la que surgen estos diagnósticos que detectan la vulnera-bilidad social de los adolescentes resulta un marco adecuado –no el único, ni el mejor– para plantear la exigibilidad social en el cumplimiento de las garantías sociales de protección de los derechos vulnerados. Dirigidos al sistema judicial, estos in-formes plantean un incumplimiento de los deberes sociales del Estado en proporcionar las condiciones adecuadas para el desarrollo de sus miembros. La respuesta del sistema judicial frente a esta denuncia, no puede ser otra que la de exigir al Estado la repa-ración frente a este incumplimiento.En este sentido, el análisis de las categorías que los expertos utilizan en sus diagnósticos, replantea la lectura social frente al tema de la trasgresión nor-mativa y sugiere nuevas respuestas sociales para su atención y tratamiento.

Consideraciones finalesLas consecuencias sociales del peritaje en los contextos judicial y penalLos sistemas expertos desarrollan sistemas de medi-ción y categorización que se apoyan en la precisión de los problemas a los que deben prestar solución. Esta capacidad de delimitar con exactitud los asun-tos conduce a la hiperespecialización experta. Este fenómeno tiene, como uno de sus efectos, el ale-jar el conocimiento especializado de los afectados, distanciando las posibilidades de que los realmente involucrados en los problemas sujetos a considera-ción experta sean capaces de evaluar y prever las consecuencias del aporte de información más allá del contexto concreto en que se aplica (Giddens, 1995).Esta ajenidad en el empleo de los contenidos de la información proporcionada por los sujetos de parte del experto deja al profano en situación de inde-fensión frente a las consecuencias no deseadas e imprevistas del uso de esta información. En el caso de los sistemas judicial y penal, la utilización de la información que brinda el adolescente en el ámbito reservado de la entrevista con el perito judicial o los técnicos responsables del cumplimiento de medidas de prevención y punición es expuesta en el expe-

diente judicial y reinterpretada por otros expertos, con sofisticación tal que la vuelve irreconocible para el propio productor de la información. El peritaje experto en este contexto tiene conse-cuencias sociales. Por un lado, el dictamen pericial genera consecuencias punitivas en la vida de los propios afectados, oficiando como mecanismo de evaluación de riesgos futuros mediante la evalua-ción de las características individuales y sociales de los individuos analizados. Por otra parte, la evalua-ción de los riesgos sociales de las situaciones que se colocan ante la observación del perito tiene conse-cuencias sociales que trascienden las institucionales.En el caso de la infracción adolescente, la alarma se enciende desde el sistema judicial. La respues-ta social en este contexto no puede darse a partir de la protección social sino de la sanción, que no es sino la respuesta socialmente organizada frente a una alarma de riesgo. En este contexto, el diag-nóstico de riesgo social aparece como un llamado de atención para la activación de los mecanismos de defensa social.El riesgo social implica peligro, despierta la alarma, activa la respuesta que resulta ser la aplicación de la privación de libertad para los adolescentes cu-yas conductas infractoras han sido explicadas por los informes periciales, en función de deficitarios procesos de socialización y déficit familiares de con-tinentación. La contención social se organiza, pues, socialmente; la respuesta es institucional. El resul-tado, sin embargo, no resulta en protección social frente al desamparo, sino que, a partir de la institu-cionalización vía judicial, las consecuencias sociales resultan en procesos de estigmatización del adoles-cente mediante la implementación de mecanismos de control social de carácter sancionatorio.

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M a g í s t e r a C r e D I t a D OC O M I S I Ó N N A C I O N A L D E A C R E D I T A C I Ó N - C H I L E

trabajosocial2013

Fecha de recepción de postulacionesDesde el 2 de agosto de 2012 hasta marzo de 2013.

Coordinador Dr. Patricio Miranda rebeco e-mail: [email protected]

www.trabajosocialuc.cl

Inscripción e informaciones avda. Vicuña Mackenna 4860 teléfonos 354 4606 / 354 4665 Fax 354 4667

e mail [email protected]

Facultad de ciencias sociales - escuela de trabajo social



Subdirector de inveStigación y PoSgradoRodrigo Flores Guerrero

coordinadora del Programa

Fabiola Cortez-Monroy Muñ[email protected]

informaciónMabel Véliz Narváez, [email protected] Teléfono: (56-2) 354 4606

fecHa de recePción de PoStulacioneS

A partir del 2 de agosto de 2012.

Magíster en

trabajo socialy familia

verSión 2013

MAGÍSTERTrabajo social yorganizaciones

vERSión 2013


Informaciones y obtención de formularios de postulación

SecretariaMabel Véliz N.

Teléfono: (56-2) 354 4606Fax: (56-2) 354 4667e-mail: [email protected]


PERÍODO DE POSTULACIÓN Desde el 2 de agosto de 2012

COORDINADOR ACADÉMICO DEL POSTÍTULO Profesora Fabiola Cortez-Monroy M.

PostítuloEstudios

de la

Familia


INSCRIPCIÓN E INFORMACIONES Secretaría Postítulo Estudios de la Familia, Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Trabajo Social, Campus San Joaquín Avda. Vicuña Mackenna 4860, Santiago (Metro San Joaquín) Secretaria: María Elena Contreras H. Teléfonos: (56-2) 354 4589 - (56-2) 354 4665. Fax: 354 4667 E-mail: [email protected]


2013

resiliencia, identidad y -...

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