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Representaciones Sociales del agua en un contexto de
conflicto socioambiental por exploración minera -
corregimiento de Palocabildo Jericó-Antioquia
Juan Camilo Isaza López
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Minas
Departamento de Geociencias y Medio Ambiente
Medellín, Colombia
2016
Representaciones Sociales del agua en un contexto de
conflicto socioambiental por exploración minera -
corregimiento de Palocabildo Jericó-Antioquia
Juan Camilo Isaza López
Tesis o trabajo de investigación presentado como requisito parcial para optar al
título de:
Magister en Medio Ambiente y Desarrollo
Directora
MSc. Aura Luz Ruiz Arango
Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Minas
Departamento de Geociencias y Medio Ambiente
Medellín, Colombia
2016
A mi familia
…por su infinito amor y paciencia.
Agradecimientos
A la profesora Aura Ruiz, directora de tesis, por su ayuda, conocimientos,
experiencia y orientación ofrecida. A Porfirio Garcés Garcés, guardián del
territorio, líder y sentipensante del corregimiento de Palocabildo, por su amistad
brindada y sabiduría puesta al servicio de la vida. A Fernando Jaramillo por su
colaboración y ejemplo decidido en defensa de la naturaleza, la cultura y el
territorio de Jericó.
A la comunidad campesina de Palocabildo y habitantes del municipio de Jericó y
del Suroeste que decididamente defienden sus aguas y su territorio y compartieron
sus experiencias, en general a todas las personas que brindaron la información y
el apoyo necesario para el desarrollo de esta investigación.
RESUMEN
Con el auge de la gran minería extractiva en Colombia y en general en América
Latina, caracterizada por la ocupación y reconfiguración de territorios y
ecosistemas, han surgido desde las localidades una serie de conflictos
socioambientales con alcances regionales, como es el caso del Proyecto
Quebradona llevado a cabo por AngloGold Ashanti, en el corregimiento de
Palocabildo - municipio de Jericó - Suroeste antioqueño. Desde la
conceptualización de la ecología política, la teoría de la representación social en
su enfoque procesual, y a partir de un trabajo etnográfico soportado en métodos
cualitativos, se analiza desde la perspectiva de los campesinos y actores del
casco urbano declarados en oposición a las exploraciones mineras las
representaciones sociales del agua que emergen en el conflicto, y de cómo el
agua se convierte en un dispositivo político que permite la movilización y acciones
colectivas en defensa del territorio, la cultura y el medio ambiente. El agua
afectada por las exploraciones y explotaciones mineras no solo emerge como
motivo de disputa por su apropiación material, sino que adquiere un profundo
sentido, simbólico-discursivo; es decir, el agua en el conflicto socioambiental no
solo se determina por nociones de disponibilidad en cantidad y calidad, –escasez,
contaminación y usos diferentes, sino que se erige como representación social
que expresa el choque entre formas distintas de nombrarla, valorarla y
representarla.
En este estudio de caso, se demuestra que en la disputa con la compañía minera
las narrativas por la preocupación en torno a la vulnerabilidad hídrica esgrimidas
por los pobladores locales en resistencia al proyecto minero, es enmarcada en
términos de una relación discursiva entre agua-vida y territorio; el agua en el
conflicto deja de ser solamente un recurso físico-natural y se convierte en un
elemento “socionatural”, un recurso simbólico vital, en una eficaz herramienta
política.
Palabras claves: agua, vida, territorio, representaciones sociales, conflictos
socioambientales, minería, extractivismo.
6
TABLA DE CONTENIDO
Resumen
Lista de Cuadros, Tablas, Figuras, Fotos y Mapas…………….………………...10
Introducción……………………………………………………………………………..12
CAPÍTULO 1. El agua para la vida versus el agua para la mina………………15
1.1 La Ecología Política como marco interpretativo……....……………………..…..16
1.2 La minería como dispositivo de poder…………………………………….………19
1.3 Modernidad y Colonialidad: “dos caras de una misma moneda”……………...21
1.4 “La persistente colonialidad de la naturaleza latinoamericana”…………..……25
1.5 El extractivismo crónico de América Latina………………………………………28
1.6 El nuevo auge minero en el contexto neoliberal en América Latina…………...32
1.7 El auge de la minería extractivista en Colombia…………………………………37
1.8 La proliferación de proyectos mineros en la subregión del Suroeste
antioqueño: la configuración de un nuevo cuerpo territorial mineralizado…...……45
1.9 El impacto en las aguas por exploración y explotación minera………………..49
1.10 El Proyecto minero Quebradona…………………………………………………53
1.11 Caracterización socioambiental de la zona de estudio: subregión del Suroeste
antioqueño………………………………………………………………………………..56
1.11.1 El municipio de Jericó…………………………………………………………59
1.11.2 El corregimiento de Palocabildo……………………..………………………62
7
1.11.3 Zonas de vida del municipio…………………………………….……………62
1.11.4 El sistema hidrográfico de Jericó………………….……….………………..64
1.11.5 Actividades económicas y productivas…………….…….….………………64
1.11.6 Jericó un “Municipio Verde”…….………….………………………………...67
CAPÍTULO 2. Estrategia Teórica……………………………………………………70
2.1 Cuerpos y Territorios en procesos de expropiación por mega-minería….……71
2.2 La “mineralización” de los cuerpos y las emociones……………………………75
2.3 El poder y la resistencia social desde el sentir, el hacer y el decir……………79
2.4 Los Conflictos Socioambientales…………………………………………….…….84
2.5 Conflictividad y Territorialidades en disputa por actividad minera………….…90
2.6 El Giro Ecoterritorial: ideas movilizadoras que recorren las luchas
socioambientales en América Latina……………………………………………….….94
2.7 El Ciclo Hidrosocial y los Paisajes Hídricos: las aguas fluyen en dirección al
poder y el capital………………………………………………………………………....97
CAPÍTULO 3. Estrategia Metodológica…………………………………………..102
3.1 La teoría de las Representaciones Sociales………………………………...….103
3.1.1 Enfoque Procesual……………………………………………………………...108
La objetivación………………………………………………………………….109
El Anclaje………………………………………………………………………..110
8
3.2 La Teoría Fundamentada como estrategia metodológica complementaria para
el análisis de las Representaciones Sociales………………………………….……111
CAPÍTULO 4. El Agua es lo Que Hacemos y Decimos de Ella…………….…117
4.1 Suroeste de Antioquia Territorio Sagrado Para la Vida: las amenazas son
regionales, la resistencia y la defensa también……………………………………..117
4.1.2 Cinturón Occidental Ambiental – COA…………………………….…..…….120
4.2 La disputa por el agua, los actores y sus estrategias: en Jericó dicen NO a la
Imposición de la minería………………………………………………………….……124
4.3 Los impactos de la “Responsabilidad Social” de AngloGold Ashanti…….…..128
4.4 El Inicio de las perforaciones mecánicas en el corregimiento de Palocabildo133
4.5 El Agua, origen de la discordia…………………………………………………..138
4.6 El control hegemónico de un “Ciclo hidrosocial” y la construcción de un
“Paisaje hídrico” en el corregimiento de Palocabildo por AngloGold Ashanti……146
4.7 Clasificación y Análisis de los Actores del Conflicto Socioambiental……...…149
GENERADORES……………………………………………………………….151
RECEPTORES…………………………………………………………………154
INICIADORES…………………………………………………………………..160
REGULADORES…………………………………………………………….…161
4.7.1 Tabla de Síntesis de Actores, Roles, Intereses y Alianzas……………...163
4.8 La Construcción Conjunta de la Representación del Agua…………………...168
4.9 “Agua SI minería NO”…………………………………………………………......171
4. 10 La Justicia Hídrica…………………………………………………………….…175
9
4.11 Agua, Territorio, Poder e Identidad…………………………………………....177
Agua……………………………………………………………………………..178
Territorio………………………………………………………………………....183
Poder…………………………………………………………………………….187
Identidad……………………………………………………….………………..189
4.12 “Si a la vida, al agua, al territorio”…………………………..…………………..191
4.13 Asumir que el agua es la vida……………………………………………….….198
4.14 La politización del agua………………………………………………………….200
Consideraciones Finales……………………………………………….……………203
Bibliografía…………………………….……………………………………………….206
10
Lista de Cuadros, Tablas, Figuras, Fotos y Mapas
Cuadro No 1. Ejemplos de tipos de extracción y destino de recursos naturales....29
Cuadro No 2. Tabla de clasificación de la minería en fase exploratoria…………...43
Cuadro No 3. Clasificación de los títulos mineros que se encuentran en etapa de
explotación…………………………………………………………………….………....44
Cuadro No 4. Tipos de actores en el conflicto Socioambiental……………………150
Tabla No 1. Actores Generadores del Conflicto Socioambiental en Jericó
Palocabildo, Posición frente al conflicto; Intereses; Roles; Alianzas existentes...164
Tabla No 2. Actores Receptores del Conflicto Socioambiental en Jericó
Palocabildo, Posición frente al conflicto; Intereses; Roles; Alianzas existentes...167
Tabla No 3. Actores Reguladores del Conflicto Socioambiental en Jericó
Palocabildo, Posición frente al conflicto; Intereses; Roles; Alianzas existentes...168
Figura No 1. Esquema simplificado de redes globales de procesamiento y
consumo; se representa un país (sombreado) donde existe un enclave
extractivo…………………………………………………………………………………31
Figura No 2. Ilustración del “Cinturón de Oro del Cauca Medio”, que hace parte del
denominado “Cinturón de Oro de Colombia”…………………………………………46
Figura No 3. Localización de Jericó en el departamento de Antioquia………….…59
Mapa No 1. Títulos y solicitudes mineras en Colombia a diciembre 2010………..42
Mapa No 2. Títulos mineros otorgados en la subregión del Suroeste antioqueño al
año 2012…………………………………………………………………………………47
Mapa No 3. Títulos mineros de AngloGold Ashanti en el municipio de Jericó al año
2012………………………………………………………………………………………49
11
Mapa No 4. Subregión del Suroeste y localización en el departamento de
Antioquia…………………………………………………………………………………57
Mapa No 5. División Político Administrativa de Jericó, Corregimiento de
Palocabildo……………………………………………………………………………….60
Mapa No 6. Distribución de las unidades de Paisaje del municipio de Jericó…….61
Foto No 1. Movilización 8 de febrero 2014 municipio de Támesis………………..123
Foto No 2. “Obsequios” de la responsabilidad social empresarial suministrados
por AngloGold Ashanti a los estudiantes de Palocabildo, dos cuadernos, doce
colores, un lápiz y un bolígrafo……………………………………………………..…132
Foto No 3. Movilización 24 de enero 2014 - Finca El Chaquiro - Corregimiento de
Palocabildo, Jericó……………………………………………………………………..135
Foto No 4. Predio el Chaquiro (Reforestadora Rincco S.A.), lugar en donde se
instaló una plataforma de perforación………………………………………………..136
Foto No 5. Predio El Poleal, corregimiento de Palocabildo………………………137
Foto No 6. Afluente de la quebrada el Poleal……………………………………….139
Foto No 7. Afluente de la quebrada el Poleal…………………………………….…139
Foto No 8. Parte alta, Parque Natural las Dantas; parte baja, Hacienda la
Aurora……………………………………………………………………………………141
Foto No 9. Parte alta del corregimiento de Palocabildo (Parque Natural las Dantas
y Hacienda la Aurora)……………………………………………………………….…142
Foto No 10. Casa de Jericó con las banderas “No a la minería, Si al agua”…..174
Foto No 11. Momentos previos a una movilización en Jericó……..………………192
12
INTRODUCCIÓN
Es importante explorar y reflexionar sobre las consecuencias que para el
continente latinoamericano y en el devenir histórico de sus Estados-nación, ha
significado en términos políticos, económicos, culturales, sociales y ambientales el
modelo de desarrollo basado en la renta generada de la extracción y exportación
de naturaleza o recursos naturales. A partir de los aportes críticos realizados por el
grupo Modernidad/Colonialidad, ligado a los enfoques de la Ecología Política, se
da cuenta del rol que cumple América Latina en el comercio mundial como
permanente proveedor de materia prima y energía hacia los centros hegemónicos
de poder, y se indaga sobre los efectos e implicaciones expropiatorias que para
los ecosistemas, territorios, cuerpos y poblacionales tiene el reciente auge de
mega-proyectos mineros.
La implementación del modelo extractivo minero en el caso particular de Colombia
promovido por los últimos gobiernos nacionales, ha desembocado en una masiva
titulación para proyectos de exploración y explotación de minerales en gran parte
de la geografía nacional. El privilegio y promoción de actividades extractivas como
son la mega-minería de oro y asociados, por sobre otro tipo de actividades
productivas como las labores agropecuarias desempeñadas por poblaciones
campesinas, e incluso sobre los derechos fundamentales y colectivos de otros
colombianos, ha convertido a los proyectos mineros en una actividad generadora
de conflictos y disputas territoriales, culturales y ambientales en varias regiones
del país, afectando municipios y localidades enteras (Toro, Roa, Fierro; 2012), tal
como ocurre en Jericó y algunos otros municipios de la subregión del Suroeste,
del departamento de Antioquia.
La llegada de la minería a poblaciones y territorios que han sido de tradición y
vocación agropecuaria, suele ser vista desde los grupos y habitantes como una
actividad económica foránea e impuesta que se inserta en el territorio, sobre las
aguas, ecosistemas, relieve, prácticas culturales y seres humanos; estos
proyectos operan en el marco de relaciones de poder asimétricas, bajo una lógica
de extracción en la que lo único importante es la obtención del recurso mineral en
13
función de la revalorización, acumulación y concentración de riqueza y capital, sin
importar los impactos ecológicos y las afectaciones que en los modos de vida
locales se puedan generar (Machado, 2014; Svampa, 2012).
En el corregimiento de Palocabildo, municipio de Jericó, subregión del Suroeste
antioqueño, la apertura formal de la fase exploratoria para oro y asociados con el
Proyecto Quebradona, ha generado en gran parte de la población local
incertidumbre y malestar por los impactos sociales y ambientales ocasionados,
concretamente en lo que tiene que ver con la disminución y contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas del territorio.
En los conflictos socioambientales suscitados por actividades extractivas como la
gran minería, los problemas asociados al agua en términos de disponibilidad en
cantidad, calidad -contaminación, escasez- y apropiación suelen ser un asunto
generalizado, convirtiéndose en un motivo fundamental de movilización y protesta
social (Roa, 2012; Fierro, 2012). Esta investigación en el corregimiento de
Palocabildo - municipio de Jericó, se desenvuelve en el marco de una disputa
territorial por exploración minera, con el denominado Proyecto Quebradona,
llevado a cabo por la empresa transnacional AngloGold Ashanti, y en el cual se
ponen de presente las complejas relaciones asimétricas de poder que atraviesan
el agua y el territorio. Para la mayoría de la población campesina y del casco
urbano, las actividades exploratorias desarrolladas por el Proyecto Quebradona
pone de manifiesto la disponibilidad, acceso, calidad y privatización del agua en el
territorio. En este orden de ideas, el objetivo de esta investigación es analizar las
representaciones sociales que construye la población local en torno al agua -cómo
la simbolizan, enuncian y la defienden- y de qué manera éstas representaciones
inciden y orientan la defensa territorial, la identidad cultural y la conservación
ambiental entre la población local declarada en resistencia al proyecto minero.
Para ello se identificaron y registraron los principales actores (generadores,
receptores, iniciadores y reguladores), las principales estrategias de resistencia
que ha empleado la población y los grupos locales movilizados en el conflicto; los
mecanismos utilizados por la compañía AngloGold Ashanti para legitimar la
14
minería; así como aquellos sitios del territorio que los campesinos valoran y
defienden por los beneficios hídricos que proveen y que dicen están siendo
amenazados por las actividades de exploración minera. Para la recolección de los
datos se partió de un trabajo etnográfico soportado en métodos cualitativos,
mientras que para la clasificación de la información y construcción de las
representaciones sociales del agua, –en su enfoque procesual–, se recurrió a la
técnica de análisis de la Teoría Fundamentada, con la intención de describir desde
la perspectiva de los actores locales en oposición a la minería, las categorías y
elementos más representativos en los discursos y narrativas alrededor del agua.
La defensa del agua para algunos de los pobladores locales en el corregimiento
de Palocabildo y el municipio de Jericó se convierte en un elemento natural y
cultural que facilita la articulación y movilización social. La preocupación centrada
en la escasez y contaminación del recurso hídrico entre habitantes campesinos y
del casco urbano, es enmarcada en términos de una relación discursiva entre
agua y vida, además de la mención al agua como elemento nodal del territorio. La
valoración y asociación del agua con la vida que reivindica la población local
movilizada, se convierte en el detonante del conflicto y en un eficaz recurso
simbólico-material y herramienta política de lucha, que propicia la defensa del
territorio, la salud comunitaria, la autonomía alimentaria, la conservación de la
naturaleza y la reivindicación de unos modos de vida asociada a una dinámica
campesina y cafetera.
15
CAPÍTULO 1. El agua para la vida versus el agua para la mina
Las poblacionales campesinas cuya principal actividad económica de subsistencia
es la agricultura son altamente dependientes de las condiciones ambientales de
los ecosistemas y de los recursos naturales que les son disponibles,
fundamentalmente el agua, pues la disponibilidad y contaminación de las fuentes
de agua afecta diferentes renglones socioeconómicos locales propios de una vida
rural, como son las actividades agro-pecuarias, y para el abastecimiento y
consumo humano. La literatura académica existente señala que la industria minera
para poder realizar la extracción y procesamiento de minerales (como el oro)
requiere de la utilización y contaminación de grandes volúmenes de agua, ello
implica que se genere un estrés hídrico en términos de calidad, cantidad y acceso
en los territorios donde la actividad minera se lleva a cabo (Moran 2009; Fierro
2012). En los conflictos socioambientales por mega-minería la defensa del agua
suele convertirse en el principal elemento de unificación y movilización social, en
estos contextos de conflictividad el agua se erige como un recurso en disputa, no
solo material sino también simbólica (Roa, 2012, Budds 2012).
En el corregimiento de Palocabildo - municipio de Jericó, subregión del Suroeste
antioqueño se desarrolla por parte de la empresa AngloGold Ashanti el
denominado “Proyecto Quebradona”. El desarrollo de este proyecto, actualmente
en fase de exploración minera para oro y asociados, ha generado un malestar
entre gran parte de la comunidad jericoana, principalmente por la afectación
causada en las aguas superficiales y subterráneas. Los impactos sociales y
ambientales que se han originado, al igual que la disparidad de narrativas y
representaciones entorno al agua y el territorio, además de las relaciones
asimétricas de poder que operan entre pobladores y la empresa multinacional,
hacen del Proyecto Quebradona un paradigmático caso sobre la forma cómo se
imponen y direccionan desde unos centros hegemónicos de poder global hasta un
nivel nacional y local, unas estrategias político-económicas que tienen como
propósito la extracción y exportación de los recursos minerales, con profundas
consecuencias ambientales y socio-territoriales.
16
Con el propósito de contextualizar el denominado Proyecto Quebradona el cual se
enmarca en un acelerado desarrollo (regional y nacional) de proyectos para
exploración y explotación minera; se alude a continuación a los impactos de la
minería sobre el agua y se esbozan las condiciones históricas, sociales, políticas,
económicas y culturales que rodean el fenómeno de la mega-minería, las
relaciones desiguales de poder global que la determinan y la manera específica
como ha operado la extracción y exportación de recursos naturales en América
Latina, cuyos impactos sociales y ambientales afectan notoriamente el ámbito
nacional (Colombia), regional (Antioquia-Suroeste) y local (Jericó y corregimiento
de Palocabildo). Para dar cuenta de las relaciones coloniales de poder que son
impuestas desde lo global por sobre lo local, –en un proyecto minero como
Quebradona– se apela al enfoque de la Ecología Política y a la ilustración teórica
de conceptos tales como la Colonialidad/Modernidad, el neoliberalismo y el
extractivismo, temas que serán desarrollados en los numerales siguientes.
1.1 La Ecología Política como marco interpretativo
La Ecología Política se ha ido configurando en su perspectiva académica como un
campo de confluencia y de retroalimentación mutua entre diferentes ciencias
(Palacio, 2006). Como campo de estudio, la Ecología Política tiene su origen en la
Geografía Humana y la Antropología Social; una serie de trabajos producidos por
geógrafos, que estudiaron temas ecológicos (como erosión de suelos,
deforestación, uso del agua, etc.), fueron llegando a la conclusión de que no era
posible entender estos problemas si no se incluían dimensiones analíticas
propiamente políticas (Alimonda, 2011).
En el análisis de las causas de los conflictos y problemas ambientales la Ecología
Política de manera consciente y crítica, orienta los distintos discursos y las
diferentes epistemologías utilizadas, haciendo énfasis en las situaciones tanto
sociales como ambientales de los conflictos, en el rol respecto al papel del Estado
y sus instituciones, en el Mercado y las fuerzas económicas globales, así como en
17
la comprensión de los conflictos socioambientales en términos de los propios
recursos, el conocimiento acerca de ellos y su significado (Boelens, Damonte;
Seemann; 2014:9).
Al examinar las relaciones entre las transformaciones o cambios ambientales y la
sociedad humana así como de los problemas y conflictos socioambientales
derivados, la Ecología Política como un conjunto de orientaciones teórico-
conceptuales, se erige en un esfuerzo colectivo por comprender la interacción
profunda de las dimensiones biológicas, culturales, económicas, políticas,
geográficas y simbólicas en la relación de las comunidades con su hábitat
(Sabogal, 2013).
Una línea decisiva en dar forma a la Ecología Política actual se ha configurado
desde el estudio de la relación entre conflictos socioambientales y relaciones de
poder. De hecho, la Ecología Política estudia precisamente las relaciones de
poder que se configuran alrededor de los llamados recursos naturales, tales como:
las posibilidades de acceso, los usos, el usufructo, la apropiación, valoración y
significación de los mismos, teniendo en cuenta la dimensión local, nacional e
internacional (Sabogal, 2013). En este sentido el objetivo de la Ecología Política,
como campo de estudio, es analizar los conflictos socioambientales y cómo el
poder político incide en ellos. La premisa general de la Ecología Política es que los
problemas ecológicos no se pueden reducir exclusivamente a la acción de factores
técnicos o de gestión, sino que están vinculados a un contexto político y social que
necesita, para ser examinado, de una teorización que explique la relación
compleja entre sociedad, política, economía y naturaleza (Boelens; et al., 2014).
Para Palacio (2006) la Ecología Política:
“Es un campo de discusión inter y transdisciplinario que reflexiona y discute las
relaciones de poder en torno de la naturaleza, en términos de su fabricación social,
apropiación y control por parte de diferentes agentes socio-políticos, no sólo en
cuanto a los asuntos materiales, sino a su construcción imaginaria y simbólica
(Palacio, 2006:11).
18
La Ecología Política interroga así por el “metabolismo” complejo entre naturaleza y
sociedad, enfocando las relaciones de poder, tanto materiales como discursivas,
que están detrás de los procesos de cambio socio-ambiental. Los procesos de
cambio socio-ambiental, según la Ecología Política, están inexorablemente
relacionados con procesos político-económicos (Johnston; et al., 2000:590), de
esta manera, la Ecología Política da más atención a los roles de diferentes actores
sociales en relación a cambios socioambientales, cuestionando quien explota los
recursos, bajo qué tipo de régimen, con qué discursos y con qué efectos socio-
ecológicos. Por ello, la Ecología Política no sólo estudia los procesos de
apropiación material de la naturaleza, como lo hace la economía política, sino
también sus representaciones, es decir, la construcción ideológica o simbólica que
atañe la misma (Sabbatella, 2013; Robbins, 2004).
La politización de la ecología es concebida como la expresión de las luchas de
poder y las estrategias materiales y simbólicas para la reapropiación de la
naturaleza, por ello, tanto la propiedad, el control y la significación de los recursos
como las políticas que transforman su funcionamiento, entendidas como formas de
apropiación de la naturaleza, se constituyen como tema central de la Ecología
Política. Desde este marco teórico se critican además los análisis reduccionistas:
apolíticos, ahistóricos o puramente técnicos que caracterizan muchas de las
disciplinas científicas y corrientes políticas sobre la naturaleza y el ambiente
(Boelens; et al., 2014).
En esta investigación se escoge el enfoque teórico de la Ecología Política como
una valiosa herramienta para abordar el análisis y la interpretación de los
conflictos socioambientales ocasionados por el desarrollo de mega-minera en
territorios de comunidades rurales, ya que a partir de este marco de análisis se
puede develar la matriz de relaciones de poder que se instaura en los conflictos
socioambientales y que permiten por parte de algunos actores –por sobre otros–
proceder al acceso de los recursos naturales (naturaleza), a la toma de decisiones
sobre su utilización y a la exclusión de su disponibilidad. Como marco de
interpretación la Ecología Política permite entrelazar los distintos niveles (globales
19
y locales) y entender cómo las dinámicas de la economía global y la geopolítica-
mundial, se relacionan con los impactos ocasionados y los conflictos
socioambientales motivados por la minería extractiva en América Latina,
Colombia, el departamento de Antioquia, subregión del Suroeste antioqueño,
municipio de Jericó - corregimiento y veredas de Palocabildo, el cual es el tema de
la presente investigación.
1.2 La minería como dispositivo de poder
La actividad minera ha posibilitado alcanzar increíbles avances tecnológicos y
científicos, no solamente en la exploración terrestre, marítima y espacial, sino que
ha demostrado la inmensa utilidad que tiene en la aplicación de diferentes campos
como la alimentación, la aeronáutica y la medicina, entre otros. Sin embargo,
también es sabido que cualquier avance científico-tecnológico se traduce a su vez
en una mayor demanda de recursos minero-energéticos a nivel global, lo que
significa inexorablemente una mayor apertura de frentes de explotación y
extracción en diferentes regiones del planeta.
Como fenómeno económico contemporáneo, “la minería” está sujeta al conjunto
de definiciones económico-políticas y culturales que conforman la plataforma
naturalizada del “estilo de vida moderno”. Desde las construcciones prácticas más
inmediatas, la vida moderna supone y está basada en un uso creciente e intensivo
de minerales; una genealogía del orden mundial actual no podría prescindir del
papel que en ese proceso desempeñó y desempeña la extracción, transformación
y uso de ciertos elementos minerales (Machado, 2011).
“Como forma de vida y de autoconciencia (Marshall Berman, 2004), la Modernidad
es enteramente una vivencia mineral: el paisaje y la vida cotidiana de la condición
moderna están habitados hasta la saturación de medios de poder y signos de
distinción que provienen de la minería, ciertamente, “madre de industrias”. El
automóvil, la telefonía móvil, las computadoras personales, y la interminable lista
de invenciones tecnológicas y aparatos digitales que, a diario, se suman al mundo
20
de las experiencias vitales, hacen sociológicamente impensable la vida y el mundo
sin la presencia de estos objetos” (Machado, 2011:143).
La minería como “madre de industrias” además de posibilitar un poderío industrial
militar ha participado en la aparición de ese complejo mundo de la fascinación por
la tecnología, el mundo del consumo y el confort sofisticado que hoy se “goza” y/o
“desea” (según el caso). Sin embargo, del otro lado el avance de la minería
moderna también ha sido protagonista de una violencia multifacética, del
subdesarrollo, golpes de estado, guerras civiles y entre países, tierra arrasada y
cuerpos degradados que hacen de la moderna minería, una rara mezcla entre
goce y horror, entre enriquecimientos súbitos y masacres crónicas (Machado,
2011).
Con frecuencia, la minería a gran escala, fundada en la aplicación de una alta
tecnología, es presentada por los promotores de la misma, como símbolo de la
modernidad, como sinónimo de desarrollo y del progreso. Son muchas las
acciones, los códigos y las palabras clave que se movilizan, a veces
inconscientemente, para ir creando la imagen de una “minería moderna” asociada
a nuevas tecnologías. No obstante, independientemente de los adelantos
tecnológicos, en el método actual de extracción de recursos naturales siguen
existiendo enormes asimetrías de poder que históricamente han caracterizado las
relaciones entre grupos étnicos; entre elites y campesinos; entre compañías
transnacionales y autoridades locales; y entre los países considerados
“periféricos” y los países considerados “hegemónicos”. Por lo que persiste en la
lógica actual del desarrollo minero, una dominación de la naturaleza y una vieja
dinámica en la cual unos actores en posición dominante dicen saber –y de hecho
deciden– sobre lo que es “mejor” para la vida de otros actores, considerados como
primitivos o atrasados (Bebbington, 2008a).
Para Machado (2011) no se puede explicar el desarrollo habido en materia de la
industria minera, sin aludir a la incidencia determinante que en esto ha jugado el
proceso histórico-geográfico de conformación del sistema de dominación
propiamente moderno; la condición irremisiblemente colonial del mundo moderno
21
suele pasar usualmente desapercibida en el vertiginoso ritmo de la vida cotidiana
del presente; para el autor una comprensión científica de la minería moderna no
puede omitir la profunda imbricación existente entre su “desarrollo” y la particular
confección semiótico-política que de la “realidad” operó la episteme moderna-
colonial-capitalista (Machado, 2011).
El desarrollo minero en el ámbito mundial, finalmente plasmado en el reparto
imperial del mundo, ha sido no sólo un dispositivo de poder determinante en la
subyugación y sometimiento de los territorios y poblaciones colonizadas, sino
también, una fuente fundamental de provisión de bienes y servicios ambientales
que ha subsidiado el expansionismo consumista de los llamados “países
desarrollados”, (Machado, 2010). Probablemente más que cualquier otra actividad,
la evolución histórica de la minería se halla intrínsecamente ligada a la
emergencia, constitución y circunstancias políticas del colonialismo/colonialidad,
contracara recurrentemente negada del orden moderno. El desarrollo histórico de
la minería moderna emerge, a la vez, como producto y como medio de producción
clave del sistema de relaciones de poder que conforman y caracterizan al mundo
moderno. Por tanto, la minería contemporánea a gran escala participa de forma
protagónica de la condición y carácter colonial del mundo; la producción del
mundo moderno/colonial tiene en el auge y desarrollo sucesivo de la “minería” un
capítulo clave de su concreción histórica (Machado, 2011).
1.3 Modernidad y Colonialidad: “dos caras de una misma moneda”
Ha existido una retórica dominante o interpretación de los sentidos de la historia y
de la evolución de las sociedades mundiales que atribuye a algunos pueblos
europeos (principalmente Francia, Inglaterra y Holanda) el carácter instituyente de
la modernidad, entendida ésta como la introducción de un orden basado en los
constructos de la razón, el individuo, el conocimiento experto y los mecanismos
administrativos ligados al Estado. Desde las narrativas hegemónicas por
diferentes razones que incluyen frecuentemente la incapacidad biofísica de las
22
poblaciones no-europeas para superar los condicionamientos naturales, el resto
de la humanidad no fue capaz de alcanzar un nivel de experiencia civilizatoria y su
“destino natural” fue ser guiados y conducidos por los pueblos civilizados, esto es,
Europa (Alimonda, 2011).
A partir de los estudios realizados en el programa de investigación
Modernidad/Colonialidad (M/C), un colectivo de pensamiento sobre América Latina
con un enfoque decolonial, el cual se organiza a partir de una crítica de base
histórico-cultural y epistemológica de la modernidad e integrado por autores como
Quijano, Dussel, Mignolo y Walsh entre otros, se cuestiona desde allí las grandes
narrativas interpretativas eurocéntricas haciendo una lectura de-constructiva de la
visión hegemónica y tradicional de la misma. Aun cuando no se niegan las
potencialidades emancipatorias que la modernidad podría contener, no se
desconoce la significación de la constitución del hecho colonial como fenómeno
fundante de toda la experiencia histórica de la modernidad, el postulado base del
grupo es que “la colonialidad es constitutiva de la modernidad, y no derivativa”
(Pachón, 2008; Alimonda, 2011).
Modernidad y Colonialidad son dimensiones interrelacionadas de una misma
realidad, el trauma colonial es el reverso negado y oculto de la modernidad. Para
este grupo de teóricos el descubrimiento de América es un determinante
constitutivo de la modernidad, la originaria conquista y colonización del continente
americano (su naturaleza y culturas) constituye, en rigor, el capítulo fundacional
del orden colonial moderno; el punto de partida de la economía-mundo capitalista
(Machado, 2010). Es de señalar que esta empresa no se habría podido consumar,
en la magnitud que se hizo, sin el doloroso aporte “complementario” de la
esclavización de poblaciones africanas. Desde este enfoque la cuna de los
orígenes de la modernidad no es la Europa del Norte vinculada a la Reforma
protestante, a los tratados de paz de Westfalia, la Ilustración o a la Revolución
Francesa, sino que el fundamento de la modernidad se explica en la empresa
colonial ibérica, la híper-acumulación originaria de capital que permitieron las
23
conquistas y la apropiación de la biodiversidad natural de los trópicos (Coronil,
2000, en Alimonda, 2011:23).
Para Dussel (2005), la modernidad, si bien su posibilidad se dio en las ciudades
europeas, es una experiencia mundial, no local, en el sentido de que se constituyó
gracias a las redes marítimas y comerciales desde 1492. Sólo a partir de esta
fecha Europa ubica las otras culturas como su periferia (Dussel, 2005, en Pachón,
2008:19). Desde los discursos y narrativas hegemónicas globales la modernidad
(predominio de la razón y las instituciones estatales) constituye un paradigma
lineal de evolución histórica, instituyendo nociones de “procesos civilizatorios”,
“progreso” o “desarrollo”, autoconsiderados como una experiencia única
patrimonio de algunos pueblos europeos –Francia, Inglaterra y Holanda–. No
obstante, el proyecto moderno implicó siempre el ejercicio de un biopoder1 sobre
la naturaleza, entendido como poder sobre los espacios físico-geográficos, los
suelos y los subsuelos, la flora y fauna, el aprovechamiento de las condiciones
climáticas, pero también poder sobre los cuerpos y poblaciones humanas
subalternizados por la dominación. La modernidad, desde una supuesta
superioridad europea, se asentó en la acumulación originaria de una racionalidad
capitalista, apropiándose de la biodiversidad natural y aniquilando gran parte de la
diversidad biocultural del continente americano (Alimonda, 2011).
La colonialidad para Quijano (2007) es uno de los elementos constitutivos y
específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de
una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de
dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones,
1 Michael Foucault en “Defender la sociedad. Curso en el Collage de France (1975-1976)”, diserta sobre una
tecnología de poder que denomina la biopolítica. La biopolítica surgida a finales del siglo XVIII, es una tecnología de gobierno que mediante el biopoder intenta regular procesos vitales de la población tales como natalidad, fecundidad, longevidad, enfermedad, mortalidad, y que procura optimizar unas condiciones (sanitarias, económicas, urbanas, laborales, familiares, policiales, etc.) que permitan a las personas tener una vida productiva al servicio del capital. En otras palabras, la biopolítica es una tecnología de gobierno que “hace vivir” a aquellos grupos poblacionales que mejor se adaptan al perfil de producción necesitado por el Estado capitalista y en cambio, “deja morir” a los que no sirven para fomentar el trabajo productivo, el desarrollo económico y la modernización. Foucault intenta pensar cómo la biopolítica buscaba favorecer la emergencia de un tipo deseado de población (como prototipo de normalidad) a contraluz y mediante la exclusión violenta de su “otredad”; declarando como “enemigos” de la sociedad a todas aquellas “razas” que no se ajusten a la norma poblacional deseada. (Castro, 2007).
24
materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a la escala social (Quijano,
2007:93).
“Según Quijano para poder llevar a cabo la empresa de la colonización y poder
establecer el paradigma de la superioridad europea, fue necesario crear ciertos
dispositivos epistemológicos de dominación como, por ejemplo, el concepto de
raza, esta noción permitió dominar a pueblos enteros situándolos en una posición
de inferioridad dado su fenotipo y sus características biológicas y culturales; Este
criterio también permitió crear una organización social y determinar nuevos roles
en la sociedad” (Quijano, 2008; en Sierra”, 2014:170).
Pero además del nuevo patrón de poder mundial fundado en la idea de raza
expuesto por Quijano (2007), es decir, una supuesta diferencia estructura
biológica que determina a los seres humanos ubicándolos a los unos en situación
natural de inferioridad respecto de los otros, y que significó la base de la
clasificación y relaciones de dominación de la población de América y del mundo
después, el control y explotación del trabajo y los objetos de la naturaleza que
inició a partir del siglo XVI en función de las demandas generadas desde distintas
metrópolis y luego en función del capital y del mercado mundial, ha gestado
también en América Latina una incapacidad crónica para establecer por sí misma
la tecnología, el financiamiento, las fuentes de energía, los medios, los métodos y
sobre todo, los propósitos asociados a esa explotación de sus recursos naturales
(Herrera, 1996).
La colonialidad sobrevive y continúa al colonialismo, es decir, a pesar del fin de los
colonialismos modernos como los de América en el siglo XIX, y los de Asia y
África en el siglo XX, la colonialidad aún pervive (Pachón, 2008). Colonialidad no
significa lo mismo que colonialismo, mientras el colonialismo denota una relación
militar, político-jurídica y económica en la cual la soberanía de un pueblo reside en
el poder de otro pueblo o nación –lo que convierte a este último en un imperio–
(Maldonado, 2007), la colonialidad, entre tanto, hace referencia a:
“Un patrón de poder que emergió como resultado del colonialismo, pero que en
vez de estar circunscrito a una relación formal de poder entre dos pueblos o
25
naciones, se refiere, más bien, a la forma como el trabajo, el conocimiento, la
autoridad y las relaciones intersubjetivas se articulan entre sí a través del mercado
capitalista mundial y de la idea de raza” (Maldonado, 2007:131).
La colonialidad, como patrón de poder de la modernidad, no sólo está asociada a
formas de dominación o de ejercicio de violencia material, sino también simbólica,
es decir, está afiliada a otras formas de violencia relacionadas con los saberes,
(producción del conocimiento), al lenguaje y como experiencia vivida. Por lo que
no solo se habla de una “colonialidad del poder” sino también de una “colonialidad
del saber” y una “colonialidad del ser” (Maldonado, 2007).
A diferencia de los países europeos donde había un espacio interno por
nacionalizar, las sociedades americanas tenían un espacio por colonizar (Sierra,
2014). De este modo “el proceso de centralización estatal anterior a la formación
de los Estados-nación se presentó en América de manera paralela a la imposición
de la dominación colonial” (Quijano, 2000, en Sierra, 2014:70). A partir del siglo
XVI, modernidad y la colonialidad van de la mano; la colonialidad no acaba con lo
que la historiografía de los países latinoamericanos denomina como “período
colonial”, aunque la descolonización política suscitada por los procesos de
independencia implicó una ruptura con la centralidad del poder colonial europeo; la
colonialidad del poder en los países latinoamericanos persiste de forma local como
una matriz propia de distribución de poder del sistema mundo moderno/colonial. Al
analizar la relación entre modernidad y colonialidad, se puede comprender la
dominación política y económica del continente latinoamericano, de cómo ha sido
considerado o representado desde los centros hegemónicos como un espacio
para la extracción, productora de materias primas y facilitadora de mano de obra.
1.4 “La persistente colonialidad de la naturaleza Latinoamericana”
Con la conquista del continente Americano además del genocidio y la
subalternización de las poblaciones originarias que significaron en gran parte una
pérdida de conocimientos y formas tradicionales de interactuar con la naturaleza,
26
la naturaleza como tal fue subvalorada, afectando su biodiversidad y nutrientes.
Extensas áreas de América Latina y el caribe fueron concebidas por los
colonizadores como plataforma de tierras tropicales incorporadas al espacio
hegemónico europeo, aptas para una producción de gran beneficio, un ejemplo de
ello fue la cobertura vegetal original arrasada para la producción de caña de
azúcar en el nordeste brasileño y algunas islas del caribe (Alimonda, 2011), o la
fenomenal transferencia de nutrientes bajo la forma de nitratos extraídos de las
salitreras en Perú y Chile, que servirían para el desarrollo de la agricultura
moderna de Europa. Sin duda el símbolo de esta cultura de la expoliación ha sido
Potosí, en Bolivia, que a partir del siglo XVI supo alimentar las arcas y contribuir al
temprano desarrollo industrial de Europa (Svampa, 2011).
“La conquista originaria de América no podría explicarse sin considerar el papel
que en tal inconmensurable empresa ejerciera el influjo de los metales preciosos:
la vasta intensidad y complejidad de efectos materiales y simbólicos
desencadenados por la “fiebre del oro”; desde el torrente de pasiones,
sentimientos y fuerzas motivacionales que llevarían a los “conquistadores” a
emprender las más increíbles “misiones”, hasta las inimaginadas implicaciones
económicas, demográficas, ambientales y geopolíticas que provocaría -de uno y
otro lado del orden colonial- la colosal extracción de las riquezas minerales del
“Nuevo Mundo”. (Machado, 2011:141).
La conquista del territorio que históricamente vino a ser conocido “como “América”
(y la de Oceanía unos siglos más tarde), fue el escenario de lo que quizás haya
sido la mayor sucesión de catástrofes ambientales de la historia humana: con la
invasión de personas, de animales, de especies vegetales y de enfermedades que
arrasaron y sometieron a sus poblaciones originarias (Alimonda, 2011:29). Para
muchos autores la cuestión clave para pensar la problemática de la colonialidad
de la naturaleza y del subdesarrollo de las sociedades latinoamericanas, reside
justamente en este trauma original. A partir del descubrimiento del continente
americano la anexión de su naturaleza en condición de inferioridad, solo como un
recurso a ser explotado, acompañó la lógica de lo que Boaventura de Sousa
Santos (2006) llama “los descubrimientos imperiales”. El descubrimiento imperial
27
supone siempre la producción de dispositivos que interioricen y subordinen a lo
descubierto, para así colonizarlo y explotarlo, ya se trate del Oriente, de los
salvajes o de la naturaleza tropical (Santos, 2006). Justamente en el orden
imperial, estaría el origen del actual llamado “Tercer Mundo” (Alimonda, 2011).
“La persistente colonialidad que ha afectado a la naturaleza latinoamericana tanto
como realidad biofísica (su flora, su fauna, sus suelos, sus habitantes, la
biodiversidad de sus ecosistemas) como su configuración territorial (la dinámica
sociocultural que articula significativamente esos ecosistemas y paisajes) aparece
ante el pensamiento hegemónico global y ante las elites dominantes de la región
como un espacio subalterno, que puede ser explotado, arrasado, reconfigurado,
según las necesidades de los regímenes de acumulación vigentes” (Alimonda,
2011:22).
A lo largo de cinco siglos en América Latina y el caribe siempre se ha extraído
recursos naturales a favor de unos centros mundiales de poder donde se acumula
y consume (históricamente Europa y Estados Unidos, hoy también China); se
calcula por ejemplo, con base en datos de los Archivos de la Indias, que entre los
años 1503 y 1660 el saqueo representó una extracción, del orden de unos 185 mil
kilos de oro y unos 16 millones de kilos de plata, solo de metales preciosos
(Delgado, 2010). A diferencia del despojo que significó la conquista militar y el
colonialismo que precedió a la independencia de los países de América Latina y el
caribe, en la actualidad los mecanismos de extracción y transferencia global de
recursos naturales se han afianzado y apuntalado en el tiempo a través de
distintas estrategias de carácter político-económico, lo que ha implicado según
algunos autores una larga historia de desarrollo desigual y combinado, además de
una degradación creciente de la naturaleza latinoamericana y de los pueblos que
en ella hacen su vida (Alimonda, 2011; Delgado, 2010).
A partir de la sucesiva extracción de metales preciosos iniciado por las coronas
española y portuguesa, hasta las dinámicas económicas contemporáneas de los
ciclos de explotación y exportación de recursos naturales, además de la demanda
de recursos determinada por los avances científico-tecnológico, desde los centros
28
mundiales de poder se ha representado y representa la naturaleza Latinoamérica,
como una gran reserva estratégica de recursos energéticos (petróleo, carbón y
gas) y de minerales como el oro, cobre y plata entre otros, también de las
denominadas Tierras raras, las cuales figuran como materiales claves en la
economía mundial, pues también son fundamento de muchos procesos
productivos vinculados a los micro-conductores, la nanotecnología, la informática y
las telecomunicaciones entre otros (Delgado, 2010).
La extracción y el carácter estratégico de los recursos naturales o minerales en
América Latina no solo han dependido de relaciones históricas de poder (como fue
la conquista del continente), o las dinámicas propias de la economía-mundo-
capitalista, sino que también ha estado determinado por el avance científico-
tecnológico tanto en lo civil como en lo militar. Por ejemplo, no fue hasta la
invención de la energía eléctrica y su popularización que el consumo y demanda
de cobre se intensificó como nunca en la historia humana, al igual que ocurre con
el hierro y aluminio a la par con el avance de los sistemas de transporte, o lo que
significó en términos de procesamiento de recursos naturales, la invención del
automóvil, que requiere de más de 39 tipos de minerales, plástico, caucho,
además de la gasolina para funcionar, es decir, petróleo (Delgado, 2010).
1.5 El extractivismo crónico de América Latina
Es evidente que en la relación naturaleza-cultura han existido a través del tiempo
diversas actividades o modalidades de extracción de recursos naturales realizadas
por distintas sociedades y grupos humanos. Gudynas (2013) define el
extractivismo como un tipo particular de extracción de recursos naturales,
caracterizado por el gran volumen o alta intensidad, donde los recursos naturales
son orientados esencialmente hacia la exportación de materias primas sin
procesar, o con un procesamiento mínimo; se considera que la orientación
exportadora prevalece cuando al menos el 50% del recurso extraído es destinado
al comercio exterior (Gudynas, 2013).
29
Esta definición articula dos miradas, por un lado, una mirada local ya que se
enfoca en la actividad de extraer los recursos naturales que ocurre en territorios
específicos, con sus comunidades afectadas y ecosistemas alterados; y por el
otro, aun cuando no detalla la organización y función de las redes internacionales
que comercializan los recursos naturales, si contiene una dimensión global ya que
reconoce que esa apropiación tiene un destino que se orienta al comercio-exterior
(Gudynas, 2013). Esta definición del extractivismo siempre debe cumplir
simultáneamente tres condiciones: alto volumen y/o intensidad en la extracción;
ser recursos sin procesar o con escaso procesamiento; y un destino mayormente
exportador. No basta que cumpla con una o dos de ellas, sino que deben
encontrarse las tres al mismo tiempo (ver cuadro). Esta definición de extractivismo
no cuestiona todos los tipos de uso minero o agrícola, sino que controvierte una
forma específica de llevarlo adelante (Gudynas, 2013).
Destino
comercial
Volumen / Intensidad de la extracción
Bajo Medio Alto
Local Cultivo campesino de
alimentos para
autoconsumo
Tala de bosque nativo
para obtener leña
Captura de agua
para riego o uso
doméstico
Nacional Fibras vegetales para
cestería, techos, etc.
Frutas y verduras
convencionales para
mercados nacionales
Arenas y gravas
para construcción
Exportación Alimentos orgánicos Flores de
invernadero
EXTRACTIVISMO
Minerales
Hidrocarburos
Monocultivos de
exportación
Cuadro No1. Fuente: (Gudynas, 2013). Cuadro con ejemplos de tipos de extracción
y destino de recursos naturales.
Para Gudynas la simple extracción de un recurso no configura una industria ya
que lo que se exportan son materias primas sin pasar por los procesamientos que
30
son propios de la manufacturación (mercaderías - valor agregado). Es evidente la
diferencia sustancial que existe entre una cantera minera a cielo abierto y una
planta siderúrgica; y también es diferente un pozo petrolero y sus estaciones de
bombeo, de una usina petroquímica. Sin duda que los recursos extraídos,
especialmente minerales como cobre, platino, uranio, hierro o estaño, serán parte
de procesos de industrialización, pero el problema crítico en términos
geoeconómicos y políticos es que esas etapas (modificación y procesos de alta
tecnología), en casi todos los casos, tienen lugar en otros continentes (Gudynas,
2013). En contextos latinoamericanos es común encontrar referencias con
discursos y textos como el siguiente: “La producción de cobre en Perú alcanzaría
un nuevo record de 1.28 millones de toneladas métricas en 2021” (Agencia
Peruana de Noticias, 11 septiembre 2012). Es importante señalar que el cobre,
como otros minerales no se “produce” sino que se extrae lo cual desde todo punto
de vista -económico, social, cultural y sobre todo político-semiótico y sus efectos
de poder no es un dato menor.
El extractivismo es entonces un tipo particular de extracción y apropiación de
recursos naturales; no obstante, existen otras actividades donde también se
remueven grandes volúmenes de suelo con prácticas intensivas de alto impacto
pero que no corresponden a un extractivismo según la definición expuesta. Por
ejemplo, el aprovechamiento intenso de arenas, piedras o gravas (que por lo
general se utiliza a nivel local o dentro de los mercados nacionales) no
corresponde a la definición globalizada de extractivismo (ver cuadro No. 1). Esto
no implica que se ignoren sus impactos socioambientales y menos aún su manejo
(Gudynas, 2013).
El extractivismo incluye actividades que han sido llamadas así desde hace muchos
años, como la minería o hidrocarburos, pero también se deben sumar otros
emprendimientos, tales como los monocultivos de exportación (café, banano,
aceite de palma africana, caña, soya) y ciertas pesquerías ya que en ellos se
exportan materias primas sin procesar o con escaso procesamiento, afectando
tanto los llamados recursos naturales renovables como los no renovables. En la
31
definición propuesta de extractivismo se postula que los elementos extraídos y
exportados cuya fuente de origen es la naturaleza, se les denomina como recursos
naturales, otros términos asociados que también se utilizan para describir estas
actividades y dinámicas extractivas son materias primas o commodities (Gudynas,
2013).
Figura No 1. Fuente: (Gudynas, 2013) Esquema simplificado de redes globales de
procesamiento y consumo; se representa un país (sombreado) donde existe un
enclave extractivo.
Desde el punto de vista de la lógica de acumulación por desposesión (Harvey,
2004), que implica procesos como la mercantilización y privatización de lo
colectivo, público, comunal y estatal en función del gran capital-mundial, el nuevo
consenso de los commodities conlleva a la diversificación y profundización de una
dinámica de despojo de recursos y territorios, al tiempo que genera nuevas formas
de dependencia, dominación y exterminio. Los procesos de acumulación por
desposesión involucran procesos y situaciones de rápida apropiación y usufructo,
de áreas valiosas de ecosistemas y bienes comunes (bosques, suelos, aguas,
32
minerales, etc.), al igual que un alto nivel de destrucción de las condiciones
ambientales y comunitarias (Svampa, 2011). En América Latina la recurrente
colonialidad del poder, la concepción colonial de la naturaleza y la acumulación
por desposesión como un ejercicio de poder expresado en el devenir histórico del
capitalismo, opera y se aplica al extractivismo como una matriz productiva que
determina y caracteriza a la región, ejemplo de ello es la lógica que se imprime
con la explotación y “saqueo” de recursos con la mega-minería.
En este sentido no es casual que gran parte de la literatura crítica de América
Latina considere que el resultado de estos procesos (inyectar al mercado mundial
grandes cantidades de materias primas en beneficio del mercado y sus centros
operativos y de poder) sea la consolidación de un estilo de desarrollo extractivista.
En Colombia por ejemplo más del 99% de la “producción” (extracción) de oro y el
92% de la de carbón son exportados sin generar encadenamientos productivos, lo
cual convierte al país en un exportador neto de materias primas y en un
acumulador de residuos contaminantes (Cabrera; Fierro, 2013).
El extractivismo hace parte del dispositivo de poder colonial. El rol abastecedor
que han tenido históricamente los países latinoamericanos por la vía de
economías extractivas han dejado –y seguirá dejando– más despojo, explotación y
una creciente deuda ecológica (Gudynas, 2009; Machado, 2011, Svampa, 2011).
La proliferación de los megaproyectos extractivos, en particular en torno a la
minería, se ha vuelto uno de los principales factores de presión sobre los
ecosistemas latinoamericanos, sea por contaminación de suelos, aguas y aire,
como por la apertura de áreas naturales, con efectos muy negativos sobre la
biodiversidad, desplazamientos de comunidades y problemas en la salud pública,
además de fuertes transformaciones de territorios y modos de vida locales.
1.6 El nuevo auge minero en el contexto neoliberal en América Latina
El análisis sobre las imbricaciones entre minería, modernidad y colonialismo,
ligado a los enfoques de la ecología política, permiten indagar más en profundidad
33
sobre los factores y condiciones que están en las raíces del más reciente ciclo de
auge minero en el continente latinoamericano. Desde el enfoque de la ecología
política, Machado (2011) hace un análisis de la conexión del auge minero de los
últimos años en los países de América Latina con la experimentación y
consolidación del neoliberalismo, el cual está enmarcado en un esquema de
dominación y acumulación global de relaciones asimétricas de poder, que pone
como eje clave las disputas geopolíticas por el acceso y control sobre los
“recursos naturales”, en el que la matriz productiva de las naciones
latinoamericanas ha estado condicionada por los intereses de las grandes
transnacionales y las organizaciones mundiales de crédito.
Al conectar el auge minero con la geopolítica del neoliberalismo y remontar sus
orígenes a la crisis del régimen de acumulación de posguerra, algunos autores
ponen de relieve como el neoliberalismo puede ser entendido en última instancia
como una profunda reorganización socio-territorial de acumulación a escala global,
destinado a reasegurar a los centros mundiales de consumo, acumulación y
poder, el control, acceso y disposición de los recursos naturales claves para la
reproducción del sistema. Desde esta perspectiva el neoliberalismo constituye, en
realidad, un nuevo proyecto de gubernamentabilidad neocolonial (Machado, 2011).
El llamado “boom minero” que comienza a partir de la década de los 90’ en los
países de América Latina es considerado desde la Ecología Política como
producto resultante de la geopolítica del neoliberalismo. Desde esta visión, tanto el
auge minero como el conjunto de políticas que significaron y permitieron la abrupta
radicación del complejo primario-extractivo-exportador en la región, deben
analizarse como partes y emergentes de la crisis y recomposición del esquema de
dominación y acumulación global ocurrido hacia los setenta (Machado, 2011).
Precisamente fue la década del setenta la que marca la irrupción de la
problemática ambiental en la agenda política mundial.
El extraordinario ciclo de tasas de crecimiento altas y sostenidas verificadas en el
mundo en general durante los “años dorados” de la posguerra (aumento y
expansión de la producción y el consumo), periodo que comprendió desde el fin de
34
la segunda guerra mundial en 1945 hasta el año 1973 con la crisis del petróleo,
involucraron un inusitado incremento de las tasas de explotación de los recursos
naturales, un aumento sustancial de los ritmos de extracción y consumo de bienes
y servicios ambientales, así como una aceleración y producción de desechos
contaminantes (Harvey, 2004). Al mismo tiempo que esto ocurría, se presentaba
un impulso de descolonización formal en África y Asia además de pretensiones de
soberanía asumidas por diversos regímenes nacional-populistas en América
Latina. Esta situación involucró un creciente foco de tensiones en torno al control
sobre las fuentes de energía y bienes primarios estratégicos (Machado 2011:151).
Los conflictos ecológico-distributivos en el eje de la confrontación Norte-Sur
surgidos por las pretensiones de autodeterminación de los pueblos llamados
“periféricos” o del “tercer mundo”, se plasmarían mediante políticas activas
vinculadas a la nacionalización de las reservas petroleras, mineras y de recursos
no renovables en general, así como de otros sectores clave de la economía
(transportes, telecomunicaciones, banca, etc.) y reformas agrarias tendientes a
disminuir la concentración de la propiedad rural. En conjunto, esta escalada de
políticas nacionalistas de control de los recursos naturales por los países
periféricos tuvo una incidencia innegable como desencadenante de la crisis del
régimen de acumulación de posguerra, pues implicó para los principales países
potencia y sus grandes conglomerados empresariales, un abrupto encarecimiento
de materias primas, así como una mayor incertidumbre en los flujos de
abastecimiento (Machado, 2011:154).
En tanto expresión del poder imperial, el neoliberalismo se entiende como una
respuesta de los centros de poder mundial ante los avances relativos logrados por
los países periférico-dependientes en el período de posguerra (1950-1970), en
términos de mayores condiciones de autonomía económica y política (Machado,
2010). En respuesta a la supuesta amenaza de la “escalada nacionalista” de los
países del Sur, se reformularon las políticas neoliberales de liberalización
financiera, comercial y territorial, para permitir así una movilidad espacio-temporal
del capital. Con la reestructuración de los flujos productivos y comerciales se
35
redefinieron nuevas estrategias y modalidades de dominación y poder. La
liberalización generalizada de la economía permitió al gran capital transnacional
un nuevo ciclo de acumulación por desposesión, proceso que ha colocado en el
centro de disputa, la cuestión del territorio y el medio-ambiente (Harvey, 2004;
Svampa, 2011).
Esquemáticamente la geopolítica del neoliberalismo en América Latina inicia con
el ajuste represivo del terrorismo de estado en la década de los años setenta,
sucesivos golpes de estado que impedirían cualquier aspiración transformadora;
seguido de una disciplina económica implementada con los “ajustes estructurales”
durante el estallido de la deuda externa en los ochenta; y se completa finalmente
en los noventa con la mercantilización y la etapa de privatización de lo estatal,
colectivo, público y comunal en función del capital transnacional (Machado,
2011:154).
Desde el punto de vista específico de la cuestión minera un conjunto de reformas
institucionales en la década del 90´ en todos los países latinoamericanos
funcionaron como dispositivos legales para una progresiva privatización encubierta
de la gran minería. Tres fueron los pilares centrales que establecieron las bases
políticas de las reformas en los países latinoamericanos que facilitarían las
condiciones de rentabilidad de los procesos extractivos para las grandes
corporaciones mineras transnacionales: 1) Plena seguridad y estabilidad jurídica
sobre la propiedad de las concesiones mineras; 2) Grandes beneficios fiscales y
comerciales; y 3) Una legislación y sistema de controles ambientales
extremadamente laxos (Machado, 2011).
Tras el boom minero neoliberal en la década del noventa las élites políticas y
económicas en América Latina han ratificado e intensificado su rol como simple
proveedor de minerales para el “mercado mundial”. “Asistimos con el
neoliberalismo a una nueva inflexión del capital que apunta a la apropiación de la
tierra, el agua, los recursos naturales agotables y la biodiversidad” (Svampa,
2011:190). En los ciclos de transformaciones en las que ha tenido lugar la
recomposición de la estructura colonial del mundo, la reconversión neoliberal del
36
régimen de acumulación global implica y significa la imposición de un nuevo
esquema de gubernamentabilidad colonial y una transformación de las
modalidades y vínculos a través de los cuales el capital opera la apropiación y
disposición diferencial de cuerpos y territorios como objetos de explotación y
medios de acumulación (Machado, 2011:163).
El mundo moderno se apoya y se asienta materialmente sobre el inseparable
desarrollo de la minería y la colonialidad, en la que ambos han sido determinantes
en la trayectoria histórica de América Latina. La región ha despertado desde el
poderío español y portugués, al Imperio británico y de éste a la hegemonía
norteamericana de posguerra, extendida luego bajo la fachada del “mercado
global” y las grandes corporaciones transnacionales, un crónico interés por sus
concentrados minerales (Machado, 2011). En América Latina y el caribe lejos del
tan “ansiado desarrollo y progreso”, cada nuevo auge minero no ha significado
sino la puesta en marcha de una desigual maquinaria extractiva que ha devastado
y despojado ecosistemas, territorios y poblaciones reproduciendo las formas de
dominación en términos “neo coloniales”.
La lógica de extracción de recursos naturales en condiciones inequitativas, esto
es, que implica subalternizar la soberanía nacional de los Estados con la
consecuencia en la apropiación de territorios, el despojo de sus habitantes, la
producción de diversas formas de violencia y la alteración de sus modos de vida,
pone de presente como la mega-minería moderna a gran escala en América
Latina ha tomado la forma de una actividad extractiva-depredadora, operando
como una continuación del legado colonial y perpetuando las estructuras
hegemónicas de poder y control con la división del mundo entre un centro y una
periferia, la cual emergió en los tiempos de la colonia (Sierra, 2014).
Si bien la explotación y exportación de minerales (metales preciosos) –en general
de recursos naturales– no son actividades nuevas en la región, en los últimos
años del siglo XX, y en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha
intensificado la expansión de proyectos tendientes al control, extracción y
exportación de estos recursos a gran escala (Svampa, 2011), que en el caso de
37
América Latina se expresan en el lugar que ocupan los países en el Atlas Global
de Justicia Ambiental - EJOLT2 . Una plataforma interactiva de mapas que analiza
la trayectoria de más de un millar de conflictos ecológicos y espacios de
resistencia a nivel mundial y en el que Colombia ocupa el segundo puesto en la
lista de conflictos socioambientales (EJOLT, 2014).
1.7 El auge de la minería extractivista en Colombia
La ilusión de los ingresos fáciles de la extracción de la riqueza minera que
entusiasma a la tecnocracia neoliberal, ha llevado a gobiernos como los de
Colombia en las últimas décadas, a omitir casi completamente en sus políticas,
prácticas y discursos del desarrollo, sectores como la industria y la agricultura, a
sabiendas que la evidencia histórica ha demostrado que las actividades como la
manufactura industrial y la agricultura, con amplio potencial para generar
encadenamientos productivos y avance tecnológico, no pueden ser suplantadas
por una actividad de baja generación de empleo y características de enclave como
la minería extractivista. Y más cuando se aduce que el objetivo real que se
persigue, es remontar el atraso y mitigar la pobreza del país (Cancino, 2012).
En varios de los países de América Latina, como Colombia, las compañías
transnacionales mineras extraen en la actualidad materias primas bajo una lógica
propia de los sistemas coloniales del pasado, como es por ejemplo el caso de El
Cerrejón, una de las minas de carbón para exportación a cielo abierto más grande
del mundo ubicada en el departamento de la Guajira; o La Drummond Ltd.,
ubicada en medio del departamento del Cesar dedicada también a la explotación y
comercialización del carbón; o Cerro Matoso S.A. que se sitúa en el departamento
de Córdoba y produce ferroníquel, solo para nombrar algunos ejemplos. Estos 2El Atlas Global de Justicia Ambiental - EJOLT aporta evidencia sobre los desequilibrios estructurales de
poder en la economía global. Ha sido elaborado a través de un proceso colaborativo entre activistas, académicos e investigadores, y es coordinado por el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB), bajo la dirección del economista Joan Martínez Alier. El Atlas de Justicia Ambiental fue presentado en la Delegación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Bruselas) el 19 de marzo de 2014, como parte del proyecto EJOLT: Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade (Organizaciones de Justicia Ambiental, Pasivos y Comercio) (EJOLT, 2014).
38
enclaves mineros controlados por capitales extranjeros, generan consecuencias
adversas en los planos ambiental, político, económico, cultural y social (Sierra,
2014). Desde finales de la última década del siglo XX y comienzos del siglo XXI,
se han visto en el sector minero colombiano considerables transformaciones
jurídicas y políticas, que se articulan con las estrategias de coerción y hegemonía
del capital corporativo transnacional, la inversión extranjera y las élites político-
económicas que cobran sus beneficios (Idárraga; Muñoz & Vélez, 2010).
Para abonar el camino de hacer de Colombia un país minero, desde 1997 en la
administración Samper (1994-1998), seguido después bajo el gobierno del
presidente Andrés Pastrana (1998-2002), se postularon cambios en las políticas y
las normas mineras que fueron impuestas con la expedición de un nuevo Código
Minero en el año 2001 (Ley 685), que reemplazaría al Código de Minas “Ley 2655
de 1988”. El antiguo Código minero (Ley 2655) promulgado en el año 1988
detallaba por primera vez en el país las modalidades de contratos para la
exploración y explotación de diferentes minerales, sus condiciones operativas y
obligaciones de los titulares. Con este código minero (Ley 2655 de 1988), se
trataba de un Estado que se supone intervenía no sólo en la dirección de la
economía, sino directamente en la actividad minera a través de las empresas
públicas de la época: Mineralco, Ecocarbón, Econíquel, y definía las formas de
participación, con inversiones o no, y con porcentajes sobre las utilidades, las
ventas y las ganancias extraordinarias de las compañías (Pardo, 2013).
El Código de Minas (Ley 2655 de 1988), promulgado antes de la década de 1990´,
no había terminado de decantar cuando otras corrientes de política económica
mundial empezaron a deslegitimar sus fundamentos. En Colombia la intervención
del Estado en la actividad minera empezó a ser severamente cuestionada, lo
mismo que el modelo minero que estaba dirigido acompañar una política de
industrialización nacional y sustitución de importaciones; y por el contrario tomaría
fuerza la liberación y entrega de los recursos naturales al libre juego de las fuerzas
del mercado. Las nuevas corrientes de globalización de las economías a las
cuales se sumaría los países latinoamericanos, marcaron el periodo que antecedió
39
la discusión y aprobación en Colombia del Código de Minas Ley 685 de 2001, que
modificaba el antiguo Código Ley 2655 de 1988, el cual desde la perspectiva de
gremios mineros y grandes empresas, obstaculizaba el libre desarrollo de la
iniciativa privada (Pardo, 2013).
Con la expedición del nuevo Código de Minas Ley 685 de 2001, cuya formulación
estuvo asesorada de forma directa por el gobierno, instituciones y empresas
mineras canadienses3, se abrió el camino para intensificar las operaciones de
exploración y explotación de minerales en Colombia, fundamentalmente porque se
declaró a la minería como una actividad de utilidad pública e interés social
(Rodríguez & Urrea, 2011).
Ya en el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) la minería es
definida como eje de la atracción de capitales trasnacionales, no obstante se
multiplicó por diez el área titulada para minería en el territorio continental
colombiano (Fierro, 2012). Con la prioridad de seguir alentando las políticas de
desarrollo minero, en el año 2005 en dicho periodo presidencial se formuló el plan
“Visión 2019: Colombia como un país minero”, cuyo propósito es convertir a
Colombia en uno de los tres países latinoamericanos con mayor inversión
extranjera en minería. Este plan respondió, en parte, al incremento de los precios
de los minerales (commodities) en el año 2001.
Para medir el éxito de la decisión gubernamental de convertir a Colombia en una
potencia minera, los defensores utilizan como principal argumento el incremento
de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el sector. De hecho, durante la primera
3 Desde 1996 la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional –ACDI- apoyó con asistencia técnica al
gobierno colombiano en un proyecto para la reforma de la legislación minera (Mining Watch Canadá y CENSAT, 2009); en 1997 se celebró el convenio entre el Ministerio de Minas y Energía y el Canadian Energy Research Institute (CERI) para asesorar la formulación de políticas y normativa minera en Colombia. La Contraloría General de la República advirtió sobre la inconveniencia de esta relación señalando que si Canadá invertía una cuantía importante de recursos para fortalecer las instituciones del Estado era lógico que éste país esperara obtener algún beneficio de la nueva legislación. Por tal razón concluía que “se presenta por lo menos en la primera etapa del proyecto una importante salida de información geo-científica y ambiental cuyo potencial de conocimiento se pierde para el país” (Contraloría General de la República, 2000 citado por Fierro 2012b: 37)
40
década del siglo XXI, este indicador efectivamente ha tenido un crecimiento
sustancial en Colombia:
En 2002 la IED en minas y canteras (No incluye petróleo), fue de 466 millones de
dólares; en 2006 de 1.783millones; en 2008 de 1.789 millones y en 2009 alcanzó
los 3.094 millones, lo que representa un crecimiento del 73% entre 2006 y 2009.
Por otro lado, las exportaciones de minerales pasaron de 2.821 millones de
dólares en 2002, a 5.208 millones en 2006, y de 6.346 millones en 2007 a 8.153
millones en 2009, es decir, crecieron un 25% en esos años (Rodríguez & Urrea,
2011:4).
Ese mismo entusiasmo minero del entonces presidente Álvaro Uribe ha sido
seguido por el gobierno de Juan Manuel Santos, que con el ánimo de impulsar la
denominada “locomotora minera” como uno de los principales ejes de crecimiento
económico del país, y brindar estabilidad jurídica a las compañías mineras, han
sacado una serie de leyes y decretos que tienen como propósito reducir la
autonomía y autoridad de las entidades territoriales (departamentos, municipios y
resguardos indígenas) para decidir sobre el tema minero en sus territorios (Toro;
et al., 2012; Negrete, 2013).
En Colombia, a propósito del auge de proyectos de mega-minería, se ha suscitado
una álgida discusión acerca de quién tiene la potestad de definir los usos del suelo
y planificar y ordenar el territorio. Para Negrete (2013) muchos de los decretos4
que imponen al país un ordenamiento ambiental y territorial supeditado a los
intereses del sector minero violan la Constitución Política, concretamente frente al
régimen de autonomía de los entes territoriales, además que “desconoce el
4 Decreto 2691 del 23 de Diciembre de 2014: En desarrollo del proceso de autorización de actividades
mineras, reglamenta los mecanismos para acordar con las autoridades territoriales las medidas para la protección del ambiente sano, las cuencas hídricas y la salubridad de la población, otorgando la posibilidad a las entidades territoriales de que puedan solicitar en un corto plazo de tiempo, medidas de protección a través de estudios técnicos y científicos que demuestren los efectos negativos económicos, sociales, culturales o ambientales que pueda ocasionar la minería en sus territorios, estos estudios deben ser financiados por el presupuesto de cada municipio solicitante, para luego el Ministerio de Minas, teniendo en cuenta observaciones de otras autoridades, definir si aprueba la protección. Este procedimiento tal como está condicionado es económicamente imposible de cumplir para la mayoría de los municipios; el decreto se emitió como respuesta a la sentencia (C-123) de la Corte Constitucional que abogaba por la existencia de unas reglas claras para la exploración y explotación minera y sobre todo por mecanismos de acuerdo entre los entes nacionales y locales.
41
derecho fundamental a un ambiente sano y el principio de progresividad que no
permite la expedición de normas regresivas que privilegian a ciertos actores en
detrimento de derechos fundamentales y colectivos ya conquistados”(Negrete,
2013). El gobierno nacional amparado en el Código de Minas que le da el carácter
de utilidad pública y de interés social a la minería, ha establecido por medios de
decretos, que la potestad de establecer zonas excluidas y restringidas para
minería le compete únicamente a las autoridades mineras y ambientales (Decreto
0934 del 9 de mayo de 2013).
Esta situación de tensión entre las competencias de las entidades territoriales y las
autoridades del orden nacional, es decir, el gobierno central en cabeza de los
ministerios de minas y del medio ambiente, cuyos funcionarios desde la capital de
Bogotá ordenan los territorios a nivel departamental y municipal en temas tan
sensibles como la actividad minera, subordina y desconoce el principio de
autonomía territorial, socavando la descentralización administrativa del Estado
reconocida en la Constitución Política, además de ocasionar una incertidumbre
jurídica, problemas de gobernabilidad en todos los niveles y generar una masiva
resistencia social en distintas regiones y localidades del país.
La expansión de la minería en Colombia como “motor de desarrollo” lo ilustra
claramente el mapa construido con fuentes del ministerio colombiano de Medio
Ambiente - MAVDT, Ingeominas, el Instituto Humboldt y la Unidad Administrativa
Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales (ver mapa). Que muestra
el masivo proceso de titulación y de radicación de solicitudes de contratos de
concesión para explotación minera, a diciembre del año 2010 (Fierro, 2011). Y
cuyo gráfico, indica como hay una inusitada ocupación del territorio en función del
interés del sector minero, el cual concentra sus proyectos de exploración y
explotación en la zona andina (cuenca Magdalena-Cauca), justo donde se
encuentra asentada la gran mayoría de la población colombiana.
42
Mapa No 1. Fuente: (Fierro, 2011). Títulos y solicitudes a diciembre 2010 –
Ingeominas.
43
En el artículo 21 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” y definido mediante el Decreto
1666 de 20165, se clasifica las actividades mineras en: minería de subsistencia,
pequeña, mediana y grande. Según el decreto 1666 de 2016. “Los títulos mineros
que se encuentren en la etapa de exploración o construcción y montaje se
clasificarán en pequeña, mediana y gran minería con base en el número de
hectáreas otorgadas en el respectivo título minero”. Para este fin el decreto
establece una tabla de clasificación según el número de hectáreas:
CLASIFICACIÓN N° HECTÁREAS
Pequeña Menor o igual a 150
Mediana Mayor a 150 pero menor o igual a 5.000
Grande Mayor a 5.000 pero menor o igual a
10.000
Cuadro No 2. Fuente: (Articulo 21 Ley 1753 de 2015; Decreto 1666 de 2016). Tabla de
clasificación de la minería en fase exploratoria.
Entre tanto el Decreto 1666 de 2016, para la etapa de explotación basa la
clasificación de acuerdo al volumen de producción minera máxima anual y
discrimina el tipo de mineral explotado: carbón, materiales de construcción,
metálicos, no metálicos, metales preciosos, piedras preciosas y semipreciosas,
contemplando por medio de una tabla los máximos de toneladas al año,
considerando si la actividad se desarrolla a cielo abierto o de manera subterránea.
A continuación se muestran en el siguiente cuadro6 los valores correspondientes a
los materiales preciosos (Oro, Plata y Platino).
5 Por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073
de 2015, relacionado con la clasificación minera. 6 los valores establecidos en el cuadro para minería subterránea corresponden al total de toneladas de
material útil removido, mientras que para minería a cielo abierto corresponde al total de metros cúbicos de material útil y estéril removido).
44
MINERAL
Pequeña
Mediana
Grande
Subterránea Cielo Abierto
Subterránea Cielo Abierto
Subterránea Cielo Abierto
Metales preciosos (Oro, Plata y Platino (Ton/Año) o m3 al año
Hasta 15.000 Ton/Año
Hasta 250.000 m3 al año
> 15.000 hasta 300.000 Ton/Año
> 2.50.000 hasta 1.300.000 m3 al año
> (más de) 300.000 Ton/Año
> (más de)
1.300.000 m3 al año
Cuadro No 3. Fuente: (Decreto 1666 de 2016). Clasificación de los títulos mineros
que se encuentran en etapa de explotación.
La proliferación de actividades extractivas en Colombia como es la minería a gran
escala, la cual tiene como principal función abastecer de materias primas los
centros de poder y el mercado global-capitalista, revalorizar el capital y la
acumulación de agentes económicos multinacionales privados, ha ocasionado en
un contexto neoliberal, no solo una apropiación oligopólica de los recursos
naturales sino también una degradación socioambiental en territorios y
ecosistemas que se manifiesta en diversas localidades y regiones de Colombia,
como es el caso de la subregión del Suroeste antioqueño.
Con la aprobación en el año 2006 del Plan Nacional para el Desarrollo Minero
Visión 2019, se fijó un plan de acción con el propósito de aprovechar las ventajas
comparativas del potencial geológico-minero de la nación, atraer un mayor número
de inversionistas al sector y lograr para el Estado una mayor renta como resultado
de la actividad minera (UPME, 2006). A partir de allí, se amplió de forma
significativa la participación del sector minero en la economía nacional y regiones
que nunca antes o por lo menos en su historia reciente habían sido mineras, de
repente aparecen solicitadas o tituladas con extensas áreas para la exploración y
explotación de minerales.
Este es el caso de la subregión del Suroeste antioqueño (municipio de Jericó y el
corregimiento de Palocabildo). Donde habitantes rurales y urbanos de varios de
los municipios que tradicionalmente se han dedicado a las actividades
45
agropecuarias (café principalmente), desde hace un poco más de una década
vienen siendo testigos del desarrollo de proyectos de exploración minera –sin que
nadie les consultase–, los cuales se han ido consolidando progresivamente en el
territorio, imponiendo nuevos modelos de ocupación y uso territorial. Estos
proyectos extractivos han ocasionado cambios no solo en los usos del suelo, sino
profundas resistencias sociales y transformaciones en las dinámicas culturales,
ambientales y laborales en dicha subregión.
1.8 La proliferación de proyectos mineros en la subregión del Suroeste
antioqueño: la configuración de un nuevo cuerpo territorial mineralizado
Una gran parte de la cordillera central y occidental colombiana es denominada
entre los promotores de la actividad minera, es decir el ministerio de minas y las
compañías mineras, como el “Cinturón de Oro de Colombia” (OCMAL, 2013), en
esta área existe una franja geológica también conocida como “Cinturón de Oro del
Cauca Medio”. Esta zona del “Cinturón de Oro de Cauca Medio” es considerada
como uno de los potenciales auríferos más importantes del país, la cual pertenece
específicamente al flanco oriental de la cordillera occidental, entre las cuencas de
los ríos San Juan y rio Cauca hasta sus confluencias, comprendiendo los límites
de los departamentos de Caldas, Risaralda y Antioquia, en cuya vertiente
geográfica se encuentran municipios como Guática y Quinchía en el departamento
de Risaralda; Río Sucio, Supía, Marmato en el departamento de Caldas; y Jericó,
Caramanta, Valparaíso, Támesis, Jardín, Andes, Pueblo Rico y Tarso en el
Suroeste del departamento de Antioquia (Castro, 2014; OCMAL, 2013).
Con una alta biodiversidad, con topografías quebradas y montañosas que dan
origen a una importante estrella hidrográfica, esta zona lo configuran pequeños
poblados que se conformaron desde finales del siglo XVIII como resultado de la
colonización antioqueña. Actualmente presentan actividades socioeconómicas
similares sustentadas principalmente por una economía campesina ligada a la
producción cafetera (Castro, 2014). Esta zona o franja conocida como “Cinturón
46
de Oro del Cauca Medio”, que incluye los departamentos y municipios
anteriormente mencionados (y un amplia área de la subregión del Suroeste
antioqueño), es una zona geológicamente homogénea con alto potencial y
similitudes para la explotación minera de oro y asociados. Es por ello que la
riqueza mineral de este “cinturón” ha despertado el interés de distintas compañías
nacionales y transnacionales con diversos proyectos exploratorios, que hoy por
hoy se llevan a cabo (OCMAL, 2013).
Figura No 2. Fuente: (Periódico el Mundo, 2012). Ilustración del “Cinturón de Oro
del Cauca Medio”, que hace parte del denominado “Cinturón de Oro de Colombia”
Según datos de la Secretaria de Minas de Antioquia y el Sistema de Información
de Catastro Minero Colombiano a enero del año 2012 el departamento de
47
Antioquia7 tenía vigentes 1.478 títulos concesionados, con un área titulada de
1.091.465 ha equivalente al 17% del área total del departamento, mientras que el
número de solicitudes para titulación era de 1.325 con un área de 3.314.158 ha,
equivalentes al 53% del territorio. Entre tanto, para la subregión del Suroeste
antioqueño en ese mismo año se tenía un número de 336 solicitudes y un
consolidado de 213 títulos otorgados para carbón, oro y arenas silíceas (Secretaria
de Minas, 2012). Si se revisa los mapas de la Secretaria de Minas se observa que
más del 90% del territorio del Suroeste, incluyendo los resguardos indígenas (ver
gráfico), se encuentra titulado o solicitado para minería (González, 2013).
Mapa No 2. Fuente: Dirección de Titulación Minera - Secretaria de Minas
Gobernación de Antioquia (2012). Subregión del Suroeste antioqueño
7 Con base en los datos del Catastro Minero Colombiano efectuado por el Ministerio de Minas y Energía al
mes de julio del año 2012, el porcentaje de área ya titulada en Antioquia para la explotación específicamente de oro, equivale a un 10% del área del departamento, con 615.120 hectáreas, mientras que el porcentaje de área solicitada para explotación de oro, es de 30%, equivalente a 1.927.547 ha (Cabrera; Fierro, 2013).
48
Por ejemplo, en los municipios de Jericó, Jardín, Támesis, Caramanta y
Pueblorrico (pertenecientes a la subregión del Suroeste antioqueño), la Secretaría
de Minas de Antioquia ha entregado 22 autorizaciones o títulos mineros para
adelantar exploraciones en 39.000 ha, casi la mitad del territorio de las cinco
poblaciones que suman 83.000 ha (González, 2013). Entre las empresas
transnacionales que aparecen con títulos vigentes en la subregión del Suroeste
antioqueño se encuentra AngloGold Ashanti AGA (Sudáfrica), Solvista Gold
(Canadá) Continental Gold (Canadá), Tolima Gold (Canadá), Colombian Mines
Corporation (Canadá) y Caramanta Conde Mine (Canadá). La mayoría de los
proyectos de estas empresas las cuales llegaron al Suroeste alrededor del año
2005, se encuentran actualmente en fase exploratoria (COA, 2013).
Esta nueva reconfiguración del territorio que responde a intereses de la economía
y política global pretende hacer de esta subregión del Suroeste Antioqueño un
nuevo enclave minero vinculado a actividades de exportación, desconectado del
espacio socioterritorial que lo rodea, pero integrado mediante grandes corredores
viales hacia Medellín y los puertos de exportación (que actualmente se pretenden
construir en el mar pacífico y el golfo de Urabá). Dicha infraestructura funciona
como arterias por las cuales se moverán energía y materias primas extraídas.
Con la profundización en Colombia de un modelo de desarrollo extractivo-
exportador que intensifica los megaproyectos minero-energéticos y prioriza los
monocultivos, algunos de los municipios del Sureste antioqueño que
históricamente tienen una tradición y vocación agropecuaria diversificada, han
sufrido cambios en las dinámicas sociales y ambientales de sus territorios, como
ocurre con el denominado proyecto Quebradona, desarrollado por la compañía
minera AngloGold Ashanti en el corregimiento de Palocabildo, municipio de Jericó.
Los cuales han redundado en consecuencias negativas como militarización,
desplazamiento de campesinos, amenaza del territorio, pérdida de los recursos
naturales (agua, bosques, fauna) y un aumento en la contribución de las
emisiones de gases efecto invernadero (Idárraga; Muñoz & Vélez, 2010).
49
Mapa No 3. Fuente (Secretaría de Minas, 2012)8. Títulos mineros municipio de Jericó
Antioquia
1.9 El impacto en las aguas por exploración y explotación minera
La minería es una de las actividades claves en la economía de muchos países
latinoamericanos –como es el caso de Colombia–. Los impactos más evidenciados
y directos que genera dicha actividad tienen que ver respecto a la cantidad y
calidad del agua y los conflictos emanados entre los distintos usuarios por la
competencia de garantizar el acceso al vital recurso (pobladores locales vs
empresas mineras). La minería, en la práctica diaria, suele despojar a numerosas
comunidades rurales indígenas y campesinas de sus derechos históricos y
prácticas cotidianas; de sus tierras y su agua –elementos básicos de la
8 Los mapas de titulación minera, se pueden descargar de la página web del Catastro Minero:
www.cmc.gov.co:8080/CmcFrontEnd/consulta/busqueda.cmc
50
subsistencia de dichas poblaciones–. Existe una contradicción estructural entre la
actividad extractiva como es la mega-minería y la actividad agrícola y ganadera
que radica en su dependencia del agua, si bien ambas son economías que
requieren de un uso intensivo del agua, en contraste con las demandas
estacionales de la agricultura, la demanda de agua en la minería es constante,
además de que la actividad de la grande minería transforma radicalmente los
territorios y los cursos del agua, con efectos duraderos por décadas o incluso
siglos (Boelens; et al., 2014).
Las principales afectaciones o impactos que los proyectos mineros (de oro y
asociados) generan para el ciclo hidrológico, según lo han expuesto algunos
estudiosos del tema (Moran 2009; Fierro, 2012; Budds, 2012), refieren a la
contaminación, disponibilidad, escasez, acceso, calidad y privatización del recurso
hídrico, que terminan por convertirse en motivo de disputa y disenso, dado los
diferentes usos y representaciones que se tienen respecto al agua, entre por un
lado comunidades y pobladores locales cuyas practicas económicas giran
alrededor de los sistemas agropecuarios, y de otro, los promotores de la actividad
minera, que son las empresas y algunos gobiernos del orden nacional y local.
Las empresas mineras desde la fase exploratoria requieren grandes volúmenes de
agua, los cuales son solicitadas mediante permisos o concesiones. En la fase
exploratoria, con la instalación de las perforadoras o diamantinas, la relación
agua–perforación es uno de los asuntos más neurálgicos, pues toda perforación
además de afectar los niveles freáticos (aguas subterráneas y superficiales)
requiere de la utilización de caudales de agua para lubricar y refrigerar el sistema
de perforación9 mezclándolos con aceites, petróleo y combustibles diésel. El agua
ya contaminada en ocasiones suele ser arrojada a los mismos cauces (Fierro,
2012).
9 La fractura en las rocas ígneas y metamórficas que contienen el oro y sobre las cuales se ubican los
proyectos mineros, al ser perforadas pueden contaminar las aguas por la liberación de materiales tóxicos como arsénico, plomo, zinc, cadmio, níquel, cobalto, cromo y sulfatos (Fierro, 2012).
51
El drenaje ácido de las minas es uno de los más grandes conflictos ambientales
de la minería en relación con las aguas, pues el efecto que se produce a largo
plazo eleva los niveles de acidez en ríos y humedales, poniendo en riesgo la
producción agrícola, la vida silvestre y la salud humana. Las aguas acidas se
originan cuando los minerales existentes en las minas (por ejemplo, hierro, azufre,
arsénico o mercurio), se exponen a los elementos del ambiente (aire, bacterias y
agua), se oxidan y luego se filtran al subsuelo, contaminando las fuentes hídricas
superficiales y subterráneas. El drenaje ácido no sólo se produce durante la vida
útil de las minas, sino muchas décadas e incluso hasta cientos de años después
de que éstas han sido cerradas (Acosta, 2009; Fierro, 2012).
La minería metalífera contemporánea se basa en el desarrollo de un nuevo
complejo tecnológico que permite la “explotación rentable” de yacimientos de baja
ley (0,4), lo que implica la extracción de minerales remanentes en pequeñas
partículas diseminadas en grandes extensiones de tierra. Los yacimientos que
actualmente se pretende explotar tienen una relación menor en cuanto a la
cantidad de oro por tonelada de roca obtenida. Hoy los codiciados metales se
encuentran disgregados en cantidades mínimas por extensos territorios, de
manera que sólo pueden separarse de la roca en un proceso técnico de gran
minería, ya sea subterránea o a cielo abierto. Esta tecnología extractiva procede
básicamente a la voladura de grandes volúmenes de material rocoso que luego es
triturado y sometido a procesos de lixiviación (Machado; et al., 2011:165;
Rodríguez & Urrea, 2011). –El proceso de lixiviación consiste en separar el
material deseado de la roca utilizando grandes cantidades de agua dulce
combinadas con el uso de reactivos (según se trate de los minerales a extraer),
tales como: ácido sulfúrico, cianuro, soda caustica, óxidos de cobre, entre otros
(Fierro, 2012).
En el proceso lixiviación, también llamado de beneficio, surgen los desechos o
relaves que son 50% sólidos y 50% líquidos, en una mezcla de partículas de roca,
químicos de procesamiento y agua contaminada (Moran, 2009). En la minería
moderna estos relaves (mezcla de tierra, minerales, agua y rocas) generalmente
52
son depositados en tanques especiales sellados con material sintéticos. Sin
embargo, los tanques contenedores de los relaves o “diques de colas”, pueden ser
especialmente peligrosos ambiental y socialmente en regiones como las de
Suramérica, pues los tanques de relaves en países andinos frecuentemente sufren
el efecto de fuertes movimientos telúricos, lo cual hace que requieran una
manutención a largo plazo, incluso después del cierre para prevenir tanto fallas
catastróficas de funcionamiento, como filtraciones crónicas (Bebbington, 2008).
La gran minería metalífera requiere pues destruir enormes extensiones de
superficie montañosa, la aplicación de sustancias tóxicas y grandes cantidades de
explosivos, además del uso intensivo de dos insumos claves: agua y energía; a
modo ilustrativo cabe mencionar que un emprendimiento a cielo abierto estándar
requiere mínimamente un metro cúbico de agua por segundo de manera
ininterrumpida desde la puesta en marcha de la explotación hasta su cierre
(Machado; et al., 2011:165). Es importante señalar que en Colombia se produce
principalmente hidroenergía, por lo que la dependencia del negocio minero con el
agua se convierte en un asunto primordial.
Para el hidrogeólogo Robert Moran (2009) otro de los impactos mineros en
relación con el agua se hace manifiesto cuando las diversas etapas de la minería
entran a disputar las fuentes de agua. La privatización por competencia del agua
en las actividades mineras es tan intensiva, que el agua pasa de ser un elemento
vital para convertirse en un insumo extraído exclusivamente para suplir las
diversas necesidades de procesamiento de minerales, supresión de polvos, etc.
Para el autor toda fuente de agua adyacente a las explotaciones mineras termina
siendo desviada para fines extractivos, tales desviaciones son la causa de la
competencia con otros actores locales, principalmente con quienes desarrollan
actividades agropecuarias, y también la causa de graves problemas ambientales y
sociales (Moran, 2009).
En los procesos de gran minería el principal impacto ambiental ocasionado por las
empresas es la privatización del agua ya que no solo se canalizan las fuentes de
agua para la actividad extractiva sino que producto de esta actividad se presenta
53
una alta contaminación de los recursos hídricos, dejando a la población
circundante sin acceso a este vital recurso para el consumo humano ni para las
actividades agropecuarias (Roa & Urrea, 2010). El agua se privatiza no solo través
de la gestión sino por contaminación y/o apropiación, algunos autores sostienen
que existe una forma de privatización del agua mediante la contaminación, forma
que supera la idea de privatizar como la acción de transferir una empresa o
actividad pública -en este caso la prestación del servicio- al sector privado. Pues al
contaminar por acción y decisión propia las fuentes de agua, estos actores se
apropian de facto de un recurso que es de todos, al imposibilitar que otros la
puedan usar (Moreno, 2012).
La característica peculiar del agua como una sustancia que fluye y que por tanto
puede trasportarse a zonas distantes traspasando fronteras sociales y naturales,
implica que la contaminación del recurso hídrico (superficial y subterráneo),
ocasionada por la actividad minera, sea transferida más allá de la mina por cauces
y acuíferos llegando a otras partes fuera de la unidad política-administrativa donde
se pueda encontrar el proyecto, extendiendo así en el tiempo y el espacio, la
magnitud de los impactos (Bebbington; et al., 2008). Para muchos autores, Acosta
2009; Budds, 2012; Moran 2009; Fierro 2012, entre otros, las cuestiones del agua
figuran pues de manera preponderante en todos los conflictos sociambientales por
minería, lo que la convierte en un tema de permanente tensión y disputa.
1.10 El Proyecto minero Quebradona
El proyecto Quebradona, reconocido por el Ministerio de Minas y Energía de
Colombia ubicado en el corregimiento de Palocabildo, municipio de Jericó-
Antioquia es desarrollado por la empresa AngloGold Ashanti (AGA) en riesgo
compartido con la empresa B2Gold; Quebradona se divide en los frentes de La
Mama, La Isla, Isabella, La Sola, Tenedor y Nuevo Chaquiro (Idárraga; Muñoz &
Vélez, 2010). En el año 2008 la empresa B2Gold completó un programa de
13.318.8m de perforación en 43 agujeros, acordando con AGA una exploración
54
sobre la base de 51% AGA y 49% B2Gold, sin embargo B2Gold ha reducido su
participación a un 11,5% al no seguir participando en los gastos de exploración por
lo que la empresa AngloGold Asahnti ha quedado con el 88,5% (AGA, 2014).
En respuesta a un derecho de petición, interpuesto por el Comité Para el Futuro
de Jericó, organización donde convergen todos los actores jericoanos declarados
en oposición a la minería, la Secretaría de minas de Antioquia informó que: “La
sociedad denominada Minera Quebradona Colombia S.A. posee cinco títulos
mineros en jurisdicción del municipio, Así”:
Contrato de concesión 5869 para exploración técnica y explotación económica de
una mina de oro y sus asociados en un área de 1.116 hectáreas... suscrito el 8 de
octubre de 2007. El 17 de julio de 2014 la titular solicita prórroga de dos años más
a la etapa de exploración.
Contrato de concesión 5881... 1.995 hectáreas (Jericó 71%), una mina de metales
preciosos y sus asociados... contrato suscrito el 12 de marzo de 2007... 13 de
febrero de 2014 solicitud de prórroga de dos años más a la etapa de exploración.
Contrato 6318... 287 hectáreas... una mina de oro, plata, platino, zinc, cobre,
molibdeno y sus asociados... contrato suscrito el 8 de octubre de 2007... 6 de
agosto de 2014 solicitud de prórroga de dos años más a la etapa de exploración.
Contrato 6359... 7.702 hectáreas (Jericó 63%)... una mina de oro, plata, platino,
zinc, cobre, molibdeno y sus asociados... contrato suscrito el 8 de octubre de
2007... 9 de mayo de 2013 se aprueba prórroga de dos años más a la etapa de
exploración.
Contrato 7579... 1.597 hectáreas... una mina de metales preciosos y asociados...
contrato suscrito el 8 de octubre de 2007... 17 de julio de 2013 se aprueba
prórroga de dos años más a la etapa de exploración” (Despierta Jericó, 2014:20).
En los títulos de Minera Quebradona Colombia S.A. Nuevo Chaquiro es uno de los
cinco sistemas de pórfido conocidos convirtiéndose en el foco de las actividades
de exploración desde el año 2012. AngloGold Ashanti Limited publicó el 7 de
noviembre 2014 los recursos de depósitos minerales para Nuevo Chaquiro, según
los reportes, es un sistema mineralizado de cobre y oro, la reserva de recursos
minerales para Nuevo Chaquiro reporta la empresa es de 604Mt con una ley
55
promedio de 0,65% de cobre, 0,32 g/t de oro, 4,38 g/t de plata y molibdeno
116ppm, un contenido metálico contenido de cobre 3.95Mt, 6.13Moz oro, plata
85.2Moz y molibdeno 70Kt. (AGA, 2014).
El recurso encontrado tiene perspectivas razonables y realistas para una eventual
extracción económica a través de un método de explotación de operación de
minería subterránea, con instalaciones en superficie para el manejo y tratamiento
de minerales (AGA 2015). Según Ehm Graham vicepresidente ejecutivo de
AngloGold Ashanti “Nuevo Chaquiro es un depósito de alta ley de cobre y oro, que
tiene potencial para ampliarse aún más en profundidad y a lo largo del rumbo
(AGA, 2014. La minería.com).
El depósito de Nuevo Chaquiro se considera de edad Mioceno, la profundidad de
la mineralización respecto a la superficie es del orden de 250-400m. La zona
mineralizada se caracteriza por finos stockworks, diseminaciones y vetillas de
cuarzo, magnetita, pirita, calcopirita y molibdenita. El complejo intrusivo se puede
dividir en un intrusivo oriental en el centro que contiene abundante cobre (Cu) y
oro (Au). La mineralización también contiene cantidades considerables de
subproductos de molibdeno y plata y ha sido probada sobre una superficie de
1400 por 800 metros a una profundidad vertical de 1550m (AGA, 2014).
La empresa tiene su campamento de operaciones en la vereda Quebradona10.
Con una inversión de US$ 13.2MM al año 2014, los reportes de la empresa
anuncian que las perforaciones exploratorias iniciaron en el 2012 y terminaron en
el 2014 (AGA, 2015). Actualmente el proyecto Quebradona se encuentra en
estudio conceptual o avanzado, durante esta fase el objetivo y alcances es evaluar
el valor potencial, establecer un plan para la fase de perfectibilidad, realizar
estudios geotécnicos, hidrogeológicos y metalúrgicos, además de definir y
considerar aspectos tales como volúmenes a remover, producción del yacimiento,
la viabilidad socio ambiental, infraestructura y especificaciones de los equipos a
utilizar (AGA, 2015).
10
En la vereda Quebradona (corregimiento de Palocabildo) compraron La Galilea lo que antes era una finca-hotel.
56
Desde la óptica de las empresas mineras el proceso de extracción de yacimientos
contempla una serie de fases. Inicialmente se hace un reconocimiento de las
áreas a través de un levantamiento cartográfico; a continuación (fase 2) se incluye
el análisis de las muestras de suelo y roca, a la vez que se realiza una
caracterización social de la región; y en la fase tres se realizan las primeras
perforaciones para validar los conceptos geológicos planteados. Si las
perforaciones son geológicamente exitosas, se evalúa la cantidad del metal en
una cantidad determinada de rocas, lo que se conoce técnicamente como
recursos inferidos. La revisión detallada de los núcleos de perforación permite
conocer macroscópicamente el porcentaje de minerales que posee la roca
extraída; finalmente las fases de prefactibilidad con estudios técnicos ambientales
y sociales es seguida de la viabilidad de los escenarios y la construcción de la
infraestructura para la explotación. (Erick H. Pichot 2008).
1.11 Caracterización socioambiental de la zona de estudio: subregión del
Suroeste antioqueño
La subregión del Suroeste antioqueño se encuentra localizado entre la vertiente
oriental de la cordillera Occidental (límite con la selva Chocoana) y la vertiente
occidental de la cordillera Central, que conforman el cañón del río Cauca y la
cuenca del río San Juan. La dinámica física del suroeste se estructura por el curso
del río Cauca el cual recorre toda la región desde el sur en límites con el
departamento de Caldas hasta el norte en el municipio de Betulia en Antioquia.
Dada la conformación montañosa la subregión presenta una gran riqueza hídrica
donde cada uno de sus municipios posee numerosas afluentes que tributan al río
Cauca, siendo el río San Juan el cual atraviesa la cordillera occidental, el principal
de ellos (DAP, 2009).
Según el Departamento Administrativo de Planeación, con una extensión de
6.733Km², la subregión está conformada por 23 municipios: Angelópolis, Amagà,
Titiribí, Fredonia, Venecia, Caramanta, Valparaíso, La Pintada, Santa Bárbara,
57
Támesis, Montebello, Jericó, Tarso, pueblo Rico, Salgar, Concordia, Betulia,
Urrao, Andes, Jardín, Ciudad Bolívar, Hispania y Betania (DAP, 2009). El suroeste
se caracteriza por su gran diversidad natural y cultural, cuenta con 375.422
habitantes (Censo DANE 2010) donde también habita población indígena Embera
Chamí y Embera Katíos los cuales se encuentra establecidos en siete municipios
distribuidos en 8 resguardos (Gobernación de Antioquia, Gerencia Indígena,
2012).
Mapa No 4. Fuente (Sitio oficial de Jericó en Antioquia, Colombia, 2015). Subregión
del Suroeste y localización en el departamento de Antioquia
58
Entre los cultivos que más sobresalen en la subregión están los de café, plátano,
caña panelera, cacao, frijol, yuca y frutales como el mango, la naranja y el
aguacate. La ganadería de carne se ubica en los valles del río Cartama,
Penderisco, Cauca y San Juan; y la ganadería de leche en las zonas altas y frías.
El Suroeste cuenta además con un importante yacimiento de carbón en la
denominada cuenca carbonífera o cuenca del Sinifaná que comprende los
municipios de Amagá, Angelópolis, Titiribí, Venecia y Fredonia (DAP, 2009).
La subregión del Suroeste posee patrimonios en relación a contextos naturales,
históricos, arqueológicos y paisajísticos, además de ecosistemas alto andino,
páramos, bosques de niebla y bosque seco tropical. Se reporta una gran variedad
de aves como el Loro orejiamarillo (Ognorhynchus icterotis) y otras especies
amenazadas como el Oso andino (Tremarctos ornatus), el Puma (Puma concolor),
la Nutria (Lontra longicaudis), el Venado (Mazama americana) y el Tigrillo (Felis
spp). (COA, 2013). Esta subregión se caracteriza por ser una de las que más
áreas protegidas tiene declaradas en el departamento, incluyendo algunas
creadas por iniciativa de la sociedad civil; sin incluir la parte de Urrao que está
dentro del Parque Nacional Natural Las Orquídeas, las áreas protegidas en esta
subregión cubren unas 103.335 has, equivalentes a 15,9% del área total del
Suroeste antioqueño (Lota, 2013).
La conformación histórica de la subregión ha girado en relación con la capital de
Antioquia, Medellín como centro económico y político. Si bien la configuración del
Suroeste antioqueño y la cohesión de su espacio territorial, ocurrió antes de la
introducción de la producción cafetera (Vélez, 2002), desde la introducción y
expansión del grano se han generado procesos de integración económica,
desarrollo social y una cohesión e identidad cultural. La producción del café se
convirtió a principios y mediados del siglo XX en un elemento estructurante del
territorio, ya que como principal producto de exportación fue factor de innovación
subregional y organización del espacio rural; en la actualidad es la principal zona
cafetera del departamento (DAP-UNAL, 2007). A pesar de las crisis acumuladas
59
en el cultivo del café este sigue siendo, hoy día, un elemento clave en la
conformación y economía del Suroeste.
1.11.1 El municipio de Jericó
El municipio de Jericó se encuentra ubicado en las estribaciones de la cordillera
occidental en la subregión del suroeste del departamento de Antioquia, cuenta con
12.065 habitantes y una densidad poblacional de 62.5 hab./km², distribuida el 42%
en el área rural –incluido el corregimiento de Palocabildo– y el 58% en el casco
urbano (Plan de Desarrollo 2012-2015). Su superficie es de 193 km² de los cuales
1.2 km² comprenden el área urbana mientras que los restantes 191.8 km²
corresponden al área rural; su cabecera municipal se encuentra ubicada en las
coordenadas geográficas Latitud norte 5º 47’ 41’’ y Longitud oeste 75º 47’ 06”. La
cabecera municipal se encuentra a una altura de 1.967 m.s.n.m. con una
temperatura promedio de 19,0ºC. Limita al norte con el municipio de Fredonia, al
sur con los municipios de Andes y Jardín, al occidente con los municipios de
Pueblorrico y Tarso y al oriente con el municipio de Támesis. (EOT, 2010).
Figura No 3. Fuente: (Wikipedia, 2015). Localización de Jericó en el departamento
de Antioquia
60
Mapa No 5. Fuente (Sitio oficial de Jericó en Antioquia, Colombia, 2015). División
Político Administrativa de Jericó, Corregimiento de Palocabildo
61
Según información reportada por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas – DANE a diciembre de 2015 la población oficial del municipio de
Jericó en la cabecera urbana era de 8.517 habitantes, mientras que la zona rural
3.499 asentados en predios de forma dispersa (Plan de Desarrollo Municipal 2016
– 2019). Jericó está constituido por 31 veredas y un corregimiento llamado
Palocabildo (ver mapa No 5), las veredas son: Buga, Castalia, Cestillala, El
Castillo, El Cauca, El Zacatín, Guacamayal, La Aguada, La Cabaña, La Cascada,
La Estrella, La Fe, La Hermosa, La Leona, La Pista, La Pradera, La Raya, La
Selva, La Sola, La Soledad, La Viña, Los Aguacates, Palenque, Palenquito,
Palocabildo, Palosanto, Quebradona, Río Frío, San Ramón, Vallecitos y Volcán
Colorado. (EOT, 2010).
Mapa No 6. Fuente (IGAC, 2011). Distribución de las unidades de Paisaje del
municipio de Jericó.
El municipio de Jericó presenta un relieve muy escarpado ubicado sobre un
paisaje de montaña y piedemonte (Mapa No 6), la montaña ocupa el 77.96% y el
62
piedemonte el 22.04% del área total del municipio (IGAC, 2011). Cuenta con
variedad de climas debido a sus diferentes alturas sobre el nivel del mar que van
desde 550 en el rio cauca hasta las zonas más elevadas hacia el sur con 2.500
m.s.n.m. donde nace el río Piedras la principal arteria hidrográfica del municipio.
Por tanto en Jericó se encuentra todos los pisos térmicos desde climas cálidos
hasta templados y fríos, al igual que diferentes tipos de actividades productivas y
socio-culturales características de cada clima (EOT, 2010).
1.11.2 El corregimiento de Palocabildo
El corregimiento se encuentra ubicado a 6.5 Km. al oriente del casco urbano y
está conformado por 5 Veredas: La Soledad, La Hermosa, Vallecitos, Palocabildo
y Quebradona (ver mapa 5. división político administrativa de Jericó). Palocabildo
se encuentra habitado por población campesina, se ha destacado históricamente
por su cultura cafetera-campesina aunque en los últimos años han incursionado la
ganadería, el cultivo del Plátano y los cultivos de gulupa y tomate en invernadero.
Es una zona que posee numerosas quebradas y fuentes hídricas además de
diversos atractivos ambientales y paisajísticos como cerros, lagunas, balnearios y
balcones naturales con hermosos paisajes como la panorámica del cañón del rio
Cauca. Los nombres de algunas de su veredas aluden a las características del
corregimiento como la vereda la Hermosa por sus paisajes; la Soledad por la
numerosa presencia del ave (Momotus momota); y V allecitos por la presencia de
pequeños valles y ondulaciones morfológicas del terreno.
1.11.3 Zonas de vida del municipio
El municipio de Jericó posee un régimen de lluvias con patrón de comportamiento
bimodal y según el sistema de clasificación en zonas de vida (IGAC. 2011), se
divide así:
63
Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB): corresponde al piso térmico
frío, temperatura promedia de 12 a 18°C, es la zona más lluviosa del municipio
con un promedio anual de 2838 a 3211mm, y una faja altimétrica entre 2000 y
2500 m.s.n.m., dentro de esta zona se encuentran las veredas Río Frío, La Selva
y La Raya, también involucra parte de las veredas La Aguada, Volcán Colorado,
La Pradera, La Estrella, Quebradona, Vallecitos y La Soledad. La zona es
montañosa, con topografía ondulada y con presencia de áreas boscosas ricas en
especies forestales nativas; en esta zona de vida se encuentra el nacimiento de
sistemas hídricos de importancia como el río Frío y el río Piedras.
Bosque húmedo premontano (bh-PM): tiene una temperatura de 18°C, con
precipitaciones promedias anuales que oscilan entre 1323 y 2000 mm, se conoce
como la zona templada o cafetera, comprende una faja altimétrica que va desde
los 1920 a los 2000 m.s.n.m. A esta zona pertenecen la cabecera municipal y
algunas veredas como Castalia, El Zacatín, Palosanto, Buga, La Pista, Palenque,
Palenquito, Los Aguacates, Guacamayal y las partes bajas de las veredas La
Pradera, La Estrella y Cestillala. En esta zona de vida se presenta un constante
fenómeno de condensación de nubes, dadas las corrientes cálidas de aire
ascendentes de la cuenca del Cauca y el encuentro con corrientes de aire frío
provenientes de la microcuenca del río Piedras, este fenómeno favorece las
condiciones climáticas de temperatura y humedad para los cultivos agrícolas
principalmente de café, lo que explica la concentración poblacional en esta zona.
Bosque húmedo tropical (bh – T): pertenece al piso térmico cálido, se
caracteriza por una temperatura media superior a 24° C, un promedio anual de
lluvias entre los 1600 y 2500 mm y una franja altitudinal entre los 550 y 1000
m.s.n.m. Toda la zona es recorrida de sur a norte por el rio Cauca y dentro de ella,
se encuentran las veredas Cauca, La Fe, El Castillo y La Cascada. (IGAC –
Corantioquia, 2011).
64
1.11.4 El sistema hidrográfico de Jericó
El sistema hidrográfico del municipio puede dividirse en tres:
Cuenca del Rio Cauca: delimita el territorio por su costado norte, sus principales
afluentes son: el Rio Piedras, y las quebradas La Guamo, la Botero, Patudala,
Cruces, Doradita y La Soberbia.
Cuenca del Rio Piedras: este rio nace en el Cerro de la Pascua, corre de sur a
norte y recoge en su margen izquierdo las aguas de las quebradas: La Sirena,
Santamaría, Marsella, La Viborala, El Cacharrero, La Aguada, La Tolda, La
Chagra, El Roblal, La Elvira, El Zacatín, La Tenería, El Matadero, Valladeras, La
Leona, Las Cañadas de Buga, Palenque y Palosanto.
En su margen derecha recoge las aguas de las quebradas: El Coco, La Miedosa,
Cajones, Santa Ana, Cucarachero, La Selva, La Danta, La Palma, El Edén, El
Jordán, La Estrella, La Cestillala, La Quebradona, Borrachero y Las cañadas
Lourdes, El Paraíso, Don Eliseo, La Yolombala, El Roblal, La Argelia, Volcán
Colorado, La Leona y Chaparrala.
Cuenca del Rio Frío: este rio nace en el Monte Rucio, sus afluentes son: La
Venada, La Mina, La Palma, El Abrevadero, La Judía, La Mica, La Isabela, La
María y el arroyo del Tacón. (EOT, 2010).
1.11.5 Actividades económicas y productivas
En un estudio de suelos realizado por el Instituto Geológico Agustín Codazzi y
Corantioquia (2011) muestra que la zonificación de tierras en Jericó se divide en:
agrícolas, ganaderas, agroforestales, forestales y de restauración-uso sostenible.
El estudio indicó que “en el 53.8% del territorio municipal se pueden llevar a
efectos actividades productivas, mientras que el 46.2% restante debe dedicarse a
acciones encaminadas a proteger, restaurar y aprovechar el medio para las
65
actividades científicas, el turismo ecológico y otras, todas ellas enmarcadas en el
paradigma del desarrollo sostenible” (IGAC, 2011:32).
Jericó sustenta su desarrollo económico sobre las actividades agropecuarias,
comercio y servicios. Como su principal renglón económico se destaca el café
seguido de la ganadería bovina, en un segundo renglón se encuentra la
producción de plátano al igual que otros factores de dinamismo reciente como los
cultivos de fique, tomate de árbol, aguacate y cultivos en condiciones de
invernadero, también hay cultivos de cardamomo vinculados al comercio de
exportación y por supuesto los sembrados de pan coger de los campesinos en sus
veredas (yuca, maíz, frijol etc.). En la actividad de plantaciones forestales
alrededor de 3.400 hectáreas del municipio están cultivadas en especies
madereras para proyectos de producción.
En Jericó persiste un arraigo histórico por la producción cafetera, su bandera se
divide en dos franjas horizontales de igual ancho en los colores gualda y rojo, el
rojo simboliza el color del fruto del cafeto, fuente primordial del desarrollo material
exaltando el mérito del campesino Jericoano (Sitio web oficial). Ha sido la
producción cafetera la que históricamente ha mantenido una estabilidad
económica en el municipio. La tecnificación cafetera, la producción del mismo en
asocio con los cultivos de plátano y banano y más recientemente la producción de
cafés orgánicos, ha permitido, aunque con las dificultades propias del sector,
consolidar un tejido social en torno a la agricultura y los valores de la cultura
cafetera (Despierta Jericó, 2013:9).
En las actividades pecuarias la principal es la ganadería extensiva, en esta se
identifican dos tipos, una dedicada a la producción de carne la cual se sitúa en el
clima cálido en el cañón del rio cauca, esencialmente en haciendas; y la ganadería
de doble propósito (carne, leche y cría de teneros) que se encuentra en tierras con
pendientes fuertes sobre climas templados y fríos (IGAC, 2011).
Se identifican entonces tres zonas productivas diferenciadas en el municipio de
Jericó que corresponden a los tres pisos térmicos, en la zona fría-alta predomina
66
la ganadería extensiva de leche y levante, con poca o ninguna tecnificación, en
esta zona se encuentra también las plantaciones de pinos de la empresa Rinco.
En la zona templada se encuentran dos usos diferenciados: la ganadería extensiva
como parte de la continuación con la anterior zona fría; y las diversas plantaciones
de café, complementado con plátano, aguacate y cardamomo (Plan Desarrollo
2012-2015). En la zona caliente la ganadería extensiva de levante y engorde es la
actividad predominante seguido de algunos cultivos de cítricos y frutales, en esta
zona de haciendas se ubica también proyectos de parcelación como Cauca Viejo y
la Botero y otros en proceso de adjudicación (Plan Desarrollo 2012-2015). Así
mismo, esta zona baja ha ido cambiando su vocación productiva por la de veraneo
(construcción de fincas o complejos vacacionales y recreacionales); lo que ha
ocasionado aún más el desplazamiento de los campesinos de este piso térmico.
En el casco urbano su desarrollo económico se sustenta en las actividades de
comercio y servicios (hoteles, restaurantes, artesanías). En lo referente a la
marroquinería y talabartería, fabricación y comercialización de carrieles y
monturas Jericó se ha destacado históricamente a nivel nacional. Una actividad
que día a día cobra más importancia es el turismo, principalmente el de tipo
religioso, derivado del suceso en el año 2013 de la canonización de la Madre
Laura, sin embargo el municipio siempre había sido reconocido a nivel nacional
por su alta religiosidad, contando históricamente con la presencia de distintas
comunidades religiosas, alberga 17 iglesias y un Museo de Arte Religioso.
Además del turismo religioso se impulsa otros tipos de turismo como el cultural,
cafetero, de aventura y el turismo ecológico. La presencia del museo Arqueológico
y Antropológico (MAJA), de balnearios y cascadas, de miradores naturales, de
senderos ecológicos, parques naturales, el teleférico y sitios para la práctica del
parapente, conjuntamente con el potencial arquitectónico, paisajístico y cultural del
municipio, así como la amabilidad de las gentes, la tranquilidad y seguridad que
sienten los visitantes, lo convierte en un referente turístico de la región del
suroeste antioqueño.
67
1.11.6 Jericó un “Municipio Verde”
Jericó a través de los años ha sido reconocido como un “municipio verde”; dentro
de su Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT, 2010) reporta más de 900
hectáreas dedicadas a la protección del recurso hídrico con plantaciones
forestales protectoras que surten los acueductos veredales y el acueducto
municipal. Dentro de las distintas categorías de suelo de protección tanto en el
sector rural, suburbano y urbano, se ha declarado y destinado zonas y áreas que
por sus características ambientales, geográficas o paisajísticas poseen
restricciones ya sea para urbanizarse, usos intensivos, explotación de recursos
naturales y otros usos contemplados en el Esquema de Ordenamiento Territorrial
– 2010.
En la zona urbana las áreas destinadas a suelo de protección por conservación
de recursos naturales son: El Morro El Salvador, el área de amueblamiento del
sistema del cable aéreo (Teleférico), el área destinada al Jardín Botánico los
Balsos, el Ecoparque Las Rosas y el parque de la planta de tratamiento del
acueducto. (Art. 20, EOT). El relieve del pueblo está confinado por dos cerros
tutelares, el cerro Las Nubes y el Morro El Salvador, los cuales resaltan la
panorámica y el entorno paisajístico del casco urbano.
En la zona rural además de las áreas destinadas a protección de las rondas
hídricas o retiro a fuentes, las cuales comprenden 30 metros a cada lado de las
corrientes de agua y 100 metros alrededor de sus nacimientos, también están las
áreas destinadas a suelo de protección por recursos naturales y ambientales y por
su especial importancia ecológica y paisajística, estas son:
a) Parques naturales o zonas de interés ecológico:
El parque natural del Bosque de Niebla Las Nubes.
El parque natural Las Dantas.
El parque natural Requintadero.
El parque natural Barcelona.
El parque natural El Borrachero.
68
El parque natural el Chagualo.
El parque natural Las Brisas.
El área ubicada en jurisdicción de Jericó y que pertenece al DMI Distrito de
Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables, denominada
Cuchilla Jardín-Támesis aprobado mediante Acuerdo Nro. 316 de 2009 de
Corantioquia.
El área ubicada en jurisdicción de Jericó y que pertenece al DMI Distrito de
Manejo Integrado Las Nubes La Trocha La Capota, con un área de 3.450
hectáreas hace parte de la cuenca hidrográfica del río Cauca.
b) Lugares de interés paisajístico y recreativo: se entiende por tales las áreas o
zonas naturales o intervenidas que por sus características topográficas, naturales,
fenoménicas (neblinas, sonidos de la naturaleza, tránsito de especies,
posibilidades de apreciación del firmamento o similares), además de su valor
natural o intervenido ofrecen condiciones especiales y adecuadas para el disfrute
del paisaje y el esparcimiento contemplativo (EOT, 2010). Son ellos:
Las Cascadas y chorros de Las Brisas en la vereda La Pradera.
El Alto de Marita en la vereda La Pradera.
El alto del Reten entre las veredas la Pradera y Volcán Colorado.
La Horqueta de Juan B. en la vereda Volcán Colorado.
El Monte de Santa Clara entre las veredas la Aguada y la Raya.
El Alto La Raya en la vereda del mismo nombre.
El Alto de la Selva, en la vereda del mismo nombre.
El Alto del Comino entre las veredas Quebradona, Palocabildo y Rio Frío.
La Montaña de La Aurora en el corregimiento de Palocabildo.
El Alto de La Mama entre las veredas Vallecitos y La Soledad.
El Mirador de la vereda La Hermosa en toda su extensión y conformado por
la confluencia del abismo que separa el cañón del Rio Cauca de la zona de
relieve ondulado de la vereda La Hermosa.
69
El Mirador de la vereda La Soledad en toda su extensión y conformado por
la confluencia del abismo que separa el cañón del Rio Cauca y el sector de
Palermo de la zona de relieve ondulado de la vereda La Soledad y el sector
de La Mama. .
La Laguna, o humedal de montaña de la vereda La Cascada.
Los Montes y el Balneario Natural del Río Frío en la vereda Río Frío.
El Balneario Natural Las Playas en las veredas La Aguada y La Selva.
La Cascada de los Baños en la vereda La Raya.
Las Cascadas y caídas del río Piedras en la vereda La Cabaña.
El Cañón del Río Piedras desde el puente de la carretera Palosanto –
Cestillala, hasta su desembocadura en el rio Cauca.
Las riberas del río Cauca.
Las caídas de agua y los chorros de las Quebrada, La Leona y Los
Arrayanes (Art.21, EOT, 2010).
Si bien Jericó es referenciado como “municipio verde” con diversas áreas
declaradas por su interés ambiental, a excepción de los dos Distritos de Manejo
Integrado, no se cuenta con una asignación presupuestal para la ejecución de
planes de manejos específicos para las demás zonas (UMATA, 2012), por lo que
desde la Mesa Ambiental de Jericó manifiestan “haber solicitado constantemente a
la autoridad ambiental de Corantioquia se realice vigilancia y control con el
acompañamiento de un guardabosques”. Cabe señalar que ha existido en la
historia reciente del municipio (mediados de la década del 90´) una labor educativa
ambiental y ecológica que se expresa en los grupos organizados y en muchos de
los programas de las administraciones locales y varias de sus instituciones, donde
han incluido lo ambiental como un eje de aporte a la construcción de una sociedad
equitativa adoptando los temas ambientales locales como parte fundamental de su
actividad cotidiana (Despierta Jericó, 2013:10).
70
CAPÍTULO 2. Estrategia Teórica
Como se ha expuesto en el capítulo I la extracción y exportación de recursos
naturales en América Latina parte de un proceso crónico que lleva siglos, no
obstante desde que se implementaron las políticas económicas neoliberales a
partir del último cuarto del siglo XX se ha venido dando una expansión de la
frontera extractiva minera (también de hidrocarburos y monocultivos), en los
distintos países de la región, originando un proceso de degradación
socioambiental que afecta los ecosistemas, los territorios y a las poblaciones
locales. Con la instalación y proliferación de megaproyectos mineros en pequeñas
comunidades rurales, promovido por unas elites políticas nacionales y
desarrollados a su vez por grandes corporaciones transnacionales, los territorios
en América Latina son concebidos como proveedores de materia y energía para
abastecer los centros de poder y el mercado global.
La violencia con la cual suele imponerse en los territorios el desarrollo de
megaproyectos mineros también es una violencia que se ejerce recíproca y
directamente sobre los cuerpos (Machado, 2014). La actividad de la megaminería
además de las afectaciones al agua, el suelo, el subsuelo –el ecosistema en
general–, conforma un nuevo escenario socioterritorial, tanto en el plano macro de
las instituciones y variables político-económicas, como en nivel micro de las
subjetividades, es decir, en el plano de los cuerpos, las emociones y las
experiencias de la vida cotidiana. En el presente capítulo se describe desde
autores como Machado y Svampa, los impactos que en los cuerpos y en los
territorios ocasiona la expansión y consolidación del régimen minero-neoliberal en
América Latina; las resistencias y motivaciones de los actores comunitarios en los
conflictos socioambientales originados por el desarrollo de megaproyectos
mineros; las disputas por la apropiación y significación del territorio que se derivan;
y las nuevas gramáticas, narrativas o lenguajes en común que identifican y
recorren las luchas sociales, ambientales y territoriales en los países
latinoamericanos. Finalmente, en este capítulo se alude a los conceptos de “Ciclo
71
Hidrosocial” y “Paisajes Hídricos”, que permiten entender cómo el agua, está
incorporada e influida por relaciones de poder, discursos e interés dispares.
2.1 Cuerpos y Territorios en procesos de expropiación por mega-minería
En cada una de las localidades donde se instala un proyecto para exploración y
explotación minera como es el estudio de caso que se analiza en esta tesis, se
abre una nueva arena política de disputa por el dominio del territorio, en la que se
juegan significados diferentes: del lado de las corporaciones empresariales una
inversión de capitales con expectativa rápida de ganancias; del lado de las
comunidades su territorio, su vida social y su cultura. Los procesos de resistencia
a la minería extractiva que crecen y se articulan en Colombia y en América Latina
tienen en común un llamado a la defensa del territorio (Toro, 2012). El territorio
concebido como “hábitat y comunidad de vida” (Svampa, 2011) se ha constituido
en el punto de partida de los reclamos de las movilizaciones campesinas e
indígenas y también de nuevos movimientos socioambientales urbanos y rurales.
Desde la Ecología Política se asume el territorio como una forma de producción
social del espacio, en la que intervienen de manera relevante relaciones de poder
y sistemas de significación, esto es, territorialidades que especializan la política y
las identidades socioculturales involucrando activamente los elementos geofísicos,
la cultura material y los cuerpos (GET, 2014). En esta perspectiva el territorio es
más que un espacio físico, puesto que está determinado y delimitado por y a partir
de relaciones de poder que se establecen sobre el espacio y entre los actores que
lo ocupan, lo significa y utilizan en un momento histórico.
Para Vasco (2002) las formas de ocupación y poblamiento, los modos de
apropiación a través de formas de trabajo, autoridad y pensamiento, los sitios y las
fronteras, las actividades que sobre el territorio se desarrollan, las modalidades de
recorrerlo, creencias y concepciones asociadas; todo ello constituye ese vasto
conglomerado de relaciones sociales que hacen de un espacio sobre la tierra, el
territorio de una sociedad en un momento de su historia (Vasco, 2002).
72
El territorio tiene expresión en distintas escalas como región, lugar o localidad, las
cuales integran elementos constitutivos diversos, tales como fronteras y paisajes;
además de ser fuente de recursos, al concebirlo como espacio socializado, da
cuenta de una apropiación simbólica de una colectividad. El territorio es entonces
la plataforma donde se desenvuelve la energía y la información social, se proyecta
la acción de los sujetos, y un elemento básico de la identidad cultural frente a los
demás (Vasco 2002; Bello 2011); en el territorio se realiza la transferencia de
saberes, se ejerce la soberanía y provee las condiciones necesarias para la
subsistencia.
Dentro de los debates de la Antropología y la Ecología Política se hace énfasis
sobre la manera como cada sociedad o grupo social puede tener una forma propia
de categorizar el mundo, es decir, diferentes nociones de naturaleza. “Estas
diferentes nociones de naturaleza se plasman de manera más clara en las formas
cómo los diferentes grupos y sociedades se apropian de ella y, específicamente,
en las formas de definición del espacio, el tiempo, el ser y el estar (identidad)”
(Aja, 2010:74). Desde estas cuatro dimensiones es que se puede explicar y
entender el territorio como una categoría central, a partir de la cual se dan los
procesos sociales, históricos, políticos, económicos y ambientales.
Para Machado (2011) un análisis sobre los efectos e implicaciones de la
relocalización de las industrias extractivas –en particular lo que respecta al
carácter emblemático de la minería transnacional–, permite identificar la diversidad
de dimensiones que implican los procesos expropiatorios del neocolonialismo
contemporáneo. Esquemáticamente los complejos dispositivos de esta
expropiación involucran cuatro dimensiones fundamentales: la dimensión
geográfica, la económica, la ecológica y la propiamente política11. Analíticamente
distinguibles, aunque prácticamente inseparables, estas dimensiones se concretan
en la radical escisión Territorio/Cuerpos como base de todas las expropiaciones
(Machado, 2011:166).
11
Subrayado propio
73
La expropiación de los territorios (base y fuente de los medios-de-vida/formas-de-
vida) es necesariamente correlativa de la expropiación de los cuerpos. El territorio,
forma concreta de la existencia, espacio de materialización de una forma-de ser
determinada, da cuenta de las fuentes y medios de vida que hacen materialmente
posible la existencia, sin esas fuentes y medios de vida, los cuerpos se ven
expropiados de la posibilidad de ser y hacer. De tal modo que la expropiación de
los territorios con los bienes y servicios comunes de la naturaleza (agua, suelo-
subsuelo, aire, energía) -que nos hacen cuerpos- es, lisa y llanamente,
expropiación de los propios cuerpos (Machado, 2011).
La expropiación geográfica opera fundamentalmente destruyendo la coherencia
local de los territorios, enajenando el propio espacio de vida, desarticulando los
flujos socio-productivos endolocales y rearticulándolos como fragmentos
territoriales subordinados a procesos productivos de alcance global comandados a
distancia bajo la dirección y el control del capital transnacional. Los proyectos
extractivos producen una sustancial transformación del espacio local; éste pierde
progresivamente densidad como ámbito de vida de relaciones horizontales y pasa
a ser reconfigurado como un fragmento socio-territorial económicamente
subordinado y tecnológicamente dependiente de cadenas mundializadas de valor
(Machado, 2011:167).
La dimensión estrictamente económica de la expropiación, tiene que ver con la
fenomenal transferencia de recursos financieros que involucra la localización de
las operaciones mineras en las condiciones geográficas y político-institucionales
establecidas. Los dispositivos extractivos instalados en las geografías nacionales
(que intervienen territorios) a través de las mega-infraestructuras (carreteras,
oleoductos, hidroeléctricas), en ocasiones no se diseña para dinamizar la
productividad local y nacional, sino que por sobre todo está para el servicio de los
flujos de energía y materiales destinados a la exportación, permitiendo así la
transmisión de grandes flujos financieros o la transferencia de grandes tasas de
rentabilidad de unas sociedades a otras. Los procesos de expropiación económica
también están vinculados con las reformas exigidas en el rol del Estado, sus
74
instituciones y políticas que funcionan como componente indispensable de la
ecuación de rentabilidad de los grandes capitales (Machado, 2011).
La dimensión ecológica de los procesos expropiatorios contemporáneos hace
referencia a las dinámicas de apropiación diferencial de bienes y servicios
ambientales (de las fuentes proveedoras de nutrientes). Existe una geografía de la
extracción de recursos mineros muy diferente de la geografía del consumo de
minerales, hay una clara diferenciación en los índices de extracción y consumo
entre los países del Sur y los del Norte geopolítico. Lo que se va con las
exportaciones mineras no sólo son minerales sino una gran cantidad de bienes y
servicios ambientales; la exportación no implica sólo la transacción “económica”
de la sola mercancía objeto del comercio exterior, sino que implica también la
transferencia “ecológica”. Los principales bienes y servicios ambientales que son
objetos de transferencia ecológica, y por tanto, de apropiación indirecta por parte
de los países importadores de tales recursos, son el agua, la energía y la
capacidad de sumidero (Machado, 2011). En muchas ocasiones el agua y la
energía que consumen las empresas mineras en los territorios, es agua y energía
que es negada y expropiada a las propias poblaciones locales y los ecosistemas
donde habitan.
La expropiación política de los procesos neocoloniales tiene que ver, en su
dimensión biopolítica, con la expropiación de los medios que nos hacen cuerpos:
el agua, el aire, el suelo-subsuelo, en suma, el territorio. El desconocimiento de
esos cuerpos como portadores de derechos no es más que el despojo de sus
condiciones socio-psico-físico-biológicas, aquello que nos hace “cuerpos-
humanos”, “Sujetos”, “gente” (Scribano, 2007). Desde el punto de vista político, la
lógica de la expropiación se materializa tanto a través de la degradación de los
cuerpos de las poblaciones, como a través de la alteración de la lógica formal de
las instituciones democráticas; en este punto la expropiación política tiene que ver
con la configuración de una democracia colonial, en la que los gobiernos
“representativos” asumen como propios los planes de desarrollo de los
inversionistas, aún en contra de la voluntad de las poblaciones (Machado, 2011).
75
Los proyectos extractivos mineros son posibles gracias al papel activo de unas
élites políticas latinoamericanas que los avalan, los promueve y ejecuta a pesar de
que en el grueso de casos solo figuran como copartícipe menor del gran capital
internacional (Delgado, 2010). Un país no produce minerales, los extrae; la
extracción y transferencia de minerales de los países llamados periféricos hacia
los países centrales hegemónicos (principalmente consumidores) en esencia se
aprecia como un proceso similar al saqueo colonial, con la diferencia de que hoy
por hoy, no es un proceso de coerción directa-militar, sino que se sostiene bajo el
ropaje del imperioso y urgente crecimiento económico, el “libre mercado” y la
participación “competitiva” en el comercio internacional, todo visto como una
condición natural de existencia (Delgado, 2010).
A lo largo de los diferentes regímenes de producción que se distinguen en la
historia del capitalismo, las modalidades y características propias de los procesos
de expropiación han ido mutando conforme ocurren cambios en el esquema global
de la división territorial del trabajo (sistema geo-económico); emergencias de las
resistencias sociales; y las transformaciones tecnológicas y sus correlativos
patrones energéticos. En los procesos contemporáneos de acumulación global, el
fenómeno de la mega-minería ejerce un rol central. La extracción de recursos
minerales en América Latina –dado la naturaleza y características tecnológicas de
las explotaciones mineras–, pone de manifiesto de manera paradigmática, la
complejidad e intensidad de los nuevos dispositivos expropiatorios; donde la
expropiación/apropiación de territorios se constituye como la fuente y base de
todas las demás expropiaciones: geográfica, ecológica, económica y política
(Machado, 2011).
2.2 La “Mineralización” de los cuerpos y las emociones
A partir de la base teórica de los estudios sociológicos sobre los cuerpos y las
emociones propuesto por Scribano (2007); los aportes de la Ecología Política
sobre los territorios; y teniendo en cuenta diversas investigaciones desde las
76
ciencias sociales realizadas sobre distintos aspectos del fenómeno de la minería
transnacional, en temas como: las reformas político-institucionales y legislativas
que posibilitan el nuevo auge minero; de los impactos a nivel micro/macro
económico, geopolítico y ecológico; y de estudios sobre la conflictividad
desencadenada vinculada a la minería transnacional, sus implicaciones y
consecuencias culturales, Machado (2014) analiza las condiciones y efectos de la
minería en el plano de los cuerpos, las emociones y los sentimientos, tanto de los
individuos como de las comunidades, procurando trazar una cartografía de las
afecciones corporales y emocionales que este tipo de explotaciones genera.
La capacidad transformadora del moderno régimen minero ha dado lugar a la
conformación de un nuevo escenario tanto en el plano macro de las instituciones y
variables estructurales, como en nivel micro, de las subjetividades y las
experiencias de la vida cotidiana (Machado, 2014:58). Para que los proyectos
mineros sean soportables por las comunidades locales donde estos se instalan, se
precisa de una cuidadosa tarea de regulación de las emociones y las sensaciones
que el autor denomina como un proceso de “mineralización social”. Es decir, de
acostumbramiento (de acostumbrarse), de aceptación y adaptación a nuevas
formas de violencia y de destructividad –social y ambiental–, a fin de volver
“tolerable” la vida en un entorno minero. Para ello, los núcleos del poder minero
(empresas, gobiernos, medios de comunicaciones afines) despliegan una política
de las emociones y las sensaciones que se torna en un factor clave para la
viabilidad y la prosperidad de las explotaciones.
Las grandes corporaciones mineras basados en una visión desarrollista y a partir
de sofisticadas tecnologías de penetración sociocultural tales como: el discurso
persuasivo de la “responsabilidad social empresarial” (que deja como único criterio
de negociación, la lógica mercantil de las “compensaciones” y las “reparaciones”);
a través de la cooptación de medios de comunicación, pautas publicitarias,
marketing y diseños de imagen que presentan a la minería como una “oportunidad
de empleo local” y “superación de la pobreza”; a través del apoyo y mejoramiento
de pequeñas obras de infraestructura local, festival de donaciones, oportunidades
77
de negocio, realización de actividades culturales, deportivas y hasta religiosas; y
desde luego a través de los estrechos vínculos con todo el espectro de la clase
política (gobiernos locales, regionales y nacionales). La minería transnacional por
medio de estos métodos, busca hacer de las poblaciones intervenidas “sociedades
y sujetos mineralizados”, con un ámbito socioterritorial signado por una nueva
forma de ocupación neocolonial (Machado, 2014).
Lo que se pretende con la mineralización de las poblaciones es que éstas sean
incapaces de percibir y de sentir el dolor social de la dominación. Los proyectos
mineros para fabricar sus entornos de aceptabilidad a través de su poder van
lixiviando mercantilizando las subjetividades y las sociabilidades, van creando y
“educando” sujetos cuyas sensibilidades están crecientemente moldeadas bajo la
lógica del interés, subjetividades que viven plenamente en el mundo del “progreso
y el desarrollo”, en plena aceptación de la lógica del sacrificio y de las
compensaciones (Machado, 2014).
“Los procesos mineros precisan –para mantener el control sobre los entornos
territoriales que intervienen–, crear corporalidades especialmente sensibilizadas
por la dinámica de la producción-acumulación. Y, recíproca y proporcionalmente,
especialmente insensibilizadas ante las formas (diversificadas y crecientes) de
devastación de la vida” (Machado, 2014:64).
Los mecanismos de las compensaciones o reparaciones en los contextos de los
proyectos mineros funcionan como anestesias sociales que hacen soportable el
dolor de la amputación territorial. De esta forma las compañías mineras produce –
como condición necesaria de la viabilidad de su negocio– “la mineralización de las
emociones y los sentimientos”; crea, de un lado, subjetividades que apoyan
fervientemente su permanencia y desarrollo, que viven bajo la excitación de la
“fiebre del oro”; pero del otro lado, surgen también grupos de vecinos que viven y
sienten la minería como una gran agresión y amenaza a sus territorios y a sus
formas de vida (Machado, 2014).
Para entender la “mineralización de la condición humana” hay que retroceder
hasta la época de la “fiebre del oro”, la especificidad histórica de la minería que da
78
inicio a la era moderna del capital, tiene que ver, en principio, con la intensa
sobrevaloración que determinados sujetos históricos le otorgan al oro como
representación social por excelencia de la “riqueza” (Machado, 2014).
Independientemente de las enormes diferencias que existen entre aquella primera
modalidad de minería surgida en los albores del orden colonial y la que se practica
en los contextos neocoloniales actuales, hay una fundamental continuidad y
semejanza que las identifica como fenómenos estructuralmente equivalentes. Esto
tiene que ver con el fenomenal influjo sensorial-afectivo-motivacional que la fiebre
del oro despertó y sigue despertando en las subjetividades moderno-
contemporáneas. Pues el encantamiento del oro produce –como efecto
biopolítico– “la progresiva mineralización de la condición humana”, una especial
sensibilidad hacia los metales preciosos, expresión por excelencia del “valor”
(Machado, 2014:63).
En los contextos donde se desarrolla los proyectos de megaminería la
mineralización de los sujetos alude a los complejos procesos a través de los
cuales los territorios intervenidos por la modernización minera, provocan la
remodelación de las sensibilidades y las sociabilidades, a fin de ajustar los habitus
(esquemas de obrar, pensar y sentir) de los sujetos-cuerpos a los requerimientos
de la viabilidad extractivista, es decir, adaptar y aceptar el nuevo orden minero
(Machado, 2014). De esta forma la “mineralización social” remite entonces a un
proceso de colonización/mercantilización de la esfera íntima de las emociones y
los sentimientos humanos.
“La mineralización es así, expropiación ecobiopolítica. Es decir, es expropiación
política de las condiciones ecológicas de la vitalidad corporal: expropiación del
suelo, del agua, del aire y la biodiversidad; expropiación de nutrientes y de la
salubridad. Es devastación de los ecosistemas que se torna inevitable e
irreversiblemente en degradación de los cuerpos; contaminación ambiental que
afecta la materialidad de los organismos físico-vivientes; extrañamiento de las
energías psíquico-corporales de los sujetos” (Machado, 2014:66).
79
La lógica moderna de extracción de minerales accionada por gobiernos y
empresas transnacionales configura los espacios locales como “territorios de
saqueo”, donde opera una dinámica de vaciamiento material y simbólica de
cuerpos y territorios, es decir, una expropiación ecobiopolítica. Mientras que en el
pasado la violencia de las explotaciones mineras operaba directamente sobre la
subordinación de los cuerpos, usados como medios de explotación de los suelos,
hoy se invierte bajo la forma de tecnologías altamente destructivas aplicadas
directamente sobre los territorios, como medios de disposición de los cuerpos
(Machado, 2014:64).
La minería transnacional enfocada a la exportación llevada a cabo en los países
latinoamericanos, ha minimizado las consecuencias ambientales, sociales,
políticas, económicas y culturales que de ello se derivan. Las características y
condiciones tecnológicas de este tipo de explotaciones, en particular, la
destrucción de hábitats y biodiversidad, el consumo gigantesco de agua y energía
y la descomunal producción de desechos y efluentes de alta toxicidad hacen que
la actividad de la mega-minería se presente como excluyente e incompatible con
las actividades socioproductivas locales y preexistentes en los territorios
(Machado, 2014). Es por ello, que ante el inusitado auge que en las últimas dos
décadas experimenta la minería transnacional a gran escala en América Latina –
motivada por la ejecución de las políticas neoliberales–, ha detonado también en
una fuerte resistencia y conflictividad social, expandida a la par y al ritmo de la
propia actividad en cuestión.
2.3 El poder y la resistencia social desde el sentir, el hacer y el decir
En La voluntad de saber, Michel Foucault realiza una serie de proposiciones
acerca del poder, para el autor el poder no es ni un aparato, institución o
estructura, el poder es ante todo una relación particular de fuerzas, un asunto de
estrategia y tácticas, de allí que sea más conveniente hablar de relaciones de
poder que de poder a secas. Desde este enfoque el poder debe ser visto como un
80
resultado analítico de las relaciones sociales, en este sentido no es una sustancia,
por lo que debe tenerse cuidado en no otorgarle un estatuto independiente de las
relaciones entre individuos (Foucault, [1977] en Yepes, 2010:2). Desde la
perspectiva de Foucault, expone Yepes (2010), el carácter general del poder está
dado por su ubicuidad a lo largo y ancho de los grupos sociales y actúa en cada
lugar en que se establece una relación de subordinación entre individuos o
colectivos. La forma local del poder depende de la relación de poder específica
que se configure y sólo existe cuando se pone en acción.
La particularidad del poder en la modernidad según Foucault es que se trata de un
poder sobre la vida: un biopoder. El biopoder se desarrolla a través de dos formas:
la primera mediante aquello que el autor denomina como “poder disciplinario”, con
el que a través de un conjunto de técnicas y dispositivos, el cuerpo se disciplina y
es asumido como máquina; el cuerpo ha de hacerse productivo y para ello, desde
instancias tales como la escuela, la milicia, el taller, etc., el cuerpo se educa, se
perfecciona su utilidad y docilidad. La segunda de estas formas en que se ejerce
el biopoder, se centra no en el cuerpo individual, sino en una biopolítica del ser
humano asumido como especie: cuerpo-especie; se trata ya no de la formación de
cuerpos dóciles individuados, sino de la regulación de la especie a partir de
mecanismos de control y seguridad que tienen por objeto-sujeto a la población
(Foucault, [1977] en Yepes, 2010).
El poder no es simplemente negativo, no opera sólo y ante todo constriñendo o
restringiendo las posibilidades de acción de los individuos, sino produciendo a
éstos, en función de las relaciones productivas que el sistema requiere. Esta forma
de poder (biopoder) se aplica a la inmediata vida cotidiana que categoriza al
individuo, asignándole y atándole a una determinada individualidad e identidad,
imponiéndole una ley de verdad sobre sí, que está obligado a reconocer y que
otros deben reconocer en él. De este modo el poder debe ser entendido como un
modo de sujeción, una sujeción que es en la modernidad, captura de las fuerzas
vitales de los cuerpos (Foucault, [1977] en Yepes, 2010).
81
En la teorización de Foucault preguntarse por el poder implica a su vez
preguntarse por la resistencia, en todos los actos de ejercicio del poder (el cual
produce sujetos, discursos, saberes, verdades y realidades), aparece la
resistencia. Para Foucault la resistencia es complementaria y condición necesaria
para que exista el poder, la resistencia al igual que el poder no existen más que en
acto, como despliegue de relaciones sociales de fuerzas, esto es, como disputa,
como lucha. Las resistencias surgen o aparecen como oposición a la forma
hegemónica del poder, su función es develar al poder, modular o transformar las
practicas del mismo. En el sujeto y el poder, Foucault habla de tres tipos de lucha,
tres grandes ámbitos en los que se ha ejercido la resistencia:
“Resistencias contra la explotación, en el sentido marxista de la separación del
individuo de aquello que produce y la consecuente apropiación del valor que de
ello se deriva; resistencias contra la dominación, entendiéndose esta última como
las relaciones de poder inequitativas basadas en determinaciones raciales,
religiosas, o sociales; y la resistencias contra la sujeción, es decir, contra aquello
que ata al individuo a sí mismo y de esta forma lo subordina o somete a otros
individuos” (Foucault, [1999] en Yepes, 2010:5).
La resistencia desde la perspectiva de Foucault surge como uno de los términos
en una relación de poder, en la que el elemento sometido se subleva o enfrenta al
término que lo domina o somete. Para Foucault la resistencia en las sociedades
capitalistas modernas adquiere un sentido emancipatorio, de liberación de las
relaciones que someten y, sobre todo, de liberación de las sujeciones que anclan
a los individuos a relaciones productivas específicas. En la medida en que el poder
moderno es ante todo un biopoder, aquello que se libera es la vida o las fuerzas
vitales del cuerpo (Foucault, [1999] en Yepes, 2010).
Desde otra perspectiva en el libro Los dominados y el arte de la resistencia, Scott
(2000) plantea que, frente al poder, la desigualdad y la dominación, los sectores o
grupos subordinados apelan a una resistencia que se manifiesta en formas
encubiertas del lenguaje y de la acción, a través de la producción de aquello que
el autor denomina como “los discursos ocultos”. El discurso oculto se expresa en
82
el rumor, el sarcasmo, el chisme o las bromas, pero también mediante otras
formas más elaboradas de la cultura popular, tales como la danza, los rituales, las
canciones populares, los cuentos, los carnavales o el teatro. El “discurso oculto”
no sólo contiene actos de lenguaje, sino también una amplia gama de prácticas
como el hurto pequeño, la evasión de impuestos o el sabotaje a la factoría, etc.
(Scott, 2000).
Los “discursos ocultos” 12 que buscan negar la hegemonía de los discursos de las
elites constituyen la “infrapolítica de los desposeídos” un conjunto de gestos,
dichos, expresiones, conductas, prácticas, formas festivas y guiños de complicidad
que manifiestan por lo general, de manera encubierta o disimulada, cierto
cuestionamiento o resistencia a la dominación. La resistencia en el sentido de
Scott, no se limita así a la obtención de recursos materiales o políticos, es una
lucha en la que se disputan los significados en el campo de la cultura. El autor
argumenta que las comunidades locales pueden resistir desde las luchas
discursivas y los espacios cotidianos con prácticas tradicionales que protegen su
dignidad y autonomía (Scott, 2000).
En contextos de conflictividad ambiental Alier (2004) expone que los “pueblos del
Sur” asumen la resistencia como un camino hacia la sustentabilidad; mediante
ésta confrontan la apropiación estatal o privada de los bienes naturales comunes,
al igual que las leyes y políticas que impulsa el Estado las cuales amenazan sus
formas tradicionales de vida y sus territorios. Entre tanto Svampa (2012) propone
que ante las desigualdades ambientales, políticas y económicas, las resistencias
locales en América Latina posibilitan germinar discursos y prácticas que ponen en
cuestión las estructuras del poder mundial, generando reflexiones sobre las
implicaciones que tienen para sus vidas y territorios las dinámicas geopolíticas y
geoeconómicas que operan a nivel global pero que impactan profundamente la
vida local-regional. Para Svampa la acción de la resistencia de los grupos locales
y movimientos sociales en Latinoamérica amplía los horizontes de la sensibilidad
12
Scott sostiene que tanto quienes dominan, como quienes son dominados mantienen un “discurso oculto” y un “discurso público” (Scott, 2000).
83
mental y corporal, contribuyendo a develar los mecanismos de expropiación de las
herencias coloniales a las que históricamente ha estado sometida América Latina,
lo que se conoce entre la propuesta epistémica y política del Programa
Modernidad/Colonialidad como la colonialidad del poder, del saber y del ser.
La práctica de la resistencia es asumida como un contener, bloquear o mantener a
raya todo aquello que no permite a una comunidad desarrollar sus formas de vida
y su cultura (Roa, 2012:400). Tomando en cuenta las investigaciones realizadas
por distintos autores sobre la conflictividad que surge con la profundización de la
minería transnacional en América Latina (Bebbington, Svampa, Alier) y el malestar
social suscitado ante el masivo desarrollo de proyectos mineros en el territorio
colombiano, Roa (2012) reflexiona sobre los procesos de resistencia a la gran
minería, destacando las diferentes estrategias, argumentos y lenguajes que
utilizan las comunidades y los movimientos sociales para hacer frente a las
empresas y sus proyectos, así como a las políticas mineras y sus promotores.
Para estos autores, en el caso específico de las resistencias a la extracción
minera se manifiestan de manera reiterada algunas nociones como territorio,
agua, cultura, identidad, soberanía o movilización. En particular, la imagen del
derecho al territorio y el agua tiene preponderancia porque la gran minería
representa una grave amenaza para cualquiera de ellos (Roa, 2012).
El desarrollo de megaproyectos mineros que se están llevando a cabo en
Colombia –en general en América Latina–, ha generado una nueva forma de
asumir estas economías extractivas; la gente se refiere al conflicto, a los actores y
al territorio con nuevos lenguajes, valores y narrativas (Svampa, 2012; Roa 2012).
Las luchas sociales y ambientales que se derivan de la exploración o explotación
minera incorporan en sus prácticas y discursos nuevos y alternativos marcos de
sentido, interpretación y relacionamiento con la naturaleza, el territorio y la cultura.
A medida que se consolida una consciencia de la resistencia esta se asume desde
otros lenguajes que buscan reivindicar las ancestralidades de las comunidades,
sus saberes y sus oficios, por lo que se elaboran también reflexiones, actitudes y
discursos con un fuerte contenido político y ambiental que permite otras formas de
84
relatar los conflictos y las luchas. Es así que, por ejemplo, se empieza a hablar de
territorio en lugar de terreno o tierra, de seres vivos en lugar de recursos naturales,
de reexistir en vez de resistir, de alternativas al desarrollo más que alternativas de
desarrollo (Roa, 2012; Serje, 2010).
Las comunidades que resisten son, ante todo, estructuras sensibles, corporal y
mentalmente, que soportan desde la trinchera de lo perceptivo y de los afectos
(Roa, 2012:401), desde la alternativa y la posibilidad de otras formas de ser, de
pensar, de habitar y de vivir; desde una corporalidad y con un pasado cargado de
tradiciones, lo que reclaman es que su territorio siga siendo su espacio de vida,
por ello se movilizan y resisten, porque sufren las afectaciones e impactos que se
ocasionan sobre el territorio, ven y sienten las agresiones a los territorios como
agresiones a los propios cuerpos; pues “se es” “cuerpo y territorio”.
La resistencia de las comunidades rurales ante la imposición de las políticas de
desarrollo económico y ocupación territorial como son los proyectos de mega-
minería, es una lucha porque los territorios, los cuerpos, la naturaleza, la cultura y
la vida primen por sobre lo monetario, por sobre el capital. Desde los espacios
cotidianos las comunidades y los movimientos sociales a través de sus saberes y
prácticas tradicionales desafían los modelos de desarrollo hegemónico los
paradigmas dominantes, revalorizando el medio ambiente y contraponiendo sus
formas de vida. En palabras de Alier (2004:51), “se trata de superar la obsesión
por considerar a la naturaleza en términos monetarios y, por el contrario,
reconocer en ella, la existencia de múltiples valores, incorporando nuevos
lenguajes de valoración”.
2.4 Los Conflictos Socioambientales
El conflicto social refiere en general a una situación de insatisfacción, oposición o
desacuerdo, dada las diferentes posiciones, intereses y necesidades frente a
elementos materiales y/o simbólicos ya sea entre personas, grupos o instituciones.
El conflicto comienza cuando un actor sea persona natural o jurídica, de modo
85
intencional o no, invade o afecta negativamente algún aspecto físico, psicológico,
o territorial de la otra parte. Para que se configure un conflicto se requiere que éste
adopte un estado público, involucre más de un actor y se vean implicadas
acciones colectivas (Santandreu y Gudynas 1998). Para Santandreu y Gudynas el
conflicto ambiental es un tipo particular de conflicto social, en donde la temática en
disputa son los impactos sobre los condiciones de los recursos naturales que
afectan la vida de las personas.
En la presente investigación se asume el conflicto ambiental como un conflicto
socioambiental, entendiéndolo como una disputa entre actores en condiciones de
relaciones de poder asimétrica respecto al acceso, uso, aprovechamiento y control
de los recursos naturales y el territorio, y en donde se encuentran enfrentadas
cosmovisiones de vida. En los llamados conflictos socioambientales –definición
gestada desde el campo de la Ecología Política–, se asume que la oposición a los
proyectos (aun cuando puedan existir actores exógenos: activistas y
organizaciones), proviene principalmente de las comunidades directamente
afectadas por los impactos producidos del crecimiento y acumulación de capital
económico que conlleva la extracción de recursos. Desde esta perspectiva se
afirma que para las comunidades rurales latinoamericanas que no tienen sus
necesidades básicas cubiertas, el ambiente no es necesariamente un lujo post-
material como ocurre en las sociedades industrializadas, sino que es la base
material de sustento, el espacio necesario para la vida (Walter, 2009).
Los megaproyectos de extracción minera necesariamente producen resistencias
que derivan en conflictos, para el Observatorio de Conflictos Mineros de América
Latina (OCMAL, 2014), las causas más recurrentes que propician la conflictividad
entre las compañías mineras y las comunidades afectadas son: I) la degradación
ecológica o impacto ambiental, es decir, la contaminación de las aguas, del aire,
del suelo, del bosque, la fauna, la erosión; II) los problemas territoriales ligados en
muchos casos a la falta de una consulta previa libre e informada; III) la violación
de los derechos humanos que trae consigo estos megaproyectos; IV) la falta de
cumplimiento de las políticas de responsabilidad social empresarial, sumada a la
86
lucha por mayores beneficios económicos; y V) una combinación de las causas
anteriores.
La controversia y disputa por el control y uso de las reservas estratégicas de los
recursos naturales (petróleo, gas, carbón, oro, cobre, hierro etc.), están
determinados por un ámbito global de relaciones asimétricas de poder entre las
naciones –y dentro de las naciones– lo cual genera una proliferación de conflictos
que impactan social y ambientalmente los ámbitos locales y socio-territoriales. Una
de las consecuencias de la actual inflexión extractivista en Colombia y América
Latina, ha sido la “explosión” de conflictos socioambientales, así como el
surgimiento de nuevas formas de movilización y participación ciudadana,
centradas en la defensa de lo cultural, de los bienes naturales, la biodiversidad y el
ambiente. Según Svampa (2012) los conflictos socioambientales son entendidos
como:
“Aquellas disputas ligadas al acceso y control de los recursos naturales y el
territorio, que suponen, por parte de los actores enfrentados, intereses y valores
divergentes en torno de los mismos, en un contexto de gran asimetría de poder.
Dichos conflictos expresan diferentes concepciones sobre el territorio, la
naturaleza y el ambiente, así como van estableciendo una disputa acerca de lo
que se entiende por desarrollo y, de manera más general, por democracia”
(Svampa, 2012:19).
En la medida en que los diferentes proyectos extactivistas avanzan de modo
vertiginoso y tienden a reconfigurar el territorio en su globalidad, afectando tanto la
dimensión biótica, física como cultural, ponen en jaque no solo las formas
naturales, económicas y sociales existentes, sino también el alcance mismo de la
democracia, pues se imponen sin el consentimiento o consenso de las
poblaciones locales, generando profundas divisiones en la sociedad, y una espiral
de criminalización y represión de las resistencias que se traduce muchas veces en
la judicialización de las luchas socioambientales y en graves violaciones de los
derechos humanos (Svampa, 2012).
87
Los conflictos sociambientales donde están involucradas comunidades locales-
rurales y empresas transnacionales han tomado un creciente interés para diversos
ámbitos de la gestión pública, la política y la investigación científica. Estos
contextos de disputas material y simbólica, “constituyen procesos complejos que
desencadenan un creciente acervo de representaciones sociales que se traducen
en un aumento de la capacidad de las comunidades locales para erigir o construir
imaginaros territoriales y para luchar por ellos” (Pengue, 2014). Al mismo tiempo
que las comunidades o grupos sociales se apropian y significan el territorio,
también motorizan la construcción de conocimiento colectivo, no solo popular, sino
académico, social e institucional respecto a las funciones y servicios de los
elementos naturales y ecosistemas impactados en los proyectos, como son el
agua, los bosques, el aire, la biodiversidad, el suelo y el subsuelo (Pengue, 2014).
Los conflictos socioambientales entendidos como el resultado de la disparidad de
visones e intereses en el acceso, conservación, usufructo, explotación o
distribución de los bienes y servicios que la naturaleza y el territorio proporcionan,
se han incrementado progresivamente conforme las economías de los países
latinoamericanos profundizan sus políticas de “acumulación” basadas en la
extracción de recursos naturales. Como se ha expuesto, en los últimos años en
América Latina existe una creciente atracción de flujos de inversión extranjera
directa (IED), principalmente capitales concentrados en actividades extractivas
como el petróleo y la minería, lo que ha redundado en una “explosión” de
conflictos socioambientales. Los más perjudicados por la expansión de este
modelo de acumulación por desposesión en países como Colombia suelen ser los
pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes, sin embargo, el escenario
actual:
“Aparece marcado también por el surgimiento de nuevos movimientos
socioambientales, rurales y urbanos (en pequeñas y medianas localidades), de
carácter policlasista, caracterizados por un formato asambleario y una importante
demanda de autonomía. En este nuevo entramado juegan un rol no menor ciertas
organizaciones no gubernamentales ambientalistas (muchas de las cuales
combinan la política de lobby con una lógica de movimiento social) y diferentes
88
colectivos culturales en los cuales abundan intelectuales y expertos, que no sólo
acompañan la acción de las organizaciones y los movimientos sociales, sino que
en muchas ocasiones forman parte de ellos (…) Así, el proceso de
ambientalización de las luchas incluye un enorme y heterogéneo abanico de
colectivos y modalidades de resistencia, que va configurando una red cada vez
más amplia de organizaciones” (Svampa, 2012:20).
La resistencia al modelo de ocupación extractivista minero ya no es solo un asunto
de campesinos e indígenas o movimientos rurales, sino que incluye un espacio
cada vez más amplio en el cual se encuentran medianas localidades, colectivos
culturales, ONG ambientalistas con una lógica del movimiento social, las mujeres y
los jóvenes cuyo rol es crucial. Y cada vez más intelectuales y expertos se
involucran en dichas luchas, esto no es un tema menor puesto que los conflictos
socioambientales requieren de la generación de un saber especializado-científico
que sea independiente de los grandes poderes económicos y políticos, pero que
permita articularse en un diálogo horizontal con los saberes ancestrales y
populares (Svampa, 2012). Este “saber experto independiente” se ha
transformado en un rasgo constitutivo de este tipo de conflictos, es construido
sobre la base de una racionalidad ambiental-ecológica, en contraposición a la
racionalidad meramente economicista que subyace la expansión de la
megaminería. También es el resultado de un proceso de indagación y aprendizaje
de los mismos ciudadanos sobre conocimientos técnicos y legales del problema
en cuestión, entrelazado con saberes populares (Bottaro; Alex; Sola, 2014).
Una característica de los conflictos socioambientales es la multiescalaridad,
concepto que hace referencia a la reformulación de escalas en los diversos
procesos de globalización y alude por ello al involucramiento de un entramado
complejo de actores sociales, económicos, políticos, locales, regionales, estatales
y globales (Sassen, 2007; en Svampa, 2012:20). Para el caso de las industrias
extractivas, la dinámica entre “lo global” y “lo local” se presenta como un proceso
en el que se materializan, por un lado, alianzas entre empresas transnacionales y
Estados (en sus diferentes niveles) que promueven y alientan un determinado
modelo de desarrollo; y, por otro lado, resistencias provenientes de las
89
comunidades y movimientos sociales, que cuestionan tal modelo, y reclaman su
derecho a vivir y decidir en función de otras cosmovisiones.
La gran asimetría que se instala en el marco de dichas luchas es un rasgo que
describe los conflictos socioambientales, en lo general –por no decir siempre– a lo
que se asiste es a la oposición entre pobladores locales, organizaciones y/o
movimientos sociales que cuestionan los proyectos de desarrollo extractivista
(dado los impactos sociales y ambientales que los afectan), versus las grandes
corporaciones trasnacionales o grandes actores económicos nacionales, muchas
veces en alianzas con los gobiernos nacionales y/o locales. Los conflictos
socioambientales son primordialmente conflictos territoriales, distributivos y
políticos, se definen pues como la disputa que hay por la calidad, disponibilidad,
control, uso y acceso de lo que denominamos como recursos naturales
(naturaleza, biodiversidad o ambiente) y que supone criterios enfrentados entre sí,
esto es, intereses, representaciones y lenguajes de valoración divergentes
(Svampa, 2012).
Los actores locales y comunitarios involucrados en un conflicto socioambiental
tienen una forma particular de leer la situación así como nociones y parámetros
propios para entender la confrontación, y por tanto para definir qué es lo que está
en juego, sus implicaciones, como resolverlo (Serje, 2010). El abordaje de los
conflictos socioambientales permite visibilizar las representaciones en disputa y
disenso, los enfrentamientos entre diferentes procesos de apropiación de los
territorios y sus recursos, de cómo determinadas actividades productivas –como
es el caso de la minería extractiva de oro y asociados– genera nuevos espacios
de resistencia, formas de organización y una participación social activa donde a
través de la articulación de discursos y prácticas, las comunidades visibilizan y
defienden todo aquello que consideran significativo para sus vidas.
90
2.5 Conflictividad y Territorialidades en disputa por actividad minera
La territorialidad, expone Bucio (2013), es el proceso a través del cual el espacio
se constituye en territorio; refiere a la valoración, dominación y apropiación
material y simbólica de un individuo o grupo sobre un área geográfica (gente,
elementos y sus relaciones). La territorialidad da cuenta de la compleja manera en
que el espacio y las relaciones sociales están entretejidos, de las estrategias
empleadas por organizaciones y grupos sociales para el uso y control del territorio
con fines políticos, sociales y económicos. Como pertenencia territorial, la
territorialidad implica procesos de identificación y de representación colectiva e
individual (Bucio, 2013).
En los conflictos socioambientales derivados por minería se asiste a una
disparidad de narrativas que se manifiestan en una disputa por la concepción
alrededor del territorio. En los contextos de conflictos socioambientales mineros
los actores que convergen (las empresas mineras, el gobierno en sus tres niveles
y las comunidades que de manera local y regional están siendo directamente
afectadas por la industria minera), se apropian y valoran el territorio de manera
antagónica. De modo esquemático puede afirmarse que existen diferentes lógicas
de territorialidad: los grandes actores económicos (corporaciones, élites); los
Estados (en sus diversos niveles); y los diferentes actores sociales organizados
y/o implicados en el conflicto (Svampa, 2012).
En el marco de estos conflictos o disensos mientras que las lógicas territoriales de
las corporaciones y las élites económicas se enmarcan en un paradigma
economicista, que señala la importancia de transformar aquellos espacios donde
se encuentran los recursos naturales considerados estratégicos en territorios
eficientes y productivos; la lógica Estatal en sus diversos niveles, suele insertarse
en un espacio de geometría variable, como un agente productor y/o
metaregulador, y en ciertos casos como un agente redistributivo (Svampa, 2012).
Entre tanto, las comunidades en resistencia despliegan territorialidades fundadas
en horizontes colectivos en torno a nociones como el territorio, la democracia, la
naturaleza y la cultura, a su vez que hacen visible la destrucción ecológica, la
91
explotación material y la marginación social y política que acarrea este tipo de
mega emprendimientos (Bucio, 2013).
La apertura o ampliación de las fronteras de modernización como son los
proyectos mineros (también los monocultivos agroindustriales y las mega-
hidroeléctricas), transforman rápida y ostensiblemente los espacios; estas
transformaciones exigen a su vez de la aplicación coordinada de capital y poder
estatal. Existe una lógica moderna de apropiación de territorios, paisajes, lugares y
entornos históricos, así como de saberes y tecnologías locales, que está orientada
netamente a la maximización de las ganancias y la creación y acumulación de
capital financiero. Esta lógica de extracción y apropiación, contrasta
cualitativamente con la de otras sociedades y grupos que usan los recursos de
acuerdo a lógicas de reciprocidad, solidaridad y respeto con la vida (Serje, 2010).
En los conflictos derivados por minería se entrecruzan lógicas de acción y
racionalidades portadoras de valoraciones diferentes, mientras las comunidades
apelan a otras formas de relacionamiento con la naturaleza, a la conservación del
(agua, fauna, bosque etc.), a la defensa de sus sistemas agropecuarios, a la
pertenencia al territorio como un espacio-tiempo donde se desenvuelve la vida en
todas sus manifestaciones –tierra cargada de afecto, trabajo, significado e
historia–. La representación que tiene muchas de las corporaciones sean
nacionales o multinacionales y algunos gobiernos de Estado, es una territorialidad
fundada en una visión eficientista, productivista, que apunta a valorizar en
términos de capital los bienes que se encuentran en un determinado espacio, para
ello los promotores del modelo minero utilizan los discursos del empleo, el
desarrollo, el progreso y la riqueza derivada de su explotación (Machado, 2011).
Es a partir de la representación productivista netamente economicista que se
reconfiguran los territorios en función de los grandes capitales, en el caso
particular de la minería se instala las “zonas de sacrificio”, es decir, aquellas áreas
que pueden ser arrasadas o devastadas. Resulta que en la “necesidad” de obtener
(extraer) la “rentabilidad” transferida en los minerales depositados en el subsuelo,
ello implica inevitablemente generar graves impactos ambiéntales y sociales que
92
perduraran en el tiempo, creando aquello que Mantilla (2013) designa como
“espacios basuras”; donde las empresas, el Estado y los gobiernos conciben los
territorios como sitios que simplemente se usan y desechan, esto es, llegan
megaproyectos de diversa índole extraen y utilizan la naturaleza, a sus pobladores
y cuando se agota su margen de ganancia solo se van y se abandona. Es
justamente contra esa lógica de “sacrificio” que va en detrimento de diversas
formas de vida, que surgen nuevas gramáticas, nuevos lenguajes de valoración de
los territorios en contraposición a esas territorialidades excluyentes.
Para satisfacer la demanda del mundo “moderno civilizado” y las necesidades
crecientes creadas por la sociedad de consumo, cualquier sacrificio es válido. Por
eso se llega a considerar que el oro o el carbón contenidos en una montaña, valen
más que la montaña entera, incluyendo sus aguas, sus ecosistemas y sus
eventuales pobladores (Fierro, 2012:190). Las comunidades locales que se
oponen al modelo de ocupación territorial que impone la minería transnacional, no
suelen ver la megaminería como una actividad que se inserta en un territorio con
aguas, ecosistemas, geoformas y seres humanos, sino que tiene una visión de
una actividad con una enorme influencia política y un gran poder económico, para
la cual lo más importante es la extracción del recurso y viabilidad del enclave
minero.
En aquellos contextos en los que se establece habitualmente la actividad minera
las grandes empresas tienden a convertirse en un “actor social total” (Svampa,
2011). Los megaproyectos de las corporaciones mineras suelen reconfigurar
repentina y bruscamente las vidas locales existentes, reorientando las actividades
socioproductivas de las comunidades en función de sus intereses mineros para así
expandir y crear nuevos enclaves de exportación. Con la exploración y explotación
estos proyectos producen también un impacto negativo en términos ambientales y
sanitarios que repercute sobre las condiciones de vida de las poblaciones locales.
Y a través de la llamada responsabilidad social empresarial, es decir, el poder del
dinero, “las empresas procuran ampliar su esfera de acción, convirtiéndose en
93
agentes de socialización directa, mediante una batería múltiple de acciones
sociales, educativas y comunitarias” (Svampa, 2011:199).
La situación de conflictividad estructural que se instala en cada población donde
se radica un mega-proyecto minero, además de desencadenar una disputa
territorial, implica también una conflictividad tanto en la dimensión ecológica y
económica, como en la faceta política y cultural. La dimensión económico-
ecológica tiene que ver con la apropiación/degradación de la base material de vida
de las poblaciones locales, esto es, la afectación, acceso y disposición de los
bienes naturales, en cuanto medios de vida. Como conflictos políticos, los
conflictos mineros expresan disputas en torno a la capacidad y legitimidad de
decidir sobre quién-cómo habitar/producir el territorio. Y en su dimensión cultural,
los conflictos mineros se presentan como producto de representaciones
antagónicas del mundo; significaciones y visiones contrapuestas sobre la
naturaleza, sobre los vínculos, las relaciones sociales y la vida en general
(Machado, 2014:61).
Los escenarios de conflictividad socioambiental que trae la expansión del modelo
de desarrollo extractivista minero, en combinación con los procesos históricos de
cada región, abren el camino hacia una reconfiguración de procesos que se
construyen a partir de una diversidad de visiones y actitudes frente a la minería,
dentro de los que aparecen nuevas formas de organización, redes, liderazgos y
discursos renovados que plantean comprensiones alternativas de la sociedad, la
democracia y el territorio (Toro, 2012). El surgimiento de nuevos lenguajes
comunes en Colombia y América Latina da cuenta de una nueva gramática de las
luchas socio-ambientales, en este sentido se asiste a aperturas cognitivas y
disputas por la significación, a la construcción de una subjetividad común donde
categorías u horizontes alternativos al desarrollo como los del buen vivir, los
planes de vida, los derechos de la naturaleza, los bienes comunes y la justicia
ambiental, entre otros, develan y afirman que el llamado desarrollo se hace a
costa de sus territorios y formas de vida (Roa; et al., 2012).
94
2.6 El Giro Ecoterritorial: ideas movilizadoras que recorren las luchas
socioambientales en América Latina
La expansión y dinámica de los conflictos socioambientales en América Latina ha
venido asentando la base de lo que Svampa (2012) denomina el “giro
ecoterritorial”, esto es, la emergencia de una narrativa o lenguaje común que da
cuenta del cruce innovador entre la matriz indígena-campesina comunitaria, la
defensa del territorio y el discurso ambientalista, lo que ha posibilitado que emerja
un pensamiento socioambiental latinoamericano con reflexión propia. En este
sentido, puede hablarse de la construcción de marcos comunes de explicación y
acción colectiva, es decir, representaciones sociales las cuales funcionan no sólo
como esquemas de interpretación alternativos, sino como productoras de una
subjetividad colectiva. Algunos de los tópicos que expresan este cruce entre
matrices diferentes y que incluso se han logrado instalar en las agendas públicas
nacionales (caso específico de Ecuador y Bolivia), fruto de la presión ejercida por
las organizaciones sociales, son: Bienes Comunes, Soberanía Alimentaria,
Justicia Ambiental, Los Derechos de la Naturaleza y el “Buen Vivir” (Svampa,
2012).
En el marco del “giro ecoterritorial” los bienes naturales no deben ser
comprendidos como commodities, esto es, como pura mercancía; pero tampoco
exclusivamente como recursos naturales estratégicos, por encima de las
diferencias, uno y otro lenguaje imponen una concepción utilitarista que implica el
desconocimiento de otros atributos y valoraciones que no pueden representarse
mediante un precio de mercado (incluso aunque algunos lo tengan). En
contraposición a esta visión, la noción de Bienes Comunes integra visiones
diferentes que afirman la necesidad de mantener fuera del mercado aquellos
bienes que, por su carácter de patrimonio natural, social y cultural, poseen un
valor que rebasa cualquier precio (Svampa, 2012).
El concepto de Bienes Comunes refiere entonces a los sistemas sociales y
jurídicos para la administración de los recursos compartidos de una manera justa y
sustentable (Bollier, 2008). En el contexto latinoamericano la referencia recurrente
95
a los bienes comunes aparece ligada a la noción de territorio o territorialidad.
Ciertamente, la denominación alude a aquellos bienes que garantizan y sostienen
las formas de vida en un territorio determinado, como el agua. Así, no se trata
exclusivamente de una disputa en torno a los “recursos naturales”, sino de una
disputa por la construcción de un determinado “tipo de territorialidad” (Svampa,
2012).
El tópico de la Soberanía Alimentaria afirma el derecho de los pueblos a producir
alimentos y el derecho a decidir lo que quieren consumir y cómo y quién lo
produce. Dicho concepto fue desarrollado por Vía Campesina y llevado al debate
público con ocasión de la Cumbre Mundial de la Alimentación en 1996. Sin duda,
conlleva el reconocimiento de los derechos de los “campesindios” que
desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.
Desde entonces, y en un contexto en el cual los gobiernos latinoamericanos han
optado masivamente por consolidar un paradigma agrario basado en los
transgénicos y los monocultivos, la Soberanía Alimentaria atraviesa el debate
agrario internacional (Vía Campesina, 2004).
La noción de Justicia Ambiental implica el derecho a un ambiente seguro, sano y
productivo para todos, donde el medio ambiente es considerado en su totalidad,
incluyendo sus dimensiones ecológicas, físicas, sociales, políticas, estéticas y
económicas. El movimiento de justicia ambiental es un enfoque que pone el
énfasis en la desigualdad de los costos ambientales (las externalidades), la falta
de participación y de democracia, y en el racismo ambiental hacia los pueblos
originarios despojados de sus territorios, que son, en fin, la injusticia de género y
la deuda ecológica (Svampa, 2012).
Los Derechos de la Naturaleza aparece por primera vez en la nueva
Constitución Ecuatoriana e ilustra el desplazamiento desde una visión
antropocéntrica de la naturaleza hacia otra “biocéntrica” (Gudynas, 2009). En
dicha Constitución la naturaleza aparece como sujeto de derechos: esto incluye “el
derecho a que se respete integralmente su existencia, y el mantenimiento y
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”
96
(Artículo 71). La naturaleza posee así valores intrínsecos (también llamados
valores propios), que están en los seres vivos y en el ambiente, y que no
dependen de la utilidad o consideración humana.
El “Buen Vivir” es una de las consignas que ha otorgado mayor vitalidad al actual
giro ecoterritorial, vinculado a la cosmovisión indígena andina suma kausay o
suma qamaña (en Quechua y Aymara respectivamente), es sin duda uno de los
tópicos de origen latinoamericano más movilizadores que tiende puentes entre el
pasado y el futuro, entre la matriz comunitaria, el lenguaje territorial y la mirada
ecologista (Svampa, 2012). El buen vivir es un concepto en construcción que se va
constituyendo en una hoja de ruta. Para el boliviano Xavier Albó (2009) detrás del
concepto está la lógica de las comunidades de muchos pueblos indígenas
originarios, contrapuestos a las sociedades y poderes dominantes. Para
Magdalena León (2009), la noción de buen vivir se sustenta “en reciprocidad, en
cooperación, en complementariedad” y aparece ligada a la visión ecofeminista de
cuidado de la vida, de cuidado del otro; es una ética que ordena la vida de la
comunidad.
Respecto al tema Farah y Vasapollo, (2011) indican que el Vivir Bien implica una
serie de aristas, entre ellas desarrollar capacidades y potencialidades; una buena
convivencia, acceso y disfrute a bienes materiales e inmateriales; reproducción
bajo relaciones armónicas entre las personas orientadas a la satisfacción de las
necesidades humanas y naturales; relaciones armónicas entre las personas y la
naturaleza y entre las personas mismas; realización afectiva y espiritual de las
personas en asociación familiar o colectiva y en su entorno social amplio;
reciprocidad y complementariedad en las relaciones de intercambio y gestión local
de la producción; visión cosmocéntrica de la vida (Farah y Vasapollo, 2011).
Floresmilo Simbaña (2011) recuerda cómo la noción del “Buen Vivir” permitió al
movimiento indígena y otras organizaciones sociales, durante el ajuste estructural
que se dio en Suramérica en la década de 1990, enfrentar el despojo que significó
y significa el neoliberalismo, comprendido éste como un proyecto neocolonial
orientado a ensayar nuevas estrategias de subalternización de poblaciones,
97
territorios y recursos, a través de mecanismos tales como privatizaciones, tratados
de libre comercio, mega-minería, entre otros. El movimiento indígena y campesino
al que se sumaron intelectuales de distintas corrientes, tuvo que denunciar y
combatir este discurso alrededor del cual desplegó sus propuestas alternativas
fundándose en los principios comunitarios y cosmovisiones andinas de los pueblos
ancestrales indígenas; proponiendo así importantes conceptos políticos como el
de plurinacional, que se dio en el marco de lo que fue la Asamblea Constituyente
ecuatoriana (Simbaña, 2011).
Las resistencias y luchas socioambientales que se libran contra los poderes
hegemónicos giran entonces alrededor de la defensa de la naturaleza, las tierras y
los valores culturales de los pueblos, elementos todos característicos de una
memoria histórica latinoamericana. En éste sentido, estas resistencias son unos
discursos y unas prácticas con una lógica de supervivencia, orientadas a la
salvaguarda de los recursos que determinan la subsistencia; dichas luchas ponen
de manifiesto que “el poder para explotar el medio ambiente está estrechamente
relacionado con el poder para explotar seres humanos” (Carvajal, 2013:155). Las
apuestas integrales de los movimientos sociales son por tanto ecológicas y
anticapitalistas en la medida que tratan de sacar a la naturaleza de las
imposiciones mercantiles, posibilitando entender y ubicar la problemática
ambiental como un asunto político.
2.7 El Ciclo Hidrosocial y los Paisajes Hídricos: las aguas fluyen en dirección
al poder y el capital
Partiendo de la idea de que los flujos de aguas en el subsuelo y la superficie
terrestre son radicalmente afectados por la actividad humana, se sugiere cada vez
más en la literatura científica crítica que el agua circula dentro de un ciclo
“hidrosocial, construido en oposición al uso convencional del ciclo hidrológico que
prosigue eternamente con o sin actividad humana” (Swyngedouw, 2004, en
Larsimont, et. al. 2014:4). El ciclo hidrosocial representa y analiza la naturaleza
98
socio-ecológica del agua, reconociendo que los procesos hidrológicos son
moldeados por las actividades e instituciones humanas, y que los datos y
conocimientos hidrológicos son construidos de manera subjetiva. De esta manera
además de examinar cómo el agua fluye dentro del ambiente físico (atmósfera,
superficie, subsuelo, biomasa), el ciclo “hidrosocial” también considera cómo el
agua es manipulada a través de factores tales como obras hidráulicas,
legislaciones, instituciones, prácticas culturales y significados simbólicos
(Larsimont, et. al. 2014). Al entender el agua como un recurso que incorpora las
relaciones sociales, es que se sugiere en consecuencia que el agua circula dentro
de un ciclo “‘hidrosocial”.
El análisis del ciclo “hidrosocial” da cuenta de la importancia de considerar los
caudales físicos en conjunto con las relaciones sociales que influyen y a su vez
son influidos por estos flujos de agua, tanto material como discursivamente
(Budds, 2012b). El “ciclo hidrosocial” ofrece una mirada más crítica hacia la
relación entre los usuarios y el agua, permitiendo considerar por ejemplo la
escasez de agua más allá de solo la disponibilidad física, sino que además indaga
cómo el agua se ha vuelto escasa en determinado contexto, y cómo y por qué los
diferentes interesados, consideran y explican la escasez. Cabe señalar que la
escasez del agua suele ser definida normalmente en términos de su disponibilidad
física, omitiendo en diversas ocasiones cómo se vuelve escaso este recurso, “que
muchas veces tiene tanto (o incluso más) que ver con las relaciones sociales que
determinan el cómo, por qué y quiénes están utilizando el agua, que por factores
propiamente hidroclimáticos” (Budds, 2012:170).
En contextos de conflictividad socioambiental por exploración o explotación minera
el agua está mediada por asimétricas relaciones de poder, donde los actores más
influyentes, como son las grandes compañías mineras, buscan garantizar a través
de unas prácticas y discursos sus intereses en el territorio. Budds citando a
Swyngedouw (2004) plantea que las relaciones de poder social que están
embebidas en el control del agua forman lo que se denomina como “paisajes
hídricos”, esto es, los flujos físicos y las cuestiones que surgen en torno a ello, los
99
usos, modos de acceso, debates políticos y la infraestructura. Para Budds (2012)
mediante el examen de las características de los paisajes hídricos se puede
descubrir la dinámica del poder que está en juego, las cuales suelen reflejar los
intereses de los actores más poderosos. Las relaciones de poder se hacen
evidentes al analizar el paisaje hídrico en sí mismo, es decir: “los patrones de
acceso y exclusión, cómo fluye el agua físicamente en el espacio, la presencia de
obras hidráulicas, la naturaleza de los marcos regulatorios y los discursos que, en
modos específicos, representan las cuestiones de agua” (Swyngedouw, 2004, en
Budds, 2012:5).
Los mecanismos de acceso y exclusión del agua, el cómo, por qué y quiénes
están utilizando el agua establecen relaciones patentes de poder económico,
político y posiciones de poder social y cultural. El agua dentro del marco de
análisis de la ecología política no es vista como un recurso meramente natural,
sino uno que es siempre modificado y definido de distintas maneras por los
interesados, y, por lo tanto, siempre influido por relaciones de poder político y
económicas; para Budds (2010):
“Estas relaciones de poder social serán aparentes tanto en los elementos
materiales como en los elementos discursivos del paisaje hídrico: por ejemplo, en
los usos del agua que se reflejan en el paisaje (minería, agricultura, ciudades,
etc.), en la presencia de infraestructura hidráulica (represas, canales), en las
modalidades de acceso y exclusión al agua (suministro diferencial a barrios ricos y
pobres), en los modos de administración (privatización, comunitaria), y en los
debates alrededor de la gestión y gobernanza del agua (por ejemplo, las ideas
acerca de una crisis de agua)” (Budds, 2010:41).
En el marco de la Ecología Política, la cual estudia las representaciones, disputas
y relaciones de poder en torno de la naturaleza, o si se quiere, en torno de los
ecosistemas o el paisaje, las formas contemporáneas del discurso sobre la
naturaleza (Palacio 2006), Swyngedouw (2004) propone analizar la producción de
“paisajes hídricos” a partir de un nexo conceptual entre el agua, el capital y el
poder, en el que el agua funciona como un “lubricante” de procesos de
100
acumulación de capital. El autor afirma que el agua se convierte en un recurso
sumamente estratégico que produce luchas o conflictos cuando los grandes
capitales privados buscan controlarla para satisfacer sus intereses y demandas,
muchas veces apoyado también por el Estado (Swyngedouw, 2004, en Budds,
2010:41).
Los flujos del agua, los del dinero y del poder se encuentran materialmente
relacionados (Swyngedouw, 2004:2). En la producción de paisajes hídricos se
considera entonces que el proceso de acumulación de capital está
intrínsecamente vinculado a las relaciones sociales de poder en juego; dado que
el agua es esencial en cualquiera de los procesos productivos modernos, ésta se
convierte en un motor crucial del proceso de desarrollo económico, lo que hace
que sea un recurso necesario que los grupos económicos más poderosos se
esfuerzan en controlar, pero ocasionando a su vez profundas desigualdades, y
transformaciones sociales y ambientales en los territorios y ecosistemas
(Swyngedouw, 2004, en Budds, 2010:41).
A partir del nexo conceptual de agua, capital y poder desde la Ecología Política
Budds (2012) analiza y examina los desafíos y las implicaciones socio-
ambientales que tiene la expansión de la mega-minera para el agua en los países
andinos, señalando como para la extracción y procesamiento de minerales se
requiere de significativos volúmenes de agua por lo que las industrias extractivas
provocan cambios importantes en los paisajes hídricos, en donde se va
imponiendo en los territorios una construcción hegemónica del agua, esto es, se
decide sobre sus significados, sobre los usos, sobre las instituciones, las leyes y
autoridades que se encargaran de gestionarla.
Las investigaciones académicas sugieren que frecuentemente las industrias
mineras logran configurar un “paisaje hídrico” y adaptar un “ciclo hidrosocial” en
función de sus interés, consiguiendo tomar control de los recursos hídricos de las
comunidades rurales (en su mayoría campesinos e indígenas), a través de
distintas estrategias materiales y discursivas tales como: la compra de tierras en
zonas estratégicas de las cuencas; la injerencia y participación en debates
101
políticos que tienen la intención de reformar la legislación y las instituciones para
la gobernanza del agua; con la solicitud de licencias y concesiones de agua
(autorización de uso de nuevas fuentes como son las aguas subterráneas); con la
construcción de obras hidráulicas; con una permanente interacción con agencias
estatales y las propias comunidades para adquirir el líquido; y a través de
discursos de nuevas tecnologías que prometen un uso eficiente del agua dentro
de la industria minera moderna, a la vez que señalan el desperdicio de agua por
los campesinos debido a sus métodos tradicionales de riego (Budds, 2012).
Las substanciales transformaciones que el extractivismo minero genera en las
aguas, “ciclo hidrosocial” y los “paisajes hídricos” –por tanto en los modos de vida
de las poblaciones locales– no deben ser interpretados sólo como un recurso que
es afectado o como simples efectos de los impactos de los proyectos mineros, el
cual puede mitigarse o compensarse; sino que desde la Ecología Política se
plantea entender dichos cambios e impactos como estrechamente ligados con las
relaciones dispares (locales y globales) de poder, en sus formas tanto materiales
como discursivas, y que están embebidos en el control del agua, produciendo
territorios con características específicas (Budds, 2012).
102
CAPÍTULO 3. Estrategia Metodológica
Esta investigación se enmarca en un diseño de corte cualitativo, en la que la
muestra, recolección y análisis son etapas que se realizan prácticamente de
manera simultánea. El método utilizado es el etnográfico que resulta apropiado
cuando lo que interesa es el significado de las experiencias y los valores humanos
en el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado. A través del método
etnográfico, con la observación y recopilación descriptiva de datos, situaciones,
eventos, personas, interacciones y comportamientos se procura un mejor
entendimiento de la organización y construcción de significados por los distintos
grupos o sociedades (Hernández; et al., 2010).
En el proceso investigativo se procuró hacer en el trabajo de campo una
aproximación al enfoque de la Investigación y Acción Participativa (IAP), el cual
combina dos procesos: el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la
población cuya realidad se aborda. La Investigación y Acción Participativa
propende por una combinación entre la teoría y la praxis; un aprendizaje y un
actuar orientados a estimular la toma de conciencia crítica de la población sobre
su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y ampliación de sus redes sociales, la
movilización colectiva y su acción transformadora (Eizagirre; Zabala, 2000).
A través de un proceso de acción-reflexión-aprendizaje se participó de diferentes
actividades convocadas por la población local del corregimiento de Palocabildo y
el municipio de Jericó, así como de eventos realizados por diversas
organizaciones regionales declaradas en oposición activa al desarrollo de
megaproyectos mineros en los municipios del Suroeste Antioqueño. Dichas
actividades de participación consistieron en: marchas, caminatas, recorridos,
plantones, conversatorios, foros, talleres, seminarios, eventos culturales y
ambientales, etc., tanto en el corregimiento de Palocabildo y municipio de Jericó,
como en distintos municipios de la subregión del Suroeste antioqueño (Támesis y
Pueblo Rico), al igual que en la ciudad de Medellín.
103
Analizando el discurso, palabras, escritos, gestos, símbolos de la población
movilizada en oposición al denominado proyecto Quebradona en el municipio de
Jericó y el corregimiento de Palocabildo, se centró y dirigió la atención hacia las
justificaciones y argumentaciones de la comunidad local en el conflicto
socioambiental; la descripción de los hechos y caracterización de los actores; el
relato y postura de los entrevistados; y la importancia que la comunidad local
declarada en resistencia le otorga a los aspectos ecológicos, económicos y
culturales respecto a la ejecución del proyecto minero. Mediante la participación
en las distintas actividades, la observación directa y entrevistas semiestructuradas
realizadas a los campesinos y habitantes del casco urbano, se identificaron las
estrategias de resistencia empleadas por los actores locales en el conflicto
socioambiental, los motivos esgrimidos en la defensa del territorio, la naturaleza y
la cultura, y especialmente, –las Representaciones Sociales del agua–, de cómo el
agua en la disputa con la minera, se constituye en un nodo central –material y
simbólico, social y natural–, eje de movilización y resistencia comunitaria.
3.1 La teoría de las Representaciones Sociales
El concepto de representación social fue propuesto desde el campo de la
psicología social en 1961. Desde entonces, se ha pasado de la elaboración del
concepto a un desarrollo de la teoría de las representaciones sociales que ha
influenciado muchas de las investigaciones de las ciencias sociales puesto que
constituye una nueva unidad de enfoque que unifica e integra “lo individual y lo
colectivo, lo simbólico y lo social; el pensamiento y la acción” (Araya, 2002). De
esta manera “ofrece un marco explicativo acerca de los comportamientos de las
personas estudiadas que no se circunscribe a las circunstancias particulares de la
interacción, sino que trasciende al contexto cultural y a las estructuras sociales
más amplias como son, por ejemplo, las relaciones de poder y de subordinación”
(Araya, 2002:9).
104
Desde la perspectiva desarrollada por Moscovici y los aportes realizados por
autores como Denise Jodelet a dicha propuesta teórica, las representaciones
sociales en tanto que proceso social “aluden a un conocimiento que se construye
en la cotidianidad y por lo tanto están adscritas al sentido común de las personas;
hace referencia a las categorías, clasificaciones y valoraciones de objetos, hechos
o fenómenos elaborados en la práctica cotidiana, lo que las hace un pensamiento
socialmente construido” (Arboleda, 2011:130). Existen entre las ciencias sociales
diferentes definiciones según la posición de cada autor(a), sin embargo, todas las
definiciones guardan en común su referencia a las funciones que cumplen las
representaciones sociales, es decir, su importancia para la comunicación, la
interacción y la cohesión de los grupos sociales (Araya, 2002).
Influenciado por autores como Durkheim, Lévy-Bruhl y Freud, entre otros,
Moscovici se interesó en estudiar el funcionamiento del pensamiento de sentido
común, elaborando la teoría de las Representaciones Sociales subrayando su
importante función simbólica y su poder en la construcción de la realidad
(Solórzano, 2013). Para Moscovici (1979) las representaciones sociales son:
“(…) una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de
los comportamientos y la comunicación entre los individuos... La representación es
un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias
a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en
un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su
imaginación” (Moscovici, 1979:17-18, en Araya, 2002:27).
Para Jodelet (1984) el campo de representación designa al saber de sentido
común, por lo que hace alusión a una forma de pensamiento social:
“(las representaciones sociales son)... la manera en que nosotros sujetos sociales,
aprehendemos los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro
medio ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de nuestro
entorno próximo o lejano. En pocas palabras el conocimiento “espontáneo”, que
habitualmente se denomina conocimiento de sentido común por oposición al
pensamiento científico. Este conocimiento se constituye a partir de nuestras
105
experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de
pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y
la comunicación social. De este modo, ese conocimiento es en muchos aspectos
un conocimiento socialmente elaborado y compartido. Bajo sus múltiples aspectos
intenta dominar esencialmente nuestro entorno, comprender y explicar los hechos
e ideas que pueblan nuestro universo de vida o que surgen en él, actuar sobre y
con otras personas, situarnos respecto a ellas, responder a las preguntas que nos
plantea el mundo, saber lo que significan los descubrimientos de la ciencia y el
devenir histórico para la conducta de nuestra vida, etc.” (Jodelet, 1984:473, en
Araya, 2002:27).
Desde un enfoque estructural Abric (1994) define la teoría de las representaciones
sociales “como conjunto de informaciones, creencias, opiniones y actitudes a
propósito de un objeto determinado”; para el autor la representación, el discurso y
la práctica se generan mutuamente (1994:12). Abric considera que no existe una
realidad objetiva a priori; toda realidad es representada, es decir, apropiada por el
grupo, reconstruida en su sistema cognitivo, integrada a su sistema de valores,
dependiendo de su historia y del contexto ideológico que lo envuelve; y esta
realidad apropiada y estructurada constituye para el individuo y el grupo la realidad
misma (Abric, 1994:78, en Solórzano, 2013:56). Entendidas así, las
representaciones sociales no serían un simple reflejo de la realidad, sino más bien
una organización significante que depende de factores más generales, como el
contexto social, ideológico y cultural, el lugar de los actores sociales en la
sociedad, la historia de los individuos, los grupos y de los intereses en juego
(Solórzano, 2013).
Las representaciones sociales están entonces vinculadas a contextos sociales,
esto es, atadas a grupos y mundos de vida que requieren formas específicas de
pensar, hablar y actuar; son conocimientos prácticos elaborados por un grupo
social en condiciones y experiencias socioculturales concretas; que tienen un
papel en la construcción de la realidad (Banchs, 2000). Las personas al nacer
dentro de un entorno social simbólico lo dan por supuesto de manera semejante
como lo hacen con su entorno natural y físico (Araya, 2002). Igual que como
106
ocurre con la realidad objetiva que nos rodea los ríos, las montañas y los mares,
etc., los lenguajes, las instituciones sociales y las tradiciones forman un panorama
del mundo en que viven las personas, por tanto, ese entorno social simbólico
existe para las personas como su realidad ontológica; sin embargo:
“Las personas también son agentes, tienen maneras específicas de comprender,
comunicar y actuar sobre sus realidades ontológicas. Una vez que comprometen
su pensamiento las personas ya no reproducen su entorno social simbólico de
manera habitual y automática sino que lo incorporan a su esquema cognitivo”
(Araya, 2002:31).
El nivel elemental de la representación social (entendida como fenómeno) es el
acto de pensamiento mediante el cual nos relacionamos activamente con un
objeto, la representación vendría a ser entonces la sustitución cognoscitiva del
objeto, sea éste real, mítico o imaginario (Jodelet, 1986, en Villarroel, 2007:440).
Solórzano (2013) expone algunos elementos que pueden ayudar a entender mejor
esta teoría.
“En primer lugar las representaciones sociales se definen por un contenido:
informaciones, imágenes, opiniones, actitudes, etc., y este contenido se relaciona
con un objeto y un sujeto (…), igualmente aluden a un proceso, es decir,
continuamente transmiten y recrean conocimiento en el acontecer de la
cotidianidad; en segundo lugar, las representaciones sociales conlleva un carácter
significante; en tercer lugar, en el acto de representación siempre hay una
actividad de construcción y re-construcción, además, éstas tienen un carácter
autónomo y creativo, esto quiere decir que las representaciones sociales se
reformulan gracias al lenguaje y comunicación y por supuesto a la agencia de los
individuos o grupos sociales; así, el sujeto es co-productor de sentido (Solórzano,
2013:58).
Las representaciones sociales constituyen en definitiva, modalidades de
pensamiento práctico orientadas hacia la comunicación, la comprensión y el
dominio del entorno social, material e ideal. A partir de las representaciones
sociales las personas producen los significados que se requieren para
comprender, evaluar, comunicar y actuar en el mundo social (Jodelet, 1986). Al
107
concebir a las personas como productoras de sentidos, el análisis de las
representaciones sociales se focaliza en las producciones simbólicas, en los
significados y en el lenguaje a través de los cuales las personas construyen el
mundo en que viven (Araya, 2002:18). Al abordar las representaciones sociales tal
cual ellas se manifiestan en el discurso espontáneo, nos resultan de gran utilidad
para comprender los significados, los símbolos y formas de interpretación que los
seres humanos utilizan en el manejo de los objetos que pueblan su realidad
inmediata (Banchs, 1986:39, en Araya, 2002:28).
El cuerpo teórico desarrollado a partir de los trabajos fundadores de Serge
Moscovici ha permitido entender, no sólo cómo los conocimientos científicos se
difunden e instalan en las sociedades en forma de representaciones, sino en
particular ha recuperado el conocimiento común, el pensamiento de la vida
cotidiana, las mentalidades y los comportamientos de la gente sencilla como
objeto legítimo para la investigación académica. Al mismo tiempo, han puesto en
evidencia el carácter activo e innovador que forma parte del sentido común
(Villarroel; et al., 2007:453).
Epistemológicamente, la teoría de las representaciones sociales se inscribe
dentro de la tradición que enfatiza la interacción entre sujeto y objeto de
conocimiento. Al ser una teoría en constante evolución, se presentan dos
principales enfoques que se han desarrollado en torno a las representaciones
sociales, el pionero de Moscovici (1961) denominado procesual, y el otro, llamado
estructural propuesto por J.C. Abric (1994).
Metodológicamente y para efectos del análisis realizado, se dio prioridad en esta
investigación al enfoque procesual de las representaciones sociales, ya que este
enfoque está centrado más en los aspectos constituyentes, es decir, en la
formación y contenido de la representaciones sociales, que en el aspecto dinámico
de las representaciones sociales (los mecanismos cognitivos) que refiere a la
estructura y dinámica de las mismas (Solórzano, 2013).
108
3.1.1 Enfoque Procesual
El enfoque procesual de las representaciones sociales se origina a partir de
algunos postulados del interaccionismo simbólico y tiene influencia de la literatura
foucaultiana en cuanto al análisis del discurso (Solórzano, 2013:59). El
interaccionismo simbólico es una corriente del pensamiento que se basa en la
comprensión de la sociedad a través de la comunicación (emisor-mensaje-
receptor). Herbert Blumer define al interaccionismo simbólico como “el proceso
según el cual los humanos interactúan con símbolos para construir significados”,
los seres humanos mediante las interacciones simbólicas, adquieren información e
ideas, mediante las cuales logran entender sus propias experiencias y las de los
demás (Inciarte; Hernández; et al., 2011).
Este enfoque procesual de las representaciones sociales conlleva una postura
socio-constructivista, ya que es una actividad de reinterpretación continua que
emerge del proceso de elaboración de las representaciones en un espacio de
interacción. Se caracteriza por considerar que para acceder al conocimiento de las
representaciones sociales se debe partir desde una perspectiva hermenéutica,
entendiendo a una colectividad como productora de sentidos. Es un enfoque
centrado en la diversidad y en los aspectos significantes de la actividad
representativa; tiene un interés focalizado sobre el objeto de estudio en sus
vinculaciones culturales y socio-históricas (Banchs, 2006; en Solórzano, 2013:60).
El procedimiento clásico utilizado por el enfoque procesual para acceder al
contenido de una representación es la recopilación de un material discursivo
producido en forma espontánea (conversaciones), o bien, inducido por medio de
entrevistas o cuestionarios. Los discursos cristalizados en obras literarias,
soportes periodísticos, grabaciones de radio pueden ser también objeto de
análisis. Independientemente de su modo de producción este material discursivo
es sometido a tratamiento mediante las clásicas técnicas de análisis de contenido
(Araya, 2002).
109
Para la construcción de las representaciones sociales, según la visión procesual,
es necesario realizar el proceso de objetivación y de anclaje, los cuales se
explican a continuación:
a) La objetivación
Objetivizar se refiere a poner en imágenes las nociones abstractas, dar una
textura material a las ideas, hacer corresponder cosas con palabras, dar cuerpo a
esquemas conceptuales (Solórzano, 2013). El amor, la amistad, la educación, son
entre otras, muchas de las cosas de las que no se tiene una realidad concreta y,
sin embargo, en forma consuetudinaria las personas las incluyen en sus
comentarios de manera concreta y tangible (Araya, 2002). Esta concretización de
lo abstracto se lleva a cabo por el proceso de objetivación. Por esto, las categorías
intangibles como los sentimientos o los valores pueden ser discernidos y asumidos
como elementos materializables en el diario vivir, al trascender la simple inferencia
o las vagas nociones (Arboleda, 2011).
Por medio del proceso de la objetivación los conceptos o ideas se transforman en
algo ‘real’, la imagen se materializa, se acoplan palabras a las cosas, lo
convencional pasa a ser considerado indicador de fenómenos comprobados, el
símbolo pasa a ser signo, lo invisible se hace visible, perceptible. La objetivación
también tiene una función social que es facilitar la comunicación, simplificar y
expresar de manera sencilla y comprensible conceptos y teorías complejas y
abstractas. “La gente se apropia de un saber para comunicarlo de manera
asequible para él y los demás” (Casado, 2001:34, en Solórzano, 2013:60).
La objetivación conlleva tres fases:
- La construcción selectiva: implica un filtraje de la información disponible
sobre el objeto de la representación. Esta selección depende de un marco
cultural y de los sistemas de valores del grupo social.
110
- El esquema figurativo: para Moscovici todo concepto, teoría o idea se
concreta en una imagen y es ésta la que termina capturando la esencia del
objeto construido, esta imagen tiene sentido y es coherente para los
individuos del grupo social.
- La naturalización: las ideas de la representación se presentan como
herramientas de comunicación entre los individuos del colectivo. Como en
una relación metonímica, las imágenes del objeto representado lo
sustituyen y se convierte en una realidad dentro de las relaciones sociales
cotidianas.
b) El Anclaje
Este segundo proceso se refiere al “enraizamiento social de la representación y de
su objeto” (Jodelet, 1986:286). El anclaje supone “incorporar nuevos elementos
del saber en una jerarquía de valores y a una red de categorías más familiares”
(Casado, 2001:79, en Solórzano, 2013:60). El anclaje hace referencia a la
incorporación de los conceptos a unas categorías o esquemas de pensamiento
social, teniendo en cuenta que a su vez dichos esquemas de pensamiento
condicionan la manera en que se articula el concepto objetivado, es por este
proceso que las representaciones se instrumentalizan como elementos de
comunicación y comprensión (Arboleda, 2011). El proceso de anclaje permite
comprender cómo se confiere el significado al objeto representado; cómo se utiliza
la representación en tanto que sistema de interpretación del mundo social, marco
e instrumento de conducta. El anclaje expresa la identidad de un grupo, contribuye
a construir relaciones sociales (Solórzano, 2013).
El enlace entre estos dos procesos (objetivación y anclaje) es dialéctico. En
efecto, el primer mecanismo describe cómo se forma una representación, y el
segundo cómo es modulada, practicada en función de los grupos sociales, de los
sistemas de pensamiento y de los marcos interpretativos preexistentes (Solórzano,
2013).
111
3.2 La Teoría Fundamentada como estrategia metodológica complementaria
para el análisis de las Representaciones Sociales
La Teoría Fundamentada es uno de los abordajes metodológicos que han sido
utilizados para el estudio de las Representaciones Sociales (Araya, 2002;
Restrepo, 2013). La Teoría Fundamentada (Grounded Theory) tiene sus inicios en
1967 con los trabajos de Glaser y Strauss, se describe como un modo de hacer
análisis, y su objetivo según Strauss es el de generar teoría a partir de textos
recogidos en contextos naturales. La Teoría Fundamentada al igual que la teoría
de las Representaciones Sociales se basa en un método de tipo inductivo, a partir
de la recolección de datos busca construir esquemas de análisis con altos niveles
de abstracción que permitan explicar y comprender un suceso, hecho o fenómeno
social específico a través de la emergencia de significados. Este método de
investigación cualitativo permite construir teorías, conceptos, hipótesis y
proposiciones partiendo directamente de los datos y no de los supuestos a priori,
de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. Datos que son
sistemáticamente recogidos, comparados y analizados (Cuñat, 2007; Ángel,
2011).
La Teoría Fundamentada hace un especial énfasis tanto en el procedimiento de
obtención de los datos (entrevistas, observación directa), como en la codificación
de los incidentes recogidos. La codificación de estos incidentes (que puedes ser
mediante palabras claves), permite posteriormente agrupar los datos en
categorías o constructos para establecer semejanzas y diferencias entre las
categorías identificadas; el termino categoría permite hablar de teoría. Lo que en
este tipo de estudios se llama teoría, es el establecimiento de regularidades y
rasgos significativos que surgen del objeto de la investigación, de manera que no
se pretende elaborar una “teoría social” universal. Se reconoce dos tipos de teoría
emergente: la teoría sustantiva la cual refiere a las explicaciones de los
informantes sobre su forma de percibir la realidad, y la teoría formal derivada del
estudio y mediada por un riguroso proceso de abstracción (Ángel, 2011:16).
112
La Teoría Fundamentada comparte con la hermenéutica el afán por interpretar o
explicar según el fenómeno, por comprender comportamientos o sucesos a partir
de las ideas que tienen los sujetos; tiene como base epistemológica el
Interaccionismo Simbólico de Herbert Blumer y el pragmatismo de la escuela de
Chicago –en las ideas de George Mead y John Dewey– (Ángel, 2011). Las
estrategias para desarrollar la Teoría Fundamentada se centran en el método del
Muestreo Teórico y la Comparación Constante, estos dos procedimientos se
conforman como las contribuciones metodológicas básicas para el desarrollo de
los procesos de investigación social (Cuñat, 2007). A continuación se explican
algunos elementos básicos y distintivos que permitan una mayor comprensión de
esta perspectiva metodológica:
El Muestreo Teórico es el medio o sistema por el que el investigador decide con
base analítica, que datos buscar y registrar, consiste en realizar de forma
simultánea el análisis y la recolección de los datos provenientes de los sujetos y/o
contextos de estudio. Este procedimiento permite al investigador, en la medida
que se van reconociendo los conceptos esenciales, ampliar la muestra cuando se
requiera de más información. Paralelamente la investigación avanza se identifican
los participantes, los tipos de grupos o los nuevos escenarios que deben añadirse
y explorarse para lograr una mejor comprensión de las categorías. El proceso de
recolección y análisis se realiza hasta la denominada saturación teórica, es decir,
cuando la recogida de nuevos datos ya no aporta información adicional o relevante
para explicar las categorías existentes o descubrir nuevas categorías (Vivar;
Arantzamendi; et al., 2010).
El método de la Comparación Constante implica una continua revisión y
comparación de los datos obtenidos para ir construyendo teoría de la realidad, lo
que ayuda al investigador a elaborar y comparar nuevas categorías mentales e
introducir nociones de espacio y tiempo, de oposición y contradicción, que pueden
ser extrañas al pensamiento tradicional. El investigador simultáneamente codifica
y analiza los datos recolectados para desarrollar conceptos; mediante una
comparación continua de incidentes específicos de los datos, refina los conceptos,
113
identifica sus propiedades, explora sus interrelaciones y los integra en una teoría
coherente (Cuñat, 2007). Hacer comparaciones teóricas es un instrumento
esencial para plantear preguntas y descubrir e identificar variaciones de patrones,
propiedades y dimensiones que pueden encontrarse en los datos.
El método de Comparación Constante se basa en un proceso de codificación que
se divide en tres fases: abierta, axial y selectiva. La primera fase, la codificación
abierta, es un análisis descriptivo, el cual consiste en construir códigos abstractos
a partir de datos particulares; mientras que la codificación axial y la codificación
selectiva, es un análisis relacional y su objetivo es establecer relaciones o
conexiones entre los diferentes contenidos que arrojan los resultados descriptivos
(Araya, 2002).
La codificación abierta consiste en dividir y codificar los datos en conceptos y
categorías. Durante esta etapa de análisis, se identifica las palabras o frases
claves que conectan el relato de los informantes con la experiencia bajo
investigación. Posteriormente se lleva a cabo la codificación axial, que consiste en
comparar los nuevos datos con las categorías resultantes de anteriores
comparaciones. Al relacionar las categorías entre sí, se elaboraron hipótesis.
Finalmente se continúa con la codificación selectiva que consiste en integrar las
categorías para reducir el número de conceptos y delimitar la teoría, lo que
permite guiar al investigador en la selección de la categoría central, es decir,
aquella categoría que por su núcleo central explica y da sentido a todos los datos
y sus relaciones, y por lo tanto explica el patrón de comportamiento social objeto
de estudio (Vivar; Arantzamendi; et al., 2010).
Para el desarrollo del análisis relacional (codificación axial y codificación selectiva)
Strauss y Corbin (2002) han propuesto una herramienta metodológica denominada
“paradigma de codificación” que sugiere una lógica de análisis para relacionar la
estructura con el proceso. Esta matriz permite presentar esquemáticamente las
relaciones entre: el fenómeno (contexto de aparición - antecedentes); condiciones
en las que varía; estrategias de acción e interacción de los actores; y las
principales consecuencias (Araya, 2002; Restrepo, 2013).
114
- Fenómeno: se refiere a patrones repetidos de acontecimientos, sucesos o
acciones/interacciones que representan lo que las personas hacen o dicen
en respuesta a problemas y situaciones en las que se encuentran.
- Condiciones: son aquellos acontecimientos o sucesos que crean las
situaciones propias de un fenómeno dado y que explican por qué las
personas responden de determinada manera.
- Acciones/Interacciones: son las tácticas estratégicas o rutinarias a través
de las cuales las personas manejan las situaciones, problemas y asuntos.
- Consecuencias: hace referencia a los efectos de las
acciones/interacciones en el contexto de un conjunto de condiciones
particulares (Strauss & Corbin, 2002; en Restrepo, 2013:127).
Los datos son el recuento que los participantes hacen de acontecimientos o
acciones, pueden ser fuentes directas (entrevistas, conversaciones), o fuentes
indirectas (experiencias, análisis de casos, notas de campo, materiales escritos y
audiovisuales). El concepto es entendido como un fenómeno al que se le puede
asignar una etiqueta o código, es una representación abstracta de un
conocimiento, objeto o acción-interacción que un investigador identifica como
significativo en los datos. Permite agrupar acontecimientos, sucesos u objetos que
poseen características similares bajo un rótulo que los clasifica o categoriza por
aspectos comunes o disímiles. Los memos son la escritura de ideas teóricas
sobre los códigos y sus relaciones, tal como al investigador le surgen en el
proceso de codificación. Ayudan a configurar el mapa de la teoría emergente y son
usados para identificar conceptos y sus propiedades (Cuñat, 2007).
La codificación es referida como el proceso mediante el cual se analiza la
información obtenida durante la investigación, se fragmenta en primer lugar los
datos brutos para luego agrupar dicha información en categorías. Son las marcas
que añadimos a las unidades de datos para indicar la categoría concreta a la que
pertenecen, estas marcas pueden tener un carácter numérico, una frase, palabra o
visual (colores) (Ángel, 2011). Las categorías son unidades de significado que
concentran ideas, conceptos o temas; son descubiertas por el investigador durante
115
el análisis de los datos. Una categoría permite referir situaciones o contextos,
relaciones entre personas, comportamientos, opiniones, sentimientos o
perspectivas sobre un problema. Es a través del análisis de las similitudes,
diferencias y grados de consistencia de los datos procedentes del campo de
estudio que emergen los conceptos, los cuales mediante un proceso de
abstracción, dan lugar a los diferentes tipos de códigos, y a partir de la
comparación entre los códigos, se generan así las categorías centrales (Vivar;
Arantzamendi; et al., 2010).
Los procedimientos metodológicos de la Teoría Fundamentada dado que permiten
que el material cualitativo recolectado en el trabajo de campo pueda ser sometido
a un riguroso modo de análisis, resultan pertinentes para la investigación en el
campo de las Representaciones Sociales (tanto en su enfoque procesual como en
su enfoque estructural), en cuanto posibilita “recoger y organizar sistemáticamente
los datos para describir el contenido de las Representaciones y develar la
estructura y la jerarquía que se establece entre sus elementos, manteniendo
siempre el asiento en los datos” (Restrepo, 2013:131). La Teoría Fundamentada al
procurar generar una teoría que permite al mismo tiempo describir y explicar, se
constituye en una herramienta esencial para el estudio de las Representaciones
Sociales, puesto que permite identificar y estudiar los contenidos de la
Representación y las relaciones entre sus elementos (aspecto descriptivo), e
igualmente estudiar la estructura y la organización (aspecto explicativo) (Restrepo,
2013).
El proceso riguroso de recolección, análisis y codificación de los datos que se
propone desde la Teoría Fundamentada facilita al investigador presentar una
descripción del contexto social en el que se originan, circulan y operan las
Representaciones Sociales; la Teoría Fundamentada también permite una
aproximación al sentido y las significaciones que tienen para las personas un
determinado objeto social, como aspecto constituyente del contenido de las
Representaciones. La identificación del contenido de la Representación mediante
la Teoría Fundamentada se realiza a través de la codificación abierta, la cual
116
permite identificar y describir durante el desarrollo de la investigación, las
categorías emergentes que dan cuenta de las informaciones y las actitudes de los
participantes frente al objeto de representación social. Asimismo, desde la Teoría
Fundamentada se puede proporcionar una explicación sobre las determinaciones
sociales de dichas Representaciones (Restrepo, 2013).
117
CAPÍTULO 4. El Agua es lo Que Hacemos y Decimos de Ella
4.1 Suroeste de Antioquia Territorio Sagrado Para La Vida: las amenazas son
regionales, la resistencia y la defensa también
Las características geológicas de la Cordillera de los Andes con un atractivo
potencial aurífero y demás depósitos minerales, sumado al hecho de las
condiciones favorables que ofrece Colombia para las transnacionales mineras en
materia tributaria, beneficios comerciales, estabilidad jurídica y una laxa política
ambiental, propició que en la primera década del actual milenio en el marco de un
incremento en la demanda y consumo mundial por materias primas, en distintos
departamentos del país –como es el caso de Antioquia y en particular la subregión
del Suroeste–, se otorgara una masiva solicitud de títulos o contratos mineros para
proyectos exploratorios, en su gran mayoría para oro (Fierro, 2012). A partir de allí
muchos de los municipios comenzaron a padecer y afrontar fuertes cambios en los
usos del suelo, pasando de ser territorios con vocación agropecuaria a ser vistos
como zonas estratégicas mineras.
A diferencia del llamado Suroeste cercano en los que están municipios de la
llamada cuenca del sinifaná, donde hay una tradición carbonífera consolidada, en
el Suroeste lejano en municipios como Jericó, Jardín, Andes, Támesis, entre otros,
las actividades económicas que han prevalecido son la caficultura, la agricultura y
el turismo. Ante la titulación y llegada de proyectos mineros a sus localidades, la
ausencia de consulta previa y los perjuicios sociales y ambientales que para los
pobladores implica las actividades de exploración y explotación minera, gran parte
de la sociedad civil y algunas autoridades locales (alcaldes y concejales) de
municipios del Suroeste, han concretado actos de oposición e iniciado procesos de
participación y deliberación pública en defensa del territorio, la naturaleza y la
cultura (González, 2013). Los mecanismos y acciones de resistencia social que se
han emprendido han sido de distinto orden tanto a través de mecanismos jurídicos
como iniciativas de movilización popular. A continuación, se nombran y explican
brevemente algunas de ellas:
118
El primer municipio del Suroeste en realizar una iniciativa dirigida a prohibir la
minería desde lo local fue Támesis; los concejales con el apoyo de la comunidad,
a través del acuerdo municipal 008 del 31 de agosto de 2012, en contravía de lo
planteado en el artículo 37 del Código de Minas (Ley 685 de 2001), aprobaron
declarar como zona de protección especial todo el territorio del municipio y de esta
forma intentar prohibir así la exploración y explotación minera de metales.
Municipios como Urrao y Jardín con el mismo propósito de blindarse de una
masiva extracción de minerales y proteger el patrimonio ambiental, social y
cultural, también aprobarían sus respectivos acuerdos municipales13 (González,
2013).
Otra iniciativa que ha involucrado a las autoridades administrativas han sido los
denominados “Consejo de Concejales del Suroeste”, el cual consiste básicamente
en un encuentro regional de concejales, el primero de ellos se realizó a comienzos
del año 2012, precisamente en el corregimiento de Palocabildo en el municipio de
Jericó, el cual contó con la participación de 36 concejales de los municipios de
Támesis, Jericó, Jardín, Venecia, La Pintada, Valparaíso, Pueblorrico y Tarso. En
estos encuentros los concejales, además de conocer las cifras, impactos y
panorámica de la exploración y explotación minera en sus territorios, han recibido
asesorías como las del abogado ambientalista Rodrigo Negrete, quien ha
expuesto las posibilidades que ofrece el marco legal a los municipios para que a
través de los proyectos de acuerdo municipal y los Planes de Ordenamiento
Territorial- POT, se defienda el territorio, el patrimonio ecológico y la vida de las
comunidades (González, 2013).
Desde la sociedad civil se ha promovido la realización de conversatorios, foros y
encuentros en los distintos municipios donde han emergido conflictos
socioambientales, los cuales tienen como intención informar y documentar a las
comunidades locales en temas asociados a la defensa del agua y el territorio.
Igualmente se han dictado talleres de capacitación a líderes de la subregión e
13
Un acuerdo municipal, palabras más palabras menos, es la decisión que toman los concejales y alcaldes para regular el territorio desde lo local, se aprueba con el voto por mayoría de concejales y lo firma el alcalde. Cabe señalar que el tribunal administrativo de Antioquia ha declarado inválidos estos acuerdos.
119
iniciado procesos de sensibilización a organizaciones de base y públicos
estratégicos (Educadores, estudiantes, Juntas de Acción Comunal, Mesas
Ambientales), este proceso de capacitación a líderes del Suroeste se le ha
denominado “Escuela de la sustentabilidad” la cual ha sido un proceso pedagógico
de formación jurídico-política (González, 2013).
Otras iniciativas que también se han emprendido desde las organizaciones base
en los distintos municipios han sido las caminatas ecológicas, movilizaciones,
plantones y marchas-carnaval. Como resultado de los diálogos implementados en
foros y espacios de formación ambiental y política se realizó entre los años 2011 y
2012, Cabildos Abiertos en los municipios de Jericó, Támesis y Jardín; además se
han promovido cabildeos ante la asamblea departamental en la ciudad de
Medellín, para visibilizar los conflictos socioambientales regionales que se vienen
presentando (COA, 2012). Desde las comunidades y grupos organizados han
surgido en el Suroeste diversas iniciativas en medios de comunicación alternativos
como periódicos, sitios web, apropiación de los espacios de las emisoras y
canales comunitarios, que ha ayudado desde las localidades a convocar,
fortalecer y concientizar a la opinión pública entorno a la defensa ambiental,
cultural y territorial de la subregión.
Una de las manifestaciones más significativas en la subregión fue la llamada
“Travesía por el Suroeste antioqueño: Un abrazo a la Montaña”. En el que del 20
al 24 de noviembre del año 2012 (retomada cuatro años después del 8 al 14 de
agosto de 2016), se realizó un masivo recorrido de caminantes que abarcó
municipios como Valparaíso, Caramanta, Támesis, Jericó, Pueblorrico, Andes y
Jardín, realizando eventos en los resguardos indígenas, cascos urbanos y áreas
rurales. El “Abrazo a la Montaña” donde se realizaron actividades lúdicas,
performance, académicas, ambientales, políticas y religiosas, estaban orientadas
a promover el sentido de pertenencia y fomentar la unión de los pueblos del
Suroeste antioqueño para estrechar el amor a sus expresiones culturales, fuentes
hídricas, paisajes, alimentos y formas de vida, haciendo un llamado a valorar,
120
proteger y defender el territorio mediante el reconocimiento local y regional
(Rodríguez, 2012).
En el presente los habitantes de los municipios de Urrao, Jardín, Támesis y
Pueblorrico avanzan en la realización de procesos de Consulta Popular, buscando
de este modo garantizar que sean los propios habitantes quienes decidan si
quieren que haya o no y de qué manera, la actividad minera en sus territorios. Si
bien el Tribunal Administrativo de Antioquia se ha pronunciado en contra, la
construcción de estos mandatos populares tiene una trascendencia mayor “puesto
que potencian a mediano y largo plazo la apropiación y el empoderamiento de las
comunidades en un proyecto de defensa integral del territorio” (Colombia Informa,
2015).
4.1.2 Cinturón Occidental Ambiental – COA
En respuesta ante la amenaza que representa el auge de grandes proyectos de
exploración y explotación minera para las poblaciones locales, los territorios y
ecosistemas del Suroeste antioqueño, se constituyó en el año 2011 el Cinturón
Occidental Ambiental – COA, como un movimiento social donde se aglutina gran
parte de las resistencias emergidas en esta subregión. Desde el COA se han
establecido cinco áreas estratégicas para la acción: 1. El Fortalecimiento
organizacional interno 2. Comunicación y divulgación 3. Relaciones
interinstitucionales 4. Investigación y formación y 5. Incidencia y acción política
(Castro, 2014).
El COA está integrado por organizaciones de Jericó (Comité por el Futuro de
Jericó), Támesis (ACATA, Biabuma, CODEATE), Caramanta (ASAP, Asamblea
Municipal Constituyente); los Resguardos Indígenas del Suroeste de la etnia
Emberá Chamí: Karmata Rua (Jardín), Miguel Cértiga Tascón (Támesis),
Marcelino Tascón (Valparaíso), Bernardino Panchí (Pueblorrico) y Hermeregildo
Chakiama (Ciudad Bolívar); El Periódico La Calle 30 y personas naturales de
Tarso, Jardín, Pueblorrico y Andes. Igualmente cuenta con el apoyo de numerosas
121
mujeres, hombres, académicos, lideres, organizaciones y colectivos de la
subregión del Suroeste (González, 2013).
El Cinturón Occidental Ambiental (COA) tanto en el ámbito regional como en las
distintas localidades ha respaldado muchas de las iniciativas, estrategias y
acciones anteriormente mencionadas, convirtiéndose en un espacio de
articulación de personas, organizaciones, entidades y procesos que lo que
pretenden es defender y proteger los recursos naturales, la población y el territorio
de la amenaza que representa el extractivismo minero. El COA, cuyo nombre es
una iniciativa en respuesta al denominado “Cinturón de Oro de Colombia”, desde
su conformación ha contado con el acompañamiento de ONG tales como Censat
Agua Viva, Conciudadanía y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,
además de entidades como la Organización Indígena de Antioquia - OIA.
En entrevista realizada a un integrante del Cinturón Occidental Ambiental - COA,
señala que:
“Como movimiento social es necesario fortalecer procesos de investigación y
formación con la finalidad de identificar y caracterizar con criterios históricos,
sociales, culturales, ambientales y normativos las amenazas extractivistas que
recaen sobre el territorio, tales como la mega-minería, los monocultivos y las
hidroeléctricas. (…) sabemos que lo esencial para la defensa de los territorios no
son solo los mecanismos jurídicos o las acciones de las autoridades locales-
institucionales, sino la movilización social-popular, la normatividad es una
herramienta, mientras los procesos comunitarios se van apropiando y
constituyendo como proyectos de vida” (Entrevista a líder del COA, 2014).
Con la intención de construir en colectivo mujeres, hombres, indígenas
campesinos, estudiantes, mayores etc., un nuevo concepto o significado alrededor
del Territorio, que pueda develar una identidad compartida y que se pueda
visibilizar en las instancias jurídicas, populares, académicas, políticas, privadas,
etc., se propuso desde el Cinturón Occidental Ambiental, una estrategia política
denominada “Suroeste Territorio Sagrado Para La Vida” (COA, 2013). Esta
campaña dirigida a fomentar un sentimiento colectivo de pertenencia, parte de
122
comprender en el espacio y el tiempo, y en su sentido más sublime, el patrimonio
natural, cultural, paisajístico, histórico y arqueológico de la subregión,
reconociendo la cosmovisión indígena, resaltando el sentido de las comunidades,
la economía agropecuaria y campesina, despertando la valoración por la
biodiversidad y las fuentes naturales como elementos esenciales para la
reproducción de la vida, apoyando las organizaciones sociales de base y
exaltando el rol y participación propositiva de la mujer y los jóvenes en la
protección de los territorios (COA, 2012; González, 2013).
“En contextos de acumulación por desposesión, caracterizados por la presencia
desmesurada de grandes empresas transnacionales que imponen un
reordenamiento económico y territorial, se potencian las luchas ancestrales por la
tierra de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, al tiempo que
surgen nuevas formas de movilización y participación ciudadana centradas en la
defensa de los recursos naturales (definidos como “bienes comunes”), la
biodiversidad y el medio ambiente; todo lo cual va diseñando una nueva
cartografía de las resistencias (…). Esta nueva cartografía de las resistencias va
asentando las bases de un giro ecocomunitario, espacio en el cual convergen cada
vez más la lucha de los movimientos campesinos, poblaciones originarias y
nuevos movimientos socio-ambientales” (Svampa, 2011:185).
En la estrategia “Suroeste Territorio Sagrado Para La Vida”, y en general en las
narrativas, carteles, consignas y escritos exhibidos en los distintos conflictos
socioambientales por minería (también es el caso del corregimiento de
Palocabildo-Jericó), existe una constante alusión alrededor del agua y la montaña
como elementos íntimamente fusionados. Esta relación o vínculo entre agua-
montaña se explica no solo por la conformación de un relieve montañoso y las
numerosas quebradas, Cuenca del río Cauca y niveles de precipitación propia del
Suroeste, sino además por la significación que para sus actividades de la vida
cotidiana ello representa, esto es, en las prácticas agropecuarias; las expresiones
locales artísticas (pintura, escultura, cuento, poesía, música); los eventos
naturales y climatológicos que suceden como avenidas torrenciales y movimientos
de masa de tierras; y el solo hecho de habitar, trabajar, recorrer y significar el
123
entorno; consciente o inconscientemente, hacen de la relación agua-montaña, un
componente central de representación social en la defensa territorial.
Foto No1. Fuente (Periódico La Calle 30). Movilización 8 de febrero 2014 municipio
de Támesis
En palabras de integrantes del Cinturón Occidental Ambiental la auto-construcción
de espacios como “Territorios Sagrados” motiva a tejer relaciones diferenciales a
partir del amor, la solidaridad y la autonomía, fortaleciendo lazos afectivos que
permiten tejer principios de hermandad y dignidad (COA, 2014). Al incorporar e
introyectar colectivamente consignas como “La Vida es Sagrada”, “Agua Sagrada
para la Vida” y “Territorio Sagrado para la Vida”, se convierten en eficaces
dispositivos simbólicos y políticos respecto a los poderes hegemónicos y
racionalidades netamente economicistas, al tiempo que estimulan y legitiman la
lucha por una justicia social y ambiental, en el ámbito local, regional y nacional.
124
Estas nuevas formas de concebir y enunciar promueven marcos alternativos que
desafían a los regímenes de representación dominantes, para plantear una
relación naturaleza y sociedad, económicamente más justa, políticamente más
democrática y ecológicamente más honesta para las generaciones presentes y
futuras (Boelens; et al., 2014:8).
Las poblaciones locales del Suroeste antioqueño que con dignidad están en
resistencia son conscientes de que han sido arrojados a un campo de difícil
disputa y de posiciones de poder político y económico claramente asimétricas, en
el cual los promotores de la minería van consolidando cada vez más una densa
trama articulada, con efectos multiplicadores y complejos, en pos de la
legitimación del modelo minero (Svampa, 2011). No obstante, las comunidades en
resistencia saben que ante los desafíos y la incertidumbre social y ambiental que
significa la masiva titulación y proyectos de exploración-explotación minera, en las
distintas veredas y corregimientos del Suroeste, la defensa y protección de las
poblaciones, los territorios y la naturaleza serán más eficaces si se plantea desde
una unidad regional. Es así que la resistencia comunitaria surgida en Jericó-
Palocabildo se articula y coordina con un proceso regional de movilización y
defensa territorial más amplio, llevado a cabo actualmente por diversas
organizaciones de los municipios del Suroeste.
4.2 La disputa por el agua, los actores y sus estrategias: en Jericó dicen NO
a la Imposición de la minería
Para gran parte de la población Jericoana el tema que sin lugar a dudas
compromete la continuidad ambiental y social del municipio es el Proyecto minero
Quebradona, desarrollado por AngloGold Ashanti (actualmente en fase
exploratoria). Ante el desarrollo de dicho proyecto y los demás títulos mineros que
posee la empresa se ha generalizado en Jericó un inconformismo y malestar
social, tanto entre la población que habita las veredas del corregimiento de
Palocabildo como entre quienes habitan el casco urbano. Diversos actores locales
125
conjuntamente se han expresado en oposición al denominado Proyecto
Quebradona y las políticas mineras, las cuales dicen “son impuestas desde el
gobierno central sin que se tenga en cuenta en lo más mínimo nuestra opinión”.
Quienes en Jericó han realizado una resistencia activa la minería han conformado
desde el año 2012 un espacio llamado “Comité por el Futuro de Jericó”. El comité
cívico pro defensa de Jericó ha sido la organización donde convergen todos los
actores del área rural (campesinos, finqueros) y casco urbano (comerciantes,
profesionales, estudiantes, artistas, personas del clero, personas del común,
jubilados, etc.,). Desde allí se ha promovido y organizado la resistencia social en
defensa del territorio, la cultura y la naturaleza, a través de diversas acciones de
carácter educativo, comunicativo, político y jurídico14.
El “Comité por el Futuro de Jericó” ha convocado (18 de mayo del 2012) a un
cabildo abierto donde se discutió el tema de las implicaciones e impactos que
tiene la minería en el territorio, ha presentado ante el Concejo Municipal proyectos
de acuerdo para proteger los nacimientos y las aguas de la minería, desde este
espacio se han organizado y realizado conversatorios, foros, marchas, actividades
artísticas (danzas, música y oratoria etc.), encuentros veredales, talleres
ambientales en planteles educativos, caminatas por los cerros locales,
microcuencas y otra serie de iniciativas dirigidas a la apropiación y salvaguarda de
las riquezas naturales y culturales del municipio.
Una de las herramientas más eficaces empleadas por el comité cívico pro defensa
de Jericó ha sido la creación en febrero del año 2013 de un periódico local llamado
“Despierta Jericó”, un órgano informativo mensual que ante la cooptación de la
administración local en cabeza del alcalde David Alonso Toro Cadavid 2012-2015,
el canal comunitario y las emisoras locales, por parte de la empresa AngloGold
Ashanti, el periódico “Despierta Jericó” se ha convertido –según los pobladores
14
En el municipio de Jericó también existe una resistencia pasiva. No suele movilizarse a través de marchas o bloqueos, no obstante, es importante por su apoyo moral y económico para ciertas actividades. En los comicios electorales 2016-2019, donde AngloGold Ashanti promocionó abiertamente el candidato de su preferencia, quedó electo como alcalde Jorge Andrés Pérez Hernández (2016-2019), y quien en la campaña fue el único aspirante que se declaró abiertamente opositor al Proyecto Quebradona. Para su elección la resistencia pasiva a la minería -alentada por una resistencia activa- jugó un rol decisivo con su voto.
126
locales–, en un importante medio de denuncia y divulgación sobre todo lo que
acontece en torno al conflicto minero, y demás temas socioambientales del
municipio y la región del Suroeste.
El periódico que saca y reparte 500 ejemplares mensuales y cuyos recursos
económicos provienen todos de aportes voluntarios de la misma comunidad
jericoana, se ha logrado materializar en una importante estrategia comunicativa en
donde permanentemente se informa y denuncian las acciones y omisiones tanto
de la multinacional como de la administración municipal entorno al Proyecto
Quebradona.
Jericó es caracterizado en su historia reciente por ser un municipio pionero a nivel
ambiental, creó en el año de 1992 el "Estatuto del Ambiente", este estatuto tiene la
intención de proteger, preservar y defender el ecosistema y recursos naturales del
municipio, el ponerlo en práctica ha sido una importante instrumento para la
conservación y protección de los recursos naturales que posee el territorio. Debido
al empeño y gestión ambiental realizada por la sociedad civil y grupos
organizados, al igual que el trabajo de algunas de las sucesivas administraciones
se ha logrado declarar dentro del Esquema de Ordenamiento Territorial de Jericó,
varias zonas de protección ambiental, hídrica y paisajística15 (ver capítulo l). Este
proceso ha permitido interiorizar en los discursos y prácticas de gran parte de la
población (de las veredas y la cabecera urbana), unas opiniones y actitudes
ecológicas compartidas de respeto y salvaguardia por el medioambiente, en
especial en lo que corresponde con la protección de las cuencas, aguas y
coberturas vegetales.
Como resultado de ese proceso construcción colectiva de Jericó como un
“municipio verde”, se cuenta oficialmente desde el año 2007 con una Mesa
Ambiental, un espacio que desde la sociedad civil ha propiciado la participación,
diálogo, reflexión y expresión de la población jericoana alrededor de la gestión
15
El municipio de Jericó ha declarado varias áreas de reserva forestal, parques Naturales y Ecosistemas Estratégicos. Por su función reguladora de caudales, sostenimiento e incremento de especies de flora y fauna y corredores biológicos, entre otros, además ha destinado dentro de su EOT zonas y lugares de interés ecológico y paisajístico.
127
ambiental municipal, en temas tales como acopio y recolección de los residuos
sólidos, reforestación, protección e intervención de las cuencas hídricas y
preservación de la flora y fauna entre otros. Ante el conflicto socioambiental
suscitado por el Proyecto Quebradona, la Mesa Ambiental también se ha
constituido en un actor clave promoviendo marchas, foros y acciones jurídicas,
tanto a nivel local, regional y nacional.
Desde la Mesa Ambiental se ha dedicado importantes esfuerzos haciendo
seguimiento y veeduría a los impactos ocasionados por la empresa minera en las
aguas y coberturas vegetales, concientizando a la población en general y
acompañando en particular a los campesinos en sus reclamos y manifestaciones.
Según Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, con el
auge de titulación y proyectos de exploración minera en la subregión del Suroeste
antioqueño, se han fortalecido los vínculos entre las mesas ambientales zonales
de municipios que comparten una misma homogeneidad espacial e identidad
cultural como son Caramanta, Valparaíso, Támesis, Pueblorrico y Tarso, los
cuales junto a Jericó conforman lo que se denomina la “Región Cartama”.
El ingreso de la minería con el Proyecto Quebradona desarrollado por AngloGold
Ashanti y sus discursos alrededor del progreso, el desarrollo, la riqueza y el
empleo derivado; han entrado en constante contradicción y pugna con la
representación social que se tiene de un “Jericó municipio verde” que enarbolan y
reivindican los pobladores locales declarados en resistencia y en custodia del
territorio. De esta manera en el conflicto socioambiental por minería son
reiterativas las narrativas que desde la localidad (ruralidad y casco urbano) se
enuncian por el riesgo que constituye para la sostenibilidad socioambiental, la
exploración y una eventual explotación minera en las montañas del corregimiento
de Palocabildo, en especial por los impactos producidos en las aguas.
“Para nosotros los 165 años de fundación e historia que con arduo trabajo,
responsabilidad y honradez nuestros antecesores, y hoy nosotros, hemos
construido y dado un sentido de pertenencia y amor a Jericó, es nuestra mayor
riqueza (…) Por eso, ante la imposición minera y sus impactos sociales y
128
ambientales, defendemos la vida sustentada en el agua, la agricultura y la paz que
tanto nos ha caracterizado” (Despierta Jericó, 2015:32).
Para los habitantes locales agrupados en el “Comité Para el Futuro de Jericó”,
desde donde se ha catapultado las acciones de defensa del territorio, se considera
el desarrollo de actividades de explotación minera incompatible con el bienestar de
la comunidad y el cuidado de la naturaleza. Para ellos resulta inconcebible como
el gobierno central y la empresa multinacional pretenden transformar el Jericó
pacífico y agropecuario en un Jericó minero, pues afirman que “en Colombia no
hay un solo pueblo minero que se escape a la violencia, la delincuencia, el daño
ambiental, la desintegración social, el abandono estatal, la corrupción y la miseria”
(Despierta Jericó, 2013:11).
La llegada de proyectos mineros a poblaciones y territorios que no poseen una
vocación minera, no necesariamente son concebidos como una oportunidad de
empleo o desarrollo, sino que esta apertura minera, puede representar para
muchos lugareños, una amenaza, un brusco choque que altera profundamente las
dinámicas locales, las condiciones culturales, naturales y socioterritoriales a las
que están habituados. En las narrativas locales recopiladas de la resistencia
comunitaria,
“No admitimos que por un afán de lucro, que desde luego no nos beneficiará y se
irá a otros países, se nos venga a imponer con la minería un cambio en los usos
del suelo; una afectación del entorno ecológico y social (…) se nos vulnere el
derecho al agua potable, a gozar de un medio ambiente sano, el derecho a vivir y
trabajar en paz según nuestras costumbres cafeteras y agropecuarias16.
4.3 Los impactos de la “Responsabilidad Social” de AngloGold Ashanti
Sin propiamente haber iniciado una fase de explotación (ya sea a cielo abierto o
por socavón) han sido varios los impactos sociales y ambientales ocasionados por
la empresa. La llegada en el año 2003 de AngloGold Ashanti a Jericó y
16
Base de datos. Entrevistas y conversaciones con actores locales en oposición a la minería (2014-2016).
129
Palocabildo se hizo casi de manera imperceptible hasta el año 2007 que iniciarían
las primeras perforaciones; lo primero que ocurrió fue la división de la comunidad,
quienes se declararon a favor y quienes se declararon en contra. La empresa
minera, bajo el ropaje de la “responsabilidad social empresarial”, llegó ofreciendo
empleo (no especializado) a los habitantes del corregimiento y demás veredas, si
bien los contratos han sido en su mayoría temporales, hubo un momento de la
fase exploratoria (año 2012) que el personal vinculado sobrepasó las 300
personas del corregimiento y veredas. No obstante la contratación laboral ha
oscilado entre la vinculación masiva y los despidos masivos, al año 2014 el
número de personas vinculadas laboralmente de la región era de 150 (AGA,
2014), mientras que para el 18 de diciembre de 2015 la empresa reportó un
despido de más de 100 trabajadores.
Los sueldos pagados por la empresa son de forma regular y en muchas ocasiones
superan el salario mínimo. La población campesina que maneja sus ingresos de
manera cíclica propio del cultivo de café, además de la crisis y bajos precios del
sector y los riesgos propios de la agricultura (costos, plagas, clima), –asumidos
siempre por los cultivadores–, hicieron de la opción de la minería una oportunidad
de estabilidad económica y laboral para varios de los habitantes locales del
corregimiento. En su mayoría fueron los jóvenes quienes ingresaron al proyecto
minero abandonando masivamente las fincas cafeteras de sus padres y familiares
en las cuales trabajaban, por lo que los cultivos de café en tiempos de cosecha se
han visto seriamente amenazados por falta de mano de obra local para colectar el
grano.
Cuentan los pobladores locales que la vinculación laboral inició en el año 2006 y
todo funcionó muy bien hasta el año 2008, cuando con la operación de las
primeras plataformas de perforación se presentó la ruptura de acuíferos (aguas
subterráneas), con la consiguiente disminución de los caudales hídricos de
algunas de las quebradas (aguas superficiales), afectando los acueductos
veredales del corregimiento, por esta situación una decena de trabajadores locales
renunciaron a la empresa al ver los impactos originados en las aguas. Ante un
130
panorama de contaminación y escasez hídrica la mayoría de la población de
Palocabildo comenzó a cuestionar y manifestarse en contra del proyecto, por lo
que los conflictos entre la misma comunidad se agudizaron, por una parte los
trabajadores vinculados y sus familias que defendían el derecho a laborar en la
empresa y el progreso que esto les había significado (la mayoría compró moto), de
otra parte las familias que denunciaban la afectación de las aguas, el territorio y
sus costumbres, dividiéndose la comunidad entre pro-mineros y anti-mineros
surgiendo así acusaciones, señalamientos y posiciones contrarias entre vecinos y
familiares, deteriorando el tejido social17.
Debido a la cada vez mayor participación, organización y permanente movilización
comunitaria en resistencia al Proyecto Quebradona, AngloGold Ashanti comenzó a
emplear una serie de estrategias bajo el lema de “la responsabilidad social
empresarial”, donde el principal protagonista ha sido el factor dinero. En entrevista
con integrantes del Comité por el Futuro de Jericó, afirman que AngloGold Ashanti
ha intentado negociar con los líderes pero la respuesta de la comunidad es que
“Aquí todos somos líderes”; ha financiado actividades públicas que siempre
correspondieron a las administraciones municipales, ha donado dinero y
materiales a casi todas las organizaciones comunitarias, sea Juntas de Acción
Comunal, parroquias, grupos juveniles, del adulto mayor; también ha aportado
dinero para las escuelas, para las carreteras, para celebrar la canonización de la
Madre Laura, para la administración municipal, fiestas etc.; mantiene una
constante publicidad radial, televisiva y escrita en los medios locales de su
supuesta responsabilidad social y ambiental empresarial, a la vez que desacredita
a quienes contradicen sus pretensiones empresariales (Despierta Jericó, 2013:3).
Compañías mineras como AngloGold Ashanti, tanto en el ámbito local como
nacional, han construido y publicitado un discurso frente a esta actividad como
asociada al desarrollo, al futuro del país, al empleo, al progreso y al mejoramiento
de las condiciones de vida de la población, en un esfuerzo por legitimar su
17
Se han tornado situaciones tan conflictivas que incluso se ha llegado a enfrentamientos físicos entre conocidos y familiares.
131
proyecto de apropiación territorial. Para Svampa (2011) la llamada
“responsabilidad social empresarial” utilizada por las transnacionales:
“Forma parte de un dispositivo más amplio que apunta a instalar y legitimar el
nuevo modelo extractivista. Hacia afuera, las empresas se orientan a desarrollar
vínculos estrechos con Instituciones o Universidades a partir de convenios, al
tiempo que desarrollan una intensa publicidad en los más diversos medios de
comunicación, en el marco de un discurso que subraya la opción por una “minería
responsable”. Hacia adentro, en relación a las comunidades en las cuáles se
desarrolla la actividad extractiva, sus efectos son aún mayores, en la medida en
que sus intervenciones focalizadas y el entramado que generan, introducen
cambios sustantivos en la producción y reproducción de la vida de las personas”
(Svampa, 2011:199).
La administración municipal en cabeza del alcalde David Alonso Toro Cadavid
(2012-2015) con constantes alusiones acerca del progreso, desarrollo y empleo
que para el municipio significa el Proyecto minero Quebradona, la mayoría de sus
actuaciones como alcalde han estado parcializadas en favor de los intereses de la
empresa. Preocupada por la imagen que entre los pobladores locales estaba
generando el proyecto, AngloGold Ashanti contrató los servicios de una firma
encuestadora para conocer el sentir de los habitantes y las molestias ocasionadas
(Despieta Jericó, 2014:14).
Algunas de las estrategias o mecanismos de persuasión o seducción empleadas
por la empresa han sido regalos particulares a los presidentes de las Juntas de
Acción Comunal como viajes a Santa Marta (Despierta Jericó, 2014:22); a solicitud
de la administración local (2012-2015), regala pintura, tejas y bultos de cemento a
familias del municipio, aporta recursos materiales para las fiestas de Jericó (El
Festival de La Cometa, realizadas en el mes de agosto), y dona instrumentos
musicales y materiales lúdicos para los estudiantes (ver foto No 2.). La compañía
ha creado además unas visitas programadas al campamento conocidas como “Los
miércoles mineros”, allí se informa de las buenas prácticas de la empresa y los
beneficios de dicha actividad; también tienen un programa llamado “Tula Minera”
en el canal comunitario y en cadena radial, donde a través de sátiras ofenden
132
permanentemente a los líderes de la resistencia social (Despierta Jericó, 2014:22).
En respuesta al periódico “Despierta Jericó”, AngloGold Ashanti creó un periódico
con tiraje a color llamado “El Jericoano”, donde la propaganda a favor de la
administración municipal y la empresa minera son evidentes.
Foto No 2. “Obsequios” de la responsabilidad social empresarial18 suministrados
por AngloGold Ashanti a los estudiantes de Palocabildo
En contextos extractivos las asimetrías propias de la dinámica entre lo local
(movimientos campesinos, indígenas y populares) y lo global (empresas
multinacionales) se exacerban. Las grandes empresas con el fin de conformar
enclaves de exportación, tienden a concentrar un número importante de
actividades, controlando no solo la vida social sino también compitiendo y
subalternizando la economía local. El peso económico de estas empresas es tal,
“que en ocasiones los intereses de las corporaciones atraviesan y hasta sustituyen
18
Foto suministrada el 23 de enero del año 2016 por integrantes del Comité Para el Futuro de Jericó. Dos cuadernos, doce colores, un lápiz y un bolígrafo.
133
al Estado, menospreciando y/o violentando procesos de decisión ciudadana”
(Svampa, 2011:197).
A través del poderoso incentivo del dinero y efectuando donaciones, AngloGold
Ashanti ha buscado ganarse la simpatía de la población, tratando de provocar la
cooptación indirecta de voluntades y la limitación del ejercicio de la opinión de la
comunidad. Si bien no se puede desconocer el beneficio que en materia laboral y
económica el proyecto les ha traído a varias de las personas y familias, ello no
compensa los impactos en las dimensiones cultural y política, puesto que la
empresa ha resquebrajado el tejido social, sobre todo en la población rural
campesina de Palocabildo, confrontándolas, dividiéndolas, apelando a sus
necesidades básicas insatisfechas como empleo, salud y educación, que no sobra
ratificar, son deber misional del Estado y no deberían ser utilizados como
compensación de impactos generados por la intervención minera, menos aún
como lobby para instaurar la imagen de “bienhechora” que pretende instaurar la
empresa.
4.4 El Inicio de las perforaciones mecánicas en el corregimiento de
Palocabildo
Cuentan los lugareños que la primera vez que vieron la llegada de actividades
mineras al territorio fue en el año 2003 con el nombre de KEDAHDA S.A. Los
primeros tanteos se hicieron de bajo perfil y sin ninguna consulta, a través de
recorridos iban sondeando y recolectando por las distintas veredas muestras de
suelo y piedrecitas de los barrancos, los distintos caminos y en los cauces de las
quebradas. A los habitantes locales empezaron a pagarles por muestras de
arenas que extrajeran de los distintos caños y quebradas que hay en el
corregimiento, con la condición de que indicasen la microcuenca y el lugar donde
provenían; posteriormente empezaron masivos sobrevuelos en helicóptero sobre
sitios específicos del municipio y dotados de un extraño aparato, relatan los
pobladores locales (magnetógrafo, detector de metales).
134
Para el año 2007 empezarían las perforaciones manuales, iban a las fincas y con
barrenos extraían pequeñas muestras en diámetro y de profundidades
superficiales. Según los habitantes entre el año 2008 y 2010 se realizaron las
primeras perforaciones mecánicas. Los pobladores locales afirman que fue entre
esa fecha que por primera vez se escuchó el ruido que producía la broca al
perforar el subsuelo, el ruido era de tal magnitud que se escuchaba en todas las
veredas del corregimiento, no obstante, dentro de los reportes de la empresa las
perforaciones exploratorias oficialmente se iniciaron en el año 2012 (AGA, 2015).
Según habitantes de Jericó con el inicio de las perforaciones mecánicas en el año
2008 por parte de AngloGold Ashanti, arribó un contingente de soldados al
corregimiento de Palocabildo, los cuales nunca habían estado pero que desde
dicha época se han instalado de forma permanente en el área rural, justo al lado
de las exploraciones mineras y en predios de una empresa reforestadora de pinos
(Rincco S.A). Lo que extraña a gran parte de la comunidad, es que Jericó y sus
alrededores se han caracterizados por ser pueblos históricamente pacíficos que
jamás han tenido violencia derivada del conflicto armado o el narcotráfico.
Debido a que los soldados llegaron al mismo tiempo que iniciaran las primeras
perforaciones mecánicas y en Jericó nunca había tenido la presencia permanente
de ejército, para integrantes del comité cívico opositores al proyecto minero “la
presencia de los militares tiene como único fin cuidar los intereses de AngloGold
Ashanti” (Despierta Jericó, 2014:17). Cada vez que la comunidad local se moviliza
y de forma pacífica han pretendido llegar a las plataformas de perforación para
dejar constancia con comunicados escritos a los ingenieros de la empresa sobre el
malestar social por los impactos ocasionados en las aguas, los soldados les salen
al paso y les prohíben la entrada (ver foto No 3.), recordándoles que es propiedad
privada, lo mismo hacen funcionarios de la empresa quienes realizan registros
fílmicos de los manifestantes (Despierta Jericó, 2015:31). Cuando los campesinos
bloquean la carretera veredal, la inmediata presencia disuasiva del ejército y la
policía se convierte en un factor atemorizante para los manifestantes.
135
Foto No 3. Fuente: COA. Movilización 24 de enero 2014 - Finca El Chaquiro -
Corregimiento de Palocabildo, Jericó.
En la actividad minera para realizar las perforaciones exploratorias subterránea se
utiliza una perforadora (fuente de energía mecánica), que impulsa una broca
(herramienta que ejerce energía sobre la roca). El principio de la perforación se
basa en el efecto mecánico de percusión y rotación, cuya acción de golpe y
fricción producen el astillamiento y trituración de la roca (CODELCO, 2015). Si
bien en las perforaciones los huecos cilíndrico denominados taladros poseen un
diámetro de 6 pulgadas, estos alcanzan una profundidad en el subsuelo de miles
de metros. En el caso particular del Proyecto Quebradona las perforaciones
alcanzaron profundidades superiores a los 1500m (Balance AGA, 2012).
La instalación de las plataformas de perforación según los pobladores locales se
realizó en tres tipos de predios, en tierras de campesinos, en terrenos de una
empresa reforestadora de pinos Rincco S. A (ver foto No 4.), y en un predio
136
municipal llamado El Poleal (en donde según los discursos de los pobladores
locales se afectaron los acuíferos). El Poleal había sido adquirido en pasadas
administraciones con el fin específico de preservar las fuentes hídricas, sin
embargo a pesar de que este predio es un área de importancia hídrica y una zona
de sotobosque nativo (ver foto No 5.), con ejemplares arbóreos como Tabaquillo,
Roble, Guacamayo, Punta de Lanza, Laureles, Barcinos, Siete Cueros, Carates y
Encenillos, para poder instalar algunas de las plataformas e introducir la
maquinaria a lomo de mula, fue necesario abrir caminos entre dicha vegetación.
Afirman los habitantes de Jericó que la administración municipal de ese entonces
(año 2008), jamás manifestó algún reparo absoluto respecto al riesgo que en las
aguas y la vegetación podría ocasionar la instalación de plataformas mineras
dentro del predio El Poleal.
Foto No 4. Fuente (AGA, 2012). Predio el Chaquiro (Reforestadora Rincco), lugar en
donde se instaló una plataforma de perforación.
137
En la finca El Chaquiro (sembrada en pinos), según reportes de AngloGold Ashanti
las perforaciones realizadas suman 9.986 metros (Despierta Jericó, 2014:19). A
partir de la instalación de las plataformas de exploración minera y los impactos
ocasionados, se comenzó generalizar un malestar social entre los distintos
habitantes del municipio, como lo relata en entrevista (2015) un líder integrante del
comité para el futuro de Jericó:
“Cuando empezamos a ver que los trabajos de abrir caminos para construir las
plataformas y entrar las maquinarias de perforación requerían talar árboles, que a
esas máquinas había que alimentarlas con agua de las quebradas y mezclarla con
lubricantes, que de ellas salían lodos contaminados, que el ruido que producían
espantaban todos los animales, y sobre todo cuando rompieron los acuíferos del
subsuelo, secándose los nacimientos y mermándose el caudal de algunas
quebradas. La mayoría supimos que algo grave estaba pasando en el territorio y
entonces ejercimos el derecho a la movilización y protesta democrática”
(Entrevista, Comité por el Futuro de Jericó, 2015).
Foto No 5. Fuente: Isaza, 04/04/2015. Predio El Poleal, corregimiento de Palocabildo
138
4.5 El Agua, origen de la discordia
En el corregimiento de Palocabildo, en su parte más alta, se encuentra ubicado El
Parque Municipal Natural Las Dantas, un área referenciada dentro del Esquema
de Ordenamiento Territorial de Jericó como de interés ecológico y suelo de
protección ambiental (EOT, 2010). Por su importancia ambiental y paisajística, es
altamente valorado a nivel local no solo por los campesinos de Palocabildo sino
por los habitantes del casco urbano del municipio, pues además de albergar
bosque nativo allí nacen muchas de los afluentes del corregimiento. Es justamente
en la parte superior de la montaña, declarada como parque natural municipal, en
donde nacen las aguas que abastecen los acueductos del corregimiento (La
Soledad, La Hermosa, Vallecitos, Palocabildo y Quebradona), de la vereda de
Pradera y Buga, y de algunas fincas ubicadas en la ribera del río Cauca, al igual
que varias veredas del corregimiento de Palermo, jurisdicción del municipio de
Támesis.
Muchas de las plataformas de perforación fueron ubicadas en la parte alta de
Palocabildo, si bien las perforaciones no se realizaron específicamente en los
predios del Parque Municipal Natural Las Dantas, con el consentimiento de la
administración municipal, sí se realizaron en otras partes altas del corregimiento,
concretamente en el predio El Poleal, –propiedad del municipio, área destinada a
la protección hídrica, y a la conservación y reforestación de vegetación nativa–. Al
poco tiempo del inicio de las perforaciones mecánicas en este sitio los habitantes
campesinos de las 5 veredas de Palocabildo, de otras veredas del municipio como
Buga y del corregimiento de Palermo (municipio de Támesis), comenzaron a
percibir19 y apreciar una significativa reducción de las aguas superficiales de
algunas de las quebradas del territorio que surten los acueductos, sobre todo en
tiempos de sequía o verano llegando inclusive a perder totalmente sus aguas; algo
19
En la generación de conflictos ambientales el daño puede ser considerado como real, cuando es objetivamente comprobable o bien puede ser percibido por los actores receptores y que se sienten afectados, “daño subjetivo”.
139
que nunca había ocurrido, relatan los campesinos de más edad20 (RED
audiovisuales, 2013; RAFE, 2015).
Foto No 6. y Foto No 7. Fuente: (Fotos sumnistradas por la Mesa Ambiental de
Jericó, 2015). Afluente de la quebrada el Poleal sin flujo de agua superficial.
Así mismo que advertían la merma atípica de los caudales también se observó
que en ocasiones las aguas bajaban de otro color. Preocupados por la situación
que acontecía con las aguas en su territorio los campesinos acompañados por
distintas organizaciones y dos delegados de Corantioquia realizarían un masivo
recorrido (Acto de Veeduría, 2012), en el cual se comprobó las afectaciones que
en las aguas subterráneas había ocasionado las plataformas de exploración
minera en el predio El Poleal. Cuentan antiguos trabajadores de la empresa que
cuando estaban haciendo las perforaciones en esos sitios empezó a emanar
bastante agua con una fuerte presión, la empresa intentó taponar la salida de
agua del subsuelo pero ésta siguió saliendo por la pendiente de la montaña (Acto
de Veeduría, 2012).
20
https://www.youtube.com/watch?v=-K6vjGt1kCY
140
La afectación de las aguas subterráneas fue corroborado por un campesino
exempleado de la empresa quien en entrevista señaló que “con la perforación en
el Poleal en el año 2008 pincharon lo que llaman un acuífero, eso empezó a salir
un chorro de agua de la tierra, la empresa nos dijo que no dijésemos nada, pero al
ver que iban a acabar con las aguas y la vereda, yo me salí de trabajar de la mina,
volví a coger café y ahora defiendo el territorio”. Este testimonio remite a una
representación del agua y el territorio como elemento y espacio de vida que hay
que defender, el cual se antepone incluso por sobre los réditos económicos que a
corto plazo una actividad como la minería les pueda generar, pero la cual muchos
pobladores locales perciben como una seria amenaza socioambiental. En el
recorrido realizado (Acto de Veeduría, 2012), también se evidenciaría la reducción
de manantiales y caudales de otros arroyos y riachuelos, al igual que una notoria
disminución de las aguas de la cuenca que surte una pequeña laguna llamada La
Mama. Cabe señalar que a noviembre de 2015 aún sigue saliendo agua del
subsuelo de las dos plataformas abandonadas.
Al mismo tiempo que la empresa realizaba las perforaciones exploratorias en el
predio municipal “El Poleal” alterando las aguas subterráneas y los habitantes
locales asentados en la parte media y baja del corregimiento observaran la merma
en el caudal de las quebradas, afectando por tanto sus acueductos comunitarios,
teniendo incluso que racionalizar el agua, un hecho que nunca antes había
ocurrido. AngloGold Asahnti a su vez aspiraba expandir la zona de exploraciones
mineras pretendiendo realizar perforaciones en el predio La Aurora, un área que la
empresa siempre ha pretendido intervenir y la cual se ha convertido en un
referente clave en la defensa de las aguas y el territorio por parte de la resistencia
social Jericoana.
La Aurora es una hacienda de propiedad de la comunidad de los sacerdotes
Benedictinos ubicada en el corregimiento de Palocabildo, su importancia radica en
que hace parte del Parque Municipal Natural las Dantas (EOT, 2010), de allí la
oposición a que se explore este sitio, pues es apreciado entre los habitantes por
su alta riqueza hídrica y ambiental. La hacienda la Aurora está ubicada justo en la
141
parte inferior del Parque Municipal Natural Las Dantas (ver fotos No 8 y 9), y en su
parte contigua se encuentra el predio “El Poleal”; lo que aducen los campesinos es
que si se llegase a realizar actividades de exploración o explotación minera en la
hacienda La Aurora (tal como ocurrió en el predio “El Poleal”), inevitablemente se
verían aún más afectadas las aguas (subterráneas y superficiales), por lo cual se
pondría en total riesgo el suministro de la misma para el uso doméstico y las
actividades agropecuarias.
Foto No 8. Fuente: Isaza, 04/04/2015. Parte alta, Parque Natural las Dantas; parte
baja, Hacienda la Aurora.
Al estar “La Aurora” ubicada en un área estratégica para la regulación del recurso
hídrico y destinada para el consumo humano, además de estar en una zona de
protección ambiental municipal, fue entonces que los campesinos junto a otros
actores de Jericó se declararían en resistencia activa al proyecto minero al
considerarlo una grave amenaza ambiental y social para el territorio. A partir de allí
se agudizarían los conflictos no solo entre la empresa minera y la población
142
declarada en oposición (Comité por el Futuro de Jericó), sino entre la comunidad
que se encuentra en resistencia y la administración local 2012-2015 (alcalde y
algunos concejales); al igual que se profundizarían las diferencias entre
integrantes de la misma comunidad, quienes están vinculados laboralmente a la
empresa y quienes desde la reivindicación de sus actividades campesinas y
agropecuarias se encuentran en oposición al proyecto minero.
Foto No 9. Fuente: Isaza, 05/04/2015. Parte alta del corregimiento de Palocabildo
(Parque Natural las Dantas y Hacienda la Aurora).
En entrevista con el Obispo de Jericó, Noel Londoño Buitrago, cuenta que la
comunidad religiosa de los benedictinos compró el predio “La Aurora” porque
vieron allí el lugar más indicado para construir su monasterio, el retiro que ofrece,
las vidas tranquilas de los que serían sus vecinos campesinos, la naturaleza que
lo rodea, la riqueza en aguas y las posibilidades agrícolas que les permitiría una
autosuficiencia alimentaria hacía de ése el lugar idóneo. No obstante, comprado el
terreno se enteraron de que en la parte aledaña, en el predio “El Poleal”, se
143
realizarían exploraciones mineras. En consecuencia, “ellos se asesoraron
científicamente de los impactos que podría ocasionar una explotación minera y
con base en eso decidieron desistir de la construcción del monasterio”, afirma el
Obispo.
Al apreciar la merma de las aguas en las fuentes hídricas del territorio y observar
como la empresa pretendía expandir las exploraciones mineras con la anuencia de
la administración municipal (2012-2015), sin adquirir ningún compromiso o hacer
algún tipo de consulta con la comunidad, no solo en la parte alta del corregimiento
(hacienda la Aurora), sino también hacia otras veredas del municipio, habitantes
campesinos de Palocabildo y otras veredas comenzaron a expresar y materializar
su insatisfacción y desacuerdo con el proyecto minero, este malestar se
extendería rápidamente entre diversos actores y habitantes del casco urbano, al
igual que entre campesinos del corregimiento de Palermo (municipio de Támesis),
quienes también vieron afectadas las aguas (COA,2012).
A través de diversas acciones y reuniones de concientización orientadas por el
Comité por el Futuro de Jericó –colectivo donde se agrupa la resistencia–, tanto en
el área rural (veredas) como en el casco urbano, se fueron sumando diferentes
actores –campesinos, jóvenes, estudiantes, mayores, educadores, artistas,
ambientalistas, parte del clero, comerciantes y algunos concejales– que según
integrantes del comité, ha permitido gestar una oposición activa, unificar y
fortalecer un discurso de resistencia no solo alrededor del denominado Proyecto
Quebradona y la presencia de AngloGold Ashanti en el territorio, sino también ante
las políticas impulsada por el gobierno nacional, que impone y prioriza el
desarrollo y la actividad minera en menoscabo de la autonomía de las entidades
territoriales, de la productividad agraria-cafetera, de la pervivencia de las culturas
rurales y la sostenibilidad de los ecosistemas naturales.
Con el impacto de las actividades exploratorias mineras en términos de
acaparamiento, disminución, pérdida y contaminación de las fuentes hídricas, gran
parte de la población comenzó a poner en duda y en cuestión a la empresa
minera. A partir de la ruptura de los acuíferos y de que hubiese una merma en los
144
acueductos comunitarios, la población local se organizó y movilizó políticamente,
justo allí surgiría realmente el movimiento actual de resistencia en Jericó,
consolidándose progresivamente con el paso del tiempo.
“Cuando la vida de la comunidad está seriamente comprometida, ejercer la
democracia significa la participación colectiva directa, pues es indispensable hacer
entender a quienes afectan el medio ambiente y los modos locales de vida, que el
interés colectivo prima sobre el interés individual” (Despierta Jericó, 2014:13).
Las distintas acciones de manifestación como marchas, cabildos, foros, etc., pero
sobre todo los continuos mecanismos de presión emprendidos por los campesinos
del corregimiento de Palocabildo, en compañía de los campesinos del
corregimiento de Palermo y con el apoyo material y moral de distintos actores del
casco urbano de Jericó, a través de movilizaciones y bloqueos a la carretera
veredal han impedido en varias oportunidades la circulación de los vehículos y la
entrada del personal al campamento minero (El Colombiano, RCNradio, El
Mundo), lo que ha permitido que la resistencia local reivindique como un
importante conquista el que después de sucesivos bloqueos y manifestaciones se
le tenga prohibido a la empresa minera cualquier actividad exploratoria y tránsito
de sus vehículos por las partes altas de las veredas del corregimiento.
Respecto a la constante situación de acciones directas o vías de hecho AngloGold
Ashanti ha desistido de expandir por ahora sus exploraciones mineras,
concentrando sus actividades únicamente en la vereda Quebradona y dos fincas
particulares conocidas como el Chaquiro y la Coqueta ubicadas en la vereda la
Estrella. La finca el Chaquiro, sembrada en su totalidad de pinos es propiedad de
la empresa maderera Rincco21, por lo que ambas empresas han pactado un
acuerdo para permitir las exploraciones dentro de la plantación de pinos (ver foto
21
La empresa maderera Rincco S.A. llegó a Jericó en el año 2007 comprando predios en las partes altas de las veredas de Río Frío, La Estrella y en la microcuenca de la quebrada El Borrachero, sumando según la asociación de madereros de Jericó más de 3000 hectáreas sembradas en pino (Plan Territorial de Salud Jericó 2008 – 2011). Con la progresiva extensión en los últimos años de este monocultivo no solo se ha afectado el paisaje, flora, fauna y ecosistemas locales, sino que estas plantaciones forestales también demandan gran cantidad de agua, afectando los niveles freáticos, los nacimientos y las micro cuencas, pues no se está respetando las rondas de retiro de los cauces (Despierta Jericó, 2014:15)
145
No 4.). El principal motivo del conflicto por actividades exploratorias en la vereda la
Estrella reside en que allí nacen las aguas que abastecen el acueducto de la parte
baja del municipio de Jericó, un barrio llamado Palo Santo, el cual surte más de
200 familias, lo que ha aumentado el malestar social en el casco urbano.
Para la población campesina del corregimiento de Palocabildo declarada en
oposición al Proyecto Quebradona, resulta inadmisible que las montañas que
durante generaciones les han proporcionado la vida con sus tierras fértiles donde
sembrar y sus aguas puras para tomar, hoy se vean amenazadas no solo por el
ingreso de la mega-minería encabezada por AngloGold Ashanti, sino también por
la progresiva expansión del monocultivo de la especie arbórea pino-patula. Ante la
minería de oro y los monocultivos de pinos, afirman los lugareños en Jericó:
“Hoy más que nunca es que estamos en defensa de nuestra caficultura, medio
ambiente, el agua, la tierra, el aire, la fauna y nuestro paisaje, pues las actividades
de la minera y la pinera representan una amenaza para nuestros modos de vivir”
(Despierta Jericó, 2013:11).
Para algunos habitantes campesinos y del casco urbano, la presencia y recíproca
convivencia entre estas dos actividades extractivas en el territorio, minería y
monocultivo, es la consecuencia –entre otras–, de la cada vez mayor
concentración de la tierra y la paulatina desaparición del minifundio en Jericó,
fenómeno que también ocurre en los demás municipios de la subregión del
Suroeste antioqueño, por actividades entre otras como la ganadería extensiva. En
entrevista con integrantes del COA y el comité por el futuro de Jericó, la situación
regional de acumulación de tierra por actividades como los monocultivos y la
ganadería, favorece el arribo de la mega-minería, dado la cada vez mayor
ausencia de comunidad rural campesina que sienta y defienda el territorio.
146
4.6 El control hegemónico de un “Ciclo hidrosocial” y la construcción de un
“Paisaje hídrico” en el corregimiento de Palocabildo por AngloGold Ashanti
Debido a su poder político y económico la presencia de AngloGold Ashanti en el
corregimiento de Palocabildo y en Jericó ha venido configurado en el territorio con
respecto al agua un “Paisaje Hídrico” y un “Ciclo Hidrosocial” a la conveniencia de
sus intereses, a través de diversos mecanismos y estrategias (materiales y
discursivas) tales como: la legalización de títulos mineros; compra de predios
estratégicos en las veredas; sucesivas concesiones de aguas (otorgadas por la
autoridad ambiental); con el vertimiento, contaminación, acceso y uso de grandes
volúmenes de agua; con la aplicación de tecnologías que alteraron las aguas
superficiales y subterráneas; con la construcción de infraestructura que les ha
permitido abastecerse directamente de las fuentes hídricas; y a través de
narrativas de la reutilización y el buen manejo del agua, publicitados
constantemente en los medios de comunicación local. Le ha posibilitado a la
compañía ir imponiendo un “paisaje hídrico”, donde si bien no se desconoce la
importancia que refiere el agua, en la práctica se concibe como un recurso
mediado por la economía, que debe ser aprovechado y estar al servicio de los
proceso de extracción minera.
En las veredas del corregimiento mucha de la infraestructura (equipamiento),
como son los acueductos, el alumbrado público, mejoramiento de vías, la placa
polideportiva, adecuación de la escuela entre otros, se han sacado adelante
gracias al trabajo comunitario y la capacidad de gestión de sus líderes ante el
municipio y distintas entidades. Específicamente en cuanto a la construcción de
los acueductos veredales, estos fueron posibles en buena medida gracias al
apoyo económico propiciado por los comités cafeteros, según cuentan los
mayores alrededor de 30 años. Debido al paso del tiempo y el crecimiento
poblacional, los acueductos comunitarios requieren periódicamente, para poder
garantizar su funcionamiento, de mejoras técnicas en la infraestructura (bocatoma,
tuberías, válvulas, plantas de potabilización, tanques de almacenamiento). No
obstante, dentro de las juntas administradoras de los acueductos, forma de
147
organización comunitaria empleada en el corregimiento de Palocabildo, no suele
disponerse de los suficientes recursos económicos para poder reparar las averías
técnicas.
AngloGold Ashanti a través de algunas de las personas que integran las Juntas de
Acción Comunal y que están vinculadas laboralmente al Proyecto Quebradona, ha
ofrecido mejorar las instalaciones del acueducto (vereda Palocabildo y
Quebradona) con dineros de la empresa minera. Este ofrecimiento económico que
se produjo bajo el rotulo de la responsabilidad social empresarial, ocasionó al
interior de la comunidad una intensa discusión, sin embargo, después de una
asamblea auto convocada la mayoría de la población votaría por la inconveniencia
de aceptar la propuesta, puesto que a través de ese tipo de iniciativas la empresa
podría controlar políticamente a futuro las decisiones dentro de las juntas
administradoras del acueducto y de este modo socavar la autonomía comunitaria.
Algunos títulos de exploración solicitados por las compañías mineras en el
Suroeste fueron otorgados en las áreas donde nacen las principales fuentes de
agua de varias de las localidades. Por ejemplo: entre Caramanta y Támesis en la
parte al de la cuenca del Rio Conde a 3.200 m.s.n.m. le fueron otorgados títulos
mineros a la empresa Solvista Gold. En los nacimientos de los afluentes de La
Linda, el Río Claro y el San Juan, en el municipio de Jardín, los títulos otorgados
fueron a Continental Gold Jupiter S.O.M. Mientras que algunos de los títulos
mineros de la empresa AngloGold Ashanti, comprenden áreas de los nacimientos
del Rio Frío y La Guamo en la localidad de Támesis y de las quebradas de El
Chaquiro, la Yolombala22, y Quebradona en el municipio de Jericó (Castro, 2014).
En el municipio de Jericó - corregimiento de Palocabildo, la autoridad ambiental de
Corantioquia (Territorial Cartama), ha otorgado varias concesiones de agua a la
empresa para sus exploraciones mineras. Por ejemplo, el 7 de marzo de 2011 se
otorgó un caudal total de 1.736 L/s [Litros por segundo] para ser utilizados en 7
plataformas y con 6 puntos de vertimientos (Despierta Jericó, 2014:22). Ese
22
La microcuenca de La Yolombala, drena en la microcuenca del afluente Quebradona, que a su vez es afluente del Rio Piedras (principal Rio de Jericó), que a su vez desemboca en el Río Cauca.
148
mismo año la multinacional minera tenía una solicitud en el Chaquiro y La Coqueta
por 3.02 L/s (expediente CA1-11-115). En los afluentes de San José, La Lucía y la
Coqueta en noviembre de 2012 Corantioquia admitió una solicitud de 4.8 L/s a la
minera Quebradona S.A., (expediente CA1-12-115); En las quebradas Poleal,
Yolombala y Quebradona tienen una concesión de aguas por 6.28 L/s, y les fue
adicionada 7.82 L/s más (Corantioquia expedientes CA1-10-134, 11-77 y 11-78).
Con las diversas concesiones de agua solicitadas y otorgadas para la necesaria
operación y funcionamiento de los taladros en la fase exploratoria, AngloGold
Ashanti ha requerido de considerables cantidades de agua, las cuales han sido
mezcladas con lubricantes (aceites), generando residuos y vertimiento en los
afluentes. Los vertimientos producidos se han dado en ocasiones sin el permiso
de la autoridad ambiental, significándole a la empresa el inicio de un trámite
sancionatorio por parte de Corantioquia, Acto Administrativo No. 130 CA 1411-
13759 del 12 de noviembre de 201423 (Despierta Jericó, 2014:22). En entrevista
con los campesinos siempre fueron reiterativos en mencionar que cuando ellos
piden una merced de aguas, Corantioquia muchas veces se las niega o se les
demora demasiado en darles una respuesta.
En las plataformas de perforación minera se suele dirigir el taladro en distintas
direcciones, alturas, profundidades, por lo que las brocas atraviesan corrientes
subterráneas de agua, lo cual hace que ésta se profundice o escape hacia la
superficie afectando las aguas subterráneas y superficiales. En el año 2012
cuando estaba en pleno auge las actividades de perforación minera en Jericó, el
laboratorio del Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad de
Antioquia realizó un estudio de la calidad fisicoquímica y microbiológica de las
quebradas Higuerillos, Quebradona, La Fea, y Zacatín, en el cual se indicó que:
“El índice de calidad del agua determinado [en esas quebradas] es buena según
los parámetros... sin embargo, las concentraciones de cianuro registradas indican
23
Es de resaltar que el proceso sancionatorio que inicia Corantioquia como autoridad ambiental, se originó por la visita de control que hizo la Contraloría General de la Nación el 31 de marzo y el 2 y 3 de abril de 2014 a Corantioquia - Territorial Cartama, con sede en Jericó, en la cual fue fundamental la gestión realizada por el Comité por el futuro de Jericó (Despierta Jericó, 2014:22).
149
que estas aguas no son aptas para el consumo humano teniendo en cuenta los
reconocidos efectos adversos que esta sustancia tiene sobre la salud humana”
(Expediente Corantioquia CA7-2011-4) (Despierta Jericó, 2013:6).
Dadas las características políticas, geo-económicas y tecnológicas de la minería
metalífera actual, esta se ha convertido en un importante factor de reasignación de
las dotaciones hídricas de los territorios y en nuevas formas de desigualdad
ecológica (Machado, 2011). Desde la fase de exploración minera mediante
diversas prácticas y mecanismos, AngloGold Ashanti va asegurando su provisión
de agua en detrimento de los habitantes locales. Con la afectación en la calidad,
cantidad y disponibilidad de las aguas se altera no solo el ciclo hidrológico, sino
también el llamado “ciclo hidrosocial” local. A partir de una racionalidad basada en
el conocimiento técnico y la eficiencia del agua, el amparo en un marco normativo
institucional, sumado a un enorme despliegue de capital y poder, la empresa cada
vez va haciéndose al control y uso de los flujos del agua en el territorio,
produciendo un paisaje hídrico en función de sus intereses y en el que se genera
una relación asimétrica de ganadores y perdedores, de poseedores y
desposeídos, intensificando así las disputas o conflictos por el agua entre
comunidades, empresa y gobiernos.
4.7 Clasificación y Análisis de los Actores del Conflicto Socioambiental
Se procedió a clasificar los actores que se han visto inmiscuidos en el conflicto
socioambiental en Jericó-Palocabildo a partir de la de clasificación de actores
propuesta por Gudynas y Santandreu (1998), según la cual:
150
TIPOS DE
ACTORES
GENERADORES
Aquellas personas naturales o jurídicas que al
desarrollar determinadas actividades generan
problemas ecológicos que afectan a un grupo
determinado de personas, ejemplo: constructores
de un proyecto, gobiernos, administraciones
municipales, empresas.
RECEPTORES
Conjunto de elementos o personas que se
consideran afectadas (incluyendo a las personas
jurídicas) por un impacto ambiental directa o
indirectamente, ejemplo: personas, organizaciones,
flora, fauna y ecosistemas.
INICIADORES
Es el grupo de personas naturales o jurídicas que
enteradas del impacto ambiental generado o a
generarse, inicia y desarrolla formalmente el
conflicto. Los iniciadores del conflicto suelen ser los
receptores del impacto directo del problema
ambiental causado por los generadores, ejemplo:
actores comunitarios.
REGULADORES
Entidades que desempeñan funciones públicas
relacionadas con la administración, control y
vigilancia de los recursos naturales. Autoridad con
la facultad para conocer, resolver y decidir. No se
refiere al manejo de conflicto sino que trata del
cómo se gestionan los bienes ambientales,
ejemplo: Ministerio, Autoridades ambientales,
Autoridades municipales
Cuadro No 4. Fuente: (Santandreu y Gudynas, 1998). Tipos de actores en el
conflicto Socioambiental.
Con el objetivo de reconocer los actores, posición frente al conflicto, intereses,
roles (acciones) y alianzas existentes, el análisis se complementó con el modelo
del Iceberg, en el que:
151
El Actor: es el conjunto de personas u organización con intereses
homogéneos. Los distintos grupos de actores sociales involucrados y que
determinan las características del mapa del conflicto socioambiental,
poseen diferencias en los conocimientos, jerarquización de su poder,
recursos y aspectos culturales. Aunque los actores se identifican como
entes colectivos con intereses comunes, a su interior también puede existir
variedad de intereses que están en tensión o en negociación.
Posición frente al conflicto: se las expresa como determinadas posturas,
una frente a otra y que generalmente no se prestan a discusión. Las
posiciones tienden a ocultar las causas reales y los verdaderos intereses de
los involucrados: a favor, indiferente y opositor (pasivo-activo).
Intereses: son lo que las partes o actores dentro de un conflicto están
tratando de conseguir del otro, objetivo personal, motivo por el cual se
involucran.
Roles o acciones desempeñadas: conductas, estrategias, medios, o
recursos de los actores dirigidos hacia la implementación de sus intereses u
objetivos. Funciones que desempeña cada actor y el objetivo que persigue
con su accionar.
Alianzas existentes: capacidad del actor de realizar y consolidar vínculos
estratégicos con otros actores en los niveles local, regional, nacional e
internacional (alto - medio - bajo).
Partiendo de la clasificación propuesta por Gudynas y Santandreu (1998), se pudo
identificar en el conflicto socioambiental en Jericó-Palocabildo los siguientes
actores:
GENERADORES
- Empresa AngloGold Ashanti: con sede en Johannesburgo Sudáfrica, es una
compañía gold mining, ello quiere decir una minería que es productora de oro a
nivel global, con operaciones en distintos continentes y que cotiza en bolsas de
valores (New York, Londres). Esta empresa es la tercera productora de oro en el
mundo y tiene asignados 406 títulos mineros en el país, distribuidos en cinco
152
proyectos que abarcan 781 hectáreas divididas así: La Colosa en el Tolima,
Quebradona y Gramalote en Antioquia24, Salvajina en el Cauca, la Llanada en
Nariño, Chaparral en el Tolima y Rio dulce en Antioquia (Rugele, 2013).
AngloGold Ashanti no solo es la minera más grande en Colombia sino que opera a
través de distintas filiales, o tiene contratos de riesgos compartidos con otras
mineras tales como Glencore, B2Gold, Greystar y Goldfields. La empresa se dio a
conocer en Colombia en 2007, con el anuncio del descubrimiento de La Colosa en
el departamento del Tolima, sin embargo, antes operaba en el país a través de
una empresa satélite llamada Sociedad Kedhada S.A., fundada en 2003 y creada
en las Islas Vírgenes Británicas (Pulido, 2011).
Uno de los conflictos socioambientales mineros más álgidos en el país se
encuentra precisamente con el proyecto minero La Colosa en el municipio de
Cajamarca-Tolima, en donde poblados aledaños como Piedras y la capital
departamental Ibagué, han protagonizado grandes manifestaciones y acciones
populares con una gran resonancia a nivel nacional en contra de las políticas
mineras impulsadas por el gobierno, el proyecto y la empresa. La hegemonía de
AngloGold Ashanti se manifiesta mediante un despliegue de poder político-
económico a través de lazos con las instituciones del Estado, el gobierno
(nacional, departamental y local), partidos políticos, las universidades, actores
comunitarios y la fuerza pública.
- Gobierno Nacional: en cabeza del Presidente de la republica Juan Manuel
Santos (2010-2014 y 2014-2018), de acuerdo con su visión y plan de desarrollo,
es el principal promotor e impulsor (al igual que los gobiernos que lo
antecedieron), del desarrollo o proyectos de extracción minera en el país, bajo dos
principios de carácter constitucional: el Estado es propietario del subsuelo y de los
recursos naturales no renovables conforme al artículo 332 de la Constitución
Política; y la declaratoria de utilidad pública e interés social de la industria minera,
efectuada a través del artículo 13 del Código de Minas (Ley 685 de 2001). Usando
24
AngloGold Ashanti menciona en su página web que en Colombia “tiene una posición significativa de la tierra” (holds a significant land position) y que ha hecho dos descubrimientos mineros importantes: Quebradona en el municipio de Jericó – Antioquia y La Colosa en el municipio de Cajamarca – Tolima.
153
ambos principios, el ejecutivo o gobierno de turno decide sobre el lugar de los
títulos mineros, qué es y en quién se encarna –empresas multinacionales– el
interés público para extraer el subsuelo.
- El gobierno departamental: como es sabido, la descentralización político
administrativa (entidades territoriales) tiene sus limitaciones, no es autónoma, en
virtud de que los planes, programas, proyectos y acciones de carácter
departamental y municipal deben estar sujetos y acordes con el plan de desarrollo
nacional, en este sentido, el gobernador Sergio Fajardo 2012-2015. Al eludir,
evitar y rehusar hablar del tema minero cuando los campesinos y la comunidad lo
interrogan (aduciendo es un tema que le compete al gobierno nacional), se
convierte para las personas movilizadas en Jericó en un actor que contribuye a
agravar el conflicto.
- La administración municipal (alcalde y concejales): El alcalde David Alonso
Toro Cadavid (periodo 2012-2015) y la mayoría de concejales, son abiertos
promotores y defensores del Proyecto Quebradona. En reuniones de socialización
pactadas previamente entre los actores movilizados (la comunidad en general), la
alcaldía y directivos de la empresa, donde los funcionarios de AngloGold Ashanti
no asisten a pesar de comprometerse, el alcalde David Alonso Toro en dichas
reuniones asume insistentemente una defensa de la empresa por los réditos
económicos y la fuente de generación de empleo que representa el Proyecto
Quebradona para el municipio y el corregimiento de Palocabildo.
- Procuraduría General de la Nación: en cabeza de Alejandro Ordóñez 2009-
2016, con sus conceptos sobre la inconveniencia de que las entidades territoriales
decidan en sus jurisdicciones sobre el tema minero, funcionarios de la
procuraduría de Antioquia, a solicitud del alcalde David Alonso Toro Cadavid
(2012-2015), se han pronunciado en contra de la propaganda “No a la minería, Si
al Agua” que los opositores mineros ubicaron en los espacios públicos de Jericó.
154
RECEPTORES
Pequeños campesinos cafeteros: Jericó cuenta con 21.670,5 ha, distribuidas en
2.092 predios. De estos el 74,12% de los predios son de tamaño muy pequeño
menores a 5 ha; 16,26% son entre 5 y 20 ha; el 4,44% entre 20 y 50 ha; el 4,49%
entre 50 y 200 ha; y el 0,67% de los predios son mayores a 200 ha; en este
sentido predominan los minifundios de pequeños y medianos productores, de
predios con vocación cafetera, siendo la pequeña caficultura el rubro más
representativo de la economía campesina (Plan de Desarrollo Municipal 2016 –
2019).
Los pequeños campesinos se caracterizan por que trabajan, poseen y viven de la
tierra (ámbito rural), habitan en las veredas del corregimiento y los domingos
suelen bajar al pueblo hacer mercado, son dueños de pequeñas parcelas
cafeteras (con sembrados de plátano y pancoger), tienen una alta dependencia del
predio (menor a 5 hectáreas) y del trabajo familiar (esposas e hijos). Sus ingresos
económicos dependen de las actividades prediales y extra-prediales asociadas
básicamente a las actividades cafeteras, agrarias y en menor medida en
actividades pecuarias, también se emplean en las fincas aledañas. La población
campesina que dice ser afectada directamente por la merma de los caudales de
las quebradas que abastecen los acueductos, son los que más se movilizan
activamente en el conflicto.
Campesinos del corregimiento de Palermo – Támesis: sus actividades
económicas son las mismas que la de sus vecinos cafeteros de Jericó, los cuales
obtiene su sustento principalmente de las actividades asociadas a la recolección
del grano. Cuando hay cosecha cafetera en Jericó, estos mismos campesinos de
Támesis trabajan como recolectores en Palocabildo. Los campesinos del
corregimiento de Palermo se han movilizado en conjunto con los de Palocabildo,
pues también han percibido que desde que AngloGold Ashanti inició las
perforaciones mecánicas en el cerro que divide los dos municipios (Parque Natural
Municipal las Dantas), las aguas que drenaban en abundancia hacia la vertiente
de Támesis y surtían algunos acueductos, se han visto notoriamente disminuidas.
155
Medianos cultivadores cafeteros: anteriormente algunos eran pequeños
caficultores, pero gracias a la constancia y el trabajo se lograron convertir en
medianos productores (son generadores de empleo rural en el territorio). El café
les ha permitido educar los hijos como profesionales y ser poseedores por ejemplo
de vehículos particulares tipo camperos, en donde bajan la carga de café al
pueblo. Están vinculados a la Federación Nacional de Cafeteros (predios menores
de 20 hectáreas), dado que la economía cafetera les ha permitido tener una
condición de vida estable, e incluso tener otro tipo de cultivos (aguacate,
invernaderos), estos actores ven en el proyecto minero, en la escasez y
contaminación del agua un riesgo a sus intereses.
Pequeños ganaderos de la parte alta: la ganadería de leche que es practicada
por algunas familias locales en la parte alta de Jericó, (que también se emplean en
las actividades cafeteras), con predios menores de 20 ha, la mayoría se oponen a
la exploración minera en el territorio. Los pequeños ganaderos lecheros del
corregimiento de Palocabildo han dado testimonio de la merma del caudal de las
quebradas y de la Laguna la Mama, lugar en donde bebe el ganado. Aducen que
una escasez mayor de agua, pondría en alto riesgo las actividades pecuarias de
las cuales depende su sustento.
Ganadero latifundista - parte baja: ganadero de la zona baja en el Rio Cauca
que se han unido a la oposición minera en Jericó, desde una oposición pasiva
apoya la resistencia mediante el apoyo de recursos materiales. Aduce que el agua
que desciende del sector de Palocabildo se ha visto mermada desde las
exploraciones mineras, afectando al ganado, y teniendo que hacer inversiones
económicas en acequias para los semovientes.
Propietarios de finca de recreo: aunque viven en Medellín, la mayoría de
propietarios son originarios del municipio de Jericó o tiene alguna relación familiar
con habitantes del municipio, viajan los fines de semana en plan de recreo y
descanso (en las fincas hay cultivo de café). Con la irrupción del proyecto minero y
las afectaciones en las aguas, suelos, coberturas vegetales, paisaje etc., sus
fincas y predios se podrían ver desvalorizados. Muchos de estos propietarios
156
participan en actividades puntuales los fines de semana como foros convocados
por la resistencia.
Indígenas de la etnia Emberá Chamíes del Resguardo Miguel Cértiga Tascón
en Támesis y del resguardo Bernardino Panchí (municipio Pueblorrico): La
denominación Chamí como subgrupo Emberas, refiere más bien a una distinción
del área geográfica habitada por ellos. El Chamí es una extensa región que limita
con Antioquia por el nudo del Paramillo y comprende desde el nacimiento del Río
San Juan (en el Chocó), hasta la unión de éste con el río Agüita. Las comunidades
Embera Chamí de comienzos del siglo XVI a la llegada de los españoles se
encontraban organizadas en varias provincias (Nohanamá, Poya, Tatamá, Citará –
cuenca del Río San Juan y Río Tatamá). El proceso colonizador obligó a los
indígenas Emberá a efectuar migraciones a diversas regiones, entre ellas el
Suroeste Antioqueño. Los Chamí del suroeste antioqueño son migrantes de la
zona noroccidental del departamento de Risaralda (Gonzáles, 2013).
En el marco de la resistencia regional a la titulación y proyectos mineros que se
adelantan en el Suroeste, los indígenas Embera Chamí se han vinculado de forma
activa a la defensa cultural y territorial con la denominada Guardia Indígena. En
las acciones desarrolladas en Jericó en particular, integrantes y líderes del
reguardo Miguel Cértiga Tascón en Támesis, y de una forma más pasiva los
indígenas de la etnia Emberá Chamí del resguardo Bernardino Panchí en
Pueblorrico, participan desde sus propias cosmovisiones en las movilizaciones y
discusiones que se realizan sobre los impactos que ocasiona la minería en la
cultura y ecosistemas.
Personas naturales del casco urbano: son en general habitantes mujeres y
hombres que participan periódicamente de las actividades convocadas por el
Comité por el Futuro De Jericó (espacio que articula la resistencia de los actores
de las veredas del corregimiento y del casco urbano), se emplean en las distintas
actividades de servicios en el pueblo (tiendas, papelerías, museos, peluquerías,
hoteles, etc.,) estas personas que ejercen una oposición pasiva se solidarizan con
los campesinos de Palocabildo ya que son sus conocidos de toda la vida, o en
157
otros casos existe algún tipo de vínculo familiar. Las personas del municipio desde
sus propios discursos perciben la actividad minera como una amenaza, sobre todo
con respecto a dos temas: la contaminación y escasez del agua en el municipio; y
el deterioro en materia de seguridad, que aducen implicaría una explotación
minera en Jericó, el cual describen como pueblo tranquilo y pacífico.
Jubilados: son personas que desde sus tiempos libres y dedicados ya a sus
actividades de placer, contribuyen con actividades de comunicación y logística en
la resistencia socioambiental, dado su experiencia y conocimientos se convierten
en actores locales claves. Algunos jubilados y exprofesores universitarios que
viven en el casco urbano de Jericó o en casafincas ubicadas en las veredas,
manejan el lenguaje técnico-científico de los impactos mineros (hidrogeológicos) y
los temas ecológicos, por lo que son en muchas ocasiones interlocutores o
voceros en actividades específicas programadas por la resistencia social, algunos
viven continuamente entre Medellín y Jericó.
Educadores locales: algunos profesores de los distintos planteles educativos
locales, en su mayoría oriundos del mismo Jericó, participan activamente en las
actividades desempeñadas por los opositores mineros, transmitiéndoles en el
proceso educativo información a los estudiantes (también a los padres de familia),
sobre los impactos de la minería en general y las aguas en particular.
Activistas ambientales: integrantes en su mayoría de la Mesa Ambiental de
Jericó, son personas con un interés definido por las temáticas ambientales, unos
viven en las veredas otros en el casco urbano de Jericó. Dada la experiencia y la
formación académica y jurídica, algunos de ellos conocen sobre los impactos
ecológicos y culturales de los proyectos mineros y las estrategias de penetración
cultural que despliegan las empresas en los conflictos. Estos actores
constantemente realizan diversas actividades asociadas a la resistencia y
promueven la veeduría comunitaria respecto al manejo que del recurso agua hace
el Proyecto Quebradona. Poseen alianzas con otros actores claves de
organizaciones regionales y nacionales vinculados a otros conflictos mineros en el
país, son los que apareen como voceros ante los medios de comunicación
158
regionales y nacionales, y trabajan de la mano con los campesinos liderando los
recorridos de monitoreo por las microcuencas del área de influencia del proyecto
minero.
Comerciantes: son personas dueñas de restaurantes, una marroquinería,
cafeterías en el parque, una tienda o pequeños hoteles y hostales en el pueblo y
que están en oposición al Proyecto Quebradona, cuelgan en sus establecimientos
las banderas en rechazo a la minería, así como reparten el periódico “Despierta
Jericó” (editado por la resistencia social de sentido crítico y al servicio de las
causas ambientales locales y regionales del Suroeste). Estos actores anhelan que
el municipio continúe con su economía y dinámica cafetera y de turismo religioso y
patrimonial, la cual por supuesto los beneficia. Aunque ejercen más una oposición
pasiva más que una movilización activa, en momentos que los campesinos y otros
actores, realizan plantones marcha etc., los comerciantes aportan importantes
recursos en especie (alimentos).
Obispo de Jericó y parte del clero: una parte de la comunidad religiosa de
Jericó (hermanitas Laura), en particular el Obispo de Jericó Noel Londoño Buitrago
con su activa y abierta oposición al Proyecto Quebradona y desde su condición de
religioso y referente espiritual, se ha convertido en un vocero y líder clave para los
demás integrantes de la oposición minera, haciendo eco de la encíclica del Papa
Francisco titulada Laudato Si' sobre “el cuidado de la casa común” (Planeta
Tierra), reflexionando en su prédica sobre la conservación del medio ambiente, el
ánimo de lucro que caracteriza a las multinacionales mineras, las afectaciones y
riesgos a las que son sometidos los campesinos en particular y la población en
general con la contaminación y escasez del agua.
Conductores o transportadores: son los choferes inter-veredales y de los buses
o microbuses Medellín-Jericó (Transportes Jericó), que anhelan seguir viendo el
pueblo con su vocación agropecuaria cafetera y de turismo religioso. Los
transportadores de los carros de las veredas del corregimiento, suelen disponer
sus vehículos para facilitar el desplazamiento de manera gratis a las personas que
participan en las actividades convocadas por la resistencia social a la minería.
159
Estudiantes universitarios de Jericó: sus padres son los comerciantes o
medianos cafeteros. Estudian en Medellín entre semana y viven en Jericó con sus
familias los fines de semana (ingenieros, abogados, comunicadores, etc., de
universidades públicas y privadas), mujeres y hombres en edad joven que deciden
participar en la resistencia, en mayor o menor medida, y aportar desde sus
disciplinas en formación. Son sensibles respecto a la problemática hídrica que
afronta el municipio en general y los campesinos en particular.
Los jóvenes: son estudiantes del municipio en su mayoría de secundaria o del
SENA, otros integran bandas musicales (de rock), grupos de danza, escultura o
teatro (con edades inferiores a los 20 años). Algunos de estos jóvenes crearon en
el contexto de la disputa con AngloGold Ashanti, un colectivo juvenil llamado
“Amigos del Agua”, en donde han gestionado apoyo del SENA y Corantioquia con
recursos técnicos y capacitación para el monitoreo de cuencas, convirtiéndose en
una especie de guardianes y custodios del territorio junto a los ambientalistas y
campesinos.
Artistas: son los artistas oficiales del municipio vinculados a la resistencia social,
algunos desde la pintura, escultura, música y poesía expresan sus creaciones
alrededor de las temáticas mineras y la conservación del medio ambiente, sea en
el parque principal, el Museo Municipal de Historia y Arqueología MAJA, el Museo
Religioso u otros espacios. Una de las estrategias de AngloGold Ashanti ha sido
financiar con recursos las diversas actividades culturales que se realizan en el
municipio, por lo que entre la comunidad artística se ha generado una división
entre quienes reciben estos apoyos (dinero, instrumentos musicales, uniformes,
transporte) y quienes deciden no aceptarlos.
Algunos integrantes del concejo (periodo 2012-2015): aunque son solo 2
integrantes, están en abierta oposición al Proyecto Quebradona y a la gestión del
alcalde David Alonso Toro Cadavid 2012-2015, no piensan sólo en los réditos
económicos o regalías que eventualmente podría traer un proyecto minero a las
finanzas del municipio, sino que en sus discursos hablan de la conservación del
agua y las costumbres agropecuarias y cafeteras que caracterizan el pueblo en el
160
cual viven y crecieron. Aunque son minoría en el concejo, estos concejales se
convierten en la voz de la resistencia comunitaria en el recinto oficial, los
concejales ven en los grupos de oposición minera, también un importante caudal
electoral para futuras elecciones y sus aspiraciones políticas locales.
Integrantes del Cinturón Occidental Ambiental COA: (movimiento social que
agrupa las diversas resistencias surgidas en los municipios de la región del
Suroeste). Los líderes del COA son activistas del movimiento social que viven en
los diversos municipios de Suroeste que con un cierto grado de protagonismo
personal, frecuentemente viajan organizando y alentando las distintas actividades
e iniciativas enmarcadas en la oposición a las titulaciones y proyectos de
exploración y explotación minera que se llevan a cabo en la subregión, como
ocurre en Jericó. Estos líderes son los que constantemente aparecen en los
medios de comunicación como representantes del movimiento explicando la
problemática minera.
Corporación Conciudadanía, Censat Agua Viva, OIA, Colectivo de Abogados
José Alvear Restrepo, Corporación La Ceiba: a través de sus integrantes
(algunos nacidos en la Subregión), estas organizaciones se vinculan a través de
acciones puntuales con asesorías, talleres, suministro de información y difusión
regional y nacional. También ayudan a divulgar la información sobre todo lo que
acontece en el municipio respecto al Proyecto Quebradona, además de servir
como puentes o enlaces con otros actores claves nacionales e internacionales
referidos a la temática minera.
INICIADORES
- Los pequeños campesinos caficultores de Palo Cabildo: a partir de la
afectación del agua con las exploraciones mineras, los habitantes campesinos
mediante el aviso o queja con la autoridad ambiental y la administración municipal,
y mediante notificaciones a los ingenieros de AngloGold Ashanti y constantes
movilizaciones, sobre todo bloqueos en la vía del corregimiento en donde por
161
varios días se impidió el paso de vehículos y el personal de la empresa,
oficialmente dieron inicio en el año 2012 de manera pública al conflicto
socioambiental.
- Los activistas ambientales de Jericó: desde el primer momento acompañaron
a los campesinos y fueron quienes difundieron los impactos sociales y ambientales
entre la población jericoana del casco urbano, tales como: la ruptura de aquello
que los habitantes locales llaman acuífero, la contaminación y escasez hídrica en
algunas quebradas, el daño en las coberturas vegetales, la masiva área de títulos
otorgados en el municipio, la interrupción de pasos de servidumbre, y la compra
masiva de predios en las cuencas.
REGULADORES
- Autoridad Ambiental Corantioquia: La jurisdicción de Corantioquia alcanza 36
mil km2, y está conformada por 80 municipios del centro de Antioquia, equivalente
a un 66% de los municipios del departamento. Con el fin de realizar la gestión de
una manera integral Corantioquia ha dividido su jurisdicción en 8 oficinas
territoriales que agrupan a los municipios socios de la corporación, obedeciendo a
criterios de funcionalidad administrativas y características biogeográficas; las
denominaciones de estas unidades regionales, se hizo a partir de los nombres de
los pobladores prehispánicos.25 En lo que corresponde a la Territorial Cartama
con oficina o sede en Jericó, está integrada por 11 municipios: Jericó, Caramanta,
Fredonia, La Pintada, Montebello, Pueblorrico, Santa Bárbara, Támesis, Tarso,
Valparaíso y Venecia (Corantioquia, 2015).
Corantioquia - territorial Cartama le ha exigido (aunque no de manera rigurosa),
estudios hidrogeológicos y manejo de vertimiento de aguas a AngloGold Ashanti,
además de iniciar tramites sancionatorios por vertimientos, no obstante en
25
Nombres y sedes de las territoriales de Corantioquia: Panzenú (Caucasia); Zenufaná (Puerto Berrío); Tahamíes (Santa Rosa); Hevéxicos (Santa Fe de Antioquia); Aburrá Norte (Medellín), Aburrá Sur (Medellín); Citará (Hispania); y Cartama (Jericó) (Corantioquia, 2015).
162
entrevista con los campesinos ha otorgado diversas concesiones de agua a la
empresa. La relación de Corantioquia con los actores en resistencia ha sido de
acuerdos y desacuerdos, en tanto acompaña ciertas actividades de veeduría, pero
a la vez evita los temas gruesos referidos a los impactos hídricos y las áreas de
interés ambiental donde están ubicados los títulos mineros, para algunos actores
del conflicto, por la permisividad en el manejo de impactos ambientales que
Corantioquia le otorga a la empresa, podría ser en sí, también un actor generador
del conflicto.
- Contraloría General de la República: en el periodo de Sandra Morelli como
Contralora General de la Nación (2010-1014), la Contraloría Nacional respaldó
estudios en temas sociales, jurídicos, económicos y ecológicos sobre el tema
minero en Colombia. En el marco de las denuncias realizadas por algunos actores
comunitarios respecto a las afectaciones ocasionadas con el agua, los
funcionarios departamentales de esa entidad, el contralor delegado para el medio
ambiente en Antioquia, en marzo y abril de 2014 realizaron una visita de control a
Corantioquia - Territorial Cartama - sede Jericó. La visita de la Contraloría según
lo relatan los mismos pobladores, sirvió para que la autoridad ambiental fuese más
rígida en relación a la veeduría que estaba ejerciendo con la empresa minera.
163
4.7.1 Tabla de Síntesis de Actores, Roles, Intereses y Alianzas
ACTORES GENERADORES
Actor
Posición frente al conflicto
Intereses
Roles o Acciones
Alianzas existentes
AngloGold Ashanti
A favor del Proyecto
Quebradona
Extracción
del material, rentabilidad económica,
interés corporativo y
de sus accionistas
Responsabilidad social empresarial,
generación de empleo, despliegue de poder político-
económico. Argumenta que
mejorará las condiciones de vida y la infraestructura
local
Alta: Gobierno nacional,
regional y local, Instituciones Estatales, actores comunitarios,
Universidades
Gobierno Nacional
A favor del proyecto
Obtención de
regalías
Apegado a un marco legislativo, decide
donde y quién explota los
yacimientos; direcciona la Política Pública; promueve e incentiva la actividad
minera
Alta: Empresa, Instituciones
del Estado, Universidades
Gobierno departamental
Evitación/
Indiferencia
Incremento del desarrollo
económico para el
departamento
Como administración
municipal el Gobernador dice
“asumir un rol neutral”, cobro y
beneficio de regalías
Alta: Funcionarios de la
secretaria de minas, Empresa, Gobierno
nacional y local, Universidades.
Administración municipal (alcalde y
concejales
A favor del proyecto
Beneficios económicos
para el municipio
Apoyo logístico e institucional a la
iniciativa empresarial,
beneficio de regalías
Media: Gobierno Nacional, Empresa, Actores
Comunitarios
Procuraduría General de la
Nación
A favor del proyecto
Defensa de los derechos
económicos
Su concepto ha sido que las actividades
de extracción de minerales es una actividad que le
compete
Alta:
Gobierno nacional, regional y local
Instituciones Estatales y ministerios
164
“exclusivamente” a la Presidencia y no a los entes territoriales
Tabla No 1. Fuente: elaboración propia. Actores Generadores del Conflicto
Socioambiental en Jericó Palocabildo, Posición frente al conflicto; Intereses; Roles;
Alianzas existentes.
ACTORES RECEPTORES
Actor
Posición frente al conflicto
Intereses
Roles o Acciones
Alianzas existentes
Pequeños
campesinos cafeteros
Opositor Activo al “Proyecto
minero Quebradona”
Productividad de
sus parcelas; pervivencia socio-ambiental y de la
economía cafetera en el
territorio
Realizan marchas y manifestaciones
públicas, bloqueos en la carretera, plantones en la
alcaldía y permanentes
recorridos monitoreando las microcuencas de
influencia del proyecto minero
Media: activistas, indígenas,
habitantes del casco urbano,
concejales, ONG, y demás actores en
oposición a la minería
Campesinos del corregimiento de Palermo –
Támesis
Opositor al proyecto
Pervivencia de la economía
cafetera en el territorio
Acompañan y participan de las
acciones realizadas por los campesinos
de Palocabildo y Támesis
Baja: pequeños
campesinos cafeteros de Palocabildo
Medianos cultivadores
cafeteros
Opositor al proyecto
Mantener la
productividad económica de sus parcelas
cafeteras
Participación en marchas y foros;
realizan Lobby en el municipio con actores de la
administración municipal
Media: con los demás actores en
oposición a la minería, medios de
comunicación regional
Pequeños ganaderos de la
Opositor al proyecto
Conservar la economía
cafetera en el territorio, los
Participación en foros, talleres y
Baja: pequeños
campesinos cafeteros de
165
parte alta pastos y el agua para alimentar las
vacas
marchas Palocabildo
Algunos
ganaderos latifundistas -
parte baja
Opositor pasivo al proyecto
productividad ganadera
Participación en
foros y conversatorios
Baja: con los
demás actores en oposición a la
minería
Propietarios de finca de recreo
Opositor pasivo al proyecto
Evitar la desvalorización de sus predios
privados
Participación en
foros y conversatorios
Baja: los demás actores en
oposición a la minería
Indígenas Emberá Chamíes
Resguardo Miguel Cértiga
Tascón (Támesis) y Bernardino
Panchí, (Pueblorrico)
Opositor al proyecto
Conservar desde sus cosmogonías
la naturaleza, propender por la ampliación de su
territorios (resguardo), y sus formas de
producción agropecuarias
Participación en
Jericó con la denominada
Guardia Indígena en la logística y
seguridad de las movilizaciones,
también en foros y marchas
Media: los demás
actores en oposición a la minería, ONG.
Personas naturales del casco urbano
Opositor al proyecto
Conservar la vocación
agropecuaria (cafetera) y
turística de Jericó
Nutren las actividades
programadas en Jericó
(conversatorios, movilizaciones), en
sus casas cuelgan la propaganda
antiminera. Algunos conforman el comité
editorial del periódico “Despierta
Jericó”
Baja: los demás actores en
oposición a la minería
Jubilados
Opositor activo al proyecto
Altruismo, conservar la
tranquilidad del pueblo en el que
viven.
Participan como líderes y logística en
las actividades convocadas por la resistencia social.
Algunos conforman el comité editorial del periódico local “Despierta Jericó”
Baja: los demás
actores en oposición a la
minería
Educadores locales
Opositor al proyecto
Conservar la
dinámica
Participación en conversatorios, publican en el periódico local
Baja: los demás
actores en oposición a la
166
sociocultural del pueblo
“Despierta Jericó” minería
Activistas ambientales
Opositor Activo al proyecto
Conservar los elementos
naturales (medio ambiente);
mantener su estilo de vida
Escriben en el periódico local y son
parte del comité editorial; presentan amparos judiciales;
organizan las movilizaciones,
manejan los medios digitales; trabajan
junto a los pequeños campesinos e
indígenas; confrontan con
acciones individuales a la administración
municipal; gestionan recursos
Alta:
demás actores en oposición a la minería, ONG,
Cinturón Occidental
Ambiental, medios de comunicación regional, diversas
organizaciones ambientalistas, y actores claves de otros conflictos
mineros en el país
Comerciantes
Opositor pasivo al proyecto
Mantener los ingresos
económicos que les provee una
dinámica turística y cafetera
Reparten el periódico “Despierta
Jericó”; aportan recursos
económicos y en especie
Baja: los demás
actores en oposición a la
minería
Obispo de
Jericó y parte del clero
Opositor activo al proyecto
Conservar el
medio ambiente y mantener la
dinámica parroquial-
tradicional del pueblo
En las acciones colectivas el Obispo habla y pregona en
favor del medio ambiente y la
vocación cafetera que caracteriza al
municipio
Media: los demás actores en
oposición a la minería, actores
del casco urbano y rural, otros actores religiosos a nivel
regional
Conductores o
transportadores
Opositor al proyecto
Conservar la dinámica cafetera
y turística
Transportan gratis en sus vehículos a
las personas movilizadas
Baja: los demás actores en
oposición a la minería
Estudiantes
universitarios de Jericó
Opositor al proyecto
Defender la economía de sus
familias; conservar el
medio ambiente
Participación en
foros y conversatorios
Baja: los demás actores en
oposición a la minería, actores
académicos urbanos
Los Jóvenes
Opositor Activo al proyecto
Conservar el medio ambiente,
y evitar la transformación del municipio
hacia un “pueblo
Participación en las marchas y actividades culturales,
elaboración de carteles y pancartas
Baja: los demás
actores en oposición a la
minería
167
minero”
Artistas
Opositor al proyecto
Conservar el
medio ambiente, y la dinámica
sociocultural que caracteriza a
Jericó
Dinamizan desde las acciones culturales (música, pintura,
escultura, poesía), las actividades
convocadas por la resistencia
Baja: los demás actores en
oposición a la minería
Algunos integrantes del
concejo (periodo 2012-
2015)
Opositor al proyecto
Aprovechar el caudal electoral
local que representa la resistencia municipal; y conservar la
vocación agropecuaria (cafetera) y
turística de Jericó
Dan resonancia en el recinto del
concejo municipal a los reclamos de la resistencia local. Participan en la
región del Suroeste de eventos entorno
a los impactos mineros
Alta: los demás actores en
oposición a la minería; concejales de los municipios vecinos; partidos
políticos; la comunidad en
general
Integrantes del Cinturón
Occidental Ambiental COA
Opositor Activo al proyecto
Conservar la dinámica
ambiental y social del Suroeste;
potencializar una agenda con
intereses personales
Promueven las movilizaciones y foros regionales, acompañan las
acciones en Jericó, gestión de recursos logísticos, figuran
ante los medios de comunicación
Alta: los demás actores en
oposición a la minería, ONG,
medios de comunicación,
otras organizaciones, actores de otros
conflictos mineros en el país
Corporación Conciudadanía,
Censat Agua Viva, OIA,
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Corporación La
Ceiba
Opositor al proyecto
Conservar la dinámica
ambiental y social del Suroeste;
generar aliados locales que
repliquen sus agendas
organizativas
Aportan recursos logísticos,
contribuyen con la difusión nacional
sobre la problemática local,
aportan su experiencia como organizaciones
Alta: actores en resistencia social,
académicos, medios de
comunicación, actores de otros
conflictos mineros en el país y en el
ámbito internacional
Tabla No 2. Fuente: elaboración propia. Actores Receptores del Conflicto
Socioambiental en Jericó Palocabildo, Posición frente al conflicto; Intereses; Roles;
Alianzas existentes.
168
ACTORES REGULADORES
Actor
Posición frente al conflicto
Intereses
Roles o Acciones
Alianzas existentes
Autoridad Ambiental
Corantioquia
Regulador
Ejercer sus
funciones de autoridad
ambiental, evitar conflictos con los interés de
los gobernantes y la empresa
minera
otorgar concesiones y permisos, ejecuta sanciones sobre el manejo del agua, seguimiento del manejo de los
recursos naturales (agua, cobertura
vegetal) realizados por el Proyecto
Quebradona
Alta: Gobierno nacional, regional y local, instituciones Estatales, actores
comunitarios y Empresa
Contraloría General de la
República
Regulador
Análisis e investigación de los asuntos de política pública sobre el tema
minero-energética en
Colombia
Facultades institucionales de
ejercer control de los entes ajenos a la entidad. Visitas a
Corantioquia-Territorial Cartama
Alta: Gobierno
nacional, regional y local, instituciones
Estatales, Autoridad Ambiental y actores
comunitarios
Tabla No 3. Fuente: elaboración propia. Actores Reguladores del Conflicto
Socioambiental en Jericó Palocabildo, Posición frente al conflicto; Intereses; Roles;
Alianzas existentes.
4.8 La Construcción Conjunta de la Representación del Agua
En el conflicto suscitado entre la población en oposición al proyecto de exploración
minera y la empresa, los diversos actores (receptores e iniciadores) ante el
enorme poder político y económico de AngloGold Ashanti y demás agentes
gubernamentales promotores del desarrollo minero, se ven en la necesidad –a
pesar de sus diferencias–, de generar alianzas entre sí, que les permita robustecer
y legitimar la oposición local a la minería y de esta manera la defensa de sus
propios intereses. Entre los actores receptores (e iniciadores) en Jericó-
Palocabildo, existen diferencias en el nivel de conocimientos sobre la actividad de
169
la minería, diferencias en el poder, recursos y en las condiciones socioculturales.
No obstante, todo lo referido acerca de las afectaciones o impactos respecto al
agua en el Proyecto Quebradona, constituye para todos los actores receptores, un
tema de vital importancia.
El arribo de un actor al territorio como es la empresa minera AngloGold Ashanti,
introduciendo un nuevo uso del suelo, lo cual desde la perspectiva de los distintos
actores receptores amenaza o pone en riesgo sus intereses, ha permitido u
obligado a estos actores –con posturas políticas y filosóficas diferentes– a
establecer alianzas y consolidar una posición conjunta en defensa de la naturaleza
y la cultura. En el contexto del conflicto y la disputa discursiva con los funcionarios
de AngloGold Ashanti el Ministerio de Minas, el alcalde David Alonso Toro Cadavid
y demás promotores de la minería, los actores opositores incorporan otras
visiones del mundo y maneras de actuar colectivas, en contraposición a aquellas
nociones desarrollistas (hegemónicas) y de grupos que consideran poderosos.
Si bien entre los actores receptores existen distintas motivaciones e intereses, en
lo que acontece al agua esta se convierte en un elemento de identificación grupal
en el conflicto. A partir de actividades artísticas y culturales (disfraces y
representaciones teatrales), actuaciones musicales “canto al agua”, las consignas,
frases escritas en las pancartas, de las actividades programadas como foros,
talleres, conversatorios, reflexiones en plenaria, marchas y caminatas en donde
participan en mayor o menor medida los distintos actores: campesinos, medianos
caficultores, activistas, educadores, pequeños ganaderos, el Obispo, jubilados,
jóvenes, comerciantes, indígenas, integrantes de ONG, propietarios de fincas,
concejales opositores, etc. Se construye colectivamente una valoración discursiva
sobre la importancia del agua en donde se reafirma como un bien común.
En el contexto del conflicto socioambiental la construcción discursiva del agua
además de un vínculo o reconocimiento para el consumo humano y las
actividades económicas productivas locales, en la disputa material y simbólica que
se da entre los actores opositores y los promotores mineros, se acude por parte de
los primeros (de manera estratégica u oportunista), a la apropiación de distintos
170
discursos alternativos sobre la representatividad del agua o la naturaleza, tales
como:
El discurso ambientalista o ecológico, que valora el agua de acuerdo a su
función vital para el mantenimiento de los ecosistemas.
El discurso de la cosmovisión indígena sobre la representación del planeta
tierra como la “madre tierra” y su referencia a ciertos lugares de la
naturaleza como sitios sagrados.
A la encíclica Laudato si' sobre el cuidado de la “Casa Común” con el que el
Papa Francisco intenta abogar por una consciencia o “conversión ecológica
global”.
Al discurso de los derechos humanos que reconoce el acceso al
saneamiento y agua potable.
También se expresan discursos poéticos; además de aquellos provenientes
de la academia o pensamiento crítico; así como los jurídico-políticos
invocando a la Constitución.
Esta amalgama de discursos específicos que destacan ciertos elementos y otros
no, son reforzados a su vez por las narrativas del agua que desde sus propios
saberes o conocimientos enuncia cada actor. En Jericó, los discursos o puntos de
vista particulares sobre el agua (las maneras de gestionarla), la naturaleza y las
relaciones humanidad-naturaleza, son estratégicamente movilizados por los
actores receptores en consonancia con sus intereses.
La interacción física entre los diversos actores que están en resistencia en Jericó-
Palocabildo (Subregión del Suroeste), así como la circulación de marcos de
referencia o discursos alternativos expresados incluso por sus “mismos
representantes”, es decir, los propios indígenas de la etnia Emberá Chamíes del
Resguardo Miguel Cértiga y sus narrativas de la madre tierra; el Obispo Noel
Londoño Buitrago que como representante de la iglesia católica difunde la
encíclica papal; los activistas y los discursos de la ecología y el ambientalismo; los
abogados en relación a la leyes y la normatividad ambiental; los discursos políticos
y de los Derechos Humanos manifestados por integrantes del COA. Posibilitan
171
que en el marco del conflicto y la disputa con los actores generadores, emerja a
modo de herramienta política, una nueva representación en torno al agua, a la
cual se le otorga una valoración ambiental, cultural y emocional.
Los diversos discursos que son puestos en escena y debatidos de manera pública
y privada en el marco del conflicto, son apropiados y filtrados en función del agua
por los actores movilizados, surgiendo una nueva representación, la cual es
asumida de forma conjunta por el llamado Comité por el Futuro de Jericó. En el
conflicto los actores que están activamente en resistencia recurren a una narrativa,
lenguaje y simbología asociada al agua que tiene como fin establecer entre los
actores receptores una “identidad en clave de agua”, así como motivar a la
población en general hacia la re-significación, apropiación y defensa del líquido, y
de esta manera del territorio y las actividades productivas locales. Aun cuando la
población movilizada en oposición al proyecto minero son actores colectivos no
homogéneos, el tema de la revaloración del agua se convierte en un referente o
lugar de enunciación común.
En Jericó-Palocabildo entre las actuaciones y discursos de los actores opositores
al Proyecto Quebradona hay una intención manifiesta de llevar al debate público,
aquello que consideran una contradicción entre el “agua versus oro”; “café versus
minería”. En este conflicto socioambiental, además de un choque o disputa por los
usos del agua, de formas distintas de pensar y sentirla; se encuentran a su vez
enfrentadas cosmovisiones ambientales y de vida; por un lado, el medio ambiente
equivale o es visto por la empresa minera como un recurso económico o lugar
donde están los recursos naturales, y por otro lado, el territorio y el medio
ambiente corresponde para los actores movilizados –por lo menos en el contexto
del conflicto– a “espacios y escenarios de vida”.
4.9 “Agua SI minería NO”
Cuando la minería vulnera el derecho al agua afectando tanto la calidad como la
disponibilidad, puede llegar a unir las demandas incluso de poblaciones urbanas y
172
rurales; de comunidades campesinas, indígenas y propietarios de extensas tierras
(Roa, 2012). En Jericó, campesinos del corregimiento y ganaderos (de la zona
baja del rio Cauca) han dado testimonios de la merma en las fuentes de agua que
han afectado los acueductos, los cultivos y el ganado. En relato de los
campesinos, que si bien no omiten otros factores como el cambio climático o el
aumento en la demanda de agua por crecimiento demográfico y nuevos cultivos,
responsabilizan a las “heridas causadas en la tierra por las plataformas de
perforación minera”, como la principal causante de la contaminación y pérdida de
las fuentes hídricas en el territorio.
Algunas acciones representativas en defensa del agua en el contexto del conflicto
socioambiental con la minera, ha sido la creación entre la comunidad joven de
Jericó, de un colectivo denominado “Amigos del Agua”, donde han realizado una
completa caracterización de la cuenca del río Piedras, con la flora, la fauna,
vertimientos, medición de caudales y recolección de residuos abandonados en el
río. A partir de esa iniciativa se adelantó una campaña de educación ambiental
con el apoyo de Corantioquia y el acompañamiento de la Mesa Ambiental, que
consistió en la instalación de canastas y canecas a lo largo del río para que sean
depositadas allí las basuras, dicha caracterización permitió a su vez que
Corantioquia tomara correctivos respecto a la protección de la ronda hídrica del
Río Piedras que no estaba siendo respetada por la empresa maderera Rincco S.A.
(Despierta Jericó: 2014:17).
Con la intención de monitorear el estado de las quebradas y caños habitantes de
las veredas y del casco urbano periódicamente programan masivos recorridos y
caminatas26 por las microcuencas de influencia del área de exploración minera, en
donde se registra mediante videos y testimonios, los vertimientos y modificaciones
que la empresa hace a las quebradas, los cuales se publican en el periódico
Despierta Jericó así como en internet, además de entregar los registros de los
26
En el predio El Chaquiro, corregimiento de Palocabildo, el 28 de febrero de 2016, en un recorrido por el territorio, habitantes locales comprobaron un nuevo vertimiento de aguas contaminadas al afluente Quebradona, tal como se aprecia en el video hecho por la comunidad: https://www.youtube.com/watch?v=f35SMswoEvc&feature=share
173
impactos encontrados a la autoridad ambiental Corantioquia. También se ha
presentado ante el Concejo Municipal proyectos de acuerdo para volver un
patrimonio municipal el agua, y de esta manera protegerla de los posibles
impactos mineros.
En Palocabildo se programó dentro de la resistencia contra el proyecto de
explotación minera “El Foro Campesino por la Defensa del Agua” (Despierta
Jericó, 2013:10), este evento dictado por personas con conocimientos expertos en
los impactos mineros en el recurso hídrico (Censat Agua Viva), y masivamente
concurrido por la población campesina, permitió incorporar en el conocimiento y
discursos campesinos una serie de nuevos saberes, términos y conceptos que
han sido apropiados por los habitantes locales, tales como justicia hídrica,
acuíferos, aguas subterráneas, cianuro, hidrogeología, ciclo hídrico, nivel freático,
acidificación, etc., que a su vez ha servido como importantes herramientas
simbólicas y políticas en la disputa con la empresa minera.
En el corregimiento de Palocabildo - Jericó (en general en la región del Suroeste
antioqueño donde se desarrollan proyectos de exploración minera), una de las
principales consignas de defensa del territorio ha sido “si al agua no a la minería”.
En palabras de la población jericoana organizada y movilizada:
“El agua es el sustento primordial de la vida, sin agua todos sabemos que la vida
es imposible, por eso la primera condición para establecer una vivienda es dotarla
de acceso a la misma; y también es el motivo para que las leyes otorguen
privilegio al consumo del agua doméstico sobre el uso industrial; y es la razón para
que todos estemos obligados a protegerla, desde sus nacimientos hasta su
integración con el mar. Puesto que la minería afecta el agua se hace entonces una
obligación ética defenderla” (Despierta Jericó, 2014:20).
Ante un escenario que la población local considera es una injusticia hídrica, –por
tanto, también una injusticia social y ambiental–, efecto de las exploraciones
mineras, se tomó la iniciativa de ubicar banderas con la leyenda “No a La Minería”
y “Si al Agua” fijadas en las fachadas y ventanas de las casas, comercios, iglesias,
museos y amarradas a los postes como una expresión de inconformismo y
174
malestar social. Esta iniciativa descrita por los pobladores locales como un signo
de protección y amor a Jericó, resultó ser una campaña de gran eficacia simbólica
y publicitaria a favor de la resistencia socioambiental.
Foto No 10. Fuente: Isaza, 03/17/2015. Casa de Jericó con las banderas “No a la
minería, Si al agua”
Como lo manifiestan integrantes de la resistencia local Jericoana “para nosotros lo
expresado en la bandera y pasacalles significa el clamor del pueblo, es el sentir,
es la forma silenciosa y respetuosa de expresar una opinión, un deseo de
conservar nuestro territorio”. Dado que la iniciativa tuvo gran éxito, pues las
banderas como símbolo de resistencia se divulgaron entre las casas de familia, no
solo del corregimiento sino en las del casco urbano. Esto generó, según
integrantes del comité por el futuro de Jericó, molestia en la administración
municipal por la imagen que se estaba proyectando a los turistas. Fue entonces
que aduciendo requerimientos superiores de la Procuraduría General de la
Nación, desde la alcaldía se informó a través de una circular el 06 de junio de
175
2014 y repartida junto con el cobro de servicios públicos, que dichas banderas
constituían una contaminación visual, una propaganda política no autorizada y una
publicidad contra la minería, actividad legalmente constituida (Despierta Jericó,
2014:17). A partir de entonces algunos de los habitantes en temor a una
represalia, quitaron las banderas del comercio y de las casas.
Para los actores que habitan en el casco urbano y las veredas declarados en
resistencia esta iniciativa surge de la necesidad de conservar el patrimonio cultural
y ambiental que le pertenece a todos los habitantes del municipio, del sentimiento
de pertenencia y respeto por el legado histórico, la vocación agropecuaria y
cafetera; elementos que según los jericoanos se ven amenazados por la gran
minería. Por lo que respecto al recurso simbólico como es la bandera “Si al agua
No a la minería”, desde un interés general se le ha exigido a las autoridades
concernientes, se les respete el ejercicio del derecho fundamental a la libre
expresión y difusión de pensamiento y opinión consagrada en el Artículo 20 de la
Constitución Política de Colombia.
4. 10 La Justicia Hídrica
La Alianza Justicia Hídrica es una alianza internacional amplia integrada por un
grupo de investigadores, activistas y profesionales de diferentes disciplinas, que a
través de la investigación, acción y combinación de trabajo temático-conceptual
con casos de estudio en países Latinoamericanos y otros continentes, tienen como
objetivo analizar y comparar los mecanismos de acumulación de agua y conflictos,
así como apoyar a los grupos de usuarios de agua más vulnerable mediante la
difusión e incidencia política y la combinación de medios de comunicación
virtuales con eventos reales (Pagina Web Alianza Justicia Hídrica, 2016). Desde
esta óptica –organizado por el Nodo Justicia Hídrica Medellín–, se realizó en esta
misma ciudad del 10 al 12 de Abril del año 2015, el “Curso - Taller Agua: territorios
de vida”; con el apoyo del Instituto de Estudios Regionales de la UdeA; el Grupo
de Investigación Territorio de la UPB; Censat Agua Viva; y Red Andina del Agua.
176
“El Curso – Taller: Agua territorios de vida” que contó con la participación de
integrantes de las poblaciones rurales, habitantes de los barrios periféricos de
Medellín, de diversos movimientos sociales, académicos, estudiantes y ONG; tuvo
como fin visibilizar las problemáticas en relación al agua que vienen
experimentando las poblaciones locales en distintas regiones del departamento de
Antioquia e incluso de Colombia, generadas por proyectos de desarrollo
extractivos (mineros, agroindustriales, hidroeléctricos y urbanos). Con una alta
participación de distintos habitantes de los municipios de la subregión del Suroeste
antioqueño, entre los que se encontraron personas en oposición al proyecto
minero en el corregimiento de Palocabildo-Jericó, se dialogó entorno a la
construcción de la justicia hídrica en los territorios.
En la caracterización del concepto de justicia hídrica los derechos de propiedad,
los procesos de asignación, distribución y administración del agua son un punto
clave para la definición; desde la Alianza de Justicia Hídrica dicha noción se
encuentra relacionada con el abastecimiento y distribución equitativa del agua, con
procedimientos de asignación democráticos y con prácticas de uso sostenibles
que aseguren su disponibilidad y conservación (Zwarteveen; Boelens, 2011).
Desde esta perspectiva el derecho al agua está íntimamente relacionado con otros
derechos tales como los económicos, sociales, culturales, colectivos y del
medioambiente. No obstante, se reconoce que en la búsqueda por la equidad y
justicia en el uso del agua (su distribución y gestión), algunos actores están mejor
posicionados que otros para garantizar el acceso al agua, para controlar los
recursos hídricos, y para determinar los discursos del agua.
La justicia hídrica no puede ser analizada al margen de sus conexiones con un
importante número de otros fenómenos culturales, políticos y económicos. Más
que una teoría general o una definición sobre lo que es la justicia hídrica se
propende por una comprensión de la seguridad y la justicia del agua como algo
articulado, experimentado y percibido por los diferentes actores en un contexto
específico. En este sentido en el conflicto socioambietal en Jericó Palocabildo los
actores locales que se encuentran en resistencia: campesinos, medianos
177
caficultores, integrantes de la Mesa Ambiental, universitarios, jubilados, hombres y
mujeres del casco urbano y de las veredas, en sus narrativas relacionan la justicia
hídrica con:
La cantidad y calidad del agua.
La autonomía local en el manejo del territorio.
La producción de cultivos (alimentos).
El trabajo y los sistemas agropecuarios (café y ganadería).
La sostenibilidad ambiental y conservación de la naturaleza.
La higiene y salud del cuerpo.
La satisfacción de las necesidades básicas.
4.12 Agua, Territorio, Poder e Identidad
Como se indicó en la estrategia metodológica, la representación en el enfoque
procesual se construye en fases, la primera que se refiere a la objetivación y la
segunda al anclaje fueron ambas construidas a partir del enfoque metodológico de
la teoría fundamentada, en donde la sistematización de los datos obtenidos en las
salidas de campo permitió una aproximación al contenido central de las
representaciones sociales en términos de su sentido y significación. De acuerdo
con la clasificación y análisis de los datos mediante la aplicación de ésta
metodología, se pudieron identificar cuatro categorías nodales: Agua, Territorio,
Poder e Identidad. Si bien estas cuatro categorías se correlacionan todas entre sí,
algunas de ellas se encuentran más imbricadas, como la relación agua – territorio;
el territorio como un espacio significado y el agua concebido como un elemento
que enlaza lo natural y los social, son apropiados y representados desde unos
conocimientos y saberes locales. Estas dos categorías íntimamente
interrelacionadas son enunciadas por los pobladores movilizados en oposición al
Proyecto Quebradona con frases como:
“Conservar y proteger el agua, es conservar y proteger el territorio, si la
minera nos despoja del agua, nos despoja también del territorio y de esa
178
manera de nuestros modos de vida campesino y pueblerino” (testimonio
campesino en Palocabildo, 2015).
Las otras dos categorías (poder e identidad) son de carácter político y cultural
respectivamente, referidas a la apropiación, uso y manejo de las dos primeras
categorías. El poder se entiende como la capacidad de acción desarrollada por un
grupo social sobre otra entidad, sea humana o no humana (Aja, 2010). En el caso
particular de AngloGold Ashanti el poder se materializa mediante un entramado de
relaciones político económicas que involucran al Estado como promotor y aliado,
facilitándole a la compañía en buena medida, la cooptación de los diferentes
espacios de gobernanza y gestión del agua y del territorio. Entre tanto, la
categoría identidad, es el resultado de un proceso de interacción continua entre el
espacio, el tiempo, el ser y el estar, estos elementos permiten explicar y entender
el territorio como una categoría en la cual convergen los procesos culturales y
ambientales. Ante las actividades de exploración y pretensiones de explotación de
la empresa minera, la población en resistencia reivindica constantemente una
identidad colectiva asociada a un conjunto de atributos, propiedades particulares,
una historia compartida y un sentido de pertenencia y arraigo al territorio.
Agua
Para Zwarteveen y Boelens (2011) los conflictos por el agua implican cuatro tipos
de luchas relacionadas entre sí: las luchas por el acceso al recurso agua (donde
también se ve implicado la tierra, medios financieros y la tecnología); una segunda
lucha que involucra los contenidos o criterios de las leyes, normas y reglas sobre
la asignación y distribución del agua; una tercera lucha que hace referencia a la
autoridad, en cuanto al poder de los actores, intereses y los espacios de toma de
decisiones; y finalmente una lucha sobre los discursos en términos de
conceptualización, regímenes de representación del agua, así como de sus
problemas y soluciones asociadas (Zwarteveen; Boelens, 2011).
En los conflictos socioambientales por megaminería las luchas por la significación
y apropiación del agua, es decir, los procesos físicos, las prácticas materiales y
179
culturales, así como las construcciones discursivas e ideológicas en torno al valor
del agua ejercen un rol central, en dichos contextos el agua se erige como un
elemento material y simbólico en disputa. En estos espacios de conflictividad
minera la defensa del agua por los actores comunitarios suele constituirse en un
referente de unificación y movilización social. En el municipio de Jericó,
corregimiento de Palocabildo, ante la exploración minera llevada a cabo por
AngloGold Ashanti con el Proyecto Quebradona, una de las principales consignas
de defensa del territorio ha sido mediante la valoración y resignificación del agua.
En palabras de la población jericoana organizada y movilizada:
“La defensa del agua es la defensa de la vida, si no hay agua no hay nada,
todos sabemos en resumidas cuentas que si hablamos de agua hablamos
de vida (…) las montañas de Palocabildo son agua, si AngloGold Ashanti
continua con la explotación de las montañas entonces mermará y
contaminará más las fuentes de agua que hay en el territorio, y no permitirá
el buen beneficio del café, llevando a un desestimulo de esta y otras
actividades agropecuarias, lo que conduce a mayor desempleo y a la
pérdida de la vocación agraria que nos ha caracterizado y permitido vivir
con dignidad en los 165 años de vida jericoana”.
En términos antropológicos el agua no es una mismidad, no es un núcleo cultural
inamovible (Espinoza, 2012), distintos grupos, actores y culturas manejan
visiones, valoraciones, prácticas de gestión y apropiaciones diferentes, unas veces
complementarias, otras en franco antagonismo en torno al uso y significado del
agua, –tal como ocurre en el conflicto socioambiental en Jericó-Palocabildo con
los distintos agentes involucrados que la utilizan, representan y regulan (Estado,
actores comunitarios, AngloGold Ashanti, gobiernos nacional y local, autoridad
ambiental Corantioquia). Si bien el agua es una sustancia físico-natural que existe
y cumple con muchas funciones climáticas y ecosistémicas diferentes27, el agua es
27
Desde una mirada ecológica el agua en la biosfera transporta materia y energía. El agua participa en los procesos geológicos mediante la circulación de nutrientes, sedimentos y residuos, su capacidad de transporte y arrastre de nutrientes le confiere un papel determinante en el estado y la evolución de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Gracias a los materiales que le procura su capacidad de erosión física y
180
también un recurso cultural que encarna significados, de allí que simultáneamente
sea considerada como social y natural: un recurso que es al mismo tiempo de
naturaleza material y social, es decir, fusiona la naturaleza y la sociedad de
manera inseparable (Budds, 2010).
El agua es un elemento que incorpora y refleja las relaciones sociales que la
modifican materialmente y la representan simbólicamente, es una cosa ‘híbrida’
que captura y encarna procesos que son a la vez materiales, discursivos y
simbólicos, tanto por las maneras en que es formada por las acciones humanas
(ej. Represas, trasvases, acueductos), como por las maneras en que es
conceptualizada (H2O, un derecho, bien económico, bien común, recurso hídrico,
materia prima, sagrada, patrimonial, etc.) (Swyngedouw, 2004; Budds, 2012). La
naturaleza social del agua significa no que la sociedad produzca el agua, sino que
la sociedad produce el agua en tanto la usa, la significa, la valora y le confiere
potencialidades (Linton, 2010).
Desde esta perspectiva existen dos dimensiones en el proceso de apropiación del
agua por una sociedad (Aja, 2010), la material en la que es fundamental el trabajo
de los seres humanos (la construcción de presas, canales, acequias, riegos,
acueductos, pozos, colocación de mangueras, albercas, reservorios, canecas o
múcuras, entre otros), y la intangible o simbólica en la cual los sistemas de
creencias, percepciones, conocimientos, imaginarios, narrativas, representaciones
y significados nos hablan del valor y lugar que una sociedad ha asignado a un
elemento en su sistema ideológico. La manera de percibir, usar, relacionarse e
interpretar el agua es lo que Shiva (2010) denomina la “cultura del agua”.
Lo social es una propiedad que se imprime en determinados objetos con base en
la naturaleza de la relación que se establece con ellos, y es precisamente la
naturaleza de esa relación la que es definitoria de lo social (Araya, 2002). La
“entidad social del agua” para los habitantes campesinos de Palocabildo se
química, poco a poco va transformando irremisiblemente el relieve (Burgos, 2013). Asimismo, el agua a través del transporte de energía también contribuye a la regulación térmica planetaria. La crisis del clima que afecta a todas las formas de vida, se manifiesta a través de multitud de fenómenos relacionados con el agua, como las inundaciones, los huracanes, las olas de calor y las sequias (Shiva, 2004).
181
establece a partir de la relación de dependencia no solo para suplir las
necesidades básicas, sino para las actividades agropecuarias cotidianas, así como
de una infraestructura gestionada y construida desde una iniciativa local
(acueductos veredales), además de la forma de organización y gobernanza del
agua (Juntas Administradoras de los Acueductos).
Los habitantes del corregimiento de Palocabildo emplean el agua para las
prácticas domésticas (alimentación, limpieza de la casa, lavado de ropa, higiene y
aseo personal); para las actividades pecuarias como es la alimentación y crianza
del ganado, los animales domésticos como equinos, gallinas, perros, gatos,
conejos; y también en las actividades agrícolas como es la huerta familiar (donde
se cultiva hortalizas, verduras y legumbres), los cultivos de café, aguacate hass,
tomate de árbol y gulupa (este último en invernadero), y en los denominados
cultivos de pancoger (frijol, maíz, yuca y plátano). En entrevista con los
caficultores locales, las actividades de beneficio del café en varias de las etapas
de producción como es el despulpe, fermentación, clasificación y lavado del grano
demandan un importante consumo de agua.
El Proyecto Quebradona que se lleva a cabo por AngloGold Ashanti en el
corregimiento de Palocabildo se desarrolla en un contexto donde un eventual
escenario de agudización en la escasez y/o contaminación del agua, implicaría
para la población rural la imposibilidad de seguir desarrollando una vida
campesina-agropecuaria, además de poner en riesgo el suministro de agua en el
casco urbano de Jericó. De allí que tras los impactos ocasionados en las aguas
gran parte de la población se haya unificado y movilizado políticamente para la
defensa y protección del recurso hídrico.
“A la empresa minera no le importa el agua para la producción de
alimentos, ni el consumo humano o de animales, sino para poder explotar el
oro del subsuelo, el cual requiere para ser extraído de cantidades
gigantescas de agua que terminarán contaminadas (…) Por la importancia
que significa No podemos negociar la contaminación y escasez de las
aguas, de ello depende la vida local (humana y no humana, presente y
182
futura). Por eso nuestra lucha es por el agua, el suelo, el aire los recursos
naturales, las costumbres campesinas y pueblerinas, nuestra vocación
cafetera y economía agropecuaria, para que siga siendo un territorio
tranquilo, de paz” (Comité por el futuro de Jericó, 2014).
Las poblaciones rurales, especialmente las comunidades campesinas que
dependen económicamente del trabajo y la producción del predio y de trabajos
extraprediales como el jornaleo, son dependientes en gran medida de las
condiciones de los ecosistemas y de los recursos naturales que les son
disponibles –fundamentalmente el agua– pues su contaminación y disponibilidad
afecta el campo en diferentes renglones como la agricultura. Los campesinos en
Palocabildo, en general las comunidades campesinas, por el hecho de vivir y
trabajar el campo, cotidianamente “dialogan con la naturaleza” a través de la
práctica de la agricultura, la recolección, los recorridos cotidianos por los predios y
las veredas. Para las poblaciones campesinas, cuya principal actividad económica
de subsistencia son las actividades agrícolas y pecuarias, tierra y agua generan
una relación recíproca e indisoluble, en la que a su vez basan su fundamento de
vida. Para la agricultura y los agricultores, el agua y el suelo son un insumo
fundamental, los reparos a la industria minera como potencial contaminador de
estos se encuentran técnicamente sustentados y han sido documentados de
manera extensa en zonas con minería (Fierro; et al., 2012). De allí que entre gran
parte de los habitantes de Jericó, se considere la extracción de oro como una
actividad de alto impacto hídrico y ambiental.
En el contexto del conflicto socioambiental los valores asociados al agua de la
población declarada en resistencia, están directamente correlacionadas con el
paisaje de relieve montañoso que los rodea y unas prácticas y modos de vida que
refieren a una vocación agropecuaria, con un gran arraigo por la producción y
tradición cafetera, hecho que según relatan los pobladores “ha permitido
consolidar un tejido social en torno a la agricultura y los valores de la caficultura”.
Para la población campesina que habita el corregimiento de Palocabildo el agua
desempeña una función ecológica, de subsistencia –esencial para sus vidas– y
183
cumple un papel fundamental en la organización de sus actividades productivas,
toda vez que del acceso a ella (su escorrentía) y de los regímenes de lluvias,
depende la buena o mala cosecha de café y de los cultivos de pancoger.
Territorio
Como se expuso en el capítulo II (Estrategia Teórica), el territorio involucra
activamente los elementos geofísicos, la cultura material y los cuerpos,
interviniendo de manera relevante relaciones de poder y sistemas de significación
(GET, 2014). El territorio como espacio apropiado por las diferentes sociedades
para su reproducción biológica y cultural, donde se encuentran elementos
históricos, simbólicos, políticos y económicos es el lugar donde se plasman las
diferentes visiones del agua. Como se ha venido exponiendo existe en el
corregimiento de Palocabildo y el municipio de Jericó, una abierta tensión y
disputa territorial que se manifiesta en la forma como la comunidad local
movilizada y la compañía minera apropian y representan el agua.
Las diversas visiones del agua están inmersas en las visiones de naturaleza y
desarrollo que tienen los diferentes actores que definen los usos y manejos del
territorio (Aja, 2010). La noción de agua para la comunidad campesina del
corregimiento de Palocabildo está completamente correlacionada con una
territorialidad en la cual territorio y naturaleza son entidades inexorablemente
vinculadas. Para poder garantizar una sostenibilidad social y ambiental en el
territorio, la defensa y cuidado de los cerros, las coberturas vegetales, las
microcuencas hídricas, es un asunto de vital importancia.
Cuando se habla de la relación agua y territorio se alude a las necesidades
básicas y las actividades productivas, y de esta manera a los cuerpos; en la lógica
de lo planteado por Machado (2011) en los proyectos extractivos de las
transnacionales mineras (o sus subsidiarias nacionales), la expropiación de los
territorios con los bienes y servicios comunes que provee la naturaleza (agua,
suelo-subsuelo, aire, bosque, energía) es, en suma, una expropiación de los
184
propios cuerpos. Con la ejecución de megaproyectos mineros el poder para
explotar y devastar el medio ambiente está estrechamente relacionado con el
poder para explotar seres humanos, dejándolos en igualdad de condiciones con
respecto a los bienes y servicios comunes (Carvajal, 2013). Desde esta lógica
cuando se hace mención a la relación agua y territorio, se alude simultáneamente
a los cuerpos sometidos a las prácticas de la minería.
Los elementos con los cuales la comunidad local de Jericó y Palocabildo definen
el territorio en el conflicto socioambiental están determinados por la referencia a
una historia colectiva, unos modos de vida y un entorno físico:
“En el territorio se encuentran las montañas, las fuentes de agua, el aire, la
biodiversidad, el paisaje, la agricultura alimentaria y las relaciones sociales”;
“Nosotros somos los dueños del territorio y el agua, porque aquí vivimos,
porque lo trabajamos, porque aquí están enterrados nuestros ancestros, y
crecen nuestros hijos y nietos”; “nosotros amamos, cuidamos y defendemos
nuestro terruño, que es cafetero y agropecuario, No minero” (Despierta
Jericó, 2013:6).
Estos enunciados sobre el territorio están cargados de afecto, la tierra deja de ser
un simple espacio físico para convertirse en significados e historias que dan
sentido a la defensa por la permanencia.
En las narrativas de la población campesina el componente más recurrente que
relaciona el territorio, entendido como categoría, como “unidad de sentido”, es el
elemento tierra. La tierra (suelo) en conformidad con una vida rural-agraria, se le
vincula con una herencia familiar que fue recibida de sus padres y abuelos, la cual
debe ser conservada de la misma forma para sus hijos, con la fertilidad de los
nutrientes dado la buena producción en las cosechas cafeteras y los cultivos de
pancoger que se obtienen en el corregimiento. En la disputa con la minera los
campesinos vinculan explícitamente la tierra con el agua, se resalta la amenaza
que significan las perforaciones y vertimientos mineros para la calidad y cantidad
de las fuentes hídricas que recorren el territorio y con ello la afectación en las
185
actividades agrícolas. En la lógica y discursos de los campesinos agricultores,
“tierra y agua es igual a alimento”, por eso ambas se vinculan como fundamento
de vida.
En Palocabildo una territorialidad basada en el modo de vida rural, campesina,
agropecuaria (esencialmente caficultores), es la que se contrapone al desarrollo
del Proyecto Quebradona y los impactos sociales y ambientales que para los
pobladores significa el cambio en el uso del suelo, de agrario-cafetero a minería
de oro y asociados, una actividad que en el territorio la mayoría consideran
foránea. La caficultura como es el principal renglón económico de la localidad se
convierte en un componente esencial en la territorialidad de los jericoanos. En el
conflicto la categoría territorio también se concibe a partir de la afectación de unos
sitios específicos, que entre los jericoanos consideran lugares proveedores de
agua, como el Parque municipal Natural Las Dantas, El predio el Poleal, hacienda
La Aurora, que con las actividades de perforación minera, los lugareños sienten
que están siendo perjudicados y con ello sus modos de vida.
Ante el masivo auge de proyectos de exploración minera en muchos de los
municipios de la subregión antioqueña, la estrategia “Suroeste Territorio Sagrado
Para La Vida” que se ha visibilizado en los distintos conflictos socioambientales de
la subregión, ha sido incorporada en Jericó-Palocabildo (al igual que en otros
municipios), con la intención de reafirmar y legitimar el agua y el territorio como
derechos sagrados, supremos, autónomos y colectivos por encima de los réditos
económicos que puedan dejar los proyectos mineros. Para muchos de los
pobladores locales la apropiación, contaminación y disminución de las fuentes de
agua es un elemento central en el despojo territorial, por eso en el conflicto en
Jericó el agua se ha convertido en un símbolo del territorio. Desde la óptica local
suelos fértiles y agua limpia son el sustento de los alimentos que proporcionan la
vida, si la empresa minera merma y contamina las fuentes de agua, entonces el
186
territorio como espacio donde se desenvuelve la vida se convierte en un “territorio
sediento, espacio de muerte”28.
Con la instalación de los megaproyectos extractivos mineros como se expuso en
el capítulo II, se manifiesta un escenario de conflictividad estructural en torno al
territorio como espacio de vida, en donde las explotaciones mineras interrumpen
bruscamente los flujos energéticos territoriales. Para Machado (2014) no puede
existir un territorio sin sujeto que lo politice y apropie material y simbólicamente a
través del trabajo, la energía psíquica, corporal y social; pero de la misma manera
no hay sujeto (cuerpo), cuyo proceso de vida pueda dejar de prescindir de los
flujos energéticos que lo “atan” a un determinado espacio geofísico-biológico-
proveedor. De esta manera se puede señalar que hay un flujo energético que va
del cuerpo hacia el territorio en forma de trabajo, y en la vía opuesta, un flujo
energético que va del territorio hacia el cuerpo en forma de nutrientes-alimentos
(Machado, 2014).
Desde dicha perspectiva existe en los territorios rurales de las comunidades
campesinas un flujo energético (el campesino lo sabe), que va del trabajo
realizado en la tierra (parcela), “sudándola”, cultivando y produciendo los
productos agrícolas y criando los animales domésticos (café, maíz, frijol, plátano,
tomate, frutales, gallinas, cerdos, vacas y sus derivados, etc.,) y que retorna en
forma de alimentos (nutrientes) a los cuerpos. Esta reciprocidad es un flujo
material y energético entre cuerpo-trabajo-territorio-alimento, (flujo que es mediado
por el lenguaje simbólicamente) (Machado, 2014). En este flujo material y
energético, la sustancia agua es el lubricante esencial que todo lo permea y le da
vida, de tal modo que si el Proyecto minero Quebradona llegase a contaminar y
hacer escasear el agua, entonces simple y llanamente, interrumpe el flujo
energético en el territorio y con ello la trama existencial local.
28
Base de datos. Entrevistas y conversaciones con actores locales en oposición a la minería (2014-2016).
187
Poder
El Proyecto Quebradona es parte de un juego de relaciones de poder asimétricas
entre por un lado los actores locales movilizados, como son los habitantes del
casco urbano y los campesinos (enmarcados en una vida rural cafetera), y del otro
lado unas dinámicas globales que caracterizan la economía-mundial-capitalista, en
las que operan multinacionales respaldadas por acuerdos comerciales
internacionales y relaciones de dominación y poder hegemónico de unos países
sobre otros y de unas culturas sobre otras. La evidencia más clara de ello es la
denominación actual de espacios geográficos donde están identificados los
yacimientos de los recursos minerales como “Cinturones de Oro”, que representan
y significan la consiguiente proliferación de proyectos extractivos, como es el caso
de la región del Suroeste antioqueño que incluye al corregimiento de Palocabildo.
La designación de territorios como “Cinturones de Oro” por los gobiernos
nacionales y las empresas transnacionales, debido a sus potencialidades
auríferas, –como ocurre con el “Cinturón de Oro del Cauca Medio”, que
comprende el municipio de Jericó-Palocabildo. Tiene como propósito la
apropiación material y simbólica de los territorios y la revalorización y expansión
del capital, para ello se recurre a la intervención del conocimiento científico y a la
aplicación de un poder hegemónico mediante la expedición de leyes, publicidad,
fuerza pública, tecnología e infraestructura, que termina por reconfigurar los
espacios y jerarquizar sus habitantes. La denominación de “Cinturones de Oro”
responde también a la histórica y permanente fijación, demanda, especulación
financiera y acumulación que existe del oro desde los centros de poder, donde se
controlan las transacciones y ganancias del capital, y cuya representación social
emana directamente y es difundida y respaldada por los Estados, dependientes al
sistema monetario mundial.
El conflicto socioambiental suscitado en Jericó-Palocabildo se desenvuelve en un
contexto de enorme asimetría en el acceso a la información y a los recursos de
poder e influencia entre la empresa y la comunidad local. Mientras que la
compañía transnacional puede y de hecho ha desplegado un enorme poder a
188
través de una amplia estrategia con la puesta en marcha de la denominada
“responsabilidad social empresarial”, con el cabildeo y ejecución de grandes
cantidades de dinero, y presiones políticas, jurídicas y publicitarias en las
diferentes instancias del orden institucional, tanto a nivel local, departamental,
como nacional. De otro lado la comunidad local movilizada, además de soportar
los imponderables de la vida cotidiana, se ve en la necesidad de desplegar
enormes esfuerzos de recursos económicos (que son escasos), humanos y
políticos, que les permita agruparse para defender el territorio en el que
históricamente han vivido y el cual sienten amenazado; no obstante a pesar de las
asimetrías, los pobladores locales de Jericó y Palocabildo para resistir a la minería
han ejercido el poder que les confiere habitar y trabajar diariamente el territorio,
utilizando recursos políticos como la identidad cultural, mecanismos jurídicos y
acciones colectivas (movilizaciones, marchas, protestas).
Los conflictos socioambientales por minería en Latinoamérica expresan disputas
históricas sobre la expropiación de recursos que constituyen la matriz esencial de
las comunidades rurales tales como el agua, la tierra y la autonomía alimentaria
(Toro, 2012). El acceso de un actor hegemónico a un recurso como es el suelo y
el agua redefine el acceso y uso de otros actores dentro del mismo espacio
geográfico, es decir, el uso de recursos del suelo y del subsuelo por una
transnacional minera dentro de un mismo espacio geográfico, compite con quienes
en ese mismo espacio habitan y realizan actividades agropecuarias, por lo que se
genera una disputa y competencia entre la explotación de minerales (recursos
ubicados en el subsuelo) y la agricultura que depende del suelo debajo del cual
yacen dichos minerales (Budds, 2012). En el caso específico del agua el resultado
en muchos casos es la sustracción del líquido vital para actividades agrícolas y
pecuarias e incluso para el consumo humano, todo en aras de asegurar el
abastecimiento para la extracción del mineral.
Mientras las relaciones entre gobierno y empresa suelen ser relaciones que en
apariencia guardan cierta simetría o por lo menos son más horizontales en tanto
se enmarcan en acuerdos preestablecidos para la explotación, las relaciones que
189
se generan entre gobierno – comunidad y empresa – comunidad, son relaciones
verticales. En los conflictos socioambientales por minería, –como ocurre en el
Proyecto Quebradona–, se evidencia un profundo desbalance de poder
económico, influencia política y disparidad de prácticas culturales entre las elites
gobernantes y empresa, y los actores o grupos sociales que ejercen resistencia.
Las disputas por el agua y el territorio en el conflicto minero corresponden
entonces a un marco de poderes asimétrico y discursos e identidades
contrapuestas entre los actores involucrados, que luchan por controlar el agua y el
territorio para garantizar sus propios intereses.
Identidad
La reivindicación de una identidad grupal asociada a un territorio agropecuario y a
la caficultura, como un elemento cultural en el conflicto socioambiental en el
municipio de Jericó y el corregimiento de Palocabildo, se ha constituido en una
eficaz herramienta política para los actores movilizados. Además de una
identificación con las actividades cafeteras, en el contexto del conflicto
socioambiental se recurre a la exaltación simbólica y afectiva de un conjunto de
propiedades y atributos que buscan marcar una frontera entre un “nosotros”, esto
es los jericoanos del casco urbano y campesinos de las veredas que habitan,
trabajan y quieren el territorio, y un “ellos o los otros” representado en los
promotores de la minería, como es la compañía extranjera AngloGold Ashanti,
además de ciertos agentes públicos.
En las narrativas asociadas a la identidad que se emite entre la población local
declarada en oposición a la minería aflora una filiación colectiva por los
componentes o valores estéticos, simbólicos, históricos y naturales con los cuales
se caracteriza o se describe el territorio de Jericó-Palocabildo:
Un patrimonio arquitectónico colonial y religioso con las casas, calles e
iglesias.
190
Una fuerte tradición cristiana católica, reforzada con el hecho de “ser la
casa natal de la Santa Madre Laura” (sobre todo entre la población mayor
del casco urbano).
La denominación de Jericó como “la Atenas del Suroeste” (un atributo de
“pueblo culto de Antioquia”, dado los museos, las actividades culturales y
artísticas permanentes que se programan y realizan en el municipio.
Con una existencia pacífica y tranquila en la cual transcurre la vida social y
familiar: en Jericó-pueblo y las veredas.
Con las actividades económicas productivas como son la caficultura
orgánica, la marroquinería y el turismo (religioso, ecológico y de aventura).
Con 165 años de historia (y lo que denominan “vida digna”).
Y con un paisaje y relieve natural de montaña y abundantes fuentes
hídricas, sumado al hecho de reconocerse colectivamente como “municipio
verde”, con extensas zonas para la conservación del agua, la flora y la
fauna29.
Todos estos referentes identitarios que dan cuenta de un sentido de pertenencia,
un contenido simbólico y una historia compartida, son los que los pobladores
movilizados perciben o sienten que están en riesgo con la llegada de la minería.
En el marco del conflicto socioambiental suscitado en Jericó-Palocabildo ante las
posibles transformaciones en las dinámicas sociales, paisajísticas, ambientales,
económicas y culturales que para muchos pobladores locales traerá el Proyecto
Quebradona, se construye y reivindica una identidad colectiva basada en
elementos territoriales, socioculturales y físico-naturales. Esta identidad erigida en
un contexto de resistencia se convierte en fuente fundamental de significado
social, constituyéndose así en una herramienta política ante las prácticas y
narrativas que buscan legitimar el desarrollo minero e imponer una nueva
identidad minera en el territorio.
29
Base de datos. Entrevistas y conversaciones con actores locales en oposición a la minería (2014-2016).
191
Si se asumen las premisas de que primero, el agua es un elemento que se mueve
en el eje de las actividades de adaptabilidad ecológica, en el eje de las actividades
subsistencia y en el eje de las actividades productivas (Espinoza, 2012) por eso su
apropiación y gestión es vital en la conformación de territorios por los seres
humanos. Segundo, que en el territorio se encuentran los espacios comunes
(materiales y simbólicos), todo aquello que da lugar a la construcción de la
identidad individual o colectiva. Y tercero, que la manera en que el agua es
utilizada en el territorio por las comunidades campesinas constituye un aspecto
inherente del aspecto cultural de estos grupos sociales. Se puede inferir entonces
que la defensa del agua ante la posible contaminación y escasez por actividad
minera en el municipio de Jericó y el corregimiento de Palocabildo, es en esencia
la protección de los sistemas económicos locales, la identidad y el territorio.
4.12 “Si a la vida, al agua, al territorio”
En el análisis del esquema figurativo es claro que al compás de la expansión
minera se ha venido generando en diferentes regiones de Colombia una
proliferación de conflictos socioambientales en los que el agua en términos de uso,
cantidad, calidad, acceso y contaminación se ha destacado como nodo central y
común denominador en las protestas y acciones desarrolladas por actores y
organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en estos contextos de
conflictividad minera, además de la competencia por los usos e impactos en las
fuentes hídricas, sobresale la manera como las comunidades locales organizadas
y en resistencia perciben, significan y definen el agua (Budds, 2012). En la lógica
de los actores comunitarios que encarnan las luchas socioambientales se invoca
fuertemente el significado simbólico del agua, la existencia del agua es simultánea
con la vida misma, un derecho universal, natural, del cual nadie puede prescindir.
En todas las referencias que los habitantes movilizados en Jericó y Palocabildo
hacen del agua en las entrevistas, declaraciones públicas, materiales difundidos,
conclusiones de eventos, videos, artículos del periódico Despierta Jericó –el cual
192
provee un registro de palabras y acontecimientos significantes–, afiches, los
carteles que son portados en las marchas anti mineras, las consignas y en general
en sus discursos orales y escritos, existe una preocupación generalizada por la
contaminación, la vulnerabilidad y escasez del agua que ocasiona la actividad
minera; esta preocupación central por la fragilidad del recurso hídrico es
enmarcada en términos de una relación simbólica discursiva entre agua y vida,
además de la mención al agua como elemento nodal del territorio. La lucha por la
defensa del agua es también la lucha por la defensa de la vida, esta lucha se
concatena con la de los derechos territoriales, es decir, los discursos sobre la
defensa y protección del agua/vida se resignifican y amplifican en una entidad
mayor: la defensa del territorio en tanto espacio-tiempo que alberga recursos,
tradiciones y formas de vida.
“Es importante defender el agua porque el agua es la vida y el territorio es
la raíz donde estamos, el territorio es la raíz y el agua es la vida que
sostiene la raíz” (testimonio campesino en Palocabildo, 2015).
Foto No 11. Fuente: Isaza, 08/02/2015. Momentos previos a una movilización
en Jericó
193
En las narrativas locales de resistencia que circulan en el municipio, la relación
simbólica entre agua-vida-territorio, se fundamenta en la categoría cuerpo: “el
agua es como la sangre y el territorio como el cuerpo”; “El agua es el sistema
sanguíneo del planeta”; “El agua subterránea funciona igual que como las venas
de nuestro cuerpo”; “Somos agua y tierra”. Estos lenguajes populares o metáforas
relacionales de agua-territorio-cuerpo-vida, para explicar y argumentar los
impactos que generan las plataformas de perforación del Proyecto Quebradona,
no son simples metáforas o triviales alegorías, son profundas explicaciones
filosóficas, poéticas y científicas de todo lo que les rodea y los sucesos y eventos
que les acontecen.
La continuidad discursiva de agua y vida en la disputa con AngloGold Ashanti, se
fundamenta en el hecho emblemático de que el agua es un elemento vital,
esencial en el funcionamiento de los procesos metabólicos de los seres vivos. En
los lenguajes locales referidos a la valoración del agua, el enaltecimiento de las
funciones ecológicas del agua, esto es, la regulación y mantenimiento de los
ecosistemas (plantas, animales y seres humanos) juega un rol central en la
argumentación colectiva. Además de lo imprescindible en las actividades
biológicas, la relación agua-vida en el conflicto socioambiental en Palocabildo, se
valoriza a partir de un modo de vida agrario campesino, por eso se resalta la
apropiación del agua como un insumo básico en la producción de alimentos,
principalmente para la caficultura y los cultivos de pancoger, también para la
crianza de animales domésticos.
En el conflicto socioambiental el discurso de agua y vida que se exalta entre la
población declarada en oposición a la exploración minera tiene una eficacia
política, ya que puesto en escena acompaña la reivindicación de los derechos
humanos y territoriales. Los gobiernos local, regional y nacional y las empresas no
pueden omitir o negar completamente la importancia de proteger el agua, y esa
apertura es clave para la productividad de los discursos de los movimientos y
actores que resisten (Bottaro, 2014), de allí que la enunciación o utilización del
agua como bien común o derecho comunitario, al igual que el apoyo en la
194
normatividad y legislación vigente del agua (nacional o internacional), puede
obligar a los Estados y a las empresas a tener que rendir cuentas y reconocer y
garantizar el derecho humano - comunitario, del acceso al agua potable en una
democracia (Shiva, 2004).
Cuando los habitantes campesinos en las veredas y en Jericó-pueblo, opositores
al Proyecto Quebradona, elevan el agua al plano moral de la vida, a su vez están
también cuestionando la legitimidad de los derechos de uso y propiedad sobre el
agua: de cómo y por qué, un actor considerado foráneo en el territorio como es
AngloGold Ashanti, pretenden gestionar y usufructuar el agua a costa de las
necesidades básicas de los demás. Por otro lado, la retórica simbólica agua-vida
en el conflicto socioambiental, también está en consonancia con elementos como
la salud humana y el cuidado de la sociedad y la naturaleza. Desde una lógica de
resistencia comunitaria al proyecto minero, el agua pura simboliza “salud y vida”,
mientras que el agua contaminada simboliza “enfermedad y muerte”.
Entre las valoraciones de los actores locales movilizados en Jericó-Palocabildo así
como se construye una racionalidad donde se entreteje el agua y la vida, de la
misma forma aparece los impactos y contaminación minera acompañados también
por la noción de muerte. Para los opositores a la megaminería las sustancias
químicas utilizadas en los procesos mineros (ej. cianuro), los minerales asociados
con el drenaje ácido de los escombros y los socavones dejados por la remoción de
rocas llevan un peso discursivo importante de “figura de muerte” (Bottaro, 2014).
En Jericó la “figura de muerte” vinculada a la minería, se manifiesta en relatos
como:
“El Proyecto Quebradona que hoy se desarrolla en Palocabildo en su fase
de exploración y eventualmente en un futuro en su fase de explotación, con
el impacto en las aguas traerá sed, enfermedad y muerte (…) es que la
minería es sinónimo de violencia y degradación social y ambiental”
(Despierta Jericó, 2013:6).
195
En las narrativas del conflicto socioambiental en Jericó se contrapone el valor de
la vida con el valor del oro, o de los beneficios económicos prometidos por la
compañía minera: “podemos vivir sin oro, pero no podemos vivir sin agua”; “el
agua vale más que el oro”; “Se trata de decidir: ¿Queremos agua o queremos oro?
(Despierta Jericó, 2014:16). A partir de relatos como estos se subraya en la
resistencia local, el contraste ético entre “lucro versus agua”, “oro versus vida”, y
se denuncia el modo como se imponen poderes hegemónicos (económicos y
políticos), por sobre sus territorios, identidad y vidas.
En los textos de los habitantes movilizados en oposición a la minería, existe un
vocabulario, con una carga simbólica negativa, con la cual se describe la relación
y uso que para ellos posee la empresa minera con el agua, tales como: contamina,
perfora, impacta, acapara, merma, acidifica, privatiza, roba, extrae, despoja,
envenena, altera, escasea, apropia, domina, acaba, consume, niega, disputa,
reduce, miente, nociva, “trae injusticia y enfermedad”; “pone en grave riesgo”;
“vierte desechos tóxicos”; “afecta y utiliza grandes cantidades superficiales y
subterráneas de agua”; “pide muchas concesiones”; “perfora las montañas y
rompe acuíferos”30.
En la terminología de los habitantes locales al agua en el conflicto se le atribuye
adjetivos calificativos como fundamental, esencial, primordial, limpia, pura,
potable, libre, fresca, abundante, natural, comunitaria, valiosa, derecho,
doméstica, patrimonial, embellece, armoniza, sana. Las acciones frente al agua
también se describen con verbos: luchar, defender, proteger, sembrar, denunciar,
conservar, cuidar, regular, inventariar, referenciar, aprovechar, disfrutar. Se le
otorga propiedades funcionales: “calma la sed”, “para cultivar y cocinar”, “para la
higiene” “para la fotosíntesis”; se le adjudica propiedades estéticas y afectivas
“embellece el paisaje y el territorio”, “sentimos y nos duele el agua por eso la
defendemos”, “bañarse en el rio produce una sensación de alegría y placer”. Y se
le concede valores espirituales: “el agua es sagrada y mística”; “el agua es
30
Base de datos. Entrevistas y conversaciones con actores locales en oposición a la minería (2014-2016).
196
creación y regalo de Dios”; “el agua es un misterio, baja de la montaña y cae del
cielo”, “el movimiento y el sonido del río es meditación”31.
Para Shiva (2004) las disputas por el agua son conflictos de paradigmas,
conflictos entre formas distintas de entender y sentir el agua. En el escenario
global-mundial existe una confrontación entre las visiones comunitarias-locales y
las privatizadoras dirigidas por el gran capital transnacional. Los conflictos por el
agua que se han multiplicado por todo el orbe, ponen en tensión y disputa las
formas tradicionales y aun convencionales de representaciones, acceso y manejo
del agua, con los sofisticados esquemas modernos de apropiación de los sistemas
hídricos. Según Shiva estos conflictos tienen dos dimensiones: en primer lugar, la
guerra material (con armas bélicas) que ha surgido entre algunas naciones y
grupos por el control de fuentes y recursos hídricos; y en segundo lugar la guerra
simbólica entre las representaciones del mundo, entendidas como “las formas de
vivir y percibir el agua” (Shiva, 2004).
Mientras la comunidad movilizada en oposición al proyecto minero construye y
asume una imagen representacional del agua-vida que está asociada a nociones
como: la sostenibilidad territorial; la calidad y producción de los alimentos; la salud
corporal y de la comunidad; a la pervivencia de las futuras generaciones; la justicia
y los derechos; y a la conservación del paisaje y la naturaleza –concepción no
antropocéntrica del agua, puesto que no solo está para el servicio y supervivencia
humana sino también para la supervivencia de otros seres vivos–. Por su parte
AngloGold Ashanti posee su propio régimen de representación del agua, la cual se
encarga de reproducir e imponer en el territorio.
La compañía minera legitima y materializa su control y acceso diferencial del agua
por medio de un entramado de dispositivos de poder como es la tecnología
invasiva, la construcción de infraestructura, un marco legal, influencia política,
despliegue económico y una racionalidad basada en la ciencia, el desarrollo, el
progreso, la productividad y la eficiencia. Entre los promotores mineros
(empleados de AngloGold Ashanti y funcionarios de la alcaldía 2012-2015), se
31
Base de datos. Entrevistas y conversaciones con actores locales en oposición a la minería (2014-2016).
197
justifica la actividad minera y con ello un uso hegemónico del agua en el territorio,
con argumentos como: “El ser humano sin minería no puede sobrevivir, todos los
aparatos materiales que nos rodean, requiere de minería”; “La minería es una
actividad legalmente constituida, nosotros no estamos cometiendo ningún delito”;
“El Proyecto Quebradona dinamiza la economía en Jericó”, “La agricultura y el
café contamina y desperdicia el agua, incluso más que la minería”.
“En AngloGold Ashanti optimizamos los sistemas de recirculación de agua, fluidos
de perforación y tratamiento de aguas resultantes de los procesos, cuando se
generan vertimientos recirculamos el recurso (…) analizamos las aguas
resultantes de los pozos y hacemos tratamiento con sedimentación, floculación y
clarificación (…) Implementamos un sistema de deshidratación de lodos con
materiales ecológicos que no generan lixiviados o drenajes (…) desde 2012
implementamos un programa de monitoreo ambiental de aguas superficiales en los
ríos y quebradas del área de influencia directa de las operaciones de exploración,
con el fin de tomar muestras y conocer la calidad (…) implementamos medidas
para minimizar impactos en el recurso hídrico” (AGA, 2012).
Existen distintos tipos de discursos o representaciones de las realidades del agua
(con su contenido normativo, cultural y técnico) que se ajustan o sirven a algunos
intereses o propósitos mejor que a otros, en este caso el discurso neoliberal del
agua es idóneo por ejemplo para articular y expresar los problemas de agua en
términos de eficiencia de mercado, competencia y productividad, reflejando unos
valores relacionados con la autonomía empresarial y la racionalidad económica
(Zwarteveen; Boelens, 2011).
Desde la lógica de la empresa el agua se valora desde una noción economicista,
un recurso estratégico para el desarrollo y el beneficio monetario, un objeto o
materia prima para la extracción y procesamiento de minerales, un recurso natural
cosificado que está para el servicio de quien la pueda aprovechar. En una lógica
similar a la de la empresa, para el gobierno nacional el agua es un recurso
estratégico indispensable para sostener el sistema de producción y consumo;
desde esta perspectiva, las fuentes hídricas y los territorios son valorados desde la
producción del capital y el crecimiento económico nacional, a través del manejo
198
tecnocrático del agua y la cuenca, los discursos de desarrollo, científicos, de
sostenibilidad, progreso y utilidad pública.
4.13 Asumir que el agua es la vida
El proceso de naturalización en la representación social, emerge al ver la
apropiación y afectación de las aguas consecuencia de las plataformas de
perforación que genera el daño en aquello que los habitantes locales llaman
“acuíferos”, los vertimientos ocurridos en las quebradas y las diversas concesiones
de agua solicitadas, por todo esto, los pobladores locales movilizados en oposición
a la minería en Jericó-Palocabildo, han resignificado y revalorizado de una nueva
manera el agua. Mediante acciones colectivas, diálogo e intercambio de saberes,
espacios de educación, análisis y discusión como encuentros regionales, foros,
talleres, conversatorios, marchas, recorrido por las cuencas, actividades
ambientales, políticas, jurídicas y artísticas (además de sus conocimientos y
prácticas cotidianas), los actores organizados y movilizados incorporan nuevos
lenguajes de valoración del agua-vida, en conexidad con la defensa y
conservación del territorio, la identidad cultural y la naturaleza.
Ante la inminente vulnerabilidad hídrica por exploración y eventual explotación
minera, el agua en los discursos locales cobra una importancia cardinal. Si bien
previamente del arribo de la minería a Jericó-Palocabildo, el agua siempre había
sido apropiada y gestionada a través de los acueductos comunitarios y los usos
domésticos y agropecuarios, solo a partir de la apropiación, contaminación y
escasez ocasionada por AngloGold Ashanti, la representación del agua como vida
es apropiada y difundida por algunos actores entre la población local.
“Desde que la minera afectó el agua, fue entonces que muchos en el
municipio y aquí en el corregimiento aprendieron a valorarla y a apreciarla,
y ahora vemos el agua diferente a como la veíamos antes” (entrevista
realizada a un mayor campesino en el corregimiento de Palocabildo, 2015).
199
De esta manera lo que anteriormente era un elemento que fluía por el territorio y
que se usaba de forma inadvertida, se transforma así en un tema trascendental de
conciencia colectiva.
En el contexto de resistencia del conflicto socioambiental en el corregimiento de
Palocabildo la representación del agua como vida (en los discursos y en las
prácticas), ha posibilitado que entre los habitantes locales (campesinos y
propietarios de fincas) se identifique y corrija concertadamente algunas acciones
locales inadecuadas que se tienen con los usos del agua, tales como: el
desperdicio por fugas en las conducciones familiares (tuberías) las cuales pueden
evitarse; el uso incorrecto en las actividades domésticas dejando abiertos los
grifos; el abuzo con los agroquímicos que se emplean en los distintos cultivos; el
arrojo de la pulpa a las corrientes de agua cuando hay cosecha cafetera32; y el
control de las rondas hídricas en donde pasta y bebe el ganado. Todas estas
modificaciones en las conductas ahora dirigidas a la protección del agua en el
territorio, han sido posibles gracias a una nueva sensibilización, concientización y
apropiación comunitaria sobre la importancia social y natural del agua, debido a la
amenaza que significa la exploración minera.
La población en resistencia asume entonces que el conflicto socioambiental es en
esencia una disputa material y simbólica por el agua con la compañía minera. La
principal imagen colectiva que emerge del agua es con la vida, enlazada al
territorio, la identidad agraria-cafetera y las montañas-naturaleza –de donde
proviene–, además de otros elementos como el trabajo, el cuerpo, la comunidad,
la salud, la casa, los alimentos, la higiene, el paisaje, el patrimonio y la justicia. De
allí que la consigna expresada en las banderas “No a La Minería, Si al Agua”, el
agua condense y simbolice para la población movilizada todo un tejido natural y
32
Las malas prácticas en épocas de cosecha de café empleadas por algunos campesinos en el corregimiento de Palocabildo hace que la pulpa que resulta del beneficio sea depositada en las corrientes de agua, generando un aumento considerable de la demanda bioquímica de oxígeno, aumento de la carga de sólidos totales, generación de olores y afectación de la fauna acuática e imposibilitando incluso en ocasiones el aprovechamiento de los acueductos. Práctica que en el marco de la disputa con AngloGold Ashanti ha venido siendo corregida debido a la nueva conciencia colectiva en torno al agua.
200
comunitario de vida, mientras que la exploración y explotación minera el despojo
de ello.
4.14 La politización del agua
Alrededor de la representación social agua-vida se ha unificado y fortalecido la
resistencia ejercida por la comunidad jericoana, convirtiéndose el agua, a partir del
conflicto con la empresa, en un importante símbolo cultural y herramienta política
de lucha. Ante la contaminación y escasez por las actividades de exploración de
AngoGold Ashanti, el agua se ha politizado en el conflicto socioambiental. Politizar
significa ejercer acciones para transformar una cuestión particular en un tema y
asunto de interés público, esto es, introducir un tema en la agenda pública local,
regional o nacional ante el que se asume que existen posiciones en conflicto y que
requiere de algún tipo de acción para solucionarlo. La politización implica a su vez
la convocatoria y articulación de diversos actores en organizaciones y
movimientos, hasta la activación de disputas entre saberes contrapuestos, y la
experimentación con nuevas vías de contienda judicial (Bottaro; et al., 2014).
La comunidad local movilizada para convocar, visibilizar y denunciar el uso
hegemónico e impactos sociales y ambientales ocasionados por AngloGold
Ashanti con el Proyecto Quebradona ha politizado el agua, transformándose en
una eficaz práctica de resistencia. El discurso local del agua/vida con las
valoraciones y significaciones propias, es proyectado en espacios
gubernamentales como la alcaldía, concejo, gobernación, Corantioquia y
tribunales judiciales, en espacios académicos (colegios y universidades) y en
espacios públicos, como el parque central municipal, las calles, los andenes y en
foros y encuentros regionales, con la intención de explicar y denunciar las
afectaciones en las aguas y en sus modos de vida. La problematización del agua
en la esfera pública ha permitido intervenir de lleno en el debate político electoral
en Jericó, además de producir alianzas con municipios vecinos, resguardos
201
indígenas y organizaciones civiles como Censat Agua Viva, Conciudadanía y el
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
La importancia y poder simbólico que se le otorga al agua la convierte en la base
para reivindicar una pertenencia territorial, identidad cultural y desempeñar
acciones políticas.
“Queremos dejar constancia expresa que nuestra mayor preocupación está
centrada en las afectaciones que puedan sufrir los recursos naturales de nuestro
territorio, especialmente el agua. Por eso nos hacemos sentir protestando,
rechazando rotundamente que el agua de las quebradas que abastece los
acueductos veredales, incluido el vecino corregimiento de Palermo en Támesis, y
que facilita las labores agropecuarias que son la base del sustento de nuestras
familias, se vean afectadas por la exploración minera de AngloGold Ashanti”
(Despierta Jericó, 2013:11).
El discurso de la población movilizada sobre el uso y significado del agua se da
desde un marco de referencia conocido y preexistente como es la vida campesina
y las actividades de la agricultura, de donde se reafirma la importancia vital que
tiene el agua para la producción de alimentos y el beneficio del café (principal
fuente local de ingresos). A partir de unos saberes y prácticas agropecuarias
locales se resignifica y conceptualiza la importancia del agua para la producción
de alimentos en el territorio, por lo que desde una lógica campesina si se expropia
y contamina el agua-suelo, se esteriliza el territorio e impacta también los cuerpos
de los habitantes. Si el acceso al agua en términos de cantidad y calidad
representa vida, por tanto su escasez y contaminación representa muerte, de allí
consignas comunitarias como “Defender el agua es defender el territorio y nuestra
propia vida”.
En Jericó-Palocabildo la resistencia local en el conflicto socioambiental no
solamente se adhieren a la explicación científica de los impactos mineros (hidro-
geo-química) y su gestión técnica, sino que desde racionalidades alternativas se
entiende que si se priva el acceso al agua en el territorio, se les niega así sus
modos de vida rural, campesino, agrario y cafetero; negación que va en contravía
202
de los principios y los derechos humanos consagrados en la Constitución Política
colombiana.
La llegada al territorio de AngloGold Ashanti con el Proyecto Quebradona ha
conllevado entre los actores locales declarados en oposición –habitantes de las
veredas y del casco urbano (hombres, mujeres, mayores y jóvenes), una nueva
forma de enunciar y darle sentido al agua, ampliando el conocimiento y la
sensibilización comunitaria sobre las amenazas sociales y ambientales que
configura el desarrollo de la mega-minería. En Jericó-Palocabildo la defensa y
conservación del medio ambiente, la identidad cultural agraria y el territorio, ha
tenido en los lenguajes de valoración y re-significación del agua su mayor fortaleza
política. El agua valorada como un bien común es representada entre la población
movilizada como un componente fundamental de la trama de la vida.
El Conflicto socioambiental en Jericó-Palocabildo es en esencia un conflicto en la
disparidad por los usos y significados del territorio y el agua, la disparidad de
noción de territorio entre comunidad local y empresa, se fundamenta en los
significados y usos diferentes del agua. Las narrativas discursivas de agua – vida,
se contrasta cultural y políticamente con la representación del agua que tiene la
empresa minera como objeto, materia prima o recurso. La resistencia comunitaria
contrapone el uso doméstico y agropecuario del agua para producir alimentos
versus el uso industrial minero del agua para extraer y procesar el oro. Tales usos
y representaciones del agua completamente antagónicas lo que denotan es la
naturaleza de la contradicción semiótico-política de fondo que se manifiesta en el
conflicto.
203
Consideraciones Finales:
- Abordar desde la Ecología Política los conflictos socioambientales por
minería en América Latina, permite dar cuenta de las relaciones
hegemónicas de poder –geopolíticas y geoeconómicas–, que operan desde
un nivel global hasta un nivel local, al mismo tiempo que permite estudiar
las estrategias y narrativas de resistencia que emplean los actores
comunitarios. Para diversos actores que se inscriben en este marco teórico
el modelo de desarrollo extractivo-exportador de materias primas que ha
caracterizado históricamente a Latinoamérica, ha tenido como epicentro la
minería, con un alto costo social y ambiental; al ser la mega-minería una
actividad de ocupación y reconfiguración hídrica y territorial, inherentemente
origina conflictividad.
- La denominación como un “Cinturón de Oro” del territorio del Suroeste
Antioqueño, por los promotores mineros en alianza Estado y empresas (en
su mayoría transnacionales), tiene como finalidad la expansión y
acumulación del capital, mediante la apropiación material y simbólica de los
territorios, sus recursos y sus gentes. Para ello, se apela a la intervención
del conocimiento especializado, construcción de infraestructura, tecnología,
expedición de leyes, despliegue de publicidad y fuerza pública, lo que
implica además de resignificar los espacios, reordenar y jerarquizar los
recursos y las personas.
- Estudiar las representaciones sociales del agua en los conflictos
socioambientales por minería, es un abordaje teórico alternativo que
posibilita entender más allá de los impactos físicos, los lenguajes de
valoración, las emociones, saberes e interpretaciones que las poblaciones
de las zonas rurales afectadas por la actividad minera, construyen y
despliegan en torno al agua, y la manera como ésta se vincula y
correlaciona con la protección y defensa de la naturaleza, el territorio y la
cultura.
204
- El agua fluye, “permea” e integra las dimensiones física, bilógica, cultural
económica y política, no es solamente un elemento físico-natural, también
es un elemento socio-natural, que es usado, apropiado y significado por los
actores sociales de distintas maneras, y por lo tanto, influenciado siempre
por relaciones de poder; la idea o imagen que se tiene del agua está
determinada según el contexto social. En la disputa con la compañía
minera, cuando la actores locales ligan el agua con la vida, la convierte en
un símbolo de la defensa territorial; la representación social del agua,
vinculada a la vida y el territorio que emerge entre los campesinos y
habitantes del casco urbano movilizados, tanto en el plano material como
simbólico, potencia la conformación de herramientas políticas de lucha;
activa el sentido de pertenencia entre la comunidad; y favorece alianzas
con otros actores locales, regionales y nacionales.
- El agua para los habitantes del corregimiento de Palocabildo está influida
por significados culturales propios de una vida campesina, cuyas
actividades socioeconómicas se basan en las labores agropecuarias,
principalmente la caficultura. Desde la lógica rural-campesina existe una
relación y dependencia directa del territorio y la cultura con los
componentes orgánicos de la naturaleza (agua-suelo). Los pobladores
locales del corregimiento de Palocabildo en oposición al “Proyecto
Quebradona”, son conscientes de que si la minería modifica o impacta la
naturaleza, esto es, el suelo y las aguas como fuente nutricional, por
consiguiente también se alteran las relaciones que como cultivadores tienen
con el territorio, y de esta forma sus modos de vida.
- El conflicto entre los pobladores locales y la compañía AngloGold Ashanti,
es una disputa por la apropiación material y simbólico-discursiva por el
agua y el territorio, en el que se contraponen distintas maneras de ocupar,
modos de usar y significar. Para la población local, el agua representa la
vida, por tanto su apropiación, escasez y contaminación tiene una figura de
205
“muerte”. Por su parte, para AngloGold Ashanti el agua representa un
recurso necesario para la extracción del oro, un aditivo esencial de su
proceso extractivo. La compañía minera como un actor influyente en lo
político y lo económico, mediante su poder, genera desbalances hídricos y
territoriales, además de disponer de los cuerpos naturales y sociales.
206
Bibliografía
Acto de Veeduría, Vereda la Aurora (2012). Recuperado desde:
http://sialagua.wordpress.com/
Acosta, A. (2009) La maldición de la abundancia. Quito: Swissaid, Abya-Yala.
Albo, X. (2009) “Suma Qamaña = el buen convivir” en Obets (Alicante: Instituto
Universitario de Desarrollo Social) N° 4, diciembre, “Buen Vivir, Desarrollo y Mal
desarrollo”.
Alier, J. (2004) El ecologismo de los pobres. Conflictos ambientales y lenguajes de
valoración (Barcelona: Icaria/FLACSO).
Alimonda, H. (2011) “La colonialidad de la naturaleza. Una aproximación a la Ecología
Política Latinoamericana”. En: Alimonda, Héctor (coord.), La Naturaleza
colonizada. Ecología política y minería en América Latina. CLACSO/CICCUS,
Buenos Aires. pp. 21-60.
Ángel, D. (2011) La hermenéutica y los métodos de investigación en ciencias Sociales.
Grupo de investigación Ética y Política Universidad Autónoma de Manizales,
Caldas – Colombia.
Anglo Gold Ashanti, AGA. (2012) Balance Proyecto Quebradona. Recuperado desde:
http://www.anglogoldashanti.com.co/saladeprensa/Reportes/Balance%202012.pdf
Anglo Gold Ashanti, AGA. (2015) Balance Proyecto Quebradona. Recuperado desde:
http://www.anglogoldashanticolombia.com/presentaciones/proyectoquebradona201
5/
Araya, S. (2002) Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión.
Cuaderno de Ciencias Sociales 127. Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO). Costa Rica.
Banchs, M. (2000) Aproximaciones procesuales y estructurales al estudio de las
Representaciones Sociales. Papers on Social Representation. Vol.9, 3.1-3.15.
Bebbington, A., J. Bury, J. Lingan, J.P. Muñoz y M. Scurrah. (2008a) ‘Mining and social
movements: struggles over livelihood and rural territorial development in the
Andes’, World Development 36(12): 2888-2905.
Bebbington, A; Williams, M. (2008) “Water and Mining Conflicts in Peru”. En Mountain
Research and development Vol. 28, Agosto-Noviembre pg. 190.
207
Bello, A. (2011) Espacio y territorio en perspectiva antropológica. El caso de los
purhépechas de Nurío y Michoacán en México. Universidad Católica de Temuco.
México.
Boelens, R., G. Damonte y M. Seemann (2014), “Ecología Política”, Editada por V.
Claudín y N.C Post Uiterweer, PARAGUAS, Justicia Hídrica, www.redandina-
paraguas.net y www.justiciahidrica.org
Bollier, D. (2008) “Los bienes comunes: un sector soslayado de la riqueza”. En Helfrich,
Silke (comp.) Genes, bytes y emisiones: Bienes comunes y ciudadanía (México:
Fundación Heinrich Böll).
Bottaro, L; Alex, L; Sola, M. (2014) La politización del agua en los conflictos por la
megaminería: Discursos y resistencias en Chile y Argentina. Revista Europea de
Estudios Latinoamericanos y del Caribe No. 97 (2014) Octubre, pp. 97-115. ISSN
0924-0608.
Bucio, C. (2013) Conflictos socioambientales por la minería “a cielo abierto”: Cerro de San
Pedro y Wirikuta. En: Ecología política del extractivismo. En América Latina: casos
de resistencia y justicia socioambiental. Gian Carlo Delgado Ramos (coordinador).
(Buenos Aires: CLACSO).
Budds, J. (2010) Las relaciones sociales de poder y la producción de paisajes hídricos. En
Justicia Hídrica 7 ensayos como aportes para articular las luchas. Censat Agua
Viva. pp. 31-42.
Budds, J; Hinojosa, L. (2012) Las industrias extractivas y los paisajes hídricos en
transición en los paisajes andinos: análisis de la gobernanza de recursos y
formación de territorios en Perú.Capítulo 3 del libro Justicia Hídrica II: Agua,
injusticia y conflictos. Editores: Edgard Isch L., Rutgerd Boelens.
Budds, J. (2012b) La demanda, evaluación y asignación del agua en el contexto de
escasez: un análisis del ciclo hidrosocial del valle del río La Ligua, Chile Revista de
Geografía Norte Grande, núm. 52, septiembre, pp. 167-184 Pontificia Universidad
Católica de Chile Santiago, Chile
Burgos, A. (2013) La Gestión Del Agua, Como Elemento Estructurante Del Territorio. En:
Vásquez, Virginia. Revista AUS, núm. 13, 2013, pp. 34-37 Universidad Austral de
Chile.
Cabrera, M; Fierro, J. (2013) Implicaciones ambientales y sociales del modelo extractivista
en Colombia. En Minería en Colombia Fundamentos para superar el modelo
extractivista. (director) Luis Jorge Garay Salamanca. pp. 89-123.
Cancino, A. (2012) La dudosa fortuna minera de Suramérica: los países andinos de
Colombia, Chile y Perú. En: Minería Territorio y Conflicto en Colombia. CENSAT-
Agua Viva. Universidad Nacional de Colombia. pp. 59-76.
208
Carvajal, F. (2013) Conflictos socioambientales en Piamonte, Cauca: una reflexión desde
la Ecología Política En: Ecología política del extractivismo en América Latina:
casos de resistencia y justicia socioambiental. Gian Carlo Delgado Ramos
(coordinador). (Buenos Aires: CLACSO).
Castro, J (2014) Suroeste antioqueño: Plan para el desarrollo minero y política del
despojo. En: Revista semillas: Acciones sociales frente a conflictos ambientales
N° 55/56 – Julio.
Castro, S. (2007) Michel Foucault y la colonialidad del poder. Tabula Rasa. Bogotá -
Colombia, No.6: 153-172, enero-junio. Pontificia Universidad Javeriana/ Instituto
Pensar.
Cinturón Occidental Ambiental - COA. (2013) Obtenido de Periódico La Calle 30:
http://lacalle30.blogspot.com/2013/04/cinturon-occidental-ambiental.html
Cinturón Occidental Ambiental - COA. (2014) Presentación Suroeste de Antioquia:
Territorio Sagrado para la Vida lunes, 24 de marzo. Recuperado desde:
http://lacalle30.blogspot.com/2014/03/presentacion-suroeste-de-antioquia.html
Colombia Informa. (2015) Agencia de Comunicación de los Pueblos. Pueblorrico convoca
a la defensa de la vida, el agua y el territorio. Viernes, 19 de junio de 2015.
Recuperado desde:
http://www.colombiainforma.info/mov-sociales/159-pueblos/2259-pueblorrico-
convoca-a-la-defensa-de-la-vida-el-agua-y-el-terriotrio
CODELCO. (2015) Métodos y Equipos de Perforación. Recuperado desde:
https://www.codelcoeduca.cl/procesos_productivos/escolares_extraccion_equipos_
asociados.asp
CORANTIOQUIA. (2015) Referentes ambientales para los mandatarios elegidos (periodo
2016-2019) y la comunidad en general de la jurisdicción de Corantioquia.
Cuñat, R. (2007) Aplicación de la teoría fundamentada (grounded theory) al estudio del
proceso de creación de empresas. XX Congreso anual de AEDEM, Vol. 2, 2007 p.
44. C
Delgado, G. (2010) América Latina y el caribe como reservas estratégicas de minerales.
En: Ecología Política de la Minería en América Latina: aspectos socioeconómicos,
legales y ambientales de la mega minería. Universidad Nacional Autónoma.
México.
Departamento Administrativo de Planeación - DAP. (2009). Perfil subregional Suroeste
antioqueño. Gobernación de Antioquia. Dirección de Planeación Estratégica
Integral (Director) Héctor Cárdenas M.
209
Departamento Administrativo De Planeación De Antioquia, Universidad Nacional
Decolombia DAP-UNAL. (2007) Subregiones en Antioquia, Realidad Territorial,
Dinámicas y Transformaciones Recientes. Medellín.
Despierta Jericó Informativo independiente. En www.despiertajerico.blogspot.com
Eizagirre, M y Zabala, N. (2000) Investigación-acción participativa (IAP). Diccionario de
acción humanitaria y cooperación al desarrollo.
Recuperado desde: http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132
Environmental Justice Organizations, Liabilities and Trade. Unión Europea. Atlas Global
de Justicia Ambiental- EJOLT. (2014) Recuperado desde: http://www.ejatlas.org/
Erick H. Pichot R. (2008) Caminando por Colombia una visión rural de Anglo Gold
Ashanti.
Espinoza, C. (2012) “Diseño de un Diagnóstico Patrimonial: Las Aguas de la Cuenca de
Santiago”. (Tesina para optar al Diplomado Patrimonio, Comunidad y
Cultura).Facultad de Humanidades, Universidad de Santiago de Chile.
Estudio Semidetallado de Suelos. Municipio de Jericó Antioquia. (2011) Instituto
Geográfico Agustín Codazzi IGAC.
Farah, Ivonne y Vasapollo, Luciano. (2011) “Introducción” en Vivir Bien: ¿Paradigma no
Capitalista? La Paz: CIDES-UMSA/Sapienza Universitá di Roma/Oxfam/Plural.
Fierro, J. (2012) La política minera en Colombia: la articulación y potenciación de
conflictos alrededor de interés privados. En: Minería Territorio y Conflicto en
Colombia. CENSAT- Agua Viva. Universidad Nacional de Colombia. pp. 179-212.
Fierro J. (2012b). “Políticas mineras en Colombia”, Instituto Latinoamericano para una
Sociedad y un Derecho Alternativos – ILSA, con el auspicio del Comité Catholique
contre la faim et pour le développement - CCFD Terre Solidaire, Digiprint Editores
EU, Colombia.
Fierro, J. (2011) “La minería en Colombia: un oscuro panorama”. Recuperado desde
http://181.49.19.3/ws/Documentos/MineriaVillavicencio.pdf
Formulación del Esquema de Ordenamiento Territorial – EOT. (2010) Municipio de Jericó,
Antioquia. Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial. Documento técnico.
Gudynas, E. (2013) Extracciones, Extractivismos y Extrahecciones un Marco Conceptual
Sobre la Apropiación de Recursos Naturales. Observatorio del Desarrollo No 18.
González, Y. (2013) Ambua kurisiadayu: organizaciones, conflictos y resistencias
Pueblorrico Antioquia. Departamento de Antropología Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas Universidad de Antioquia. Medellín.
210
Grupo Estudios del Territorio – GET. (2014) Instituto de Estudios Regionales INER.
Universidad de Antioquia. Medellín. En. La investigación social y económica en la
región y en Colombia. Cidse.
Gudynas, E. (2009) “La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de
Ecuador”. En: Estudios Sociales (Bogotá) N° 32, abril.
Harvey, D. (2004) “El ‘nuevo’ Imperialismo: acumulación por desposesión”. En Socialist
Register (Buenos Aires: CLACSO), N°40, “El Nuevo Desafío Imperial”.
Hernández, R; Fernández, C; Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación - Quinta
Edición. Editorial Mc Graw Hill.
Idárraga, A; Muñoz, D; Vélez, H. (2010) Conflictos Socio-Ambientales por la Extracción
Minera en Colombia: Casos de la Inversión Británica. Censat Agua Viva.
Inciarte, A; Hernández, J; Herrera, L; Martínez, R; Páez, J. (2011) Seminario:
Generaciónde Teoría. Teoría Fundamentada. Universidad del Zulia. Facultad de
Humanidades y Educación. Puerto Ordaz. Enero 2011.
Jodelet, D. (1986) La representación social: fenómenos, concepto y teoría. En S.
Moscovici, Psicología Social II: Pensamiento y vida social. Psicología social y
problemas sociales (págs. 459- 494). Barcelona-Buenos Aires: Paidós.
Alianza Justicia Hídrica. (2016) Acumulación de agua conflictos y estrategias de la
sociedad civil. Consultado el 15 octubre de 2016 en: http://justiciahidrica.org/
Johnston, R; D. Gregory, G Pratt, M Watts Y D Smith. (2000) The Dictionary of
Geography, 4 Edition, Oxford: Blackwell.
La Calle 30, Periódico. (2012) Travesía por el Suroeste: Un Abrazo a la Montaña:
Recuperado desde:
http://lacalle30.blogspot.com/2012/12/travesia-por-elsuroeste- un-abrazo-la.html
La Calle 30, Periódico. (2014) Presentación Suroeste de Antioquia: Territorio Sagrado
para la Vida. Recuperado desde:
http://lacalle30.blogspot.com.co/2014/03/presentacion-%20suroeste-de-
%20antioquia.html#H8OPj6LjBtlKZI5q.99
La minería.com (2014) AngloGold anunció los recursos del Proyecto Quebradona. 7 de
noviembre 2014. Recuperado desde:
http://lamineria.com.co/lombia/2014/11/07/anglogold-anuncio-los-recursos-del-
proyecto-quebradona/
211
Larsimont, R. (2014) Ecología política del agua: reflexiones teórico-metodológicas para el
estudio del regadío en la provincia de Mendoza. Instituto de Ciencias Humanas,
Sociales y Ambientales, INCIHUSA-CONICET (Mendoza).
Lineamientos de Ordenación Territorial para Antioquia – LOTA. (2013) Construyendo
acuerdos territoriales. Recuperado desde:
http://www.antioquia.gov.co/PDF2/lota/docs/cartografia/estrutura_ordenaci%D0%B
2n_territorial_Suroeste.pdf
Linton, J. (2010) ¿What is Water? The History of a Modern Abstraction, University of
British Columbia Press, Vancouver pp. 333, ISBN: 978-0-7748-1701-1
León, M. (2009) “Cambiar la economía para cambiar la vida. Desafíos de una economía
para la vida”. En: Acosta, Alberto y Martínez, Esperanza (comp.) El buen vivir.
Una vía para el desarrollo (Quito: Abya Yala).
Machado, H. (2010) Minería transnacional y neocolonialismo. Cuerpos y Territorios en las
disputas coloniales de nuestro tiempo. En: Resistencias Populares a la
Recolonización del continente” Buenos Aires, Agosto. ISBN 978‐987‐25652‐1‐3.
Machado, H. (2011) El Auge de la minería transnacional en América Latina. De la
Ecología Política del neoliberalismo a la anatomía política del colonialismo. En
Alimonda, Héctor (coord.) La Naturaleza Colonizada. Ecología Política y Minería
en América Latina. Buenos Aires: CLACSO/CICCUS. pp. 135-179.
Machado, H. (2014) Territorios y Cuerpos en Disputa: Extractivismo Minero y Ecología
Política de las Emociones. Intersticios Revista Sociológica de Pensamiento Crítico.
Vol. 8 (1) ISSN 1887 – 3898. pp. 56-71.
Maldonado, N. (2007) “Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un
concepto”, en Castro-Gómez, S. y Grosfoguel, R. (eds.): El giro decolonial.
Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global.
Bogotá, Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores, pp.127-167.
Mantilla, A. (2013) Estas locomotoras necesitan frenos: Entre los espacios basura y el
mandato popular. Crónicas del Despojo.
Moran, R. (2009) Minando el agua. Federación Regional Única de los Trabajadores
Campesinos del Altiplano Sur, FRUTCAS. Bolivia, 2009.
Moreno, A. (2012) Minería territorio y conflicto en Tasco- Boyacá. En Minería Territorio y
Conflicto en Colombia. CENSAT- Agua Viva. Universidad Nacional de Colombia.
pp 371-381.
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL. (2013) El atractivo del
Cinturón de Oro del Cauca Medio. En:
212
http://www.conflictosmineros.net/contenidos/10-colombia/15008-el-atractivo-del-
cinturon-de-oro-del-cauca-medio
Observatorio de conflictos Mineros de América Latina, OCMAL. (2014).
Recuperado desde: http://es.slideshare.net/mezcaline/conflictos-mineros- en-
america-latina-2014-ocmal
Pachón, D. (20008) Nueva perspectiva filosófica en América Latina: el grupo
Modernidad/Colonialidad. En: África, América Latina y el Caribe. Ciencia política
Nº 5 enero-junio 2008 ISSN 1909-230x. pp. 8-35.
Palacio, G. (2006) “Breve guía de introducción a la Ecología Política (Ecopol): Orígenes,
inspiradores, aportes y temas de actualidad”. En Gestión y Ambiente, Vol. 9, N° 3.
Pardo, L (2013) Propuestas para recuperar la gobernanza del sector minero
colombiano. En Minería en Colombia Fundamentos para superar el modelo
extractivista. (Director) Luis Jorge Garay Salamanca. pp. 175-198.
Plan de Desarrollo Municipal municipio de Jericó periodo (2012 - 2015) “El gobierno de la
gente”. Alcalde: David Alonso Toro Cadavid.
Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 Municipio de Jericó – Antioquia “Desarrollo
sostenible en buenas manos” Jorge Andrés Pérez Hernández - Alcalde Municipal
2016 – 2019.
Pengue, W. (2014) Iº Congreso Latinoamericano sobre Conflictos Ambientales
Oportunidades para una Gestión Sustentable del Territorio. Universidad Nacional
de General Sarmiento, Argentina. 28 y 29 de octubre de 2014.
Periódico El Colombiano (2014). “Manifestantes bloquean la vía a la mina de AngloGold
en Jericó”. Publicado el 22 de febrero de 2014.
Periódico El Mundo. (2012) “El Suroeste no quiere que le saquen su oro”. Publicado el 29
de Febrero de 2012.
Pulido, A. (30 de junio de 2011) Las preguntas detrás de AngloGold Ashanti. Obtenido de
La Silla Vacía.
http://lasillavacia.com/historia/las-preguntas-detras-de-anglogold-ashanti-25503
Quijano, A. (2007) “Colonialidad del poder y clasificación social” en Castro Gómez,
Santiago y Grosfoguel, Ramón (eds.) El giro decolonial: reflexiones para una
diversidad epistémica más allá del capitalismo global (Bogotá: Universidad
Javeriana/UniversidadCentral/Siglo del Hombre).
RAFE. (2015) Red de Acción Frente al Extractivismo ¿Qué nos dicen de Quebradona?
Recuperado desde: https://www.youtube.com/watch?v=-K6vjGt1kCY
213
RCNradio. (2014) Cerca de 500 personas bloquean el ingreso a una explotación minera
en Jericó.
Restrepo, D. (2013) La Teoría Fundamentada como metodología para la integración del
análisis procesual y estructural en la investigación de las Representaciones
Sociales. Revista CES Psicología. ISSN 2011-3080. Volumen 6 Número 1 Enero-
Junio 2013 pp. 122-133.
Roa, T. (2012) Palabras para narrar la resistencia las luchas por el agua y el territorio. En
Minería Territorio y Conflicto en Colombia. CENSAT- Agua Viva. Universidad
Nacional de Colombia o pp. 399-412.
Robbins, P. (2004) Political Ecology: A critical Introduction, Blackwell.
Rodrigo E. Negrete. (2013) Derechos, minería y conflictos. Aspectos normativos. En:
Minería en Colombia Fundamentos para superar el modelo extractivista. (Director)
Luis Jorge Garay Salamanca. pp. 23-50.
Rodrigo E. Negrete (2013) Municipios no podrán decidir sobre minería.
Recuperado desde:
http://www.elespectador.com/search/site/noticias%20medio%20ambiente%20muni
cipios%20no%20podran%20ecidir%20sobre%20mineria%20articulo%20422660
Rodríguez, T. (2012) Escuchando la voz del territorio: un abrazo a las montañas en
suroeste de Antioquia. Censat Agua Viva.
Rodríguez, T & Urrea, D. (2011) Agua o Minería: un debate nacional. Censat Agua Viva.
Bogotá.
Roa, T; Urrea, D. (2010) “El agua y la mina. El movimiento por el agua y la exacerbación
de los conflictos mineros en Colombia”, en Revista Semillas 42/43, Bogotá.
Rugele, G. (03 de Septiembre de 2013). Las 2 Orillas. Obtenido de Las 2 Orillas:
http://www.las2orillas.co/estas-son-las-5-empresas-duenas-del-oro-se-extrae-
encolombia/
Sabbatella, I. (2013) Ecología Política: Herramientas Conceptuales y Metodológicas. VI
jornadas de la asociación argentino uruguaya de economía ecológica. Universidad
de Salta.
Sabogal, J. (2013) Extractivismo Minero en Colombia el caso de Marmato-Caldas en clave
de Ecología Política. En: Ecología política del extractivismo en América Latina:
casos de resistencia y justicia socioambiental. Gian Carlo Delgado Ramos
(coordinador). (Buenos Aires: CLACSO).
Santandreu A. y Gudynas E. (1998), Ciudadanía en movimiento. Participación ciudadana
y conflictos ambientales. CLAES, FESUR y Ediciones Trilce, Montevideo.
214
Scott, J. (2000) Los dominados y el arte de la resistencia. Ediciones Era. México.
Scribano, A. (2007) Mapeando Interiores. Cuerpo, Conflicto y Sensaciones (Córdoba:
Sarmiento).
Serje, M. (2010) Desarrollo y Conflicto. Territorios recursos y paisajes en la historia oculta
de proyectos y políticas. Universidad de los Andes. Departamento de antropología.
Secretaria de Minas de Antioquia. Gobernacion de Antioquia (2012). Recuperado desde:
http://es.slideshare.net/Publibolivar/presentacin-secretara-minas
Simbaña, F. (2011) El sumak kawsay como proyecto político. En: Más allá del Desarrollo.
Grupo permanente de trabajo sobre alternativas al desarrollo. Fundación Rosa
Luxemburg/Abya Yala.
Sierra, X. (2014). Derecho, minería y (neo) colonialismo. Una aproximación crítica a la
regulación de la minería de oro a gran escala en Colombia. En: OPERA, 14, pp.
161-191.
Sitio oficial de Jericó en Antioquia, Colombia.
http://www.jerico-antioquia.gov.co/informacion_general.shtml
Shiva, V. (2004) Las Guerras del Agua. Contaminación, privatización y negocio.
Barcelona: Icaria Editorial.
Solórzano, M. (2013) Representaciones Sociales del Desarrollo en el Conflicto
Socioambiental en Wirikuta. (Tesis para obtener el grado de maestría en ciencias
sociales con Orientación en desarrollo sustentable). Universidad Autónoma de
Nuevo León. México.
Sousa Santos, B. (2006) Conocer desde el Sur: Para una cultura política emancipatoria.
Lima: Programa de estudios sobre democracia y transformación global,
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Svampa, M. (2011) Modelos de desarrollo, cuestión ambiental y giro eco-territorial. En
Alimonda, Héctor (coord.) La Naturaleza Colonizada. Ecología Política y Minería
en América Latina. Buenos Aires: CLACSO/CICCUS. pp. 181-215.
Svampa, M. (2012) Consenso de los commodities, giro ecoterritorial y pensamiento crítico
en América Latina. En: OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Año XIII, N° 32,
noviembre.
Swyngedouw, E. (2004) Social Power and the Urbanization of Water: Flows of Power,
Oxford: Oxford University Press.
Toro, C. (2012) Geopolítica Energética: Minería Territorio y Resistencias Sociales. En
Minería Territorio y Conflicto en Colombia. CENSAT- Agua Viva. Universidad
Nacional de Colombia. pp. 17-34.
215
UMATA (2012) Respuesta Cuestionario Subsecretaria de Medio Ambiente Productividad y
Competitividad. Jericó, 25 de Agosto de 2012.
Unidad de Planeación Minero Energética – UPME. (2006) Plan Nacional para el
Desarrollo Minero Visión 2019.
Vasco, L. (2002) Entre selva y páramo viviendo y pensando la lucha indígena. Instituto
Colombiano de Antropología e Historia, Bogotá.
Vélez, J. (2002) Los pueblos allende el Río Cauca: La formación del Suroeste y la
cohesión del espacio en Antioquia, 1830-1877 Medellín, Facultad de Ciencias
Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín e
Instituto de Estudios Políticos, Clío, Editorial Universidad de Antioquia.
Vía Campesina. (2004) “Qué es la soberanía alimentaria” en Ecoportal, sección
“Desarrollo sustentable”, 13 de febrero. En <www.ecoportal.net>.
Villarroel, G. (2007) Las representaciones sociales: una nueva relación entre el individuo y
la sociedad. Fermentum. Revista Venezolana de Sociología y Antropología.
Universidad de los Andes Mérida, vol. 17, núm. 49, mayo-agosto pp. 434-454
Vivar, C; Arantzamendi, M; López, Olga; Gordo, C. (2010) La Teoría Fundamentada como
Metodología de Investigación Cualitativa en Enfermería. Index de Enfermería
[Index Enferm] (edición digital) v.19 (4).
Walter, M. (20009) Conflictos ambientales, socioambientales, ecológico distributivos, de
contenido ambiental… Reflexionando sobre enfoques y definiciones. Centro de
Investigación para la Paz (CIP-Ecosocial). Boletín ECOS nº6. Madrid.
Yepes, R. (2010) Resistencia; Hegemonía, Ideología. Recuperado desde:
http://www.academia.edu/1507962/Resistencia_hegemon%C3%ADa_ideolog%C3
%ADa
Zwarteveen M; Boelens, R. (2011) Justicia Hídrica. Acumulación, Conflicto y Acción
Social. Capítulo 2. La investigación interdisciplinaria referente a la temática de
«justicia hídrica»: unas aproximaciones conceptuales pp. 29-58. Lima: Instituto de
Estudios Peruanos, Fondo Editorial PUCP.