RECORTES EN SANIDAD A MODO DE TELEGRAMA Jaime Baquero (Comisión de Sanidad de la FRAVM). Mayo 2012. Esta vez no hace falta explicar mucho la situación sanitaria, dado que el gobierno ya se ha encargado de airearla en todos los medios de comunicación. No se esconden, vienen de frente, a chocar. Tras disminuir los presupuestos sanitarios un 13,7%, el gobierno ha aprobado por decreto el ahorro de otros 7.000 millones de € en la sanidad pública: - Pago de medicamentos por parte de los pensionistas y jubilados, variando entre 8 y 18 € mensuales según su nivel de ingresos, si bien abonarán el 10% de su coste en el momento de compra y solicitarán la correspondiente devolución, que se producirá hasta 6 meses después. Esta medida va a dificultar el acceso a los medicamentos, dado que más de 4.500.000 de pensionistas (el 54%), cobran menos de 650 € al mes, y más del 8,5% cobran menos de 300 € al mes. Los activos pagarán un 50-60% del precio según su nivel de renta. - Transporte sanitario, prótesis y otras prestaciones por definir, conllevarán el copago para activos y pensionistas, dependiendo las cantidades a abonar de sus ingresos. - Limitación de la cartera de servicios. Se establecen tres categorías: prestaciones básicas –que serán gratuitas-, y otras suplementarias y accesorias, que conllevan copago tanto para activos como para pensionistas. Las prestaciones básicas van a ser redefinidas siguiendo el carácter restrictivo de las políticas gubernamentales. Pagar según renta conlleva un aumento del coste burocrático, que los expertos han valorado entre 500 y 900 millones de €, cuando para discriminar las aportaciones de cada persona según la renta ya existe el IRPF. - Los inmigrantes no regularizados sólo tendrán derecho a la asistencia de urgencias, además de los menores de 18 años y las embarazadas. La consecuencia evidente será la saturación de las urgencias por motivos no urgentes, al no existir otro cauce de atención para los inmigrantes enfermos. Por otra parte, las enfermedades y su transmisión no entienden de papeles, pudiendo provocar esta irresponsable política del gobierno verdaderos problemas de salud pública. - Desaparecen 283 millones de € destinados a la Dependencia, en momentos de aumento descomunal del paro (más de 5,6 millones de trabajadores), de disminución de los salarios y de empeoramiento de las condiciones laborales, lo que dificulta la atención de las personas en situación de dependencia por parte de las familias trabajadoras. - Sólo se cubren el 10% del personal sanitario que se jubile y se plantea una ordenación de recursos humanos que eliminará unos 15.000 puestos de trabajo en el Estado. - En Catalunya se incluye el pago de 5 € por noche de ingreso hospitalario; en el País Valenciano se ha decidido privatizar la gestión de todos los centros y servicios sanitarios, a pesar de salir entre 5 y 7 veces más cara que la gestión pública directa; en Baleares se cierran dos hospitales, que se ceden a empresas privadas, y se reducen 2.000 empleos en la sanidad, etc. La atención sanitaria deja de ser universal y pasa a vincularse de nuevo al aseguramiento, abriendo la puerta a modelos diferenciados de derechos sanitarios en relación con el nivel económico (como en la fracasada sanidad estadounidense). Los copagos no evitan el mal uso de los servicios sanitarios por parte de quienes pueden pagar, pero inciden en el abandono de tratamientos y en el retraso en acudir a los centros sanitarios en los sectores sociales más débiles económicamente, en ocasiones con nefastas consecuencias. ¿Es más cara la atención sanitaria aquí que en otros Estados del entorno? - El gasto sanitario público por persona y año, en poder paritario de compra, es de 2.049 dólares frente a 2.870 dólares de media en la Unión Europea (más de un 28% de diferencia).

¿No hay dinero? - La Banca, según la Asociación Española de Banca, en 2011 sólo pagó en impuestos el 14,5% de sus millonarios beneficios, y en 2010 sólo el 22,8%, menos que la inmensa mayoría de los trabajadores y que numerosos pensionistas.

- Los grandes millonarios españoles ganaron un 6% más en 2011 que en 2010, el peor de los tres años de crisis, cuando el número de parados supera los 5,6 millones de personas según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2012 y el poder de los salarios está disminuyendo. - El fraude fiscal alcanza el 25% del PIB (90.000 millones de €) –somos la 10ª potencia mundial en fraude-. Si el fraude se persiguiese sólo como en la Unión Europea, se ingresarían más de 40.000 millones de €. No habría crisis. - Amnistía fiscal a los defraudadores y mantenimiento de las rebajas del Impuesto de Sociedades, cuando más de 12,5 millones de personas en el Estado están en riesgo de pobreza y exclusión social (el 26,7% de la población). Las políticas de recorte persiguen la apropiación de todo lo público La crisis responde a la caída de beneficios de las inversiones de capital en Europa y su huida en busca de rentabilidades mayores. Esto no quiere decir que aquí no ganen dinero, sino que patrióticamente esperan ganar más en otros lugares. Las políticas de recortes persiguen impulsar la rentabilidad del capital directamente por medio del ataque a los salarios y las condiciones de trabajo (Reforma Laboral), e indirectamente a través de la apropiación (privatización) de todo lo público y su transformación en espacios donde hacer negocios. El empobrecimiento general resuelve su problema de baja rentabilidad. El pastel, representado por los Gastos Sociales, supone el 23% del PIB. Con esta enorme cantidad de dinero se pretende pagar las tropelías de bancos y grandes empresas. Mientras se recortan 10.000 millones de € en sanidad y enseñanza, el gobierno prepara la entrega a Bankia de 10.000 millones de € para su saneamiento. Se recorta porque no hay dinero, pero si los bancos lo necesitan aparece milagrosamente. Las políticas de recorte no solucionan el problema de la deuda pública. La agravan. Sólo en los tres primeros meses de 2012, el déficit del Estado ha aumentado en casi 19.700 millones de €. Impulsar el crecimiento no soluciona el problema, la baja rentabilidad de las inversiones. Somos la 12ª economía mundial, el problema no es crecer. El crecimiento ilimitado no es sostenible en un mundo finito. La alternativa pasa por el reparto de la riqueza. Los objetivos de los trabajadores y la ciudadanía pasan hoy por la nacionalización de la Banca, no pagar la deuda pública, nacionalizar los sectores económicos estratégicos, y el control social y democrático de las instituciones políticas y económicas. Sólo así se podrá garantizar una sanidad de calidad para todos y unas condiciones dignas y saludables de vida.