Recomendaciones estratégicas de política pública en Derechos Humanos y Empresa para la Gobernación de

Antioquia

diciembre 2017

Documento elaborado por Sustentia Innovación Social.

Las opiniones y posturas expresadas en este documento no se corresponden necesariamente con las de las

entidades socias del proyecto: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID,

Consejería Presidencial de Derechos Humanos de Colombia y Gobernación de Antioquia.

Proyecto financiado por:

Índice

1. Introducción y contexto

2. Recomendaciones de política pública departamental de EDH en Antioquia

3. Recomendaciones específicas

4. Estrategia de socialización

5. Próximos pasos

6. Recomendaciones finales

7. Propuesta para contenido técnico en el Documento de Lineamientos de Política Pública de la Gobernación en Derechos Humanos y Empresa

1. Introducción y contexto

Introducción

La empresa es una pieza clave de la sociedad actual y, por tanto, de su desarrollo. Dada esa naturaleza, y debido a que su impacto económico, social, ambiental y de gobernanza influye en gran medida en el tipo de sociedad que se construye, existe un consenso internacional que le exige algunas conductas básicas en el ámbito del respeto a los derechos humanos a la hora de gestionar sus actividades y operaciones. El incorporar esta expectativa facilita una mejor relación entre todos los actores que conforman la sociedad y por tanto su “licencia social” para operar. La empresa tiene la responsabilidad de respetar los Derechos Humanos (DDHH), consenso mínimo y una expectativa universal de las sociedades. Pero a la vez puede entender que tiene una excelente oportunidad para incorporar criterios que mejoran la gestión y el gobierno diligente de la empresa, y por tanto hacerse más eficaz y mejorar su relación con los distintos actores.

El entorno afecta a una empresa del mismo modo que sus actividades tienen efectos directos e indirectos tanto en su ámbito más cercano como en una esfera global. Ahí radica el interés mutuo –de la empresa y de sus partes interesadas- en lograr un entorno estable para sus relaciones, en general, y para las actividades empresariales, en particular. Por otra parte se sabe que no se podrá avanzar de manera eficaz en la protección, el respeto y el remedio de los posibles impactos en derechos humanos, si la empresa no avanza a la vez que las políticas públicas en incorporar medidas eficaces que lo provoquen.

Es innegable la importancia de las empresas en las relaciones económicas, laborales y sociales del actual mundo globalizado. Se trata de un actor clave que alienta al desarrollo de las capacidades humanas y al crecimiento económico.

Por lo anterior, es importante entender su responsabilidad en cuanto a gestionar los impactos en derechos producidospor sus actividades económicas.

El campo de Derechos Humanos y Empresa (DHE) nace debido a que, a lo largo del proceso de globalización de las últimas décadas, se ha evidenciado que las empresas generan impactos, independientemente de su nacionalidad, tamaño, actividades y alcance de su cadena de valor.

Dichos impactos, cuando son negativos, pueden configurar vulneraciones a los derechos humanos (DDHH) reconocidos universalmente.

Entre más amplio sea el alcance y los impactos de una empresa, más riesgos generan sus operaciones en la vigencia y el respeto de los derechos humanos; con todo, si una empresa opera con alcance e impactos reducidos, eso no significa que no deba realizar un ejercicio de gestión de riesgos e impactos, de manera que se garantice el respeto por los derechos humanos.

Si bien los Estados son jurídicamente responsables por cualquier violación a los derechos humanos, se ha aceptado internacionalmente que las empresas deben desplegar acciones (de hacer y no hacer) para garantizar el respeto por los derechos humanos y para remediar en caso de que haya contribuido a dicha vulneración.

Contexto

Colombia ha experimentado un fuerte impulso en materia de Derechos Humanos y Empresa en los últimos años. El Gobierno publicó en 2014 los “Lineamientos para una Política Pública de Derechos Humanos y Empresas” y en 2015 presentó el “Plan nacional de acción de empresa y

Derechos Humanos” (PNA), que ha venido adelantado su implementación a lo largo de 2016 y 2017.

En este sentido, cabe destacar una serie de normativas que desde el nivel internacional hasta el municipal abordan el tema de DHE de manera general o específica, a saber:

a) Marco al nivel internacional

Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del

marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y remediar”. Aprobados por

unanimidad mediante Resolución 17/4 de 2011 del Consejo de Derechos Humanos de

las Naciones Unidas.

Carta Internacional de Derechos Humanos

o Declaración Universal de Derechos Humanos

o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y sus dos

Protocolos Facultativos relativos.

o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

Principios y derechos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

– Incluyendo todos los convenios que han desarrollado las cuatro áreas principales,

entendidas como el “piso mínimo necesario en el trabajo”, a saber:

o Libertad de asociación y la libertad sindical y reconocimiento efectivo del

derecho de negociación colectiva;

o Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

o Abolición efectiva del trabajo infantil; y

o Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

b) Marco al nivel nacional

Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034.

Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas adoptado por el Presidente

de la República (2015).

Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018

“Todos por un nuevo país”.

Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y

duradera, aprobado en el Teatro Colón (Bogotá DC) el 24 de noviembre de 2016.

c) Marco Regional – Departamental

Plan de Desarrollo "Antioquia Piensa en Grande" 2016-2019, que incluye las siguientes

líneas estratégicas:

o L1. Competitividad e Infraestructura

o L2. La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo (Dignificar el campesino).

o L3. Equidad y movilidad social

o L4. Sostenibilidad ambiental (Defensa del agua)

o L5. Seguridad, Justicia y Derechos Humanos

o L6. Paz y Posconflicto (Territorios: fábricas de paz)

o L7. Gobernanza y Buen Gobierno (Ética, Rectitud en el Ejercicio de Gobierno)

d) Marco normativo comparado

Ley Francesa 2017-399 del 27 de marzo de 2017 sobre el Deber de Cuidado de las

Empresas Matrices y las Empresas Patrocinadoras, la cual se toma como un referente

normativo internacional.

A nivel nacional, existen otras leyes sectoriales o relativas a aspectos específicos de la

debida diligencia que obligan a su cumplimiento por parte de las empresas afectadas.

Uno de los aliados de Colombia en este ámbito ha sido AECID, que ha contribuido decididamente al impulso en Colombia de la agenda de empresa y derechos humanos en distintas vías: apoyando la implementación de la política pública, promoviendo la debida diligencia en el ámbito empresarial y vinculando al sector privado a la agenda de desarrollo y paz del país, a través proyectos y apoyos.

Dada la relevancia que paulatinamente ha ido adquiriendo el tema de Derechos Humanos y Empresas en el país, y en el marco de su objetivo de implementar el mencionado PNA y profundizar en su puesta en práctica a nivel territorial, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos de Colombia (CPDH) y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) llegaron a un acuerdo para reforzar técnicamente dicho proceso. En este sentido, Sustentia ha puesto a disposición de la CPDH su experiencia con el fin de ofrecer asistencia técnica tanto a la CPDH como a dos autoridades territorialespara la implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y DDHH y su inclusión en políticas territoriales, en el marco de la promoción de una cultura respetuosa de los Derechos Humanos en Colombia.

A tal efecto, entre la CPDH, AECID y Sustentia se decidió priorizar a dos entidades territoriales específicas, pero de diferente naturaleza: la Alcaldía de Santiago de Cali y la Gobernación de Antioquia. Esta selección se realizó teniendo en cuenta los avances previos experimentados en ambas circunscripciones en el tema de Derechos Humanos y Empresa (DHE), así como su relevancia sectorial.

La Gobernación de Antioquia no dispone en la actualidad de una política pública en Materia de Empresas y Derechos Humanos para el Departamento, ni tampoco de un documento borrador sobre este ámbito. Tampoco se ha encontrado que exista una Política de Derechos Humanos de la Gobernación en sí misma, aunque si es verdad que en Plan de Desarrollo "Antioquia Piensa en Grande" 2016-2019, incluye varias líneas estratégicas que hacen referencia a aspectos concretos de protección de derechos humanos, y entre ellas hay una línea específica de L5. Seguridad, Justicia y Derechos Humanos. Por tanto una de las recomendaciones claves de esta asistencia técnica, como se verá a continuación, es la elaboración, de forma participada, y aprobación de una política pública sobre Derechos Humanos y Empresas en Antioquia.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia, desde la Dirección de Derechos Humanos, manifestó su voluntad de constituir el tema de DHE como uno de los componentes

estructurales de la política pública de desarrollo de la Gobernación de Antioquia y, por esa razón, ha venido llevando a cabo diversas acciones en este ámbito a lo largo del último año. La Gobernación pretende que este componente constituya, además, una herramienta clave de construcción de paz en el ámbito departamental.

Objeto

Este documento, tiene como objetivo eldar orientaciones generalesy recomendaciones sobre la definición de la política pública de Derechos Humanos y empresas de la Gobernación, así como orientaciones estratégicas y técnicas sobre cómo socializarla y aprobarla. Este documento debe considerarse en el marco de la Asistencia Técnica a la Consejería Presidencial de Derechos Humanos bajo el programa COOTEC de AECID " Fortalecimiento de instituciones territoriales para la implementación del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresa ", donde se identificaron dos instituciones del estado descentralizadas (Gobernación de Antioquia y Alcaldía de Cali) con interés en profundizar su compromiso en territorializar la política pública en Derechos Humanos y empresa. Estas recomendaciones estratégicas pueden ser complementadas con la lectura de la Guía de Política Pública en Derechos Humanos y empresa con enfoque territorial, siendo este otroresultado de de esta asistencia técnica.

Metodología

Con el fin de apoyar de la manera más efectiva posible la implementación territorial del PNA y de asistir técnicamente a la Gobernación de Antioquia en su objetivo de incluir el tema deDerechos Humanos y Empresas como un componente estructural de su política pública integral de derechos humanos, Sustentia Innovación Social ha desarrollado una consultoría con tres fases:

a) Priorización de entidades públicas y trabajo de gabinete dirigido al estudio de la Gobernación de Antioquia (como institución priorizada)

b) Trabajo de campo consistente en talleres multiactor en Santa Fe de Antioquia y Segovia, reuniones y entrevistas con las personas responsables de la implementación del PNA en la Gobernación de Antioquia (Dirección de DDHH), así como reuniones instituciones claves para dicha implementación y definición delas prioridades institucionales (Procuraduría, Defensoría del Pueblo y diputado de la Asamblea Departamental).

c) Asunción de conclusiones dimanantes de la Fase A y B y elaboración de un documento técnico y estratégico para el desarrollo de una política pública departamental de Derechos Humanos y Empresa en la Gobernación de Antioquia Guía de implementación de Planes Nacionales de Acción para entidades territoriales.

Una vez culminadas las tres fases, esta asistencia técnica ofrece tres productos específicos para apoyar la implementación territorial del PNA de Colombia:

1) Un Documento técnico y estratégico para el desarrollo de política pública municipal de Derechos Humanos y Empresa en la Alcaldía de Santiago de Cali.

2) Un Documento técnico y estratégico para el desarrollo de política pública

departamental de Derechos Humanos y Empresa en la Gobernación de Antioquia.

3) Una Guía de implementación de Planes Nacionales de Acción para entidades territoriales, dirigida a facilitar la implementación de un PNA en otras instituciones colombianas o en América Latina y Caribe.

Actividades de la Asistencia Técnica en Antioquia

Para la realización de este documento de recomendaciones se partió de la información de: los resultados de las reuniones y talleres que se han realizado en la Asistencia Técnica de AECID (23 al 27 de octubre 2017); de los resultados del proyecto de Diálogos sobre Empresas y DDHH sobre el PNA, que se desarrolló en 2016-2017, en Antioquia en Medellín y Turbo; del seguimiento del PNA de Colombia, así como las informaciones que desde la Dirección de Derechos Humanos, en la Sub-Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que está en la Secretaría de Gobierno.

Se realizó un trabajo previo de documentación y análisis, un trabajo de campo con talleres y reuniones en materia de DH&E con distintos actores de Antioquia y equipos de la Gobernación, que aportaron información que se ha considerado en la elaboración de esta propuesta, y una fase de análisis y elaboración de la propuesta técnica contenida en el documento. El objetivo del trabajo de campo era buscar información que permitiera identificar prioridades, visiones y aspectos relevantes que deban ser consideradas a la hora de elaborar el documento borrador de política pública, así como una propuesta de socialización y construcción participada del mismo.

En definitiva se considera que la asistencia técnica partía de un estadio previo a la elaboración de la política pública de la Gobernación de Antioquia y por tanto la etapa de trabajo de campo se consideró exploratoria, y se enfocó en recoger información para realizar una propuesta de plan para la elaboración de una política pública, que fuera socializada, recogiendo insumos de forma participada, y aprobarla posteriormente.

Como parte del trabajo de campo se realizaron reuniones y entrevistas con las personas responsables de la implementación del PNA en la Gobernación de Antioquia (específicamente de la Dirección de DDHH y el subsecretario de Gobierno), así como reuniones instituciones claves para dicha implementación y definición de las prioridades institucionales (Procuraduría, Defensoría del Pueblo y diputado de la Asamblea Departamental).

También dentro del trabajo de campo, desde la Dirección de DDHH de la Gobernación de Antioquia, se organizaron y realizaron 2 talleres Locales, en las ciudades de Santa Fe de Antioquia (Antioquia) y Segovia (Antioquia), los días 25 y 27 de Octubre 2017 respectivamente donde se recogieron las visiones de los distintos actores, sobre aspectos de E&DHH según los diversos actores, así como para identificar posibles líneas de acción que la política pública del Departamento se debería comprometer, y las prioridades de las mismas. Los resultados de

estos talleres quedaron recogidos en el documento,Notas sobre los Talleres Locales de Santa Fe de Antioquia y Segovia en el Departamento de Antioquia - Colombia(Anexo I).

Estos dos talleres estuvieron dirigidos a situar el diálogo sobre derechos humanos (DDHH) y empresas entre los actores locales vinculados al tema, identificando riesgos e impactos significativos en este ámbito y recogiendo aportes a través del diálogo sobre retos y prioridades locales, con el fin de poder identificar insumos en la definición de la Política Pública sobre Derechos Humanos y Empresas de la Gobernación de Antioquia.

Los talleres se enfocaron en el debate directo entre los participantes en el taller,

representantes de organizaciones de diversa naturaleza: Estado (Gobernación y Alcaldía), Empresa, Mineros Tradicionales, y Sociedad Civil. Los debates se centraron en temas específicos relevantes en Derechos Humanos y Empresa a nivel local, con el objetivo de que los participantes pudieran debatir acerca de riesgos e impactos identificados por actividad empresarial, así como sopesar recomendaciones para una mejor y efectiva implementación del Plan Nacional de Acción a nivel local, así como para generar propuestas e información a considerar en la formulación de una Política Pública de la Gobernación de Antioquia en este tema.

Se reconoce la especificidad de los talleres y sus resultados al ser ambos en dos localidades donde la actividad minera, en sus distintas modalidades (industrial, tradicional, artesanal o irregular) tiene un gran peso en la realidad económica social de las poblaciones, y por tanto esto ha sido considerado en el análisis. En este sentido los resultados de los mismos han sido analizados bajo este prisma a la hora de hacer propuestas sobre la política pública de la Gobernación en DH&E, donde hay que considerar también una diversidad de contextos, y que por tanto las propuestas o prioridades que se incluyen deben contestar de forma general a la misma.

2. Recomendaciones de política pública departamental de EDH en

Antioquia

Se propone seguir la lógica del Marco de Desarrollo de la Política de DHE definido por Sustentia, y que se recoge en la Guía para la construcción de una Política Pública de Derechos Humanos y Empresa con enfoque territorial, no obstante más adelante se propone una planificación más concreta por Fases para la Gobernación de Antioquia.

Fuente: elaboración propia, Sustentia Innovación Social

• Actores: cuáles , cómo involucrarlos, que papel ?

• Interrelaciones entre políticas: sinergias y tensiones/tradeoffs?

• Factores de contexto: ayudan y dificultan?

• Impactos en derechos, supraterritoriales e intergeneracionales

• Generación de voluntades

• Aproximación de todo el Gobierno:

• Sensibilización y entendimiento de DH&E

• Compromiso político

• Establecimiento de prioridades

• Involucración multiactor

• Definición de un Marco estratégico

• Coordinación Política:

• Mecanismos de coordinación y arbitraje de política DH&E

• Objetivos específicos de la Política

• Interrelación entre niveles de gobernanza

• Presupuesto

• Cultura organizativa

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MARCO DE DESARROLLO DE LA POLÍTICA de DHE

FASE 1

FASE 2

• Diagnóstico de riesgos e impactos: por gravedad

• Dialogo multiactor:

• Promoción del debate sustantivo sobre riesgos, impactos y acciones

• Necesidades de apoyo y capacitación

• Elaboración del Plan de DHE:

• Definición de líneas de acción desde la política pública

• Priorización y objetivos

• Responsables y Cronograma

• Recursos asociados

• Liderazgo activo desde la Institución

• Palancas e incentivos de cambio

• Acompañamiento y apoyo a Sociedad Civil y Empresas

• Mecanismos de acceso a remedio

• Reforzamiento de los mecanismos de monitoreo, seguimiento y reporte

• Adaptación de los mecanismos a la nueva agenda y objetivos

• Medición de interrelaciones e interacciones de políticas: sinergias y tradeoffs

• Incorporación conclusiones a nuevo Plan de DHE

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MARCO DE DESARROLLO DE LA POLÍTICA de DHE

FASE 3

FASE 4

a. Recomendaciones estratégicas en la definición de la política pública EDH

1. Aprobación formal de un compromiso político de la Gobernación de Antioquia en materia de Derechos Humanos y Empresa.

En su obligación de proteger, respetar y remediar los DDHH en su relación con las actividades económicas en el ámbito departamental, la Gobernación de Antioquia debe enunciar explicita y públicamente su compromiso político.

Este compromiso no puede quedarse en un marco retórico si no que debe incluir tanto la operativa propia de la Gobernación, como indicar la expectativa de cumplimiento que la Gobernación tiene sobre la gestión del respeto de los Derechos Humanosde las empresas que operan en Antioquia.

Si bien la responsabilidad de Proteger y Remediar le aplica a todas las secretaría y departamentos de la Gobernación, sería adecuado, de igual manera, que también se incluyera una identificación de la dependencia específica responsable de desarrollar dicho compromiso, así como una previsión temporal que indique cuándo y de qué manera laGobernación prevé concretar, publicar, y en su caso reglamentar, los compromisos específicos en dicha materia.

A efectos de certeza legal, cobra gran importancia dotar de formalidad y relevancia a la asunción de este compromiso público. En el caso de la Gobernación de Antioquia, sería recomendable buscar mediante el dialogo con los grupos de políticos de la Asamblea de Antioquia, y en especial en el marco de la Comisión de Paz y Derechos Humanos, para impulsar un primer Acuerdo ante la Asamblea, por medio del cual se adopten unoslineamientos generales en el ámbito de Derechos Humanos y Empresa. Este primer acuerdo de lineamientos podría desarrollarse conjuntamente o de manera coordinada tanto con la Defensoría del Pueblo, como con la Procuraduría, ambas instituciones predispuestas a impulsar esta política pública en el departamento. En la visita de terreno de la AT se ha evidenciado en conversación con el presidente de la Comisión de Paz y Derechos Humanos1 que esta iniciativa podría interesar ser dialogada y trabajada conjuntamente en la misma.Este primer acuerdo podría servir como paso inicial para un eventual esfuerzo posterior, el cual podría estar ya dirigido a la articulación de una política pública más detallada en la materia, así como la elaboración de un plan de acción concreto.

2. Identificación de riesgos, impactos y prioridades en Derechos Humanos en relación a la actividad empresarial en Antioquia.

Tanto el Consejo ONU de Derechos Humanos como los propios Principios Rectores ONUhacen gran hincapié en la necesidad de que las autoridades públicas pongan en marcha una combinación de medidas obligatorias y facultativas dirigidas a trasladar la protección internacional a la realidad de su jurisdicción.

Esto implica, en primer lugar, identificar los riesgos más graves que se dan en el territorio, los derechos que se encuentran más expuestos debido a las circunstancias locales, y la asunción de medidas específicas que permitan priorizar aquellos riesgos e impactos de mayor gravedad. En esta misma línea, los Principios Rectores ONU afirman que “(e)n la práctica, ciertos derechos humanos pueden estar expuestos a un riesgo mayor que otros en determinados sectores o contextos, razón por la cual se les prestará

1 Diputado Sr. Don Saúl Antonio Usuga Giraldo del Partido Alianza Verdad

una atención especial. Sin embargo, las situaciones pueden cambiar, de modo que deberá examinarse periódicamente la situación de todos los derechos humanos”.

Resulta fundamental identificar los riesgos e impactos específicos enAntioquia, dentro de la diversidad de áreas geográficas y actividades empresariales, con el objetivo de poder responder a los retos que representan. Así pues, en este sentido es preciso identificar los impactos y riesgos en derechos humanos asociados a sectores clave de la actividad económica que se desarrolla en las distintas aéreas territoriales en Antioquia.

Habida cuenta de la importancia de determinados sectores económicos en el Departamento de Antioquia (como son el de la Minería, el Agroalimentario, el Energético y el de la Construcción de infraestructuras, entre otros), es preciso analizar en detalle qué riesgos en derechosen coherencia con el modelo de desarrollo económico, recogido en el Plan de Desarrollo "Antioquia Piensa en Grande" 2016-2019. De hecho en el propio Plan de Desarrollo se identifican líneas que tiene relación con aspectos concretos relacionados con el ámbito de empresa y derechos humanos (L1. Competitividad e Infraestructura; L2. La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo (Dignificar el campesino); L3. Equidad y movilidad social; L4.Sostenibilidad ambiental (Defensa del agua); L5. Seguridad, Justicia y Derechos Humanos; L6. Paz y Posconflicto (Territorios: fábricas de paz); L7. Gobernanza y Buen Gobierno (Ética, Rectitud en el Ejercicio de Gobierno). En este sentido, será adecuado analizar los riesgos e impactos en derechos que se producen en un proceso de recogida de información y diagnóstico, inclusivo con las partes afectadas, y cómo deben ser abordados desde la implementación del Plan de Desarrollo, con un enfoque de derechos humanos transversal. El análisis debería incluir entre otros insumos los resultados de los procesos de diálogos realizados hasta la fecha, como los que se obtuvieran de otros procesos de dialogo participativo que se establezcan desde la propia política pública, como se propone en otro punto de este documento. En el trabajo de terreno se realizaron dos talleres, que estaban claramente marcados por la realidad del contexto minero y los problemas asociados al mismo que se deben tener en cuenta, al ser un sector relevante en el Departamento, y por ser uno de los que tradicionalmente y en este momento más conflicto ha surgido relacionado con impactos en derechos de la actividad económica (se anexa el informe de los talleres en Sta. Fe de Antioquia y Segovia). En otros diálogos previos realizados en los años 2016 y 2017 en Antioquia, a parte de la minería, también se identificaron otros sectores como el de los monocultivos (banano y palma africana), el de desarrollo de grandes infraestructuras (puertos y autopistas), el extractivo, el forestal, o el de las grandes infraestructuras de generación de energía hidráulica, que tienen asociados riesgos particulares en derechos humanos, y que deberían ser analizados adecuadamente. Según análisis previos2 se identificaron algunos riesgos e impactos en derechos identificados en diálogos con actores en Antioquia. Sin pretender ser exhaustivos algunos de los impactos y problemas reseñados son los relacionados con: impactos ambientales de las actividades empresariales; con el trabajo decente, la libertad sindical y los derechos laborales;con los derechos de la infancia y el riesgo de explotación infantil; los problemas relacionados la poca seguridad en el ordenamiento territorial; las vulneraciones de los derechos de los pueblos indígenas; la ausencia de dialogo y consultas con las comunidades rurales afectadas por proyectos empresariales; la falta de

2Documento de conclusiones proyecto Colombia innovación DDHH y empresa Sustentia 2017

transparencia y acceso a la información sobre proyectos;la estigmatización y no protección de defensores de derechos humanos y ambientales; discriminación a la mujer y violación de sus derechos en las actividades económicas; la discriminación a personas y colectivos específicos en el ámbito laboral; los problemas de corrupción y cooptación en decisiones administrativas no preservando el interés general y el bien común; los problemas relacionados con planes de desarrollo no diversificados (mono-sector) que no generan opciones de vida y trabajo digno a las poblaciones; el desplazamiento no voluntario de personas y colectivospor actividades empresariales; presencia de actores y economías ilegales; la falta de acceso al remedio eficaz por las personas afectadas en sus derechos; la necesidad de construcción de memoria sobre impactos en derechos humanos relacionados con actividades económicas; los problemas relacionados con propiedad de la tierra, entre otros.

Se trata, por tanto, de riesgos inherentes a cada espacio y sector, donde cobra gran relevancia tanto las prioridades y el plan de actuación sobre las mismas. En este sentido conviene realizar un levantamiento riguroso e incluyente de información sobre impactos y riesgos más relevantes en derechos humanos por su gravedad, con el fin de realizar un plan que actué sobre las prioridades de Antioquia en la protección de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales y económicas.

3. Desarrollo de líneas específicas de DHE para su implementación en la realidad diversa de Antioquia, Región-Territorio.

Tanto los riesgos como los sectores económicos analizados previamente necesitan acciones específicas, destinadas a dar respuesta a sus principales problemas de una manera adecuada y eficaz.

En este sentido, cobra relevancia prestar atención a los esfuerzos previos que las distintas iniciativas en la Gobernación, o por otros actores, ya se hayan realizado a nivel de diagnóstico. Recoger de manera sistemática la información existente, incluyendo diagnósticos previos, externos e internos, no evita que se deba definir una metodología transversal propia de la Gobernación de identificación y análisis de riesgos e impactos, de manera constante y actualizada.

Esta metodología debería estar asociada al Plan de Desarrollode la Gobernación, el cual ya trata de dar respuesta a determinados problemas identificados previamente, muchos de los cuales afectan de manera directa o indirecta a derechos fundamentales específicos, por lo que debería ser una fuente clave para la identificación y gestión de riesgos e impactos.

En esta línea, relacionar cada línea de acción de DHE diseñada con el día a día de cada Secretaría y /o Departamento de la Gobernación y especialmente con el cumplimiento de sus metas e indicadores de Plan de Desarrollo puede ser un buen punto de partida para abordar los citados riesgos y, de igual manera, alinearlas con los existentes indicadores de cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Cada Secretaría o departamento tiene una misión, funciones y objetivos definidos, en este sentido será necesario realizar un análisis transversal para entender cómo se deberían incorporar criterios de derechos humanos en las actividades y procedimientos que les relacionan con empresas, o que afectan al modelo de desarrollo económico en el Departamento. Secretarias o Departamentos relacionados y con funciones administrativas en sectores como el minero, con la protección del medio ambiente, con la protección de los Derechos Humanos, con la planificación y ordenamiento territorial,

la transparencia, la participación ciudadana, con la seguridad, con la protección de minorías y pueblos indígenas, con la planificación de infraestructuras, o con el desarrollo económico, entre otras áreas de gobiernode lo público, sin duda alguna tendrían que analizar donde debería ser más eficaz incorporar criterios de protección de derechos humanos entre otros. Este trabajo de identificación de líneas de acción sobre DH&E se debería hacer analizando sus funciones y procesos, conjuntamente con el área, e incorporando acciones coherentes con Plan de Desarrollo, anclándolas a las metas de cada una.

4. Construir un plan específico en DH&E para Gobernación, a 4 años, con objetivos, metas e indicadores medibles.

El desarrollo de las líneas específicas mencionadas en el anterior punto requiere ser dotado de coherencia. Exige una sistematización que sea acorde a las normativas con competencia en la jurisdicción de la Gobernación de Antioquia.

Además, la elaboración de un plan específico debe llevar asignada una identificación de funciones (departamentos, secretarías o áreas) responsables de la implementación de cada línea de acción, en el ámbito de la Administración. Si bien este documento tiene una naturaleza de Plan de Gobernanza de la institución pública, en este caso la Gobernación de Antioquia, esto no quita que tendrá que desarrollar líneas de acción que requieran la participación o son destinatarios de ellas otros actores externos, como empresas, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, organizaciones de pueblos indígenas o afros, mesas de DDHH, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Alcaldías, y otras instituciones públicas y privadas.

Por ello es necesario que este plan incluya la identificación de las mismas, su forma de participación en la acción, así como su contribución a la acción, si la hubiera. En este sentido es relevante tener en cuenta que bajo la obligación del Estado de Proteger se marcan acciones que están orientadas a apoyar y acompañar a los actores. Un ejemplo es el relativo a apoyar a las empresas en su responsabilidad de respetar, bajo el Principio 3.d de los Principios Rectores ONU establece que el Estado debe “asesorar de manera eficaz a las empresas sobre cómo respetar los derechos humanos en sus actividades”. Pero como es obvio para poder llegar a asesorar a las empresas, previamente o a la vez también habrá que realizar acciones de información y sensibilización a las empresas sobre la expectativa de la Gobernación en su responsabilidad de respetar, el compromiso de la Gobernación con la Política de Derechos Humanos y empresas. A la vez que habrá que impulsar acciones de capacitación, generación de modelos, poner a su disposición información sobre riesgos, herramientas, instrumentos, que les permita mejorar su gestión de la debida diligencia en DDHH en sus operaciones empresariales.

Pero también en otros ámbitos relacionados con la protección de derechos es necesario trabajar, informar, capacitar y acompañar a otros actores clave como son la sociedad civil, pueblos indígenas y afros, y comunidades. Un ejemplo de esta necesidad de apoyo es en los momentos de identificación de los impactos y riesgos, construcción de la política pública, la evaluación de la misma, el acceso al remedio, en los diálogos, o las consultas sobre proyectos, entre otros muchos momentos.

En la misma línea, es preciso que el plan de acción de la Gobernación incluya plazos para cada línea de acción, recursos destinados, y le asigne un presupuesto que haga viable su ejecución. Acciones sin recursos asignados usualmente no son eficaces.

En definitiva se recomienda que: se diseñe un plan de acción de Derechos Humanos y Empresas de la Gobernación, que aborde las líneas de acción prioritarias en base al diagnóstico de los riesgos e impactos existentes, que se realice de forma inclusiva e integrando resultados de procesos participativos, que se diseñe de forma coordinada y articulada con las diversas áreas de gobierno de la institución, que incluya acciones internas en la Gobernación, y con otros actores externos, que sea coherente con las líneas del Plan de desarrollo de Antioquia y con el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas, que supere la legislatura, que se le asignen plazos, recursos, objetivos e indicadores.

5. Garantizar la coordinación vertical y horizontal en las políticas públicas

A la hora de construir un plan de la Gobernación en DHE es preciso que se apoye tanto en estándares y normativas ya existentes en el plano internacional, nacional y departamental como en las iniciativas emprendidas desde las diferentes autoridades en cada uno de esos planos.

Asegurar la coordinación vertical de políticas resulta clave para el éxito final de la política desarrollada en el ámbito territorial. Para ello es muy importante establecer una coordinación y articulación con el nivel nacional. Sin duda con la Consejería Presidencial de DDHH (CPDH), como coordinador de la política pública en el nivel nacional, que podría ser de forma operativa con el equipo de Nación Territorio de la CPDH, pero también diseñando un esquema o mecanismo de coordinación con el Grupo Interinstitucional que el PNA de Colombia define, donde están otras instituciones públicas nacionales, con las que se debe asegurar la coherencia en el ámbito de la políticas públicas (Minería, Medioambiente, Trabajo, Planeación, Energía, Infraestructuras, Economía, Justicia, Interior…) que afectan de manera práctica a derechos humanos y empresa.

La coherencia vertical para Gobernación debe ser considerada también hacia lo más territorial y local, buscando coordinar esta política pública, y su plan, con las Alcaldías, Mesas de DDHH, Jueces de Paz, Personerías… y otras instituciones de actuación territorial, muchas veces responsables de garantizar la implementación y eficacia de las políticas, así como las gestoras de las medidas de supervisión, apoyo o mecanismos de remedio. El plan que se defina debería dejar claro qué sistema de coordinación con todos estos actores que operan en los territorios, y que pueden actuar de forma temprana, preventiva y más eficaz en muchos de los casos de protección, respeto y remedio. Un ejemplo que se debería abordar en la estrategia y el plan de la Gobernación en Derechos Humanos y empresas es cómo articularse y coordinarse con los grandes municipios, en especial con la Alcaldía de Medellín, por su liderazgo e influencia en todo el Departamento. Si bien en el trabajo de campo no hubo la oportunidad de conversar con las personas de la Alcaldía, si se reconoce que existe una Política Pública de Derechos Humanos de la Alcaldía, y que existe el interés de desarrollar una sobre derechos humanos y empresas, así como coordinarse con la Gobernación en la que esta haga. Por ello, es clave definir de qué forma se van a coordinar ambas instituciones públicas en este ámbito.

La coherencia horizontal, por otra parte, debe ser asegurada al interior de las distintas políticas de la Gobernación, buscando la armonización y coordinación entre secretarías y

departamentos bajo un enfoque de derechos humanos. Pero también debe ir más allá de la propia institución, y garantizarse entre las distintas entidades públicas con presencia en Antioquia. Así pues, las iniciativas desarrolladas desde la Gobernación deberán ser coherentes y apoyarse en las que implementen instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería y las Corporaciones ambientales, entre otras instituciones que velan por la protección de derechos.

En este sentido, es imprescindible articular con enfoque de derechos humanos medidas coherentes con las ya existentes en el Plan de Desarrollo es esencial, al igual que el hecho de que las acciones dirigidas desde una Secretaría o un departamento de la Gobernación deben tener en cuenta las desarrolladas por otros.

La coordinación, interinstitucional o interna, no se puede dejar a la improvisación y requiere un sistema, mecanismos y recursos destinados para garantizar la coherencia, y por ello el plan debe abordar medidas en este ámbito.

Fuente: elaboración propia, Sustentia Innovación Social

6. Dar ejemplo: las empresas públicas como primer paso en la obligación de la Gobernación de proteger los derechos humanos en actividades económicas.

El Principio Rector 4 exige a las autoridades públicas que adopten medidas adicionales de protección “contra las violaciones de derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control, o que reciban importantes apoyos y servicios de organismos estatales”. Bajo el principio de coherencia interna, y al ser una empresa propiedad de la Gobernación, es imprescindible que se defina como una directriz que las empresas de propiedad pública incorporen criterios de respeto a los derechos humanos en su Gobierno y Gestión. Esto viene también avalado por el requerimiento que tiene la OCDE a Colombia en el proceso de incorporación. Por ello desde la Gobernación se debería incidir para que las empresas públicas donde tiene capacidad de influir por su propiedad incorporen las directrices que incluyen el Pilar de Respetar de los Principios

COHERENCIA HORIZONTAL

CON LAS OTRAS POLÍTICAS

ORIENTADA MEJORAR LA EFICACIA

DEL ESTADO SOBRE SU DEBER DE

PROTEGER

COHERENCIA

COHERENCIA ENTRE LAS POLÍTICAS

DISTINTAS

EN EL DISEÑO

EN LA IMPLEMENTACIÓN

EN RESULTADOS

COHERENCIA EN SUS

RELACIONES EXTERNAS

• CON GOBIERNOS: RELACIONES

BILATERALES Y MULTILATERALES

• CON EMPRESAS

• CON SOCIEDAD CIVIL , COMUNIDADES

Y PUEBLOS INDIGENAS

Medidas desde el ESTADO son

claras y coherentes en su diseño,

implementación y seguimiento

• Objetivos

• Metas

• Acciones, Rpbles.

• Programas

• Instrumentos

Coherencia endógena de la Política de E&DH

Coherencia con las Políticas del Estado

Protección de derechos

Política económica

Políticas sociales

Sostenibilidad ambiental

COHERENCIA VERTICAL

ENTRE DISTINTOS NIVELES DEL

ESTADO

Rectores de la ONU, en su forma de gestión de las actividades, así como en su Gobierno Corporativo.

Atendiendo a los riesgos más graves que afronten las empresas públicas, estas medidas adicionales deben constituir un sistema de debida diligencia reforzado y deben ser implantadas de manera transversal en dichas empresas, con un área responsable que coordine los esfuerzos de los demás departamentos.

En este sentido, es de gran relevancia involucrar a EPM, como la principal empresa pública de Antioquia, que gestiona bienes y servicios públicos, y que como empresa es reconocida, en el imaginario actual del sector empresarial, como vanguardista en la gestión de su debida diligencia en Derechos Humanos en sus áreas de negocio. EPM tiene una experiencia y unas capacidades que le han hecho madurar el enfoque en este ámbito, entendiéndolo como un aspecto clave de gestión de riesgo, asociado al Gobierno Corporativo de la empresa, así como al sistema de riesgos de negocio, por lo que se considera en principio como un aliado adecuado para ayudar a apoyar a la sensibilización e información mediante el ejemplo a otros actores empresariales privados (ACOLGEN, CME, Sindicato Antioqueño, ANDI, Cámara de Comercio…) que son necesarios para implementar eficazmente el plan de derechos humanos y empresas de la Gobernación.

EPM podría situarse como un ejemplo de diligencia en la gestión, que fuera una aliada muy interesante ejerciendo el efecto de sensibilización y atracción del ámbito empresarial en general, como para su sector, o como para sus empresas proveedoras y clientas (con efecto dominó).

7. Utilización de palancas de cambio que pueden generar incentivos para mejorar el respeto a los derechos humanos de las empresas en sus operaciones, a través de las relaciones económicas.

Una de las cuestiones que casi todas las empresas e instituciones se hacen es cómo generar incentivos que hagan que el comportamiento y la gestión de las empresas esté más orientado a criterios de respeto a derechos humanos. Es claro que se si se quiere incidir para que una cultura y contexto cambie, y en algunos casos de forma urgente o de corto plazo, como es en el ámbito del respeto de los derechos humanos, cualquier estrategia debe incluir incentivos y desincentivos para que se incorporen variables y criterios nuevos en las decisiones de inversión y gestión de las empresas, así como un cambio de cultura corporativa en este ámbito.

La cuestión no es si hay que incluir incentivos o desincentivos para que la gestión empresarial priorice criterios de derechos humanos en sus decisiones, si no cuales son coherentes con un enfoque de derechos humanos y con la normativa internacional, y a la vez son más eficaces en este objetivo transformador. Es claro que el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas es una expectativa, esperable, básica y universal en el marco de normativa internacional, por tanto establecer incentivos positivos directos (fiscales o económicos) a las empresas que respetan en sus ámbitos de actuación económica sería incongruente con la misma.

Respetar los Derechos Humanos es un deber exigible en el comportamiento de cualquier empresa, desde el punto de vista de la Normativa Internacional de DDHH y los Principios Rectores, por lo que tendríaque ser esperable sin generar premios por hacerlo, ni incentivos extra, pero la realidad demuestra que las lógicas tradicionales de la economía, ni el contexto cultural de gestión, muchas veces lo asumen como tal. Por otro

lado el Estado, y en su caso la Gobernación, tiene herramientas que pueden condicionar el contexto y prioridades de las relaciones económicas con las empresas como actor económico que es (gasto público, regulación, supervisión, compras, concesiones, licencias,…).Por ello el tener una estrategia que condicione los comportamientos del mercado a través de decisiones de la Gobernación como actor económico es la palanca más eficiente para generar los incentivos correctos, y es coherente con un enfoque de derechos humanos.

Por otra parte muchas veces se plantean medidas que incluyen incentivos económicos directos, como las ventajas fiscales o exenciones, como los más eficaces, y por los que se supone que el contexto empresarial va alienarse rápidamente a priorizar el respeto de los derechos humanos en sus decisiones de negocio o inversión. Desde nuestra experiencia este tipo de medidas son inadecuadas, pues no son coherentes con un enfoque de derechos humanos, y por ser ineficientes respecto a los objetivos que se consiguen y el coste que supone. Muchas veces estas medidas pueden incluso generar incentivos perversos. A continuación se enuncian algunos incentivos que consideramos que podrían incluirse en la estrategia de la Gobernación, aunque pueden existir otros.

Algunos instrumentos esenciales que pueden ayudar a modificar comportamientos empresariales y alinearlos con su responsabilidad de respetar los DDHH pueden ser los siguientes:

a) Debida diligencia en DDHH.- Entendida como el enfoque de gestión de la actividad económica orientado al respeto a los derechos humanos, la debida diligencia representa una oportunidad clave para la Administración a la hora de vincular y apoyar a las empresas en el ámbito de DHE.

Fuente: elaboración propia, Sustentia Innovación Social

Algunas de las vías a través de las cuales la Gobernación puede operativizar la debida diligencia pueden ser:

Exigiendo requisitos de debida diligencia de naturaleza general a través de su normativa, o bien exigiendo requisitos asociados a sectores específicos. Esta decisión dependerá, y se ajustará, a la relevancia de los riesgos en derechos asignados a unos y otros sectores económicos en el ámbito de su competencia3.

3 Loi de Devoir de Vigilance (deber de vigilar de las matrices a su cadena de suministro) – Francia – 2015- https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2017/05/09/devoir-de-vigilance-des-societes-meres-et-des-entreprises-donneuses-d-ordre

n

Evaluación de riesgos

e impactos en DH

Integración de

Conclusiones en el

sistema de gestión

Seguimiento de la

eficacia

Comunicación,

Transparencia y

Rendición de cuentas

Acceso a remedio

¡¡Impacto

negativo en DH!!

Mecanismos de

reclamación

LA RESPONSABILIDAD DE LAS EMPRESAS DE RESPETAR LOS DH

Ciclo de debida diligencia Reparación

Incluyendo criterios de debida diligencia en DDHH en la decisión de compras

públicas: valorando el sistema de debida diligencia empresa y sus resultados junto a otros criterios de selección4; incorporando la debida diligencia como requisito en los TDR de las convocatorias; incorporando la debida diligencia como requisito en la ejecución del contrato, o de otras formas.5

A través de las empresas públicas de medio o gran tamaño (proveedores de servicios públicos), que como se indicaba anteriormente deberían implementar un sistema de gestión de la debida diligencia, las autoridades pueden valerse de su influencia en otras empresas con las que éstas se relacionan, pudiendo liderar así cambios sustantivos en la debida diligencia de su sector económico6.

Estableciendo como requisito de celebración de acuerdos de inversión o concesión a empresas que tengan implementado de manera eficaz un sistema de gestión de su debida diligencia en DDHH. Para ello, sería muy aconsejable seguir lo establecido en el documento de Naciones Unidas Principios para Contratación Responsable7.

Estableciendo como requisito para apoyar a empresas, a través de garantías económicas o subvenciones específicas, el que demuestren que tengan implementado de manera eficaz un sistema de gestión de su debida diligencia en DDHH8.

Fuente: elaboración propia, Sustentia Innovación Social

4 Guía de Debida Diligencia de la OCDE para Cadenas de Suministro Responsables de Minerales de Áreas Afectadas por Conflictos y de Alto Riesgo - http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm 5 Guía de contratación pública social - Una herramienta de transformación socioeconómica- Ayuntamiento de Barcelona – España- http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/es/ 6 Incorporación de Clausulas sociales en los contratos celebrados por Ayuntamiento de Madrid- http://www.madrid.es/UnidadWeb/UGNormativas/Normativa/2016/ficheros/Instruccion1_2016.pdf 7 Naciones Unidas Principios para Contratación Responsable- http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Principles_ResponsibleContracts_HR_PUB_15_1_SP.pdf 8 OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct (Draft 2.1)- http://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-Responsible-Business-Conduct.pdf

Cláusulas de derechos humanos en compras públicas

2. A

DJU

DIC

AC

IÓN

4. S

EG

UIM

IEN

TO

3. EJECUCIÓN

Reserva de % de contratos y /o adjudicación directa a:

empresas con % de plantilla poblaciones vulnerables,

programas relacionados con ejercicio de derechos, etc.

a) Criterios excluyentes:

- Hechos probados

- Implicación en vulneraciones, etc.

b) Puntuación criterios valorativos:

- Compromiso normativa ddhh

- Política de ddhh

- Formación a directivos y empleados

- Mecanismos de Debida diligencia

- Supervisión cadena de valor

- Contratación poblaciones vulnerables

Obligaciones: - Contratación % población vulnerable

- Debida diligencia

- Plan de prevención de impactos

- Transparencia

- Mecanismos de reclamación y acceso a remedio

- Mecanismos de

seguimiento entre las partes

- Sanciones

- Penalizaciones

- Supuestos de rescisión

1. LICITACIÓN

Un ejemplo de incorporación de clausulas sociales en la política de compras son los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona en España:

Esquema del Ayuntamiento de Barcelona:

Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, http://ajuntament.barcelona.cat/contractaciopublica/es/

Diversos ejemplos de la introducción del respeto a los DDHH en los procesos de compra y contratación pública pueden consultarse en la plataforma The International Learning Lab on Public Procurement and Human Rights. Esta plataforma recoge ejemplos específicos de Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Gales, Irlanda del Norte, Inglaterra o San Francisco y Madison (Estados Unidos)9.

b) Mecanismos de remedio.-

A través del diseño y puesta en marcha de mecanismos eficaces de acceso a remedio, la Gobernación puede y debe promover la vinculación de empresas de diverso tamaño y naturaleza a la apropiación de los estándares internacionales en DHE.

La palanca de cambio real sería el incorporar como requisito en las relaciones del apartado anterior (regulación, compra y subcontratación pública, acuerdos de inversión y concesiones, empresas públicas, subvenciones y garantías públicas…) el que la empresa se vincule a uno o varios mecanismos de remedio no judicial, para los casos que haya reclamaciones sobre sus impactos.

En esta tarea, la Gobernación puede apostar por diferentes tipos de mecanismos: en primer lugar, debe promover un mecanismo público, administrativo, que atienda a la especificidad de las violaciones de DDHH causadas por actividad empresarial y cuya ruta

9 The International Learning Lab on Public Procurement and Human Rights, - Legal and policy documents, http://www.hrprocurementlab.org/resources/legalandpolicydocs/

o protocolo sea claro, accesible, adecuado y eficiente, y que cumpla lo establecido en el principio 31 de los Principios Rectores (Criterios de eficacia de los mecanismos de reclamación extrajudiciales). Pero además, la Gobernación tiene interés en que existan y sean fortalecidos otro tipo de mecanismos privados, que también deben cumplir con los criterios de eficacia antes citados. En primer lugar, puede adoptar un papel proactivo a la hora de crear y fomentar la creación de mecanismos de acceso a remedio de naturaleza multiactor, esto es, con presencia de actores de diversa naturaleza en sus órganos de análisis, investigación y decisión, lo cual habría de redundar en la independencia de dicho mecanismo.

Una tercera vía sería el ofrecimiento de apoyo o requerir la generación de rutas claras de acceso a remedio cuando se han vulnerado derechos fundamentales en la gestión interna de cada empresa (también llamados “mecanismos operacionales de acceso a remedio” y recogidos en el Principio Rector ONU nº 29). Según el tamaño de la empresa, estos protocolos estarán dotados de mayor o menor complejidad, puesto que deben responder a la realidad de las características de la empresa y las circunstancias de su entorno y su operativa.

Para que todo esto pueda ser eficaz no basta con requerir o impulsar mecanismos de remedio no judiciales, sino que se debe hacer un mapa de los existentes, identificar las lagunas ante posibles impactos, y las barreras prácticas de acceso a los mismos por parte de las personas o comunidades afectadas por impactos de actividades empresariales. Uno de los grandes retos es conocer dónde se puede reclamar y cómo.

c) Regulación legal de la responsabilidad ante impactos en derechos.-

Atendiendo a criterios de gravedad, las autoridades públicas pueden asumir un papel de regulador (dentro de su competencia) ante impactos provocados por la actividad económica, ofreciendo por tanto seguridad jurídica para todos los ciudadanos ante determinados comportamientos y exigiendo, por ende, la asunción de dicha responsabilidad por parte de los responsables, bien sea a través de multas u otro tipo de sanciones acordes al ilícito incurrido.

En ese sentido, atendiendo a sus circunstancias específicas, la Administración pueda desarrollar una normativa específica, que puede referenciarse a un estándar, la cual en sus primeras fases podría enfocarse a tres ámbitos clave: Gobierno Corporativo10, Obligación de Análisis de los riesgos en DDHH en los Riesgos Corporativos11, y requerir procedimientos de Cumplimiento Legal (compliance)12.Se podría articular mediante requisitos de Gobierno Corporativo (dando responsabilidad al Consejo de Dirección);

10 Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas- http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2615064e.pdf?expires=1519319032&id=id&accname=guest&checksum=DBF3315F81DD7AA54649992BF6C23C55 Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y del G20 - http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/2615024e.pdf?expires=1519319708&id=id&accname=guest&checksum=6F64EBC57CFF5AC30A4AD524FE3A9B8C 11 Norma o estándar de referencia ISO 31000 (Gestión de Riesgos) y Norma o estándar de referencia ISO 19600 –Sistemas de Gestión del Cumplimiento ; UNE 19601:2017 12 La Fiscalía General del Reinno de España imparte instrucciones para valorar la eficacia de los planes de compliance- https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/CIRCULAR%201-2016%20-%20PERSONAS%20JUR%C3%8DDICAS.pdf?idFile=cc42d8fd-09e1-4f5b-b38a-447f4f63a041 ; Circular 1/2011, relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica número 5/2010

definiendo requisitos para que los sistemas de análisis de riesgo contemplen e informen con los relacionados a los impactos en DDHH; o mediante la incorporación de requisitos de DDHH en estándares de Cumplimiento o Compliance en el empresa. Es posible que estos ámbitos vengan ya definidos por normativa nacional.

d) Transparencia y acceso a la información.-

La Gobernación puede impulsar este ámbito incorporando requisitos de transparencia activa (reporting) apropiados para los riesgos e impactos, y para el público destinatario, así como ampliando el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y las comunidades para proyectos que tengan riesgos de impacto en derechos humanos. Esta es sin duda una palanca eficaz de cambio específica de la que pueden servirse las autoridades para promocionar la asunción de la debida diligencia en DDHH por parte de las empresas y el cumplimiento con su responsabilidad de respetar los DDHH y de remediar su vulneración es a través de la transparencia corporativa.

En esta línea, las autoridades pueden adoptar por dos vías diferentes para orientar su labor, las cuales son complementarias. Una de ellas es la adopción de normativas dirigidas a exigir a las empresas la publicación de determinada información corporativa relativa al cumplimiento de su obligación de respetar, incluyendo información no financiera sobre riesgos e impactos en derechos humanos. Un ejemplo de esta medida es la definida por la Unión Europea sobre la Información no Financiera que debe ser publicada por las empresas de más de 500 empleados13. También entre otras está la iniciativa Británica enfocada a prevenir la esclavitud moderna y la Regulación Europea sobre Minerales de Conflicto14

Otra opción es -a través de la elaboración de materiales específicos, guías o protocolos- ofrecer herramientas a las empresas para que, por un lado, hagan pública determinada información clave en DDHH (la cual será identificada por las propias autoridades de antemano) y, por otra, sean capaces de responder a requerimientos de información puntual sobre su comportamiento operativo y cumplimiento correspondiente, facilitando así el acceso a terceros a información corporativa sustantiva en DDHH.

El otro ámbito, más pegado a la necesidad de acceso a la información sobre proyectos específicos que tienen las comunidades y personas afectadas por ellos, es el de ampliar el alcance o limitar las excepciones de la normativa que regula el Derecho de Acceso a la Información.

13 Non-Financial Reporting Directive – Unión Europea - https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/non-financial-reporting_en 14 Modern Slavery Act – Reino Unido – 2015 - http://www.modernslaveryregistry.org/ y Regulación Europea sobre Minerales de Conflicto - http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation/regulation-explained/index_es.htm

Fuente: elaboración propia, Sustentia Innovación Social

8. Elaboración de un plan de capacitación general en DHE para actores públicos y privados en el Departamento de Antioquia.

Si bien es un tema que a nivel internacional se viene abordando desde hace décadas ya, los conceptos básicos que sustentan el tema de Derechos Humanos y Empresa no son conocidos por los propios actores a los que dicho tema apela, instituciones públicas y empresas. Por otra parte tampoco es conocido por parte de la ciudadanía, medios de comunicación, y sociedad en general. Una de las evidencias más contundentes es que las personas que han podido participar en el trabajo de campo de Antioquia, en su inmensa mayoría (salvo alguna persona de empresa y de la Gobernación), no conocían ni la existencia de los Principios Rectores de las Naciones Unidas, ni lo que estos establecían en cuanto a la obligación del Estado de Proteger, la Responsabilidad de las empresas de Respetar, y la Necesidad del Acceso al Remedio efectivo de las personas afectadas por impactos causados por la actividad empresarial. Tampoco en su inmensa mayoría conocían del Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos y Empresas de Colombia, aprobado en el 2015. Por ello, para que la Política Pública de Derechos Humanos y Empresas de la Gobernación pueda ser eficaz debe venir acompañada por líneas de acción de información y socialización, así como de líneas de capacitación a los distintos actores.

Es por ello que, con el fin de poder construir una política pública participativa e informada, adquiere una gran relevancia acompañar este proceso con una profundización en aspectos clave de Derechos Humanos y Empresa, como es la Debida Diligencia en Derechos Humanos a la hora de desarrollar actividades económicas.

Este plan de capacitación debe tener la vocación de generar, una vez completado, espacios de discusión técnicamente solventes. Teniendo en mente ese objetivo, la capacitación no debe centrarse únicamente en cómo abordar las tareas propias del respeto a los DDHH y el ofrecimiento de remedio en la empresa privada, y además la protección de los DDHH en el ámbito público. Además de ello, debe fijarse otros

Listado de normas internacionales que exigen reporting, transparencia y divulgación por

parte de las empresas en cuestiones relacionadas con derechos humanos

• Ley Dodd Frank sobre minerales de conflicto - EEUU – 2010

• Loi de Devoir de Vigilance (deber de vigilar de las matrices) – Francia – 2015

• Responsible Business Initiative – Suiza – Iniciativa popular – 2016

• Timber Regulation – Regulación de la industria maderera – Unión Europea – 2013

• Regulación Europea sobre Minerales de Conflicto

• Modern Slavery Act – Reino Unido – 2015

• California Transparency in Supply Chains Act – 2010

• Non-Financial Reporting Directive – Unión Europea – 2014

Ejemplos de tendencia Normativa sobre DH y empresas

objetivos, como son el reconocimiento de la legitimidad de otros actores, la generación de confianza entre actores heterogéneos y la capacidad de análisis y gestión de riesgos e impactos en DDHH del entorno de cada actor.

Es posible que las líneas de acción en capacitación deban tener lógicas y modelos distintos para ser efectivas en cada actor.

Para el caso del sector empresarial es conveniente coordinarse con las organizaciones empresariales y cámaras de comercio, así como con gremios específicos, para orientarlo a las prioridades de necesidad de conocimiento en este ámbito. No obstante es importante asegurar que la capacitación da la información técnicamente apropiada y alineada con la normativa internacional de derechos humanos, y los Principios Rectores. De otra forma podría generar confusión con otras perspectivas o aproximaciones al problema, que generen incoherencia frente al consenso internacional.

En el caso de la capacitación a las personas empleadas de la Gobernación, sería conveniente que se incorporaran las acciones de capacitación en derechos humanos y empresas en el Plan de formación de Recursos Humanos. Es necesario que haya una formación básica y general que permita entender a todas las personas de distintos niveles y funciones la importancia e implicación que tiene la Política de la Gobernación en Derechos Humanos y Empresas, como el Plan Nacional de Acción de Colombia, y el acuerdo de los Principios Rectores de la ONU. Por otro, habría que identificar necesidades específicas de capacitación más especializada en las diversas Secretarías y Departamentos de la Gobernación, relacionadas con las competencias que tienen asignadas. Parece evidente que la Secretaria de Minas, el Departamento de Planeación, la Secretaria de Gobierno, la Secretaría de Infraestructuras física, la Gerencia Indígena o la Secretaria de Medioambiente, tendrán necesidades de formación distinta, más relacionada con las competencias que tienen.

Otra línea de capacitación clave es la enfocada a las organizaciones de la sociedad civil, comunidades, representantes de pueblos indígenas y afros, las mesas de derechos humanos, y otras instituciones de la sociedad civil. Es importante definir una línea de acción enfocada a informarles sobre este ámbito de los derechos humanos y las empresas, las políticas públicas existentes para la protección y el remedio, así como generarles capacidades técnicas que les permitan la relación en este tema más equilibrada con las empresas y las instituciones públicas.

Un factor clave de las líneas de capacitación es asegurar la armonización entre los distintos actores de los conceptos técnicos relacionados con derechos humanos y empresas, y que estos sean coherentes con la normativa internacional y los Principios Rectores. Obviamente todas las partes pueden tener opiniones, visiones y aproximaciones distintas, según su naturaleza e intereses, pero deben tener claros los conceptos técnicos para permitir un dialogo sobre los problemas y dilemas. De otra forma, en el momento del dialogo intersectorial, multiactor, este se dificultaría mucho por el distinto significado asignado a los términos.

9. Estrategia general de participación de todos los actores clave en el ámbito de DHE en Gobernación.

Con el fin de generar una política pública duradera a medio y largo plazo, las autoridades públicas deben priorizar la participación de otros actores en el proceso de elaboración de la política departamental de DHE.

Tal y como recoge el apartado 3 del Plan Nacional de Acción de DHE de Colombia, el Estado debe garantizar que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil puedan exigir el ejercicio de sus derechos e “incluir a la sociedad civil en espacios de diálogo multiactor que puedan ayudar a prevenir o mitigar impactos adversos por la actividad empresarial”, orientación consecuente con el enfoque nacional de paz.

La entidad pública responsable de elaborar la política pública municipal de DHE deberá asegurar al mismo tiempo la participación de todas las instituciones públicas cuya labor esté relacionada con el tema de DHE. De igual manera, deberá garantizar una representación empresarial representativa, puesto que estos espacios habrán de servir para que las autoridades públicas puedan transmitir a dichas empresas la expectativa que ostentan acerca de su cumplimiento con el respeto a los DDHH, recoger las opiniones y necesidades empresariales y promover el diálogo entre todos los actores.

10. Generar espacios de discusión multiactor

Tanto el plan de capacitación general como la potenciación de la participación de los actores clave en DHE en el Departamento de Antioquia son esfuerzos fundamentales para lograr un proceso de la Gobernación de generación de política pública robusto, la generación de cohesión social y de acuerdos realistas a medio y largo plazo.

Al mismo tiempo, resulta esencial que ambos esfuerzos sean diseñados con el objetivo de poder crear o fortalecer espacios estables de construcción de política pública, tanto en su diseño como en su monitoreo y evaluación posterior. Para que estos espacios multiactor sean estables deben enfocarse no solamente a la creación de capacidades técnicas que permita un debate técnico sólido en el tema de DHE, sino también para la construcción de confianza, paso clave para que una política pública inclusiva donde todos los actores se vean representados.

b. Recomendaciones específicas por entidad

Ámbito interno de la Gobernación Tomando como base el análisis de los desafíos que atraviesa Antioquia y las prioridades definidas en materia de Derechos Humanos, se ha elaborado una serie de recomendaciones dirigidas a los diferentes departamentos, gerencias y secretarías que integran la Gobernación según sus funciones. Es importante tener en cuenta que durante el trabajo de campo de la Asistencia Técnica no se pudieron realizar reuniones y entrevistas con la mayoría de las personas responsables de las Secretarías y Departamentos de la Gobernación, por lo que esta propuesta de actuación interna se basa en el análisis de gabinete y la experiencia del equipo de expertos de Sustentia. A fin de hacerlas más completas y adaptadas a la realidad de la región, estas recomendaciones precisan de un trabajo de campo adicional que permita recabar opiniones y datos adicionales.

Despacho del Gobernador Como cabeza del gobierno y en línea con sus funciones de dirección y coordinación de toda la acción administrativa del departamento, está en la mano del Despacho del Gobernador adoptar compromisos, enunciar las expectativas dirigidas a las empresas en cuanto al respeto a los derechos humanos en sus operaciones, promover una cultura de legalidad y poner en marcha iniciativas que velen por el respeto al marco

constitucional colombiano. En ejercicio de este papel de liderazgo, existen distintas líneas de acción posibles:

Establecer compromisos políticos de protección, prevención y defensa de los Derechos Humanos frente a cualquier impacto derivado de la actividad empresarial.

Establecer medidas destinadas a velar por la observación de la normativa internacional y del Plan Nacional de Acción de Empresa y Derechos Humanos de Colombia.

Revisar la normativa y las políticas existentes a nivel departamental a fin de garantizar la coherencia y la coordinación de las actividades desarrolladas por las distintas autoridades departamentales en la promoción y la protección de los Derechos Humanos.

Establecer mecanismos destinados a fomentar la coordinación con las distintas autoridades municipales de cara a asegurar que las políticas en materia de empresa y Derechos Humanos se implementan de manera uniforme en todo el territorio de Antioquia.

Promocionar la adopción por parte de las alcaldías de sus propios compromisos y políticas en materia de empresa y Derechos Humanos.

Establecer políticas y procedimientos que establezcan pautas de protección de Derechos Humanos en la relación de la Gobernación con empresas:empresas públicas, compras públicas, gestión de servicios públicos, actividades de fomento a la actividad empresarial.

Establecer medidas de prevención de la corrupción y de fomento de la cultura de legalidad en la Gestión Departamental. Focalizar estos esfuerzos en secretarías cuyas funciones estén más directamente vinculadas al disfrute efectivo de los Derechos Humanos por parte del pueblo antioqueño (Secretaría de Salud y Protección Social, Secretaría de Infraestructura Física).

Enunciar de manera concreta las expectativas del gobierno en cuanto a la adopción de procedimientos de debida diligencia por parte de las empresas que desarrollan actividades en Antioquia.

Asesorar a agremiaciones y empresas en cuestiones de empresa y Derechos Humanos: marco nacional e internacional, compromisos y prioridades establecidos a nivel departamental, herramientas de apoyo u otros.

Asesorar a las empresas sobre su participación positiva en la construcción de paz en la esfera de sus competencias y su actividad: cultura de Derechos Humanos, medidas de prevención de la desigualdad y la pobreza, fiscalidad responsable, incorporación de desmovilizados, incorporación de personas afectadas por el conflicto, generación de cultura de diálogo y participación, crecimiento económico y prevención de riesgos e impactos derivados de actividad y de su cadena de suministro.

Implementar programas de cultura de paz con gremios y empresas. Apoyo a las alcaldías en materia de construcción de paz y postconflicto.

Departamento Administrativo de Planeación

La protección de los Derechos Humanos requiere de políticas sectoriales que integren las directrices contenidas en los Principios Rectores de manera transversal en los planes de desarrollo, asegurando la coherencia horizontal. Por este motivo, se proponen distintas medidas dirigidas al Departamento Administrativo de Planeación, con foco en la coherencia vertical y en los planes de ordenamiento territorial.

Trabajar para garantizar la coherencia entre los planes de desarrollo nacional, el departamental, y los municipales.

Incorporar compromisos y medidas de protección de derechos humanos, y prevención de impactos en derechos humanos, ambientales y sociales en los programas de inversión, los planes de desarrollo y los programas sectoriales.

Incorporación de compromisos y medidas de transparencia, participación y prevención de corrupción, como principal medida de prevención de conflictos e impactos en Derechos Humanos.

Incorporación de criterios de Empresa y Derechos Humanos en los Planes de Ordenamiento Territorial, incluyendo aspectos de desarrollo económico sostenible y protección del medioambiente y de comunidades vulnerables, especialmente en aquellos aspectos que afecten a la zonificación territorial para actividades productivas (minería, agroindustria).

Fuente: elaboración propia, Sustentia Innovación Social

Secretaría de Gobierno Debido a sus funciones en materia de orden público, la Secretaría de Gobierno tiene la oportunidad y la responsabilidad de contribuir a la seguridad de los ciudadanos, así como a la construcción de paz en la región.

Desarrollar lineamientos y políticas en materia de Derechos Humanos en el marco de un diálogo multiactor y sobre la base de un análisis de la situación y necesidades del Departamento y sus regiones (por ejemplo, un Plan Departamental de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos).

En el marco de una mesa interinstitucional y multiactor, desarrollar un diagnóstico y una línea de base sobre la situación de Empres y Derechos Humanos en Antioquia.

Junto con otras entidades competentes en la materia (Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Personerías, Contraloría, Fiscalía, fuerzas de seguridad, etc.)

11

Plan de Desarrollo "Antioquia

Piensa en Grande" 2016-2019

Medidas normativas: responsabilidad de las matrices y extraterritorialidad Planes Nacionales y Territoriales de Desarrollo - Antioquia

Líneas Estratégicas

L1. Competitividad e Infraestructura

L6. Paz y Posconflicto (Territorios: fábricas de paz)

L5. Seguridad, Justicia y Derechos Humanos

L2. La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo (Dignificar el campesino).

L3. Equidad y movilidad social

L4. Sostenibilidad ambiental (Defensa del agua)

L7. Gobernanza y Buen Gobierno (Ética, Rectitud en el Ejercicio de Gobierno)

desarrollar mecanismos de alerta en el Departamento y sus regiones, para identificar riesgos, investigar y canalizar denuncias.

Configurar y consolidar una Comisión Asesora (multiactor) en la región, y actuar de puente con el nivel central, vinculando las políticas e iniciativas del departamento con las desarrolladas por el PNA y sus órganos.

Diseñar e implementar mecanismos e iniciativas para asesorar y capacitar a las comunidades y colectivos en relación al tema de Derechos Humanos y Empresa.

Diseñar e implementar mecanismos e iniciativas para asesorar y capacitar a los funcionarios públicos de las distintas dependencias, incluidos los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, sobre Derechos Humanos y Empresa, de forma que se pueda desarrollar el tema de forma transversal y guardar la necesaria coherencia en el desarrollo de las políticas de cada dependencia.

Diseñar e implementar mecanismos e iniciativas para asesorar y capacitar a los municipios en el desarrollo de sus lineamientos y políticas en Derechos Humanos y Empresa.

Secretaría de Minas Como uno de los sectores priorizados en los actuales planes de desarrollo, la minería según el plan de desarrollo representa a día de hoy una de las principales palancas de crecimiento a futuro en Antioquia. Sin embargo, los riesgos asociados al sector hacen que para lograr los objetivos de desarrollo sostenibles establecidos en el plan“Antioquia Piensa en Grande”, la Secretaría de Minas deba adoptar una posición de liderazgo en la protección de los Derechos Humanos.

Analizar, junto con otras entidades con competencias en el ámbito de la afectación de la actividad minera en los Derechos Humanos y el medio ambiente, cuestiones estructurales de la política pública nacional, relacionadas con la titulación minera que están afectando a la capacidad de proteger los Derechos Humanos y el medio ambiente.

Analizar cuestiones relacionadas con la calidad de los sistemas de acceso a la información que pueden estar afectando a la capacidad de las comunidades de conocer y participar en las políticas públicas y en el control de los proyectos.

Identificar retos y riesgos del sector minero en el Departamento y sus regiones respecto a Derechos Humanos y medio ambiente.

Diseñar programas de capacitación y apoyo al sector minero, para promocionar la cultura de respeto de los Derechos Humanos y fomentar el desarrollo eficaz de la debida diligencia en Derechos Humanos.

Diseñar programas que permitan poner en valor buenas prácticas de minería respetuosa con los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, frente a otras prácticas con altos impactos en derechos.

Desarrollar lineamientos y políticas de Empresa y Derechos Humanos en el Plan Sectorial de Minería del Departamento y sus regiones, en coherencia con el PNA. Fomentar su inclusión en el Plan de Ordenamiento Territorial en lo que competa.

Conectar a los actores del departamento y sus regiones con iniciativas a nivel

nacional que trabajen sobre el desarrollo de estrategias y planes de debida diligencia en Derechos Humanos en el sector minero.

Desarrollar mecanismos de seguimiento y control de impactos ambientales y en derechos Humanos, especialmente en poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Desarrollar mecanismos de transparencia y monitoreo en cuestiones fiscales.

Desarrollar iniciativas destinadas a prevenir la corrupción en el sector minero.

Desarrollar mecanismos de coordinación interinstitucional con autoridades ambientales, autoridades con competencias en Derechos Humanos, entes de control, fiscalías y organismos judiciales.

Fomentar la adopción por parte de agremiaciones y empresas de sistemas de recepción y gestión de peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad.

Secretaría de Infraestructura física Debido a los riesgos asociados al sector de obras públicas, la Secretaría de Infraestructura Física tiene la oportunidad de generar una mejora en la protección de los Derechos Humanos en el departamento introduciendo nuevos criterios en los planes, políticas, programas y proyectos de infraestructura.

Incluir criteriosde derechos humanos y ambientales en la selección de contratistas.

Implementar procedimientos contratación y el seguimiento con criterios y/o requisitos de debida diligencia en Derechos Humanos en la de los proyectos de infraestructuras.

Desarrollar mecanismos de acceso a la información y prevención de la corrupción.

Crear y fortalecer los espacios de participación ciudadana destinados a la identificación de necesidades y la gestión preventiva de impactos.

Secretaría de agricultura y desarrollo rural Debido al papel relevante que el sector agrario desempeña en el desarrollo económico de Antioquia, la protección de los Derecho Humanos frente a impactos derivados de la actividad empresarial requiere llevar a cabo medidas específicas para este sector. Además, el papel de la Secretaría en el fomento del desarrollo rural y de la coordinación con los distintos municipios resulta especialmente relevante en vista de los desafíos existentes en torno a la coherencia vertical de las políticas de Empresa y Derechos Humanos implementadas a nivel tanto nacional como departamental.

Incluir criterios de respeto de los Derechos Humanos en los planes y programas agropecuarios, pesqueros, forestales y de desarrollo rural.

Desarrollar estudios sobre los principales riesgos en Derechos Humanos vinculados a la actividad agraria en Antioquia junto con guías destinadas a empresas sobre cómo identificar, prevenir y mitigar estos riesgos.

Fomentar plataformas de intercambio de experiencias entre las empresas del

sector a fin de difundir herramientas de apoyo en los procesos de debida diligencia en Derechos Humanos.

Fomentar la adopción por parte de agremiaciones y empresas de sistemas de recepción y gestión de peticiones, quejas y reclamos por parte de la comunidad.

Colaborar con los municipios para apoyar la implementación uniforme en todo el territorio antioqueño de las políticas de protección de los Derechos Humanos.

Secretaría del Medio Ambiente En su papel de seguimiento y evaluación de los impactos generados por los grandes proyectos de infraestructura en Antioquia, la Secretaría de Medio Ambiente tiene en su mano la oportunidad de impulsar que la protección de los Derechos Humanos sea un factor básico en la aprobación y el seguimiento de cualquier proyecto.

Coordinarse con Corantioquia para la inclusión de criterios de derechos humanos en sus procedimientos de evaluación de impactos de proyectos

Incluir criterios sociales y de Derechos Humanos en las evaluaciones de impactos de proyectos de infraestructura.

Brindar capacitación a funcionarios y empleados públicos sobre los riesgos en Derechos Humanos derivados de los impactos al medio ambiente.

Ámbito interinstitucional La cooperación interinstitucional representa una oportunidad excelente para la reunión de esfuerzos y la optimización de recursos entre entidades públicas que comparten objetivos en el ámbito de la protección, el respeto y el remedio de DDHH.

Alcaldías

En el ámbito Departamental es importante establecer un sistema de coordinación y articulación con otras instituciones públicas relevantes para hacer eficaz el diseño e implementación de la política pública en Derechos Humanos y Empresas. Las alcaldías son instituciones esenciales para ello al tener competencias específicas en sus territorios sobre muchos ámbitos que pretende abordar la política. Conviene destacar la importancia de hacerlo con todos ellas, pero diferenciando las acciones con las distintas alcaldías. Por ejemplo la Alcaldía de Medellín, que tiene un peso específico en la realidad económica, social y política del Departamento, y tiene su propia Política de Derechos Humanos, por lo que es aconsejable coordinar el diseño e impulso de la política de la Gobernación en este ámbito. Otras alcaldías también debe ser objeto de la coordinación especial por su contexto específico, con riesgos e impactos particulares, un ejemplo de esto puede ser los caso de Turbo o Apartadó, o el de Segovia y Santa Fe de Antioquia, por su especificidad sectorial del sector minero y los impactos asociados.

En este sentido, la Gobernación debe adoptar un papel proactivo en la identificación y generación de comunicación estables con los respectivos responsables de los temas de DHE en las Alcaldías del Departamento, con el fin de poder promover la coordinación y evitar el solapamiento en el desarrollo de políticas públicas intermunicipales que comparten objetivos e intereses total o parcialmente.

Instituciones del Ministerio Público

Por otro lado son varias las instituciones con competencias en la protección de DDHH y el ofrecimiento de remedio judicial y no judicial cuando los DDHH se han visto vulnerados con causa en actividad empresarial. En este sentido, a continuación se presentan las principales entidades y posibles espacios de colaboración que podrían existir en colaboración con la Gobernación de Antioquia:

o Defensoría del Pueblo Regional de Antioquia.- Con la Defensoría, la Gobernación podría establecer una colaboración estable para la identificación y respuesta a casos específicos de DHE y asistencia a las víctimas relativas en Antioquia, con apoyo en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría.

o ProcuraduríaRegional de Antioquia.- Generación conjunta de espacios multiactor para la promoción del diálogo y la cultura de derechos humanos, así como en lo relativo a la identificación de obstáculos judiciales y la búsqueda de soluciones que faciliten a los sujetos procesales el acceso a remedio para los casos de DHE.

o Personerías Municipales.-Fortalecimiento conjunto entre la Gobernación y las Personerías Municipales en su labor común de órganos de control de las normativas relativas a DHE y su ejecución, seguimiento y sanción por parte de los funcionarios públicos.

Ámbito externo con otros actores Trabajar en coordinación y alianza con otros actores privados como son los empresariales y las organizaciones y plataformas de la sociedad civil y grupos étnicos, es una recomendación general para el diseño e implementación de la política pública en este ámbito.

Como se indicaba en este documento la participación en sí misma de estos actores no sólo es necesaria bajo un enfoque de gobernabilidad democrática, sino que es imprescindible si se busca la eficacia de la Política Pública de Derechos Humanos y Empresas, medida como el conseguir el mayor grado de la protección, respeto y remedio.

Actores empresariales

Es clave buscar alianzas e integrar a actores empresariales, tanto de empresas pioneras y con compromiso estratégico en avanzar en la gestión de su debida diligencia en derechos humanos, así como con las asociaciones de segundo y tercer nivel, como son los gremios, cámaras de comercio y asociaciones empresariales.

Es evidente que no todos los actores del sector empresarial van a recibir con igual interés esta política, y que algunos incluso puede que manifiesten sus reticencias a este cambio de cultura de gestión empresarial, por lo que es recomendable identificar potenciales aliados en este tema, que sirvan de ejemplo y actúen como tractores a otros actores cercanos. EPM, es un ejemplo de un posible aliado, como se ha indicado en el documento, pero seguro que hay otros más que habría que identificar. La idea es que sean protagonistas positivos de cambio en este ámbito.

La lógica de aproximación al actor empresarial más honesta y eficaz es que esta política pública les interesa desde el punto de vista del buen gobierno corporativo y la gestión de riesgos del negocio (operativos, jurídicos, comerciales, económicos, sociales y de reputación), alejándonos de discursos más cercanos a ámbitos de la filantropía que generan confusión, tanto en este

sector como en otros actores. Trabajar en esta política pública ayuda a generar un contexto con menores riesgos, y con más claridad en cuanto a expectativas, y los procedimientos de actuación y solución de conflictos. Por lo tanto ayuda a la predictibilidad y seguridad jurídica, necesaria en el Estado de Derecho Democrático, y en los mercados de competencia. En definitiva es ayudar a un mejor contexto de actuación en Antioquia.

Hay actores identificados que se recomienda explorar y analizar su interés y predisposición a ser aliados, como es el caso de EPM, las Cámaras de Comercio, la ANDI, gremios sectoriales (de energía, agroalimentarios, mineros…), empresas del Sindicato Antioqueño, Banco Colombia…

También es importante buscar coordinarse y encontrar sinergias con plataformas empresariales, o con una alta participación de empresas (Red Colombiana del Pacto Global, CME), así como otras especializadas en este ámbito de derechos humanos y empresas (Guías Colombia), o en ámbitos cercanos (GRI).

Algunas de las Acciones que se pueden incorpora enfocadas a las empresas son:

Estrategia conjunta de Información y sensibilización sobre Derechos Humanos y Empresas, en un contexto de postconflicto

Estrategia de capacitación a los actores empresariales sobre Derechos Humanos y Empresas

Desarrollo de instrumentos, guías y estándares sobre la Gestión de la Debida Diligencia

Aportar información a las empresas sobre riesgos por sector y por subregión para que la puedan considerar en su análisis de riesgos

Apoyar técnicamente a las empresas sobre aspectos de la gestión de su debida diligencia en derechos humanos

Mecanismos alternativos de remedio ante conflictos por impacto en derechos humanos

Mecanismos de remedio en un contexto de postconflicto

Medidas de contra la estigmatización y para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales

Incorporación en procesos de diálogo para la Política Pública de Derechos Humanos y Empresas

Sindicatos, Sociedad Civil, Pueblos Indígenas, Afros y Comunidades

La sociedad civil, poblaciones y comunidades, en sus distintas formas de auto-organizarse, son un componente muy relevante para la eficacia de la Política de Derechos Humanos y Empresas como se ha indicado. Por ello se debe trabajar en línea de participación efectiva, buscando que participen activamente en facilitar información para la de identificación deimpactos y riesgos incorporada al diagnóstico.

Hay otros temas que se considera muy interesante y prioritario trabajar con la sociedad civil:

Medidas de contra la estigmatización y para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y ambientales

Estrategia conjunta de Información y sensibilización sobre Derechos Humanos y Empresas, en un contexto de postconflicto

Estrategia de capacitación a las organizaciones de sociedad civil y comunidades sobre Derechos Humanos y Empresas

Medidas para mejorar la accesibilidad y eficacia de los mecanismos de remedio ante conflictos por impacto en derechos humanos

Incorporación en procesos de diálogo para la Política Pública de Derechos Humanos y

Empresas

Mesas de Derechos Humanos en Antioquia

Se trata de órganos que están llamados a ostentar el principal punto de referencia de la Gobernación en su relación con la sociedad civil, comunidades y los diversos movimientos sociales. De una composición heterogénea y ambiciosa, se trata de un espacio que precisa ser fortalecido, en capacidades sobre Derechos Humanos y Empresas, ser dotado de una mayor legitimidad y ser potenciado en los temas que aborde.

Dada su heterogeneidad, este espacio está llamado a convertirse para la Gobernación en un termómetro adecuado en relación a los riesgos e impactos en DDHH que sufren tanto los individuos como los colectivos de las distintas subregiones de Antioquia por causa de actividad empresarial. Es preciso, por tanto, que estos entes sean dotados de espacios adecuados de participación e interlocución para todos sus miembros y de protocolos claros de actuación ante impactos graves y/o urgentes en DDHH, y tengan una coordinación directa con la Gobernación, a través de la Dirección de DDHH.

Para la Gobernación, algunas vías potenciales de trabajo con la Mesa de DDHH podrían ser las siguientes:

Necesidad de fortalecer procesos y espacios de formación en DHE especialmente dirigido para las necesidades de las organizaciones sociales de la ciudad.

Asegurar la participación de la sociedad civil en la construcción del Plan de DHE a través de encuentros bilaterales con la Gobernación y multilaterales con la Gobernación y los empresarios.

Generación de una agenda de trabajo conjunta a 3 años, con el objetivo de identificar riesgos e impactos en DDHH con causa en actividades económicas que deban ser dotados de especial atención en un futuro plan de la Gobernación de DHE. Algunos de ellos pueden ser:

La estigmatización de organizaciones, defensores y líderes sociales de DDHH.

La discriminación específica en el acceso al trabajo para determinadas personas y colectivos.

La falta de garantías a nivel laboral y pérdida de derechos laborales y su incidencia en determinados grupos en especial situación de vulnerabilidad.

Análisis de vías eficientes en la supervisión, control y sanción a las empresas por parte de las autoridades, tanto nacionales, como departamentales y locales.

Priorización del apoyo a determinados colectivos en especial situación de vulnerabilidad según el registro de impactos graves y recurrentes en DDHH, ya sea de manera temporal o estable. Ejemplos: Mujeres, Sindicatos, personas transexuales.

Sindicatos

El papel de los sindicatos en el ámbito departamental difiere de las relaciones que se establecen en el plano nacional, en la relación entre gobierno nacional y los representantes sindicales nacionales. Esta diferenciación responde a la existencia de retos específicos, y por tanto diferentesasí como una distinta división de la fuerza de la representatividad en las agrupaciones sindicales del Departamento.

Tanto a nivel nacional como departamental, los sindicatos se encuentran actualmente en un momento complejo, en el cual el porcentaje de sindicalización es muy bajo, sufren las consecuencias de la regulación actualmente existente los derechos sindicales y laborales (pactos colectivos y negociación sectorial) y también sufren estigmatización por pertenecer a dichos grupos. Es por ello, que es preciso que la Gobernación asuma estos retos a nivel departamental y trate, en la medida de lo posible, en mejorar sus funciones en la reglamentación (y en la aplicación de la normativa nacional relacionada), la supervisión y monitoreo de su situación.

Buscar espacios de generación de confianza para la inclusión de un mayor número de sindicatos en debates municipales con vocación de estabilidad.

Asegurar la participación de los sindicatos en la construcción del Plan de la Gobernación en DHE a través de encuentros bilaterales con la Gobernación y multilaterales con la Gobernación, la sociedad civil y los empresarios

Medidas de contra la estigmatización y para la protección para sindicalistas y defensores de los derechos laborales

Estrategia de socialización

La participación de las partes interesadas en la elaboración de las políticas públicas es un principio básico de la democracia y del gobierno abierto. También lo es en otros ámbitos de relación entre las instituciones y la ciudadanía como la elección de representantes o el cuidado de lo público, pero se entiende que es un componente esencial de cualquier proceso dirigido a desarrollar principios, compromisos, incentivos y desincentivos para promover comportamientos favorables a la convivencia, la paz, la dignidad de las personas y el cuidado del ambiente, sea cual sea el ámbito de acción. Así se recoge en los estándares internacionales básicos de derechos humanos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y también los Principios Rectores ONU de DHE y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Resulta fundamental adaptar la participación a la realidad del territorio para el cual se pretender construir una política pública inclusiva. En este sentido, una política pública abierta y participativa puede contribuir positivamente a prevenir conflictos, orientar estrategias eficaces de contribución de los actores privados al desarrollo sostenible, favorecer la convivencia y la paz. Para ello, es necesario que las autoridades líderes del diseño de dicha política escuchen de manera constante a todas las partes interesadas, y en especial a las personas y comunidades, titulares de derechos, afectadas, y las empresas involucradas.

El nivel departamental exige determinadas líneas de acción específicas para que la participación que promueva sea efectiva. Exige cercanía y contacto directo con actores claves, locales y territoriales, a los que se debe identificar adecuadamente a través del esfuerzo de investigación correspondiente. Al mismo tiempo, requiere que dichos actores clave ejerzan un papel de palanca con otros actores de su misma naturaleza (empresas, ONG, mesas de derechos humanos, Alcaldías, Personerías, cámaras de comercio, gremios…). Lograr transmitir la necesidad de lograr una participación amplia para la generación de una política pública con efectos directos en la ciudadanía es una tarea que implica capacitación específica de todos los funcionarios responsables de su diseño e implementación en el ámbito de DHE, en este caso, en la Dirección de Derechos Humanos, pero también otras funciones relevantes como la Secretaría de Participación Ciudadana y desarrollo Social de la Gobernación de Antioquia.

Otros aspectos claves en la estrategia de participación en Antioquia podrían ser los siguientes:

1) Diseñar una estrategia a largo plazo y circular (proceso de mejora). Esta estrategia debería incluir el diseño de la política pública, su aprobación oficial, su seguimiento, monitoreo, evaluación y proceso de inclusión de mejoras en el proceso de revisión de la estrategia, al término de su vigencia.

2) Esta estrategia debe basarse en la construcción de confianza entre actores. En caso de que se considere que no existe la suficiente confianza y legitimación del otro en el proceso, de manera previa a los procesos multiactor será preciso trabajar individualmente con cada actor. El objetivo es lograr generar una confianza que permita habilitar posteriormente espacios multiactor de intercambio de opiniones y comentarios que redunden en una mejora transversal de la política pública. Es posible que en algunos casos se requiera trabajar previamente ámbitos de garantías (procedimientos, objetivos, seguridad, publicidad, compromisos…) que les generen un espacio de dialogo confiable.

3) Con el fin de lograr espacios participativos robustos, es preciso dotar de gran importancia al componente de sensibilización –primero- y de capacitación –después- como pasos previos a la generación de diálogos ricos y productivos en relación al tema de DHE.

4) La generación de alianzas interinstitucionales con actores externos a la Gobernación de

Antioquia resulta muy importante con el fin de obtener una mayor capacidad de difusión de la política pública, mayor legitimidad como líder impulsor de ésta y un mayor espectro de competencias a debate. En este sentido, resultan esenciales acuerdos con la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Personería, y específicamente con las Alcaldías de Antioquia. Se debe considerar especialmente a la Alcaldía de Medellín por ser la capital, es un referente para el resto del Departamento y tiene un gran peso e influencia en toda Antioquia. Pero también se debe de atender a la necesidad de involucrar a las Alcaldías y otras instituciones públicas que están en las zonas rurales, donde en muchos casos se producen los mayores riesgos de impactos.

5) Esfuerzo en la inclusión y participación de todos los actores relacionados con el tema de DHE en el ámbito de la Gobernación, incluyendo toda la institucionalidad con competencias en la materia, representantes empresariales y actores de la sociedad civil, incluyendo sindicatos, academia, ONG, representantes de colectivos y defensores de DDHH. En este sentido, es preciso subrayar el esfuerzo continuo que la Gobernación debe mantener en el tiempo para involucrar a estos actores en las sensibilizaciones, capacitaciones y debates, aunque éstos no hayan demostrado interés en el tema. Por lo general, es la sociedad civil y, en concreto, las comunidades aquellas que tienen mayor dificultad para hacer oír su voz, y ante las cuales la Gobernación debe hacer un esfuerzo especial para que ello sea posible.

6) La identificación de actores y temas relevantes para el debate (riesgos más graves de la ciudad en DHE), requiere que se lleva a cabo de abajo a arriba, ya que permite asignar prioridades sobre las que trabajar en base a situaciones reales, e identificar las brechas horizontales y verticales en todas las políticas públicas y marcos legales que habrá que considerar y revisar como parte de la obligación de proteger. El objetivo es evitar la generación de compartimentos estancos de gestión sino generar políticas públicas cada vez más integrales. En este sentido, resulta esencial trabajar con las Mesas de Derechos Humanos ya constituidas, algunas de ellas además han mostrado interés en el tema de DHE y evidenciado la necesidad de un trabajo multiactor para atajar los riesgos e impactos más graves ya identificados.

7) Creación de espacios adecuados para el diálogo y el debate acerca del rol de cada actor ante la obligación de proteger, respetar y remediar en el ámbito de DHE. En concreto, la búsqueda de las mejores soluciones para que la Gobernación asuma sus obligaciones de proteger, respetar y remediar; el comportamiento exigible a las empresas en la prevención y remedio de riesgos e impactos en DDHH desde la óptica territorial, y el papel que puede jugar la sociedad civil al respecto de dichas responsabilidades. En este sentido, tiene lógica aprovechar los espacios que ya existen (mesas de derechos humanos, mesas mineras, u otros procesos de dialogo) y que podrían ser adecuados como sede para estos debates, así como el apoyo en ya existentes redes y plataformas de trabajo, diálogo, capacitación o estudio, etc.

8) Es preciso establecer un marco y sistema de participación que permita que ésta sea eficaz. Para garantizarlo, este marco puede vehicularse a través de comisiones, redes o procesos que permitan el intercambio de opiniones entre actores y la recolección de opiniones sin presiones.

9) Una estrategia de participación debe prever y asignar los recursos humanos y económicos necesarios para su desarrollo de manera adecuada y realista.

3. Próximos pasos

Como se ha indicado la estrategia propuesta para la construcción de la política pública en Derechos Humanos y Empresas por parte de la Gobernación de Antioquia, debe ser:

1) enfocada a proteger los derechos humanos, incorporando criterios de derechos humanos en las políticas, procedimientos e instrumentos públicos.

2) coherente con normativa internacional y la política nacional de derechos humanos, y entre las distintas políticas públicas sectoriales.

3) priorizada en cuanto a la urgencia y gravedad de los riesgos e impactos en derechos humanos identificados.

4) estratégica-transformadora, con visión de largo plazo, enfocada en cambiar la cultura de actuación y gestión empresarial, generar contextos de confianza en el estado de derecho, aportando un enfoque preventivo, y reforzando la legitimidad y eficacia de los sistemas de acceso al remedio.

5) práctica, no retórica, orientada a la búsqueda de resultados de mejora concretos en la protección de derechos, el respeto de las empresas, y el acceso al remedio eficaz para las personas afectadas.

6) progresiva en cuanto a su desarrollo e implementación, desde el compromiso político, a la evaluación de los resultados, pasando por diagnóstico, planificación e implementación.

7) inclusiva reforzando los procesos de participación en todas las fases de la política, y con un objetivo claro de incorporar a los actores claves para la política, trabajando sobre los obstáculos o barreras para su participación efectiva.

8) flexible-revisable, incorporando nuevas prioridades y necesidades debido a la evolución de la misma.

Hoja de Ruta recomendada

Si bien hay una lógica razonable de concatenación de próximos pasos, debido al limitado tiempo de trabajo interno con la Gobernación en misión en Terreno de la Asistencia Técnica, se considera que la hoja de ruta genérica propuesta a continuación, sea trabajada para adaptarla a las necesidades concretas y al contexto actual.

Se propone una estrategia por fases, partiendo de la fase 1 orientada a generar voluntades, pasando a fases de construcción de la Política de Derechos Humanos y Empresa, elaboración del Plan de Acción, implementación y evaluación del mismo, en las fases consecutivas.

Se recomienda comenzar con las siguientes acciones en un primer momento:

1. Generación de voluntad política dentro de la Gobernación, en el más alto nivel de decisión política.

2. Elaboración de un borrador de Lineamientos de la Política en Derechos Humanos y Empresas de la Gobernación de Antioquia, mediante un trabajo interno, y en conversaciones con actores externos como Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, para encontrar áreas y objetivos comunes en las agendas en este ámbito. Se incluye un borrador de texto como ejemplo de contenido en los Lineamientos de política pública.

3. Trabajar internamente con las Secretarias y Departamentos de la Gobernación la elaboración de un Plan de Actuación en Coherencia con lo establecido en el Plan de Desarrollo de Antioquia, donde se definan líneas de acción, recursos y metas.

4. Capacitación a los funcionarios de la Gobernación en el ámbito de Derechos Humanos y Empresas, con enfoque práctico en relación a las competencias de sus departamentos y áreas.

5. Identificación de actores (empresariales, institucionales, alcaldías, sociedad civil, universidades, medios de comunicación, entre otros) e instituciones aliadas e interesadas en participar en la construcción e implementación de una política pública en este ámbito.

6. Socialización e información a los diversos actores sobre la propuesta de lineamientos de la Gobernación y recogida de aportaciones.

7. Trabajo sobre un texto de acuerdo departamental sobre Derechos Humanos y Empresas, con la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea de Antioquia para una posible aprobación por la misma.

8. Establecer un sistema y proceso de dialogo multiactor sobre este tema que sirva como mecanismo de participación en las distintas fases de la política pública.

Aprobación de un compromiso político formal de la Gobernación

Coordinación de políticas en el interior de la Gobernación

Generación de interés y debate en cada actor relevante para el tema de DHE

Identificación de riesgos e impactos de DHE más graves en Antioquia-Diagnóstico

Generación y promoción del debate sustantivo en los espacios multiactor de diálogo

Priorización y calendarización de los aspectos de DHE claves para el Departamento

Asunción de liderazgo activo de Gobernación

Priorización del diagnóstico de riesgos e impactos en DHE

Mapa de mecanismos de acceso a remedio judicial y no judicial

Seguimiento del cumplimiento de las líneas de acción del Plan EDH

Sensibilización de todos los actores en DHE

Explicación del tema de DHE al interior de la Gobernación e identificación de aspectos clave por entidad o departamento

Búsqueda de acuerdos interinstitucionales en la agenda de DHE

Evaluación externa del Plan de Acción DHE

Generación de debate multiactoracerca de los resultados de la evaluación

Incorporación de las conclusiones de la evaluación al nuevo Plan de DHE

Generación de voluntades

Construcción de una política de

DHE

Elaboración de un Plan de Acción DHE

Implementación del Plan de Acción DHE

Evaluación del Plan de Acción

DHE

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5

Gobernación de Antioquia

9. Desarrollar una línea de acción de comunicación e información sobre el compromiso

explicito de la Gobernación.

10. Iniciar el análisis y diagnóstico de riesgos e impactos en derechos humanos y empresas en Antioquia, partiendo de otras informaciones y documentos previos, y alimentándolo con los resultados de los diálogos.

4. Recomendaciones finales

1. El ámbito de trabajo y la problemática sobre el impacto en los Derechos Humanos es complejo, donde la diversidad de actores tienen obligaciones y responsabilidades propias, y donde la participación y compromiso efectivo de todas las partes es necesario para implementación y eficacia de la política que se desarrolle. Todos los actores son relevantes. Por tanto, una política de la Gobernación en DHE sólo será eficaz en tanto en cuanto dicha política incluya a todos los actores en el diseño, en la implementación y en el seguimiento de dicha política.

2. Las autoridades públicas, tanto al nivel nacional como departamental y local, tienen la obligación de avanzar al mismo tiempo en la implementación de los 3 pilares de los Principios Rectores ONU. No pueden centrarse exclusivamente en su obligación de proteger, ni trabajar únicamente en promover la debida diligencia de las empresas privadas mientras olvida la suya propia en las empresas públicas. No puede olvidarse de garantizar el acceso al remedio efectivo, ni priorizar las acciones reactivas sobre las preventivas. Si bien la tarea es laboriosa, es necesario que se aborde el marco de DDHH y Empresa de una manera global y transversal, aunque ello deba ponerse en práctica a través de acciones de corto alcance por causa de un presupuesto reducido. En ese caso, cobra gran relevancia que dichas acciones aborden los 3 pilares, antes que enfocarse sólo en uno de ellos.

3. La información y la capacitación son aspectos fundamentales. Todos los actores deben conocer sus derechos, obligaciones y responsabilidades, y aprender cómo llevar a cabo sus funciones en el ámbito de DHE. Para ello, es preciso generar capacidades en todos los actores y generar instrumentos válidos para ellos, pero también acompañar y apoyar de manera cotidiana tanto a empresas como comunidades en los procesos de implementación de la política pública.

4. La autoridad pública, en este caso la Gobernación de Antioquia, no puede erigirse exclusivamente en un espectador mediador en el tema de DHE, donde se producen conflictos por disparidad de visiones e intereses, sino que debe asumir un liderazgo activo político y administrativo, bajo la obligación de proteger que tiene. Las partes esperan este liderazgo y el Estado, en este caso la Gobernación, debe asumirlo marcando el camino a seguir a todas y cada una de las partes relacionadas, generando un contexto de predictibilidad y seguridad a las partes.

5. Si bien el proceso de implementación de una política pública es progresivo, éste debe conceder prioridad a la gestión de los impactos más graves. Puesto que los fondos existentes nunca son ilimitados, la Gobernación deberá realizar una priorización de aspectos a gestionar y deberá por tanto planificar su actuación en el tema. Esta priorización deberá regirse, en primer lugar, por un criterio básico: la respuesta ante los impactos más graves en DDHH que ya se hayan producido, por un lado, y la asunción de medidas adecuadas para la gestión de los riesgos de mayor gravedad que se hayan identificado en su ámbito de competencia.

6. La política debe tener fundamentalmente un enfoque preventivo, un enfoque de acción sin daño. Sin embargo, debe ostentar al mismo tiempo un enfoque amplio a la

hora de gestionar los impactos y ofrecer remedio. Este remedio no sólo tiene que ver con una respuesta eficaz ante la existencia de impactos negativos en DDHH, sino que además debe dotar de importancia a la elaboración o diseño de sistemas de acceso a remedio efectivos. Sistemas de remedio adecuados a los riesgos identificados para que, ante la eventualidad de que éstos se conviertan impactos, reciban una respuesta pública oportuna y eficaz. Una de las barreras más frecuentes, y en caso de Antioquia también se ha evidenciado, es la existencia de un imaginario colectivo de que los acuerdos no se cumplen, y esto es más reforzado en el ámbito del remedio y reparación de personas o colectivos afectados por proyectos económicos, dando la imagen de impunidad. Es importante por ello, tomar acciones urgentes para asegurar que los mecanismos de remedio funcionan y son accesibles y eficaces, en los casos de graves impactos en derechos. Esta es una medida imprescindible para generar la necesaria confianza de las partes en la política pública.

7. Los problemas en el ámbito de DHE están, por lo general, instalados en escenarios de grave desconfianza entre las partes, incluida la referida a la Gobernación. En este contexto, de manera generalizada se producen cuestionamientos sociales tanto sobre la licencia social para operar de las empresas como sobre el papel de proteger del Estado. Ello exige a las autoridades tomar medidas y construir procesos dirigidos a construir esa confianza con cada una de las partes, primero, y entre ellas después, y ello requiere resultados concretos y tangibles que muestren cuanto antes la eficacia de la política. Una forma de ir generando espacios de confianza entre los diversos actores es que el proceso de diseño e implementación de la política de la Gobernación, vaya acompañado de actores externos independientes, que les generen garantías para participar. Estos agentes externos independientes, podrían ser varios entre las instituciones de Cooperación Internacional, Organismos Internacionales, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, entre otros, a los que los diversos actores se les reconoce esta naturaleza.

8. A todos los niveles, la Gobernación debe coordinarse y esforzarse en identificar cuáles son los incentivos más eficaces para modificar comportamientos y actitudes en todos los actores relevantes en el ámbito de DHE. Los incentivos y desincentivos para cada parte son diferentes, y desde el Gobierno Nacional, las Gobernaciones, hasta lasAlcaldías deben estar preparados para detectarlos, y dar una respuesta satisfactoria a unos y otros. Es evidente que los incentivos y las barreras para participar en la política pública de Derechos Humanos y Empresas de la Gobernación, para las empresas y para las organizaciones de la sociedad civil o comunidades, son distintos. En algunos casos primarán incentivos económicos y de reputación, y en otros más relacionados con incidir en políticas públicas y acceder a remedio sobre situaciones de riesgo o impacto.

9. A la hora de diseñar los mecanismos de acceso a remedio, la Gobernación no puede olvidar que habitualmente ya existen unos pasivos que deben ser gestionados. No cabe trabajar únicamente hacia el futuro, sino que los impactos en derechos producidos en el pasado también exigen una respuesta, y de ello dependerá la legitimidad de la política pública en el presente y en el futuro. Esto es especialmente reseñable en un proceso de construcción de Paz, Acuerdos de Paz, y de postconflicto como el que está inmerso toda Colombia, y que afecta de manera relevante a Antioquia, y por tanto a la Política en Derechos Humanos y Empresas de la Gobernación. Adquiere gran relevancia por tanto que se ofrezca una respuesta positiva y efectiva a corto plazo para los impactos que ya se habían producido con anterioridad a la aprobación de la política municipal de DHE.

10. Gestionar adecuadamente los riesgos e impactos en derechos redundará en más

confianza entre autoridades, empresas y sociedad en general, generará más cohesión social y beneficiará otros procesos nacionales, regionales y locales. Por eso, si bien el Estado, en este caso la Gobernación de Antioquia, es el mayor interesado en ello, también debe asumir su tarea de hacer entender a los demás actores relacionados con el tema de DHE los beneficios que para ellos significan estos procesos, y ayudar a que cada actor pueda asumir un rol preponderante en su ámbito de actuación.

5. Propuesta para contenido técnico en el Documento de Lineamientos de Política Pública de la Gobernación en Derechos Humanos y Empresa

LINEAMIENTOS DE LA GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA PARA EL

DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE DERECHOS

HUMANOS Y EMPRESA

Presentación

Entendiendo que la empresa es un motor básico de la economía, un desarrollo integral debe

atender a los impactos tanto positivos como negativos que se derivan de la actividad de las

empresas para la economía, la sociedad y el medio ambiente. En respuesta a las crecientes

exigencias de la sociedad y a medida que distintas organizaciones internacionales

intensificaron el debate sobre este tema, en la última década comenzó a generarse un

consenso sobre la necesidad de proteger los Derechos Humanos frente a la actividad

empresarial.

Como fruto de este consenso, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó

por unanimidad los Principios Rectores en Empresa y Derechos Humanos, que están

estructurados en torno a tres pilares: deber del Estado de proteger, responsabilidad de las

empresas de respetar y necesidad de poner a disposición de la ciudadanía mecanismos de

remedio accesibles y efectivos. A raíz del llamamiento realizado por el Consejo de derechos

Humanos en junio de 2014, Colombia se sumó al primer grupo de países que publicar un Plan

Nacional de Acción en Empresa y Derechos Humanos. El documento, aprobado por el gobierno

colombiano en diciembre de 2015, establece las prioridades y las líneas de acción para la

implementación de los Principios Rectores a nivel nacional.

Por su parte, con la aprobación del Plan de Desarrollo "Antioquia Piensa en Grande", la

Gobernación de Antioquia adoptó un enfoque de los Derechos Humanos “como fines

constitutivos de los procesos de desarrollo y sirve de referente para la definición de los grandes

lineamientos que orientan las acciones estratégicas del Gobierno departamental en la

búsqueda del desarrollo humano integral y sostenible de todos sus habitantes”.

Mediante los presentes lineamientos, la Gobernación de Antioquia manifiesta su compromiso

con la protección activa de los Derechos Humanos frente a cualquier impacto ocurrido en su

territorio como consecuencia de la actividad empresarial y establece las prioridades para el

futuro desarrollo de políticas públicas.

Marco normativo

a) Marco al nivel internacional

o Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en

práctica del marco de las Naciones Unidas para “proteger, respetar y

remediar”. Aprobados por unanimidad mediante Resolución 17/4 de 2011 del

Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

o Carta Internacional de Derechos Humanos

o Declaración Universal de Derechos Humanos

o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y sus dos Protocolos

Facultativos relativos.

o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

o Principios y derechos fundamentales de la Organización Internacional del

Trabajo (OIT) – Incluyendo todos los convenios que han desarrollado las cuatro

áreas principales, entendidas como el “piso mínimo necesario en el trabajo”, a

saber:

o Libertad de asociación y la libertad sindical y reconocimiento efectivo del

derecho de negociación colectiva;

o Eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;

o Abolición efectiva del trabajo infantil; y

o Eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.

b) Marco al nivel nacional

o Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034.

o Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Empresas adoptado por el

Presidente de la República (2015).

o Ley 1753 de 2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-

2018 “Todos por un nuevo país”.

o Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz

estable y duradera, aprobado en el Teatro Colón (Bogotá DC) el 24 de

noviembre de 2016.

c) Marco departamental

o Plan de Desarrollo "Antioquia Piensa en Grande" 2016-2019, que incluye las

siguientes líneas estratégicas:

L1. Competitividad e Infraestructura.

L2. La nueva ruralidad, para vivir mejor en el campo (Dignificar el

Campesino).

L3. Equidad y movilidad social.

L4. Sostenibilidad ambiental (Defensa del Agua).

L5. Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.

L6. Paz y Posconflicto (Territorios: Fábricas de Paz).

L7. Gobernanza y Buen Gobierno (Ética, Rectitud en el Ejercicio de

Gobierno).

d) Marco normativo comparado

o Ley Francesa 2017-399 del 27 de marzo de 2017 sobre el Deber de Cuidado de

las Empresas Matrices y las Empresas Patrocinadoras, la cual se toma como un

referente normativo internacional.

o A nivel nacional, existen otras leyes sectoriales o relativas a aspectos

específicos de la debida diligencia que obligan a su cumplimiento por parte de

las empresas afectadas.

El deber de proteger los Derechos Humanos

La Gobernación de Antioquia tiene el deber de proteger frente cualquier violación de Derechos

Humanos cometida dentro de su territorio por parte de cualquier actor, lo cual implica

prevenir cualquier impacto que se pueda derivar de la actividad empresarial. En el ejercicio de

sus funciones, la Gobernación se compromete a asegurar que el marco normativo del

departamento cumple con este principio de protección, así como a asesorar, alentar y exigir a

las empresas en su responsabilidad de respetar. Algunas acciones destinadas a la protección

de los Derechos Humanos por parte del Estado son las siguientes:

I. Coordinación de las entidades públicas departamentales y municipales a fin de

asegurar la coherencia de sus actuaciones.

II. Revisión de la planeación territorial.

III. Capacitación de funcionarios en materia de Empresa y Derechos Humanos.

IV. Puesta en marcha de medidas dirigidas a combatir la brecha tecnológica presente en

las zonas alejadas de los núcleos urbanos.

V. Aumento de las garantías de acción sin daños en aquellas empresas con las que se

relaciona la Gobernación ya sea porque cuenta con participación o porque mantiene

algún tipo de relación comercial.

VI. Desarrollo de iniciativas dirigidas a aumentar las garantías en sectores económicos o

zonas que presentan riesgos especialmente elevados en materia de Derechos

Humanos.

El respeto a los Derechos Humanos por parte de las empresas

La obligación de la Gobernación de proteger de manera constante y activa los Derechos

Humanos no exime a las empresas que operan en Antioquia de velar en todo momento por el

respeto a los mismos. Tanto el marco que establecen los Principios Rectores de Naciones

Unidas como los convenios internacionales suscritos por Colombia imnplican la exigencia de

actuar en todo momento bajo el principio de acción sin daño.

En el contexto actual de internacionalización creciente, este principio conlleva fuertes

exigencias de transformación empresarial, ya que la correcta gestión de riesgos requiere una

revisión continua de todas las operaciones internas así como de la cadena de valor en la que

las empresas se insertan de manera más amplia, entendiendo que la empresa debe atender a

los impactos que cause de forma directa, a aquéllos a los que contribuye a través de otras

entidades y a aquellos impactos a los que está vinculada por su relación con empresas con las

que se relaciona.

De cara a afrontar estos retos, los Principios Rectores destacan como herramienta

fundamental la debida diligencia en Derechos Humanos, entendida ésta como el proceso de

identificación, evaluación y mitigación de los riesgos en derechos derivados de la actividad de

las empresas. A fin de garantizar la efectividad de esta gestión, es necesario que las empresas

incorporen criterios sociales y ambientales en la evaluación de sus resultados, lo cual requiere

la colaboración con expertos en Derechos Humanos y con las comunidades efectuadas por sus

operaciones.

Además, para que estos criterios influyan de manera efectiva en la toma de decisiones de

negocio, es necesario que las empresas adopten públicamente compromisos y políticas a nivel

corporativo y que el cometido de prevenir impactos de Derechos Humanos se asigne a los

cargos adecuados.

Finalmente, la actuación responsable por parte de las empresas requiere una rendición de

cuentas que informe de manera adecuada, suficiente y veraz sobre los riesgos e impactos

detectados y sobre los resultados de las medidas de mitigación puestas en marcha, de manera

que los accionistas, las autoridades públicas y el resto de partes interesadas validen los

avances realizados por la empresa y se generen relaciones de confianza que redunden en

beneficio de un crecimiento económico sostenible.

Si bien todos estos principios de actuación sitúan a las empresas antioqueñas como un actor

fundamental en los avances necesarios para la garantía de los Derechos Humanos, el deber de

proteger del Estado requiere que la Gobernación adopte un papel de liderazgo en esta tarea

de transformación. En respuesta a este deber, la Gobernación de Antioquia buscará la manera

de fomentar la adopción de procesos de debida diligencia, de acompañar a las empresas a la

hora de conocer sus obligaciones y de desarrollar herramientas que permitan llevarlas a cabo,

de fomentar actividades empresariales que generan riqueza sostenible a largo plazo y de

apoyar plataformas de diálogo que sirvan como punto de encuentro entre empresas,

administración pública y sociedad civil.

El acceso al remedio

Además de una actuación diligente por parte del Estado y las empresas a la hora de gestionar

riesgos en cuestión de Derechos Humanos, es necesario establecer medidas para aquellos

casos en los que materializan los impactos. Por este motivo, el acceso a mecanismos de

remedio efectivo por parte de las comunidades afectadas constituye el tercer pilar de los

Principios Rectores, que tienen en cuenta tanto los tipos de mecanismos que deben existir

como las características que estos deben cumplir.

En primer lugar, el Estado debe asegurar que la ciudadanía cuenta con mecanismos de acceso

a remedio tanto judicial como no judicial, lo cual requiere combatir las barreras que puedan

existir en el acceso a la justicia y promocionar mecanismos de resolución alternativos en los

que puedan participar las defensorías, personerías u otras instituciones.

Asimismo, por parte de empresas, corporaciones industriales y otras entidades de carácter

privado presentes en el Departamento de Antioquia, también es necesario que existan canales

de recepción de quejas junto con procedimientos para su gestión, ya que se trata de

alternativas que pueden ofrecer soluciones más inmediatas y eficaces a los conflictos

derivados de la actividad empresarial (medición, arbitraje).

Todos estos mecanismos de acceso al remedio deben construirse de una manera

complementaria y en todo caso, debe asegurarse que están basados en el diálogo y que

resultan accesibles, predecibles (procedimientos claros y conocidos), transparentes,

equitativos, respetuosos con los derechos de privacidad e intimidad y que resulten una fuente

de aprendizaje continuo. Con este objetivo, la Gobernación de Antioquia elaborará un mapa

con todos los mecanismos de remedio disponibles en su territorio a fin de darlos a conocer al

conjunto de la ciudadanía. Igualmente, se identificarán las barreras existentes a fin de poner

en marcha las medidas necesarias para garantizar la efectividad de los mecanismos estatales

(jurídicos o no jurídicos) y de apoyar planes de acción destinados a la mejora de los

mecanismos de remedio no estatal.

Compromisos a futuro

La Gobernación de Antioquia sigue adelante con su compromiso de situar la garantía de los

Derechos Humanos como elemento fundamental en su modelo de desarrollo económico

sostenible y de construcción de paz, a fin de conjugar el fomento de la competitividad

empresarial con la promoción integral de la persona y de todos sus derechos fundamentales.

El trabajo continuado por la protección de los Derechos Humanos frente a daños derivados de

la actividad empresarial se sitúa en la línea previamente trazada por los Principios Rectores de

Naciones Unidas, el Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas, la

Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034 y el plan de

desarrollo “Antioquia Piensa en Grande”, así como por las obligaciones que se derivan de las

garantías legales establecidas por la normativa nacional e internacional.

Los presentes lineamientos, estructurados en torno a los pilares de proteger, respetar y

remediar, sientan las bases para las políticas que desarrollará esta Gobernación atendiendo en

todo caso a la coordinación entre las distintas secretarías y gerencias que la integran y a la

participación de las distintas autoridades municipales, los representantes del sector

empresarial y las organizaciones de sociedad civil presentes en el territorio de Antioquia.