realidad nacional(perú)

Universidad Nacional

José Faustino Sánchez Carrión

HUACHO 2013

Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALESEscuela Académico Profesional de

Sociología

FACULTAD: CIENCIAS SOCIALESE.A.P: SOCIOLOGÍATEMA: DEUDA EXTERNA Y PRIVATIZACIÓN DE LA ECONOMIA DEL PERÚCURSO: REALIDAD NACIONAL

DOCENTE: BRITO VEGA WILFREDO

CICLO: IIINTEGRANTES:CIPRIANO ANTONIO, ROLINRAPRAY GAMARRA, JESUSROSALES RIOS, NELIDA

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“UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÉ FAUSTINOS SÁNCHEZ CARRIÓN”

DedicatoriaEste trabajo está dedicado a mis padres por el constante apoyo que me brindan en esta nueva etapa de mi vida, que es la Universidad y también a mis maestros que día a día se desvelan por enseñarnos más.

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INTRODUCCIÓN.

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DEUDA EXTERNA Y PRIVATIZACION DE LA ECONOMIA EN EL PERÚ

i. DEUDA EXTERNA

HISTORIA

La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios en la economía. La inflación es generada por el gobierno mediante un crecimiento

Acelerado en la oferta de dinero que a su vez responde a un aumento acelerado de gastos públicos o una política de reactivación de gobierno o a políticas erradas de la autoridad monetaria (BCR), es decir que cuando un país gasta más de lo debido se genera la inflación y después para reponer ese dinero se pide prestamos lo cual aumenta la deuda externa. Aparte de las consideraciones anteriormente expuestas cabe señalar dos situaciones.

LAS 2 PEORES HIPERINFLACIONES EN EL PERÚ FUERON LA GUERRA DEL PACÍFICO (1879) Y CON EL GOBIERNO DE ALAN GARCÍA (85-90).

La Primera genero la quiebra económica del país, La Segunda por una política económica populista a ultranza e irresponsable llevo a una quiebra económica mucho más severa que la primera.

LA GUERRA DEL PACÍFICO EN 1879 (AGRESIÓN ARMADA CHILENA)

a) Debido a la guerra del pacifico, la economía quedo en una situación de descalabro. Habíamos perdido territorio, habíamos sido despojados de nuestro principal producto de exportación (el salitre) y las perdidas demográficas en algunas provincias fueron significativas. En lo que se refiere al sector productivo, se incendiaron varios trapiches prósperos y el 80% del ganado lanar fue destruido. Las minas de Arequipa y Puno fueron abandonadas, las de Huancavelica y Ancash quedaron sumidas y la producción de crudo de petróleo alcanzo el 33% de su valor en la pre guerra. En el sector externo, el volumen de las exportaciones cayó en 70%. Y en 1886 la deuda pública externa ascendió a 51 millones de libras esterlinas, un nivel 55 veces mayor a los ingresos fiscales de ese año. Las grandes casas comerciales sufrieron estragos tanto que en sus operaciones como en su organización, varias de ellas se trasladaron a Chile y otras se liquidaron. Entre 1877 y 1884, el Perú incrementó sus medios de pago (billetes fiscales) en 516 % produciéndose una inflación y una devaluación del orden de 1.200 %. El sector financiero también sufrió reveses: entre 1881 y 1883, hasta 8 bancos quebraron y, en 1888, sólo tres de las 20 instituciones financieras iniciales seguían funcionando.

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ALAN GARCÍA

b) La caída de la producción en el período de 1985-90 fue de 8% el PBI per cápita llego a $ 720, cifra inferior a la de 1960, las empresas estatales perdieron

$ 1.653 millones y la población peruana se empobrecido a niveles sin precedentes el índice de pobreza crítica se incrementó en 41% afectando a 13 millones de peruanos es decir 54% de la población. En el sector externo, el volumen de las exportaciones se estancó y las reservas internacionales llegaron a menos $(-) 300 millones.

La quiebra económica durante el primer gobierno de Alan García 1985-90 y la miseria y pobreza que eso nos trajo seguimos sufriéndola en la actualidad la quiebra económica que García le produjo al Perú ha sido la más grande de la historia del Perú, superando ampliamente a la ocasionada por la guerra del pacifico.

La política de tratamiento de la deuda externa sigue los acuerdos que se suscriben en el “Club de París”, de ámbito informal y sin personalidad jurídica, en el que se reúnen los principales estados acreedores para tratar los problemas de pago de los países deudores. En él, cada deudor negocia con el conjunto de sus acreedores.

Resulta difícil pensar que organismos que a su vez son prestadores sean lo suficientemente objetivos como para decidir cuáles son las vías de solución para los países deudores. Son prestadores y están interesados en cobrar, son juez y parte.

Las inversiones de los países del norte en los países empobrecidos es menor que la cantidad que reciben en concepto del pago de deuda, dicho de otra forma, cuando muchos países del norte no han alcanzado el compromiso del 0,7% del PIB en ayuda oficial al desarrollo, los países en desarrollo transfirieron de 2000 a 2004 un 1,3% de su PIB como pago de intereses y capital de la deuda.

En el Perú estamos pagando solo los intereses de la deuda externa y los intereses siguen creciendo, incluso estos no se pagan por completo lo que se convierten en capital de la deuda para el próximo ciclo de pagos.

¿QUÉ SE ENTIENDE POR CONDONACIÓN?

La deuda externa de un país que se condona, significa que los recursos liberados (el dinero que ya no se paga al acreedor) se invierte en programas de lucha contra la pobreza.

Cuestionamos la objetividad e incluso la operatividad, de los procesos de condonación que son largos y dilatados. Creemos que ni las instituciones son

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las adecuadas ni los procesos actuales son los óptimos para trabajar el problema de la deuda.

Es imperativa la creación de un Tribunal Internacional De La Deuda Externa, porque ahora mismo no existe ningún organismo que sea objetivo para analizar todos los problemas de los países deudores y acreedores”. Dado de que ahora mismo no existe ningún organismo que sea objetivo para analizar todos los problemas de los países deudores y acreedores.

El presidente electo del Perú, señor Toledo Manrique, ha notificado al país que el próximo ministro de economía y finanzas será un ex-peruano nacionalizado estadounidense.

A su vez, el funcionario nominado ha hecho saber que próximamente la república emitirá en el mercado de Nueva York bonos -a los que él denomina "soberanos"- por valor de $700 millones, posiblemente a través de Citibank y J.P. Morgan & Co.

Las declaraciones de los representantes del régimen electo no sólo presagian el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento externo de nuestro país sino que hacen notar que el gobierno del señor Toledo desempolvará la vieja política de los empréstitos, que tanto daño económico y moral causara al Perú desde su nacimiento como república independiente. Confirmando lo que señalara Haya de la Torre hace tres cuartos de siglo, "la política financiera de nuestros gobiernos se sigue reduciendo a una loca sucesión de grandes empréstitos". Sin lugar a dudas, con el señor Kuczynski como ministro de economía, el Perú volverá a las peligrosas prácticas de endeudamiento seguidas por distintas administraciones republicanas y cuyo mejor exponente fuera el corrupto y servil régimen del "oncenio" que encabezara Augusto Bernardino Leguía Salcedo.

Los tiempos que se avecinan hacen necesario examinar las experiencias de nuestro país en materia de deuda externa y corrupción. Por eso iniciamos con esta publicación una serie de notas breves en las que revisaremos capítulos poco difundidos de la historia económica, social y política de la deuda externa del Perú. En estos artículos se podrá apreciar la facilidad con que se asocian las negociaciones de deuda externa y la corrupción. Desde San Martín hasta Fujimori, pasando por Velasco y Belaúnde, y desde Paroissien y García del Río hasta Joy Way, Camet y Boloña, pasando por Morales Bermúdez, Ulloa y Rodríguez Pastor, podremos apreciar la repetición de una serie de regularidades en cuanto a políticas de endeudamiento e inmoralidad de los funcionarios públicos. Las principales características se señalan a continuación:

- Los recursos externos obtenidos mediante el endeudamiento se aplicaron, en una importante proporción, a fines no productivos como son la importación de armamentos, los gastos militares, el servicio de préstamos anteriores, la financiación de los déficit fiscales, y a la implementación de proyectos que no sólo carecieron de retornos económicos sino que además fueron incapaces de

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generar moneda extranjera en la cantidad necesaria para atender el servicio de la deuda.

- Casi nunca se han producido en el Perú discusiones democráticas sobre las causas y consecuencias políticas, económicas, financieras y sociales del endeudamiento externo. Prescindiendo de la consideración de los regímenes militares -en los que el procedimiento de endeudamiento fue aún más expeditivo- en las administraciones en las que existió un Congreso los préstamos fueron propuestos por el poder ejecutivo y aprobados por el legislativo sin mayor discusión, muchas veces en una sola sesión parlamentaria y por unanimidad.

- Dado lo "delicado" del tema del endeudamiento externo, las negociaciones de los préstamos y la correspondiente documentación siempre constituyeron secreto de estado o fueron simplemente inaccesibles. Para sus promotores, parapetados en una falsa imagen de tecnicismo, la trascendencia y la rapidez con la que debían realizarse las negociaciones justificó que las operaciones de endeudamiento no fueran públicas ni transparentes.

- El endeudamiento no ha guardado relación con el potencial productivo ni exportador del Perú. Los recursos financieros externos fueron gestionados sin efectuar una evaluación exhaustiva de la real capacidad del país para poder atender el servicio al que quedaba obligado. En muchas oportunidades se comprometió como garantía de los préstamos los recursos naturales del país, los activos del Estado o el producto de las aduanas e impuestos de la república. En forma irresponsable, los gobiernos y generaciones de turno obtuvieron financiamiento externo cuya amortización fue transferida a los gobiernos y generaciones posteriores. Esta tendencia a la "loca sucesión de empréstitos" -o como llamaríamos hoy al sobre-endeudamiento- llevo al país a incurrir en moratorias en cuatro oportunidades, aproximadamente cada cincuenta años. Ellas se produjeron en 1826, en 1876, en 1931 y en 1983.

- En muchos casos, la contratación del endeudamiento externo sirvió para que la soberanía del país se viera sustancialmente afectada por la fiscalización impuesta por los acreedores o sus representantes. La intervención extranjera no sólo se verificó en la segunda mitad del siglo XX, cuando el país se sometió a la condicionalidad impuesta por el FMI, el Banco Mundial o el BID. También ocurrió en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo pasado, cuando los acreedores obligaron al Estado a no afectar las rentas públicas entregadas como garantía de la deuda en tanto existieran intereses por ser pagados o bonos pendientes de redención.

- En buena cuenta, la negociación de los préstamos del Perú fue siempre una transacción privada entre inescrupulosos intermediarios políticos, que actuaron en representación del país, e inescrupulosos intermediarios financieros extranjeros, que actuaron en nombre del capital internacional. Unidos por su interés en estas operaciones, ambos grupos de agentes intercambiaron

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compromisos de continuidad. Por un lado, los representantes de los gobiernos del Perú ofrecieron a los banqueros seguir contratando sus servicios; por el otro, los banqueros aseguraron a los intermediarios políticos seguir proveyéndoles de fondos para contribuir a su continuidad en el gobierno.

- Las operaciones de endeudamiento externo han sido muy costosas para el Perú, al haberse aceptado márgenes de intermediación y comisiones excesivas, el reintegro de gastos diversos y, en el caso de la emisión de bonos, elevados descuentos justificados como necesarios para atraer a los inversionistas. Estas prácticas hicieron que el costo pagado por el país para obtener los recursos externos fuera superior al costo efectivo de atracción de los fondos en el mercado internacional. Sirvieron también para alimentar la corrupción, al canalizar montos significativos de recursos al pago de las ambiciones personales de riqueza y poder de los grandes y poderosos empresarios.

CAUSAS DE L DEUDA EXTERNA

El déficit fiscal de EEUU en los años sesenta, originó una fuerte devaluación del dólar en los años 60.

En el comienzo de los años ochenta los tipos de interés de los créditos subieron, empujados por el crecimiento de éstos en los EEUU (a consecuencia del déficit fiscal norteamericano)

LA BANCA INTERNACIONAL, en su búsqueda de inversiones para sus nuevos fondos, hicieron préstamos a países “en desarrollo”, sin valorar debidamente las peticiones a tal efecto o sin vigilar el modo en que se utilizaban los préstamos.

DESDE LA DECADA DE LOS 80 los tipos de interés para los países pobres fueron cuatro veces más altos que para los países ricos.

El sistema financiero internacional excluye de la inversión privada a decenas de países y millones de personas.

Estrategias del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que los países en desarrollo no puedan desarrollar estrategias nacionalistas de desarrollo.

Debido a la guerra del pacifico, la economía quedo en una situación de descalabro. Habíamos perdido territorio, habíamos sido despojados de nuestro principal producto de exportación (el salitre) y las perdidas demográficas en algunas provincias fueron significativas.

Las operaciones de endeudamiento externo han sido muy costosas para el Perú, al haberse aceptado márgenes de intermediación y comisiones excesivas, el reintegro de gastos diversos y, en el caso de la emisión de bonos, elevados descuentos justificados como necesarios para atraer a los inversionistas. Estas prácticas hicieron que el costo pagado por el país para

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obtener los recursos externos fuera superior al costo efectivo de atracción de los fondos en el mercado internacional. Sirvieron también para alimentar la corrupción, al canalizar montos significativos de recursos al pago de las ambiciones personales de riqueza y poder de los grandes y poderosos empresarios.

EFECTOS DE LA DEUDA EN EL PERÚ

La deuda ocasiona que tengamos que reducir el gasto de otras áreas para poder pagar nuestras obligaciones, es así como dejamos de invertir en educación, salud, vivienda, infraestructura. Si el dinero se invirtiera en estas áreas contribuiría a elevar la calidad de vida de la población y el desarrollo del país. La deuda también en cierta forma nos resta autonomía y definitivamente nos quita capacidad de ahorro.

Esto se debe a que el pago de la deuda externa es una transferencia de recursos internos hacia las economías de los países acreedores, estos recursos se obtienen de la recaudación de impuestos, los cuales disminuyen el ingreso personal disponible, es decir el consumo interno disminuye y así afectan la tasa de crecimiento económico. Este dinero obtenido es devuelto al circuito económico bajo la forma de gasto público.

Esto trae consigo un costo de oportunidad para el país, es decir por pagar la deuda se deja de lado la inversión o el consumo, lo que trae como consecuencia falta de empleo y pobreza. Para los sectores en pobreza extrema, este desvío de recursos locales limita sus posibilidades de salir de la pobreza y acceder a mercado de trabajo en condiciones dignas.

EFECTOS EN LA ECONOMÍA:

o La inversión cae.

o Desciende el ingreso público y privado.

o Hay fuga de capitales

o Aumentan las exportaciones

o Se deterioran los precios de las materias primas.

o Hipoteca las posibilidades de un desarrollo económicamente viable,

socialmente equitativo y ambientalmente sostenible.

LOS PLANES DE AJUSTE ESTRUCTURAL (PAE), EL ARMA DEL FMI PARA CONSEGUIR LA ESTABILIDAD DE LAS ECONOMÍAS EN CRISIS, PROVOCA:

o Recorte de los gastos sociales (salud, educación, etc.) para reducir el

déficit público. o Cierre de empresas locales que no pueden competir con las empresas

multinacionales. o Reducción de plantillas con despidos y desempleo, reducción de salarios.

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o El aumento de las exportaciones a costa del medio ambiente, para pagar

la deuda. o Inversiones muy limitadas que apenas ayudan al crecimiento de un

empleo siempre precario. o Supone recaudar más impuestos y modernizar la forma de recaudación,

ampliando la base tributaria. o La deuda externa no la paga el Gobierno, como creen muchos

ingenuamente. El Gobierno es el agente que remite esos fondos hacia los acreedores internacionales, pero en realidad, la deuda la paga el pueblo.

LAS CONSECUENCIAS SOCIALES SON:

o Perpetúa la situación de pobreza y polariza la sociedad. La crisis de la

deuda es la mayor causa de empobrecimiento y mal nutrición. o Supone un freno al avance de la democracia.

o Impide la dotación de servicios sociales, sanitarios y educativos.

o Coacciona a los pobres pidiendo que paguen la deuda a través de

medidas que agotan sus recursos normales de existencia. o Un país altamente empobrecido no puede invertir en escuelas, hospitales,

sueldos dignos, infraestructuras, ni apoyar a sus agricultores, pequeños empresarios o funcionarios; pero sin embargo, se ven obligados a dedicar sus mejores tierras a cultivos de exportación (aunque su población pase hambre), destruir sus bosques para vender madera, cobrar impuestos a sus ciudadanos por muy pobres que sean, privatizar sus empresas vendiéndolas a multinacionales extranjeras, etc.

Deuda externa (miles de millones US$)

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Perú 31 31 33,1 29,2 29,95 29,79 30,94 27,93 32,83 34,59 30,51 33,29 36,98

Definición de Deuda externa: Esta variable da el total de la deuda pública y privada contraída con no residentes reembolsable en divisas, bienes o servicios. Estas cifras se calculan al tipo de cambio corriente, es decir sin tomar en cuenta la paridad del poder adquisitivo (PPA).

DEUDA EXTERNA PÚBLICA

http://www.indexmundi.com/es/peru/deuda_externa.html

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El déficit fiscal del gobierno, definido como mayores gastos (Gasto Público) en relación a los ingresos (Impuestos), tiene tres posibles soluciones: Incrementar los impuestos, reducir el gasto o financiar dicha diferencia. Entre las posibilidades de financiamiento se encuentran los préstamos y la emisión de bonos. Los préstamos son obligaciones de pago futuro que adquiere el gobierno con Organismos Internacionales, como el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Club de París, países desarrollados o con agentes económicos nacionales, principalmente bancos comerciales. Los bonos son instrumentos financieros que permiten obtener el capital necesario con el compromiso del pago del capital y sus intereses (llamados dividendos) a una fecha de vencimiento establecida. La diferencia sustancial entre ambas modalidades de financiamiento radica en que el primero, las condiciones del préstamo —tasa de interés y garantías necesarias, principalmente— son establecidas por los prestamistas, mientras que en el segundo se determina por las condiciones del mercado.

Históricamente, en el Perú, la principal fuente de financiamiento del déficit fiscal entre las décadas de los 70s y 80s fueron los préstamos con entidades internacionales; mientras que a partir de la segunda mitad de los 90s la emisión de los bonos empezó a ser el instrumento más usual debido al desarrollo del mercado de capitales y la estabilización y posterior auge de la economía nacional.

PRIVATIZACIÓN DE LA ECONOMÍA EN EL PERÚ

Antecedentes de la opción privatizadora en Perú

Los primeros intentos de privatización de empresas públicas tuvieron lugar en el Perú desde mediados de la década de los setenta. La experiencia más importante se produjo en el sector pesquero, en 1975, dos años después de que el Estado asumiera el monopolio en la extracción, transformación, comercialización y distribución de la industria pesquera a través de la empresa pública PESCAPERÚ, con el objetivo de racionalizar las actividades de esta industria.

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Una muestra de los resultados de este proceso fue el incremento en nueve veces de la inversión privada ejecutada en la actividad pesquera en el período 1976-1978 en relación al período 1973-1975.

La privatización en el Perú en la década de los noventa

El escenario hiperinflacionario y recesivo que prevaleció en el Perú y en el resto de la región a fines de la década de los ochenta, legitimó los argumentos referidos a la ineficiencia de la actividad empresarial del Estado. El consenso generalizado en torno a la idea de que la privatización de empresas públicas acabaría con la inflación, con la crisis del sector externo, el exceso de burocracia y la falta de productividad dio lugar a que el proceso se implementara sin mayor resistencia.

Este fue el contexto en el que el gobierno del presidente Fujimori inició a partir de la década de los noventa el proceso de reestructuración estatal con el cual dio inicio a una importante transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad, que a su vez condicionaron los vínculos entre los distintos grupos y actores sociales en el Perú.

La privatización constituyó un componente esencial del programa de reformas estructurales y modernización de la economía inspirado en lo que se denominó el Consenso de Washington. Al implementarla, el gobierno consideró que ésta no constituía un intento por debilitar al Estado ni una simple venta o transferencia de empresas o activos.

La privatización fue concebida como una herramienta a través de la cual el Estado trasladaba al sector privado la iniciativa productiva y empresarial con el fin de fortalecerse y tornarse

Eficiente en aquellas áreas en las que había perdido presencia en las últimas décadas: educación, salud, seguridad y administración de justicia. Correspondía al sector privado, por lo tanto, encargarse directamente de toda la actividad productiva, y constituirse en el motor del desarrollo del país. El proceso de privatización de empresas públicas no fue considerado como un fin en sí mismo, sino como un medio imprescindible para reasignar los roles del Estado y del sector privado, a fin de conseguir una mayor eficiencia en la asignación de recursos y en la producción de bienes y servicios.

A juicio de las autoridades encargadas de implementar el proceso de privatización no había que considerar ni sectores ni empresas estratégicas. Lo verdaderamente estratégico no es que el Estado produzca petróleo, explote los yacimientos mineros o tenga una aerolínea, por ejemplo. Lo verdaderamente estratégico es que se tenga prosperidad general, se cuente con recursos, y que el Estado proporcione educación, salud, seguridad y justicia a la población.

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Tampoco era considerada como posibilidad no proceder a transferir al sector privado empresas públicas rentables. En un programa de privatización sustentado en la redefinición de las funciones del Estado y del sector privado, este razonamiento no tenía validez. La gestión de todas las actividades productivas debe estar en manos privadas. Además, no es cierto que el Estado deja de ganar utilidades futuras de las empresas que generan ganancias. Las proyecciones de futuras ganancias estarán incluidas en el precio de venta. En todo caso, el Estado deja de recibir las utilidades de períodos futuros, pero recibe hoy el valor presente de dichos flujos. Además, cualquier empresa que pueda tener una gestión más eficiente e incrementar sus ganancias, está perdiendo dinero. Por otro lado, al incrementarse los niveles de producción en las empresas privatizadas, el Estado recibirá mayores ingresos vía una mayor recaudación de impuestos.

Otro de los objetivos del proceso de privatización de las empresas públicas en el Perú fue constituirse en un mecanismo central para captar inversiones extranjeras. El rol de la privatización es particularmente importante como parte del conjunto de medidas que se relacionan con la promoción de la inversión, tanto nacional como extranjera. Muchos de los procesos de privatización implican compromisos significativos de inversión, así como el fomento de la libre competencia en áreas innecesariamente reservadas por el Estado. La importancia de la privatización como eje en una política de atracción de capitales extranjeros es innegable.

En efecto, el proceso ha permitido absorber desde 1992 las dos terceras partes de dicha inversión en el país. Esta presencia de inversiones extranjeras en las que las privatizaciones representan parte significativa, ha sido la forma de atraer capitales productivos que de no haber encontrado altas tasas de rentabilidad y riesgos mínimos, se hubieran dirigido al sector financiero.

Esta fue la lógica con la que fueron establecidos los objetivos de la privatización. Una década después de haberse iniciado el proceso, no prevalece en la sociedad la sensación de los beneficios obtenidos en términos de mayor cobertura y calidad de los servicios públicos. Por el contrario, existe un rechazo creciente y generalizado al proceso de privatizaciones producto, entre otros, de la sensación de haber perdido irreversiblemente el control de las empresas del Estado, que en ciertos casos la privatización no se justificaba, que fue mal concebida y, que algunas empresas no sólo fueron vendidas a precios subvaluados sino que los recursos que se obtuvieron por su venta no tuvieron los destinos prometidos.

En el Perú, las privatizaciones y concesiones, no sólo constituyeron componentes fundamentales del programa de reformas y modernización económica del país, sino también, dos de los mecanismos más importantes para promover la inversión privada.

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La denominada reforma del Estado, tuvo en la política de privatizaciones uno de sus componentes sustantivos, pero no se resumió en ella. De esta transformación o redefinición del papel del Estado en la economía, formaron parte nuevas normativas que abarcaron otros ámbitos de la economía, que fueron complementarias y estuvieron estrechamente ligadas. Es decir, que además

de las medidas que establecieron la eliminación de la actividad empresarial del Estado, se instrumentaron, entre otras, leyes que promovieron la inversión extranjera, impulsaron la realización de un comercio internacional libre de restricciones, la liberalización del mercado financiero, la constitución de un sistema privado de pensiones, y la eliminación de trabas a la libre contratación laboral.

EFECTO DEL PROCESO DE PRIVATIZACIÓN

Estabilidad macroeconómica

El primer efecto de la privatización es reducir rápidamente el déficit fiscal y evitar en el futuro una fuente de generación de déficit mediante los subsidios generados por el control de precios de los bienes y servicios. Entre los años 1989 y 1991 las pérdidas acumuladas por las principales empresas estatales superaron los US$ 5 mil millones. Estos resultados fueron consecuencia básicamente del manejo político de estas empresas que determinó la

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asignación de objetivos no compatibles con la naturaleza de su actividad, como el control de precios y la redistribución del ingreso. El déficit significativo registrado por las empresas estatales fueron cubiertos en su mayor parte con financiamiento interno, por cuanto el externo se encontraba muy limitado, lo que impulsó el fenómeno inflacionario. En términos de las cuentas fiscales el mayor déficit de las empresas estatales fue en 1988con 4,3 por ciento del producto, ratio que representaba más del 40 por ciento del déficit del sector público.

Durante el período agosto 1985 y setiembre 1988, los precios y tarifas públicos se mantuvieron prácticamente congelados determinando que los precios en términos reales se encontraran significativamente rezagados respecto al nivel de julio de 1985.

Así, los precios de los combustibles no sólo estaban muy por debajo de los vigentes en el mercado internacional, sino incluso, no eran suficientes para cubrir los costos de Petroperú, acumulando pérdidas que superaron los US$ 1500 millones entre 1989 y 1991.

El precio promedio que recibía la empresa entre enero y julio de 1990 era de US$ 0,16 por galón, mientras sus costos superaban US$ 0,60 por galón.

En el sector eléctrico, la tarifa que regía en julio de

1985 era alrededor de 5 centavos de dólar por kwh y para julio de 1990 había caido a menos de 2 centavos, cuando el costo de producir un kwh se encontraba en 8 centavos de dólar. Esta relación precio costo fue determinante para que las empresas eléctricasacumularan pérdidas por US$ 650 millones entre 1989y 1990.

A este tratamiento de los precios y tarifas públicos, se aúna el notable sobredimensionamiento de las empresas.

Las empresas estatales fueron utilizadas como una fuente de empleos improductivos, política que se tradujo en aumentos en los gastos de personal, considerando que las remuneraciones de los trabajadores se encontraban sujetas a mecanismos de indexación salarial. Tal es el caso de las empresas eléctricas, cuyos ingresos por venta de energía sólo cubrían el 80 por ciento de la planilla.

El aumento del gasto corriente y el congelamiento de los ingresos provocó una contracción de la inversión de las empresas estatales. En algunos casos los gastos de inversión no alcanzaban a cubrir ni siquiera la inversión de reposición, lo que condujo a un permanente deterioro de la capacidad operativa de las empresas. Los principales afectados por esta situación fueron los usuarios que se enfrentaban a una severa estrechez de oferta de bienes y servicios y a un marcado deterioro de la calidad de los mismos.

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A partir de mediados de 1990 se dictan una serie de medidas orientadas a revertir esta situación negativa de las empresas estatales. La reestructuración en las empresas por privatizar contempló principalmente el saneamiento legal, la reorganización financiera y administrativa, así como la racionalización del gasto y del personal. En algunos casos fue necesario proceder a la liquidación de empresas estatales, tales como Ecasa, Compañía Peruana de Vapores, Minpeco, etc.

ESTUDIOS ECONÓMICOS

En materia de política de precios y tarifas públicos, éstos se reajustaron a fin de que reflejen su costo real. Así, en agosto de 1990, el aumento del precio promedio de los combustibles fue mayor a 400 por ciento en términos reales, de las tarifas telefónicas mayor a 300 por ciento y las de electricidad y agua en alrededor de 80 por ciento en términos reales.

A la fecha los reajustes de los precios de los combustibles se efectúan de acuerdo a sus niveles internacionales, y en el caso de los servicios públicos, los entes reguladores pertinentes (CTE, SUNASS y OSIPTEL) fijan las tarifas considerando el comportamiento de una empresa eficiente.

En materia de saneamiento económico financiero, fue necesario que el gobierno asumiera parte de los pasivos de algunas empresas antes de su privatización. Entre las obligaciones asumidas se encontraban las correspondientes con el exterior, con el sistema bancario y con el mismo sector público (tributos, contribuciones al IPSS y otras empresas estatales). También se llevó a cabo la racionalización del personal de las empresas, a través de la ejecución de programas de retiro voluntario con incentivos, para eliminar plazas no productivas. Estas medidas han permitido revertir las pérdidas registradas por las empresas estatales en años anteriores.

Particularmente, empresas como Petroperú y Electroperú, que en el pasado se caracterizaron por registrar importantes pérdidas, han obtenido utilidades en los últimos años. En conjunto desde 1995 a la fecha, las empresas estatales aún no transferidas al sector privado han venido acumulando utilidades por un total de US$ 620 millones. Sin embargo, cabe precisar que la generación de utilidades no es argumento para mantener estas empresas en el sector público, porque los beneficios de la privatización se concentran en la posibilidad de favorecer un incremento de la eficiencia productiva.

BENEFICIO AL CONSUMIDOR

La mejora en el desempeño de las empresas privatizadas, además de reflejarse en la rentabilidad de sus operaciones y de coadyuvar en el crecimiento económico, también redundó en beneficio al consumidor, que puede acceder a productos y servicios de mejor calidad en condiciones favorables. Asimismo, el consumidor está protegido por entidades reguladores como la Comisión de Tarifas Eléctricas, Osinerg, Osiptel, Indecopi y Sunass,

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que tienen como función específica regular precios y tarifas y garantizar la calidad de los servicios públicos.

Las privatizaciones en telecomunicaciones, electricidad y distribución de combustibles, fueron las que en mayor medida beneficiaron al consumidor, principalmente por la mejora en la cantidad y calidad de los bienes y servicios ofrecidos. En cuanto a los precios, antes de su privatización éstos pasaron por un proceso de reajuste básicamente por la necesidad de alcanzar su nivel objetivo en las tarifas y la paridad internacional en el caso de los combustibles.

GENERACIÓN DE EMPLEO

El manejo de las empresas estatales en años anteriores determinó que muchos puestos de trabajo fueran contratados más por criterios políticos que técnicos.

En este sentido, la reducción y selección de personal y el entrenamiento del mismo, producto de la privatización, hace que el proceso productivo utilice eficientemente los recursos. La racionalización llevada a cabo en todas las empresas privatizadas y por privatizar ha aumentado notablemente la productividad de los trabajadores. En el corto plazo el efecto de la privatización en el empleo tiende a ser negativo debido a que previo a la privatización, las empresas estatales tienen que adecuarse a las condiciones del mercado y reducir el personal en exceso. Así, desde 1991 a la fecha, la privatización de empresas estatales ha generado inicialmente una reducción de empleo estatal en alrededor de 120 mil trabajadores. De este total, el 64 por ciento (77 mil trabajadores) se retiraron con incentivos en la reestructuración seguida en muchas empresas, previa a su privatización, así como por la liquidación de algunas de ellas 4/ . El 36 por ciento restantes (43 mil trabajadores) mantuvieron su empleo en las empresas ya privatizadas.

CONCLUCIONES

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RECOMENDACIONES

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GLOSARIO DE Términos

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Bibliografía

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Anexo n0 1

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Anexo n0 2

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Índice Dedicatoria 02Introducción 03

realidad nacional(perú)

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