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elandoVelandoVrereEl Programa Somos Defensores (Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos – PNGPDDH –) es un espacio de protección adscrito a las ONG: Asociación MINGA; Benposta Nación de Muchachos-Colombia; CINEP y la Comisión Colombiana de Juristas.
Comité DirectivoTito Augusto Gaitán Crespo José Luis Campo RodicioGustavo Gallón Giraldo Mauricio García Durán S.J
EditoraCarolina Aldana García
Fotografías• Portada: Minga Humanitaria Pueblo Indígena Awa, Nariño, marzo de 2009 Foto: Carlos Andrés Guevara• Contraportada: Acompañamiento a Defensores de Agenda Caribe y Víctimas, Albania Guajira, julio de 2009 Foto: Carolina Aldana
Corrección de EstiloMaría del Pilar Hernández Moreno
Diseño y DiagramaciónRicardo Álvarez Gallego - [email protected]
ImpresiónFactoría Gráfica Editores ltda.
Se autoriza la reproducción total o parcial, citando la fuente.
Esta publicación es posible gracias al auspicio de la Unión Europea a través del proyecto: “Garantías y protección para los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia CRIS 2006/131-828”.
El contenido de esta revista es responsabilidad de sus autores y no compromete a la Unión Europea.
Calle 19 No. 4 -88 oficina 1302Teléfonos: 2813048 – 2814010 www.somosdefensores.org [email protected]á, febrero de 2010
Revista anual para la protecciónde los Derechos Humanos
reVelando es una propuesta de comunicación para sacar a la luz historias, pensamientos, pérdidas, agresiones, resistencias y amparos
3
UNION EUROPEA
La incidencia social de las víctimas ha avanzado y ha tocado limitados espacios sociales
desde la profundidad de sus fundamentos éticos.
Y así debe seguir haciéndolo, hilvanando la dignificación de los restos con la reivindicación
de la historia y de los sueños de las víctimas, a través de monumentos, publicaciones,
conmemoraciones y expresiones multifacéticas de la memoria. Erich Fromm, quien señalaba
con crudeza el mecanismo más eficaz de alienación humana en las sociedades modernas,
que es el miedo al ostracismo, al ser diferentes del rebaño, a pensar a contracorriente del
pensamiento legitimado mediáticamente, señaló al mismo tiempo la raíz de lo que puede
superar ese mecanismo de alienación: el miedo a separarse de los rasgos más valiosos de
la especie humana: su sentido de humanidad y su solidaridad de especie. Ese sentido de
humanidad y esa solidaridad de especie es lo que alimenta nuestra lucha de contracorriente.
Javier Giraldo Moreno, S.J.Bogotá, 2010
Homenaje de Agenda Caribe a exconcejal Jhonny Duitez,San Juan de Betulia, Sucre, agosto de 2009
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elandoVreRevista anual para la protección de los Derechos Humanos
Integrado por:
Programa Somos Defensores - PNGPDDH -
Asociación para la Promoción Social Alternativa - MingaBenposta Nación de Muchachos - Colombia
Centro de Investigación y Educación Popular - CINEPComisión Colombiana de Juristas
Financiada por:
3
Comisión Europea para Colombia
Embajada de Suecia en Colombia
Fastenopfer
Misereor
Christian Aid
Diakonia Suecia
Oxfam G.B.
Amnistía Internacional
Front Line Defensores
Human Rights First
Durante 2009 el trabajo del Programa Somos Defensores fue posible
gracias al apoyo, el acompañamiento y la solidaridad de las siguientes
instituciones y agencias:
Agradecemos especialmente el aporte de la Comisión Europea para
Colombia, proyecto CRIS 2006/131828, que apoyó la publicación de
esta revista.
Contenido
3 -
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15 -
25 -
33 -
38 -
45 -
Presentación: Por un derecho fundamental: El derecho a defender los derechos humanos
Coyuntura: Defender sus derechos es defender tus derechos. Campaña por el Derecho a defender
Coyuntura: El Auto 092 y la desprotección de las mujeres en situación de desplazamiento Corporación Sisma Mujer
El Derecho a Defender: Defender y proteger. Garantías: Saldo en rojo.Techo Común
El Derecho a Defender: ¿Quién es un defensor o defensora de derechos Humanos?Carolina Aldana y Jerry Garavito
Memoria: Yolanda Becerra Vega y la OFP: una fuerza vital que no da marcha atrásCarolina Aldana García
Memoria: Carmelo AgámezMOVICE
Voces regionales: La defensa de los DDHH en el Nororiente colombianoCOMPROMISO
Experiencias de protección: Los Señores de la SelvaCarlos Guevara - Programa
Experiencias de protección: Visibilizar la realidad regionalOXFAM GB
Logros del proyecto Unión Euopea:Resultados ProyectoPROGRAMA SOMOS DEFENSORES
59 -
74 -
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52 -
PresentaciónPresentación
A pesar del contexto adverso, estigmatizante
y altamente violento, los defensores y
defensoras de derechos humanos en Colombia
continúan en su titánica labor por preservar
su vida y defender los derechos de las
comunidades y colectivos a los cuales
pertenecen.
Por un derecho fundamental: El derecho a defender los derechos humanos presentación3
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Defensoras de Derechos Humanos,Ayutla, Guerrero, Mexico, noviembre de 2009
reVelando
Vale la pena aclarar que estas acciones de
agresión no sólo han sido señaladas, denunciadas
y condenadas públicamente por los defensores
de derechos humanos de Colombia;
organizaciones internacionales de derechos
humanos (Anmistia Internacional, Human
Rigths Watch, Human Rigths First, Front Line,
International Crisis Group), gobiernos extranjeros
(Secretaria de Estado de Estados Unidos,
Gobierno Británico, Parlamento Europeo), y
organismos multilaterales de Derechos
Humanos (Relatores especiales de Naciones
Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales,
Indígenas, Defensores de derechos humanos, e
Independencia de la Justicia; Comisión
Interamericana de Derechos Humanos) han
recogido juiciosamente las situaciones que
aquejan a los defensores. Estos pronunciamientos
han sido de un valor incomparable para poner
bajo la lupa la situación de Colombia en cuanto
a los derechos humanos y a sus defensores.
Pero aún así, con un panorama tan
poco alentador, son más las
actividades que propenden a
proteger y mantener la vida,
la integridad y la labor de
los defensores en Colombia.
Por ejemplo, gracias al
empoderamiento e impulso
de nuestra vibrante y
compromet ida
sociedad civil,
se puso en
discusión
con el
Tres años han pasado desde el inicio del proyecto
“Garantías y protección para los defensores y
defensoras de derechos humanos en Colombia
CRIS - 2006 / 131828” de la Unión Europea. En
estos tres años, las realidades nacionales e
internacionales han cambiado a niveles casi
impredecibles. Ante esta situación, los defensores
y defensoras de los derechos humanos de
Colombia, han cambiado y adoptado nuevas
estrategias y mecanismos para proteger su vida
y su labor (...)”.
Desafortunadamente a la par de este cambio
positivo, la violencia y los actos de agresión han
cambiado igualmente sus formas y mecanismos
de presión: las declaraciones de estigmatización
pública de altos funcionarios del Gobierno, no
han sido corregidas, a pesar de su disminución;
los esquemas de protección a defensores y líderes
sociales se encuentran en proceso de
privatización; se incrementó la judicialización
infundada basada en falsos testigos o montajes
judiciales; la impunidad en casos de
defensores es total sin mostrar
avances ni pronunciamientos
de la justicia nacional y el mal
uso de la inteligencia estatal
en contra de los hombres y
mujeres que defienden los
derechos humanos se hizo
evidente en la opinión
pública, luego de que los
defensores denunciaran
estas actividades
i legales de l
Estado.
4 Ramiro Orjuela, defensor dederechos humanos, Meta, 2008
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Ramiro Orjuela, defensor dederechos humanos, Meta, 2008
presentación
Gobierno Nacional y con el acompañamiento
de la Comunidad internacional y el PNUD, el
tema de las garantías para la labor de defensa
de derechos humanos en Colombia mediante
la Mesa Nacional de Garantias.
Esta iniciativa de la sociedad civil representada
en las organizaciones de derechos humanos,
contó con el acompañamiento metodológico del
Programa Somos Defensores. En este proceso
se han realizado 11 foros preparatorios con
organizaciones regionales e igual número de
audiencias regionales de garantías. Es importante
aclarar que muchos de estos procesos aún están
en ejecución y no han dado resultados concretos,
pero, también debe recalcarse el trabajo
mancomunado de las organizaciones en las
regiones y su articulación con el nivel nacional
lo que permitió mejores canales de divulgación
y comunicación de intereses, propuestas y
directrices.
Esta y otras experiencias positivas son el objeto
de nuestra edición número 3, que hace un
recorrido por las iniciativas, historias y casos, y
que, en 2009, dieron ejemplo de tenacidad,
entrega, dedicación, y respeto por la defensa de
los derechos humanos en nuestro país.
Iniciando este recorrido, en Coyuntura,
pondremos nuestro lente sobre una gran
iniciativa nacional e internacional que busca
apoyar la labor de los defensores de Colombia;
la Campaña “Por el derecho a defender los
derechos humanos en Colombia”. Esta gran
campaña es conformada por 275 organizaciones
de derechos humanos de 34 países del mundo
5
y coordinada por un equipo impulsor con
representación de organizaciones nacionales e
internacionales, entre ellas el Programa Somos
Defensores. Veremos sus propuestas,
perspectivas, avances y retos para 2010. En este
mismo recorrido, daremos un vistazo al tema
de las garantías a los defensores de derechos
humanos en Colombia y al proceso de
negociación con el Gobierno nacional que
presenta un “Saldo en rojo”, de acuerdo con el
artículo elaborado por las Plataformas del Techo
Común.
También haremos un poco de memoria y
conoceremos dos casos emblemáticos de defensa
de derechos humanos: el de la lideresa Yolanda
Becerra y la tenacidad de las mujeres del
Magdalena Medio para enfrentar a quienes
trataron de “aniquilarlas”. Un poco más hacia el
norte encontraremos el inverosímil caso del
defensor Carmelo Agámez Berrío, detenido en
una cárcel de Sucre, sindicado injustamente de
paramilitarismo, muy a pesar de haber sido
durante años, el principal denunciante de los
excesos y crímenes de los paramilitares en su
natal San Onofre.
En las Voces Regionales, escucharemos la situación
del nororiente colombiano en el artículo
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labor aquí y en cualquier parte del mundo es
necesaria para la construcción de la democracia
y de la paz. Al mismo tiempo es legal y legítima
y, en consecuencia, debe ser apoyada y respetada.
Tres años es muy poco tiempo para cambiar la
realidad, pero es más que suficiente para
diseminar una idea, consolidar un concepto:
proteger la vida de los defensores es preservar
la democracia. Este es uno de los mayores
resultados del proyecto Unión Europea: inspirar
a las organizaciones beneficiarias a continuar, a
pesar de las adversidades, en su justo trabajo
por los derechos humanos, mediante la
protección de su vida y de la de los demás.
elaborado por la Corporación Compromiso, de
Bucaramanga, que describe la difícil situación
de derechos humanos en esta región del país
que se ha convertido en un “laboratorio de la
guerra” y los aportes que las organizaciones
regionales han hecho para contrarrestar este
proyecto de muerte.
Nos adentraremos en las selvas de Nariño y
junto con “Los señores de la selva” (los indígenas
Awá), caminaremos por un pasado salpicado
de tristeza, violencia y muerte que han sabido
enfrentarlos indígenas con la ayuda y protección
ofrecidos de amigos y personas cercanas a esta
comunidad.
Para finalizar presentaremos la recopilación de
las experiencias positivas de visibilización y
divulgación de situaciones críticas en derechos
humanos, como producto de las misiones de
prensa realizadas en 2009. En esta parada,
descrita por la agencia Oxfam Gran Bretaña,
veremos cómo las organizaciones avanzan en
el uso de los medios masivos de comunicación
como una herramienta de protección y
posicionamiento de sus temas en la agenda
informativa y en la opinión pública.
El cierre del proyecto “Garantías y protección para
los defensores y defensoras de derechos humanos en
Colombia CRIS - 2006 / 131828” de la Unión
Europea, arroja resultados altamente
satisfactorios. Si bien las afectaciones a las y los
defensores aún no han sido erradicadas, el trabajo
de la sociedad civil colombiana representado en
las organizaciones de derechos humanos, ha
contribuido a posicionar y dejar claro que esta
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Resguardo indígena, Awá, Nariño.
7 coyuntura
Defendersus derechoses defendertus derechos
Coyuntura
Comunicaciones Campaña. “Por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia”
Defendersus derechoses defendertus derechosComunicaciones Campaña. “Por el derecho a defender los derechos humanos en Colombia”
“Si bien reconozco los esfuerzos del Gobierno...para mejorar la situación de los defensores de derechos humanos,
aún queda mucho por hacer para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores de derechos
humanos. A la luz de lo que he visto y oído...puedo concluir que siguen existiendo en Colombia patrones de
hostigamiento y persecución contra los defensores de derechos humanos, y a menudo contra sus familiares…Una
razón central para el clima de inseguridad que viven los defensores está en la estigmatización sistemática a
la que los somete el mismo gobierno.”
Declaración Final Señora Margaret Sekaggya, Relatora
Especial de las Naciones Unidas para defensores/as, en
visita oficial a Colombia, Bogotá, 18 de septiembre 2009.
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8reVelando
Por décadas,
los defensores
y defensoras
de derechos
humanos han
sido objeto de todo
tipo de agresiones. Las
personas que defienden los
derechos humanos y el Estado Social de Derecho
en Colombia han sido siempre víctimas de
señalamientos sistemáticos, amenazas, violencia
sexual, judicializaciones sin fundamento, ataques
violentos y asesinatos perpetrados por todos los
actores del conflicto: paramilitares, guerrillas e
incluso fuerzas del Estado. Así, Colombia
continúa siendo uno de los países donde se
registran más ataques contra los defensores/as
de derechos humanos.
Pero ahora, esta situación ha alcanzado un nuevo
nivel de crisis. En abril de 2009 se hicieron
públicos documentos que demuestran la
existencia de una gigantesca operación de
espionaje ilegal del servicio de inteligencia del
país, el Departamento Administrativo de
Seguridad (DAS), que depende de la Presidencia
de la República, contra aquellas personas que
promueven y defienden los derechos humanos,
con el objetivo, según los responsables, de
“restringir o neutralizar sus acciones”.
El DAS no sólo intercepta ilegalmente llamadas
telefónicas privadas de los defensores(as) de
derechos humanos, también les hace
seguimientos y les toma fotos, a ellos y a sus
familias. Unidades de la Policía y del Ejército
Nacional también usan operaciones de
inteligencia para restringir la labor de los
defensores(as). Esta inteligencia estratégica
vulnera los principios democráticos y constituye
un atentado contra los derechos humanos en
Colombia.
Esta es sólo la más reciente de una larga lista de
prácticas aberrantes entre las que cabe destacar
la parapolítica (la infiltración del Congreso
colombiano por los grupos paramilitares), las
ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos
del ejército y los ataques en contra de la Corte
Suprema de Justicia, que ponen en tela de juicio,
si existe, la voluntad política para garantizar el
Estado Social de Derecho y el respeto de los
derechos fundamentales de todos y todas los
colombianos y las colombianas. Muchos de estos
escándalos han sido revelados debido al trabajo
de los defensores(as) en su lucha por la verdad,
la justicia y la paz.
¿Quiénes son los defensores y defensoras de derechos humanos?
Un defensor o una defensora de derechos
humanos es toda persona que, individualmente
o junto con otras, profesionalmente o de forma
voluntaria, y de manera no violenta, promueve
y protege los derechos humanos (civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales).
Líderes sindicales, periodistas, académicos,
profesores, artistas, ministros y sacerdotes de
las iglesias, abogados, jueces, miembros de
organizaciones no gubernamentales y de
9 cuyuntura
movimientos sociales, líderes de comunidades
indígenas y afrodescendientes, activistas de los
derechos de las mujeres y de la población LGBT
representantes de las millones de personas
internamente desplazadas en Colombia, todos
y todas son defensores(as) de derechos humanos.
¿Qué significa defender los derechos humanos?
La defensa de los derechos humanos es una
responsabilidad de carácter moral, orientada a
salvar vidas, a prevenir las violaciones graves
de derechos humanos y a evitar que la violencia
permanezca en la impunidad. Los defensores(as)
trabajan para fortalecer el Estado Social de
Derecho y exigen cambios en las políticas del
Gobierno y del Estado.
Los defensores(as) de derechos humanos deben
tener libertad para denunciar violaciones a los
derechos humanos, expresarse
libremente, desarrollar
su labor investigativa
o judicial, resguardar
a las víctimas de la violencia, proteger a la
población civil, exigir el respeto del Derecho
Internacional Humanitario y promover la paz.
Pero hubo un detonante en este camino tortuoso
de persecuciones y amenazas contra los
defensores. El 9 de septiembre de 2008 Juan
Manuel Santos, en ese entonces Ministro de
Defensa, emitió una serie de declaraciones en
las cuales criticaba duramente un informe, que
según el Ministro, publicaría una importante
organización de derechos humanos sobre los
mal llamados Falsos Positivos, y que detrás de
este trabajo estarían miembros del PC3 (Partido
Comunista Clandestino, filial de las Farc).
Esta situación prendió las alarmas de las
organizaciones de derechos humanos en
Colombia y en el mundo, porque el supuesto
documento, mencionado por el ministro, era el
Informe Final de la Misión Internacional de
Observación sobre las Ejecuciones Extrajudiciales
e Impunidad en Colombia, impulsado por
la Coordinación
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Lanzamiento de la campaña “Defender sus derechos, es defender tus derechos” Bogotá, septiembre de 2009
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Colombia - Europa - Estados Unidos (CCEEU),
y se supone que era una investigación
internacional privada, que aún no había sido
terminada. Estas afirmaciones originaron una
serie de suspicacias y dudas de cómo el Ministro
de Defensa y su oficina, obtuvieron dicha
información si era reservada. Meses después
saldría a la luz el escándalo por las
interceptaciones ilegales que ponía en la picota
pública la manera como altos funcionarios del
Estado ordenaban espiar correos electrónicos y
teléfonos de las organizaciones de derechos
humanos.
Las declaraciones del ministro fueron la gota
que rebosó la copa, porque no eran un hecho
aislado, sino que era una etapa más de una
campaña por enlodar la imagen de los defensores
de derechos humanos en Colombia. Ante este
escenario de amenaza y persecución contra los
defensores y defensoras, un grupo significativo
de organizaciones de derechos humanos
nacionales y extranjeras, decidió construir y
promover la campaña Por el derecho a defender
los derechos humanos en Colombia.
Esta campaña reunió, en principio, a más de 150
organizaciones nacionales e internacionales, en
torno a una declaración común y a 15
recomendaciones al Gobierno nacional acerca
de la situación de los defensores con respecto a
cinco temas concretos:
1- Poner fin a la impunidad a violaciones contra
los defensores(as)
La única manera sustantiva de poner fin a las
amenazas, hostigamientos y asesinatos en contra
de defensores(as) de derechos humanos es
realizar investigaciones imparciales para
identificar a los culpables, incluyendo los autores
intelectuales, y llevarlos ante la justicia, enviando
así una clara señal de que la violencia y la
persecución serán castigadas.
2- Poner fin al mal uso de la inteligencia estatal
Existe información difamatoria y falsa sobre
defensores(as) de derechos humanos que ha
sido consignada en los archivos de inteligencia
civil, policial y militar. Esta información es
utilizada para perseguirlos, amenazarlos,
desprestigiarlos, judicializarlos y, en algunos
casos, asesinarlos.
3- Poner fin a los señalamientos sistemáticos
Las declaraciones públicas de altos funcionarios
gubernamentales, incluido el Presidente de la
República, tienden a descalificar la defensa de
los derechos humanos y a señalar a los
defensores(as) como aliados de la guerrilla, lo
que los pone en una situación de mayor riesgo.
coyuntura11
4- Poner fin a las judicializaciones sin
fundamento
En Colombia se viene presentando otra forma
de persecución: las judicializaciones sin
fundamento que suelen sustentarse en falsos
testimonios, pruebas manipuladas e informes
de inteligencia sin ninguna base real y a menudo
conducen a la privación ilegal de la libertad de
los defensores(as).
5- Mejorar de manera estructural los programas
de protección para personas en riesgo
Es importante que el Estado colombiano ofrezca
programas de protección a defensores(as) de
derechos humanos, porque los existentes han
demostrado ser insuficientes e incluso en algunos
casos han sido usados para obtener información
que luego es utilizada en contra de los mismos
defensores(as). Se requiere de una mejora
estructural con participación de los
beneficiarios(as).
Una labor legal y legítima
En los últimos años, ante la opinión pública, la
labor de defensa de los derechos humanos ha
sido conectada de forma perversa, vale la pena
decir, con la actividad insurgente o de oposición
al actual Gobierno. A partir de señalamientos y
demás actividades de estigmatización, la gente
que transita por las calles de las ciudades
colombianas, ha referenciado el tema de derechos
humanos y de sus defensores, como estrategias
para entorpecer los logros del Gobierno Uribe.
Pero lejos de esta segmentada concepción, los
defensores de derechos humanos forman parte
de una sociedad civil colombiana, propositiva,
incluyente, respetuosa de las diferencias y, ante
todo, lejana a la carga ideológica de la
insurgencia, porque por naturaleza, el defensor
de derechos humanos evita cualquier contacto
con las armas o mecanismo de violencia y terror
como manifestación de la posición política y de
la exigencia de los derechos, aferrándose para
tal acción a las vías legales y a las acciones
democráticamente correctas. Esto ha derivado
en que la actividad de defensa de los derechos
humanos en nuestro país sea vista por muchos
sectores como algo casi ilegal, clandestino,
ilegítimo y apátrida. Nada más lejano a la
realidad.
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12reVelando
Es por ello que esta campaña Por el derecho a
defender… pretende, además de generar y
promover cambios estructurales en las
problemáticas que afrontan los defensores, dar
un giro real a la percepción de la opinión pública
nacional e internacional sobre la imagen
tergiversada que existe de los defensores y
defensoras. En este marco se conforma un equipo
de impulso integrado por delegados de
organizaciones nacionales y extranjeras que
lanzan el 9 de septiembre de 2009, el Día Nacional
de los Derechos Humanos (y aprovechando la
visita de la Relatora Especial de Naciones Unidas
para Defensores de DDHH, Señora Margaret
Sekaggya), la campaña Por el derecho a defender
los derechos humanos en Colombia, con el eslogan
“Defender sus derechos, es defender tus
derechos”.
De afuera hacia adentro
Esta campaña empezó con mucha fuerza
fuera del país. Las
organizaciones con
mayor prestigio y peso
internacional apoyaron
l a i n i c i a t i v a y
desarrollaron actividades
desde distintas partes del
planeta en beneficio de
los defensores y
defensoras de Colombia.
Protection International,
Amnesty International,
Human Rights Watch
(HRW), Front Line, Human Rights First, Cristhian
AID, entre muchas otras, convocaron a
organizaciones nacionales a trabajar en la
propuesta de un manifiesto conjunto y unas
recomendaciones puntuales sobre los cinco
temas de campaña.
En Colombia esta campaña cuenta con el apoyo
de la Coordinación Colombia- Europa-Estados
Unidos; la Asamblea Permanente de la Sociedad
Civil por la Paz; Plataforma de derechos
humanos, paz y desarrollo; La Alianza de
organizaciones sociales y afines; el Programa
Somos Defensores; Diálogo Interagencial (Dial);
Plataforma de organizaciones de desarrollo
europeas en Colombia (Podec) y más de 70
organizaciones de derechos humanos de carácter
nacional.
Así las cosas, a febrero de 2010, esta campaña
cuenta con más de 270 organizaciones vinculadas
de Colombia, América Latina, Estados Unidos,
Europa y Australia, y más de 700 personas
inscritas mediante redes
sociales (Facebook,
Twitter, etc.).
El lanzamiento de la
campaña tuvo como
primer nicho de impacto,
la visita de la Relatora
Especial de la ONU,
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Sekaggya. Un logro
importante de este
evento puntual fue la
inclusión, en el informeFoto
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Señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial para Defensores (as) de la ONU
13 coyuntura
preliminar y en el informe final de la visita, los
cinco temas de campaña, en torno a los cuales
giraron las apreciaciones de la Relatora.
Luego de esta visita, la campaña se difundió
internacionalmente en Ginebra (Suiza), Madrid
y Barcelona (España), Bruselas (Bélgica), Londres
(Reino Unido), Dublín (Irlanda) y Washington
D.C. (Estados Unidos). Estos eventos contaron
con la participación de organizaciones suscritas
a la campaña en el exterior, representantes de
instituciones nacionales y autoridades de
gobiernos locales, como el de Washington donde
se realizó una audiencia especial del Congreso
estadounidense para el tema de defensores en
Colombia o en Londres donde participó y apoyó
el Canciller Británico, David Miliband.
En Colombia se lanzó en las principales ciudades
del país y tuvo una gran acogida de las
organizaciones defensoras de los derechos
humanos y de la comunidad internacional.
Situación contraria se presentó con los gobiernos
locales, regionales y del nivel nacional, que si
bien respetaron la iniciativa, tomaron distancia
y, en muchos casos, mostraron apatía por el
tema y por la intención de la campaña.
Visión hacia el futuro
Por el derecho a defender… ha logrado significativos
avances mediante una convocatoria, bajo un
mismo mensaje y propósito, a la diversidad de
organizaciones nacionales y extranjeras. De igual
forma, ha impulsado el posicionamiento en los
medios de comunicación, de los temas de
campaña involucrando a distintos sectores que
tradicionalmente no participan en espacios
provenientes de las organizaciones sociales en
la defensa y lucha por los derechos humanos en
Colombia, como la iglesia, la academia, las
agremiaciones, los medios masivos y alternativos
de comunicación, entre otros.
Para la campaña es importante
promover la idea de que la
problemática de los defensores
afecta directamente a todos los
ciudadanos del país, porque al
atacar o restringir las actividades
de estos trabajadores de la paz,
Plataforma de Dublin, Front Line D e f e n d e r s , febrero de 2009
la justicia y la verdad en Colombia, se perturba
la salvaguarda y capacidad de reclamar el goce
efectivo de los derechos humanos. Por ello el
lema: “Defender TUS derechos, es, defender
SUS derechos”.
En 2010, entre otros temas de importancia, la
campaña abordará la contienda electoral,
involucrando a los posibles candidatos a
corporaciones públicas, en la discusión sobre
temas relacionados con derechos humanos y
garantías a los defensores en Colombia, buscando
incidir positivamente en las políticas públicas
que desarrollen los ganadores a favor de los
defensores.
También, la campaña trabajará con mayor fuerza
en el ámbito regional apoyando los procesos
locales y regionales de defensa de los derechos
humanos, siempre con un claro derrotero
marcado por el Artículo 1 de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre Defensores (as) de
Derechos Humanos de Diciembre 1998 el cual
señala que: “Toda persona tiene derecho,
individual o colectivamente, a promover y
procurar la protección y realización de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales en los planos nacional e
internacional”. En ese orden de ideas, la campaña
elimina clasificaciones de los defensores de
derechos humanos, universaliza el concepto e
insta a otros líderes y luchadores de derechos a
que se reconozcan como defensores de los
derechos humanos de los colombianos y las
colombianas.
La defensa de los derechos humanos en
Colombia es una actividad legal y legitima que
se encuentra bajo amenaza. En muchos casos es
riesgosa a tal punto que puede significar la
muerte en algunos contextos. Es responsabilidad
de cada colombiano proteger y apoyar esta labor
que, en últimas, sólo pretende defender lo que
otros no pueden, no se atreven o sencillamente,
no quieren defender.
Ayúdenos a defenderla, entérese y únase a la
campaña: www.colombiadefensores.org o al
correo: [email protected]
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M o v i l i z a c i ó n e s t u d i a n t i l , Bogotá, 2007
coyuntura15
El Auto 092 y la desprotección de las mujeres en situación de desplazamiento
Sisma Mujer
Luego de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional en los que se le exige al gobierno un
cambio profundo para proteger a las mujeres
desplazadas, las condiciones no mejoran y por el
contrario se agravan. El Estado colombiano ha
incumplido ampliamente las órdenes de la Corte; y
los actores armados han vuelto a hacer blanco de sus
amenazas y ataques a las lideresas de la población en
situación de desplazamiento. Este análisis de la
organización SISMA MUJER para la revista
reVelando aborda una estricta revisión de los
incumplimientos gubernamentales y de la
crítica situación de las mujeres.
El Auto 092 y la desprotección de las mujeres en situación de desplazamiento
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16reVelando
De los casi cuatro millones de personas
reconocidas oficialmente como desplazadas en
Colombia, cerca del 70% son mujeres, niños y
niñas. El desplazamiento forzado afecta de
manera desproporcionada a las mujeres quienes
en razón de la histórica discriminación de la que
son víctimas, ven exacerbadas las violaciones
a sus derechos humanos y están expuestas a
mayores riesgos en el marco del conflicto
armado. Por ejemplo, de los hogares desplazados
con jefatura femenina, el 86% tiene ingresos por
debajo de la línea de indigencia1, el 64% de las
mujeres desplazadas por el conflicto armado ha
sido objeto de toda clase de intimidaciones, el
18.3% de violencia física y el 3.7% de violencia
sexual2.
De manera expresa el Auto 092 de 2008 proferido
por la Corte Constitucional colombiana constata
que “la situación de las mujeres, jóvenes, niñas y
adultas mayores desplazadas por el conflicto armado
en Colombia constituye una de las manifestaciones
más críticas del estado de cosas inconstitucional
declarado en la Sentencia T-025 de 2004, por ser
sujetos de protección constitucional múltiple y
reforzada cuyos derechos están siendo vulnerados en
forma sistemática, extendida y masiva a lo largo de
todo el territorio nacional”. La Corte también
expresa en esta providencia que “la respuesta
estatal ha sido manifiestamente insuficiente para hacer
frente a sus deberes constitucionales en el área, y que
los elementos existentes de la política pública de
atención al desplazamiento forzado dejan vacíos
críticos que resultan en una situación de total
desamparo de las mujeres desplazadas ante las
autoridades obligadas a protegerlas”.
Es preciso recordar que la Corte Constitucional,
específicamente en el ámbito de las políticas
públicas para las mujeres en situación de
desplazamiento, profirió varios tipos de órdenes:
i. La creación de 13 programas específicos para
colmar los vacíos existentes en la política pública
para la atención del desplazamiento forzado
desde la perspectiva de los derechos de las
mujeres, ii. El establecimiento de dos
presunciones constitucionales que amparan a
las mujeres desplazadas, y, iii. La adopción de
órdenes individuales de protección concreta
para seiscientas (600) mujeres desplazadas en
todo el país.
Adicionalmente, la Corte Constitucional incluye
en el Auto 092 de 2008, una orden dirigida al
Fiscal General de la Nación con el fin de
comunicarle y solicitar investigación de
numerosos relatos de crímenes sexuales
cometidos en el marco del conflicto armado
Siembra y Canto, Plaza de Bolívar, julio de 2007Fo
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17 coyuntura
interno colombiano, tema que no será abordado
en el presente informe.
A pesar de las reiteradas órdenes y
recomendaciones de diferentes instancias al
Gobierno colombiano que pretenden incorporar
el enfoque diferencial de género en las políticas
públicas de atención al desplazamiento forzado,
aún existe un vacío crítico reconocido por la
Corte Constitucional y la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en este
sentido.
Valoración sobre el cumplimiento del
Gobierno nacional a las órdenes del Auto 092
de 2008
La realidad de las víctimas del desplazamiento
forzado en Colombia es que no se han adoptado
las medidas necesarias para cumplir las órdenes
impartidas al Gobierno colombiano en torno a
las garantías de protección y goce efectivo de
los derechos de las mujeres en esta situación.
Se ha insistido -y la Corte Constitucional así lo
ha reconocido- sobre el incumplimiento de las
órdenes proferidas mediante el Auto 092 de 2008
para colmar los vacíos críticos de la política para
la atención del desplazamiento forzado desde
la perspectiva de los derechos de las mujeres.
Si bien el Gobierno nacional ha avanzado en el
diseño de los programas específicos para las
mujeres desplazadas se deben señalar algunas
de las falencias presentadas en la respuesta
gubernamental para este proceso: el Gobierno
no acató los plazos decretados mediante el Auto
092 de 2008 para cumplir las órdenes de creación
e implementación de los 13 programas, y solo
en razón de un nuevo pronunciamiento de la
Corte Constitucional -Auto 237 de 2008-, avanzó
parcialmente en el diseño que fue presentado
en el mes de diciembre de 2008.
Asimismo, el Gobierno no impulsó un proceso
participativo de la sociedad civil en el diseño de
los programas y -solo con ocasión del Auto 237-
citó a las organizaciones de mujeres, de derechos
humanos, de mujeres desplazadas y organismos
internacionales a jornadas de socialización de
los avances en la materia.
Otra de las debilidades del proceso de diseño
es la precariedad en la incorporación -en los
programas diseñados- de los Lineamientos para
un Plan Integral de prevención y protección del
desplazamiento forzado sobre las mujeres colombianas
adoptados formalmente por la Corte
Constitucional como los elementos mínimos
que debían ser incluidos en los programas
gubernamentales.
Adicionalmente, los programas diseñados y
socializados en los diferentes documentos de
Gobierno carecen de una descripción detallada
y efectiva de los criterios mínimos de
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18reVelando
racionalidad exigidos por la Corte Constitucional,
situación que impide una valoración objetiva
de la oportunidad y pertinencia de los contenidos
de cada uno de los programas para atender y
proteger los derechos de las mujeres víctimas
de desplazamiento forzado en Colombia.
De los documentos de Gobierno se deducen
avances poco significativos en relación con el
proceso de implementación de los 13 programas
y específicamente en el campo de la planeación
y el fortalecimiento de las capacidades
institucionales que distan considerablemente de
acciones concretas para la protección de los
derechos fundamentales de las mujeres en
situación de desplazamiento. Los informes se
refieren a la elaboración de manuales
operativos, la contratación y capacitación
de funcionarios, el diseño de materiales de
difusión, la socialización de los contenidos
de los programas ante funcionarios y
mujeres desplazadas beneficiarias
de órdenes individuales de
protección y la formalización
de convenios, entre otras
acciones, que no conducen
a la superación de los vacíos
críticos de género en la
política pública de
a t e n c i ó n a l
d e s p l a z a m i e n t o
forzado.
I g u a l m e n t e , e l
Gobierno colombiano
sigue definiendo como
un reto, los temas de
“Implementación de los programas con apoyo y
concurrencia de las entidades territoriales” y “La
articulación de los 13 programas alrededor de una
estrategia integral que permita establecer
procedimientos, protocolos y mecanismos de
interconexión entre los programas”3.
El Gobierno nacional continúa reportando
acciones que ni siquiera están dirigidas de
manera específica a las mujeres en situación de
desplazamiento o que no aportan a la superación
de las facetas identificadas por la Corte para las
mujeres víctimas de este delito4.
Respecto a la orden impartida por la Corte
Constitucional en materia de
aplicación las presunciones
c o n s t i t u c i o n a l e s d e
i.Vulnerabilidad acentuada de
las mujeres desplazadas para
efectos de su acceso a los
distintos componentes del
SNAIPD y ii. Prórroga
automática de la ayuda
h u m a n i t a r i a d e
emergencia a favor de las
mujeres desplazadas,
hasta que se compruebe
la autosuficiencia integral
y en condiciones de
dignidad de cada mujer, es
preciso advertir que el
Gobierno ha reconocido “la
débil capacidad institucional
para dar respuesta a las
diferentes órdenes dadas por la
Corte Constitucional en esta
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19 coyuntura
materia, en especial aquellas referentes a la presunción
de la continuidad de la entrega de AHE para mujeres,
afrocolombianos y discapacitados”5.
En audiencia del 10 de julio de 2009, el Consejero
Presidencial para la Acción Social y la
Cooperación Internacional expresó la
imposibilidad del Gobierno colombiano de dar
cumplimiento a la presunción constitucional de
prórroga automática de la AHE aduciendo
razones presupuestales que conducirían al cierre
del Programa Familias en Acción para garantizar
los recursos necesarios para hacer efectiva dicha
orden.
Finalmente, respecto a las órdenes individuales
de protección a mujeres en situación de
desplazamiento cuyos casos fueron remitidos y
valorados por la Corte Constitucional en razón
de las múltiples violaciones a sus derechos se
deben reconocer los esfuerzos del Gobierno
colombiano para identificar y ubicar a las mujeres
beneficiarias. Sin embargo, aún es precario el
cumplimiento en las garantías de protección
integral a las mujeres con órdenes concretas e
individuales, en tanto que los programas
destinados a superar los vacíos críticos para la
defensa de sus derechos no se están
desarrollando y el Gobierno -según lo ha
expresado- se encuentra en el proceso de
valoración integral de las mujeres desplazadas
para orientar y articular la intervención
institucional, situación que ha dilatado la
posibilidad de que ellas accedan de manera
efectiva a la atención del Estado y sus derechos
sean privilegiados de manera oportuna.
El reiterado incumplimiento del Gobierno,
ante las órdenes decretadas por la Corte
Constitucional, ha contribuido a mantener y a
reforzar la afectación desproporcionada del
conflicto armado interno sobre los derechos de
las mujeres en Colombia.
Luego de la reiteración que hiciera la Corte
Constitucional de la gravedad de las violaciones
a los derechos humanos de las mujeres en
situación de desplazamiento forzado concluimos:
i. La persistencia del estado inconstitucional de
cosas en materia de desplazamiento forzado
reflejado de manera especial en el impacto
desproporcionado que este delito sigue
generando en la vida de las mujeres, ii. La
ausencia de avances efectivos del Gobierno para
colmar los vacíos existentes en la política pública
para la atención del desplazamiento forzado
desde la perspectiva de los derechos de las
mujeres y iii. La agudización de las graves
amenazas y ataques en contra de las mujeres en
situación de desplazamiento que se han
visibilizado en razón del liderazgo para la
exigibilidad de sus derechos.
Persistencia de las situaciones de
hostigamiento, amenazas y ataques contra las
mujeres lideresas y defensoras de sus derechos
humanos
En el segundo semestre de 2009 se registra un
incremento en las amenazas, ataques y
hostigamientos en contra de las mujeres y las
organizaciones defensoras de sus derechos
humanos en Colombia en diferentes regiones
del país mayoritariamente bajo la
20reVelando
responsabilidad de presuntos paramilitares, de
manera particular, el grupo Águilas Negras.
Según el Observatorio de derechos humanos de
las mujeres en Colombia y algunas
organizaciones y lideresas de la Mesa Nacional
de Fortalecimiento a Organizaciones de
Población Desplazada en cinco regiones del país,
al menos 36 mujeres han sido amenazadas,
cuatro fueron asesinadas, de las cuales una de
ellas fue víctima, antes de su muerte, de tortura
y violación. A dos lideresas les han asesinado a
sus hijos y a una más a su esposo; tres mujeres
han sido víctimas de violación sexual y una más
ha sido agredida físicamente.
Son una constante los hostigamientos y
persecuciones en todas las regiones y en algunos
casos esta situación ha derivado en nuevos
desplazamientos. También las organizaciones
acompañantes de los procesos de las mujeres
han sido intimidadas, entre ellas, la Corporación
Jurídica Yira Castro, Ecomujer (Cundinamarca),
Taller Abierto (Valle) y la Corporación Sisma
Mujer (nacional). Las tres primeras hacen parte
de la Red Nacional de Mujeres y las dos últimas
del Observatorio de Derechos Humanos de las
Mujeres.
En el contexto del reconocimiento de los riesgos
que enfrentan las mujeres en el marco del
conflicto armado, la Corte Constitucional ha
constatado cómo, por las dinámicas mismas que
tiene la confrontación, la pertenencia a
organizaciones sociales y el ejercicio
del liderazgo constituyen
factores de riesgo para la vida,
integridad personal y seguridad de las mujeres
en múltiples regiones del país y ha afirmado
que estas situaciones activan las obligaciones
estatales que se derivan de los deberes de (i) Proteger
la vida y la integridad personal de las personas en
riesgo, (ii) Combatir la violencia contra la mujer, y
(iii) Eliminar la discriminación contra la mujer en la
vida política y pública del país -garantizando, entre
otras, el derecho de las mujeres en igualdad de
condiciones con los hombres a “participar en la
formulación de las políticas gubernamentales y en su
ejecución”, así como a “participar en organizaciones
y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen
de la vida pública y política del país”. (Convención
para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, Art. 7)-.6
Uno de los riesgos que detectó la Corte, ligado
a la condición femenina en el conflicto armado,
fue el derivado de la pertenencia
a organizaciones sociales y
comunitarias de mujeres o
de sus labores de
liderazgo y promoción
de los derechos
humanos en zonas
afectadas por el
conflicto armado. Al
respecto señaló:
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21 coyuntura
“Las mujeres colombianas que adquieren
visibilidad pública por sus labores como líderes
o promotoras sociales, cívicas o de los derechos
humanos, están expuestas, como lo están los
hombres que adquieren tal visibilidad, a la
violencia propia del conflicto armado que se
desarrolla en nuestro país, y como tal sufren actos
criminales de esta índole. Sin embargo, en los
últimos años ha habido una alarma creciente
entre las entidades nacionales e internacionales
que protegen los derechos humanos, sobre el
incremento en la incidencia de crímenes de
naturaleza socio-política contra mujeres líderes
en el marco del conflicto armado, y dentro del
grupo de mujeres víctimas, contra las líderes
sociales y sindicales, defensoras de derechos y
representantes de organizaciones políticas, cívicas,
comunitarias y económicas (…)”.
Ausencia de una respuesta institucional
oportuna
Para hacer frente a esta situación, y luego de
constatar los vacíos en la política pública de
atención a la población desplazada, se ordenó
al Gobierno nacional adoptar un “Programa de
promoción de la participación de la mujer desplazada
y de prevención de la violencia contra las mujeres
líderes o que adquieran visibilidad pública por sus
labores de promoción social, cívica o de los derechos
humanos”.
Este programa al igual que los demás debe
cumplir con los criterios de racionalidad mínima
que son esbozados en el mismo Auto, y con el
enfoque de derechos consolidado en la
jurisprudencia de la Corte Constitucional, de
manera que debe responder adecuadamente a
los contenidos de los derechos involucrados, en
este caso los derechos a la vida, la integridad
física, la seguridad personal y la participación.
Si bien la orden contemplada en el Auto 092/08
fue la creación de un programa específico
dirigido a la “Promoción de la participación de la
mujer desplazada y la prevención de la violencia
contra las mujeres líderes o que adquieran visibilidad
pública por sus labores de promoción social, cívica o
de los derechos humano”, el Gobierno no ha
cumplido con tal compromiso.
La respuesta institucional del Gobierno a los
requerimientos de las mujeres en esta materia
se están tramitando por medio del único
programa estatal existente para la atención de
los líderes y lideresas de la población desplazada
que son víctimas de amenazas: el Programa de
Protección de Derechos Humanos del Ministerio
del Interior, reglamentado por el Decreto 2816
de 2006.
Este programa, que no fue creado pensando en
las especificidades propias de atención que
requieren las mujeres y que no ha sido objeto
Mujeres Wayuú, Albania, Guajira, 2009
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22reVelando
de una evaluación de sus componentes en
materia de género es, actualmente, la respuesta
institucional brindada a las lideresas de la
población desplazada víctimas de coacción,
ataques, agresiones e incluso de violencia sexual.
Aunque este no es el programa ordenado por
la Corte, brevemente evaluaremos si se ajusta a
las reglas que la jurisprudencia ha definido como
los criterios a partir de los cuales es posible
determinar si el Estado está cumpliendo
satisfactoriamente con el deber de protección
de los derechos, o si por el contrario, está
quebrantando el mandato constitucional y las
obligaciones internacionales en materia de
protección.
La jurisprudencia constitucional ha indicado
que las medidas estatales para la atención de las
mujeres en situación de desplazamiento deben
adecuarse a unos criterios de racionalidad
mínima, generalizables para todos los programas
dirigidos a esta población. Pero así mismo, la
Corte ha establecido una serie de principios
específicos que deben observarse en el diseño
de una estrategia de protección. Estos son8:
“(i) Deber de identificación del riesgo.
(ii) Especificidad y exhaustividad en la
valoración del riesgo y de los factores
que lo generan.
(iii) Oportunidad en la respuesta.
(iv) Adecuación de la respuesta a las
circunstancias.
(v) Actualización del estudio de riesgo
(evaluación periódica).
(vi) Prohibición a la administración de
generar riesgos extraordinarios (no
perjudicar).
(vii) Capacitación de los encargados de
operar el programa.
(viii) Incorporación al programa de expertos
en experiencias traumáticas y asesores
sicológicos.
(ix) Información adecuada.
(x) Logística segura.
(xi) Garantía de atención de necesidades
básicas”.
A la luz de los anteriores principios es posible
evaluar el funcionamiento del Programa de
Protección de Derechos Humanos del Ministerio
del Interior que, como se mencionó antes, es la
única oferta vigente del Estado para atender a
las lideresas de la población desplazada. Algunos
de los aspectos para resaltar son:
a. El Programa de Protección dirigido a líderes
de la población desplazada no atiende el
principio de especificidad en la valoración
de los riesgos y los factores que lo generan,
porque no incorpora un enfoque diferencial
de género ni los subenfoques de pertenencia
étnica, edad y discapacidad.
b. El principio de oportunidad en la respuesta
aparece también seriamente debilitado,
porque los términos en los cuales se realizan
los trámites y el estudio de riesgo que
culmina con la inclusión de las mujeres en
el programa son excesivos. Esto a pesar de
que el Artículo 14 del Decreto 2818 de 2006
dispone que “los estudios técnicos de nivel
de riesgo o grado de amenaza deberán
realizarse a más tardar dentro de los quince
(15) días siguientes a la fecha de recibo de
la solicitud elevada por el Programa de
Protección de Derechos Humanos del
Ministerio del Interior y de Justicia”. En
tales condiciones no hay mecanismos para
reaccionar de manera inmediata ante los
peligros que en muchos casos son
inminentes.
c. El principio de adecuación de la respuesta
tampoco se satisface si se tiene en cuenta
que no existe un tratamiento diferencial,
que considere los riesgos derivados de la
actividad de liderazgo y defensa de los
derechos que afectan a las mujeres, con
respecto a los varones y que generalmente
están estrechamente ligados a los de sus
hijos e hijas, que suelen también ser blanco
de amenazas de los actores armados, en el
entendido de que en su condición de
madres este es un elemento que las hace
más vulnerables.
d. En cuanto a las acciones de capacitación es
claro que no hay ningún tipo de
sensibilización de los funcionarios que
realizan los informes de riesgo y demás,
que tienen el trato personal con las mujeres.
En algunos casos, los encargados de las
entrevistas han sido irrespetuosos con ellas,
al punto de cuestionar por ejemplo sus
horas de salida y llegada a la casa, bajo
concepciones propias del modelo patriarcal
que no tolera su autonomía e
independencia. Los informes de riesgo
terminan desconociendo de manera
infundada su condición de lideresas porque
se les evalúa de manera arbitraria. Esta es
una demostración de la falta de precisión
en los análisis y valoraciones que se hacen
sobre la situación de las mujeres.
e. Varias de las mujeres que en algún momento
han sido beneficiarias del Programa de
Protección reportan demoras e
incumplimientos en las fechas estipuladas
para los pagos de los subsidios o apoyos
económicos que se otorgan, lo que les afecta
en cuanto a la atención de sus necesidades
básicas y ocasiona la distorsión de sus
actividades de liderazgo.
f. El componente de atención psicosocial
dentro del Programa de Protección. A pesar
de las graves afectaciones que producen
en la vida de las mujeres las amenazas y
ataques directos, lo mismo que respecto
de sus hijos y esposos o compañeros, no
hay información que dé cuenta de la
incorporación a las estrategias de protección
de expertos al manejo de los traumas
derivados del miedo y la zozobra
generados por las amenazas, de las
consecuencias que deja la violencia sexual
y de todas las demás afectaciones
psicológicas que padecen las mujeres y sus
familias, como trastornos del sueño,
paranoia y ansiedad, entre otros.
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1 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Séptimo informe de verificación sobre el cumplimiento de derechos de la población desplazada. Bogotá, 30 de octubre de 2008.
2 Ojeda, Gabriel; Murad, Rocío. Salud Sexual y Reproductiva en zonas marginadas. Situación de las mujeres desplazadas 2005. Profamilia. Bogotá, junio de 2006.
3 Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD). Informe del Gobierno Nacional sobre los avances en el cumplimiento de la Sentencia T-025 y sus autos de seguimiento. 30 de junio de 2009.
4 Se pueden verificar algunos ejemplos en los documentos de socialización de los programas para la protección de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas del desplazamiento forzado interno en Colombia, que circularon entre diferentes organizaciones de mujeres en situación de desplazamiento y promotoras de sus derechos el pasado 5 de agosto. En la fase de sensibilización del Programa de abordaje psicosocial y salud mental se hace referencia, dentro de la población atendida, a hombres y mujeres, desplazados y vulnerables. En el marco del programa de promoción y participación de la mujer desplazada y de prevención de la violencia sociopolítica contra las mujeres líderes, las entidades responsables del programa (Acción Social y Ministerio del Interior y de Justicia) reconocen que éste se fundamenta en el trabajo que desarrolla Acción Social desde 2005 que busca fortalecer los espacios de interlocución y consulta con organizaciones de población desplazada, sin atribuir ninguna especificidad derivada de los riesgos y facetas identificados en el Auto 092 de 2008.En la audiencia de rendición de cuentas de Acción Social, realizada el 10 de julio de 2009, el presidente de la Corte Constitucional, señaló a propósito de este tema, que “hasta ahora toda la información presentada habla de propósitos futuros concentrados principalmente en la identificación de obstáculos, muchos de ellos ya diagnosticados desde el año 2004; el diseño de instrumentos, la presentación de lineamientos de manera verdaderamente vaga y la conformación de diferentes grupos de trabajo que están abordando de manera separada cada tema”. Ver:http://www.codhes.org/images/stories/pdf/relatoria%2010%20julio%2009.pdf
5 Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD). Informe del Gobierno Nacional sobre los avances en el cumplimiento de la Sentencia T-025 y sus autos de seguimiento. 30 de junio de 2009.
6 Auto 092/08, fundamento IV.B.4.2.11.
7 Se incluye aquí el derecho a la seguridad personal puesto que como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional “en el contexto colombiano este es un derecho fundamental de los individuos. Con base en él, pueden exigir, en determinadas condiciones, medidas específicas de protección de las autoridades, con el objetivo de prevenir la materialización de cierto tipo de riesgos extraordinarios contra su vida o integridad personal, que no tienen el deber jurídico de soportar, y que las autoridades pueden conjurar o mitigar”. Sentencia T-713 de 2003.
8 Sentencia T-496 de 2008, M.P. Jorge Córdoba Triviño, fundamento 8.1.3. Aunque estos criterios han sido desarrollados en el ámbito específico de la protección de las víctimas en los procesos penales, consideramos que los componentes que lo integran son perfectamente extrapolables a otro tipo de programas de protección, como el que nos ocupa.
Conclusión
Estas intimidaciones y ataques obedecen al
empoderamiento de las mujeres considerado
subversor del orden, en una sociedad
profundamente discriminatoria en razón del
género y que atraviesa un conflicto armado que
profundiza y agrava esa y otras arbitrariedades.
En efecto, la expansión de este poder de las
mujeres lideresas de la población desplazada y
de las organizaciones defensoras de sus derechos
que las acompañan, se ha hecho más visible a
partir de los procesos de exigibilidad de derechos
fortalecidos con los pronunciamientos de la
Corte Constitucional, en particular el Auto 092
de 2008, que ordena al Gobierno nacional tomar
medidas ante los impactos desproporcionados
del conflicto armado sobre las mujeres.
Esto ha generado una cruel paradoja, expresada
en que, por un lado los contenidos del Auto 092
de 2008 suministraron a las mujeres un marco
normativo específico para la exigibilidad de sus
derechos y favorecieron su posicionamiento en
los procesos de control de las políticas públicas
locales, mientras que simultáneamente este
mismo trabajo en defensa de sus derechos, las
ha hecho más visibles y vulnerables a las
coacciones y ataques de quienes obstruyen y
persiguen el ejercicio de la defensa de los
derechos humanos en Colombia.
reVelando 24
Nada ha sido más prioritario para las Plataformas de Derechos Humanos y Paz en los últimos
años que el diálogo y la interlocución con el Gobierno y las distintas ramas del Estado. En el centro
de esta determinación se encuentra el convencimiento genuino de que la dramática situación de
derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario que vive el país pasa necesariamente
por la concreción de estos en una política pública de Estado.
El Derecho a defender
Techo Común1
Defender y proteger. Garantías: saldo en rojo.
Techo Común1
Defender y proteger. Garantías: saldo en rojo.
25 derecho adefender
Albania, Guajira, julio de 2009
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26reVelando
El Proceso Nacional de Garantías, iniciado
formalmente en 2009, derivado de los
requerimientos de garantías para el pleno
ejercicio de la labor de defensa de los derechos
humanos2, presentada por las Plataformas de
derechos humanos y paz, al Gobierno y a las
entidades estatales en noviembre de 2008, ha
logrado poner en el centro de la agenda nacional
y territorial la necesidad de ofrecer seguridad a
quienes se dedican a la tarea de defender los
derechos humanos, como elementos sustantivos
de la democracia y la paz.
En consecuencia, valoramos la voluntad de
interlocución del gobierno, así como de varias
entidades del Estado, al tiempo que agradecemos
el decidido acompañamiento de la comunidad
internacional a través del G-24 y la OACNUDH,
en dicha apuesta.
El antecedente más cercano de este Proceso3 se
remonta a la interlocución iniciada en abril de
2004 cuando la OACNUDH y el Programa
Presidencial de Derechos Humanos y Derecho
Humanitario convocan a las plataformas a
formular el Plan Nacional de Acción en Derechos
Humanos y Derecho Humanitario
(PNADHDIH). Con este ejercicio se avanzó en
la concreción de acuerdos en materia de
conceptos, temáticas mínimas4 y fundamentos
del diagnóstico: en la definición de rutas
metodológicas y en el establecimiento de una
Instancia de Coordinación.
En este contexto, entre marzo y abril de 2008, se
presentaron un continuo de graves hechos de
intimidación, amenaza, hostigamientos,
estigmatización y persecución contra defensoras,
defensores de derechos humanos y líderes/as
sociales que finalmente condujeron a la
suspensión del proceso de concertación.
A renglón seguido y para buscar una solución
al problema, las plataformas señalamos la
urgente necesidad de adoptar medidas políticas
y de protección para garantizar el legítimo
ejercicio de defensa de los derechos humanos,
por medio de la implementación de una
estrategia que involucrara al conjunto del Estado
colombiano. La iniciativa se puso a consideración
del Gobierno nacional en noviembre de 20085 y
se oficializó concertadamente el 30 de abril de
2009 con la instalación de la Mesa Nacional de
Garantías. A la fecha, se han realizado dos Mesas
Nacionales de Garantías y una extraordinaria
en presencia de la Relatora Especial sobre la
situación de defensores y defensoras de Naciones
Unidas6.
El proceso ha permitido levantar diagnósticos
de la grave situación de falta de garantías para
defensoras, defensores de derechos humanos y
líderes/as sociales en 11 departamentos, así
como identificar eventuales propuestas y
estrategias de superación a las situaciones de
amenaza y riesgo.
Infortunadamente, este esfuerzo no se
corresponde aún con el grave riesgo que corren
diariamente los defensores, defensoras y
líderes/as sociales en todo el territorio
colombiano. El gran número de propuestas
presentadas por la sociedad civil los ámbitos
nacional y territorial no ha tenido el trámite y la
27
celeridad que demandan las situaciones mediatas
e inmediatas de ausencia de garantías expresadas
tanto en las Mesa Nacional como en las
Audiencias Territoriales. En la mayoría de los
casos las respuestas no se relacionan
coherentemente con los compromisos adquiridos
por el Gobierno y por las entidades del Estado
en los órdenes nacional y territorial. En otros,
las respuestas son contradictorias como en la
exigencia de la depuración de archivos de
inteligencia a lo que se ha respondido con la
obligación de la divulgación de la ley de
inteligencia.
Hay que señalar que las exigencias de defensoras,
defensores y líderes sociales no superan las
responsabilidades constitucionales que tiene el
Estado de garantizar el ejercicio de la labor de
defensa de los derechos humanos y las libertades
fundamentales. Adicionalmente, los
compromisos adquiridos no se han cumplido
en los tiempos establecidos, ni se ha hecho un
seguimiento riguroso a ellos. Como sociedad
civil no tenemos informe de ello, no obstante
nuestra constante solicitud.
Las responsabilidades hasta ahora adquiridas
no satisfacen las expectativas de cambios en la
política pública en relación con las garantías
requeridas, es decir, no derivan en los cambios
estructurales esperados y reiterados por la
sociedad civil. A pesar del desarrollo formal de
las Audiencias y las reuniones de la Mesa
Nacional de Garantías, todavía no se impacta
de manera positiva y real el ambiente político
adverso en el que se ejerce la labor de defensa
y promoción de los derechos humanos en
Colombia.
Sin duda el proceso ha significado para las partes
una constatación de la grave situación de
defensores, defensoras, líderes/as sociales y sus
comunidades. Al tiempo que se ha convertido
en un insumo invaluable para la comprensión
de la complejidad de las dinámicas locales y las
dificultades de la sociedad civil para ejercer
plenamente las libertades constitucionales.
Departamentos como el Cauca o Norte de
Santander, donde se han establecido mecanismos
para el seguimiento de los compromisos
adquiridos en la audiencia territorial son un
ejemplo de la persistencia en la interlocución,
derecho adefender
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Audiencias de Garantías
28reVelando
no obstante, los constantes ataques,
señalamientos, amenazas y persecución a
defensores, defensoras y líderes/as sociales. Hoy
la situación en cada uno de estos departamentos
es más crítica en materia de garantías para la
labor de defensa de los derechos humanos.
Risaralda, Atlántico, Cesar, Santander,
Barrancabermeja, Antioquia y Valle presentan
situaciones similares.
Temas tan apremiantes y tan necesarios para la
generación de un clima propicio para el ejercicio
de la labor de defensa de los derechos humanos,
como la rectificación o retractación pública del
señor Presidente en relación con sus
pronunciamientos estigmatizantes contra
defensores, defensoras y líderes/as sociales, o
propuestas como la de implementación de una
directiva como la 007 de 2003 que reconoce y
establece como un imperativo el respeto por la
labor de defensa de derechos humanos y de
quienes la ejercen, o la solicitud de sanción a
funcionarios públicos que señalen, estigmaticen
o pongan riesgo la vida e integridad de
defensores, defensoras y líderes/as sociales,
han sido subestimados o atendidos con
insuficiencia.
Paradójicamente y en contravía de una expresa
voluntad política del Gobierno para avanzar en
compromisos con respecto a las garantías para
el ejercicio de la defensa de los DDHH en
Colombia, constatamos cómo durante más de
cinco años, de manera ilegal, se realizaron
seguimientos, hostigamientos, amenazas,
entrega de listados a los paramilitares,
escuchas ilegales y un sin número de violaciones
a los derechos fundamentales de líderes/as,
defensores y defensoras de DH, desde una
institución dependiente de la Presidencia de la
República.
Observamos con preocupación que el Presidente
no se ha referido en ningún momento a la
responsabilidad política que le compete por
estas acciones realizadas por el DAS en contra
de defensores, defensoras y líderes/as sociales.
De tiempo atrás hemos expresado nuestra
intranquilidad por el seguimiento ilegal que
hacen y continúan haciendo los organismos del
Estado, soslayando las expresiones de
desasosiego compartidas por organismos
internacionales de derechos humanos.
Es evidente que esta es una
práctica sistemática de
p e r s e c u c i ó n y
h o s t i g a m i e n t o
contra defensores,
d e f e n s o r a s y
líderes/as sociales
y que el accionar
del DAS, expresa
c l a r a m e n t e l a
decisión de sectores Foto
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Steffan Offteringer, observador Internacional Misión sobreejecuciones extrajudiciales, Bogotá, 2008
29
del Gobierno de
equiparar los con
enemigos y delincuentes
que amenazan el Estado,
contra quienes se
justifica una estrategia
ilegal de persecución,
i n t i m i d a c i ó n y
hostigamiento.
Se mantiene la apertura
de investigaciones a
defensores con base en
informes de inteligencia
y de procesos llevados
por fiscales adscritos a
brigadas militares (p. ej.
en el Departamento de
Arauca), y se mantienen
casos a partir de
declaraciones pagas del erario público o
realizadas a cambio de beneficios jurídicos. En
este sentido, la demanda de la sociedad civil ha
sido categórica en el sentido de insistir en la
autonomía plena de la rama judicial y en
consecuencia exigir el retiro de las oficinas de la
Fiscalía de guarniciones militares así como el
desmonte del convenio CTI - RIME.
Mención particular merece el tema del enfoque
diferencial, sectorial y de género. Llama la
atención cómo las demandas y propuestas
hechas por el grupo poblacional de mujeres han
sido respondidas con evasivas e insuficiencia
en relación con los riesgo que corren. Temas
como el seguimiento al Auto 092, el sistema de
alertas tempranas
implementado con
enfoque diferencial y
las solicitudes de
reestructuración del
p r o g r a m a d e
protección para
responder a las
n e c e s i d a d e s
part iculares de
grupos poblacio-
nales, no se han
a t e n d i d o , n i
respondido con el
rigor y la importancia
que merecen, dadas
las graves amenazas
y la persecución y
muerte de lideresas
s o c i a l e s q u e
defienden sus propios derechos, los de sus
familias, comunidades y organizaciones.
Nos preocupa también que continúen e incluso,
se incrementen las amenazas, hostigamientos y
ataques contra los defensores y defensoras
durante el proceso de garantías y en algunos
casos contra personas que han participado en
las Audiencias Públicas. En este sentido, es muy
alarmante la situación del Programa de
Protección del Ministerio del Interior y de Justicia,
puesto que hay incertidumbre acerca de quién
va a manejar los esquemas de protección dura
que se encuentran suspendidos. Sobre el
particular, la sociedad civil ha presentado la
propuesta de crear un programa especial de esa
derecho adefender
Foto
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Astrid Suárez
30reVelando
cartera que cuente con escoltas independientes
de cualquier organismo de inteligencia del
Gobierno: las autodefensas han tenido acceso a
información proveniente de los sistemas de
escoltas.
La celeridad en las judicializaciones a los
defensores y defensoras contrasta con la grave
impunidad a los ataques en contra nuestra. Lo
que hemos corroborado es la impunidad total
ante amenazas, robos de información,
hostigamientos, entre otros, realizados en todas
las regiones. En ese sentido demandamos
compromisos serios para garantizar la
individualización y judicialización de los
responsables materiales e intelectuales de estas
violaciones y que se establezca una comisión
especializada de fiscales que avance en el
esclarecimiento de los casos relativos a hechos
contra líderes sociales, defensores y defensoras
de derechos humanos.
Es necesario resaltar que, pese a la solicitud
explícita y reiterada de que la Fiscalía General
de la Nación haga presencia con funcionarios
de alto nivel del orden nacional en las audiencias
territoriales, la respuesta ha sido su inasistencia
y la delegación de su responsabilidad ha recaído
en las Fiscalías Seccionales, que tampoco han
dado respuestas satisfactorias.
Finalmente, creemos que no es posible avanzar
hacia la superación de la grave situación de falta
de garantías para esta labor sin la definición de
un mecanismo eficiente de seguimiento al
cumplimiento de los compromisos sobre el cual
insistimos en una respuesta del Gobierno y de
las entidades del Estado compelidas.
Reiteramos nuestros agradecimientos a la
comunidad internacional por su papel de
facilitadora y observadora en el proceso y los
convocamos a continuar en la consolidación de
un diálogo útil para superar los factores de riesgo
e impunidad que atentan seriamente contra
cualquier posibilidad de interlocución
constructiva.
Coincidimos con el Gobierno en que esta no
puede ser una conversación de sordos porque
como lo dijo la Relatora Especial de Naciones
Unidas, Señora. Margaret Sekaggya en la
audiencia convocada por la Comisión para los
Derechos Humanos de la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos, no es
aceptable “…sentarnos alrededor de una mesa y que
al día siguiente siga pasando lo mismo".
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1 Documento presentado por las Plataformas de Derechos Humanos y Paz y sectores sociales, sobre el proceso nacional de garantías a la comunidad internacional G-24, Bogotá, 5 de marzo de 2010.
2 Documento Estrategia de garantías para la protección de defensoras, defensores y líderes sociales. Plataformas de Derechos Humanos y Paz. Bogotá noviembre de 2008.
3 En el año 1993 cerca de 170 Estados, entre ellos el colombiano, asumieron en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena, el compromiso de elaborar “un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas necesarias para que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos”. (Parte II párrafo 71). Sólo 11 años después de haberlo asumido, Colombia se activa en esta materia, gracias a las reiteradas recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Estado colombiano para que elaborara el Plan, concertándolo con amplios sectores de la sociedad e incorporando un enfoque integral de género (Informes anuales de OACNUDH de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005). Por otro lado, fueron fundamentales las acciones y solicitudes de las Plataformas y el Movimiento Social de Derechos Humanos en diferentes ámbitos, tanto de los órdenes nacional como internacional.
4 Derechos a la vida, a la libertad y a la integridad personal (diferenciando las perspectivas de derechos humanos y derecho humanitario); Administración de justicia y estado social de derecho; Derechos económicos, sociales, culturales y del medio ambiente; Cultura de derechos humanos; Discriminación y reconocimiento de la identidad y grupos de oposición.
5 Documento Estrategia de garantías para la protección de defensoras, defensores y líderes sociales. Plataformas de Derechos Humanos y Paz. Bogotá noviembre de 2008.
6 Señora Margaret Sekaggya
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Rueda de prensa en la visita oficial de la Relatora Especial de la ONU para defensores, Bogotá, septiembre de 2009.
El Derecho a defender
33
¿Quién es un defensor o defensora de derechos Humanos?
Carolina Aldana* y Jerry Garavito**
¿Quién es un defensor o defensora de derechos Humanos?
derecho adefender
Carolina Aldana* y Jerry Garavito**
* Periodista. Magistra en Estudios Latinoamercanos. Coordinadora del Programa Somos Defensores.* * Abogado. Investigador en derechos humanos.
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34reVelando
Era la tercera vez que un funcionario le negaba
la ayuda humanitaria a doña Sara. Con esta
mala noticia buscó ayuda: “Don Ernesto, escríbame
una tutela p'a ver si así me ponen cuidado en Acción
Social”. Pero el defensor le respondió que no era
necesario este recurso de amparo y le hizo una
carta sencilla en la que le recordaba a la entidad
oficial su responsabilidad de brindar atención
inmediata a la señora y a su familia desplazada
por el conflicto armado.
Doña Sara Jiménez no sabía, ni mucho menos
se imaginaba que desde 2008, el auto 092 de la
Corte Constitucional protege a las mujeres
desplazadas cabeza de familia y para eso ordenó
al gobierno colombiano crear 13 programas
especiales para esta población. “Mientras entran
en funcionamiento esos programas, la Corte decidió
que mujeres como usted deben recibir la ayuda
humanitaria de emergencia. Por eso con esta carta es
suficiente, llévela y exija ese derecho”, le dijo Ernesto.
Incrédula, la señora Sara recibió el escrito y al
día siguiente visitó las oficinas oficiales, donde
otro empleado leyó la carta, le puso un sello y
agregó una autorización para que retirara el
mercado que debía durarle un mes. Con una
gran felicidad la señora Jiménez pensó que
habían sido asombrosas las instrucciones del
defensor y que le debía algo, sin embargo estaba
equivocada.
Todos los miércoles en la tarde, Ernesto Rivera
abre su oficina en una calle céntrica de
Barranquilla para asesorar a personas
desplazadas; lo hace por convicción, sin esperar
ningún pago ni contraprestación, lo hace porque
desde hace ocho años cuando, siendo estudiante
de derecho en la Universidad del Atlántico, con
un sacerdote jesuita aprendió la teoría y la cruda
realidad de los derechos humanos.
“Antes... mucho antes, no sabía que existiera un
mundo real de derechos, de esos que están más allá
y por encima de un bien o una simple concesión. No
creía en la posibilidad de disfrutar de un conjunto de
prerrogativas que nacieron conmigo y contigo, que
han estado allí y que limitan el actuar de un poder
que puede llegar a ser abusivo, excesivo. Aprendí que
muchos hombres y mujeres desde la vida secular
reclaman igualdad y justicia, bregan por la
construcción de una sociedad más equitativa e
incluyente y denuncian la barbarie y terror de unos
cuantos cubiertos con el manto del poder”.
Historias como estas son cada vez
más comunes en Colombia. Sus
protagonistas son hombres y
mujeres que sin darse cuenta o sin
proponérselo, empiezan por
conocer los derechos
humanos, luego aprenden
a reclamarlos, a exigirlos y
a promoverlos para sí
mismos y para otros,
trabajando por la
eliminación definitiva
de las violaciones a los
derechos humanos en el
plano nacional o regional,
tal y como lo reconocen la
Declaración de Naciones
Unidas sobre Defensores
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35
de Derechos Humanos y la Resolución de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
Esta es la definición básica de quién es un
defensor de derechos humanos sobre la cual
trabaja el Sistema de Información sobre
Agresiones a Defensores de Derechos Humanos
(SIADDH) del Programa Somos Defensores,
creado en 2006 con el apoyo humano y técnico
del Banco de Datos del Cinep, pero que a partir
de 2008 empezó a reformarse, como resultado
del trabajo de protección que desarrolla el
Programa el cual concluyó que el perfil de los
defensores ha cambiado de acuerdo con: los
derechos que defienden; las actividades que
realizan; los procesos colectivos que integran y
la temporalidad en el trabajo de defensa. Pero
hay más...
En el SIADDH, también son defensores quienes
defienden los derechos humanos desde
organizaciones de la sociedad civil local, nacional
o intergubernamental, en movimientos sociales,
sindicales, movimientos de víctimas y que
reciben remuneración económica por esta labor
o si hacen trabajo voluntario sin percibir ningún
pago por ello. De igual manera, son defensores
los profesionales de Naciones Unidas y agencias
de cooperación internacional, incluso aquellos
que desempeñan labores de promoción de
desarrollo.
Asimismo son defensores las personas que
trabajan en instituciones del Estado donde tienen
funciones relacionadas con la promoción y
protección de los derechos humanos. Por ello,
en caso de que un funcionario de la Defensoría
de Pueblo, las Personerías, la Procuraduría, o
Unidades de la Fiscalías especializadas en
derechos humanos, así como los magistrados,
jueces, abogados, sean víctimas de actos que
directa o indirectamente impidan o dificulten
sus tareas o sean perseguidos por otros agentes
por desarrollar su labor, estas personas son
incluidas en el SIADDH.
Para los defensores y defensoras hay muchos
momentos memorables. Para Andrea González,
la periodista, su mejor crónica es hablar del valor
que tienen las comunidades afrocolombianas
que persisten en la artesanía tradicional y se
enfrentan con paciencia a los que promueven
los cultivos de coca y de palma africana en el
Pacífico. La vida de Miguel Andrade es una
lucha por los derechos desde temprana edad
porque, inconforme con el sexo femenino que
tuvo al nacer, a partir de los cinco años rechazó
las conductas femeninas a las que le obligaban
la familia y la sociedad y cuando fue adulto
decidió trabajar por su derecho a un nuevo
género como hombre y hoy promueve la
identidad de género en el movimiento LGBT.
derecho adefender
Agenda Caribe, 2009
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Los costos de defender los derechos humanos
Faltaban diez minutos para las 6:00 de la mañana
del sábado 5 de julio de 2008 cuando María
Cardona escuchó tres balazos y el ruido de dos
motos de alto cilindraje, a pocas cuadras de su
casa. Un mal pálpito le removió el estómago,
pero en lugar de abrir inmediatamente la puerta
decidió demorar su salida. Con las manos
trémulas, guardó unos papeles en su maletín,
mientras con voz entrecortada repetía para sí
misma la ruta que ese día haría por varios lugares
cercanos a Manizales, para visitar a víctimas de
ejecuciones extrajudiciales.
De nuevo miró el reloj, con sigilo abrió la puerta
de su casa y un rápido vistazo a la calle le dio
la certeza de que era momento de salir, de lo
contrario llegaría tarde a recoger a su compañero
de correría. “Yo lo sospeché pero aún con miedo,
caminé rápido hasta la casa de Jhon Freddy García
Falla, un líder campesino que dirigía el movimiento
de víctimas de Chinchiná”. María confirmó su
presentimiento a las 6:10 de la mañana cuando
encontró gritando a la esposa de John Freddy
con su cadáver en los brazos. “Todo fue
como el
amanecer
en época de
verano: de un solo
golpe aparece el sol, los
pájaros dejan de cantar, las
luces de las calles se
apagaban, te das cuenta
de que es otro día, todo de
un solo golpe. Así lo
mataron, así quedó Jhon”.
María como muchos otros defensores han
sufrido algún un tipo de daño. Por eso, cuando
directa o indirectamente se impide u obstaculiza
las labores de defensa, protección, promoción,
realización de los derechos, se configura una
agresión contra los defensores y defensoras en
su dimensión individual, colectiva o social
porque algo que les sucede a estas personas no
sólo impide la realización de sus derechos sino
la de los otros.
El año anterior en el marco de la Campaña por el
Derecho a Defender los Derechos Humanos, el
Sistema de Información sobre agresiones a
Defensores y Defensoras de Derechos Humanos,
reportó entre 2002 y 2008, 610 casos, entre ellos
figuran 455 casos de amenazas, 75 de
desapariciones, 60 de asesinatos, 17 de atentados,
7 de heridas, 6 de desapariciones, 4 de tortura,
3 de secuestros y 1 de violencia sexual. En el
mismo informe aparecen como presuntos
responsables en un 59% los paramilitares, en
otro 23 % las distintas fuerzas de seguridad e
inteligencia del Estado, en un 15 % agentes
desconocidos y en un 3 % la insurgencia.
Según el SIADDHH, todo acto de violencia
cometido por agentes del Estado o por
particulares que actúan con el apoyo o
aquiescencia del Estado o por grupos
insurgentes, dirigido a quebrantar la vida,
libertad e integridad de una persona, en razón
a la labor que realiza en defensa y promoción
de los derechos humanos, es considerada una
agresión contra este grupo de personas.
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También se enmarcan, dentro del contexto en
que vivimos, aquellas actividades que tienen
por objetivo, además de causar un daño físico
al defensor o defensora, las actividades tendientes
a deslegitimar, descalificar, ofender reprimir,
judicializar, perseguir, la labor de los defensores
y defensoras, regularmente este tipo de acciones
se dan cuando los funcionarios del Estado
realizan declaración en contra de aquellos,
cuando se utilizan los medios e instituciones del
mismo Estado en labores encubiertas o legales
como la judicialización de esta labor.
Por todo lo anterior, el SIADDHH considera
que una agresión puede constituir una violación
a los derechos humanos, un acto de violencia
político-social o una infracción al derecho
internacional humanitario, motivado por causas
de persecución política, abuso de autoridad y
trato indigno al ser humano que, dependiendo
del autor y la materia puede clasificarse de la
siguiente forma: (1) Si el autor es un agente del
Estado o particular que actúa con el apoyo,
tolerancia o aquiescencia del Estado, el derecho
violado está considerado dentro del derecho
internacional de los derechos humanos y está
motivado por causas de persecución política o
abuso o exceso de autoridad, es una violación
de los derechos humanos. (2) Si el autor no ha
sido identificado y de los hechos se desprende
que la motivación de la agresión es la labor que
realiza el defensor o defensora de derechos
humanos, es decir, por causas de persecución
política, se considera un acto de violencia política
y social. (3) Si el autor es un grupo insurgente
se considera infracción grave al derecho
internacional humanitario. De estas tres
categorías, tres motivaciones y tres posibles
autores se desprende una serie de tipos de
agresiones”.
Aún con todas las consecuencias, pues la realidad
de los abusos y la barbarie ha superado la ficción,
para Ernesto Rivera, el abogado, defender los
derechos humanos es una opción de vida.
“Cuando logro acompañar la tristeza de una madre
que busca a sus tres hijos desaparecidos o cuando
visito algunos grupos y comunidades que han padecido
el despojo, el desplazamiento y veo que mi presencia
significa la posibilidad de ser escuchados, de transmitir
su voz para crear lazos de solidaridad y para que ellos
descubran el mundo de derechos fundamentales
arrebatados, en esos días siento que vale la pena vivir
desde mi derecho a defender a otros. Yo defiendo para
que un día, más personas como doña Sara comprueben
que sus derechos no pueden ser negados por el uso
arbitrario del poder y para que más funcionarios
públicos entiendan que exigir los derechos no es
ningún delito”.
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Agenda Caribe, 2009
Yolanda Becerra Vega y la OFP: una fuerza vital que no da marcha atrás
Memoria
Carolina Aldana García
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Foto tomada de: www.123people.es/s/yolanda+becerra
Muchas historias colombianas despiertan
dolor, rabia, asombro y hasta son poco creíbles,
como la de una casa en Barrancabermeja que
desapareció de la noche a la mañana; literalmente
no quedó ni un ladrillo de ella, porque fue
destruida por unos gatos rabiosos que no aceptaron
la firmeza de unas mujeres.
Y en el centro de esa historia está una mujer
menudita, de acento santandereano muy suave
y de sonrisa que evoca la niñez. La presencia de
Yolanda Becerra Vega irrefutablemente ocupa
un lugar en esas páginas de memoria porque la
vida de ella es como la de muchas defensoras de
derechos humanos cuyos destinos están ligados
a procesos sociales, a territorios y a la búsqueda
de justicia.
Para hablar de Yolanda primero hay que hacerlo
de la Organización Femenina Popular (OFP).
Esta organización, nacida en las entrañas del
Magdalena Medio, fue creada por la iglesia
católica de Barrancabermeja en 1972, en medio
39 memoria
del fragor de una región marcada por las luchas
sindicales de la empresa petrolera y por las
movilizaciones agrarias lideradas por los
migrantes colombianos que llegaban al puerto
sobre el río Grande de la Magdalena a buscar el
sentido para sus vidas.
En ese contexto, y mientras estudiaba en el
colegio Camilo Torres Restrepo, desde los 15
años Yolanda vivió la teoría de la liberación,
trabajo liderado por sacerdotes comprometidos
con el cambio social. “La OFP es hija de la
Pastoral Social del nororiente de Barranca: allí
la iglesia apoyó la participación de las mujeres
que, junto con sus hijos, estaban de primera en
las manifestaciones cuando la policía llegaba a
reprimir para evitar que los terrenos baldíos
fueran ocupados por nuevos habitantes”.
Así fue como Yolanda ingresó a la OFP en 1988:
dos años antes la organización y la iglesia habían
cortado el cordón umbilical. Para algunas fue
una separación innecesaria porque el proyecto
era de la iglesia católica, pero para ellas era el
momento adecuado de empezar el proyecto de
una organización para la región que concretara
proyectos de salud sexual y reproductiva,
vivienda, alimentación y liderazgo de las mujeres
populares.
A mediados de la década de los 90
Barrancabermeja ya era un referente obligado
del movimiento sindical colombiano
representado en la Unión Sindical Obrera (USO),
pero también tenía una historia con iniciativas
de articulación social en la que confluían sectores
populares, campesinos, iglesia, movimientos
políticos: de un paro cívico como el de 1982
nació la Coordinadora Popular y de ésta surgió
el Comité Regional para la Defensa de los
Derechos Humanos (Credhos), en 1987. Mientras
aumentaban las demandas de los movimientos
campesinos en el Sur de Bolívar y en el Carare,
el paramilitarismo, nacido en Puerto Boyacá,
avanzaba en su guerra sucia contra el tejido
social del Magdalena Medio, apoyado por las
estructuras oficiales.
El punto de quiebre fue la masacre del 16 de
mayo de 1998. Ese día lo recuerdan los
barranqueños como el principio de un proyecto
totalitario en el que participaron paramilitares
acompañados por miembros de la policía y del
ejército y que empezó con la muerte de siete
personas y la desaparición de 25 más, acusadas
de pertenecer a la guerrilla. Yolanda promovió
que todas las mujeres fueran vestidas de negro
al lugar de la velación, la gente llegaba y les
daba el sentido pésame a ellas y no a las familias.
Cuando las madres se dieron cuenta de esto se
hicieron al lado de las mujeres de la OFP. De
pronto, todas eran hermanas y madres de los
jóvenes muertos. Durante varios días toda la
ciudad vio a mujeres vestidas de negro que al
cruzar las calles paraban el transporte, nadie se
atrevía a protestar.
Los paramilitares imponían su ley. Castigos
como barrer las calles, azotar públicamente a
los jóvenes hombres o mujeres; atarlos y atarlas
durante 24 horas o más y exponerlos al sol, al
agua, a la noche; cortarles el cabello con armas
cortantes; raparles las cejas, la cabeza y,
finalmente, después de haber pasado por varios
40reVelando
de estos castigos “si no se corrigen”, los y las
asesinan. Son varios los casos, en que las mujeres
jóvenes o adultas, son asesinadas después de
torturas crueles: arrodillamientos para obligarlas
a pedir perdón, corte de sus senos, introducción
de objetos en su vagina, descuartizamiento de
sus cuerpos, extracción de los ojos y luego, sus
cadáveres son desprovistos de sus órganos
internos y arrojados a fosas comunes, al río o a
las ciénagas de los alrededores .
Ante esta cruda realidad la OFP cambia. Para
evitar el desplazamiento forzado interurbano,
entre 1998 y 2000, traslada su acción a los
derechos civiles y políticos, sin dejar de lado
otros derechos como la alimentación con ollas
comunitarias, huertas urbanas y rurales; atención
médica y ginecológica, actividades para jóvenes
y niños, proyectos de vivienda. En este periodo
se construyó el barrio Pablo Acuña de
Barrancabermeja y para reducir el problema
alimentario de las familias desplazadas y más
pobres del Magdalena Medio, construyó una
Red de comedores
populares que cumple
otra función: “El comedor se volvió un lugar de
denuncia; una persona recibía el plato de sopa
y aprovechaba para entregarle con sigilo a la
compañera que atendía el comedor un papel
donde decía cosas como: En tal casa tienen a
unos muchachos secuestrados; en el barrio
mataron anoche a tal persona”. Con esta
información las mujeres acudían a la policía o
al ejército y les exigían que tenían que ir al lugar
a salvar esas vidas. En otros momentos, cuando
en los barrios alguien se daba cuenta de que
unos jóvenes eran reunidos por los paramilitares
en la cancha de fútbol con diversos fines, una
llamada a la OFP alertaba sobre la situación y
entonces en breve llegaban las madres, las
vecinas, entre regaños y presencia pacífica, a
reclamar a los hijos de las otras.
“Después de matar a sus maridos o desplazarlos,
ellos les quitaban las llaves de las casas a las
mujeres, las sometían a malos tratos y hasta las
obligaban a servirles. Las Casas de la Mujer de
la OFP se convirtieron entonces en refugio para
huir de los paramilitares. Lo que hacíamos era
disputarle el sujeto a la guerra porque el objetivo
de nosotras como civiles es no dejarnos someter
por ellos ni tampoco entregarles nuestros hijos
e hijas: por eso ellos nos perseguían sin ningún
freno”, afirma con orgullo Yolanda y añade que
la OFP crece en medio de la guerra como una
organización de base y movimiento político de
mujeres que va definiendo símbolos y propuestas
para el país. Las mujeres vestidas con batas
negras declaran que no parirán hijos ni hijas
para la guerra, hacen marchas con llaves y cintas
de colores para declarar su autonomía, su
derecho a seguir en el territorio. La autonomía
Movilización de vícitmas, 2009
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y la civilidad de las mujeres son dos principios
que ellas ratifican ante todos los grupos armados
de derecha y de izquierda. Con estos principios
la OFP logra en 2002 la movilización de más de
40 mil mujeres hasta la Plaza de Bolívar de
Bogotá a rechazar la guerra que se intensifica
en todo el territorio.
La exigencia de justicia
Fue una noche de abril de 2001 cuando hombres
que recibían órdenes del jefe paramilitar conocido
como 'El Gato', destruyeron la casa de la OFP
ubicada en el barrio La Paz. Al día siguiente,
ante el impacto de no encontrar ni las ruinas
porque los agresores se llevaron todos los
escombros en cuatro camiones, las mujeres
entendieron que era hora de exigir justicia ante
tanto silencio estatal, pero el miedo de los vecinos
a contar lo que habían visto, dificultó la denuncia.
Así nació la figura de testigos sociales. En
comunicaciones que respaldaban las denuncias,
la USO, Credhos y la misma OFP declararon
que tenían conocimiento de que José David
Navarro Londoño, alias 'El Gato' mandaba en
la zona donde estaba ubicada la Casa de la
Mujer.
Por estos hechos el paramilitar fue condenado
a ocho años de cárcel. Sin embargo, ésta fue una
justicia a medias porque no se estableció quién
dio la orden para destruir la casa ni se dio
ninguna reparación material ni simbólica a la
OFP. Donde se ha obtenido justicia ha sido por
la acción de las víctimas, porque mostraron las
pruebas, los testimonios como en los homicidios
de Yamile Agudelo, Diofanol Sierra y Esperanza
Amarís. Por estos casos los paramilitares han
sido condenados a penas que van entre los 20
y los 40 años de prisión.
Por el homicidio de Diofanol Sierra, profesor de
danzas de la OFP, ultimado a tiros el 8 de abril
de 2002, el paramilitar César Julio Reina Flórez,
alias “Tamarindo”, fue condenado a 21 años de
prisión en noviembre de 2004. Por el caso de
Esperanza Amarís, lideresa de la OFP, que fue
asesinada el 16 de octubre de 2003, en
Barrancabermeja, fueron condenados a 40 años
de prisión los paramilitares José Ricardo
Rodríguez, Yan Alberto Manjares y Margen del
Cristo Aldana Maures. Los tres paramilitares
llegaron en un vehículo de servicio público hasta
la casa de Esperanza, en el barrio Versalles de
Barrancabermeja, después de amenazarla la
sacaron a la fuerza de su vivienda. Cinco minutos
después, Esperanza fue asesinada frente al
Colegio Camilo Torres Restrepo y su cadáver
arrojado en la vía pública.
En marzo de 2006 fue asesinada Yamile Agudelo
Peñaloza de 26 años de edad, madre de una
niña de 8 años, luego de ser torturada y violada.
Su cuerpo fue encontrado en un basurero, en la
41 memoria
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vía al corregimiento El Llanito e identificado
dos días después por sus padres. Por este crimen,
el 10 de noviembre de 2009, fue condenado a 16
años y ocho meses de prisión, Charlys Manuel
Arévalo Quintero, desmovilizado de las
Autodefensas, quien tras su captura el 17 de
julio de 2008 llegó a un preacuerdo con la Fiscalía
con el que logró obtener el 50% de rebaja en la
pena por el delito de homicidio agravado.
Pero, la desaparición de Katherine González,
sucedida en 2007 y quien apareció 29 días
después en Bucaramanga, ha significado otro
viacrucis para la familia y para la OFP. “Todo
se ha revertido contra la víctima. Cuando
asesinaron a Yamile el comandante de la policía
salió a decir que Yamile no era de la OFP,
entonces la investigación fue contra la OFP
porque estaba asumiendo muertos que no eran.
Con la desaparición de Katherine fue lo mismo,
dijeron que la OFP se inventó todo, que era un
asunto de amores por los que ella despareció.
Cada semana en el periódico La Noticia había
notas en contra de la OFP y desde que fui
obligada a salir de Barranca, ahora paramilitares
desmovilizados dicen que yo me fui a reunir
con ellos en el Sur de Bolívar”.
Para Yolanda ésta es una muestra de la poca
eficacia de la justicia y es que en los procesos de
Justicia y Paz que llevan casos del Magdalena
Medio ha sucedido algo muy particular: ningún
paramilitar ha declarado en contra de militares
ni de políticos, la responsabilidad intelectual no
se sabe, se ignora quiénes diseñaron la estrategia
y ordenaron los crímenes. El aparato judicial no
ha hecho ninguna investigación para buscar la
verdad y para sancionar a todos los responsables
ni mucho menos ha reparado a las víctimas de
más de 130 agresiones que han recaído en la
OFP desde 2001.
Todos los casos de amenazas, de tortura y
constreñimiento se han denunciado pero no se
investigan. Cuando Eduardo Cifuentes era el
Defensor del Pueblo, Yolanda le consultó si era
posible pedir a la Fiscalía que uniera todos estos
casos en un solo proceso como un caso tipo de
persecución sistemática a una organización
social. El Defensor consideró que eso era posible,
pero la entidad rechazó esta solicitud.
Donde sí han obtenido respaldo es en las
comunidades nacional e internacional que en
distintos momentos han contribuido, de alguna
manera, a la reparación por los daños sufridos
y al esclarecimiento de algunos hechos. Por
ejemplo, con una campaña construyen de nuevo
la casa arrasada y con el respaldo de muchas
organizaciones logran mantenerse en la región;
la nominación de Yolanda al premio Nobel de
Paz de 2005, en la propuesta de 1.000 mujeres
del mundo y un premio de paz, es una forma
de protección cuando viven los momentos más
agudos de la guerra.
Para que la Fiscalía avanzara en las
investigaciones por el homicidio de Esperanza
Amarís, luego de que una delegación de 12
embajadas visitara la sede de la OFP en
Barrancabermeja, Holanda dio un aporte
económico importante a la entidad oficial. Los
resultados saltan a la vista, pero a la vez
evidencian la incapacidad estatal para disuadir
a los agresores con una justicia eficiente y digna.
43 memoria
La mujer, la familia, el DAS, el futuro…
Sentada en la silla reclinable en una playa de
Santa Marta, Yolanda tiene un poquito del
descanso que le debe a su cuerpo desde hace
mucho tiempo. Sonríe cuando habla de los
buenos tejidos que ha hecho la OFP por más de
treinta años; sonríe con todo el rostro cuando se
da cuenta de que sus compañeras también gozan
del mar como niñas, porque todas necesitaban
estos días de serenidad para retomar fuerzas,
para acompañarse en el proyecto de resistencia
a la guerra que adquiere más raíces más allá el
Magdalena Medio, en Bucaramanga, Girón,
Bogotá, Cauca y Huila.
Es febrero de 2010, y aunque está tranquila, ella
no deja de mirar el pasado y el futuro. Recuerda
que siendo muy joven coincidía con los hombres
en que un solo movimiento social era suficiente,
que los cambios vendrían con la revolución:
“Cuando llegue ese momento todo va a cambiar,
pero ahorita hablemos de lo general, decían los
compañeros y yo lo creía”. Y fue a los 24 años
que empezó a entender las diferencias. Yolanda
no quería tener más hijos, “quería hacerme la
pomeroy”, así le decían a la esterilización
femenina, pero su
esposo tenía que
firmar la autorización
para la cirugía. Esto la
afectó porque tocaba
su l ibertad, su
autonomía.
También sintió la
necesidad de cambios
demostrar fuerza y capacidad en los espacios
colectivos, se vio en las mismas prácticas de los
hombres que tanto cuestionaba. “Entendí que
las mujeres necesitamos de espacios propios
para empoderarnos, para alimentarnos, para
llorar nuestras tristezas; también para aprender
a reconocernos a nosotras mismas y a las otras
mujeres porque a veces es más posible que un
hombre reconozca nuestras capacidades a que
nosotras lo hagamos con las demás. No fue fácil
pero logramos hacer desde los derechos de las
mujeres, una labor profundamente femenina
sin romper con el movimiento sindical ni
divorciarnos de los procesos populares”.
Las relaciones evidentemente cambian.
Convencida de que la defensa de la vida
empezaba en su casa hizo un pacto con sus dos
hijos y su familia: si la actividad, las denuncias,
las luchas de la OFP los ponían en riesgos,
cambiarían muchas rutinas. Era más seguro
que en sus actividades públicas la vieran sola.
Que sus hijos salieran con las hermanas de
Yolanda, que en el colegio ella sólo fuera a las
reuniones de padres de familia y no participara
en las fiestas.
Pero en diciembre de 2009 Yolanda se dio
cuenta de que en el
DAS le hacen
un seguimiento
desde 1996, que
tienen fotos de
sus hijos, del
papá de sus
hijos, de la
familia. Hay
Santa Marta, febrero de 2010
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44reVelando
sendos folios de un accidente de carretera que
ella y varios defensores sufrieron en 2004, en la
carretera de Bucaramanga a Barrancabermeja:
“Veníamos de una reunión en la que
promovimos la Coordinadora de derechos
humanos del Nororiente y, de repente, apareció
una moto con dos hombres en la carretera, la
camioneta se volteó, quedó como pérdida total.
¿Por qué tanto interés en ese accidente si no
recibimos ayuda de ninguna autoridad a pesar
de que los escoltas pidieron auxilio?”.
En los archivos del DAS, que ahora reposan en
la Fiscalía, hay órdenes de hacer seguimientos
a organizaciones nacionales e internacionales
relacionadas con la OFP y todo lo que se sabe
ahora tiene un impacto muy grande porque
Yolanda como muchos defensores se
cuestiona todo: las renuncias que hicieron
para protegerse, para alejar a sus familias
del peligro y nadie imaginaba la
magnitud de una persecución desde
entidades oficiales.
en el Caribe, las mujeres regresan de
una caminata larga. Se han vestido
de arena, se han bañado de sal
y han prometido volver
pronto para visitar la
S i e r r a ; Y o l a n d a ,
rozagante,
se despide porque
mañana desde
m u y temprano,
emprenderán camino
hacia todas las sedes
de las OFP en el país.
La vida sigue aunque el futuro no será fácil, las
bases militares de Estados Unidos aquí, la salud
más privatizada y la reducción de Estado, serán
los temas del Encuentro Internacional de Mujeres
de las Américas, el nuevo reto de la OFP durante
este año y el otro. Pero ella no retrocede porque
una mujer tiene ganado medio mundo, si está
convencida y si es capaz de convencer a miles
puede transformar a millones, como lo hace
Yolanda.
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45 memoria
CarmeloAgámez,14 mesesen prisión
“Carmelo Agámez es defensor de derechos
humanos y líder del Movice en San Onofre
(Sucre). Su vida ha estado consagrada a
denunciar los crímenes cometidos por los
paramilitares y los políticos corruptos (…) En
la década de los 80 militó en la Unión Patriótica
y por esa causa sufrió un atentado, la prisión y
el exilio. Luego, como el resto de sus coterráneos,
soportó los rigores del régimen de terror y
esclavitud que se instauró bajo el mando del jefe
local de las Auc, Rodrigo Mercado Peluffo, alias
'Cadena'. Vio cuando a muchos de sus amigos
y vecinos se los llevaron a la hacienda El Palmar,
donde fueron torturados, asesinados y
enterrados en fosas comunes, por órdenes de
los jefes políticos del departamento. No obstante,
a diferencia de muchos de los que se sometieron,
Carmelo inició una resistencia silenciosa.
Organizó a los campesinos a quienes les
arrebataron las tierras, contribuyó a formar a
otros líderes y, cuando maduraron las
condiciones, impulsó la revuelta que permitió
romper el miedo colectivo”1.
Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado - Movice
MemoriaFo
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Movi
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46reVelando
Contexto
Entre 1994 y 1997 se desarrollaron las
asociaciones Convivir en el departamento de
Sucre. Desde ese entonces “Sucre, y en particular
el municipio de San Onofre, han sido escenarios
de hechos de violencia múltiple que, sin lugar
a dudas, pueden ser catalogados como crímenes
contra la humanidad. Entre estos actos se cuentan
la desaparición forzada masiva y el asesinato
de al menos 3.000 personas, 75 masacres desde
1999 a 2000 que dejaron 329 víctimas, el
ocultamiento de los cadáveres en cientos de
fosas comunes, el desplazamiento forzado de
70.000 personas en Sucre y de 2.162 familias de
San Onofre, según el dato del personero
municipal, además de la práctica regular de la
tortura y de tratos inhumanos o degradantes,
el exterminio de 90 militantes de la Unión
Patriótica, la aniquilación de organizaciones
agrarias como la Anuc, la usurpación de tierras
y bienes a la población, el sometimiento a formas
de esclavitud y de control político, el saqueo de
los bienes y recursos públicos. En un estudio
del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), que data de 2005, en San
Onofre el 90% del control territorial lo ejercían
los paramilitares”2.
En el departamento de Sucre el paramilitarismo
se incrustó en la vida política económica y social:
“La elite regional y política ayudó a la
conformación de grupos de autodefensas en la
región y, en algunas ocasiones, fueron autores
intelectuales de las masacres perpetradas por
las Auc”3.
Desde el 2006, 35 políticos (dos gobernadores,
cuatro representantes a la cámara, tres senadores
y siete diputados, entre otros) son investigados
por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía,
por sus nexos con grupos paramilitares. Entre
1994 y 2008, la época en que estas personas
ejercían cargos públicos, el departamento vivió
masacres como la de Ovejas (16 de enero de
2000, que dejó 42 muertos) y la de Chengue (17
de enero de 2001, con un saldo de 31 muertos).
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas en Colombia declaró en ese momento:
“En estas masacres existen fuertes indicios de
responsabilidad directa de servidores públicos
de la región, tanto civiles como militares”.
Sin embargo, pese a las detenciones y al supuesto
proceso de desmovilización paramilitar, las
estructuras siguen vigentes en la región mediante
los patrullajes, toques de queda y prácticas de
limpieza social expuestas en los diferentes informes
del Sistema de Alertas Tempranas de la
Defensoría del Pueblo, desde 2006.
El Capítulo de Movice en Sucre surge como una
apuesta que se niega a la impunidad y a la
perpetuación del paramilitarismo en la vida
política, económica y social del departamento.
Se conforma desde las experiencias de
organizaciones de derechos humanos, sociales
y de oposición política que trabajaron en el
departamento durante muchas décadas.
En agosto de 2006, miembros del Movice
Capítulo Sucre hicieron una marcha en Sincelejo
para denunciar la reactivación del
paramilitarismo en la región. A raíz de esta
47 memoria
manifestación ciudadana se
desplegaron graves
amenazas contra defensores
y víctimas del Capítulo, se
conoció una lista de
exterminio que al parecer
fue elaborada por políticos
de la región por la cual el 8
de noviembre de 2006 la
Comisión Interamericana
de Derechos Humanos
(DDHH) previó medidas
cautelares para 17 líderes
sociales, entre ellos Carmelo
Agámez.
En el marco de sus
estrategias de lucha contra
la impunidad y por el derecho a la verdad, el
27 de noviembre de 2006 el Movice realizó, junto
con la Comisión de DDHH del Senado, una
Audiencia Ciudadana por la Verdad en el
municipio de San Onofre que contó con la
presencia de 1.500 personas y en la que se
hicieron cerca de 300 denuncias de violaciones
a los DDHH y actos de corrupción.
A raíz de las denuncias presentadas en la
Audiencia fueron detenidos semanas después
varios paramilitares y políticos y el ex alcalde
de San Onofre, Jorge Blanco Fuentes. Luego del
evento se incrementaron los hostigamientos
contra miembros del Movice que
desencadenaron el desplazamiento forzado de
alrededor de quince miembros del Capítulo
Sucre hacia otras partes del país y en un caso,
al exilio.
La detención de Carmelo
El 13 de noviembre de 2008,
hacia la 1:00 de la
madrugada, cinco hombres
vestidos de civil que se
ident i f i caron como
miembros de la policía
ingresaron violentamente a
la vivienda de Carmelo
Agámez, sin orden de
allanamiento ni de captura.
Insultaron a la esposa del
S e ñ o r A g á m e z y
peguntaron por el paradero
de su esposo. Luego
requisaron todas las
habitaciones. Después de
media hora los hombres salieron de la casa y
se marcharon en un carro oficial.
El montaje judicial contra Carmelo
El 15 de noviembre de 2008, el Señor Carmelo
Agámez se presentó voluntariamente en
compañía de su abogado a la Fiscalía de Sincelejo,
el Fiscal le hizo la indagatoria y durante tres
horas Carmelo insistió en su inocencia. Pese a
ello, el fiscal le impuso medida de aseguramiento.
El defensor de derechos humanos fue
investigado absurdamente por el delito de
concierto para delinquir, por pertenecer a grupos
paramilitares, los mismos que él ha denunciado
vehementemente y que en varias ocasiones lo
han declarado objetivo militar.
Imagen campaña por la libertad de Carmello Agámez
48reVelando
El proceso judicial se caracteriza por sus graves
irregularidades. Por ejemplo, están investigados
varios políticos de la región realmente
comprometidos con el paramilitarismo. La
inexplicable vinculación de Carmelo puede ser
una retaliación de ellos en contra del defensor
de derechos humanos o un mecanismo para
impedir que el Movice sea actor civil popular
dentro del proceso.
Se le señala de haber participado en una reunión
en el corregimiento de Berrugas, municipio de
San Onofre, en 2002 en la que políticos del
departamento tuvieron nexos y recibieron apoyo
del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de
Colombia para acceder a cargos públicos.
Nunca se ha precisado la fecha exacta en la que
esta tuvo lugar pese a que la defensa ha insistido
en la importancia de señalar el día exacto del
supuesto encuentro.
Carmelo se presentó a las elecciones del periodo
2004-2007 y sus electores y bases de apoyo fueron
sistemáticamente amenazados por las estructuras
paramilitares en plena campaña electoral. Los
resultados electorales fueron totalmente
desalentadores para Carmelo, quien obtuvo sólo
80 votos en la contienda electoral.
Testigos contra Carmelo
Carmelo Agámez es señalado por la esposa del
ex alcalde Jorge Blanco, quien afirmó haber
escuchado a su esposo mencionar que Carmelo
había estado en esa reunión. Este testigo se
retractó posteriormente: aún así, la Fiscalía no
lo tuvo en cuenta.
También es señalado por el ex concejal, Luis
Carlos Hocón Blanco, del municipio de Rincón
del Mar, a quien se le ha probado judicial y
extrajudicialmente sus reales vínculos con el
paramilitarismo y quien fue arrestado después
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Movi
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49 memoria
de que Carmelo Agámez y Movice lo
denunciaran públicamente por sus supuestos
vínculos con los paramilitares.
Otro testigo es Guillermo Gómez Balseiro, quien
como lo ha señalado la defensa, ha tenido
enemistad con la familia Agámez por una
denuncia que hizo el hermano de Carmelo y
que implicó la detención por narcotráfico de
miembros de la familia Gómez Balseiro.
Todas las declaraciones de los testigos son
contradictorias, algunas señalan haber visto a
Carmelo en la primera fila de la reunión y otros
en la última.
La sinrazón de la justicia
El proceso penal contra Carmelo Agámez se ha
caracterizado por violaciones al debido proceso
y son, en últimas, la mejor manera de acallar los
reclamos de verdad y justicia de las víctimas en
Sucre.
Por las violaciones al debido proceso y a las
garantías judiciales la defensa de Carmelo
interpuso una acción de tutela resuelta
favorablemente el 13 de mayo en un fallo en el
que la Sala Penal del Tribunal Superior de
Sincelejo reconoció la vulneración al derecho
fundamental al debido proceso quien tiene el
derecho a conocer las pruebas en su contra y a
controvertirlas.
La defensa también solicitó el domicilio de
Carmelo Agámez como lugar de detención
preventiva en vista de que a varios políticos
vinculados a la investigación y altamente
comprometidos con el paramilitarismo en la
región les habían otorgado este beneficio. Sin
embargo, a Carmelo le fue negado este recurso.
El 21 de mayo 2009, el fiscal Rodolfo Martínez
Mendoza negó la detención domiciliaria para
Carmelo y argumentó que “el actuar de los
procesados dentro del proceso de la referencia
hace suponer al Despacho que estando en sus
sitios de residencias (sic) constituirían un peligro
para la seguridad de la Sociedad de San Onofre,
ya que desde el sitio de residencias (sic),
eventualmente podrían seguir delinquiendo
dentro de la empresa criminal de las AUC”.
En julio de 2009, el Fiscal General de la Nación
emitió una resolución en la que ordena una
investigación penal en contra del fiscal que abrió
la investigación contra Agámez por presuntos
actos de corrupción en conexión con su acusación
contra Agámez ”4. Citando algunos comunicados
de Human Rigths First, el Fiscal General llamó
la atención sobre la falta de imparcialidad e
independencia del fiscal de conocimiento, por
lo cual, ordenó su reasignación a Bogotá.
La investigación fue asignada al Fiscal 28 de la
Unidad Nacional Antiterrorismo de Bogotá. El
6 de noviembre de 2009, Rafael Calderón
Valbuena, y sin tener en cuenta todas las
irregularidades evidenciadas dentro del proceso,
resolvió acusar y llevar a juicio al defensor de
derechos humanos.
“La inversión de las cargas de responsabilidad,
que ubican a Carmelo, como parte de la estrategia
paramilitar o beneficiario de esta, pretenden
50reVelando
silenciar las operaciones de reingeniería del
paramilitarismo en el departamento de Sucre,
que hoy continúa operando en esa región, aun
dentro del poder institucional. Detrás de su
judicialización se pretende ocultar la
responsabilidad del Estado en el desarrollo de
esta estrategia criminal que se consolidó en los
últimos 12 años con el apoyo militar, policial,
empresarial y del poder político. Carmelo, junto
con otros integrantes del Capítulo Sucre, ha
animado el fortalecimiento del Movice,
propiciando que se haya ido desenmarañando
toda la estructura y estrategia paramilitar,
identificando los beneficiarios políticos, entre
otros, y la responsabilidad de agentes estatales”5.
Situación de detención de Carmelo
Además del injusto proceso judicial en contra
de Carmelo Agámez, sus condiciones de
detención se enmarcan en un clima de
inseguridad preocupante: en un principio, se
encontraba recluido en la cárcel de Sincelejo, en
este centro penitenciario enfrentaba difíciles
condiciones de seguridad toda vez que allí
mismo estaban recluidos paramilitares y
miembros de las hoy llamadas Águilas Negras
denunciados por el defensor de derechos
humanos.
Sólo hasta el 28 de enero de 2009, semanas
después de la solicitud, Carmelo fue trasladado
a la cárcel de Corozal, en donde se encuentran
recluidos los políticos y autoridades civiles
procesadas por los nexos con grupos
paramilitares.
El 9 de septiembre de 2009 el Subdirector del
Inpec a nivel nacional visitó la penitenciaría y
ordenó la reubicación de Carmelo en otro pasillo
dentro de la misma cárcel. Con ello se desmejoró
su calidad de vida.
1 Iván Cepeda Castro. La venganza. El Espectador. Bogotá, 21 de diciembre de 2008.
2 Informe 2001 OACNUDH presentado el 18 de abril de 2002 en Ginebra ante la Comisión de Derechos Humanos.
3 El paramilitarismo en Sucre un proyecto Armado desde su clase política. http://nuevoarcoiris.org.co/sac/?q=node/300
4 Human Rights First 10/11/2009
5 Desde la injusta prisión 25: urge traslado de Carmelo Agámez. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 28 de noviembre de 2008
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El trabajo de la Comisión Colombiana de Juristas está orientado a contribuir al desarrollo del derecho internacional de derechos humanos y del derecho internacional humanitario de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, y a la plena vigencia del Estado social y democrático de derecho en Colombia.
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Bogotá, D.C., ColombiaFoto tomada de: www.123people.es/s/yolanda+becerra
Voces regionales - Nororiente colombiano
Un laboratorio de guerra o un lugar para vivir el Desarrollo Social Alternativo
Más de cuatro millones y medio de personas
de Norte de Santander, Arauca, Santander, Sur
del Cesar y Sur de Bolívar habitan en la región
nororiental de Colombia. Esta es una zona con
grandes riquezas:
La riqueza natural: surte de agua diversos
territorios con las cuencas Catatumbo, Arauca,
Lebrija y Sardinata que nacen de los páramos
de Santurbán y del Almorzadero. En la región
también se encuentran otros corredores de
montaña de Bosque Alto Andino, como
Guantiva-La Rusia (cubierto por bosques de
roble), las Serranías de los Agataes; de los
Yariguíes, del Perijá (Norte de Santander y
Cesar).
En estos relictos de bosques se aprecian valiosas
reservas de flora y santuarios de fauna, muy
importantes para la región. Además, las tierras
son fértiles y prósperas en sus laderas y en sus
valles.
Un laboratorio de guerra o un lugar para vivir el Desarrollo Social AlternativoCorporación CompromisoCorporación Compromiso
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53 vocesregionales
Sin embargo este patrimonio natural se encuentra
bajo la presión de la frontera agrícola, de colonos,
de la ganadería extensiva, de la agroindustria
palmera, de las multinacionales del agua y del
petróleo. Desafortunadamente al lado de tanta
riqueza natural, crecen el olvido y la violencia.
En Nororiente posee una riqueza petrolera
distribuida así: las zonas de reserva y de
explotación de petróleo se localizan enTibú y
Caño Limón y el complejo petroquímico en
Barrancabermeja (Santander). Posee grandes
yacimientos de carbón, a lo largo de su territorio
en el Catumbo, en El Carmen, el Cerrito
(Santander), en la serranía de San Lucas (Sur de
Bolívar), en los Municipios de La Loma y La
Jagua de Ibirico en el Cesar; ahora en Arauca en
el pozo Gibraltar se produce gas y se transporta
hasta chimita (Bucaramanga) por el gasoducto
que tiene 135 Km; igualmente, es pródigo en
valles, sabanas y montañas para la producción
ganadera y agrícola.
A su turno, las comunidades indígenas como
los U´was y los Motilón Barí constituyen una
riqueza cultural, que también está amenazada
por la presencia de las multinacionales del
petróleo como la Oxy que pretenden extraer las
riquezas de sus territorios. Esta situación genera
conflictos culturales muy fuertes.
La región Nororiental es geopolíticamente
estratégica. Tres elementos la caracterizan y
explican las múltiples violencias que se
entrelazan y la mantienen en una crisis
humanitaria permanente. En primer lugar,
posee amplias reservas naturales en riesgo,
debido a procesos de colonización. En segundo
lugar, es una zona de frontera con Venezuela
que vincula al Norte de Santander, Arauca y
Cesar, y por último, priman los intereses
económicos y comerciales de poder en disputa
por actores legales como las multinacionales,
los empresarios y los políticos, así como actores
ilegales, entre los que se encuentran los
narcotraficantes, la guerrilla y los paramilitares.
Territorios de colonización
En las zonas de colonización como El Catatumbo,
el Sur de Bolívar y Arauca, la presencia del
Estado es prácticamente nula. En razón a ello
no se construyen procesos de desarrollo social
que mejoren la calidad de vida de la población.
Tampoco se reconocen los derechos ciudadanos
ni se aprovechan las potencialidades de esas
regiones.
La escasa institucionalidad se expresa en los
gobiernos locales, en las Alcaldías que, como
entes descentralizados, cooptados por poderes
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54reVelando
privados, en muchos casos los corruptos tienen
a su disposición actores armados que controlan
el territorio, crean corredores para movilizar
drogas, favorecer el contrabando, apropiarse de
las rentas del municipio, acomodar las políticas
públicas y neutralizar las instancias de defensa
de derechos de los ciudadanos como la
Personería y las de control de la gestión pública.
Los distintos actores se apoyan en la violencia
para ganar espacio en la contienda político-
electoral y garantizar su dominio. En suma, estos
son líderes regionales, pero con intereses
particulares.
El Gobierno nacional ha convertido la región de
El Catatumbo en un laboratorio de guerra para
combatir actores. Por eso esta es una zona de
intensa intervención militar llamada de
recuperación desde el año 95. Hoy recibe el
nombre zona de consolidación. En efecto, en la
zona predomina una política cívico-militar del
Gobierno que crea polaridad y origina la ruptura
del poco tejido social que resiste en la región.
Un ejemplo de ello lo constituye la presencia
armada de los Batallones Minero-Energético,
Vial y el de alta montaña, así como las Brigada
18 y Móvil 30.
Territorio de frontera
La frontera con Venezuela es importante desde
los puntos de vista económico y comercial; de
gran movilidad poblacional que además genera
múltiples vínculos sociales y culturales. Allí,
desemboca la ruta de conexión de la costa:
Aguachica, Ocaña, Venezuela; del centro:
Bucaramanga, Aguachica, Ocaña, Cúcuta y
Venezuela. Por su importancia se ha convertido
en un territorio controlado por los actores
armados ilegales ubicados a ambos lados de la
frontera. La guerrilla controla las mafias para el
contrabando; los paramilitares para el tránsito
del narcotráfico, insumos, coca y para las
empresas multinacionales, la salida del carbón,
el oleoducto. La dinámica del narcotráfico ha
establecido un complejo marco de relaciones
entre grupos guerrilleros y paramilitares para
el cultivo, tratamiento y comercialización de la
coca y el control de corredores estratégicos.
Territorio poder y disputa
El conflicto armado y los diversos intereses de
los actores legales como las multinacionales del
petróleo (Drummond, Oxy), los latifundistas,
ganaderos, inversionistas y los palmicultores,
así como los ilegales entre los que se destacan
los narcotraficantes, las guerrillas, los
paramilitares y las mafias, afecta a la población
campesina, a las comunidades indígenas, y a
los pobladores que han ido afianzándose en ese
territorio después de muchos años de trabajo.
En El Catatumbo las guerrillas han ejercido el control
del territorio a través del dominio sobre corredores
estratégicos que les garanticen el paso de sus ejércitos.
La extorsión y el secuestro a ganaderos y comerciantes
de la región han sido instrumentos y prácticas de
financiación. Las FARC vigilan los cultivos de coca
y en el mercado de droga se organizan bandas de
narcotráfico que se extienden por Venezuela.
55 vocesregionales
El paramilitarismo hace presencia en la región desde
1999, cuando llegaron provenientes del sur del Cesar
y Tierralta (Córdoba), su primera acción de terror fue
la masacre de La Gabarra que dejó 27 personas
asesinadas. Se establecieron el frente La Gabarra, el
Bloque Móvil del Catatumbo, y la Comisión de
Frontera. El Bloque Norte de las AUC controlaba la
provincia de Ocaña1.
Los efectos que causa en la población la
presencia de actores y de intereses
Hay que señalar que en gran parte de esta zona
el proyecto paramilitar dejó de ser
contrainsurgente y se convirtió en un proyecto
político y económico. En virtud de ello controla
el territorio y, además, despoja a los campesinos
de las tierras, impulsa megaproyectos de palma
aceitera, explotación de carbón y ampliación de
los cultivos ilícitos. Esta dinámica genera
prácticas y formas de relacionamiento social y
económicas ilegales que, con el paso de los años
y a fuerza de la costumbre, se van legitimando
entre la población. Algunas de estas prácticas
son:
• Una delincuencia organizada: organizaciones
delictivas de contrabando, de fleteo.
• Una cultura de narcotráfico que genera mafias,
círculos de poder y de control para la
producción y comerciliazacion de la coca.
Hay que señalar que en zonas como El
Catatumbo, parte de la organización de los
paramilitares, como el Bloque Fronteras no
se desmovilizó y quedaron redes que se
han activado en la zona. Por otra parte, las
Farc y el Eln se han involucrado en estas
redes, hacen acuerdos para financiar sus
y para controlar el territorio.
• Violaciones sistemáticas de derechos humanos:
secuestro, extorsión, desapariciones
forzadas, ejecuciones extrajudiciales se han
convertido en prácticas donde los afectados
son, en su mayoría, población civil que en
un momento dado se convierten en
obstáculo para sus intereses.
En este contexto es que las organizaciones
sociales resisten y avanzan en reconstruir el tejido
social que fue destruido al asesinar sus líderes,
al generalizarse una cultura de corrupción, la
economía ilícita y sus formas de operar, con los
pimpineros, las redes de servicios de vigilancia
privada, las redes de contrabando, el
mototaxismo, la cooptación de los Gobiernos
locales por actores armados ilegales, que además
de apropiarse de las rentas del municipio,
disponen de las políticas públicas que les
favorecen y neutralizan las instancias de defensa
de derechos de los ciudadanos como la
Defensoría y las instancias de control de la
gestión pública.
En este contexto de conflicto los principales
afectados son los jóvenes, muchos de ellos
reclutados para las filas de los ejércitos ilegales;
también los indígenas Motilón Bari, a quienes
se les ha ido despojando de su territorio y se les
confina. Los campesinos y colonos expropiados
son obligados a desplazarse a zonas urbanas,
donde aumentan los cordones de pobreza en
Ocaña, Barrancabermeja y en las Áreas
Metropolitanas de Cúcuta y Bucaramanga.
Las organizaciones defensoras de Derechos
Humanos como la Fundación de Derechos
Humanos Joel Sierra, el Comité Permanente de
Derechos Humanos, organizaciones sociales
como Ascamcat, Cisca y ACA; organizaciones
no gubernamentales como Minga, Fundación
Progresar, Cencooser
y P a r c o m u n ;
movimientos de la
Iglesia católica
como la Pastoral
Social y la
presencia del
sistema de
Naciones Unidas hacen esfuerzos y aportes para
la construcción de procesos de movimientos de
víctimas, experiencias de desarrollo local, de
vigencia de los derechos humanos, de garantía
de condiciones para permanecer en el territorio,
para disfrutar y edificar formas de vida social,
económica, política y para proteger los recursos
naturales.
Las organizaciones sociales han denunciado de
forma permanente la persecución de líderes
sociales y de sus organizaciones; la falta de
garantías para el ejercicio de los defensores de
derechos humanos y prácticas comunes del
Estado como la estigmatización y la
judicialización sin fundamento, contra líderes y
defensores de derechos humanos.
El Observatorio de Derechos Humanos2 asegura
que durante el primer semestre de 2009 la
dinámica del conflicto armado interno en el
Nororiente colombiano marcó nuevas y mayores
complejidades. En este periodo se registraron
199 casos, de los cuales 112 son violación de
derechos humanos;119 casos de infracciones al
DIH y 51 casos de violencia político-social. Estos
datos fueron tomados de artículos de prensa
y de organizaciones sociales y de derechos
humanos de la región. La gravedad del conflicto
limita o impide la denuncia.
La fundación Joel Sierra señala que en “Arauca
hay una estrategia de agresión por parte del Estado
y otros actores armados, que la han llevado a una
crisis social y humanitaria. Hay un interés
por favorecer los intereses económicos de
grandes transnacionales desde la estrategia
56reVelando
57 vocesregionales
de los megaproyectos, la exploración y explotación
petrolera por la OXY y Repsol; la construcción del
canal seco Ruta de los Libertadores, entre otros.
Advierte también que en el primer semestre de 2009
el índice de muertes mantuvo su ascenso: se superó
la cifra de 200 homicidios. Los municipios más
afectados fueron: Saravena, Arauquita y Tame. Han
sido asesinados dirigentes del sector obrero-sindical,
tres profesores afiliados a Asedar (Asociación de
Educadores del Departamento de Arauca) y del sector
Cívico Comunal, Campesino e Indígena. En lo que
hace referencia al eje de judicialización contra líderes
sociales y defensores de derechos humaos se siguió
estigmatizando y persiguiendo a la gente con las
capturas masivas3.
Según informes de la Comisión Nacional de
Reintegración y Reconciliación (CNRR), se
desmovilizaron alrededor de 32.000
paramilitares, pero en el proceso de Justicia y
Paz aparecen sólo 3.810, de los cuales 2.927
pertenecían a los grupos paramilitares y 131
58reVelando
miembros de grupos guerrilleros4 lo cual
representa menos del 11.9% de los responsables
de las violaciones de los derechos de los
colombianos. En la unidad regional Nororiente
de Justicia y Paz las víctimas ascienden a 22.000
y cuentan con solo diez Defensores Públicos que
acompañan las versiones y una psicóloga adscrita
a la Defensoría del Pueblo que los atiende. Esta
situación demuestra que el Estado no garantiza
ni defiende los derechos de las víctimas a tener
una asistencia jurídica y psicológica.
Hoy las organizaciones sociales nos planteamos
y trabajamos por la construcción de un modelo
alternativo de desarrollo para el nororiente,
donde la economía extractiva, los enclaves, no
1 Las otras caras del poder. CD estudios regionales. Capítulo Santander. Foro Nacional por Colombia. GTZ. 2009. Pp.237- 238.
2 Informe primer semestre de 2009. Informe “Los defensores en l a m i ra” . Co rpo rac ión Compromiso . 2009 http://www.corporacioncompromiso.org/?apc=I1--83-83-&x=164
3 El 9 de mayo del presente año, se detuvo a trece pobladores de la región (comerciantes, conductores, estudiantes y dirigentes comunales y sindicales), a quienes se les acusó de pertenecer a las milicias urbanas de las Farc y del Eln, y de cometer delitos de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, homicidio y extorsión, con base en testigos falsos, es decir, personas que reciben beneficios económicos y jurídicos por esta labor.
4 Informe primer semestre de 2009. Observatorio Regional de Derechos Humanos.
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Fundaci
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sean un modelo porque no dejan sino pobreza
y exclusión, marginación y deterioro y
descomposición de la vida social y comunitaria.
Los señores de la selva
59 experienciasde protección
Experiancias de protección
“Si somos violentos, si matamos a ellos (a los actores armados en el territorio) también vamos a morir los indígenas, campesinos y negros…tenemos que resistir”.
(Rosalba Paí, Indígena Awá, 2005).
Carlos Andrés Guevara Jiménez*
* Coordinador de Comunicaciones Programa Somos Defensores
El año 2009 puede ser tristemente recordado como el tiempo de la visibilización tardía de las vulneraciones y violaciones a los derechos humanos de la que fue, y es víctima, la etnia indígena Awá en Nariño. Dos masacres, decenas de homicidios selectivos, torturas, d e sapar i c i ones , inc r iminac i ones , judicializaciones infundadas, un clima de tensión, amenaza y hostigamiento constante, hicieron que este pueblo indígena gritara desde la selva su desgracia para exigir el apoyo nacional e internacional.
reVelando hace un recuento de los hechos más significativos que hicieron de la historia reciente de los Awá, un ejemplo de vida en medio de un escenario de muerte.Fo
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60reVelando
Desde una ciudad tan convulsionada como
Bogotá es difícil entender porqué algunos
colombianos dicen que un árbol, que esté en
un sitio de reunión, tiene un espíritu positivo
o negativo y que de ello depende hacer dicho
encuentro; o porqué hay que recibir las cosas
de un extraño con la mano izquierda para evitar
las malas energías. Pero en un rincón de Nariño,
donde habita la etnia Awá, estos saberes
tradicionales cobran mayor sentido, sobre todo
si de proteger sus vidas, sus territorios y sus
almas se trata.
El calor de un sol cubierto por nubes grises que
como legiones, colman el cielo; una espesa
neblina que va y viene sobre las serpenteantes
carreteras que atraviesan el territorio; un tono
verde esmeralda que emana de cientos de
kilómetros de selva y montaña; el sonido de
una marimba que retumba una y otra vez en
nuestra mente; un pegajoso sudor casi
imperceptible al tacto hasta que el visitante está
embargado en él y la tenue pero constante
sonrisa característica de estos hombres, mujeres,
niños y ancianos que no superan el metro
setenta de estatura, son señales tangibles de
que estamos cerca a un reguardo indígena
Awá.
Y es allí, en los resguardos y tierras Awá, donde
comienza esta historia de dolor, muerte,
superación, retoma de la cultura y por encima
de muchas adversidades, una historia con
futuro. Bienvenidos a una tierra de tristes
contrastes, de hombres pequeños de tamaño
pero gigantes en la selva, de árboles con espíritu,
de espantos vestidos de violencia y armados
con el terror, y de sonrisas que contrarrestan
el dolor… Bienvenidos a territorio Awá.
Caminar…Caminar
Gabriel Bisbicus, presidente de UNIPA dice:
“…no amigo, nuestra tierra es mucho más que hasta
donde le alcanza la vista, para conocerla hay que
caminar, y caminar y caminar el territorio.” Esa es
la única forma de conocer y
entender el
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significado de la primera base espiritual, social
y cultural que une a la etnia Awá; la única
manera de conocer el territorio es caminando.
Siguiendo esta recomendación vemos que los
indígenas Awá están distribuidos en tres
organizaciones que los agrupan: UNIPA
(Unidad Indígena del Pueblo Awá) y
CAMAWARI (Cabildo Mayor Awá de
Ricaurte) en Nariño; y ACIPAP (Asociación de
Cabildos Indígenas del Pueblo Awá del
Putumayo). Cabe aclarar que esta etnia es de
carácter binacional, ya que también hace
presencia en el vecino país del Ecuador en las
provincias de Carchi, Esmeraldas e Imbabura,
limítrofes con Colombia.
Específicamente, las organizaciones Awá de
Nariño representan a cerca de 30.000 indígenas
distribuidos en 33 resguardos (22 de UNIPA y
11 de CAMAWARI), ubicados en los
municipios de Tumaco, Roberto Payán,
Samaniego, Barbacoas y Ricaurte. Estos
territorios, que se enmarcan entre las
encumbradas montañas de la cordillera oriental
y la costa pacífica nariñense, constituyen uno
de los mayores tesoros para los Awá, ya que,
como ellos mismos lo señalan: “un indígena sin
tierra, es como un árbol sin raíces, o sea un árbol
muerto”.
Esta última frase define la importancia de la
tenencia de la tierra para los Awá, y todo lo
que sufren al ser desplazados, separados de su
hábitat natural por la fuerza, y arrancados de
donde jamás debieron salir. Y es que las
anteriores son sólo algunas de las consecuencias
de la guerra que golpea con crueldad, desde
el año 2007, a estos territorios ancestrales. Pero,
¿por qué, para qué y quiénes quieren a los
Awá fuera de sus tierras?
La casa de la esquina
“Imagine por un momento que somos grandes
empresarios, y que en el ejercicio de expandir nuestro
poder, es necesaria la compra de ciertos terrenos en
zonas estratégicas para la salida y entrada de nuestras
mercancías, así como para controlar y vigilar los
movimientos de nuestros competidores; digamos
entonces, que para ganar ese territorio estratégico
debemos obtener “la casa de la esquina”, la cual
limita con la principal avenida de salida de nuestro
pequeño vecindario. Y para completar, el dueño de
estos territorios estratégicos, no quiere vender”.
señala un analista del Sistema de Alertas
Tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Sin ir más lejos, esta es una lúdica explicación
de la importancia que tiene para los actores
armados lograr (bajo el método que sea
necesario), el control sobre los territorios Awá,
ya que como se puede observar en el mapa,
los resguardos son “la casa de la esquina” en
un pequeño vecindario llamado Nariño, que
limita con una gran avenida llamada océano
pacífico y lo único que se interpone para su
control y dominio, son los indígenas Awá,
dueños naturales de estas tierras.
experienciasde protección
reVelando 62
Mapa Resguardos Awá
Pero no sólo el control del territorio para su
uso como rutas de salida del narcotráfico es
importante para los actores armados; otros
intereses se ciernen sobre estas tierras bañadas
por innumerables cascadas naturales y la sangre
de inocentes. La explotación maderera de
extensas zonas selváticas, la posible siembra
de monocultivos como la palma aceitera,
proyectos de explotación minera y la
implementación de megaproyectos viales de
interconexión continental, son sólo algunos de
los intereses que mueven a distintos grupos
armados ilegales para adueñarse a sangre y
fuego de los 33 resguardos pertenecientes a
UNIPA y CAMAWARI.
Históricamente la insurgencia ha presionado
e intimidado a las organizaciones indígenas de
esta zona del país, pero la disputa territorial
en los resguardos y zonas indígenas Awá se
agudizó a raíz de la confrontación entre nuevas
estructuras paramilitares y guerrilleras. Grupos
de ascendencia paramilitar como ‘Las Águilas
Negras’, ‘Los Rastrojos’, y la ‘Organización
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63
Nueva Generación - ONG’; o de la insurgencia
como las Farc y el Eln, implemen métodos para
generar terror y zozobra en la población,
acusándolos de auspiciadores de uno u otro
grupo.
Esta delicada situación de vulnerabilidad para
los Awá, es elevada a su máximo exponente
con la fuerte presencia de la Fuerza Pública en
dichos territorios y la puesta en marcha de
intensas operaciones militares enmarcadas en
la Política de Seguridad Democrática impulsada
por el Gobierno Nacional, y recientemente
bautizada como el Plan Nacional de Consolidación
Territorial.
Este escenario de
guerra es abonado por
históricas condiciones
de exclusión social y
abandono estatal, lo
que pone en mayor
r i e s g o a e s t o s
indígenas, de ser
fácilmente víctimas de
los efectos directos o
indirectos de la
confrontación armada,
ya sea entre grupos
ilegales, o en confrontación directa de los
ilegales armados contra fuerzas del Estado.
Por estas condiciones es que el tejido social,
construido desde la sabiduría indígena, es
golpeado incansablemente por quienes no
quieren a los Awá en su región y se valen de
métodos tan denigrantes e inhumanos como
los utilizados en 2009, cuando Nariño y
Colombia entera conocieron su tragedia.
Cronología de un genocidio
La crueldad y vileza de los violentos contra el
pueblo Awá, parece venir desde la misma
época de la conquista contra uno de sus
antepasados: “Los Sindaguas:….”En
1635…expedicionarios españoles tomaron como
prisioneros a más de 80 indígenas, entre ellos a 16
caciques o capitanes a quienes juzgaron y condenaron
a muerte mediante el sistema denominado pena del
garrote o empalamiento, en el sitio denominado
El Castigo… Posteriormente, sus cuerpos fueron
desmembrados y sus
cabezas y extremidades
exhibidas en lugares
públicos.”1
L a p e r s e c u c i ó n
histórica contra las
c o m u n i d a d e s y
pueblos indígenas en
Nariño, así como en
distintas zonas del
país, dan cuenta de un
plan de exterminio
contra estas poblaciones, que a la luz del
Derecho Internacional Humanitario, podría
catalogarse como genocidio. En los últimos 10
años, como consecuencia del conflicto armado,
se han registrado ocho desplazamientos
masivos de gran envergadura (más de 1.000
personas por desplazamiento), desplazamientos
individuales continuos hacia dentro y fuera
"Somos Gente de la Montaña, hijos de la selva y por ella nos van a sacar muertos", declaró premonitoriamente Eder Burgos, Coordinador de Camawari, el 10 de Agosto de 2008, durante la Audiencia Defensorial que dio cuenta de la crítica situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) que vive el pueblo indígena Awá.
experienciasde protección
64reVelando
del territorio, migración transfronteriza, cuatro
masacres, aproximadamente 200 asesinatos
selectivos, 50 víctimas por minas antipersonal,
secuestros, detenciones arbitrarias,
confinamiento de comunidades, señalamientos,
amenazas, reclutamiento forzado, bloqueo de
alimentos y medicamentos, utilización de bienes
civiles, y presión a los indígenas para que sirvan
de informantes, entre otros factores de riesgo
identificados.2
Todo lo anterior ha sido objeto de permanente
denuncia a nivel nacional e internacional hasta
tal punto que en el año 2008 la Defensoría del
Pueblo, luego de advertir estas situaciones
mediante sus Informes de Riesgo, emitió la
Resolución Defensoríal No. 53 demostrando la
gravedad de la situación del pueblo Awá y
planteando una serie de recomendaciones al
Estado para garantizar la protección de este
pueblo.
Hablando del pasado reciente, si bien desde
2007 ha habido amenazas contra las etnias Awá,
Eperara Siapidara, Ingas, Pastos, Cofan y
Quillacinga, presentes en el departamento de
Nariño, entre 2008 y 2009, la situación se
agudizó a tal nivel que los homicidios y
desplazamientos forzados se incrementaron
desproporcionadamente, específicamente contra
el pueblo Awá.
Pero vale la pena recordar (con mucho dolor
y tristeza y a fin de buscar la no repetición) que
las prácticas de los violentos hace 400 años,
fueron retomadas en 2009. A continuación dos
de los muchos hechos que demuestran la
barbarie:
El pasado 4 de febrero de 2009, hombres
armados con distintivos de las Farc retuvieron
a 20 personas, las amarraron y las llevaron a la
quebrada denominada El Hojal de la
comunidad El Bravo - resguardo Tortugaña
Telembí perteneciente a UNIPA en jurisdicción
del municipio de Barbacoas, y las obligaron a
observar el asesinato de sus compañeros con
armas blancas y de fuego. Dentro de las víctimas
fatales hubo niños y una mujer con 7 meses de
embarazo a quien le fue sacado el feto a la
fuerza. Según información dada por la
comunidad, estos mismos hombres regresaron
el día siguiente por los niños que quedaron en
las casas y de quienes se desconoce su paradero.
Miembros de las comunidades informaron que
esta actuación de las Farc se dio como retaliación
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por considerar que soldados del Ejército
Nacional ocuparon casas indígenas del
resguardo y se les brindó colaboración.
Igualmente, el 26 de agosto de 2009, hombres
armados, vestidos esta vez de civil y al parecer
pertenecientes a un grupo paramilitar,
asesinaron a 12 indígenas Awá e hirieron a
otros tres en el resguardo Gran Rosario
perteneciente a UNIPA en jurisdicción del
municipio de Tumaco. Dentro de los indígenas
ases inados se
encontraban seis
menores de
edad que oscilan entre los 6 meses de nacidos
y los 17 años de edad. Muchos de ellos fueron
degollados. Entre las víctimas estaba Tulia
García, quien había recibido sucesivas
amenazas de muerte tras el homicidio de su
esposo, Gonzalo Rodríguez Guanga, en mayo;
este caso estaba siendo investigado dentro de
los mal llamados “Falsos Positivos” ya que
Rodríguez fue presentado como un guerrillero
dado de baja en combate por el Ejército
Nacional.
El listado de hechos violentos que
afectaron al pueblo Awá en 2009 es
dramático: 32 muertes violentas,
seis desplazamientos masivos,
más de 10 amenazas
directas o colectivas, y la
lista continúa.
Pero estos hombres y
mujeres, ante la
adversidad, y en su
territorio, cambian su
aparente perfi l de
indígenas golpeados, y
s e c o n v i e r t e n e n
auténticos señores de la
selva. Un ejemplo claro de
e l lo fue la Minga
Humanitaria por la Vida y
la Dignidad AWÁ,
realizada en marzo de 2009,
en la cual convocaron a más
de 700 indígenas Awá, Nasa y
Zenú, así como funcionarios de la Defensoría
del Pueblo, de organizaciones de derechos
experienciasde protección
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66reVelando
humanos del nivel nacional e internacional y
medios de comunicación de Colombia y el
mundo. Esta Minga hizo lo que ni el Ejército
Nacional, ni el CICR, ni ninguna institución
del Estado se atrevió a hacer: entrar a los
territorios Awá infestados de minas
antipersonal, en medio de combates entre Farc
y Ejército, para recuperar los cuerpos de sus
hermanos asesinados.
La minga Awá fue conocida en Colombia y en
el exterior, como un éxito y una muestra
palpable de autonomía y coraje contra la guerra,
al igual que de neutralidad ante los actores del
conflicto y exigencia por el respeto de los
derechos humanos.
Enfrentando la amenaza con una sonrisa
“Pudo ser peor, incluso podría ponerse más feo, pero
como pueblo Awá vamos a seguir”, responde, con
un esbozo de sonrisa, Gabriel Bisbicus,
presidente de UNIPA quien en 2009 se convirtió
en fuente obligada para los medios nacionales
e internacionales que cubrían la crisis
humanitaria que afrontó (y aún afronta) este
pueblo indígena de Nariño.
La sonrisa espontánea, algo tan poco común
en citadinos nacionales y extranjeros, es una
constante en estos hombres y mujeres, que muy
a pesar de su tragedia y del dolor que les ha
producido la violencia, siguen hablando con
vehemencia y autoridad ante su pueblo y ante
cualquiera que se interese en su historia;
compartiendo con nuevos y viejos amigos sin
distinciones de origen; construyendo en sus
mingas, puentes de comunicación con su gente
para preservarse ante la amenaza de exterminio
que los aqueja.
Este buen ánimo de los indígenas Awá, que
para algún desprevenido observador podría
ser tomado como casi irónico, es una de las
tantas herramientas culturales y tradicionales
que estos indígenas del sur del país, han puesto
en práctica para hacer frente a un escenario de
muerte de dantescas proporciones.
“Para la protección de nuestro pueblo se han hecho
muchas cosas por tanta violencia: desde el trabajo
espiritual con los mayores; hasta el trabajo con las
organizaciones de fuera de Colombia para buscar
apoyos”, señala Gabriel Bisbicus, quien establece
varios escenarios en donde la organización
UNIPA, apoyada por diferentes organizaciones
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de derechos humanos entre ellas el Programa
Somos Defensores, ha construido planes de
protección con miras a generar prácticas seguras
para continuar con el proceso de formación y
crecimiento de UNIPA a pesar de las amenazas
y la violencia.
También CAMAWARI ha construido, entre
2007 y 2009, de la mano del programa Somos
Defensores, protocolos y planes de protección
encaminados a preservar la vida. “Hemos
aprendido del dolor, y nuestros mecanismos de
supervivencia se han transformado en mecanismos
de protección”, comenta Rolando Canticus,
representante legal de CAMAWARI. “…el
gobierno central se le olvida, que aquí, cuando ellos
(los actores armados) se proponen algo, no importa
que manden a 100 delegados con palabras bonitas,
los que quedamos en el territorio somos nosotros…por
eso es que la protección empieza por nosotros, porque
el gobierno no ofrece otra cosa que Ejercito y teléfonos,
cuando lo que se necesita es trabajar la tierra, somos
indígenas, y eso es lo primero”, concluye.
Al abordar las prácticas de protección de la
vida y la organización en el territorio, UNIPA
y CAMAWARI cuentan con procesos diferentes
pero no separados, porque en el camino por
cuidar la vida de 30.000 indígenas, muchas
iniciativas los han unido. En el caso de UNIPA
las amenazas han generado una celeridad por
alcanzar resultados en la protección. En el caso
de CAMAWARI estos procesos se dan con un
mayor tiempo porque su época de crisis se dio
entre 2005 y 2007, luego de una andanada de
coacciones y homicidios selectivos a manos de
distintos grupos armados legales e ilegales.
Pero entendamos más de cerca cada proceso.
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68reVelando
Protegiendo a “Inkal Awá”
Un mayor indígena Awá se sienta sobre las
escalinatas de la casa de UNIPA, ubicada en
El Diviso, resguardo el Gran Sábalo y mira con
un poco de desconfianza, pero sin dejar de
sonreír. Ante la pregunta ¿Qué es INKAL
AWÁ?, bebe un poco de café en una taza de
plástico y dice: “ Gente de selva. Eso somos,
aquí vivimos y aquí vamos a morir”. Desde la
comodidad de Bogotá es difícil imaginar el
enfrentarse sólo con bastones de mando y
sabiduría indígena a cientos de hombres
armados ilegales y del Estado, pero sobre todo
vivir con la zozobra de que la muerte les sigue
de cerca los pasos. Y dadas las condiciones
actuales, en las que la muerte literalmente está
tras este pueblo, los mecanismos de protección
cobran vital importancia para perseverar en la
difícil lucha por no ser exterminados.
Con UNIPA, la protección se ha trabajado
desde la construcción de planes para tal fin,
posterior a un análisis de riesgo. Estos
lineamientos generales han dinamizado nuevos
procesos mucho más específicos a raíz del
análisis de los riesgos encontrados. Mecanismos
como el cabildeo político ante entidades del
Estado y de la comunidad internacional, el uso
de herramientas de comunicación como forma
de protección y la retoma de tradiciones
ancestrales como el idioma y la consulta
constante a las autoridades tradicionales,
permitieron que UNIPA tenga muchas más
formas de advertir y prevenir los peligros a los
que se enfrenta y también de generar, a tiempo,
mecanismos de defensa.
Un proceso que llama particularmente la
atención es la sinergia de UNIPA con distintos
medios de comunicación como la Revista
Semana, Caracol Radio, BBC News y otros que, en
2009, mantuvieron vigente en la opinión
pública, los casos de violaciones masivas y
particulares a los derechos humanos de los
indígenas Awá. Sumado a esto, podemos
destacar la creación de la Emisora La Voz de los
Awá, que transmite programación de interés
para toda la comunidad seis horas al día, siete
días a la semana, en su idioma natal (el Awapit)
y comunica a todo el territorio indígena, cuanta
información produzca la organización.
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69
Esta emisora constituye un eje fundamental
para el concepto Comunicar para Proteger
promovido por el Programa Somos Defensores,
porque habilita la difusión de contenidos, el
registro de llamados urgentes, la divulgación
de decisiones que afecten a la comunidad y
genera un mecanismo de integración de estas
poblaciones que viven muy distantes,
territorialmente hablando, unas de otras.
Mientras José Libardo Pai, gobernador indígena
del resguardo Tortugaña Telembi, sitio de la
masacre de marzo, enseñaba las instalaciones
de la emisora, un sonido de marimba y canto
interrumpe la visita. En las calles empantanadas
de El Diviso, aproximadamente 50 jóvenes,
hombres y mujeres Awá, forman juiciosamente
en filas de 10 personas, a la voz de un líder. Es
la guardia indígena Awá, otro de los
mecanismos de protección establecidos por la
organización para salvaguardar su territorio y
poner en ejercicio la jurisdicción propia. “La
guardia indígena es una tradición de algunos pueblos,
no todos la tienen, pero para nosotros es y será una
forma de cuidarnos a nosotros mismos, armados
solamente con el coraje y el bastón de autoridad y
mando”, responde sonriente el gobernador.
También es importante recalcar las sinergias
que UNIPA ha creado con organizaciones
nacionales e internacionales de derechos
humanos, que les ha permitido hacer giras de
incidencia política en instancias regionales,
nacionales y en el exterior.
Otro proceso de importancia para UNIPA es
el trabajo de firmeza espiritual promovida e
impulsada por su dirigencia y de otras
instituciones como la Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC). Este trabajo ha
retomado espacios tan importantes como las
prácticas tradicionales de la caza, la pesca, la
siembra y la comunicación con los espíritus
como formas de proteger a su gente dentro y
fuera del territorio. “Estos conocimientos que han
mantenido los mayores, es lo que como pueblo
indígena nos ha permitido pervivir a través de la
práctica de nuestros usos y costumbres y del aprender
mirando, caminado y haciendo, de generación a
generación. El contacto con la sociedad no- indígena
ha generado que algunas de nuestras costumbres se
estén perdiendo, porque algunos mayores y jóvenes
poco valoramos y practicamos, desconociendo la
importancia de seguir fortaleciendo la comunicación
con los espíritus de la naturaleza que existen en
nuestro entorno para garantizar nuestra pervivencia
como pueblo indígena“.3
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Transmisión desde la emisoraLa Voz de los Awá
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Con CAMAWARI el proceso es diferente
porque la violencia los golpeó con mayor
contundencia mucho antes que a UNIPA. En
consecuencia, los Awá iniciaron un proceso
por su propia cuenta y riesgo a fin de no ser
exterminados. Esa determinación los llevó a
pensar en el poder político local como
mecanismo de protección. Y así fue: desde 2001
conquistaron la Alcaldía del municipio de
Ricaurte (Nariño). Con ello, además de exigir
desde el derecho propio el amparo de sus
comunidades, también han logrado avanzar
en la construcción e implementación de políticas
públicas locales que persiguen tal fin.
El acompañamiento de organizaciones externas
a casos de vulneración de los derechos humanos
es otra de las estrategias trabajadas por
CAMAWARI. La Asociación MINGA, por
ejemplo, ha acompañado estos casos
visibilizando y gestionando sinergias
interinstitucionales para colaborar a nivel
nacional, con la resolución de estos casos.
De igual manera, CAMAWARI ha apuntado
a la línea de salud y educación tradicional de
sus comunidades y la formación de líderes
como otra forma de preservar la vida. Este es
uno de los ejemplos de la protección entendida
con integralidad que no sólo suple las
emergencias humanitarias derivadas de las
situaciones de riesgo, sino que a su vez, se
piensa a mediano y largo plazo: una comunidad
saludable y capacitada, resiste y piensa
soluciones mucho más efectivas a la
intervención y agresión de los actores, que una
comunidad mendiga de sus derechos.
Otro de los logros alcanzados por CAMAWARI
en cuanto a su propia defensa es el enfoque
diferencial de género. Sus políticas internas y
externas dan cuenta de la mujer como sujeto
activo de las comunidades y como parte
fundamental de la toma de decisiones que
afectan a todos. Este posicionamiento es posible
gracias a las reflexiones internas de la
organización y al acompañamiento de
instituciones internacionales como Acnur.
Si bien existen aprendizajes individuales en
cada organización, hay algunos que convergen
hacia el mismo punto. Como es el caso de los
planes de salvaguarda, derivados del Auto 004
de la Corte Constitucional donde se asegura
que el pueblo Awá vive bajo amenaza de
exterminio cultural y físico, situación que impulsa
a las comunidades indígenas a formular estos
proyectos para evitar su desaparición.
Estos planes se convirtieron en el escenario
propicio para la discusión y construcción de
conceptos colectivos de protección como el
respeto por el territorio, la autonomía, el
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llous
71
derecho, la consulta previa, la educación y la
salud propias, entre otros. “Estos planes obedecen
al ideal de vida que nosotros hemos construidos
desde hace varios años. Pero ante semejante amenaza
es necesario gestionar planes mucho más ágiles….
Pero lo que necesitamos es que el Gobierno cumpla
con lo que ya se ha comprometido y no ha hecho,
porque el Plan de Salvaguarda va a quedar muy
bien en el papel pero ¿si el Gobierno sigue
incumpliendo?”, señala Rolando Canticus,
representante legal de CAMAWARI.
Sueños y futuro
En agosto de 2009, cuando el Relator Especial
de las Naciones Unidas para pueblos Indígenas,
vino en visita oficial a Colombia, para verificar
la situación de exterminio de estas
comunidades, jamás imaginó encontrar un
panorama tan contradictorio y denigrante. Sólo
en esa semana dos indígenas Awá fueron
asesinados y uno más desaparecido. Por esto
y muchas razones de peso como la muerte
sistemática de cientos de indígenas, el informe
final del relator consigna en su punto número
11: “Para el Relator Especial resulta de extrema
gravedad y preocupación alarmante que, a pesar del
plan de salvaguarda, poco tiempo después de realizada
su misión, en agosto de 2009, se hubiese perpetrado
una nueva masacre contra el pueblo Awá.”4
Es por ello que, con un presente de tanta
incertidumbre y amenaza, el futuro no pinta
nada bien. “Nuestra cultura nos enseña que los
sueños son un reflejo del futuro; cuando un sueño
importante llega a nuestra vida, hay que atenderlo,
eso nos protege y nos prepara para lo que
viene…hemos tenido sueños, sueños de muerte, de
camiones y aviones, helicópteros y personas extrañas,
por eso podemos decir que el futuro trae cosas malas”
indica Gabriel Bisbicus de UNIPA, quien con
su sonrisa característica, asegura que el peligro
de exterminio para el pueblo Awá de Nariño
continúa.
“Pero, aunque los sueños nos traigan cosas malas,
los mayores han dicho que no vamos a irnos del
territorio y que la fuerza del pueblo Awá va a resistir
si estamos unidos, si trabajamos con los demás
‘hermanos menores’ que nos apoyan y, sobre todo,
si respetamos a la madre tierra, limpiándola de
sangre y muerte, que es lo único que nos han dejado
los armados”, concluye.
“Los espíritus pueden llegar a matar a una persona
comiéndosele el alma o “izput”. La Vieja, quien
antiguamente fue quemada por los Awá y desterrada
de sus viviendas por comerse a los niños, y que
actualmente vive en las peñas, es dueña de la peña
blanca, se baña en las chorreras y caza cangrejos de
los ríos, es verdaderamente un espíritu peligroso
que, aunque actualmente ya no come niños, es capaz
de comerse el espíritu de un cazador que haya matado
más de tres perdices…”. Parece que “la vieja”,
efectivamente, vive aún entre las peñas y
montañas del territorio Awá, pero este espíritu,
ahora viste de camuflado o de civil, con armas,
expirando por sus fosas el humo de la muerte,
arrancando de la tierra la vida de los indígenas
con tal crueldad y sevicia, que intenta
exterminarlos para siempre.
Los árboles de los resguardos Awá que durante
experienciasde protección
72reVelando
1 Resistencia Indígena en el Sur de Colombia (Nariño).29 de septiembre de 2007. http://soldelospastos.nireblog.com/post/2007/09/20/resistencia-indigena-en-el-sur-de-colombia-narino
2 Datos consolidados por UNIPA 2010.
3 Pai, José Libardo; Bisbicus, Gabriel y Nastacuas, Rider Pai. Comunicación con los espíritus de la naturaleza para la cacería, pesca, protección, siembra y cosecha en el pueblo indígena Awá de Nariño. Universidad Autónoma Indígena Intercultural (UAIIN). 29 de noviembre de 2009
4 La situación de los pueblos indígenas en Colombia: seguimento a las recomendaciones hechas por el Relator especial anterior. Consejo de Naciones Unidas. 8 de enero de 2010
cientos de años han sustentado sus tierras y su
cultura, hoy son convidados de piedra ante la
brutalidad de la guerra. Sus espíritus, que se
manifiestan en los sueños, el clima, y hasta en
tareas tan sencillas como la caza y la pesca,
señalan un peligro que viene de otras tierras.
Pero ante una amenaza que sobrepasa la
capacidad del mismo gobierno, sólo el retomar
las prácticas tradicionales y los fundamentos
mismos de la cultura Awá, combinados con
algunas experiencias occidentales, garantizarán
la pervivencia de esta comunidad indígena
nariñense.
Puede que estos señores de la selva hayan sido
golpeados, y su desaparición sea casi inminente,
pero su coraje y fortaleza espiritual, los ha
hecho resistir, y lo seguirán haciendo. Pero,
nosotros, desde distantes zonas de la geografía
nacional podemos apoyar y acompañar a los
indígenas Awá, ya que también depende del
ciudadano común el protegerlos de su
desaparición, no con las armas o el dinero,
simplemente con no condenarlos al peor de los
exterminios: el olvido.
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reVelando
Experiencias de protección
Oxfam Gran Bretaña*
Visibilizar la realidad regional: un reto de la comunicación desde las organizaciones
74
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Equipo Salud, Misión Chocó. Riosucio, Chocó, 2009
protección75
Bien lo decía Edward Barneys -considerado
el padre de las relaciones públicas- sobre la
importancia de la opinión pública y su capacidad
no sólo de juzgar sino también de posicionar,
exaltar o hacer fracasar cualquier institución. Y
es que la opinión pública, sin duda, constituye
la voz viva de cada uno de los ciudadanos que
luchan por el fortalecimiento de la democracia
y por un Estado Social de Derecho.
Sin embargo, en Colombia el libre desarrollo de
una ciudadanía activa se ha visto gravemente
afectado por la imposición de un discurso que
invoca un Estado de opinión por encima de un
Estado de Derecho y persuade a una gran parte
de la población a estigmatizar y señalar a aquellos
que trabajan por los derechos de los más
vulnerables.
Las organizaciones de la sociedad civil han
padecido esta política de pensamiento único
porque han visto opacada su labor debido a la
construcción y divulgación de mensajes que
llevan al señalamiento y a deslegitimar el trabajo
que realizan en favor de la democracia. En
consecuencia, este ambiente de polarización ha
reducido sus espacios de acceso e interacción
con la opinión pública.
¿El reto? Desarrollar estrategias dirigidas a
difundir información, así como a formar una
ciudadanía más activa y buscar canales y
mecanismos que generen un mayor
acercamiento hacia la opinión pública para que
conozca y reconozca la labor de las
organizaciones y actúe conjuntamente en la
defensa de los derechos de la sociedad.
Es necesario que las organizaciones construyan
un diálogo con aquellos canales encargados de
informar e influir en la percepción de la sociedad:
los medios de comunicación.
Organizaciones y medios: una buena alianza
Desde hace más de un año se desarrolla la
iniciativa de invitar a periodistas de diferentes
medios de comunicación nacional e internacional
a visitar las zonas más alejadas del país y
evidenciar la problemática social que se vive,
así como la difícil situación de derechos humanos.
Con esta idea se busca afianzar el diálogo entre
las organizaciones y los medios de comunicación
y consolidar los espacios orientados a la difusión
de una información equilibrada y veraz sobre
esta realidad en el país.
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Misión Chocó. Riosucio,Chocó, 2009
La Misión Periodística a terreno es parte del
proyecto de fortalecimiento de opinión pública
que desarrolla Oxfam Gran Bretaña con el apoyo
de la Embajada del Reino Unido. Esta actividad
ha contado con el apoyo y la coordinación del
Programa Somos Defensores y con la
participación en una de las misiones del proyecto
Reporteros de Colombia (CINEP - Programa
por la Paz, Medios para la Paz y la Universidad
Javeriana).
El proyecto nace de la necesidad de generar
espacios de interacción entre las poblaciones
más vulnerables y los medios, en donde las
comunidades puedan describir sus realidades
sin ningún tipo de sesgo o temor y los periodistas
difundan la información, no desde las salas de
redacción, sino desde el lugar de los hechos.
Para dar paso a este proceso, se hizo inicialmente
un mapeo para identificar aquellas zonas que
viven una crítica situación social y de derechos
humanos y que además han sido totalmente
ignoradas por los medios. Este seguimiento
permitió escoger algunos sectores de la población
que no han sido escuchados. Después del análisis
se estableció una agenda de acción, así como los
medios de comunicación que podrían asistir y
presentar una información más ajustada a la
realidad.
Inicialmente se evidenció cierto hermetismo de
los medios, pues pensaron que al aceptar y
trabajar en estas propuestas podrían enfrentarse
a algún tipo de manipulación de la información,
argumento que fue totalmente superado tras el
exitoso primer viaje con un medio internacional
a Nariño.
Hasta hoy se han realizado cuatro misiones
periodísticas a los departamentos de Cauca,
Chocó y Nariño, donde las comunidades
indígenas han retratado la problemática social
en el Chocó, la lucha por la vida en Villa Nueva,
después de la terrible masacre en Bojayá, hasta
el esfuerzo y la dedicación de un equipo de
fútbol infantil en ese departamento, que guarda
la esperanza de conseguir un gran patrocinador.
Esta iniciativa abre la posibilidad de generar
nuevos espacios a las organizaciones y a las
comunidades para transmitir su propia realidad
y convertirse en protagonistas ante los medios
de comunicación.
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Misión Cauca2009
Acceso a la información desde la región
Las misiones no
sólo les generan un
beneficio a las
c o m u n i d a d e s
s i n o a l o s
comunicadores
y a las empresas
periodísticas que
r e p r e s e n t a n
p o r q u e h a n
encontrado un
lugar para elaborar
i n f o r m e s
profundos a partir
del encuentro con diversidad de fuentes y con
una perspectiva actual de país.
Pero la gran beneficiaria ha sido la opinión
pública, al conocer de primera mano a las
comunidades más vulnerables -algunas de ellas
poco conocidas- y tener la posibilidad de hacer
una lectura más precisa sobre la coyuntura
política y social.
Según Marisol Manrique, directora de la
organización Medios para la Paz, el proceso de
investigación que desarrollan los comunicadores
en torno a conflictos regionales no logra abordar
toda la realidad: “Hay algunos esfuerzos por
profundizar sobre temáticas con enfoques
regionales, pero estos de ningún modo son
prioritarios en la agenda de los medios
nacionales. Esto hace que la gente del común
sólo conozca una parte de lo que ocurre
regionalmente y no pueda hacer las conexiones
necesarias para entender el conflicto y sus
consecuencias”.
La directora de esta
organización opina
q u e e s t a s
iniciativas son
muy importantes
porque acercan al
periodista a un
contexto más
palpable que, a su
vez, es transmitido
a la ciudadanía.
“Hay dos valores
fundamentales en
una idea como
ésta: el primero, que se brinden las condiciones
necesarias para que los colegas lleguen a distintos
lugares y realicen trabajo de campo, tan limitado
ahora en los medios de comunicación. El
segundo, que quien lidera la iniciativa no incida
en la información que resulta de este ejercicio y
que respete el enfoque que los reporteros quieran
dar a sus trabajos”.
Las misiones también contribuyen a la
construcción de mensajes que promuevan su
labor e incrementen los niveles de protección
tanto de las comunidades como de las
organizaciones.
Por su parte, Juan Esteban Mejía, periodista de
Semana.com y quien ha participado en varias
de las misiones desarrolladas en las regiones,
tiene su propia visión: “Es una idea muy astuta
de las organizaciones, porque independien-
temente de los informes y estudios que realicen
77 protección
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Misión de prensa,Chocó, 2009
y expongan a la opinión pública, uno como
periodista necesita el acceso a la información,
para contar historias diferentes. Además, le abre
los ojos a una realidad distinta de la que se
maneja desde Bogotá... definitivamente es un
muy buen ejemplo de trabajo en equipo”.
Resultados como la oportunidad de acceder a
los medios de comunicación y mejorar el diálogo
entre estos y las organizaciones, se han dado
gracias a la transparencia con la que se ha
manejado este proceso, sin ningún tipo de
presión o influencia en el manejo de la
información y respetando siempre el enfoque
periodístico de los participantes.
El reto ahora es llegar a una gama amplia de
ciudadanos en Colombia que reconozcan la
situación y el esfuerzo valeroso de las
comunidades por sobrevivir a pesar del peso
del conflicto y que comprendan la importancia
de las organizaciones sociales en el país, su
trabajo y contribución a la democracia y al
ejercicio de la libre expresión.
“La opinión pública es el producto del proceso
transformativo de información introducida en el
sistema abierto de clima de opinión pública”,
Otto Baumhauer
Familia wayuúhabitantes de la
Alta Guajira.
78reVelando
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80 logros
Logros del ProyectoUnión Europea-año 3Garantías y protección para los defensores ydefensoras de derechos humanos en Colombia-CRIS2006/1318228- Año Dos
Eje de protección y pedagogía
En el último año esta estrategia respondió a las demandas de
capacitación y protección de las organizaciones de mujeres,
organizaciones de comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas,
redes regionales y plataformas nacionales en situación de riesgo por
su labor. Se realizaron 22 talleres en varias regiones del país.
• Un total de 661 personas, entre hombres y mujeres, lograron
sensibilizarse y capacitarse en temas como análisis y evaluación
de riesgo y formulación de planes de protección y autoprotección.
Igualmente, el equipo del Programa Somos Defensores apoyó
procesos de actualización de los planes elaborados el año
anterior.
• Un 43% del total de la población beneficiaria de capacitación,
correspondió a lideresas y defensoras de derechos humanos
en situación de riesgo ubicadas en zonas urbanas y rurales de
Bogotá, Guajira, Huila, Cauca, Nariño, Valle, Santander, Norte
81reVelando
de Santander, Atlántico, Bolívar,
Magdalena Medio.
• El 57% del total de beneficiarios de la
capacitación fueron hombres, defensores
de derechos humanos, líderes de
o r g a n i z a c i o n e s i n d í g e n a s ,
afrodescendientes, campesinas y de
pescadores. Los procesos pedagógicos se
orientaron a actualizar y promover planes
de protección y autoprotección
(formulados el año anterior) y a buscar
nuevas alternativas en protección que
respondan a las necesidades concretas,
por razones de género y etnia, de acuerdo
con los Autos 092, 004 y 005 de 2009
promulgados por la Corte Constitucional.
• En alianza con la embajada de Suecia y
Front Line Defenders, el Programa Somos
Defensores y la Asociación Minga
realizaron el segundo Seminario Nacional
de Protección de carácter descentralizado
(Bucaramanga, Cali y Bogotá). El evento
se orientó a la identificación de
experiencias exitosas en protección
desarrolladas en Colombia.
• Con el apoyo del Centro de Atención
Psicosocial se efectuó en Bogotá el tercer
seminario del proyecto en Actualización
de riesgos y estrategias psicosociales para
manejo del miedo.
Durante el último año, con el auspicio del
proyecto de la Unión Europea y otras
financiadoras, se alcanzaron los siguientes
objetivos en materia de protección directa:
• Proteger a 82 defensores y defensoras de
derechos humanos, hombres, entre
quienes se encontraban líderes
campesinos, afrodescendientes e
indígenas, lideresas sociales y de
organizaciones de víctimas, defensoras y
una periodista.
• El 69% del total de beneficiarios
corresponde al género masculino. Un gran
porcentaje de ellos obtuvo protección en
la modalidad de ayudas humanitarias
(38), seguidos de pasantías nacionales
(31), pasantía internacional (5) proyectos
productivos (4) y apoyo de posretorno (4).
• Un total de 37 mujeres, es decir el 31%
del total de la población, defensoras de
derechos humanos y líderes sociales,
recibió protección en la modalidad de
apoyo humanitario (13), seguido por
pasantía nacional (12), proyecto
productivo (6), pasantía internacional (3),
y apoyo posretorno (3).
82 logros
• El Programa otorgó un total de 119 ayudas
entre marzo de 2009 y febrero de 2010.
En concordancia con el deber que tiene el Estado
de proteger a defensores y líderes sociales, el
equipo de protección apoyó a la Asociación
MINGA en su representación ante el Comité de
Evaluación y Reglamentación de Riesgos (Crer).
• Durante este periodo, en 15 sesiones del
Crer, se aprobaron medidas colectivas e
individuales para 530 defensores y líderes
sociales en alto riesgo.
• También participó en cuatro reuniones
del Crer para concertación de medidas
cautelares.
• Igualmente, el Programa hizo seguimiento
y acompañamiento para cumplir con las
medidas aprobadas en estas reuniones.
Este proceso se extendió a organizaciones
de víctimas, de indígenas, de
afrodescendientes y de mujeres en
diferentes regiones, así:
• El Encuentro Nacional de Víctimas en
Bogotá (marzo de 2009); la Minga
humanitaria del Pueblo Awá en Nariño;
la Conmemoración del décimo aniversario
de las masacres en el Catatumbo y el
trabajo de protección de los pueblos
ancestrales de la Sierra Nevada de Santa
Marta, Guajira y el Pacífico Caucano.
• Se acompañó a defensores y defensoras
pertenecientes a Agenda Caribe en el
proceso de exigibilidad de derechos de
las víctimas en Atlántico, Sucre y Guajira.
• De igual manera, se promovió y apoyó el
intercambio de experiencias en protección
de diferentes organizaciones de derechos
humanos, organizaciones sociales y redes,
mediante dos seminarios nacionales y
encuentros en las regiones donde
participaron las organizaciones hermanas,
plataformas y redes aliadas del Programa.
Eje de comunicación y sensbilización
En la perspectiva de comunicar para proteger,
el Programa Somos Defensores, con el apoyo
de la UE, logró:
• Visibilizar en los niveles nacional e
internacional las graves situaciones de
derechos humanos en territorios indígenas
(Pueblos Kankuamo y Awá) y
afrodescendientes (pacífico caucano), a
través de medios masivos de
comunicación, como la televisión.
83reVelando
• Publicar en la página web del Programa,
www.somosdefensores.org, 24 boletines
virtuales y piezas comunicativas, entre
otras, que revelan la delicada situación
de riesgo de los defensores y defensoras
de derechos humanos en Colombia.
• Publicar 34 notas, dos videos (Misión a
la Sierra Nevada a los resguardos
indígenas Kankuamos) realizados por el
Coordinador de Comunicaciones del
proyecto; entrevistas y reportajes sobre
los procesos de las víctimas, en la
comunidad nacioinvisible.com (alianza
entre la revista semana.com, Asociación
Minga, Corporación Nuevo Arco Iris y el
Programa).
• Realizar dos foros en las Universidades
Santo Tomás y de Los Andes sobre
Aplicación de la ley de justicia y paz en
Colombia: logros y dificultades desde la
perspectiva de las víctimas, que tuvieron
cubrimiento e impacto en medios de
comunicación alternativos y masivos.
• Acompañar a la organización Unipa del
pueblo indígena Awá de Nariño, en
lacorrección de estilo, diseño,
diagramación e impresión del libro
Comunicacióncon los espíritus de la naturaleza
para la cacería, pesca, protección, siembra y
cosecha en el pueblo indígena Awá de Nariño.
Febrero de 2010.
• Publicar el tercer número de la revista
reVelando. Febrero de 2010.
• Publicar el Manual para proteger a
defensores y defensoras: Un canto
paraPersistir. Febrero de 2010.
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res
84 logros
• El Programa Somos Defensores se
posicionó como un espacio de protección
gracias al fomento de unas mejores
relaciones y contactos con la prensa del
país; al monitoreo de medios de
comunicación y a la remisión de 48 noticias
y 14 informes relevantes sobre los
resultados de su trabajo, entre marzo de
2009 y marzo de 2010. Así mismo, se
actualizó la base de datos de más de 50
periodistas que cubren el tema de la
protección de derechos humanos en todo
el país.
Mediante el trabajo de Comunicaciones se acercó
a los periodistas y medios de comunicación a la
problemática que se presenta en este territorio.
Esto con el fin de brindar las mejores herramientas
de juicio para el cubrimiento de los hechos que
allí suceden. En tal sentido se logró:
• Dar apoyo a la difusión de comunicados
y acompañar a los comunicadores
durante la Misión humanitaria del pueblo
Awá de Nariño. Hacer un cubrimiento
fotográfico y fílmico del desarrollo de la
Minga en el lugar de salida. Elaborar un
video documental para medios de
comunicación.
• Realizar dos misiones periodísticas a los
departamentos de Cauca, Chocó y Nariño,
con la participación de la comunidad y
de la dirigencia indígena, afrodescendiente
y de otras organizaciones de las regiones.
• Publicar ocho informes especiales en
medios masivos nacionales y uno
extranjero y cuatro programas especiales
de televisión emitidos por Cable noticias.
Con respecto a la asesoría permanente en
comunicaciones a organizaciones sociales,
de derechos humanos nacionales y
plataformas se concretó lo siguiente:
• Realizar cinco talleres regionales para
formar en diálogos estratégicos en
comunicación, Voceros y Voceras de las
Plataformas (Nacional, Nodos Caribe,
Nororiental y Suroccidente) y diez talleres
locales para enseñar sobre herramientas
comunicativas.
• Capacitar a la Mesa de Pueblos Indígenas
del Putumayo y a la organización
Acsomayo en Comunicar para proteger,
usando herramientas técnicas y
conceptuales sobre la comunicación en
las organizaciones y el perfil de voceros
y voceras en la organización e identificar
escenarios propicios para el desarrollo de
la comunicación por dentro y por fuera
de cada organización y para la producción
radial comunitaria. Como producto de
este proceso se instalaron dos centros de
producción radial y se capacitó en edición
radial y producción a un grupo de cada
organización.
• Acompañar a la Misión al Catatumbo,
evento conmemorativo en el marco de la
Campaña Mira al Catatumbo. En el
certamen que se realizó del 17 al 19 de
julio de 2009 participaron 150 personas.
85reVelando
• Hacer dos entrevistas a víctimas de la
masacre para publicar por Minga en
acuerdo con una Corporación Cultural
que realizará los productos finales de la
Misión. Realizar registro fotográfico y
fílmico de la jornada como insumos para
la elaboración de materiales.
• Participar en la creación del espacio de
articulación interinstitucional: Opinión
pública, derechos humanos y comunicación,
con la participación de los coordinadores
(as) de comunicaciones de las
organizaciones de derechos humanos,
desarrollo y paz de OXFAM GB, Medios
para la Paz, Reporteros por Colombia,
Universidad Javeriana, Codhes y
Programa Somos Defensores (cinco
mujeres, tres hombres). Entre agosto 2009
y febrero 2010 se realizaron 11 reuniones
en las que se discutieron las líneas
temáticas y conceptuales de la
comunicación y sus discursos desde la
sociedad civil, dirigido a la opinión pública
nacional e internacional por medio de los
medios masivos de comunicación. Con
estas reuniones se definieron temas
importantes para las organizaciones y la
sociedad civil colombiana que deben ser
visibilizados y posicionados en la opinión
pública.
• Diseñar el componente de comunicaciones
y opinión pública de la Campaña nacional
e internacional para los defensores y defensoras
de los derechos humanos: por el derecho a
defender los derechos humanos en Colombia.
El equipo de comunicaciones del Programa
promovió reuniones con las comunicadoras de
organizaciones y propuestas con publicistas
externos, pero finalmente estuvo a cargo de toda
la estrategia de lanzamiento de la Campaña
realizada en Bogotá en septiembre de 2009.
Como resultado de esta gestión se obtuvieron
los siguientes resultados:
* Publicación de un comunicado de
prensa.
* Cubrimiento fotográfico del evento.
* Grabación del evento. Convocatoria
masiva de prensa. Realización de clip
promocional de campaña. Publicación
de 22 notas de prensa en medios
nacionales y extranjeros.
• Apoyar a Oxfam GB en varias actividades
de visibilización que tiene el Programa, a
través de los contactos con medios:
Lanzamiento de informe de ABColombia
junto con la Embajada Británica en Bogotá
con 35 participantes el 14 de mayo de
2009. Un comunicado de prensa. 12 salidas
en prensa nacional e internacional;
mercados campesinos, julio 2009.
• Apoyar a la Corporación Reiniciar en el
Lanzamiento del Informe Anual 2009 del
Observatorio para la Protección de los
Defensores de Derechos Humanos,
programa conjunto de la Organización
Mundial contra la Tortura (OMCT) y de
86 logros
la Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH) - La perseverancia del
testimonio. Difusión de comunicado,
informe de prensa, cubrimiento
fotográfico del evento, el 22 de julio de
2009.
• Apoyar al Techo Común integrado por
las plataformas de derechos humanos en
la preparación y realización de las visitas
de los relatores especiales de la ONU,
cumplidas entre junio y septiembre de
2009, sobre ejecuciones extrajudiciales,
para pueblos indígenas y para
defensores(as).
Con la colaboración del equipo de
comunicaciones del Programa y de las
comunicadoras de las organizaciones que
integran las Plataformas se logró la
publicación de seis comunicados de
prensa y de 46 noticias en medios
nacionales e internacionales.
• Participar en reuniones de preparación de
las comunicaciones - agenda de difusión,
o incidencia- de la visita de la Misión de
verificación de la situación de derechos
humanos en Colombia realizada por un
grupo de diputados españoles, en las que
participaron delegados de las Plataformas
de Derechos Humanos y Paz de
Colombia, el Programa Somos
Defensores, delegados de la Plataforma
por la paz y los derechos humanos en
Colombia. La directora de comunicaciones
del Programa realizó cubrimiento en
video de toda la misión; los casetes
originales fueron entregados a la
plataforma española para su edición y
publicación. Con la participación del
equipo de comunicaciones del Programa
y de las comunicadoras de las
organizaciones que integran las
plataformas se logró, en enero de 2010, la
publicación de cuatro comunicados de
prensa y el registro de 32 noticias en
medios regionales, nacionales e
internacionales sobre la Misión.
En incidencia política
Durante este tiempo, con el apoyo de la Unión
Europea, el trabajo de incidencia política para
fortalecer la protección del Estado a los
defensores y defensoras en Colombia, presentó
los siguientes resultados:
• Con otras ONG de derechos humanos, la
CUT, la Asociación MINGA y la
Coordinadora del Programa formularon
una propuesta para que una unidad
especial adscrita al Ministerio del Interior
asuma los esquemas de protección para
defensores y líderes sociales en riesgo. La
idea fue presentada al Gobierno nacional
en el marco de la visita de la relatora
especial de la ONU para la situación de
los defensores, en septiembre de 2010.
• En este período se realizaron en Bogotá
diez agendas de incidencia con Gobierno,
Estado y cuerpo diplomático para
87reVelando
promover medidas de protección política
y material para los procesos acompañados
directamente por el Programa.
• La Coordinadora del Programa asesoró,
gestionó y asistió a organizaciones sociales
en reuniones de interlocución con
embajadas en Bogotá, para solicitar
acompañamiento y apoyo diplomático a
los procesos de exigibilidad de derechos
que desarrollan organizaciones de
víctimas, afrodescendientes, indígenas y
defensores y defensoras en las regiones.
• La interlocución con la Policía Nacional,
con el Ministerio del Interior y Justicia, la
Fiscalía General de la Nación y la
Defensoría del Pueblo de acuerdo con los
espacios y mandatos de cada una, ha sido
de utilidad para mantener el nivel de
presión sobre el Estado colombiano en
materia de cumplimiento de sus
obligaciones nacionales e internacionales
en cuanto a la protección de los defensores
y defensoras y líderes y lideresas.
• Apoyo a la visita de la Relatora Especial
de Naciones Unidas para los defensores
de derechos humanos en los niveles
nacional y regional. Participación en
reuniones de seguimiento de las
recomendaciones de la ONU al Estado
colombiano en materia de derechos
humanos.
Para fortalecer redes de apoyo a los defensores
y defensoras y líderes y lideresas sociales en los
ámbitos nacional e internacional, el equipo del
proyecto contribuyó a:
• La preparación de la visita de la relatora
Especial de Naciones Unidas para
defensores de derechos humanos, donde
se logró presentar la situación de los
defensores y defensoras en Colombia.
88 logros
• Comunicación permanente y articulación
de acciones con Human Right First y
USOC en Washington, ABColombia en
Londres, Oidhaco en Bruselas para
incidencia política en Estados Unidos que
contribuya a la protección de los
defensores(as) en Colombia.
• Formación y capacitación a organizaciones
de derechos humanos en el Estado de
Guerrero (México), en los temas de riesgo
y protección; con la asesoría de la
coordinadora del Programa y la
coordinadora de Protección se inició un
proceso de formulación de planes de
protección de las organizaciones de
derechos humanos, en Tlapa de
Comonfort, Chilpancingo, Ayutla de los
Libres y reuniones con OACNUDH y el
Centro PRODH Agustín Juárez en el
Distrito Federal (abril -noviembre de 2009).
• Concretar el apoyo de más de 270
o r g a n i z a c i o n e s c o l o m b i a n a s ,
estadounidenses, europeas y de América
Latina, que suscribieron la Campaña por
el Derecho a Defender los Derechos
Humanos en Colombia.
Para lograr una declaración y
recomendaciones sobre cambios en la
política de garantías y protección a
defensores y defensoras, documentos que
son la base para las acciones desarrolladas
por la Campaña, hubo un trabajo previo
de varios meses. El Programa impulsó
desde principios de 2009, diversas acciones
de información y comunicaciones para
estructurar la propuesta de Campaña, con
el apoyo decidido de la agencia Christian
Aid; propició un equipo dinamizador a
través del cual se logró que en julio las
Plataformas de Derechos Humanos y
DIAL, retomaran la iniciativa y se
comprometieran a trabajar conjuntamente
en una sola propuesta de Campaña.
El lanzamiento de la Campaña se hizo en
Bogotá el 9 de septiembre con presencia
de la relatora de Naciones Unidas para
la situación de Defensores, de visita oficial
a Colombia. El evento logró un importante
cubrimiento de prensa y elevó la atención
de sectores de la opinión pública a las
propuestas presentadas por los defensores
colombianos, apoyadas por las
organizaciones internacionales que
suscriben la Campaña.
• Para fortalecer las acciones de la Campaña,
el Programa coordinó la estrategia de
Información consistente en la producción
de informes sobre agresiones a defensores
y defensoras. Por ello, entre marzo y
septiembre de 2009, el Programa coordinó
diversas acciones para definir el marco
conceptual, las categorías, los cambios
técnicos y la actualización del Sistema de
Información sobre Agresiones a
Defensores y Defensoras en Colombia
(SIADDHH) del Programa.
• Actualización de casos, redacción y
publicación de un informe sobre
89reVelando
agresiones en el período 2002-2008,
septiembre de 2010.
• Definición de casos tipo, redacción y
publicación de un informe sobre
impunidad en casos de defensores(as) en
Colombia. Primera versión para revisión:
febrero de 2010.
• Elaboración de agenda y acompañamiento
a la visita de Front Line para visibilizar la
situación de los defensores y defensoras
de derechos humanos de los niveles
nacional y regional. Se realizaron
reuniones con organizaciones del nivel
nacional, del suroccidente y del nororiente
del país.
En medio de un contexto complejo caracterizado
por la estrategia de recuperación social del
territorio del actual gobierno, las confrontaciones
entre guerrilla y Fuerza Pública, principalmente
en el suroccidente, la expansión del narcotráfico
sobre el Pacífico, las mutaciones de los
paramilitares en todo el país, este año se mantuvo
la interlocución con el Gobierno alrededor de
las garantías políticas para los defensores de
derechos humanos.
• El equipo del Programa Somos Defensores
apoyó Metodológicamente a las
plataformas de derechos humanos para
asegurar que el Estado brinde garantías
políticas a los defensores y defensoras
colombianas.
• Igualmente, acompañó el proceso
preparatorio nacional de las
84 logros
organizaciones sociales y de derechos
humanos en la Mesa Nacional de
Garantías. Asesoró metodológicamente
la realización de 13 audiencias en Bogotá,
Pasto, Popayán, Medellín, Pereira, Cali,
Cúcuta, Bucaramanga, Barrancabermeja,
Barranquilla, Sincelejo, Arauca y Mocoa
con la participación de más de 700
Personas: 52% hombres y 48% mujeres,
representantes de organizaciones sociales
y de derechos humanos. El resultado de
esta gestión se evidencia en propuestas
organizadas y concretas sobre el tema
para presentar, discutir y concertar en la
audiencia regional de garantías con el
Estado Colombiano.
• También hizo parte del comité de
seguimiento, junto con representantes del
Estado y la comunidad internacional al
proceso de garantías, haciendo propuestas
técnicas para el seguimiento y monitoreo
de los compromisos acordados entre el
Estado colombiano y la sociedad civil.
• El equipo preparó y participó en reuniones
con el G-24 que agrupa a siete embajadas,
la Embajada de Estados Unidos y el
Sistema de Naciones Unidas, para poner
en conocimiento de estas entidades
situaciones individuales y colectivas de
riesgo de organizaciones de derechos
humanos e incidir políticamente ante el
Estado colombiano.