Grupo de Economistas plantean la derogatoria de la Ley 30288 porque es discriminatoria, perjudica a los jóvenes y precariza aún más el empleo en el país

Los economistas y profesionales abajo firmantes consideramos necesario que el Congreso de la República derogue la Ley N° 30288, del régimen laboral juvenil o llamada Ley Pulpin, por las siguientes razones.

1. La Ley N° 30288 es abiertamente discriminatoria con TODAS las personas de entre 18 y 24 años que buscan o necesitan participar en el mercado laboral en nuestro país, es decir con dos millones y medio de peruanos y peruanas. Para ellos esta norma crea un régimen laboral "especial" que elimina los derechos a recibir CTS, gratificaciones, vacaciones completas y asignación familiar. Esta ley NO crea derechos, como engañosamente dicen sus promotores, sino que LOS RECORTA con el objetivo de reducir costos laborales en favor de mayores ganancias empresariales.

2. Antes de esta norma los jóvenes tenían los mismos derechos laborales que todos los peruanos. Luego de esta ley los jóvenes tienen MENOS derechos laborales, es decir, se les trata en forma discriminatoria e indigna, como ciudadanos de segunda categoría, en flagrante transgresión a la Constitución Política. Ni el gobierno ni los empresarios "otorgan" derechos laborales a nuestros jóvenes, éstos los tienen por ley y deben ser los mismos que tenemos todos los peruanos, lo que es obligación del Estado garantizar. Cuando un gobierno como el actual reniega de la función de ser garante de los derechos laborales, lo que hace es desproteger aún más a nuestros jóvenes buscando legalizar mayores niveles de explotación en el trabajo.

3. Esta Ley está casi exclusivamente orientada a beneficiar a las empresas medianas y grandes que ahora podrán sustituir trabajadores con derechos por trabajadores con menos derechos. La sustitución de un trabajador del régimen general por uno del régimen juvenil representa una reducción del costo laboral por trabajador de hasta 40%, con mayores ganancias para los empresarios. Esta sustitución no puede ser evitada por los supuestos "candados" de la Ley y su reglamento porque la mayor parte de la planilla de las empresas está en contratos temporales sujetos a vencimiento sin obligación de renovación. Cada mes vencen en el país miles de contratos de trabajadores formales que ahora podrán ser sustituidos por trabajadores del régimen juvenil sin violar esta ley. No hay candado alguno que evite este proceso de sustitución de trabajadores para reducir costos laborales en las medianas y grandes empresas. Ese es el verdadero y velado objetivo de la Ley Pulpin.

4. No es cierto que esta ley pueda reducir la alta informalidad laboral de los jóvenes. El 70% de los jóvenes sin contrato laboral se encuentra en las micro y pequeñas empresas (MYPES), las cuales ya tienen un régimen especial con un costo laboral "no salarial" de 5%, inferior al 14% del nuevo régimen juvenil. Las MYPES no tienen mayor incentivo para acogerse a un régimen que es más caro que el que ya tienen. El régimen especial de MYPES tiene más de una década en el país y no se ha incrementado sustancialmente su formalización (hoy es de sólo 8.4% de estas empresas). El argumento de la pretendida formalización ha sido y es utilizado por los impulsores de esta ley para pretender confundir a la opinión pública y a los propios jóvenes, disfrazando el verdadero objetivo de degradar el régimen especial y abaratar costos laborales.

5. Tampoco es cierto que la Ley pueda ser efectiva para promover la capacitación de los jóvenes. Antes de esta Ley ya existía una regulación específica para incentivar la inserción y

capacitación laboral juvenil mediante modalidades formativas laborales (Ley N° 28518) que pueden y deben ser más utilizadas por las empresas. Igualmente, en términos de capacitación, también ya existía la Ley N° 29498 (del 2010) llamada Ley de Promoción a la Inversión en Capital Humano y su modificatoria por DL 1120 (2013), la cual permite a las empresas deducir gastos para fines de capacitación de sus trabajadores sin mayores restricciones administrativas ni topes externos. Es decir, las empresas ya tenían instrumentos legales específicos e incentivos para destinar recursos a la capacitación tanto de jóvenes como de los trabajadores en general. En esta materia, la ley es redundante y poco novedosa.

6. La llamada Ley Pulpín es parte de una ofensiva ideológica y política de sectores empresariales rentistas que buscan recortar derechos y salarios de todos los peruanos con el pretexto de la desaceleración económica generada por la vulnerabilidad del modelo primario-exportador. Durante la última década de crecimiento exportador ligado a altos precios internacionales de materias primas, los salarios reales de los peruanos se estancaron (no crecieron prácticamente nada entre 1998 y 2012) mientras sí crecían fuertemente las ganancias empresariales. Ahora que el crecimiento primario-exportador parece haberse agotado, sus defensores ideológicos y en el gobierno pretenden ajustar la economía por el lado más débil, es decir, deteriorando los salarios e ingresos laborales de la población.

7. La experiencia de la economía peruana indica que el deterioro de los salarios reales nunca ha generado más empleo sino todo lo contrario. Menores salarios reducen la demanda interna y se perjudica el crecimiento económico nacional. En un contexto de desaceleración económica como el actual por la caída en la demanda externa de materias primas, el deterioro de salarios de los trabajadores peruanos lo único que esto va a generar es una menor demanda interna y más desigualdad del ingreso, con menor crecimiento y menos empleo. La llamada Ley Pulpín no sólo es inconstitucional e injusta para los jóvenes peruanos sino que profundiza una errada política económica que va en contra de los intereses de las grandes mayorías de nuestro país.

Germán Alarco Oscar Dancourt Humberto Campodónico

Félix Jiménez Nilo Meza Eduardo Zegarra

Roberto Machado Salomón Lerner Ghitis Pablo Checa

Armando Mendoza