QUINTA PARTE

Movilizaciones por la paz y derechos humanos

Maur ic io Romero

MOVILIZACIONES POR LA PAZ, COOPERACIÓN Y

SOCIEDAD CIVIL EN COLOMBIA

La constitución de 1991 fue considerada como un "tratado de paz" por las sectores políticos que participaron en su elabora­ción, luego de una década de violencia política y enfrentamientos armados no vistos desde la época de La Violencia 40 años atrás. Sin embargo, a pesar del pluralismo político logrado en la asam­blea constituyente que discutió el nuevo texto, hecho sin prece­dentes, el fracaso de las negociaciones con los grupos guerrille­ros que no participaron en la asamblea -las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN-, y la ausencia de cambios significativos en los mecanismos de acceso a los espacios de representación pública y su funcionamiento, prolongaron una vez más la crisis política que venía desde finales de los años setenta. Esos mecanismos continuaron amarrados al clientelismo y la corrupción, acom­pañadas ahora de una gran fragmentación de las agrupaciones políticas y de una abrumadora influencia de narcotraficantes en la actividad electoral (Entrevista C. González, febrero 8 del 2000).

Así, si bien la nueva Constitución avanzó en la democratiza­ción de la vida pública y en la apertura de canales de participa­ción ciudadana, la crisis de gobernabilidad casi permanente que siguió a su promulgación, pusieron en la agenda de discusión otra negociación entre gobierno y guerrilla (Zuluaga, 1999, pp. 321-326). El objetivo era intentar por fin una solución al en­frentamiento armado, con un elemento adicional, reducir el

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narcotráfico asociado con él. Esa negociación debería no sólo restituir los conflictos societales al terreno político, en reempla­zo de su resolución por la vía militar, sino también hacerlo bajo unas reglas del juego nuevas y concertadas. Esto supondría unas condiciones en donde los antiguos insurgentes formarían parte de ese nuevo orden, lo cual iría más allá de una simple reinserción social al Estado que antes habían combatido (Arnson, 1999, pp. 1-28).

Esta ronda de negociaciones iniciada en el año 1992, no sin tropiezos ni interrupciones, ha enfrentado, sin embargo, unas condiciones radicalmente diferentes a las de la década anterior. Este trabajo hace referencia a las que han facilitado la coopera­ción y movilización en favor de la paz. Una mirada global ayuda a tener una apreciación del incremento de esa movilización en contra de la prolongación del conflicto armado. En los años setenta la acción colectiva en busca de la paz representaba 1,6% del total de las luchas cívicas. Esa proporción pasó al 19% du­rante el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), aunque tuvo un descenso al 15,8% durante el período de César Gaviria (1990-1994). Esto fue un resultado indirecto de las expectativas des­pertadas por la nueva Constitución y la desmovilización de los actores armados durante los dos primeros años de ese gobier­no. Como efecto del escalamiento del conflicto armado desde finales de 1992, la proporción de movilizaciones en favor de la paz, por el respeto a los derechos humanos y por falta de segu­ridad ascendieron al 22% del total de la protesta cívica en las zonas urbanas, y al 28% en el área rural en el primer año del período presidencial de Ernesto Samper (1994-1998) (Funda­ción Social-Cinep, 1996, p. 17). Hay que advertir, sin embargo, que varios de los participantes en esas movilizaciones lo hicie­ron más por motivos estratégicos que con el propósito de im­pulsar innovaciones y aprendizaje en términos de prácticas y marcos normativos no violentos o de mayor justicia social.

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Hay varias razones para el incremento de la acción colectiva por la paz. Una es la mayor "visibilidad" del conflicto armado colombiano dentro de los organismos de las Naciones Unidas, or­ganizaciones internacionales de derechos humanos, promotoras de desarrollo sostenible y protección ambiental, lo mismo que dentro de los gobiernos de la región y de la comunidad europea e internacional. Esa mayor atención llegó acompañada por un cambio en las agendas de las organizaciones de financiación y cooperación internacional, el cual ha dado un mayor protagonismo a los diversos grupos de la sociedad civil en los diferentes proyec­tos que financian. La actitud nueva está a tono con una estrategia de democratización diferente al estatismo social o a un énfasis exclusivo en los mecanismos del mercado (Rabotnikof, Riggirozzi y Tussie, 1999, pp. 2-9). Esa "apertura" internacional favoreció y coincidió con una creciente movilización social por una resolución negociada del enfrentamiento armado, hecho que tampoco se presentaba en la década de los ochenta. En ese entonces, la visión dominante del conflicto en el exterior y en lo doméstico era la de una perspectiva de seguridad estatal, asociada al entorno de Gue­rra Fría prevaleciente, contexto que entorpecía y estigmatizaba cual­quier acción colectiva por fuera de los cálculos estratégicos de los actores del momento.

Así, la movilización de diferentes sectores sociales por la paz en los años noventa ha marcado un hito, no sólo por la autono­mía frente a los diferentes partidos políticos, incluidos los acto­res armados, sino también por la coincidencia entre sectores que tradicionalmente habían sido opositores en otros ámbitos o en anteriores negociaciones. ¿Cómo surgió esa cooperación y mo­vilización por fuera de los partidos tradicionales y los actores ar­mados? ¿Cómo llegaron a acuerdos para la acción colectiva sec­tores tan diversos en un ambiente de desconfianza política tan marcado?

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DIVISIONES "NATURALES", BIPARTIDISMO Y COOPERACIÓN

La respuesta a esas preguntas es relevante porque el contexto pronosticaba un comportamiento opuesto al de la cooperación. En efecto, la preponderancia de la sociedad política en la vida pública en Colombia ha sido tal, que algunos autores hablan de una "colonización" de la sociedad civil por las redes políticas libe­ral-conservadoras (Pecaut, 1999, p. 226). Ha existido un influjo claro de aquéllas hacia las diferentes asociaciones horizontales con capacidad de movilización, hecho que no ha sido correspondido con un efecto similar en el sentido contrario, al menos en el de una receptividad a las demandas de una representación organi­zada y colectiva. Esas redes han respondido más a demandas in­dividuales, moldeando lo que se ha denominado una "democra­cia sin ciudadanos", la cual no ha creado una idea de ciudadanía común que haga las veces de barrera en contra de discriminacio­nes y en defensa de la aplicación de derechos mínimos o, para el caso, que se movilice en una acción conjunta en busca de la paz.

Igualmente, la convergencia entre grupos afínes ai bipar­tidismo y sectores cercanos a la oposición a los dos partidos histó­ricos también es significativa. El Frente Nacional (1958-1974) y su evolución posterior marcó casi una división "natural" entre el bipartidismo y sus críticos. Ese tutelaje de los espacios asociativos por las redes bipartidistas, en particular de las organizaciones con potencial de oposición como los sindicatos o las juntas de acción comunal, JAC, fue uno de los dispositivos para delinear las inclu­siones/exclusiones definidas por el régimen político organizado por los dos partidos (Romero, 1999, pp. 1-8). Así, las oportuni­dades para la interacción en encuentros "suma-positiva" entre estas dos tendencias de la sociedad civil, es decir, en donde ambos la­dos obtuvieran beneficios, habían sido escasos hasta el inicio de la década del noventa. Uno de esos momentos fue la constituyen­te de 1991 (Romero, 1999, pp. 26-31).

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Lo usual hasta la asamblea constituyente eran interacciones de "suma-cero", en donde las ganancias de un lado necesariamen­te representaban una pérdida en igual proporción para el bando contrario. Esta forma de relación había empezado a cambiar a nivel municipal y regional durante los paros cívicos de finales de los años setenta y comienzos de los años ochenta, en protesta por las alzas en las tarifas de los servicios públicos, su cobertura limitada y calidad deficiente, responsabilidades que en ese entonces esta­ban a cargo del gobierno central. Los efectos de esa centraliza­ción administrativa generaron una reacción unificada en las re­giones más afectadas, rompiéndose a nivel local la barrera para la cooperación y alianzas entre el bipartidismo y sus opositores, línea hasta entonces casi infranqueable. El proceso de paz inicia­do por el presidente Belisario Betancur (1982-1986) contribuyó también a ir diluyendo esa barrera, sobre todo con los intelectua­les. El mismo hecho se hizo evidente en la conformación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en 1986, en donde con­fluyeron liberales, conservadores, comunistas y otros grupos per­tenecientes a diversas vertientes de la izquierda (Romero, 1999, pp. 26-31). A partir de la Constituyente de 1991, esas relaciones de suma-positiva pasaron a ser más frecuentes.

¿Cuáles fueron las razones para el incremento de esos inter­cambios que plantearon cooperación, aprendizaje e innovación? En este texto se van a explorar cuatro factores: el primero, un cambio dentro de las diferentes iglesias, y en particular la cató­lica, hacia una posición más favorable y activa en relación con una solución negociada al conflicto armado; el segundo, la elec­ción por voto directo de alcaldes (1987) y gobernadores (1992), lo cual permitió iniciativas de paz locales y regionales más autó­nomas de los poderes centrales; tercero, la decisión de redes de activistas de izquierda, ex-guerrilleros, organizaciones de muje­res, de derechos humanos, de desaparecidos, periodistas y acto­res, organizaciones sindicales, ONG, entre otros, para buscar una

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salida negociada a la confrontación bélica; y por último, la reac­ción de individuos y grupos sociales afectados por el secuestro y la extorsión y de quienes optaron por pronunciarse y movilizar­se públicamente en contra de esos hechos. Si bien cada uno de estos grupos tuvo razones específicas para pronunciarse y em­prender acciones a favor de una solución negociada o en contra del enfrentamiento armado, el rechazo a la "guerra sucia" rural y urbana y al escalamiento de las acciones bélicas como medio para resolver un conflicto político fue un común denominador (Entrevista A. Garzón, febrero 16 del 2000).

La confluencia de estos cuatro escenarios diferentes y sus protagonistas facilitó los acercamientos, los debates y la acción colectiva en busca de la paz. Aunque la coyuntura que aceleró los hechos y abrió oportunidades fue la declaración de "guerra integral" en contra de los grupos alzados en armas en noviem­bre de 1992. En efecto, el gobierno liberal de César Gaviria (1990-1994), por intermedio del primer ministro de defensa civil desde 1953, prometió someter la guerrilla a la ley en 18 meses (Pardo, 1996, pp. 353-387). La prohibición presidencial de cual­quier contacto, mediación o diálogo entre los diferentes grupos de la sociedad civil y los insurgentes, o la posibilidad de enta­blar diálogos regionales entre aquéllos y sectores interesados en la paz, desencadenó primero desconcierto y luego una gran opo­sición. Hubo obispos que plantearon el "derecho a la paz de los colombianos" y llamaron a una "desobediencia civil" frente a la política presidencial (Entrevista C. Castellanos, febrero 7 del 2000). Es en este contexto en donde surgieron las posibilidades para esa dinámica de confluencia, aprendizaje e innovación.

MOVIMIENTO POR LA VIDA Y RENOVACIÓN DISCURSIVA

La Compañía de Jesús fue uno de los grupos pioneros dentro

de la sociedad civil que se planteó como objetivo primordial crear

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condiciones para la consecución de la paz. Hasta mediados de 1985 este era un propósito liderado por la sociedad política, al cual el presidente conservador Belisario Betancur (1982-1986) le dio un impulso sustancial, esfuerzo que contrastó con la posi­ción adversa de las dos administraciones liberales que le ante­cedieron. Los jesuitas apoyaron el proceso de paz de Betancur, aunque "el objetivo era disminuir la violencia, que estaba adqui­riendo proporciones de animal grande, antes que la paz" (En­trevista H. Arango, febrero 18 del 2000). Vendieron "La Le­chuga" -reliquia colonial de oro macizo y cubierta de piedras preciosas- al Banco de la República en 1985, y el producto de la transacción sirvió para organizar un fondo cuyos réditos han fi­nanciado el Programa por la Paz, el cual inició operaciones en 1987.

En los primeros 10 años de actividades el programa finan­ció cerca de 1.000 proyectos para fortalecer la sociedad civil, en particular en las zonas de conflicto y áreas marginales (Entrevis­ta H. Arango, febrero 18 del 2000). Esta intervención incluyó proyectos productivos y actividades de educación y reflexión con grupos pobres o marginados, encaminadas al fortalecimiento de la noción de sujetos colectivos y su reconocimiento como agen­tes portadores de derechos. Según su primer director, el sacer­dote jesuita Horacio Arango, las diferentes comunidades mos­traron una gran capacidad para respuestas coyunturales, pero una gran dificultad para articular propuestas hacia propósitos más grandes. Sobre este punto, Arango indica que "hay un inte­rés partidista muy hostil, desde la izquierda o del bipartidismo, hacia esa articulación". Este aspecto vale la pena resaltarlo, por­que ese excesivo faccionalismo de la vida pública colombiana, la competencia resultante por el control de los recursos estatales y de los mecanismos de decisión, y la dificultad para la coopera­ción, pueden tener como anverso un asedio permanente desde el ámbito político a la autonomía de la vida asociativa.

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Una de las iniciativas financiadas por el Programa por la Paz desde finales de los años ochenta fue la del Movimiento por la Vida, antecesor de uno de los principales colectivos que confor­maron a Redepaz en los noventa, organización que ha sido una de las mayores impulsoras de las diversas manifestaciones co­lectivas para poner un alto a la confrontación armada (Entrevis­ta A. T Bernal, febrero 17 del 2000). La cooperación entre estas redes de activistas sociales y cívicos, el Programa por la Paz y el Cinep -otra institución de los jesuitas- es una experiencia de asociación notable. El Movimiento por la Vida se agrupó como resultado de los dramáticos acontecimientos que rodearon la toma del Palacio de Justicia por el movimiento guerrillero M-19 en noviembre de 1985, y la reacción del ejército para contra­rrestar el acto. La muerte de aproximadamente 110 personas a doscientos metros de la casa presidencial, incluidos la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, el comando guerrillero y empleados de la institución causó una gran con­moción pública, en especial dentro de los grupos interesados en el "diálogo nacional" propuesto por la insurgencia armada al go­bierno del conservador Belisario Betancur.

Grupos de mujeres que apoyaban un diálogo entre gobier­no y guerrilla como Mujeres por la Democracia, Casa de la Mujer y Mujeres del M-l9 organizaron un año después de los hechos un concierto para recordar el insuceso, al cual nombraron "con­cierto con flores para la vida y el amor" y en donde se proclamó un manifiesto en defensa de la vida y contra la muerte. En el evento participaron artistas internacionales y se celebró en frente del palacio en ruinas (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000). Además de los grupos de mujeres, el Movimiento por la Vida también incluyó a periodistas, actores y artistas, quienes se denominaron "locos por la vida" y efectuaron varias expre­siones lúdicas en lugares públicos de la capital, desafiando los estrictos controles de las autoridades y el miedo provocado por

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el ambiente político belicoso. También se organizaron "colecti­vos por la vida" en Pasto, Cali y Medellín, en donde la partici­pación de grupos de mujeres fue igualmente destacada. Un hecho sobresaliente en Bogotá fue la proliferación de "grafitis" en los muros y paredes del centro y algunas de las principales vías, aludiendo con humor y sarcasmo a la violencia y a los ex­cesos de autoridad: "Do... Re... Mi., edo..." decía uno de esos grafitis.

La dinámica del movimiento tomó un giro hacia la educa­ción para la convivencia dirigida a jóvenes y niños, experiencia que desembocó en la organización anual de una semana por la paz, la cual se ha realizado sin interrupción desde 1987 con el apoyo del Programa por la Paz. Durante la primera semana, en septiembre de 1987, se lanzó un "manifiesto de sueños infanti­les" y se les pidió a los niños reflexionar sobre el país "que que­rían y que soñaban". A través de talleres de pintura y narrativa, los niños expresaron sus expectativas a lo largo de la semana en los centros educativos. La figura pictórica que más se repitió fue la de "un soldado y un guerrillero dándose la mano" (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000). Esta pr imera semana se clausuró con un acto al que asistieron aproximadamente 50.000 niños en la plaza de Bolívar, el centro institucional e histórico de Bogotá, en su gran mayoría provenientes de colegios oficia­les y de religiosos. La organización de la semana se hizo a partir de "redes de amigos y la gran colaboración de los padres de fa­milia y los rectores de los colegios", aunque con una gran hosti­lidad de las autoridades políticas de la capital, quienes no apro­baron la realización del acto y ordenaron a la policía el desalojo de la plaza, orden que finalmente no se cumplió (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000).

Para los jóvenes se organizó una "consulta ciudadana por la paz" en la cual tenían que responder la pregunta "¿Usted cómo cree que se construye la paz?". Además de talleres de discusión

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en los colegios, otros grupos recorrieron los principales centros de la capital entrevistando y discutiendo sobre el tema con otros adolescentes. A pesar de los propósitos pedagógicos y por la con­vivencia que pretendía la acción, la hostilidad de la administra­ción conservadora del nuevo alcalde Andrés Pastrana era laten­te. Tres jóvenes fueron arrestados por "alterar el orden público" y liberados más tarde tras las gestiones del procurador de en­tonces, el liberal Horacio Serpa. Éste recriminó telefónicamente al alcalde por el arresto, le inquirió "¿Qué clase de gorila tiene en la secretaría de gobierno?", e instó por la liberación de los estudiantes (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000). La respuesta de las autoridades de la capital a estas primeras accio­nes colectivas por la paz indican la animosidad a lo no bipartidis­ta en la década de los ochenta, así aquéllas incluyeran llamados a la convivencia y a la civilidad.

Si bien esas actividades no tuvieron mayor resonancia en los medios, sí consolidaron un "contra-público" (Fraser, Nancy; 1997) o una red comunicativa y de prácticas en competencia con las de la esfera oficial o de grupos radicalizados, a los cuales les disputaban la creación de un marco de interpretación y de sen­tido de la conflictiva realidad del momento. En efecto, uno de los aspectos más significativos de estas primeras movilizaciones fue la innovación en el lenguaje y la intención de no polarizar, y más bien crear mediaciones simbólicas entre las partes enfren­tadas. Un ejemplo fue la decisión explícita por no reproducir la división entre lo popular y lo no popular, oposición que aludía a los imaginarios "clasistas" que habían dado origen al conflicto armado (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000). Se quería congregar a "todo el país, sin exclusiones", y por eso el lenguaje utilizado reflejaba ese esfuerzo. Sin embargo, esa intención por "desarmar el lenguaje" no significaba la negación de los con­flictos, sino un llamado a enfrentarlos y resolverlos pacíficamente (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000).

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A pesar de ese objetivo por ir más allá de las divisiones del momento, esta posición encontró críticos severos. Fue atacada desde la izquierda por conciliadora, derrotista y por borrar las exclusiones sociales y políticas, y mirada con indiferencia por el establecimiento liberal-conservador, aún confiado en derrotar militarmente a la guerrilla. Con todo, el experimento del Movi­miento por la Vida fue un intento por crear un marco discursivo común para aquéllos ajenos a la confrontación armada y con­vencidos de una salida negociada al conflicto. Igualmente, las iniciativas que desarrolló ese colectivo a finales de los años ochen­ta prefiguraron varias de las acciones desarrolladas por Redepaz, Unicef y Fundación País Libre, casi una década después. Esta tendencia de la sociedad civil resurgiría con fuerza luego de la declaración de guerra integral a la guerrilla por el gobierno Gavi­ria (1990-1994) a finales de 1992, pero esta vez con más simpa­tizantes, con apoyo desde diversos sectores sociales y con alia­dos más poderosos. Esto supuso superar recelos y desconfianzas, crear puentes entre grupos que hasta el momento tenían poco en común y, por lo tanto, innovar y aprender. Como todo cami­no nuevo, también incluyó riesgás y equivocaciones.

LOS AÑOS NOVENTA:

DISCUSIÓN DE UNA AGENDA DE DERECHOS HUMANOS

Durante la década del noventa el enfrentamiento armado tuvo un escalamiento sin precedentes, a pesar de las expectativas de paz y reconciliación originadas por la aprobación de una nueva constitución en 1991. De igual forma, paralelo a ese incremen­to de las acciones armadas ocurrió una significativa confluencia de diferentes grupos, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales para apoyar la búsqueda de una negociación del conflicto armado. A la política de guerra integral del presi­dente Gaviria se propuso una de "paz integral" desde la socie-

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dad civil (Entrevista L. Sandoval, febrero 3 del 2000). La dimen­sión de esa confluencia y movilización era una hecho nuevo fren­te a las negociaciones de la década pasada. Con excepción de las acciones colectivas regionales para buscar acuerdos sociales y reducir la violencia política, como las de los trabajadores del banano en Urabá, en los años ochenta los diversos grupos civi­les participaron en las negociaciones de paz siguiendo una invi­tación de los grupos guerrilleros, más que como resultado de una iniciativa propia. Esa actitud por fortalecer una tercería fren­te a los dos bandos enfrentados contrasta con la amplitud de la polarización característica de las guerras civiles, situación que no se había presentado en la disputa armada colombiana, y con pocas probabilidades de tomar fuerza en el futuro. La búsqueda de la paz por sectores sociales organizados y movilizados repre­sentaba una postura definida a favor de una solución política pactada, hecho sin antecedentes en las negociaciones anterio­res (Entrevista C. González, febrero 8 del 2000).

En efecto, a finales de 1992 se constituyó una red de inicia­tivas por las paz, compuesta por 12 organizaciones de diferente naturaleza: centros de educación popular como Ismac; organi­zaciones de los jesuitas como Cinep, el Programa por la Paz y la Fundación Social; ONG de derechos humanos como Centro Ju­rídico Colombiano y la Comisión Colombiana de Juristas; y ex­periencias regionales como la Mesa de Trabajo por la Vida de Medellín, Derrotemos la Guerra de Santander, y La Iniciativa por la Vida de Bogotá, entre otros. El objetivo era articular las experiencias de gestión de paz que estaban surgiendo en todo el territorio, y darle fuerza y resonancia a sus demandas. "Ha­cer un mar de muchos ríos", según el director del Programa por la Paz (Entrevista H. Arango, 2000). La dinámica de la red cul­minó en el primer encuentro de "iniciativas ciudadanas contra la guerra y por la paz", realizado en Bogotá a finales de 1993 y con participación de más de 300 personas provenientes de 20

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regiones del país. El encuentro dio origen a Redepaz, cuyo prin­cipal objetivo fue definido como "el de derrotar la guerra", se­gún monseñor Leonardo Gómez Serna, obispo de la provincia de Socorro y San Gil, en el nororiente del país, y destacado im­pulsor de la iniciativa.

El grupo inicial en el que habían tenido un importante in­flujo ex-guerrilleros del Movimiento 19 de Abril, M-l9, fue lue­go reforzado por asociaciones de ex-guerrilleros, ahora "reinser­tados" a la vida civil, como los de la Corriente de Renovación Socialista, provenientes del ELN. La red debía propender por la representación propia de la sociedad civil, y hacer énfasis en ac­tividades educativas y de carácter simbólico en contra de la gue­rra y por la paz (Villarraga, 1998, pp. 72-82). Para los antiguos excombatientes, la generalización de la violencia a todo nivel había llevado a una situación en la que "las armas perdieron su brillo", y se necesitaba un imaginario de cambio diferente al de la lucha armada (Fundación Social-Cinep, 1996; p . 32).

Los debates suscitados por la definición de la agenda a se­guir dentro de la red fueron reveladores. Su propósito era el de congregar, antes que el de separar, aunque la exclusión de los grupos guerrilleros no fue bien acogida por sectores con alguna afinidad con éstos. Estas diferencias se ahondaron con la discu­sión sobre derechos humanos y las violaciones por agentes del Estado, énfasis de las organizaciones encargadas de velar por su defensa y de la legislación internacional, las cuales no conside­raban las que cometían las guerrillas. Un consenso dentro de la red coincidió en hacer también visibles las violaciones cometi­das por la guerrilla. La tensión aumentó con la discusión sobre el paramilitarismo y su origen. Se consideró que éste no se po­día ver sólo como una "política de Estado", sino que también se alimentaba de los efectos surgidos de la extorsión y el secuestro cometidos por la guerrilla (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000).

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Otro punto de discusión álgido fue el del alcance de la con­vocatoria al país. En efecto, se propuso un cambio de actitud ha­cia empresarios y militares, y se consideró que la paz era impo­sible sin el concurso de ellos, abriéndose canales de acercamiento e intercambio. En suma, se inició un proceso de innovación y aprendizaje al tratar de moldear una propuesta civilista, y al mismo tiempo intentar transgredir las barreras casi "naturales" entre las dos grandes tendencias de la sociedad civil creadas por el Frente Nacional y su evolución posterior. La búsqueda de una interacción de suma-positiva entre sectores sociales que se con­sideraban ubicados en orillas políticas e idelógicas opuestas, y aún sin un claro reconocimiento mutuo como actores legítimos, fue un paso más hacia la redefinición de los antagonismos ca­racterísticos de la herencia del Frente Nacional.

La decisión del presidente Gaviria (1990-1994) de llevar por la fuerza a la mesa de negociación a la guerrilla, o de derrotar­la, contradecía el artículo 22 de la nueva constitución, el cual expresaba que la "paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento" (Comisión de Conciliación Nacional y otros, 1998, p. 53). Redepaz inició una ferviente campaña nacional para hacer efectivo ese derecho en 1994 y 1995, promoviendo con­sultas ciudadanas, encuentros y reuniones, con el fin de impul­sar la iniciativa popular legislativa y presionar por la reglamen­tación de ese artículo constitucional. También, en asocio con la iglesia menonita, trabajó con jóvenes en edad de reclutamiento para hacer efectiva la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio. Igualmente, Redepaz propuso la creación de con­sejos de paz regionales y locales, y ampliar el marco jurídico con mecanismos de conciliación y mediación (Villarraga, 1998, pp. 75-76).

En el plano legal, la creación del Consejo Nacional de Paz por decreto presidencial en 1998, fue un logro tardío de esa cam­paña, aunque su inoperancia en la práctica describe las limita-

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ciones de la sociedad civil colombiana para influir sobre el po­der político o, mejor, el autismo social de éste.

Gobernadores y alcaldes, ahora elegidos por voto directo, acogieron las diferentes iniciativas con variado entusiasmo, aun­que la inclemencia de los efectos del conflicto armado sobre la población civil le abrió al tema de la paz un lugar central en las diferentes agendas regionales y locales. El Consenso de Apartado, en la zona bananera del noroeste del país, durante la alcaldía de Gloria Cuartas (1995-1997) fue un esfuerzo fallido por construir convivencia en medio de una intensa disputa ar­mada. La alcaldía del sacerdote Bernardo Hoyos (1995-1997) en Barranquilla, cuarta ciudad del país, fue una experiencia exitosa de apertura democrática. Otro caso significativo fue el de la Consulta por la Paz en el municipio de Aguachica, zona agroindustrial y ganadera del sur del departamento del Cesar, en el nororiente del país, y eje de un enconado enfrentamiento social por derechos sindicales y por apoyo a la economía cam­pesina, y entre guerrilla (principalmente el ELN) y fuerzas bipar­tidistas. La consulta se realizó a mediados de 1995, con el áni­mo de "derrotar a los violentos", y utilizando una de las nuevas herramientas constitucionales sobre participación popular. La convocatoria contó con el apoyo de la iglesia católica -cuyo pá­rroco la apoyó desde el pulpito-, la cámara de comercio, el al­calde saliente y el candidato derrotado por el alcalde elegido, Fernando Rincón (1995-1997), un ex-guerrillero del M-19. Este fue el principal impulsor de la consulta, y su candidatura triun­fó gracias al apoyo de la fracción mayoritaria del liberalismo en el municipio (Romero, 1997, pp. 34-40).

El propósito era el de consolidar un "territorio de paz", a partir del plebiscito popular. Sin embargo, el desarrollo de la consulta puso de presente los riesgos de su realización. Los votos deposi­tados no alcanzaron el mínimo legal para convertirse en "man­dato", y el tono antiguerrillero de algunos de los convocantes, lo

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mismo que la consolidación posterior de los paramilitares como fuerza dominante en el municipio, terminaron por polarizar aún más la situación. Los críticos de la consulta indicaron que el di­seño del tarjetón era maniqueista. La pregunta pidió marcar una de dos opciones: Sí a la guerra o Sí a la paz, y aquéllos afirma­ron que con esa formulación era obvio que nadie iba a votar por la guerra (Romero, 1997, pp . 34-40).

Además, con la posterior evolución política del municipio, quedaron planteados los riesgos de un ejercicio ciudadano como el de Aguachica, en el que parece que no fue suficiente hacer un llamado por la paz si éste no iba acompañado de una demanda por democracia y justicia social. Igualmente, la experiencia in­dicó que el contexto nacional de estancamiento o consolidación de las negociaciones con la guerrilla influía en el sentido y tra­yectoria final que tomara la iniciativa. Tal y como se desarrolló, en un ambiente de estancamiento de aquéllas, la consulta se deslizó a un terreno "gris" en donde la confianza, la coopera­ción y las posibilidades de reconciliación no fueron las más be­neficiadas. La guerrilla consideró que la consulta se había orga­nizado en contra de ella, el alcalde que la promovió fue acusado -sin pruebas- de apoyar a los paramilitares, y la población si­guió padeciendo los efectos de la violencia.

Con todo, para mediados de 1995 los esfuerzos de paz em­pezaron a tener unas dimensiones significativas a nivel nacio­nal, así no fueran unificados. La jerarquía de la iglesia católica organizó la Comisión de Conciliación Nacional, con la intención de mediar y acercar a las partes enfrentadas y estructurar una política nacional permanente de paz (Comisión de Conciliación Nacional y otros, 1998, pp. 51). En ella participaron, además de los obispos, políticos, líderes sindicales, ex-militares, perio­distas y empresarios. Si bien el cambio de actitud de los obispos no fue resultado de una reformulación del papel de la iglesia en la vida nacional, sino de los efectos de la guerra en la población,

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el nombramiento del cardenal Alfonso López Trujillo a una posición dentro de la burocracia del Vaticano en Roma, figura conservadora y dominante dentro de la dinámica de la jerarquía, permitió en Colombia oír nuevas voces y propuestas de obispos más cercanos a posiciones menos comprome t idas con el bipartidismo (Entrevista H. Arango, febrero 17 del 2000). Este hecho contrastó con la reticente disposición de los obispos ha­cia las negociaciones de paz durante la década de los ochenta. Por su lado, las confederaciones obreras y los sindicatos nacio­nales, las ONG de derechos humanos y los activistas de izquierda organizaron el Comité de Búsqueda por la Paz para contribuir a ésta desde una "perspectiva popular" (Villarraga, 1998, p. 76). En asocio con Redepaz, este comité realizó seminarios sobre "paz integral y sociedad civil" en las principales capitales departamen­tales, con participación de trabajadores, indígenas, grupos de mujeres, de jóvenes y ambientalistas con la intención de "cons­truir un gran movimiento social por la paz".

Así mismo, la Fundación Social impulsó dentro del sector privado la discusión de la conveniencia de una solución nego­ciada al conflicto armado, lo cual tuvo como resultado inmedia­to la organización del grupo Empresarios por la Paz, compues­to por las principales agremiaciones patronales: Asociación Nacional de Industriales, ANDI; Asociación Nacional de Institu­ciones Financieras, ANIF; Asobancaria; Asociación Nacional de Exportadores, Analdex; Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC; Asociación Colombiana de Pequeños Industriales, Acopi, entre otros. El hecho representaba una posición radicalmente opuesta a la asumida por el empresariado en las negociaciones de la década anterior, cuando formaron una voz con la oposición militar al proceso de paz (Romero, 1999, p . 19). La nueva actitud también se notó con el rechazo al impuesto de guerra propues­to por la administración Samper y con la crítica a la ineficiencia del gasto militar (Fundación Social-Cinep, 1996; p. 17).

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Igualmente, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, dependencia de la Presidencia, organizó con Ecopetrol -la em­presa petrolera estatal- y la Unión Sindical Obrera, USO, un plan conjunto para discutir la política energética y su relación con un eventual proceso de paz, colaboración que llevó a la Asamblea por la Paz en 1996. De este evento surgió la idea de convocar a la constitución de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, la cual se realizó en 1998 con cerca de 4.000 delega­dos de todo el país, en donde confluyeron una impresionante variedad de grupos, experiencias y propuestas locales y regio­nales para "construir la paz con democracia y justicia social". El evento tuvo un apoyo decidido de la Fundación Social, otras entidades de la iglesia católica y organizaciones internacionales como la Cruz Roja y el PNUD, y fue instalado por Danielle Mitterand, viuda del ex-primer ministro francés.

EL MANDATO CIUDADANO POR LA PAZ, LA VIDA Y LA LIBERTAD

Para mediados de la década del noventa era un hecho el activismo de diferentes grupos de la sociedad civil para abrir espacios y mecanismos de participación. Éstos buscaban presio­nar al gobierno y a los actores armados para que llegaran a una solución del conflicto o al menos para que respetaran a la po­blación civil. Mientras tanto, crecía la vinculación a la guerra de menores de edad, aumentaba el número de secuestros y de des­apariciones forzadas de civiles, se ampliaba la dimensión de la población desplazada, se incrementaban los lisiados por heri­das de guerra, se multiplicaba la eliminación de presuntos sim­patizantes no armados de uno u otro bando, al igual que las bajas de los enfrentamientos directos entre éstos. El nuevo marco cons­titucional sobre consultas ciudadanas ofrecía oportunidades para hacer oír la voz del "constituyente primario" de una forma civi­lista. Se realizó un primer ensayo con el Mandato de los Niños

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y las Niñas por la Paz y sus Derechos en octubre de 1996, ya que este grupo es uno de los primeros afectados en las guerras, y uno de los menos atendidos. Con el apoyo de Unicef y la Re-gistraduría Nacional, Redepaz y otras ONG como Semilleros de Medellín organizaron en los colegios de 300 municipios una consulta sobre los derechos de los infantes, y con la participa­ción de dos millones setecientos mil niños y niñas. El derecho a la vida y el derecho a la paz, entre otros diez derechos, obtuvie­ron la mayoría de votos (Entrevista A. T Bernal, febrero 17 del 2000).

Entre tanto, la reacción a otro drama provocado por la gue­rra tomaba su impulso propio. Para finales de 1996 la Fundación País Libre organizó cinco marchas contra el secuestro en cinco ciudades -Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Valledupar- con una movilización que rompió las expectativas de sus impulsores. En Bogotá, movilizaron cerca de 50.000 personas bajo la consig­na "por el país que queremos, no al secuestro". El propósito ini­cial de la Fundación era el de apoyar a las familias de los secues­trados, y a éstos mismos, una vez liberados. En la primera parte de los años noventa, País Libre recolectó más de un millón de fir­mas para apoyar un proyecto de ley Antisecuestro, el cual tuvo éxito, y apoyó el pago de recompensas por el Estado para quie­nes dieran información a las autoridades que condujeran a la li­beración de secuestrados o a la captura de los implicados en estos hechos. La cabeza visible de la Fundación es el periodista Fran­cisco Santos, secuestrado durante 8 meses por el traficante de dro­gas Pablo Escobar a finales de los años ochenta, y directivo del periódico El Tiempo, el diario de mayor circulación en el país. La Fundación también recibe el apoyo del sector privado en gene­ral, y de ganaderos y empresarios agrícolas en particular, los gru­pos sociales más afectados por el secuestro y la extorsión de la gue­rrilla y la delincuencia común (Archivo de prensa, Fundación País Libre).

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Los orígenes y objetivos de Redepaz y País Libre no permi­tían predecir su confluencia y cooperación, aunque cada uno, a su manera, representaba formas diferentes de experimentar el mismo fenómeno -una confrontación a rmada- y sus efectos en individuos y grupos concretos. La violencia del conflicto los igua­ló y los puso en el mismo terreno de demandar derechos y ga­rantías comunes, es decir, para todos, hecho que contrastaba con la evidente desigualdad social de la que partían. La forma como llegaron a un acuerdo para la acción unificada supuso la inexis­tencia de la protección estatal, la cual habría que redefinir y re­construir una vez superado el enfrentamiento. En efecto, la in­vitación de País Libre a Redepaz a participar en las marchas de diciembre de 1996 fue aceptada, siempre y cuando a la protesta contra el secuestro se le agregara otra contra la desaparición forzada. País Libre aceptó y a su causa, "que era un dardo hacia la guerrilla, añadió la nueva contra la desaparición, que era un dardo hacia el Estado" (Guerrero, 1998, p . 124). Estaba plan­teado el terreno para una causa común, y no sólo particular.

El hecho tenía un significado más allá de la simple suma de esfuerzos, lo cual ya era un logro para reconocer. Como cada uno de los grupos representaba a la tendencia en que históricamen­te había estado dividida la sociedad civil colombiana, la coope­ración entre ellas abría posibilidades de recomponer esa sepa­ración casi natural. Algo similar había ocurrido con la creación de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, en 1986, o duran­te la asamblea constituyente en 1991. Cada vez que esa división histórica se ponía en entredicho, aumentaban las posibilidades de crear un campo para el desarrollo de una ciudadanía más inclusiva, ampliar los sujetos portadores de derechos y para que sectores que se desconocían mutuamente se reconocieran entre sí. Esto fue claro en el caso de las marchas contra el secuestro de diciembre de 1996. Allí se encontraron por primera vez en la calle los familiares de los desaparecidos, codo a codo, agitando

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pancartas con los familiares de los secuestrados (Guerrero, 1998, p. 124).

Este primer acercamiento entre sectores tan diversos dejó perplejos a muchos. Era nada menos que proyectar una imagen menos clasista de la sociedad, para promover una centrada alre­dedor de una causa común, en este caso el derecho a la vida y a la libertad. Semanas después se llegó a un acuerdo entre Unicef, Re­depaz y País Libre para realizar una consulta que tuviera la fuerza de un mandato del constituyente primario. Había que aprovechar las elecciones locales y regionales de octubre de 1997, para lo cual se debería contar con el apoyo del gobierno, quien costearía la consulta. A la idea del Mandato por la Paz y la Vida, se le agregó la palabra Libertad, y la propuesta del mandato ciudadano em­pezó a tomar forma. La dinámica surgida de la organización de la consulta permitió nuevas interacciones entre personas y sectores que rara vez tenían oportunidad de compartir una causa común, como los miembros del Consejo Gremial y los representantes de las centrales obreras, o miembros de organizaciones de derechos humanos con representantes de grupos económicos. "Debemos superar el esquema de estar siempre los mismos con las mismas", explicó la vocero de Redepaz (Guerrero, 1998, pp. 126-129).

Las reacciones de los actores armados frente a la "troika" fueron variadas. Para el jefe máximo de las FARC, "los partidos y los tres poderes... ahora, en las proximidades de una campaña electoral, quieren tapar el sol con las manos proponiendo el voto por la paz" (Guerrero, 1998, pp . 126). El ELN fue más receptivo y reconoció el hecho como un acto de soberanía popular; los paramilitares mostraron interés en participar y apoyaron públi­camente la consulta; y los militares vieron la oportunidad para llevar a cabo una "operación psicológica" (Entrevista A. T. Bernal, 2000). Como reconociera un dirigente de la CUT, la convocato­ria es abierta y sirve a agendas diferentes, y por eso "tiene lectu­ras distintas" {El Tiempo, septiembre 26 de 1997).

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El proceso que culminó con cerca de 10 millones de votos apoyando el mandato ciudadano fue un ejercicio de pedagogía política sin antecedentes. Igual sucedió con la mezcla entre técni­cas de comunicación masiva y la acción colectiva. Por ejemplo, el uso del internet para informar y promover las movilizaciones de colombianos en el exterior fue una novedad notable (Entrevista L. Sandoval, 2000). El voto por el mandato en el exterior fue casi tres veces más que los conseguidos por los candidatos a la presidencia juntos, seis meses después. Con todo, no faltaron quienes acusaron a unos y otros de estar colaborando con la ex­trema izquierda o con la extrema derecha, según el caso (Pon­tón, 1998, pp. 136).

Sin embargo, para el presidente de la CUT, Luis Eduardo Garzón, como mínimo, el mandato "vinculó a la gente a la dis­cusión sobre la paz, y ese elemento es positivo" {El Tiempo, sep­tiembre 26 de 1997). Para el representante de los exportadores, las discusiones alrededor de la paz permitieron conocer otras facetas más prepositivas de los líderes sociales, diferentes a las capacidades para organizar luchas reivindicativas, y esto fue importante (Entrevista J. Díaz, febrero 23 del 2000). Para la vocero de Redepaz, además de influir en la agenda de discusión pública, se logró la aplicación de la prohibición legal de la par­ticipación de menores de 18 años en la guerra, de la legaliza­ción de la vinculación de civiles en actividades de inteligencia y vigilancia a través de las cooperativas de seguridad Convivir, y se propició un acercamiento entre miembros de la sociedad ci­vil y el ELN. De aquí surgió el encuentro en Maguncia, Alema­nia, patrocinado por el episcopado católico alemán, y en donde se reunieron 40 representantes de organizaciones gremiales, sociales y de la iglesia, y otras personalidades. Éstos acordaron realizar en el futuro una "convención nacional" entre la socie­dad civil y el ELN en territorio colombiano, la cual se frustró con el cambio de gobierno en 1998.

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En suma, la experiencia del mandato puso en evidencia la diversidad y número de iniciativas en busca de la paz, las cuales no sólo representaban esfuerzos diferentes, sino perspectivas, ritmos y aliados distintos en un eventual proceso de negociación. Mientras Redepaz hacía énfasis en una propuesta civilista, en defensa de la población civil no vinculada al conflicto armado, por la aplicación del derecho internacional humanitario, y bus­caba un alto en la guerra y negociación inmediata entre gobier­no y guerrilla, las propuestas provenientes de las organizaciones sociales tenían otras prioridades. En efecto, sin estar en desacuer­do con los objetivos anteriores, anteponían los de justicia y concertación social. Igualmente, País Libre tenía la denuncia del secuestro como su prioridad, aunque también estaba interesa­do en un cese de la guerra. En la práctica, estos matices y dife­rencias se reflejaban en los escenarios, las convocatorias y los aliados. Sin embargo, el grado de cooperación logrado entre sectores tan disímiles fue notable durante la convocatoria del mandato, dados los orígenes y propósitos tan diversos. Por un corto tiempo, algunas de esas divisiones históricas parecieron desvanecerse y atisbos de un posible "nuevo país" dejaron ver sus rasgos.

COOPERACIÓN ENTRE DIFERENTES GRUPOS SOCIALES

Y EL REGISTRO EN LOS MEDIOS

El presidente Andrés Pastrana (1998-2002) inició su mandato con la decisión de consolidar un proceso de negociación políti­ca con las FARC. Por el contrario, los avances logrados con el ELN por el gobierno anterior no fueron considerados, decisión a la cual este grupo respondió con represalias sobre la población civil. Una secuencia de hechos resultaron especialmente traumáticos: el secuestro de un avión comercial con 46 pasajeros a bordo en abril de 1999, el secuestro de más de 100 feligreses que asistían

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a misa en una iglesia de la ciudad de Cali a finales de mayo del mismo año, y el secuestro de más de 10 miembros de un club privado de pesca y recreo en la ciudad de Barranquilla el mis­mo fin de semana.

1999 no había comenzado como un año normal. A finales de enero tres miembros del Instituto Popular de Capacitación, IPC, de Medellín, fueron secuestrados por paramilitares acusados de "auxiliadores de la guerrilla", y su jefe, Carlos Castaño, lanzó amenazas contra las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos. Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz, defiende a esas organizaciones y manifiesta que "los líderes de derechos humanos son constructores de paz" {El Tiem­po, 2 de febrero de 1999). Aunque los secuestrados del IPC fueron liberados, tuvieron que abandonar el país y fue asesinada la coor­dinadora de Redepaz en el departamento del Cesar a mediados de ese año. La senadora liberal Piedad Córdoba, enérgica vocera por el respeto a los derechos humanos, también fue secuestrada por los paramilitares y, aunque fue liberada a los pocos días, tam­bién tuvo que salir al exilio en el exterior.

País Libre se movilizó para organizar marchas en contra del secuestro en todo el país, en asocio con los gremios empresaria­les. Redepaz, la Comisión Colombiana de Juristas, Asfades y otras ONG también se unieron a la campaña, pidiendo la inclusión de la desaparición forzada. Éstas últimas estaban empeñadas en la tipificación de ésta como delito, lo cual no se había podido lo­grar, no obstante las continuas solicitudes a los diferentes go­biernos desde la década pasada. La ausencia de estatus jurídico para este delito implicaba una serie de problemas legales para sus familiares, además de la imposibilidad de adelantar alguna acción penal en contra de sus ejecutores, generalmente agentes del Estado (Entrevista Y. Quintero, marzo 13 del 2000).

Al igual que durante la organización del Mandato Ciudada­no, la ampliación de la consigna inicial, esta vez en contra del

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secuestro, y la inclusión de la desaparición forzada, creó un te­rreno de cooperación y un frente colectivo para la defensa de un derecho común, esta vez el de la libertad personal. También se buscó sensibilizar a la sociedad acerca de la privación de la libertad e involucrarla pacíficamente en su defensa (Entrevista Y. Quintero, marzo 13 del 2000). Miles de personas y familias de diferente condición social realizaron marchas masivas en contra del secuestro y la desaparición forzada en Bucaramanga, Cali y Barranquilla. Aunque el "equilibrio" en el momento de hacer las declaraciones ante televisión, radio y prensa no se guardó, y los medios hicieron énfasis en el secuestro olvidándo­se de la desaparición (Entrevista Y. Quintero, marzo 13 del 2000).

A la par que se organizaban las marchas, sus impulsores ini­ciaron una campaña de cabildeo en el congreso para la elabora­ción del proyecto de ley tipificando la desaparición forzada, y luego para presionar por su aprobación. Igualmente, se mantu­vo informado al cuerpo diplomático, en particular a los emba­jadores de la Comunidad Europea, sobre el avance del proyec­to. En esto, la oficina delegada para los derechos humanos de la Naciones Unidas en Colombia ofreció un apoyo definitivo. Un hecho para realzar fue la posición del representante de los em­presarios durante el cabildeo en el congreso. No obstante la in­tensa discusión sobre si el proyecto era una estrategia para debi­litar al Estado y a la fuerza pública, debate en el que participaron Asfades, País Libre y Mario Gómez, miembro de la junta direc­tiva de Fenalco -Federación Nacional de Comerciantes- y repre­sentante de los empresarios, una vez llegado a un acuerdo, aquél se hizo presente en el congreso para abogar a favor del proyec­to. Pese a las críticas de algunos congresistas y de militares por "andar con esos revoltosos", Gómez se mantuvo en su criterio (Entrevista Y. Quintero, marzo 13 del 2000).

Para el cierre de las marchas se planeó una gran moviliza­ción nacional en octubre con epicentro en Bogotá. Para ese en-

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tonces los publicistas asociados a País Libre habían convertido la campaña ciudadana por la libertad, contra el secuestro y la desaparición forzada en un estruendoso ¡No Más!, el cual redu­jo en los medios el sentido de la acción al sólo rechazo del se­cuestro y, en el contexto en el que se realizó, a convertir la mar­cha en una condena a la guerrilla, y no a sus acciones, lo que debilitaba el proceso de paz. Aproximadamente cuatro millones de personas marcharon en todo el país para expresar su recha­zo al secuestro y a la violencia, hecho que fue convertido en los medios en una "cuenta de cobro" en contra de la guerrilla. En opinión de la vocero de Redepaz, "el ¡No Más! ya era otra cosa. La marcha no se había pensado hacerla en contra de ninguno de los actores armados, ni para polarizar aún más el ambiente" (Entrevista A. T. Bernal, febrero 17 del 2000).

Los resultados de la gran marcha de octubre dejaron un sa­bor amargo dentro de Redepaz y sus asociados. Se llegó a soste­ner por los más descontentos que los créditos del esfuerzo "se los había robado la oligarquía", representada por la familia San­tos, propietaria del periódico El Tiempo, afirmación que no fue bien recibida en País Libre. Además, el Mandato Ciudadano ha­bía dejado de existir como un hecho que generó una convergen­cia amplia de diferentes grupos, y pasó a convertirse en una or­ganización no gubernamental más, dirigida por un sector de esa convergencia. Igualmente, alrededor del ¡No Más! se organizó otra ONG apoyada por empresarios y gremios económicos, para quienes el objetivo primordial era parar la guerra, y con esto el secuestro, pero quienes no tenían ningún propósito de transfor­mación social, punto importante para Redepaz (Entrevista L. Sandoval, febrero 3 del 2000). Si bien el nuevo milenio comen­zó con los principales actores de las movilizaciones por la paz distanciados, quedaron los puentes y las enseñanzas para futu­ras acciones.

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EL PDPMM: DESARROLLO Y PAZ " E N CALIENTE"

Una de las iniciativas más innovadoras en la segunda parte de la década de los noventa ha sido el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, PDPMM, impulsada por el sacerdote jesuita Francisco de Roux, el Cinep y la Pastoral Social de Barrancaber­meja. Además del fortalecimiento de la sociedad civil, esta inicia­tiva incluye un componente de desarrollo sostenible y coopera­ción con las instituciones estatales y organismos internacionales, combinación que hasta entonces había sido inexistente, si no im­pensable, en proyectos de intervención similares y llevados a cabo por organizaciones no estatales. El PDPMM está ubicado en Ba­rrancabermeja, eje de la industria petrolera estatal, de un sindi­calismo militante, progresista e influyente, y centro de una de las regiones más afectadas por la disputa armada. Su radio de acción llega a 4 departamentos e incluye a 29 municipios de esta zona.

El programa es una confluencia al nivel subnacional de sec­tores de la sociedad civil, agencias del gobierno nacional, banca multilateral y organizaciones de cooperación internacional. Igualmente, es una experiencia piloto de democratización dife­rente al estatismo social, o a una solución de mercado sin otro tipo de mediación. Liderado por la comunidad de los jesuitas y la diócesis de Barrancabermeja, y con la estrecha participación de comunidades locales agrupadas en una "red de pobladores", el PDPMM ha generado un espacio público per se, con la posibili­dad de poner como una prioridad las necesidades de los gru­pos y zonas más pobres del Magdalena medio en la agenda de desarrollo y paz. El objetivo del PDPMM es cambiar lo que ellos denominan "dinámicas perversas" en el desarrollo regional y sentar las bases para la reconciliación política en el Magdalena medio (Romero, 1999a, pp. 64-71).

El PDPMM nació del interés mutuo de la empresa estatal de petróleo, Ecopetrol, y su sindicato, la Unión Sindical Obrera,

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USO, para llegar a un acuerdo sobre formas de seguridad para los oleoductos e instalaciones petroleras, diferente a la militari­zación. Los atentados de la guerrilla a esa infraestructura esta­ban produciendo cuantiosas pérdidas económicas y daños am­bientales considerables. Se acordó una inversión social en la región, hecho que puso las bases del programa, el cual fue to­mando una dinámica propia y cada vez de mayor envergadura y alcance. En el PDPMM han confluido la banca multilateral como el Banco Mundial, agencias de cooperación como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; diferentes nive­les, programas y agencias del Estado como la Red de Solidari­dad de la Presidencia, el programa de Municipios Saludables del Minsalud, o el Departamento Nacional de Planeación, que con su patrocinio ha facilitado la obtención del aval de la nación para los préstamos del Banco Mundial al PDPMM. Además, por la igle­sia Católica han participado la Diócesis de Barrancabermeja y el Cinep.

En esa confluencia también se han incorporado profesiona­les y líderes de la región como funcionarios y asesores del PDPMM, y más importante aún, éste ha promovido la conformación de núcleos comunitarios en los 28 municipios en los que opera, y a partir de éstos, una red de pobladores del Magdalena medio. Ésta, aunque en proceso de consolidación, ha permitido la participa­ción directa de grupos organizados a nivel local en la selección, diseño y planeamiento de los proyectos en los 28 municipios que incluye el programa, hecho que se ha constituido en uno de sus mayores activos, junto con el del pluralismo político e ideológico en su interior. Al igual que con el Movimiento por la Vida, el PDPMM ha generado un espacio en donde se oyen voces y propuestas al­ternativas, opuestas o coincidentes, según el caso, a las del gobier­no, los partidos tradicionales o los actores armados.

Esa "voz propia" de sectores marginados es lo que se conoce como un contra-público a la esfera oficial generada por el Esta-

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do y sus prácticas, sus proyectos y sus discursos, el cual no exclu­ye las posibilidades de cooperación entre estos dos polos. Ade­más, en el caso del Magdalena medio, ese espacio comunicativo y práctico creado por el PDPMM no sólo le disputa la creación de significados y de un marco de interpretación de los hechos a los diferentes niveles y organizaciones estatales, sino también a los grupos guerilleros, por un lado, y a los paramilitares y autode­fensas, por el otro. Se podría decir que cada acción y pronun­ciamiento del PDPMM pretende ser "una tacada a tres bandas": hay por los menos tres audiencias diferentes observando cuida­dosamente su actividad.

En efecto, la diversidad de voces, perspectivas e intereses que se ventilan en la red de comunicación y cooperación que consti­tuye el PDPMM, la posibilidad de poner como una prioridad en la agenda de desarrollo y paz las necesidades de los grupos y zonas más pobres del Magdalena medio, y las reducidas posibi­lidades de corrupción en el manejo de los recursos, hechos difí­ciles de lograr en las instituciones estatales regionales maneja­das por los dos partidos tradicionales, han convertido al PDPMM en una experiencia piloto para la superación de la pobreza y la construcción de la paz. Esta modalidad de asociación entre or­ganismos de cooperación internacional, banca multilateral, agen­cias estatales y grupos de la sociedad civil, incluyendo a los sec­tores populares como sujetos portadores de derechos, y no como clientelas, está a tono con las demandas domésticas de demo­cratización y participación, y con las nuevas corrientes interna­cionales sobre desarrollo social. Éstas ya no centran toda la res­ponsabilidad del desarrollo en el Estado, sino abogan por una ¡nteracción positiva entre Estado y sociedad civil, dos polos que antes se consideraban excluyentes o al menos contradictorios (Montúfar, 1996, pp. 11-23).

Al invocar la defensa de derechos universales como los de­rechos humanos, la convivencia y defensa de la vida, la satisfac-

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ción de necesidades básicas y otros puntos, el PDPMM ha vuelto a poner en la discusión regional la noción de bien común o co­lectivo, sin confundirlo con lo estatal, pero reconociendo la im­portancia de éste para su implementación y estabilización en un complejo de derechos sancionados por ley y respetados en la práctica. Esto también supone la lucha contra la corrupción en el manejo de los recursos públicos por las administraciones lo­cales, que en muchos casos están "privatizadas" por las diferen­tes redes políticas, incluyendo las de los actores armados. De ahí que el control de las municipalidades, sobre todo cuando recau­dan recursos derivados de regalías de la explotación de petró­leo o gas, se haya convertido en uno de los puntos álgidos de la disputa armada.

Una de las mayores dificultades del PDPMM es la gran des­confianza frente al Estado central y sus aliados locales en el Mag­dalena medio. La explotación de recursos naturales como el petróleo y el gas no ha tenido los efectos regionales esperados y prometidos, y la riqueza del subsuelo de esta zona no ha ofreci­do progreso a su población, debido al modelo de economía extractiva utilizado y a la ausencia de encadenamientos produc­tivos sólidos con la región (de Roux, 1996). En esta situación de desconfianza, no sólo frente al Estado, sino dentro de la misma sociedad, el trabajo del PDPMM ha sido difícil debido a esa au­sencia de "capital social", definido como la capacidad para aso­ciarse, para crear redes de solidaridad, confianza y reciprocidad, no sólo dentro y entre los miembros de los diferentes grupos sociales, sino entre los potenciales ciudadanos y las distintas organizaciones estatales.

Esa capacidad para asociarse está relacionada con el desa­rrollo económico, y tiene mucho que ver con la sinergia entre Estado y grupos de la sociedad, de la cual el PDPMM es un resul­tado relativamente exitoso. Sin embargo, el escepticismo origi­nado por el conflicto armado ha sido una barrera para la coope-

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ración, y las perspectivas de su recrudecimiento, al convertirse la región, y la misma ciudad de Barrancabermeja, en un territo­rio en disputa entre guerrilla y paramilitares, demandarán una dosis mayor de optimismo y esfuerzo por parte del PDPMM. Con todo, lo obtenido hasta el momento por esta iniciativa ha demos­trado los beneficios de esas nuevas posibilidades de asociación.

CONCLUSIONES

La movilización por la paz en Colombia ha tenido muchas facetas y múltiples actores en los últimos 15 años. Éstos han fluctuado entre seguir interactuando estratégicamente para sacar venta­jas en el conflicto o cooperar para innovar y aprender, y, de paso, redefinir las divisiones de la sociedad civil heredadas del Frente Nacional y su desarrollo posterior. Así se puede entender la di­námica del sector sindical, que de un faccionalismo extremo pasó a la cooperación entre diferentes tendencias rivales y a la crea­ción de la CUT en 1986, o lo sucedido con ciertos sectores polí­ticos e intelectuales durante el proceso de paz de la década de los ochenta. La movilización por la paz de la década del noven­ta puede ubicarse en la misma dirección.

La confluencia de los cuatro factores mencionados al comien­zo del trabajo han facilitado esa cooperación y aprendizaje. Dife­rentes obispos a través de las obras de pastoral social han coinci­dido con otras comunidades como la de los jesuitas, o con sectores laicos, para impulsar acciones que faciliten una solución negocia­da del conflicto armado o al menos un respeto a la población ci­vil. Por su lado, los alcaldes y gobernadores, ahora elegidos y más autónomos del poder central, han tenido que responder a las si­tuaciones de violencia en sus territorios. Así, aunque la invoca­ción de la paz hace parte de un juego estratégico, también es parte de un proceso de aprendizaje e innovación política. Esto ha sido claro en el caso de la diversidad de asociaciones, redes,

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ONG, grupos e individuos provenientes de las diferentes tenden­cias de la izquierda, quienes han impulsado acciones para pre­sionar por una negociación política y el respeto a la población civil, como parte de un paradigma de cambio político nuevo, diferente al de la lucha armada. Finalmente, la movilización de sectores empresariales y de profesionales en contra del secues­tro y por un alto a la guerra, y la cooperación con otros sectores sociales como los mencionados antes, indicaron que es posible, así sea por corto tiempo, crear condiciones para avanzar en un propósito colectivo y en la idea de una ciudadanía común míni­ma, que ayude a generar confianza entre grupos sociales que históricamente han pertenecido a redes políticas rivales, lo mis­mo que a crear barreras culturales e institucionales en contra de violación de derechos y discriminaciones.

La dimensión de las marchas contra el secuestro ha llevado a algunos a pensar que la movilización por la paz y sus diferen­tes formas puede ser reducida a esa sola manifestación. Si bien aquéllas han constituido uno de los hechos más controvertidos, y por tanto reveladores, dentro de esa variedad de formas de expresar una preferencia colectiva por la solución negociada del conflicto armado, o al menos por el respeto de la población ci­vil, en este trabajo se ha tratado de mostrar la complejidad y diversidad de esa movilización por la paz. Ésta y su significado no pueden reducirse a un único hecho como el de las marchas, las cuales ganaron notoriedad no sólo por el número de pobla­ción involucrada, sino por el registro positivo en los medios de comunicación, en comparación con otras expresiones o proce­sos que no han merecido despliegues semejantes.

Finalmente, el secuestro se ha convertido en un verdadero flagelo para la sociedad colombiana. Sin embargo, su uso como recurso estratégico para alimentar un "revanchismo" -entendible-en contra de la guerrilla, sin reconocer otras violaciones de dere­chos que afectan a sectores específicos de la población que son

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asociados con "la izquierda" y, por extensión, con "la guerrilla", cierra las posibilidades de cooperación entre grupos de la socie­dad agredidos por aparatos armados. Esto impide la formación de condiciones sociales para el fortalecimiento de barreras ins­titucionales y culturales en contra de la violación de derechos. Por fortuna, las distintas movilizaciones por la paz de la ultima década en Colombia han sido un avance en la cooperación de los sectores afectados por la violencia para impulsar el respeto, la promoción y el lenguaje de los derechos. Aunque, sin duda, todavía falta mucho por hacer.

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ENTREVISTAS

Arango, Horacio, provincial general de la Comunidad de Jesús en Colombia, director por 10 años del Programa por la Paz de esta comunidad, Bogotá: febrero 18 del 2000.

Bernal, Ana Teresa, coordinadora nacional de Redepaz (Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra), Bo­gotá: febrero 17 del 2000.

Castellanos, Camilo, director de ILSA (Instituto Legal de Servi­cios Alternativos) y antiguo miembro del Cinep (Centro de Investigación y Educación Popular), Bogotá: febrero 7 del 2000.

Díaz, Javier, miembro del Consejo Gremial Nacional y director de Analdex (Asociación Nacional de Exportadores), Bogo­tá: febrero 23 del 2000.

Garzón, Angelino, antiguo dirigente sindical, ex-constituyente y miembro de la Comisión de Conciliación Nacional, Bogo­tá: febrero 16 del 2000.

González, Camilo, exministro por el Movimiento 19 de Abril, M-19, durante la primera parte del gobierno de César Ga­viria (1990-1994) y actual coordinador del Mandato Ciuda­dano por la Paz, la Vida y la Libertad, Bogotá: febrero 8 del 2000.

Quintero, Yolima, miembro de Asfades (Asociación de Familia­res de Desaparecidos), Bogotá: marzo 13 del 2000.

[ 440 ] MAURICIO ROMERO

Sandoval, Luis, miembro del consejo directivo de Redepaz y director del Ismac (Instituto María Cano), Bogotá: febrero 3 del 2000.

Flor Alba Romero

EL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

INTRODUCCIÓN

Al igual que otros movimientos sociales en Colombia, el movi­miento de derechos humanos ha estado influido y es producto de la difícil situación que vive el país en todos los niveles -eco­nómico, social y político-, y aunque su existencia es relativamente corta -desde la década del setenta-, su trayectoria e incidencia a favor de la vigencia de los derechos humanos del país ha sido determinante.

El presente ensayo hace una presentación de los Derechos humanos como movimiento; luego adelanta un breve recorrido histórico desde su surgimiento, pasando por las diversas actitu­des tomadas frente al Estado y las respuestas de éste, hasta lle­gar a la situación actual, en la que, si bien el movimiento de de­rechos humanos sigue existiendo, presenta debilidad, sobre todo en las regiones. Finalmente, analiza que en los últimos dos años la labor de los defensores de derechos humanos pasó de la de­fensa de los afectados a convertirse en la búsqueda de la propia protección de los activistas.

LOS DERECHOS HUMANOS COMO MOVIMIENTO SOCIAL

Los movimientos sociales en Colombia buscan recuperar el es­pacio público y en particular el de la ciudadanía, en un contex­to donde el Estado bipartidista es débil pero a la vez excluyente,

[ 442 ] FLOR ALBA ROMERO

y en donde los conflictos sociales se han desbordado y la violen­

cia ha llegado a límites insospechados1.

Tomando en cuenta la categorías que definen un movimiento social, consideramos que el de derechos humanos reúne dichas características:

... Por movimientos sociales entendemos aquellas acciones so­

ciales colectivas, más o menos permanentes, orientadas a enfren­

tar injusticias, desigualdades o exclusiones, es decir, que denotan

conflictos y que tienden a ser propositivas. Todo ello en contextos

históricos...2.

Efectivamente, el movimiento de derechos humanos ha ade­lantado acciones colectivas que tienen que ver con reivindica­ciones de otros y, a pesar de las dificultades, su actividad per­manece, y aunque su comportamiento ha variado en el tiempo y la forma, mantiene ante el Estado una actitud de reclamo res­pecto de la responsabilidad que a éste le corresponde, sin que esto riña con una participación que busca ser prepositiva y de construcción de democracia; intenta hallar, junto con otros, me­canismos alternativos para lograr que su relación con el Estado responda a las obligaciones institucionales y legales.

Aunque el movimiento de derechos humanos no es homo­géneo, sus acciones no alcanzan una verdadera cobertura nacio­nal y padecen de cierto centralismo; pero su existencia ha sido definitiva para exigir una política estatal en materia de derechos humanos, y sus acciones han tenido trascendencia en el aconte -

1 Francisco Leal B., "Los movimientos políticos y sociales. Un producto de la relación entre Estado y sociedad civil", Revista Análisis Político, N2 13, IEPRI, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, mayo-agosto/1991, pp. 7-21.

2 Véase capítulo 7, de Mauricio Archila Neira, en En busca de la estabilidad perdida, Francisco Leal (compilador), IEPRI, Bogotá, 1995.

El movimiento de derechos humanos en Colombia í 443 ]

cer nacional, porque su labor ha visibilizado las diferentes facetas de la violación de los derechos humanos.

La acción en defensa de los derechos humanos representa una posibilidad de trabajar construyendo democracia real y plantean­do soluciones; es una forma de dirimir conflictos frente a los abu­sos de poder del Estado. En este sentido, como otros movimien­tos sociales, el de derechos humanos está inscrito en una dinámica de construcción de consensos y no de imposición por la vía armada3.

Si bien se habla de las organizaciones no gubernamentales como el quinto poder4, con solvencia económica y capacidad de gestión, las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han enfrentado desde siempre dos obstáculos consi­derables: por un lado, recortes y limitaciones presupuéstales, y por otro, los riesgos que implica para la vida de los activistas este trabajo.

A pesar de estos obstáculos, cuyas consecuencias han sido devastadoras, el movimiento de derechos humanos ha logrado movilizar a la opinión pública, obtener protección, colaborar en desarrollos legislativos importantes e incidir en la sensibilización y denuncia de la situación de derechos humanos del país.

En Colombia, como en la mayoría de países del mundo, este movimiento se concentró, en una primera etapa, en los dere­chos civiles y políticos; desde hace unos cinco años incluyó la preocupación por los derechos económicos, sociales y cultura­les y los derechos colectivos a la paz, al desarrollo y al medio ambiente sano.

Las características del conflicto colombiano hicieron que el movimiento de derechos humanos, muy señalado por su escaso pronunciamiento frente a las violaciones al Derecho Internacio-

3 Alain Touraine, citado por Mauricio Archila, op. cit. 4 Véase revista Semana, 938, 24 de abril a Io de mayo, Bogotá, pp. 33-38.

[444] FLOR ALBA ROMERO

nal Humanitario, DHI, por parte de la insurgencia, incluyera en sus análisis e informes, desde 1995, reflexiones y datos sobre in­fracciones al DHI por parte de todos los actores armados.

El movimiento de los derechos humanos comporta en su accionar los tres principios básicos de todo movimiento social5: La identidad, es decir, la definición del actor por sí mismo; la oposición, en la cual su contradictor es el Estado, y la totalidad, es decir, una actividad reivindicativa con proyección en el ámbito social. Según los tipos de relaciones, este movimiento sostiene relaciones de articulación, de oposición y de exclusión.

De articulación, en la medida en que en el transcurso de su historia ha creado formas progresivas de coordinación, interlo­cución y adhesión a otros movimientos, atrayendo especialmente a las organizaciones sindicales, a los grupos eclesiásticos o al movimiento popular. De oposición, porque define una postura indeclinable de rechazo a cualquier forma de abuso contra la vida humana, tanto frente al Estado como ante los particulares y los grupos armados de izquierda o de derecha. De exclusión, en cuan­to a la actitud diferenciada de admisión de sus miembros, de aceptación de alianzas y de evitar provocaciones provenientes de sectores que pretenden silenciarlo.

5 Véase Leopoldo Muñera, Rupturas y continuidades. Poder y movimiento popular en Colombia 1968-1988, IEPRI, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Colom­bia, CEREC, Bogotá, 1998.

El movimiento de derechos humanos en Colombia [ 445 ]

TRAYECTORIA DEL MOVIMIENTO

DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA6

Primera etapa: confrontación contestataria

El movimiento alrededor de la defensa de los derechos huma­nos surge a comienzos de la década del setenta7 en una relación de abierto conflicto con el Estado. En esta primera etapa, la la­bor de las organizaciones no gubernamentales se centra en la denuncia, la confrontación y la educación8, ante las violaciones de los derechos humanos cometidas por agentes estatales. Los miembros de las primeras ONG de derechos humanos provienen del movimiento popular y democrático, de activistas populares, sindicales y de oposición; su actividad se adelantó a través de foros nacionales e internacionales.

Su labor se desarrolla en medio del auge del movimiento social y popular de finales de la década del setenta, cuando se registraron huelgas obreras, tomas de tierras, protestas estudian­tiles y paros cívicos por el derecho al acceso a los servicios públi­cos, la educación, la salud y la vivienda. Paralelo a ello, se cons-

6 Véase Jaime Prieto M., "La relación Estado-ONG y su incidencia en la situación de derechos humanos", trabajo de grado para la especialización en derechos huma­nos, ESAP, agosto de 1999.

' La primera organización no gubernamental de derechos humanos fue el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, creada en 1973 por personalidades demo­cráticas. A la cabeza de ellas estaban el premio Nobel de literatura, Gabriel García Márquez, Enrique Santos Calderón, líderes sociales como Noel Montenegro de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la señora Carmen de Rodríguez, del movimiento de los barrios nororientales, y miembros de la academia como Jorge Villegas, Diego Arango y Nirma Zarate.

8 Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos se dedicaron a en­señar en los sectores populares y sindicales las normas de protección nacional e in­ternacional de derechos humanos, instrumentos legales de defensa y forma de ac­ceder a ellos.

[ 446 ] FLOR ALBA ROMERO

tituye la insurgencia, dándose inicio al conflicto armado inter­no que aún vivimos hoy.

En esta época el tema de los derechos humanos es extraño al gobierno nacional; su práctica en esta materia estaba restrin­gida a ciertos derechos civiles y políticos. La firma y ratificación de los tratados internacionales no pasaban del procedimiento formal y legitimador ante la comunidad internacional, pero éste no correspondía a la situación del país.

Ante las protestas sociales, la respuesta del Estado es repre­siva. Es conocido que sucesivos gobiernos hicieron un uso casi permanente del estado de sitio y, por lo tanto, se restringieron las libertades fundamentales, se otorgaron facultades especiales al Ejecutivo, con el fin de dar poderes extraordinarios a las fuer­zas armadas y de policía para el control del orden público.

Las violaciones de los derechos humanos ocurren dentro de operativos de control social; se vuelve cotidiano el juzgamiento de civiles por parte de autoridades militares, se adelantan cap­turas sin orden judicial, se aplica la sanción de arresto hasta por 180 días por alcaldes y gobernadores contra dirigentes sociales, dando como resultado detenciones arbitrarias y masivas, tortu­ras, restricciones a las garantías judiciales y al derecho al babeas corpus.

La labor de las ONG de derechos humanos se centra, enton­ces, en la defensa de los derechos civiles y políticos. Se trabajó en las regiones, y se adelantaron denuncias públicas exaltando las causas justas de los sectores sociales, la exigencia por el res­peto a las libertades de asociación, expresión, movilización, res­peto a la integridad personal y al debido proceso.

Con base en la declaratoria del estado de sitio, el 6 de sep­tiembre de 1978 se adoptó el Estatuto de Seguridad, por medio del cual se establecieron nuevas conductas delictivas, se amplia­ron penas para delitos políticos, se impusieron penas de arresto y prisión a formas de protesta social, se estableció el juzgamiento

El movimiento de derechos humanos en Colombia [ 447 ]

de civiles por parte de militares, se limitó la libertad de prensa y se dio vía libre para la implementación de la "guerra sucia".

En este período se utilizó en forma arbitraria la facultad que daba el artículo 28 de la Constitución nacional de 1886, que autorizaba la retención administrativa, hasta por 10 días, de sospechosos de intervenir en actos contra el orden público.

Se destacan en esta primera etapa actividades como la pu­blicación del Libro negro de la represión (1974), editado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, el debate en el Congreso por la denuncia de tortura a detenidos en operacio­nes militares en Santander (1975), la campaña de acción urgen­te de Amnistía Internacional por torturas y no atención médica a detenidos políticos y la realización del Primer Foro Nacional de Derechos Humanos (1978), en el cual se denuncian las viola­ciones dentro del Estatuto de Seguridad.

El Primer Foro por los Derechos Humanos dio lugar, en 1979, a la creación del Comité Permanente por la Defensa de los De­rechos Humanos.

El espacio público para la labor de las ONG era precario en ese período, ya que no contaban con posibilidades de interlo­cución con las autoridades, las cuales no aceptan la ocurrencia de atropellos denunciados, eludían su deber de promover y di­fundir los derechos humanos y además le daban tratamiento de prohibido, peligroso y subversivo al tema, calificando a los de­fensores como enemigos del Gobierno y apatridas.

Lo anterior condujo a que se realizaran muchos allanamientos, detenciones arbitrarias (5.000 presos políticos por año), se ins­titucionalizara la tortura y se desconociera la legislación interna­cional de protección de los derechos humanos.

Ante la primera visita de Amnistía Internacional -Al- (1980), el presidente Julio César Turbay negó los hechos violatorios de los derechos humanos y calificó a las ONG como parte de una conjura internacional. Al informe de Al lo calificó de vago e

[ 448 ] FLOR ALBA ROMERO

impreciso; Hugo Escobar Sierra, entonces ministro de Justicia,

señaló que Al había violado la soberanía nacional. Por su parte, AI recomendó el levantamiento del Estado de

sitio, la derogación del Estatuto de Seguridad, la publicación de las actas del Consejo de Ministros que ordenaban la retención de personas, por el artículo 28, el traslado a la justicia ordinaria de los procesos de civiles que estaban en la justicia penal mili­tar, la revisión de los procedimientos para acoger denuncias sobre derechos humanos y garantizar el derecho del babeas corpus, crear comisiones de investigación por torturas a detenidos y garanti­zar la comunicación de los detenidos con los abogados y sus fa­miliares en las 24 horas siguientes al arresto.

El ejército, por su parte, ante las acusaciones recibidas, se

defendía:

Es una campaña contra los jefes de la institución militar, pro­curando su deshonra, situación en la cual fuerzas disociadoras han mostrado acucioso interés, con la clara estrategia de minar la co­hesión que existe dentro del estamento militar y que el país re­quiere como base insustituible para su tranquilidad y progreso9.

Segunda etapa: el acceso a organismos internacionales y la nueva actitud del Gobierno

A finales de los setenta, las ONG decidieron acudir a organismos y agencias de cooperación internacional, aunque dudando de su éxito. En 1980 el país fue visitado, como dijimos antes, por Amnistía Internacional (que tiene status consultivo ante el Con­sejo Económico y Social de Naciones Unidas) y la Comisión

9 Carta pública suscrita el 20 de diciembre de 1977 por el general Luis Carlos Camacho Leyva, comandante general de las fuerzas militares, luego ministro de Defensa del gobierno de Turbay Ayala.

El movimiento de derechos humanos en Colombia í 449 ]

Interamericana de derechos humanos. Sus informes alertaron sobre la grave situación de derechos humanos prevaleciente en Colombia.

Esta intervención propició una actitud esperanzadora en las ONG de derechos humanos, que se decidieron a presentar casos ante el Sistema Regional (de la OEA) y el Sistema Universal de las Naciones Unidas, e influyó para que el gobierno colombia­no iniciara algunos cambios de actitud frente al tema.

El presidente Belisario Betancur (1982-1986) reconoce la existencia de abusos y atropellos y abre las expectativas para una negociación con la guerrilla. En materia de derechos humanos su discurso es distinto. Betancur atendió parcialmente las reco­mendaciones del informe de Amnistía Internacional y estable­ció controles a las actas del Consejo de Ministros.

Sin embargo, el tema de los derechos humanos fue perdien­do su lugar; la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Carlos Jiménez Gómez, adelantó la investigación sobre para-militarismo, la cual no tuvo ninguna repercusión. "El país no to­ma en serio la defensa de los derechos humanos", señaló el Pro­curador10. Las autoridades militares, por su parte, hablaron del "Síndrome de la Procuraduría", señalando que su intervención limitaba la efectividad de las acciones militares.

Este período se caracterizó por la gran contradicción entre el discurso público, favorable al respeto de los derechos huma­nos, y los resultados prácticos. Paradójicamente, se disminuye­ron los allanamientos y las detenciones, pero aumentaron las des­apariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.

El fenómeno paramilitar se extendió y se perfeccionaron los métodos de represión y ocultamiento de la identidad de los

10 Declaraciones del procurador general de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, en la revista Semana de octubre de 1985.

[ 450 ] FLOR ALBA ROMERO

victimarios, y el trabajo de protección y defensa de los derechos humanos se hizo mucho más difícil, por el carácter encubierto de las acciones ejecutadas.

Ante el aumento de prácticas de desaparición forzada, las ONG se dedicaron a la búsqueda de pruebas materiales y testi­gos para aportar a las investigaciones, buscando superar la im­punidad.

Tercera etapa. La estatizacíón del tema de los derechos

humanos y la deliberación con las ONG

Mediante la Resolución 035 del 9 de septiembre de 1986, el en­tonces procurador general Carlos Mauro Hoyos creó la Comi­sión de Derechos Humanos de la Procuraduría e invitó al Comi­té Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos -ASFADDES- a hacer parte de ella. La Comisión recibió casos e hizo seguimiento puntuales.

Luego del asesinato del procurador Hoyos, asume la direc­ción de ese despacho Horacio Serpa Uribe, quien por medio de la Resolución 014 del 14 de junio de 1988 amplía la participa­ción de las ONG y su órbita de actuación, facultándolas para re­cibir y escuchar quejas. Fueron invitados a participar el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colecti­vo de Abogados, el Comité de Madres y Familiares de Presos Políticos y el Colectivo por la Vida 5 de Junio. La Procuraduría delegada para derechos humanos ejerció la secretaría de la Co­misión.

Entre las labores adelantadas por esta Comisión están el pronunciamiento acerca de los inconvenientes por utilizar las instalaciones militares como lugares de detención de civiles, y la presentación del primer proyecto de ley para la tipificación del delito de desaparición forzada.

El movimiento de derechos humanos en Colombia [ 451 ]

Al finalizar el período presidencial de Virgilio Barco, el pro­curador Alfonso Gómez Méndez amplió el número de partici­pantes y creó comisiones regionales.

Este gobierno, aceptando la gravedad de la situación, y ante la presión de la comunidad internacional, creó la Consejería Pre­sidencial de Derechos Humanos, mediante el Decreto 2211 del 8 de noviembre de 1987, como una instancia asesora del presi­dente en el diseño de políticas en materia de derechos huma­nos.

La Consejería tomó la iniciativa de adelantar actividades de promoción de los derechos humanos y estuvo abierta al debate público, cambiando de actitud y dando una real importancia a lo que llamó la cultura de los derechos humanos.

Aunque se fortaleció la interlocución con las ONG de dere­chos humanos, la administración Barco planteó un discurso pro­blemático sobre "los derechos humanos como responsabilidad de todos", diluyendo la responsabilidad del Estado. Ante el In­forme de Amnistía Internacional, el gobierno respondió que el contexto era de muchas violencias por fuera del control del Es­tado y que, por lo tanto, había muchos responsables11. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales de derechos hu­manos expresaron que "la situación de derechos humanos es en efecto compleja, pero no confusa".

El Gobierno colombiano, que comienza a recibir fondos de las Naciones Unidas, por Servicios de Asesoramiento Técnico en materia de derechos humanos, es requerido por instancias de la ONU y la OEA, y sabe que debe cuidar su imagen y tener una legitimidad internacional; por esto delega a la Consejería la atención de demanda de información e invita al Grupo de Tra-

1 ' Véase Por la vigencia de los derechos humanos, Tomo IX, Ia parte, Presidencia de la

República, Virgilio Barco, agosto de 1988, pp. 109-112.

[ 452 ] FLOR ALBA ROMERO

bajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y al Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de Naciones Unidas.

Delegados de estos mecanismos especiales de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas visitaron a Co­lombia en 1988 y 1989 y formularon importantes recomenda­ciones, sobre todo ante la ausencia de políticas de protección a los derechos humanos. La actitud de las autoridades fue positi­va. Los señalamientos contra el Estado ya no provenían de las ONG de derechos humanos, sino de las Naciones Unidas y la OEA.

El reconocimiento de la labor de las ONG de derechos humanos

La visita de instancias intergubernamentales al país incidió fa­vorablemente en el reconocimiento del trabajo de las ONG de derechos humanos y de las difíciles condiciones de seguridad y de hostilidad en medio de las cuales se desarrolla la labor de defensa.

138. A los miembros de la misión les impresionó profunda­mente la valerosa actitud de los activistas de los derechos huma­nos en Colombia. Al prestar asistencia jurídica y de otro tipo a las víctimas de la violencia, satisfacen una necesidad que no puede atender el Estado. A veces tienen que trabajar en condiciones sumamente arriesgadas. Muchos de ellos han perdido la vida. Merecen que el gobierno les dispense un reconocimiento, un apo­yo y una protección mayores que los que parece haberles presta­do hasta la fecha12.

12 Contra viento y marea. Conclusiones y recomendaciones de la ONU y la OEA para garanti­zar la vigencia de los derechos humanos en Colombia: 1980-1997. Defensoría del Pueblo, Comisión Colombiana de Juristas, Tercer Mundo Ed., Bogotá, 1997, p. 138.

El movimiento de derechos humanos en Colombia [ 453 ]

Por su p a r t e , el Es tado c o l o m b i a n o t a m b i é n hace u n reco­

noc imien to que busca r o m p e r el e s t igma c reado a las ONG d e

de rechos h u m a n o s , y dar les su v e r d a d e r a ca tegor ía :

Detrás de los ataques recientes a los organismos de Derechos

Humanos -y que coinciden con la ola de atentados que han teni­

do que enfrentar algunos de ellos- está a veces un curioso supuesto:

el de que si se pide a las Fuerzas Armadas actuar dentro de la ley,

respetando los derechos de la población civil, como lo exige la

Constitución Nacional y como es su política, se está bloqueando

su capacidad de enfrentar eficientemente a la guerrilla. Esto no

podría sostenerlo sino quien esté dispuesto a afirmar que para de­

rrotar a la guerrilla es lícito pasar por encima de las leyes, se jus­

tifica, por ejemplo, la tortura o el fusilamiento de los capturados,

para no correr el riesgo de que los jueces puedan dejarlos libres.

[...] Pero ésta no puede ser la posición del Estado, ni de las Fuer­

zas Armadas, ni de quienes buscan realmente la derrota de la

guerrilla13.

Más ade l an t e , y luego del r e c r u d e c i m i e n t o d e a taques , en

j u l i o d e 1997, se d io a conoce r la Directiva Presidencial 0 1 1 , en

la cual se hace u n r e c o n o c i m i e n t o a las ONG d e d e r e c h o s h u m a ­

nos , s e ñ a l a n d o q u e c u m p l e n labores d e asesor ía y d e asistencia

j u r í d i c a a la soc iedad:

El Presidente de la República ordena una actitud comedida

con las organizaciones; atender y despachar favorablemente a la

mayor brevedad posible solicitudes a entrevistas, reuniones, peti­

ciones de información y suministro de documentos, salvo los so-

13 Pronunciamiento del Consejero de Derechos Humanos, Revista No. 16, Jorge Orlando Meló.

[ 454 ] FLOR ALBA ROMERO

metidos a reserva legal, circunstancia ésta que se deberá explicar;

abstenerse de formular planteamientos de declaraciones que des­

conozcan la legitimidad de las ONG, que contengan afirmaciones

injuriosas o insultantes, que constituyan formas de amenaza u hos­

tigamiento contra aquéllos, y éstos, abstenerse de permitir o tole­

rar que los servidores públicos sometidos a la autoridad del fun­

cionario de que se trate realicen ese mismo tipo de acto. Así como

de instigar o inducir a terceros, directamente o por interpuesta

persona, a que incurran en esas mismas conductas. Actuar con di­

ligencia e impulsar el trámite de los procesos disciplinarios con­

tra los funcionarios de la rama Ejecutiva que incurran en contra

de los miembros de las organizaciones de derechos humanos, e

imponer las sanciones previstas para ello. Abstenerse de incurrir

en la formulación de falsas imputaciones, y en caso de recibir in­

formación en relación con la eventual comisión de delitos por parte

de los miembros de las ONG de derechos humanos, ponerla en co­

nocimiento de las autoridades competentes. Convocar Consejos

de Seguridad departamentales y municipales que contengan el

examen de las situaciones de riesgo o de agresión contra las or­

ganizaciones de derechos humanos y la adopción de medidas ten­

dientes a conjurar dichas situaciones. Promover y efectuar un se­

guimiento sostenido y sistemático e impulsar las investigaciones

penales, disciplinarias y administrativas relacionadas con las vio­

laciones de derechos humanos y DIH cuyas víctimas sean o hayan

tenido la condición de miembros de organizaciones de derechos

humanos. Como complemento de lo anterior y en orden al debi­

do cumplimiento por parte de los funcionarios públicos de los

deberes impuestos por esta directiva, el Presidente de la Repúbli­

ca insta y convoca a las entidades que integran la rama Judicial y

el Ministerio Público, otorgar prioridad y conducir con especial

eficiencia y celeridad las investigaciones penales y disciplinarias

relacionados con violaciones a los derechos humanos y del DIH cu­

yas víctimas tengan o hayan tenido la condiciones de miembros

El movimiento de derechos humanos en Colombia í 455 ]

de organizaciones de derechos humanos. Responsabilizar de la

conducción de las respectivas investigaciones a personal muy idó­

neo y eficiente, así como asignar agentes especiales del Ministe­

rio Público a los respectivos procesos que a su vez tenga tales cua­

lidades.

La Constitución del 91 y los derechos humanos

Con el reconocimiento de los derechos humanos en la nueva Constitución política del país, se inicia una nueva etapa en la cual el Estado colombiano continúa, desde su perspectiva, la con­solidación del tema de los derechos humanos.

Siguiendo el mandato constitucional, se crea la Defensoría del Pueblo; es nombrado defensor Jaime Córdoba Triviño, an­terior procurador delegado para los derechos humanos, quien ya tenía una estrecha relación con las ONG de derechos huma­nos. El artículo 32 de la Ley 24/92, que regula las funciones de la Defensoría, contempla la creación del Consejo Asesor del Defensor del Pueblo, en cual participarían 4 delegados de ONG. Este Consejo nunca funcionó, ni en la administración Córdoba Triviño ni en la del actual defensor del Pueblo, José Fernando Castro Caicedo.

Pese a lo anterior, esta etapa fue de una buena interlocución con las ONG de derechos humanos, como el Defensor del Pue­blo expresara:

El Defensor del Pueblo y las ONG tienen en común fundo­

nes como orientar e instruir a la comunidad sobre la defensa de

sus derechos; divulgar información sobre violaciones de los de­

rechos humanos, es decir, reuniría, evaluarla y diseminarla; pro­

porcionar asistencia legal a las víctimas de violaciones y poner

en práctica los nuevos mecanismos judiciales para proteger los

derechos y realizar actividades que expresen los intereses de la

[ 456 ] FLOR ALBA ROMERO

comunidad, como es el caso de la presentación de proyectos de ley [...]. De lo anterior se deduce que existen muchos frentes de acción en los cuales la Defensoría y las ONG podrían conjugar es­fuerzos y recursos para proteger los derechos humanos. Esta co­operación no comprometería la autonomía institucional ni ideo­lógica de las ONG, mientras que sí comprometería a la Defensoría en el ejercicio de sus funciones14.

Mediante la circular 7.432 de agosto de 1994 del Ministerio de Defensa al Comandante de las Fuerzas Armadas y al Director General de la Policía, se dan recomendaciones acerca de la rela­ción con las ONG, principalmente sobre el respeto a la integri­dad física de sus miembros, a fin de disipar los prejuicios o des­confianza hacia estas organizaciones de derechos humanos por parte de funcionarios estatales.

El debate internacional

La interlocución entre las organizaciones de la sociedad civil y los órganos de la ONU, en particular de la Comisión, responden a la definición sobre la labor de las organizaciones no guberna­mentales, adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Viena en 1993, que señalaba:

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos reconoce la im­

portante función que cumplen las organizaciones no gubernamen­

tales en la promoción de todos los derechos humanos y en las acti­

vidades humanitarias a nivel nacional, regional e internacional. La

14 Jaime Córdoba T , El Defensor del Pueblo: antecedentes, desarrollo y perspectiva de la institución del Ombudsman en Colombia. Ed. Jurídicas Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1992, pp. 390-391.

El movimiento de derechos humanos en Colombia [ 457 ]

Conferencia aprecia la contribución de esas organizaciones a la

tarea de acrecentar el interés público en las cuestiones de dere­

chos humanos, a las actividades de enseñanza, capacitación e in­

vestigación en ese campo y a la promoción y protección de los

derechos humanos y las libertades fundamentales. Si bien reco­

noce que la responsabilidad primordial por lo que respecta a la

adopción de normas corresponde a los Estados, la Conferencia

también aprecia la contribución que las organizaciones no guber­

namentales aportan a ese proceso. A este respecto, la Conferen­

cia subraya la importanda de que prosigan el diálogo y la coope­

ración entre gobiernos y organizaciones no gubernamentales. Las

organizaciones no gubernamentales y los miembros de esas orga­

nizaciones que tienen una genuina participación en la esfera de

los derechos humanos deben disfrutar de los derechos y las liber­

tades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Hu­

manos y de la protección de las leyes nacionales. Esos derechos y

libertades no pueden ejercerse en forma contraria a los propósi­

tos y principios de las Naciones Unidas. Las organizaciones no

gubernamentales deben ser dueñas de realizar sus actividades de

derechos humanos sin injerencias, en el marco de la legislación

nacional y de la Declaración Universal de Derechos Humanos15.

Para las ONG de Colombia, la Comisión de Derechos Huma­

nos de Naciones Unidas ha sido uno de los espacios privilegiados

en donde se ha dado el debate entre ONG de derechos humanos

y delegados gubernamentales sobre la situación colombiana.

A través de diferentes procedimientos y mecanismos de la

Comisión, se ha examinado la efectividad de las medidas guber­

namentales de protección de los derechos humanos, su agilidad

15 Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Viena, 14 a 25 de junio de 1993, Declaración y Programa de Acción de Viena.

[ 458 ] FLOR ALBA ROMERO

o morosidad, profundidad y eficacia, y la influencia de políticas aplicadas por el Gobierno en materia de orden público y segu­ridad ciudadana.

Entre 1988 y el 2000, se han producido numerosas recomen­daciones derivadas de órganos de la ONU; entre ellas, la más im­portante es la "Declaración del Presidente del 52 período de sesiones de la Comisión de derechos humanos", del 23 de abril de 1996, gracias a la cual se suscribió un Convenio entre el Go­bierno de Colombia y la Oficina de la Alta Comisionada de de­rechos humanos de la ONU, para establecer una oficina perma­nente en el país y cuyos informes han sido de gran utilidad para el análisis y seguimiento a la situación de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. El más reciente de dichos informes fue presentado ante la Comisión de Derechos Huma­nos en Ginebra, en marzo del 2000.

Las experiencias nacionales de interlocución

Durante los gobiernos de Gaviria (1990-1994) y Samper (1994-1998) se dieron importantes acercamientos entre las ONG de derechos humanos y el Estado, y valiosas experiencias de interlo­cución:

1. Comisión de Investigación de Sucesos de Trujillo: surgió como resultado de un acta de entendimiento (suscrita el 26 de septiembre/94), firmada por los delegados del Gobierno de Co­lombia y la Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, re­presentante de las víctimas de las masacres, desapariciones, tor­turas y amenazas en el municipio de Trujillo (Valle), ante la Comisión Interamericana de derechos humanos, siguiendo el procedimiento de solución amistosa16.

Caso N" 11007, Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El movimiento de derechos humanos en Colombia [ 459 ]

Sus actividades centrales consistieron en la revisión de ex­pedientes judiciales, la realización de entrevistas a testigos, la promoción de medidas de protección para éstos; la formulación de recomendaciones a los órganos de investigación y punición; la evaluación del conjunto de pruebas recogidas; la formulación de recomendaciones sobre medidas compensatorias, y la respon­sabilidad del Estado frente a los hechos.

La Comisión estuvo conformada por 5 miembros de enti­dades del Estado (de ramas distintas al Ejecutivo); 7 represen­tantes del Ejecutivo; 1 representante del Episcopado de Colom­bia; uno de la Cruz Roja Colombiana; 5 delegados de ONG: Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de la Confe­rencia de Religiosos de Colombia, Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ASFADDES; Comisión Andina de Ju­ristas, Seccional Colombiana, Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" y Comité de Solidaridad con los Presos Polí­ticos.

La Comisión se instaló el 13 de octubre de 1994, en un acto público presidido por el ministro de Relaciones Exteriores, Ro­drigo Pardo García-Peña, y contó con la asistencia de Leo Valla­dares, representante de la Comisión Interamericana de derechos humanos. La creación de la misma fue ratificada mediante el Decreto Presidencial 2771 del 20 de diciembre de 1994.

En enero de 1995 la Comisión aprobó el Informe Final, en el cual señala la responsabilidad del Estado por acción y omisión, y se recomienda investigar y sancionar penal y disciplinariamente a los autores de los hechos. En discurso del 31 de enero de 1995, el entonces presidente Ernesto Samper reconoce la responsabili­dad del Estado en estos atroces hechos.

2. Comisión Nacional de Derechos Humanos (Comisión 1533): la Comisión 1533 se creó como resultado del Foro Nacio­nal de derechos humanos "Retos y propuestas", realizado en julio de 1994, y como parte de los acuerdos firmados entre la Admi-

[ 460 ] FLOR ALBA ROMERO

nistración de César Gaviria (1990-1994) y una facción del Ejér­cito de Liberación Nacional que se desmovilizó, la Corriente de Renovación Socialista.

Los miembros de la Comisión fueron: un delegado por los ministerios de Gobierno, de Defensa Nacional, de Relaciones Ex­teriores y de Justicia; la Consejería Presidencial de derechos hu­manos, los Inspectores Generales de las Fuerzas Militares, un delegado del Departamento Nacional de Planeación, uno de la Oficina del Alto Comisionado de Paz, uno de la Fiscalía General de la Nación, uno de la Procuraduría General de la Nación, uno de la Defensoría del Pueblo, uno de las Comisiones de derechos humanos del Senado y de la Cámara de Representantes, uno de la Conferencia Episcopal de la Iglesia católica, uno de la Cruz Roja Colombiana, uno de la Central Unitaria de Trabajadores -CUT-, uno de la Corriente de Renovación Socialista y uno de las ONG; Comisión Colombiana de Juristas, Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Comité Permanente para la Defensa de los derechos humanos, Fundación Progresar, CINEP, CEDAVIDA, Corporación Avre y Red de Iniciativas por la Paz, más un obser­vador de la Embajada de Holanda.

La Comisión inició sus labores en septiembre de 1994 y se convirtió en un espacio importante de debate sobre propuestas de políticas en materia de derechos humanos; allí se constató el reconocimiento estatal de las ONG de derechos humanos como interlocutores válidos. Éstas, por su parte, demandaron de las autoridades el cumplimiento de las leyes. En la Comisión se deliberó sobre diagnósticos, causas y formulación de soluciones, en materia de derechos humanos.

La Comisión contribuyó a la decisión gubernamental de aprobar el Protocolo ll Adicional a los Convenios de Ginebra, la ley que autoriza el pago de indemnizaciones declaradas por la Comisión Interamericana de derechos humanos y el Comité de derechos humanos de Naciones Unidas a víctimas de graves vio-

El movimiento de derechos humanos en Colombia [ 461 ]

laciones de derechos humanos, y favoreció la creación de la Uni­dad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía.

Sin embargo, a pesar de esta exitosa experiencia, se eviden­ció la ambigüedad del gobierno del presidente Samper, que ra­tificó las objeciones a la ley de desaparición forzada (que en su momento había expresado el presidente Gaviria) y declaró el Estado de Conmoción Interior, en agosto de 1995, situación que iba en contravía de la política de derechos humanos recomen­dada por las Naciones Unidas y la OEA, hecho que originó que las ONG se retiraran de la Comisión.

3. Comisión Interinstitucional sobre la situación de derechos humanos en Casanare: fue creada en 1995 y en ella participa­ron la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, la Consejería Presidencial de derechos humanos, la Procuraduría delegada para los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

La Comisión realizó visitas y entrevistas, a fin de recogerlas en un Informe de recomendaciones. Su trabajo también sirvió de base para los reclamos que luego se hicieron a la compañía British Petroleum, por presunto involucramiento con los grupos paramilitares.

4. Comité de Impulso de los casos de Caloto, Los Uvos y Villatina: los casos por las masacres ocurridas en Caloto (Cauca), Los Uvos (Cauca) y Villatina (Antioquia) fueron aceptados por la Comisión Interamericana de derechos humanos; un Comité de Impulso se creó mediante Acta de entendimiento entre el Go­bierno y los peticionarios, con el propósito de dar un nuevo alien­to a las investigaciones penales y disciplinarias, favorecer la pre­sencia de testigos de los hechos y formular recomendaciones en relación con la reparación a las víctimas.

El Comité inició sus actividades en octubre de 1995; el Go­bierno refrendó su existencia mediante la expedición del Decreto

[ 462 ] FLOR ALBA ROMERO

318/96. En 1998 el Comité de Impulso presentó las recomenda­ciones al gobierno. El presidente Samper reconoció en alocución pública, el 29 de julio/98, la responsabilidad estatal en los hechos.

5. Comisión Interinstitucional sobre el departamento del Meta: esta Comisión se creó por iniciativa del Comité Cívico de derechos humanos del Meta, ante el asedio de grupos parami­litares, buscando claridad sobre los hechos violentos y sus res­ponsables en esta región. Por diversas circunstancias, la Comi­sión no logró consolidarse.

6. Comisión Redactora del Código de Justicia Penal Militar: fue creada mediante el Decreto 265 de 1995, conformada por el Fiscal General, el Procurador, el Defensor del Pueblo y el Di­rector de la Comisión Colombiana de Juristas. Luego de meses de deliberación, hubo consenso en casi toda la propuesta de Reforma, pero no en temas como "obediencia debida", "actos del servicio militar o policial" y "adscripción de la justicia penal militar a la rama Jurisdiccional o la Ejecutiva".

En 1999, finalmente, el código fue reformado, pero su vi­gencia se condicionó a las modificaciones al Régimen Discipli­nario Interno. Esto ocurrió en el primer trimestre del 2000, pero su espíritu no recoge los planteamientos básicos formulados por la ONU, la OEA y las ONG17.

7. Comité de Evaluación de Riesgos del Ministerio del Inte­rior: ante la situación de ataques reiterados y hostigamiento a

17 En el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Colombia, recomienda: "... 193. La Alta Comisionada ins­ta al gobierno de Colombia y al Congreso a adoptar la normativa requerida para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Militar. Dicha norma debe tomar en cuenta los principios y recomendaciones internacionales sobre independencia e imparcialidad de los funcionarios encargados de administrar justicia, la formación jurídica de éstos y el carácter restringido del fuero. Así mismo, exhorta a las autori­dades competentes a la adecuada aplicación e interpretación de estos principios", Bogotá, abril del 2000.

El movimiento de derechos humanos en Colombia [ 463 ]

los defensores de derechos humanos, y gracias a la presión de la comunidad internacional, mediante la Ley 199 del 95, se esta­bleció la Unidad Administrativa Especial para los Derechos Humanos, adscrita al Ministerio del Interior, y en su artículo 32 contempla la creación del Comité de Reglamentación y evalua­ción de Riesgos, dirigido a atender a dirigentes sociales, sindi­cales y defensores de derechos humanos.

La labor fundamental de este Comité se centró ya no en la concertación para los diagnósticos y recomendaciones en mate­ria de violaciones a los derechos humanos, sino para la toma de medidas de protección a los defensores de derechos humanos, dado su grado de vulnerabilidad.

El Comité asume las medidas necesarias para la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales en ries­go, bien sea mediante protección armada o "dura" (guardaes­paldas, vehículos blindados), el uso de los medios de comunica­ción, la cobertura de transporte nacional e internacional, la adecuación de sedes con puertas y ventanas blindadas, y la ins­talación de circuitos cerrados de televisión y de aparatos detec­tores de metales. Aunque el Comité manifiesta aún lentitud en los procedimientos y trabas en la ejecución presupuestal, tiene importantes resultados.

La persecución contra los defensores de los derechos humanos

La situación de los defensores de derechos humanos en el mun­do es crítica: muchos de ellos sufren persecución y represión, lo que hace que hayan tenido que adelantar sus trabajos en forma callada, clandestina o desde el exilio. Las formas de persecución a los defensores van desde la deslegitimación de su trabajo, el desconocimiento de su existencia legal, las acusaciones, hasta la realización de acciones intimidatorias y atentados contra su vida, su integridad y su libertad.

[ 464 ] FLOR ALBA ROMERO

Así, el movimiento de los derechos humanos en Colombia ha sufrido persecución y hostigamiento, al igual que el resto de movimientos sociales. La democracia en Colombia es restringi­da, la degradación de la guerra y la polarización del país han hecho que los defensores de los derechos humanos sean vulne­rables. La lucha cotidiana por los derechos humanos, la demo­cracia y la justicia, se hace cada vez más difícil.

En 1996, la Comisión de derechos humanos de la ONU ma­nifestó su preocupación por la situación de emergencia que vive el país en materia de derechos humanos y de Derecho Interna­cional Humanitario y saludó positivamente la creación de la Ofi­cina Permanente en Colombia de la Alta Comisionada de las Na­ciones Unidas para los Derechos Humanos, la cual solamente entró en funciones en abril de 1997.

Respecto de la situación de los defensores de derechos hu­manos, la Comisión señaló que ésta se había empeorado, y que los Defensores habían tenido que soportar el hostigamiento, las amenazas, los secuestros, las detenciones, desapariciones, los ase­sinatos y los continuos atentados.

En octubre de 1998, la señora Mary Robinson, Alta Comi­sionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visitó a Colombia y se pronunció a favor del establecimiento de responsabilidades estatales que permitieran la supervivencia del trabajo de los defensores de derechos humanos en Colombia.

En noviembre del mismo año, fue muy importante la apro­bación, por parte de la Asamblea General de la ONU de la De­claración sobre el derecho y el deber de los individuos de prote­ger y defender los derechos humanos, o Declaración de Defen­sores, la cual establece18:

18 ONU. Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos, Asamblea General, Ginebra, noviembre de 1998.

El movimiento de derechos humanos en Colombia i 465 ]

a. El derecho a defender los derechos humanos, como tarea de todos: promoción, prevención y protección.

b. El derecho a la información y a la libertad de opinión y de expresión en la defensa de los derechos humanos.

c. El derecho a la libertad de reunión y asociación en defen­sa de los derechos humanos.

d. El derecho a defender los derechos humanos de otras per­sonas.

e. El derecho de hacer uso de la ley y de las instituciones en la defensa de los derechos humanos.

f. El derecho a obtener recursos para la defensa de los dere­chos humanos.

g. La obligación de los Estados de proteger a los defensores de los derechos humanos y promover la defensa de los mismos.

En Colombia, los defensores de derechos humanos viven una situación contradictoria: a pesar de sostener contactos con las autoridades colombianas y existir mecanismos de interlocución, paralelo a ello se mantiene una aguda persecución, hostigamien­to, amenazas y atentados.

El último Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la Oficina en Colom­bia19 expresa que hay en el país una preocupante situación de los sectores vulnerables, por la degradación de la guerra, entre ellos, los defensores de derechos humanos. Señala el secuestro de cuatro miembros del Instituto Popular de Capacitación de Me­dellín, de Piedad Córdoba, Presidenta de la Comisión de Dere­chos Humanos del Senado, y las amenazas, hostigamientos y atentados a defensores de ONG, que, como el Comité de Solida-

19 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos hu­manos sobre la Oficina en Colombia, del 1o de enero al 31 de diciembre de 1999, Bogotá, abril del 2000.

[466; FLOR ALBA ROMERO

ridad con los Presos Políticos, han tenido que cerrar temporal­mente sus oficinas.

Señala el Informe que si bien el Programa de Protección Especial del Ministerio del Interior, como mecanismo oficial de protección para personas amenazadas, ha funcionado y atendió, en 1999, 93 casos de protección para individuos y para organi­zaciones, confirma sus problemas administrativos y retraso en la ejecución del presupuesto.

Sostiene que el Estado colombiano se comprometió, a tra­vés del Procurador General de la Nación, a revisar los archivos de inteligencia militar, y constatar la información que exista sobre las ONG de derechos humanos, y aunque esta revisión ya se rea­lizó, no se conocen sus resultados.

El informe plantea:

Recomendación N2 7. La Alta Comisionada insta a adoptar

medidas efectivas para garantizar la vida e integridad de los de­

fensores de derechos humanos, así como de sindicalistas, indíge­

nas, periodistas, académicos, religiosos y servidores públicos ame­

nazados como consecuencia de actividades vinculadas al ejercicio

de derechos y libertades fundamentales. Igualmente, a fortalecer

con suficientes recursos los programas de protección para esta po­

blación20.

Por su parte, las organizaciones de Defensa de los derechos humanos, ante la persecución contra los Defensores de derechos humanos, crearon el Comité Ad Hoc No Gubernamental de Ac­ción y Protección para los Defensores de Derechos Humanos de Colombia. Este Comité coordina un programa de pasantías na-

20 Informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, p. 44, E7CN.4/2000/11.

El movimiento de derechos humanos en Colombia l 467 ]

cionales e internacionales, remite casos al Programa de Preven­ción de Ataques y protección de los Defensores del Ministerio del Interior, tramita becas de estudios fuera de Colombia, apo­ya el retorno de defensores exiliados y realiza campañas de sen­sibilización, información y denuncia ante la opinión pública acer­ca de la situación de los defensores colombianos.

Igualmente, las ONG llevaron a cabo el Seminario Interna­cional sobre la Protección de Defensores de Derechos Humanos, organizado por el Servicio Internacional para los Derechos Hu­manos y la Comisión Colombiana de Juristas, en octubre de 1998. Dicho Seminario dio continuidad al realizado en 1996 por Amnistía Internacional en Bogotá sobre el mismo tema. En ambos se analizó la situación de los defensores en América La­tina y, en particular, en Colombia; la necesidad de desarrollar e implementar nuevas medidas para lograr una mejor protec­ción de los defensores de derechos humanos, los riesgos y obs­táculos en la labor de los defensores de derechos humanos, y las medidas y recursos de protección en el ámbito nacional e inter­nacional.

En los meses de abril y octubre de 1999 visitó al país una Misión Internacional sobre Defensores de Derechos Humanos, la última de las cuales contó con la presencia del juez español Baltazar Garzón y la señora Kerry Kennedy Cuomo. La Misión llamó la atención sobre la necesidad de protección por parte del Estado, para que las ONG de Colombia puedan ejercer su labor con libertad y seguridad.

Al mismo tiempo, las ONG colombianas desarrollaron un seminario en el que analizaron la situación de los Defensores, los factores de riesgo y fortalezas y las propuestas para poder continuar con su labor.

En febrero de 1999 se realizó en Bogotá un Taller de Afirma­ción y Resistencia, para tratar el impacto de la violencia en los defensores de derechos humanos; en él se trataron temas como

[ 468 ] FLOR ALBA ROMERO

las formas de afrontar el miedo, las normas de autoprotección y el comportamiento frente al peligro.

Según la Misión, la situación de los Defensores de derechos humanos en estos dos últimos años es grave: 30 defensores han sido asesinados, 1 desaparecido, 4 secuestrados y liberados, 4 detenidos, 70 amenazados y 27 forzados al exilio.

En su visita expresaron la labor de los defensores en la pro­moción de los derechos humanos, acopio de información, la denuncia de violaciones, la lucha contra la impunidad, la asis­tencia a desplazados y la exigencia de retorno o reubicación.

La Misión planteó que era necesario retomar una propuesta integral para la prevención de ataques y protección, presentada por las ONG en junio de 1997, cuyo contenido principal destaca los siguientes puntos:

• Garantía para el ejercicio de las actividades, legitimidad de su labor, prohibición a los funcionarios de manifestar juicios que los afecten injustamente, definir y desarrollar estrategia de prevención ante la agresión a los defensores de derechos huma­nos.

• Control y verificación de actividades de investigación de los organismos de seguridad que han hecho un trabajo de se­guimiento, interceptación de llamadas y otras formas de con­trol a las ONG de derechos humanos.

• Adoptar medidas, acciones judiciales y sanciones a los gru­pos paramilitares, sus incitadores y financiadores.

• Depurar las fuerzas armadas, desvinculando a los indivi­duos responsables de las violaciones de derechos humanos.

• Establecer mecanismos o espacios de distensión entre las ONG y las autoridades civiles y militares.

• Desarrollar campañas de sensibilización y concientización de las actividades de las ONG de derechos humanos.

• Asegurar la tipificación del delito de desaparición forza­da.

El movimiento de derechos humanos en Colombia í 469 ]

• Reforma del Código Penal Militar.

• Abolir de la justicia regional.

• Aplicar la Directiva presidencial 07, del 9 de septiembre

de 1999, sobre el respaldo, interlocución y colaboración del Es­

tado con organizaciones de derechos humanos.

En su Declaración, la Presidenta de la Comisión de Derechos

Humanos, en su 55 período de Sesiones, afirma que la situación

de los derechos humanos en Colombia es grave; la degradación

del conflicto hace necesario que se tomen medidas legislativas

frente al paramilitarismo y a los abusos por parte de los actores

armados. Plantea:

La Comisión expresa su profunda preocupación por la grave

situación creada por las agresiones contra los defensores de los

Derechos Humanos y deplora la falta de investigaciones judicia­

les efectivas de esos delitos así como la falta de medidas judicia­

les, administrativas, de seguridad y financieras efectivas para pro­

teger a esos defensores sociales y de los derechos humanos que se

encuentran en situación de peligro. Insta al gobierno de Colom­

bia a que observe la Declaración sobre el derecho y el deber de

los individuos, los grupos y las instituciones de promover y prote­

ger los derechos humanos y las libertades fundamentales univer­

salmente reconocidos aprobados por la Asamblea General. Pide

al gobierno de Colombia que consolide su apoyo, por conducto

de todas las instituciones del Estado, a todos aquellos que pro­

mueven la defensa de los derechos humanos, y en especial, que

aplique la directiva presidencial sobre el reconocimiento del tra­

bajo de los defensores de los derechos humanos adoptada en 1997,

y otras medidas adoptadas por el Gobierno para mejorar la situa­

ción de las organizaciones de defensores de los derechos huma­

nos, y protegerlos efectivamente. Alienta a la autoridades de Co­

lombia a que establezcan un diálogo permanen te con las

organizaciones no gubernamentales, sociales y eclesiásticas, con

[ 470 ] FLOR ALBA ROMERO

miras a realizar la protección de los defensores de los derechos

humanos21.

CONCLUSIONES

La labor de los defensores de derechos humanos en Colombia constituye un esfuerzo mancomunado de muchos sectores, que indica la existencia de un verdadero movimiento social, que ha tenido un reconocimiento nacional e internacional; ha contri­buido a la promoción y protección de los derechos humanos, al desarrollo normativo y a la protección de personas víctimas de la violación de sus derechos. En el área de educación, ha desa­rrollado programas que posibilitan el empoderamiento del tema por parte de los sectores populares.

Sobre su legitimidad, hay una gran ambigüedad: mientras los Estados reconocen el papel del movimiento de derechos humanos, en muchos casos en que son seriamente señalados los califican de faltas a la patria, enemigos de las instituciones o cómplices de los actores armados.

El movimiento de los derechos humanos ha tenido diversos obstáculos para ejecutar su accionar libremente. El conflicto armado interno, el paramilitarismo, la impunidad, el desplaza­miento forzado y, en general, los problemas que aquejan al país han impedido que puedan desarrollar su legítima labor con ga­rantías a su integridad y seguridad personal.

Las ONG de derechos humanos pasaron de la confrontación contestataria a la interlocución y apoyo en los debates sobre la materia.

21 Naciones Unidas, 55° período de sesiones, Ginebra, 22 de marzo a 30 de abril de 1999.

El movimiento de derechos humanos en Colombia [ 471 ]

Las experiencias de interlocución de las ONG con el Estado evidencian la posibilidad de encontrar un espacio en donde di­rimir los conflictos mediante el debate argumentado, el diálo­go, las controversias. Haciendo un balance de ellas, se puede concluir que se lograron avances para esclarecer casos, identifi­car situaciones, responsables, y plantear recomendaciones.

Este ejercicio ha logrado, en 20 años, darles credibilidad a las ONG ante el Estado; por su parte, las ONG superaron el cam­po de la denuncia contestataria y una actitud defensiva, para examinar propuestas y fórmulas concretas. En general, ha habi­do una buena disposición de todos; el gobierno se ha mostrado dispuesto a tomar medidas, las cuales no siempre alcanzan a tener correspondencia con la realidad que se vive.

A pesar del reconocimiento de las ONG por parte del Estado y de la comunidad internacional, aún pesan persecuciones y hostigamiento a dichas ONG; es por esta razón que muchas aún desconfían del diálogo con el Estado.

Quedan, sin embargo, otros aspectos por desarrollar, y sin desconocer su importante labor, las ONG de derechos humanos tienen el reto de ser más argumentativas, manejar con mayor profundidad los análisis sobre la coyuntura nacional y de dere­chos humanos y DIH, y superar la debilidad propia, recuperan­do espacios de interlocución.

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