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Antecedentes:
El siguiente Proyecto ha sido reformulado porque se realizó la actualización del cronograma en
realización a la fecha de firma del contrato de préstamo y la fecha del primer desembolso del
BID; de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 1419 que modifica el ―Sistema de Incentivos a la
Vivienda Social‖, el monto del apoyo económico de 5.000 dólares se incrementó a 6.000
dólares, el cual afecta a la meta propuesta inicialmente reduciéndose a 5.116 bonos
entregados; en el componente de centralidades se incrementa la actividad de expropiación de
terrenos para la construcción de la misma afectando al presupuesto.
1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
1.1. Nombre del Proyecto:
"Programa Nacional de Desarrollo Urbano"1
CUP: 185500000.0000.372842
1.2. Entidad Ejecutora:
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) a través de la Subsecretaría de Hábitat y
Asentamientos Humanos; y, Subsecretaria de Vivienda.
1.3. Cobertura y Localización
El proyecto en su primera fase se ejecutará en el área urbana al noroeste de la ciudad de
Guayaquil; en el Área Reservada de Seguridad del Sistema Hídrico de Represas y Embalses y
en zonas de asentamientos ilegales de Guayaquil.
1 En el SIPeIP se postuló con el nombre “Proyecto Nacional Hábitat Seguro” pero por requerimiento del BID se cambió la
denominación del Proyecto, por lo que mediante Oficio Nro. MIDUVI-VCM-2011-0044-O de fecha 21 de noviembre de 2011 se solicitó a SENPLADES cambio de nombre en el sistema.
Gráfico No. 1
ZONA DE INTERVENCIÓN
Fuente: MIDUVI
Elaborado por: MIDUVI
1.4. Monto
El monto total del proyecto en su primera fase es de USD 77´458.730,00 (Setenta y siete millones
cuatrocientos cincuenta y ocho mil setecientos treinta 00/100 dólares), de los cuales USD.
71‗000.000,00 constituyen el aporte del Banco Interamericano de Desarrollo a través de un
crédito reembolsable y USD. 6‘458.730,00 corresponden al Aporte Local.
1.5. Plazo de Ejecución
El plazo de ejecución del proyecto es de cuarenta y ocho meses a partir del año 2012 hasta el
año 2016.
1.6. Sector y Tipo de Proyecto
Sector: Vivienda
Tipo: Vivienda Nueva
2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención
Guayaquil es la ciudad con más población del Ecuador, según el último Censo de Población y
Vivienda (2010), cuenta con 2.278.691 habitantes, de este total el 50.83% son mujeres y el
49.17% son hombres. A continuación se detalla la población por sexo y edad:
Cuadro No. 1
Distribución de la población de Guayaquil por sexo y edad
Sexo Grandes grupos de edad Total
Hombre Mujer
De 0 a 14años 330.629 320.831 651.460
De15 a 64años 730.871 763.733 1.494.604
De 65 años y más 58.831 73.796 132.627
Total 1.120.331 1.158.360 2.278.691
Fuente: INEC
Elaborado por: MIDUVI
En lo que respecta a vivienda y servicios básicos se estima que en la zona urbana de Guayaquil
existen 585.522 viviendas, de este total el 50.2% se encuentran en condiciones aceptables
de habitabilidad, el 3.1% de las viviendas deben ser mejoradas, ya que no cumplen con los
criterios de calidad establecidos y el 12.7% se encuentran en deplorables condiciones por lo que
deben ser reemplazas. Así también, del mismo total de viviendas el 85.9% de la población tiene
acceso a servicios de agua potable por red pública y el 61.7% acceso a servicios de
alcantarillado.
Por otro lado, producto del crecimiento poblacional y de las migraciones internas en la ciudad de
Guayaquil, se ha observado un rápido proceso de urbanización, lo cual ha generado la
conformación de asentamientos informales e invasiones de tierra. Una de las áreas que más se
ha expandido es el sector noroeste de la ciudad, donde existe una intensa actividad de loteo
ilegal. Dada la magnitud del problema de la ocupación informal en el sector noroeste de la ciudad
y por tratarse de un área ambientalmente sensible y estratégica (éste sector es atravesado por un
canal de trasvase de aguas para el suministro de Guayaquil), el Gobierno Nacional decidió
declararlo como -Área Reservada de Seguridad al Plan Hidráulico del Acueducto de Santa
Elena|| (mediante Decreto Ejecutivo No. 607 suscrito el 28/12/2010).
La zona de reserva de seguridad del Sistema Hídrico de Represas y Embalses
comprende: 500 metros alrededor de las instalaciones de seguridad física u orillas de las
represas y embalses, estacionales de bombeo y de las instalaciones de control, comunicaciones
y obras complementarias importantes; 150 metros a uno y otro lado del eje central de los ramales
laterales, líneas de flujo de agua y canales del sistema hídrico; y 50 metros a uno y otro lado de
las vías de acceso principales y secundarias. Además, es zona de reserva de seguridad el área
comprendida en las siguientes coordenadas: Coordenada inicial 2 7'39.30''S 80 2'45.60''W, al
norte siguiendo la línea geodésica hasta la coordenada 2 1'10.45''S 80 2'45.60''W, al este,
siguiendo la línea geodésica hasta la coordenada 2 1'10.45''S 79 57'12.60''W, al sur
siguiendo la vía Daule hasta la coordenada 2 2'41.31''S 79 56'53.75''W, al oeste, siguiendo la
línea geodésica hasta el retiro del canal de trasvase en coordenadas 2 2'41.28''S 79 57'37.98''W,
al sur siguiendo el retiro del canal de trasvase hasta coordenadas 2 5'29.65''S 79 58'48.59'' W, al
oeste, siguiendo la línea geodésica hasta insertar el límite este del lote la victoria con
coordenadas 2 5'29.62''S 79 59'21.16'' W, al sur, siguiendo el límite este de los lotes la Victoria y
Prodebien con coordenadas 2 6'51.71''S 80 0'11.03''W, al oeste, siguiendo ellímite sur del lote
Prodebien 2 6'40.56''S 80 1'22.24''W, al sur, siguiendo la vía en coordenada 2 7'19.46''S 80
0'50.83''W, al oeste en 2 7'30.59'' 80 1'24.41''W, al sur, siguiendo el retiro del canal de trasvase 2
7'39.43''S 80 1'18.83''W, al oeste hasta 27'39.30''S 80 2'45.60''W, cerrando con la coordenada
inicial.
Su superficie total es de aproximadamente 9.232 ha., gran parte de la cual es bosque natural.
Dentro de ésta, existen aproximadamente 440 hectáreas las cuales han sido ocupadas
ilegalmente por 3.622 familias2, mismas que tendrán que ser reasentadas en urbanizaciones
regulares.
De acuerdo a datos preliminares presentados por medio de un estudio socio económico
contratado por el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, de una muestra de 406 familias
residentes en la zona de reserva de seguridad, se estima que el 85.22% son mujeres y el 14.78%
son hombres. Del total de encuestados el 88.91% de las personas que habitan tienen una edad
comprendida entre 15-54 años, distribuidos de la siguiente manera:
2Censo realizado por el Instituto Geográfico Militar
Cuadro No. 2
Distribución de la muestra de población en la Zona de Reserva de Seguridad por edad
Fuente: PRI3
Elaborado por: MIDUVI
De esta muestra, el 50.74% tiene un nivel de educación primario y el 19.70% instrucción
secundaria. Así también, el 45.07% tiene trabajo, cuyos ingresos están comprendidos entre US$
100 a US$ 350.
En lo que respecta a la posesión y estado de la vivienda, el 90.39% de las familias encuestadas
declaran tener una vivienda propia asentada en el área reservada de seguridad, sin embargo
solo el 45.32% de las viviendas se encuentran en buen estado. De acuerdo a las
especificaciones técnicas y tipologías de las viviendas, gran parte de estas son de caña, A
continuación se detalla las características más relevantes de las mismas:
Cuadro No. 3
Tipo de Vivienda
Fuente: PRI
4
Elaborado por: MIDUVI
3PRI - PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO DE FAMILIAS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS, encuesta realizada por Santiago-
Pérez, investigación y estudios - Encuesta Ciudad Victoria – Guayaquil, 28 de febrero de 2011 4Idem nota de pie No. 3
Cuadro N o. 4
Características de las viviendas
Fuente: PRI5
Elaborado por: MIDUVI
El 72.17% de estas viviendas tienen un solo ambiente, es decir carecen de divisiones
habitacionales dentro de cada casa, lo que confirma el grado de hacinamiento en el cual viven las
familias encuestadas.
Adicionalmente, el 89.16% de las familias encuestadas declaran como propio o en posesión
legítima los terrenos en los cuales construyeron sus viviendas, el 8.87% no posee ningún tipo de
referencia sobre la propiedad de la tierra que ocupa y el 1.97% declara haber recibido en cesión
el derecho sobre la tierra.
5Idem nota de pie No. 3
Estas cifras reflejan en la mayoría de familias la percepción de legalidad de la compra- venta de
solares por parte de quienes comercializaban de manera ilegal los lotes de terreno en los
sectores ocupados por las familias, así como el alto grado de informalidad de las transacciones
de compra venta de terrenos en el área reservada de seguridad, actualmente las familias
conocen que dichas posesiones y cesiones no son legales.
En lo que se refiere al acceso a servicios básicos, solo el 0.74% de las familias se provee de
agua por tubería, el resto de las familias por sistemas alternativos como la compra de agua a
tanqueros (95.32%). El 97.78% de familias cubren sus necesidades sanitarias a través del uso
del campo abierto, las letrinas y pozos sépticos sin conexión a redes de alcantarillado.
2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema
El crecimiento poblacional y las migraciones internas en el país han impulsado un rápido proceso
de urbanización: la tasa de crecimiento urbano es superior al de la población total, registrando
2,3% anual en la última década según los datos del censo de población y vivienda 2010.
Desde comienzos de los años 80 la población urbana a nivel nacional pasó a superar la rural, y
en la actualidad, con 9,4 millones, representa el 65,7% del total. Se observa también una gran
concentración en las grandes mayores ciudades, Guayaquil, Quito y Cuenca, pues albergan el
45,8% de la población urbana y en la última década tuvieron un crecimiento anual de 1,55%6.
Este proceso de urbanización genera una fuerte demanda por vivienda, infraestructura urbana y
servicios básicos. El déficit habitacional estimado es de aproximadamente dos millones de
viviendas. Esto significa que el 55% del total de las viviendas presentan algún tipo de deficiencia
en sus condiciones habitacionales, ya sea en términos cuantitativos (falta de vivienda para
692.216 familias), como cualitativos (1.302.478 viviendas consideradas inadecuadas). Se calcula
que la demanda de nuevas unidades habitacionales es de alrededor de 64.3007 por año. La
mayor parte de estos déficits se registran en las áreas urbanas, donde la oferta de vivienda
formal es baja o inaccesible para los segmentos más pobres, resultando en que más del 70% de
las viviendas existentes se edificaron de manera informal, sin respetarse las normas constructivas
y de urbanismo.8
6Datos de población del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo del Ecuador, 2010
7Silvana Ruiz, Consultoría – Planificación MIDUVI 2010, producto 2, pp. 9-10
8MIDUVI, 2009. Política habitacional y servicios de agua y saneamiento, periodo 2009 - 2025
Una de las formas más comunes de ocupación informal que ha tenido el país ha sido la
urbanización o loteo ilegal, que se produce a partir de grandes extensiones de terreno de uso
agrícola o ganadero, ubicadas en las periferias del suelo urbano de la ciudad, que son
fraccionadas ilegalmente, es decir sin haber obtenido los permisos necesarios para
fraccionamiento ni para cambio en la regulación de uso de ese predio de rural a urbano.
Dicho fraccionamiento generalmente se hace a través de dos mecanismos: por un agente privado
particular (propietario original o no) que divide el terrero en parcelas y las comercializa como
lotes, obteniendo así mayores utilidades de las que tendría al comercializar el terreno primario; o,
por el propietario que vende derechos y acciones sobre una porción del terreno mismas que
posteriormente son utilizadas por los titulares de dichos derechos para solicitar a un juez que de
una sentencia de partición judicial.
En el caso de lotizadores ilegales, la situación es particularmente perversa porque,
además de generar crecimiento irregular, ilegal y disperso de los asentamientos, incluye en la
mayoría de los casos estafas a quienes compran los lotes, bajo el engaño de que se cuenta con
los permisos necesarios para urbanización o de que estos se obtendrán en el corto plazo.
Otra forma de generación de asentamientos informales que experimentó el país se dio a partir de
los procesos de invasión, es decir la ocupación ilegal y en ocasiones violenta de predios públicos
o privados. En estas situaciones, una persona o un grupo de personas llegan a una extensión de
suelo vacante (casi siempre en la periferia del límite urbano) para instalar sus viviendas con la
expectativa de formalizar su situación de tenencia con el pasar del tiempo.
Este mecanismo de ocupación suele venir acompañado de asentamientos en zonas de riesgos y
de procesos de auto construcción lo que en muchos casos deriva en la generación de
condiciones no adecuadas de habitabilidad. Adicionalmente, como estos predios no estaban
incluidos en las áreas urbanas de la ciudad están desprovistos de infraestructura de servicios
domiciliarios, por lo que generalmente buscan satisfacer esta carencia haciendo conexiones
ilegales a la red pública o a través de mecanismos alternativos que suelen estar gestionados por
los mismos promotores del proceso de invasión.
Las condiciones habitacionales de las familias en estas urbanizaciones son precarias, debido a
su limitado acceso a servicios básicos (agua, energía eléctrica, alcantarillado, pavimentación,
etc.), la mala calidad de las viviendas y el alto grado de hacinamiento. La ausencia de transporte
público y la precaria condición de las vías dificulta la accesibilidad al resto de la ciudad, así como
la prestación de servicios urbanos. Esto eleva los costos y los tiempos de desplazamiento hacia
los centros urbanos, donde la mayor parte de los residentes trabaja. Además, tales
urbanizaciones presentan escasos espacios para el esparcimiento y oferta insuficiente de
servicios sociales, como escuelas, puestos de salud y servicios administrativos estatales.
Los problemas de urbanización informal son especialmente serios en Guayaquil. Su dinamismo
económico ha atraído a un fuerte contingente migratorio, junto a la consecuente demanda
por viviendas y servicios públicos, la cual no ha sido atendida satisfactoriamente. La búsqueda de
nuevas áreas de expansión urbana ha resultado en una ocupación desordenada, y
frecuentemente ilegal, de áreas de uso agrícola y/o de protección ambiental en la periferia de la
ciudad. Como resultado, Guayaquil presenta el mayor número de invasiones a nivel nacional
(33,40% de las áreas se encuentran invadidas).
En los últimos años, una de las áreas que más se ha expandido es el sector noroeste de la
ciudad de Guayaquil en la cual se ha desarrollado una intensa actividad de loteo ilegal,
promovida por traficantes de tierra que actúan tanto en la promoción de invasiones y el
fraccionamiento de tierras, como en la comercialización de lotes y la prestación de
servicios a los pobladores. Estos servicios incluyen la distribución de agua, recolección de basura
y hasta seguridad, se evidencia también el funcionamiento de guarderías, escuelas y
centros de salud privados, que operan sin los permisos y licencias correspondientes. Este es el
modelo de invasión predominante en la región, que resulta en asentamientos con carencias de
servicios básicos, vías precarias, viviendas improvisadas, hacinamiento, violencia e inseguridad
en la tenencia de la tierra. Se estima que el número de personas que habitan informalmente "en
diferentes cooperativas lideradas por promotores de ocupación informal del suelo, bajo esquemas
de diseño urbano inadecuados y desprovistos de normativas urbanísticas e inconexos entre sí"
(UCSG, 2010) en el noroeste de Guayaquil, ascienden aproximadamente a 350.000 habitantes9.
Dada la magnitud del problema de la ocupación informal en el sector noroeste de la ciudad y por
tratase de un área ambientalmente sensible y estratégica dado que este sector es atravesado por
un canal de trasvase de aguas para el suministro de Guayaquil, el Gobierno Nacional mediante
Decreto Ejecutivo No. 607 del 28/12/2010, declaró parte del sector como -Área Reservada de
Seguridad al Plan Hidráulico del Acueducto de Santa Elena, en esta Área habitan ilegalmente,
9 Plan de intervención en la zona de expansión del Noroeste de la Ciudad de Guayaquil, Versión Preliminar, Ministerio Coordinador
de Desarrollo Social
3.62210
familias que tendrán que ser reasentadas obligatoriamente.
Gran parte de estas familias habitan en viviendas cuyos materiales predominantes son paredes
de caña, techos de zinc y piso de tabla o tablón, además carecen de servicios básicos, ya que la
energía eléctrica es obtenida de un punto de conexión de forma clandestina, el acceso al servicio
de agua potable es a través de carros repartidores o pozos, la eliminación de aguas servidas
se hacen en gran parte por pozo séptico, situación que refleja las precarias condiciones en
las cuales habitan estas familias y que han generado la aparición de diferentes tipos de
enfermedades como la disentería amebiana, el cólera, diarrea, diarreas virales, hepatitis A,
tifoidea, entre otras, afectando a la mayoría de sus pobladores que pertenecen a estratos
altamente vulnerables. A continuación se observa la evolución de los asentamientos en el área de
reserva de seguridad:
GUAYAQUIL- EVOLUCIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS INFORMALES DEL ÁREA RESERVADA DE SEGURIDAD
AL PLAN HIDRÁULICO DEL ACUEDUCTO DE SANTA ELENA (2007-2011)
Fuente: Instituto Geográfico Militar
10
Censo realizado por el Instituto Geográfico Militar.
A través de la visualización de las fotografías aéreas se evidencia el acelerado proceso de
ocupación del área de reserva de seguridad dentro de un área aproximada de 400 hectáreas, lo
que ha generado el deterioro del ecosistema existente en la zona, el taponamiento de vertientes
naturales de agua y la lotización de la zona.
Según la información del Instituto Geográfico Militar, los equipamientos públicos disponibles
en el área general de intervención del programa, la situación es de extrema escasez. La
ocupación espontánea ha resultado en deficiencias en la cantidad y calidad de los servicios
públicos y en espacios de recreación. Hay solamente una vía de acceso (Avenida Casuarina) a la
zona y ésta es congestionada y se encuentra parcialmente ocupada por comercio informal. Los
demás accesos son precarios y el servicio de transporte público insuficiente, inseguro y de mala
calidad. Esto dificulta no sólo el acceso al mercado de trabajo en Guayaquil, sino también la
realización de cualquier trámite gubernamental ya que implica largos recorridos al centro de la
ciudad, que generan tiempo y recursos económicos considerables. Las áreas de recreación y
equipamientos deportivos tanto en la zona consolidada como la de ocupación reciente son
prácticamente inexistentes. En materia de servicios sociales, los pocos establecimientos de
educación públicos de la zona no dan abasto a la creciente demanda, aspecto que se replica con
los servicios de salud pública.
Así también, los asentamientos irregulares (invasiones) dentro de la Zona de Seguridad han
propiciado la degradación del sitio traducido en la modificación del paisaje por los cambios en el
uso de suelo; levantamiento y remoción de la cobertura vegetal; tala del bosque seco tropical,
arbustos y especies endémicas del área; erosión acelerada; migración de aves y mamíferos;
inadecuado manejo y disposición final de desechos sólidos; generando un alto impacto
ambiental.
Dada esta problemática es indispensable un modelo de intervención integral, que propicie el
ordenamiento del crecimiento urbano, el incremento de la oferta de suelo y vivienda social y la
complementación de los servicios públicos en las urbanizaciones existentes. Para lo cual en una
primera fase se plantea ejecutar el presente proyecto en la ciudad de Guayaquil, y posteriormente
replicar esta propuesta a nivel nacional, en una segunda fase.
2.3. Línea de Base
Los principales indicadores base sobre los que el presente proyecto va a influir son:
En la zona de reserva de seguridad del Sistema Hídrico de Represas y Embalses existen
3.622 familias asentadas irregularmente.
Las viviendas en las cuales habitan las familias no se encuentran en condiciones
adecuadas, el 72,66% de las viviendas son de caña, el 97,05% techos de zinc y el
15,52% de estas posee piso de tierra.
Con respecto al acceso a servicios públicos el 0,74% de las familias se provee de agua
potable por tubería y el 99,26% por sistemas informales.
El 0,25% de las familias tienen acceso a servicio de alcantarillado , el porcentaje restante
cubren sus necesidades sanitarias a través del uso del campo abierto, las letrinas y
pozos sépticos
El 100 % de las familias del área reservada de seguridad no tienen acceso a servicios
públicos de educación, salud, trasporte, espacios de recreación y esparcimiento ni
servicios públicos administrativos.
92.105 familias residen en asentamientos informales en el sector Noroeste de Guayaquil sin
servicios básicos adecuados.
2.4. Análisis de Oferta y Demanda 2.4.1 Demanda
Demanda
La población de referencia está constituida por el número de familias que habitan en la zona
urbana de la ciudad de Guayaquil, que según las últimas estadísticas censales al año 2010
cuenta con una población de 2.278.691 habitantes, que traducido a número de familias ascienden
a 506.376. (Promedio de 3.8 hab. por familias según INEC 2010).
Para la determinación de la demanda potencial se consideró a la población que habita en el área
reservada de seguridad y en zonas caracterizadas por la presencia de asentamientos informales
en la ciudad de Guayaquil, para lo cual se tomó como referencia la información del Plan de
intervención integral en la zona de expansión del noroeste de la ciudad de Guayaquil (Versión
Preliminar) del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social- MCDS, en el que se manifiesta
que en Guayaquil existe una extensión mayor a 6.000 hectáreas en las cuales se asientan
aproximadamente 350.000 habitantes"; es decir, 92.105 familias (350.000hab/3.8) viviendo "en
diferentes cooperativas lideradas por promotores de ocupación informal del suelo, bajo esquemas
de diseño urbano elementales y desprovistos de normativas urbanísticas e inconexos entre sí.
Una vez estimada la demanda potencial se deduce que la población que
efectivamente demanda los bienes y servicios que proveerá el proyecto es igual a la población
demandante potencial es decir 92.105 familias que habitan en zonas informales y que
deben ser reasentadas.
Cuadro No. 5
Determinación de la Demanda del Proyecto
DEMANDA REFERENCIA POTENCIAL EFECTIVA
FAMILIAS 506.376 92.105 92.105
Fuente: INEC 2010
Elaborado por: MIDUVI
Para efectos de diseño de este proyecto la demanda actual efectiva se mantendrá constante
dado que las normativas técnicas de desarrollo urbano del MIDUVI están enfocadas a no permitir
que se produzcan nuevos asentamientos ilegales en el área de influencia del proyecto,
específicamente en el Área de reserva de seguridad.
Oferta
Actualmente en la zona de intervención, se encuentran en proceso de desarrollo varios
programas habitacionales, que constituyen parte de la oferta de vivienda para el grupo de
intervención del programa entre los cuales están:
Ciudad Victoria, ubicado en un lote de 113 Has en el sector denominado Las Iguanas.
Prevé la construcción de 8.000 unidades de vivienda, con departamentos dúplex y casas
unifamiliares y con equipamientos de salud, comercio, educación y comunitarios. Este es
un proyecto que asocia al MIDUVI con constructores privados a través de la figura del
bono, ahorro y crédito.
Ciudad Olmedo, proyecto privado de alrededor de 10.000 unidades de vivienda.
Mi Lote, programa de vivienda financiado por el Municipio de Guayaquil en un área total
118.85 Has con un total de 10.000 lotes.
María Paydar, programa de regularización de la ocupación en un predio del BEV ubicado
en el sector de Monte Sinaí/Valerio Estacio, en donde se estima construir 5000 viviendas.
Socio Vivienda primera y segunda etapa, programa de vivienda social con una oferta
de 16.565 unidades en un área total de 253.18 Has. De los proyectos programados es
importante indicar que la oferta actual ascienden a 2.244 unidades habitacionales
correspondiente a los proyectos Socio Vivienda primera etapa (1.444) y Ciudad Victoria
(800) que actualmente se están ejecutando, por lo que la oferta futura para el periodo
2012-2015 asciende a 47.321 unidades habitacionales. En el siguiente cuadro se detalla
la oferta actual y futura del proyecto para el periodo 2011-2015.
Cuadro No. 6
Oferta actual y futura
PROYECTO
Familias
beneficiadas al2011
Familias
beneficiadas2012- 2015
TotalOferta20
15
Ciudad Victoria 800 7.200 8.000
Ciudad Olmedo 10.000 10.000
Mi Lote 10.000 10.000
María Paydar 5.000 5.000
Socio Vivienda I 1.444 15.121 16.565
TOTAL 2.244 47.321 49.565
Fuente: Visita de campo Elaborado por: MIDUVI
Estimación del déficit
Sobre el balance de la oferta-demanda se establece el déficit actual y futuro bajo las
consideraciones mencionadas anteriormente:
Cuadro No.7
Demanda Insatisfecha
PERIODO OFERTA DEMANDA DEMANDA
INSATISFECHA
2011 – 2015 49.595 92.105 42.540
Fuente: Análisis demanda y oferta Elaborado por: MIDUVI
Es indispensable indicar que si bien se ha identificado la demanda insatisfecha, este proyecto
está enfocado a atender la demanda actual a través de los incentivos económicos para
vivienda de interés social del Sistema de Incentivos para vivienda (SIV) articulados a los planes
de viviendas existentes y que se han identificado como parte de la oferta de este proyecto.
2.5. Identificación y Caracterización de la Población Objetivo
La población objetivo del proyecto es de 8.738 familias, que corresponden a 3.622 familias
asentadas ilegalmente en el Área Reservada de Seguridad al Plan Hidráulico del Acueducto de
Santa Elena y que deben ser reasentadas obligatoriamente del lugar y a 5.116 familias que
residen en asentamientos informales en la ciudad de Guayaquil, que podrán acceder al actual
Sistema de Incentivos de Vivienda11
y acceder a un bono hasta 6.000 dólares, cuyo proceso de
reasentamiento es voluntario, las cuales presentan las siguientes condiciones:
Limitado acceso al suelo para espacio público y la construcción de vivienda en general,
producto del esquema concentrador de propiedad de tierra y de procesos especulativos
11
Decreto Ejecutivo No. 1419 del 22 de enero del 2013
con escaso control.
Sectores de bajos ingresos excluidos de oferta formal de suelo y acceso a
vivienda.
Baja cobertura de servicios públicos de agua potable, energía eléctrica
alcantarillado y recolección de residuos sólidos.
Acceso limitado a servicios de salud, educación y cultura.
Escasas oportunidades de desarrollo de iniciativas productivas para mejorar su situación
económica.
No reúnen las características económicas para ser calificados como sujetos de crédito
dentro del sistema financiero tradicional.
Para caracterizar a la población objeto del reasentamiento se utiliza la encuesta realizada por
Santiago Pérez12
, consultor del BEV- investigación y estudios, Encuesta Ciudad Victoria,
Guayaquil, 28 de febrero de 2011.En base a esa encuesta, es posible establecer una
caracterización socioeconómica general donde: el 61.5 % son mujeres jefas de hogar. Las
familias son constituidas de 4 a 5 miembros, con un máximo de 12 y un mínimo de 1 individuo en
la muestra encuestada. Las viviendas son unifamiliares y existe solo un pequeña porcentaje de
cohabitación entre 2 familias (2%).
Los jefes y jefas de hogar son predominantemente jóvenes, pues en un 50% de las familias se
encuentran entre las edades de 23 a 38 años.
Gráfico No.1
Demanda Insatisfecha
Fuente: PRI Elaborado por: Marisa Texeira
3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.1. Objetivo General y Objetivos Específicos13
12
PRI - PLAN DE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO DE FAMILIAS Y ACTIVIDADES ECONÓMICAS, Dimensión y perfil
socioeconómico de familias afectadas 13
El objetivo general se encuentra descrito en la Propuesta para el Desarrollo de la Operación (POD), del Programa Nacional de Desarrollo Urbano (EC-L1099) y los objetivos específicos corresponden a los componentes establecidos en el POD.
General
Mejorar las condiciones habitacionales y socio económicas de las familias de bajos ingresos
asentadas de manera irregular, promoviendo su acceso a servicios básicos y vivienda adecuada.
Específicos
1. Desarrollar intervenciones urbanas integrales en la zona noroeste de Guayaquil a través
del reasentamiento de familias que ocupan ilegalmente tierras consideradas de
protección ambiental, el aprovisionamiento de servicios básicos, equipamientos sociales,
servicios públicos y áreas verdes así como la rehabilitación ambiental y protección de las
áreas desocupadas.
2. Fortalecer el desarrollo institucional del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y del
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social, para garantizar la adecuada gestión y
coordinación de las actividades a ejecutarse en el área de intervención y de tal modo que
se asegure la sostenibilidad del proyecto.
3. Gestionar y monitorear las actividades a ser ejecutadas dentro del marco del proyecto.
3.2 Indicadores de resultado
Los principales resultados a ser alcanzados con la ejecución del proyecto son:
1. Para el año 2015, 3622 familias que habitaban en la Zona de Reserva de Seguridad del
Sistema Hídrico de Represas y Embalses, son reasentadas exitosamente y cuentan con
viviendas de calidad y acceso a servicios públicos.
2. Al año 2015 el 100% de las familias reasentadas de la zona de reserva de seguridad del
Sistema Hídrico de Represas y Embalses, viven en casas con materiales permanentes y
pisos firmes, con acceso a agua potable entubada en su domicilio y a servicio de
alcantarillado sanitario.
3. Al año 2016, 5.116 familias residentes en zonas informales reciben incentivos
económicos para la adquisición de vivienda nueva con servicios públicos de calidad.
4. Al año 2015 la zona de intervención dispondrá de 1 centro de atención a los ciudadanos
y servicios sociales implementado (centralidad urbana).
5. Al año 2015, 400 hectáreas de la zona de seguridad han sido desocupadas de
asentamientos informales y rehabilitados ambientalmente.
6. En el año 2013 se cuenta con 1 oficina equipada para la coordinación del proyecto por
parte del MCDS.
7. Al finalizar el proyecto (2016) se cuenta con 8 informes de monitoreo y evaluación de la
ejecución del proyecto.
3.3. Matriz de Marco Lógico
Resumen Narrativo de Objetivos
Indicadores Verificables Objetivamente
Medios de Verificación
Supuestos
FIN:
Contribuir a la reducción de asentamientos ilegales y a la generación del ordenamiento del crecimiento urbano en el sector noroeste de Guayaquil.
Al año 2016 se ha contribuido a reducir en el 22% los asentamientos informales de la demanda insatisfecha identificada.
Encuesta de condiciones de vida
La situación económica y política es idónea. Que la población se acoja al proceso de reasentamiento y utilice los bienes y servicios entregados para mejorar su productividad y desarrollo endógeno.
PROPÓSITO:
Mejorar las condiciones habitacionales y socio económicas de las familias de bajos ingresos asentadas de manera irregular, promoviendo su acceso a servicios básicos y vivienda adecuada.
Al finalizar el proyecto 8.738 familias del área de seguridad y de la zona noroeste de Guayaquil, han sido reasentadas y cuentan con una vivienda adecuada y servicios básicos de calidad.
Archivo de Informes de gestión MIDUVI. Informes de seguimiento y evaluación del proyecto de acuerdo al cronograma de ejecución de proyecto y reglamento operativo por parte de MIDUVI y BID.
La población participe activamente en los proyectos de vivienda. Se mantiene el apoyo del gobierno seccional y nacional para la culminación integral del proyecto.
COMPONENTES:
1. Intervenciones urbanas integrales desarrolladas en la zona noroeste de Guayaquil a través del reasentamiento de familias que ocupan ilegalmente tierras, el aprovisionamiento de servicios básicos, equipamientos sociales, servicios públicos y áreas verdes así como la rehabilitación ambiental y protección de las áreas desocupadas.
1.1 Al año 2015 3.622 familias del área de seguridad han sido reasentadas exitosamente y cuentan con viviendas y servicios básicos adecuados. (al año 2012, 350 familias; al año 2013,1450 familias; al año 2014, 1822 familias) 1.2 Al año 2016, 5.116 familias de zonas informales de noroeste de Guayaquil beneficiadas con el incentivo económico cuentan con vivienda nueva y servicios básicos. (al año 2014,1700 familias; al año 2015, 2116 familias; al año 2016, 1300 familias)
Actas de entrega recepción de obras y escrituras individuales de las viviendas. Actas de entrega e incentivos económicos.
Se priorizan las asignaciones presupuestarias para este proyecto por parte del MEF. Existe apoyo de las autoridades institucionales y otras entidades gubernamentales locales y nacionales. No existen demoras causadas por procedimientos contractuales. Las familias se acogen al plan de reasentamientos. Los ministerios sectorial del área de desarrollo social trabajan coordinadamente para la ejecución del proyecto.
1.3 Al finalizar el proyecto, año 2016, 1 centro de atención a los ciudadanos y servicios sociales han sido implementados (centralidades urbanas). 1.4 Al 2015, 400 hectáreas de la zona de seguridad han sido desocupadas de asentamientos informales y rehabilitados ambientalmente. 1.5 Al 2015, Aplicación del plan de reasentamientos involuntarios (acompañamiento social)
Informes de Fiscalización y Supervisión de obras. Informes de Supervisión. Plan de manejo ambiental Informes de Supervisión plan de Reasentamiento Involuntario, que incluye el soporte social.
2. Desarrollo institucional del MCDS y del MIDUVI fortalecido garantizando la adecuada gestión y coordinación de las actividades a ejecutarse en el área de intervención.
2.1 En el primer semestre del año 2013 se cuenta con 1 oficina equipada para la coordinación del proyecto por parte del MCDS en funcionamiento
Constatación física Informes y actas de entrega recepción de bienes
3. Gestión y monitoreo de las actividades ejecutadas dentro del marco del proyecto realizado
3.1 Al finalizar el proyecto (2016) se cuenta con 8 informes de monitoreo y evaluación de la ejecución del proyecto.
Plan de monitoreo y evaluación del proyecto Informes de supervisión MIDUVI y BID de acuerdo a cronograma de ejecución y reglamento operativo.
ACTIVIDADES:
1.1 Entrega de incentivos económicos para reasentamientos.
23.300.000 Informes de ejecución y avance de proyectos de las Direcciones provinciales.
La canalización de recursos es oportuna. Los demandantes cumplen con los requerimientos técnicos de acceso a los apoyos económicos. Existe una adecuada oferta local de profesionales e iniciativa privada para el desarrollo de los proyectos
1.2 Entrega de incentivos económicos para vivienda regular.
30.700.000
1.3 Aplicación del plan de reasentamientos involuntarios (acompañamiento social)
1.500.000
1.4 Elaboración y desarrollo del plan de manejo ambiental.
500.000
1.5 Implantación de centros culturales 1.6 Construcción de centros integrados de servicio público
16.000.000
1.7 Creación de áreas verdes y de recreación 1.8 Expropiación de terrenos
2.458.730
Subtotal 74.458.730,00
2.1 Coordinación interinstitucional local
320.000
2.2 Fortalecimiento Institucional al MIDUVI
680.000
Subtotal 1.000.000
3.1 Gestión del programa
1.500.000
3.2 Auditorías externas 320.000
3.3 Monitoreo y evaluación
180.000
Subtotal 2.000.000
TOTAL 77.458.730,00
4. VIAVILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD
4.1. Viabilidad Técnica
Este proyecto está enfocado a minimizar los incentivos para la ocupación irregular de terrenos y
mejorar la fiscalización urbana como forma de enfrentar el problema de la ocupación ilegal de
tierras en las zonas de expansión de las ciudades. Esto permitirá enfocar directamente los
factores que dan origen al problema de las invasiones, mediante la atención a la demanda
de las familias por vivienda a precios asequibles, acompañado del refuerzo de la fiscalización de
las regulaciones relativas a la ocupación y fraccionamiento de tierras. De este modo, el proyecto
combina: la oferta de vivienda por el sector privado, apoyada por el subsidio para vivienda
social del Sistema de Incentivos para Vivienda (SIV) junto con el control de nuevas ocupaciones
ilegales por parte de las fuerzas de seguridad, debido a que una parte de la zona de intervención
ha sido declarada- como área reservada de seguridad. Además, se prevé el
reasentamiento de las familias que ya residían en tierras ocupadas ilegalmente aumentando su
bienestar y favoreciendo la protección ambiental y el ordenamiento urbano del área.
Podrán ser beneficiarios del programa (apoyos económicos) los ciudadanos ecuatorianos
mayores de 18 años, de cualquier estado civil, jefes de núcleo familiar, o menores jefes de familia
(mayores de 15 años) siempre y cuando ningún miembro sea propietario de vivienda en el
territorio nacional, un ahorro obligatorio de hasta el 10% del valor total de la vivienda y demás
requisitos para acceder al Sistema de Incentivos para Vivienda establecidos en la normativa
vigente.
Las familias que actualmente se encuentran asentadas en la Zona de Seguridad y serán
beneficiarias del programa (reasentamiento) deben constar en el Censo del Instituto
Geográfico Militar, mismo que fue el documento habilitante para la expedición del Decreto
Ejecutivo que dispuso el desalojo de la zona.
Las acciones de vivienda y desarrollo urbano llevadas a cabo por el MIDUVI en el ámbito de
este programa, serán complementadas por acciones de otros ministerios especialmente
los sociales. Después de la declaración del Área Reservada de Seguridad, el gobierno nacional
ha elaborado un plan integral para mejorar las condiciones.
El Banco Interamericano de Desarrollo BID, tiene una amplia experiencia en este tipo de
programas, la cual ha sido adquirida mediante la ejecución de diversas operaciones de vivienda y
de mejoramiento integral de barrios. En Ecuador, desde el año 1997 el Banco viene apoyando la
implantación del Sistema de Incentivo a la Vivienda, un programa que se basa en el otorgamiento
de un apoyo económico a familias de escasos recursos, el cual es complementado con los
ahorros y créditos hipotecarios, permitiéndoles adquirir una vivienda nueva o mejorar una
existente. El Banco lo financia a través del Programa Nacional para Infraestructura Social de
Vivienda (2279/OC-EC), actualmente en ejecución.
A continuación se detalla los tres componentes que se han estructurado para la ejecución del
proyecto:
Componente 1—Intervenciones urbanas integrales
Este componente se divide en tres subcomponentes: Reasentamiento y vivienda social;
protección ambiental; y centralidades urbanas.
A) Reasentamiento y Vivienda Social. Este subcomponente financiará subsidios a las familias,
denominados Apoyos Económicos (AE), para la adquisición de viviendas y la
implementación del Plan de Reasentamiento Involuntario a fin de dar apoyo a este proceso.
Ya se están construyendo viviendas como parte de varios proyectos inmobiliarios cercanos a la
zona, lo que significa que ya se están generando alternativas de proyectos para las familias que
serán reasentadas. Es necesario aclarar que las familias tienen la libertad de escoger el lugar y el
proyecto en el cual desean reasentarse. Mientras se construyen las soluciones habitacionales
para las familias asentadas en el Área de Seguridad, éstas no serán desalojadas.
- Apoyos Económicos (AE). Se financiarán AE para la adquisición de viviendas nuevas.
Estos AE serán acompañados de créditos hipotecarios viabilizados a través de la línea
de vivienda del Programa Nacional de Finanzas Populares, Emprendimiento y Economía
Solidaria, y las Instituciones Financieras que reúnan las características para atender a
este sector de la población, créditos que complementarán el pago para la adquisición de
las viviendas. Los AE estarán destinados a las familias que serán reasentadas del área
Reservada de Seguridad y a las familias que residan irregularmente en zonas más
consolidadas de la ciudad de Guayaquil que en forma voluntaria desee asentarse en
proyectos regulares de vivienda.
Son elegibles para obtener un AE financiado por el Programa, aquellas familias
asentadas en el ARS, declarada y definida en el Decreto Ejecutivo No. 607 promulgado
el 28 de Diciembre del 2010, y aquellas familias asentadas en el Canal del Trasvase
donde se va a construir el Parque Lineal, que cumpla con los siguientes requisitos14
:
a. Que hayan residido o se encuentren residiendo en las áreas anteriormente
mencionadas
b. Que se encuentren registradas en el Proceso Catastral realizado por el IGM en el
ARS y por el MIDUVI en el Trasvase;
c. Que ningún miembro del núcleo familiar haya sido sentenciado por delitos
relacionados con el tráfico de tierras;
d. Que ningún miembro del núcleo familiar sea propietario de algún bien inmueble en
la provincia del Guayas, ni haber recibido con anterioridad un Bono de Vivienda o
AE por parte del MIDUVI, excepto en el caso de las familias beneficiadas con una
vivienda entregada por la Corporación ―Hogar de Cristo‖; y,
e. El postulante o cualquier miembro del grupo familiar que sea sujeto de crédito
deberá contar con la pre aprobación de un crédito por parte de una Institución
Financiera (IF), cuyo monto cubra la diferencia entre el valor de la vivienda y el AE
que le otorgará el MIDUVI. Para ello, el postulante o cualquier miembro del grupo
familiar que sea sujeto de crédito deberá presentar un certificado de compromiso
de crédito, suscrito y sellado por la IF, requisito necesario.
Los AEs serán de monto variable de acuerdo con la capacidad de pago de las familias
afectadas, considerando su situación económica, en el caso de aquellas familias que no
poseen ninguna capacidad de pago, la misma que haya sido determinada por el análisis
realizado por la IF, se les otorgará un AE que cubrirá el valor total de la vivienda, el cual
alcanzará un valor de Trece Mil Quinientos Dólares de los Estados Unidos de América
(USD $ 13.500,00)15
, valor que incluye el terreno y la infraestructura básica; para
aquellas familias que poseen capacidad de pago, el AE se complementará con un crédito
14
Acuerdo Ministerial No. 120 del 5 septiembre del 2012, Reglamento Operativo del PNDU; Acuerdo ministerial No. 125 del 4 de octubre del 2012, 1er Reforma al Reglamento Operativo del PNDU. 15
Este apoyo fue instituido por el Decreto Ejecutivo No. 1419 de 22 de enero del 2013, el cual establece el bono de
emergencia en sus dos modalidades que son: reposición y reasentamiento.
hipotecario otorgado por alguna IF, para cubrir la diferencia entre el AE otorgado y el
valor total de la vivienda nueva.
La capacidad de pago será determinada por las IFs, las cuales deben ser aceptadas por
el MIDUVI para participar en este Programa y se acogerán a lo señalado en el presente
ROP de acuerdo a un análisis de los ingresos y egresos mensuales del postulante.
Para la determinación del monto del crédito, se verificará que la cuota mensual no supere
el 30% de los ingresos disponibles por el núcleo familiar.
El MIDUVI ha definido los siguientes rangos para el AE diferenciado:
Valor AE Valor del Crédito
6000 7500
6500 7000
7000 6500
7500 6000
8000 5500
8500 5000
9000 4500
9500 4000
10000 3500
10500 3000
11000 2500
11500 2000
RANGOS DEL AE DIFERENCIADO
Para las familias con capacidad de pago inferior a US$ 2.000,00, el AE será por el monto
de US$ 13.500,00
Para el caso de aquellas familias de bajos ingresos residentes de manera irregular en el
noroeste de la ciudad de Guayaquil y que deseen voluntariamente mudarse de su
residencia actual a proyectos regulares de vivienda dentro del marco del Programa,
podrán solicitar un AE de acuerdo a los siguientes requisitos16
:
a. Ser ciudadano ecuatoriano;
b. Para el otorgamiento del AE a personas extranjeras, se entenderá a aquellas
que se encuentran en condición de asilo o refugio, como lo determina el Art. 41
de la Constitución de la República del Ecuador, o que se encuentren en
territorio ecuatoriano en forma legal y regularizada su categoría migratoria;
16
Acuerdo Ministerial No. 120 del 5 septiembre del 2012, Reglamento Operativo del PNDU; Acuerdo ministerial No. 125 del 4 de octubre del 2012, 1er Reforma al Reglamento Operativo del PNDU
c. Que resida como mínimo dos (2) años en las zonas irregulares o de invasión
ubicadas en el sector noroeste de la ciudad de la ciudad de Guayaquil;
d. Ser Jefe/a de núcleo familiar;
e. Ser mayor de diez y ocho años o menor adulto, mayor de quince años, jefe/a
de familia, que en éste caso postulará con un tutor;
f. De estado civil casado, divorciado, viudo o en unión libre legalmente
reconocida;
g. El postulante al AE, si está inscrito en el Registro Social deberá cumplir un
puntaje de 0 hasta 52.90. En caso de no constar en el Registro Social
presentara una declaración juramentada de sus ingresos, los cuales no
superarán los 2.9 SBU
h. Que ningún miembro del núcleo familiar haya sido sentenciado por delitos
relacionados con el tráfico de tierras;
i. Que ningún miembro del núcleo familiar sea propietario de algún bien inmueble
a nivel nacional, ni haya recibido con anterioridad un Bono de Vivienda o AE
por parte del MIDUVI. En el caso de las familias beneficiadas con una vivienda
entregada por la Corporación ―Hogar de Cristo‖, podrán acceder a este AE
incluso si para la adquisición de esta vivienda ya recibieron el Bono del
MIDUVI;
j. Disponer de un ahorro previo de por lo menos el 10% del valor de la vivienda a
ser adquirida;
k. El postulante deberá contar con la aprobación previa del crédito por una IF por
la diferencia entre el valor de la vivienda y la suma del valor del AE que le
l. otorgará el MIDUVI y el ahorro programado de la familia. Para ello, deberá
presentar un certificado de compromiso de crédito, suscrito y sellado por la
entidad que lo otorgará.
m. En el caso del beneficiario que NO recibe el bono de desarrollo humano, se
solicitará:
Certificado de asistencia regular a una unidad educativa, de los niños o jóvenes
entre 5 y 18 años
Copia del carnet de vacunación en el que consten las vacunas recibidas por el
niño, entre 0 y 5 años, hasta la fecha de postulación.
Certificado del beneficiario o de su cónyuge de haber cursado hasta el segundo
grado de básica o un certificado de inscripción en un curso de alfabetización y
antes de la entrega de la vivienda un certificado de haber asistido regularmente
al curso
El AE destinado para éstas familias se rige por la legislación nacional vigente, que
establece un valor actual de Seis Mil Dólares de los Estados Unidos de América
(USD $ 6.000,00), en la modalidad para la adquisición de vivienda
DEPARTAMETNO, o de Cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América
(USD $ 5.000,00), en la modalidad para la adquisición de vivienda CASA, hasta
un precio de vivienda de US$ 15.00017
.
- Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI). Se financiarán los gastos del PRI que fue
elaborado para apoyar al total de las familias (3.622) del Área Reservada de
Seguridad que obligatoriamente deben ser reasentadas y que constan en el Censo
realizado por el Instituto Geográfico Militar. Las familias que serán reasentadas del Área
Reservada de Seguridad por el programa. El PRI incluye: (i) apoyo técnico al equipo
social de la Oficina de Gestión Participativa del MIDUVI en Guayaquil; (ii) las actividades
de acompañamiento social, mediante la contratación de una Organización No
Gubernamental (ONG) o empresa especializada en coordinación con el equipo social del
MIDUVI ; (iii) costo del traslado de familias y actividades económicas; (iv) seguimiento
durante el traslado y actividades de capacitación; y (v) monitoreo y seguimiento de la
totalidad del proceso, el cual será realizado por una firma especializada.
Las opciones propuestas para las familias que serán reasentadas son preferiblemente en
viviendas ubicadas en los proyectos habitacionales de Ciudad Victoria y Socio Vivienda
II, o en otro emprendimiento de MIDUVI o predio propio pre-existente donde se aplique el
bono de vivienda y las condiciones socioeconómicas y crediticias de la familia le permitan
acceder a viviendas compatibles con las ofrecidas en Ciudad Victoria y Socio Vivienda II.
b) Protección ambiental. El área de intervención del Programa será declarada formalmente
como Bosque y Vegetación Protectores dentro del Área Reservada de Seguridad mediante
Acuerdo del Ministerio del Ambiente. Para viabilizar la protección de esta área, el Programa
apoyará la elaboración del respectivo Plan de Manejo Ambiental y la creación de viveros para el
desarrollo de especies nativas que serán sembradas en el área. Se financiará también la
remoción y manejo de los escombros en las áreas que serán desocupadas y su recuperación.
c) Centralidad Urbana. Comprende el establecimiento de un centro de atención para los
17
Este apoyo fue instituido por el Decreto Ejecutivo No. 1419 de 22 de enero del 2013
ciudadanos y una serie de servicios de utilidad pública y áreas verdes para servir a la población
de la zona de influencia del Programa. Estos servicios serán construidos en hasta tres áreas
ubicadas estratégicamente en el área de intervención de modo de facilitar el acceso a los
residentes de la región. Se construirán los siguientes tipos de instalaciones: (i) centros
culturales y casas comunales— conteniendo servicios como bibliotecas, mediatecas, centro de
documentación e información digital, salones de usos múltiples y salas de reuniones; (ii) centro
integrado de servicios públicos como servicios de registro civil, oficinas de trámites y otras
ventanillas de servicios públicos; (iii) áreas comerciales y de servicios, con patio de comidas y
quioscos para pequeños negocios; y (iv) plazas barriales y juegos infantiles. También se
financiará la creación de un parque lineal a lo largo del canal de trasvase del Río Daule (que
servirá para su protección y para recreación) y dos parques sectoriales.
La gestión y administración de esta infraestructura será responsabilidad de los organismos
competentes del Estado. Todo cambio en el número o alcance de las obras programadas deberá
ser acordado entre el MIDUVI y Organismos Competentes del Estado. Para ello, se deberá
contar con los estudios técnicos. Dichos cambios deben estar alineados con los objetivos del
programa. Además el MIDUVI presentará al BID la documentación de soporte que permita
verificar:
1. El sitio escogido para el emplazamiento de la centralidad no debe encontrarse en áreas
de posibles deslizamientos, inundaciones, avalanchas o que puedan constituir en un
riesgo para la vida de las personas.
2. El diseño estructural de cada edificación construida en la centralidad deberá contar con
las características de sismo-resistencia establecidas en la normativa nacional, además
de las cargas vivas y muertas recomendables para este tipo de estructuras.
3. Los diseños arquitectónicos deben: (3.1) incluir facilidades de acceso para personas con
discapacidad; (3.2) considerar las características climáticas de la zona en donde se
ubicará la centralidad de tal manera que promueva a eficiencia energética de la
edificación y un micro clima agradable al interior de la misma; (3.3) contemplar cuando
sea posible, los conceptos y principios de construcción bioclimática o ecológica (green-
building); y, (3.4) incorporar señalización gráfica de fácil entendimiento.
4. Los permisos ambientales, sanitarios y de construcción, deben estar disponibles o
encontrarse en proceso de obtención.
Componente 2—Desarrollo institucional
Este componente apoyará las siguientes actividades:
a) Coordinación interinstitucional local. Este subcomponente apoya el
equipamiento de una oficina del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social(MCDS) para
implementar las acciones de coordinación de los ministerios sociales en el área de
intervención. Se financiará además la contratación de una consultoría para realizar la
evaluación de las intervenciones sociales en el área, a fin de medir su impacto y generar un
modelo para otras áreas del país.
b) Soporte técnico al MIDUVI. Este subcomponente incluye el apoyo al MIDUVI en la ejecución
de los componentes del Programa, mediante la contratación de consultorías especializadas (en
las áreas de adquisiciones, gestión financiera, sistemas de información, ingeniería e
infraestructura, ambiental, social, y evaluación). En total se prevé la financiación de 40 meses de
consultoría. Se financiará también la adquisición de equipamiento tecnológico.
Componente 3— Gestión y monitoreo del programa
Este componente comprende el financiamiento de los gastos del MIDUVI para la gestión del
programa, las auditorías externas y las actividades comprendidas en el esquema del plan de
monitoreo y evaluación (Anexo 1).
El análisis realizado por el equipo del B a n c o I n t e r a m e r i c a n o de D e s a r r o l l o sobre
los proyectos de vivienda y de centralidades, comprobó que los diseños de los proyectos de
urbanización y planos de las viviendas que serán adquiridas parcialmente con los apoyos
financiados por el programa utilizaron criterios y métodos de cálculo y dimensionamiento
adecuados, basados en estándares de ingeniería aceptados internacionalmente. Además,
corresponden a alternativas técnicamente viables y ampliamente probadas en condiciones
similares en el país. Los diseños y planos constructivos de las obras a ser financiadas en el
componente 1 se consideran de baja complejidad desde el punto de vista de ingeniería y no
presentan dificultad especial de tipo técnico, ni en su construcción ni en su operación.
Con respecto a los procesos de adquisición de obras y bienes, esta se llevará a cabo de
conformidad con las disposiciones establecidas en el Documento GN-2349-9 (―Políticas para la
adquisición de bienes y obras financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo‖), de marzo
de 2011 (en adelante denominado las ―Políticas de Adquisiciones‖), que el Prestatario declara
conocer, y por las siguientes disposiciones:
(a) La participación de los proveedores o contratistas en los procesos de adquisición de
obras, bienes y servicios relacionados no podrá estar condicionada a su inscripción previa en el
Registro Único de Proveedores. Los procesos de adquisición de obras, bienes y servicios
relacionados deberán asegurar la libre participación de proveedores y contratistas originarios de
los países miembros del Banco, de acuerdo con los principios establecidos en las Políticas de
Adquisiciones.
(b) Licitación pública internacional: Salvo que el inciso (c) de esta cláusula establezca lo
contrario, los bienes y las obras deberán ser adquiridos de conformidad con las disposiciones de
la Sección II de las Políticas de Adquisiciones. En este caso, se utilizarán los Documentos
Estándar de Licitación (DEL) aprobados por el Banco.
(c) Otros procedimientos de adquisiciones: Los siguientes métodos de adquisición podrán ser
utilizados para la adquisición de las obras y los bienes que el Banco acuerde reúnen los
requisitos establecidos en las disposiciones de la Sección III de las Políticas de Adquisiciones:
(i) Licitación Pública Nacional, para obras cuyo costo estimado sea menor al equivalente de
tres millones de dólares (US$3.000.000) por contrato y bienes cuyo costo estimado
sea menor al equivalente de doscientos cincuenta mil dólares
(US$250.000) por contrato, de conformidad con lo previsto en los párrafos 3.3
y 3.4 de dichas Políticas, y siempre que su aplicación no se oponga a las
garantías básicas que deben reunir las licitaciones y a las Políticas de
Adquisiciones.
(ii) Comparación de Precios, para obras cuyo costo estimado sea menor al
equivalente de doscientos cincuenta mil dólares (US$250.000) por contrato, y para
bienes cuyo costo estimado sea menor al equivalente de cincuenta mil dólares
(US$50.000 por contrato, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3.5 de dichas
Políticas.
(d) Para los métodos de adquisición establecidos en el inciso (c) (i) y (ii) anteriores, el
Organismo Ejecutor acordará con el Banco los DEL compatibles con las Políticas de
Adquisiciones. Las especificaciones y el mecanismo de coordinación entre el Banco y el
Organismo Ejecutor serán detallados en el Reglamento Operativo referido en la Cláusula 3.02(a)
de estas Estipulaciones Especiales.
(e) Otras obligaciones en materia de adquisiciones. El Prestatario se compromete a llevar a
cabo, por intermedio del Organismo Ejecutor, la adquisición de las obras y bienes de conformidad
con los planos generales, las especificaciones técnicas, sociales y ambientales, los presupuestos
y los demás documentos requeridos para la adquisición o la construcción y en su caso, las bases
específicas y demás documentos necesarios para el llamado de precalificación o de una
licitación; y en el caso de obras, a obtener con relación a los inmuebles donde se construirán
las obras del Programa, antes de la iniciación de las obras, la posesión legal, las
servidumbres u otros derechos necesarios para iniciar las obras.
(f) Revisión por el Banco de las decisiones en materia de adquisiciones:
(i) Planificación de las Adquisiciones: (A) Antes de que pueda efectuarse
cualquier llamado de precalificación o de licitación, según sea el caso, para la
adjudicación de un contrato, el Prestatario deberá presentar, por intermedio del
Organismo Ejecutor, a la revisión y aprobación del Banco, mediante la introducción en el
sistema de ejecución y seguimiento del plan de adquisiciones, el Plan de Adquisiciones
propuesto para el Programa, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del
Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones. (B) Para los propósitos de informar al
Banco sobre el progreso y avance de las adquisiciones del Programa, el Prestatario se
compromete a que el Organismo Ejecutor deberá: (1) mantener actualizada la
información contenida en el sistema de ejecución y seguimiento del Plan de
Adquisiciones aprobado por el Banco para el Programa; y (2) revisar el Plan de
Adquisiciones aprobado por el Banco, anualmente o según las necesidades del Programa,
durante su ejecución, y cada versión revisada será sometida a la revisión y aprobación del
Banco, mediante la introducción en el sistema de ejecución y seguimiento del Plan de
Adquisiciones, de la información actualizada. La adquisición de los bienes y obras deberán ser
llevados a cabo de conformidad con dicho plan de adquisiciones aprobado por el Banco y
con lo dispuesto en el mencionado párrafo 1 del Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones.
4.2. Viabilidad Financiera y/o Económica
4.2.1. Metodología utilizada para el cálculo
La metodología utilizada para el cálculo de la inversión adoptó un análisis de costo mínimo,
estimado por el costo promedio de las viviendas a adquirir con los incentivos económicos
otorgados por el programa. Este costo incluye el valor del terreno, de las obras de urbanización y
la dotación de los servicios públicos básicos.
El proyecto está dimensionado para 8.738 unidades habitacionales y el cálculo de los beneficios
está basado en la metodología de costos evitados y ahorro generado en distintas variables a
cada grupo familiar que ocupará estás viviendas.
No se ha estimado los costos de operación y mantenimiento dado que estos serán asumidos por
las familias beneficiarias ya que no es competencia de la entidad ejecutora cubrir estos costos.
Sin embargo en el análisis de determinar los grupos a beneficiarse se considerara la capacidad
de pago de las familias a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
4.2.2. Identificación y Valoración de la inversión total y beneficios: Valoración de la
Inversión
El análisis se basa en la razonabilidad de los precios unitarios con respecto a los precios de
mercado representativos de la zona de Guayaquil donde serán construidas las referidas
viviendas.
El análisis determina que el precio de US$13.500 por vivienda para los reasentamientos
corresponde a una solución básica pero adecuada, con un precio mínimo y razonable para el
estándar de vivienda social para familias de bajos ingresos en el Ecuador.
El esquema asegura que todas las familias asentadas en el área reservada de seguridad
afectadas por el reasentamiento, independientemente de su capacidad económica, serán
atendidas y/o financiadas por el programa en concordancia con la política del Banco
Interamericano de Desarrollo; además el programa incluye obras de edificaciones de uso público,
parques y otras facilidades ubicadas en las centralidades a financiarse. Estas obras fueron
igualmente analizadas en cuanto a la razonabilidad de los costos, la adecuación de los diseños y
para verificar si los precios unitarios utilizados son compatibles con los practicados en el mercado
local.
A continuación se detalla los costos unitarios de inversión en lo que respecta a los subsidios y
apoyos económicos para Bonos de Reasentamientos y Bonos de Vivienda Regular:
Cuadro No 8
Costos unitarios de inversión subsidios y apoyos económicos
AÑOS
No. Beneficiarios
Bono de Reasentamiento
Promedio
Subtotal No. Beneficiarios
Bono de Vivienda
Regular
Subtotal TOTAL
Año 1 350 6.432,91 2.251.519
Año 2 1.450 6.432,91 9.327.719 11.579.238
Año 3 1.822 6.432,91 11.720.762 1.700 6.000 10.200.000 21.920.762
Año 4 2.116 6.000 12.700.000 12.700.000
Año 5 1.300 6.000 7.800.000 7.800.000
TOTAL 3.622 23.300.000 5.116 30.700.000 54.000.000
Elaborado por: Equipo de Gestión del Programa - MIDUVI
Adicionalmente dentro de los costos de inversión se incluye el componente
fortalecimiento y seguimiento del proyecto, cuyos valores han sido estimados por un grupo
multidisciplinario y en base a los costos requeridos en otros proyectos ejecutados.
En el siguiente cuadro se detalla los costos de inversión totales por componente y actividad:
Cuadro No 9
Costos de inversión Totales
COMPONENTES / ACTIVIDADES TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
1. Intervenciones Urbanas Integrales 74.578.730,00 5.359.758,00 20.985.667,00 29.387.826,00 14.368.663,00 4.476.815,00
1.1 Reasentamiento / viviendas
Subsidios 54.000.000,00
Bono de reasentamientos 5.350.400,00 14.400.000,00 3.549.600,00
Bono de vivienda Regular 3.000.000,00 21.025.000,00 6.675.000,00
Plan de Reasentamiento (PRI) 1.620.000,00 9.358,00 1.055.909,00 535.532,00 19.200,00
1.2 Protección Ambiental 500.000,00 - 149.000,00 231.000,00 120.000,00
1.3 Centralidades (Terreno, obras y estudios) 18.458.730,00 2.380.758,00 4.046.694,00 7.554.463,00 4.476.815,00
2. Fortalecimiento Institucional 880.000,00 - 422.250,00 325.250,00 66.250,00 66.250,00
2.1 Apoyo a la Coordinación Interinstitucional 320.000,00 121.250,00 66.250,00 66.250,00 66.250,00
2.2 Soporte Técnico MIDUVI 560.000,00 301.000,00 259.000,00
3. Gestiòn del Programa 2.000.000,00 42.420,00 922.993,00 510.000,00 394.587,00 130.000,00
3.1 Administración 1.500.000,00 42.420,00 822.993,00 320.000,00 314.587,00
3.2 Auditoría 320.000,00 100.000,00 100.000,00 80.000,00 40.000,00
3.3 Evaluación 180.000,00 - 90.000,00 90.000,00
TOTAL 77.458.730,00 5.402.178,00 22.330.910,00 30.223.076,00 14.829.500,00 4.673.065,00
Elaborado por: Equipo de Gestión del Programa - MIDUVI
Valoración de los Beneficios:
Para la estimación de los beneficios del proyecto se utiliza la metodología de ahorro de recursos
por concepto de:
Ahorro de las familias en la compra de líquido vital básico
Ahorro en el pago de la comercialización informal de los lotes de terreno
Ahorro generado a las familias con la entrega del incentivo económico.
A continuación se detalla cada uno de los ahorros identificados:
a) Ahorro de las familias en la compra de Líquido Vital Básico
Se estima un ahorro por parte de las familias, en compra de agua para consumo familiar, el
mismo que se calcula considerando la cantidad de agua utilizada por una persona que equivale a
5m318
mensuales; multiplicado por 3.8 que corresponde al promedio de personas por familia,
dando como resultado el consumo de agua promedio mensual de una familia de 19 m3. Es
importante indicar que el costo promedio por m3 de agua es de 0,30 dólares; es decir 5.70
dólares mensual por familia, información que se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadro No. 10
Consumo Mensual de agua una familia con proyecto
COSTO
MENSUAL COSTO
ANUALTOTAL DETALLE CONSUMO (m3)
1 persona 5 1.50 18, 00 1 familia 19 5,70 68,00
Fuente: Dirección de Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. MIDUVI
Elaborado por: MIDUVI
Debido a que las hogares habitan en sectores, donde no existe cobertura de servicios
básicos, sobre todo de agua potable entubada, hace que las familias compren agua a vehículos
que distribuyen con un costo de 2 dólares por tanque de 0.16 m3, considerando el consumo
promedio mensual familiar estimado que es de 19 m3, las familias deberán adquirir
aproximadamente 118 tanques mensuales y gastar 236 dólares. Sin embargo por el escases de
recursos económicos, les obliga a consumir un aproximado de 73 tanques al mes.
Cuadro No. 11
Consumo Mensual de agua una familia sin proyecto
DETALLE CONSUMO
(m3)
COSTO
MENSUAL
COSTO ANUAL
1 tanque 0.16 2,00 24,00
73 tanques 11.68 146,00 1752,00
Fuente: Dirección de Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. MIDUVI Elaborado por: MIDUVI
Dada esta situación, se estima que de ejecutarse este proyecto, el ahorro que se genera a una
familia por consumo de agua es de 1.683,60 dólares anuales. A continuación se muestra el
ahorro generado durante el período de ejecución del proyecto:
Cuadro No. 12
Ahorro en el pago anual de agua
AÑO
GASTOS EN AGUA
AHORRO SIN CON
PROYECTO PROYECTO
Año 0 0,00 0,00
18
Dirección de Regulación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. MIDUVI
Año 1 613.200,00 23.940,00 589.260,00
Año 2 3.153.600,00 123.120,00 3.030.480,00
Año 3 9.324.144,00 364.024,80 8.960.119,20
Año 4 13.031.376,00 508.759,20 12.522.616,80
Año 5 15.308.976,00 597.679,20 14.711.296,80
TOTAL 41.431.296,00 748.565,93 39.813.772,80
Elaborado por: Equipo de Gestión del Programa - MIDUVI
Para efectos de cálculo, se valoró el beneficio de las familias a ser reasentadas a partir del
segundo semestre en el año uno y dos periodo en el que las soluciones habitacionales
estarían en ejecución.
b) Ahorro en el pago de la comercialización informal de los lotes de terreno
El ahorro en el pago mensual de la comercialización informal de los lotes de terreno en los
sectores ocupados asciende a 50 dólares. De acuerdo a la información socioeconómica dada por
"Hogar de Cristo" se asume que solo el 2% de las familias que serán reasentadas actualmente
realizan dicho pago.
Cuadro No. 13
Ahorro en el pago anual del lote
GASTOS POR SOLAR Año SIN
PROYECTO CON PROYECTO AHORRO
2013 43.200,00 - 43.200,00
2014 - - -
2015 - - -
2016 - - - TOTAL 43.200,00 - 43.200,00
Fuente: PRI - Encuesta Hogar de Cristo
Elaborado por: Equipo de Gestión del Programa - MIDUVI
c) Ahorro generado a las familias con la entrega del incentivo económico.
Se ha considerado como ahorro el valor que las familias a ser reasentadas deben pagar por
concepto de una vivienda nueva y que será subsidiado por el Estado. Este ahorro corresponde a
USD.6.000 dólares para la adquisición de una vivienda nueva de USD. 13.500 con un precio
mínimo y razonable de acuerdo al estándar de vivienda social de las familias de bajos
ingresos en Ecuador y de USD.6.432, 91 en promedio por vivienda para las familias que se
ubican en la zona de seguridad y tienen que ser reasentadas. A continuación se detalla el ahorro
en la adquisición de una vivienda:
Cuadro No. 14
Ahorro en la adquisición de vivienda nueva
AÑO REASENTAMIENTO AHORRO APOYOS VIVIENDA NUEVA AHORRO
SIN
PROYECT
O
CON
PROYECTO SIN
PROYECTO CON
PROYECTO
2013 28.800.000,00 13.361.016,01 15.438.983,99 - - - 2014 14.664.000,00 6.802.983,99 7.861.016,01 32.400.000,00 18.900.000,00 13.500.000,00 2015 - - - 25.680.000,00 14.980.000,00 10.700.000,00 2016 - - - 15.600.000,00 9.100.000,00 6.500.000,00 TOTAL 43.464.000,00 20.164.000,00 23.300.000,00 73.680.000,00 42.980.000,00 30.700.000,00
Elaborado por: MIDUVI
Para la proyección de los ahorros generados por el proyecto se utilizó el promedio de la variación
del Índice de Precios al Consumidor (IPC) calculado por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos en los últimos 4 años (3,56%).
Gráfico No. 2
Evolución del IPC
VARIACION PORCENTUAL ANUAL DEL INDICE GENERAL NACIONAL (INFLACION ANUAL)
MESES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio
Anual AÑOS 2005
2006
2007
2008
2009
2010
1,82 1,62 1,53 1,54 1,85 1,91 2,21 1,96 2,43 2,72 2,74 3,14 2,12
3,30
2,28
8,39
5,20
3,56
3,37 3,82 4,23 3,43 3,11 2,80 2,99 3,36 3,21 3,21 3,21 2,87 2,68 2,03 1,47 1,39 1,56 2,19 2,58 2,44 2,58 2,36 2,70 3,32 4,19 5,10 6,56 8,18 9,29 9,69 9,87 10,02 9,97 9,85 9,13 8,83 8,36 7,85 7,44 6,52 5,41 4,54 3,85 3,33 3,29 3,50 4,02 4,31 4,44 4,31 3,35 3,21 3,24 3,30 3,40 3,82 3,44 3,46 3,39 3,33
Promedio
25,19 25,17 25,11 25,02 25,11 25,15 25,16 25,15 25,23 25,23 25,18 25,09
Fuente: INEC Elaborado por: INEC
4.2.3. Flujos Económicos
Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
0 1 2 3 4 5
Ingresos
Beneficios valorados (GENERACION DE EMPLEO)
En agua para consumo 589.260 3.030.480 8.960.119 12.522.617 14.711.297
En solar 43.200
En vivienda 15.438.984 21.361.016 10.700.000 6.500.000
Total beneficios 16.028.244 24.434.696 19.660.119 19.022.617 14.711.297
Costos/ Egresos
Inversión Inicial 5.402.178 22.330.910 30.223.076 14.829.500 4.673.065
Total costos 5.402.178 22.330.910 30.223.076 14.829.500 4.673.065
Flujo neto de caja -5.402.178 -6.302.666 -5.788.380 4.830.619 14.349.552 14.711.297
CONCEPTO
4.2.4. Indicadores Económicos (TIR, VAN)
INDICADORES ECONOMICOS
TASA DE DESCUENTO 12,00%
VAN = $ 5.261.304,35
TIR = 22,32%
4.3. Análisis de Sostenibilidad
4.3.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos Impacto Ambiental
De acuerdo a la política de salvaguardias ambientales y sociales del Banco Interamericano de
Desarrollo-BID OP-703, la clasificación del programa es categoría - A. Esta clasificación resulta
básicamente del proceso de reubicación poblacional que se prevé en la operación. Los
componentes de obras que hacen parte de la intervención urbana en las centralidades a crearse
no representan alto riesgo ambiental. Sin embargo a continuación se detalla los potenciales
impactos y medidas de gestión ambiental-social a emplearse.
Los potenciales impactos negativos socio-ambientales asociados con esta operación están
relacionados directamente con la construcción de obras de infraestructura en el área consolidada
a ser intervenida y el reasentamiento involuntario de familias actualmente ubicadas en el área de
seguridad. Adicionalmente, existen impactos socio- ambientales indirectos asociados a la
operación los mismos que están relacionados con el desarrollo de vivienda social nueva.
Intervención en el área consolidada.- Las obras que se consideran como parte de la
intervención en el área consolidada son típicas y básicas para lograr un mejoramiento de las
condiciones barriales de una zona como la que será objeto dentro de este programa. Entre
estas obras se encuentran: (a) Centros Culturales, conteniendo servicios como bibliotecas,
mediatecas, centro de documentación e información digital, salones de usos múltiples y salas de
reuniones; (b) Centros Integrados de Servicios Públicos, que incluyen servicios de registro civil,
oficinas de trámites y otras ventanillas de servicios públicos, plazas comerciales, patio de
comidas, servicios privados y quioscos para pequeños negocios; y (c) Áreas Verdes y
Recreación, que incluye la implantación de un parque lineal a lo largo del Canal de Trasvase y
dos parques sectoriales.
Los potenciales impactos negativos socio-ambientales asociados con estas obras serán
temporales, localizados y de bajo impacto; y los mismos que son aumento temporal en la
concentración de polvo; aumento en los niveles de ruido; emisiones de gases con efecto
invernadero a causa del uso de maquinaria pesada y equipos tales como generadores de
energía; movimientos de tierras; excavaciones; generación de escombros; generación de
desechos sólidos comunes; riesgo de contaminación del suelo por probables derrames de
combustible y lubricantes; impermeabilización del suelo; reducción de la infiltración (recarga
acuífera); incremento en el tráfico debido a la presencia de obstáculos en las vía; molestia para
los peatones por presencia de obstáculos en las aceras; presencia de gente desconocida;
erosión temporal del suelo expuesto en la etapa de construcción por efectos del viento y el
drenaje de agua lluvia; e impacto temporal en los negocios ubicados en el área de influencia
directa donde se llevarán a cabo dichas obras.
Reasentamiento involuntario de familias que se encuentran en el Área Reservada de
Seguridad. El hecho de reasentar involuntariamente siempre es un impacto negativo presente a
pesar que el reasentamiento a viviendas adecuadas y con servicios básicos de calidad trae
considerables mejoras a las familias involucradas. Además, todo ese proceso implica
desarticulaciones sociales, cierto desarraigo con la vivienda que por precaria que sea es el
producto de su esfuerzo, sensación de miedo frente al imaginario de perderlo todo, posible
ruptura de vínculos de amistad generados entre vecinos, percepción de pérdida de la
tranquilidad, afectación económica de los negocios establecidos (tiendas principalmente,
peluquerías, modisterías) y cambios en las condiciones económicas de las familias por pasar de
pagar cifras marginales por servicios públicos a nuevos costos en materia de energía,
acueducto, alcantarillado e impuestos a la propiedad.
Para mitigar adecuadamente esos impactos, evaluando las características socioeconómicas de la
población afectada y proponiendo las soluciones aplicables en acuerdo a las políticas del BID se
elaboró un Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) Ese Plan contempla las soluciones de
reasentamiento de todos los afectados bajo el Decreto 607/10, independiente de su condición de
propiedad del terreno y de los bienes construidos, para familias y actividades económicas
instaladas en la zona de seguridad.
Para las familias, las opciones propuestas son el reasentamiento preferiblemente en viviendas
ubicadas en Ciudad Victoria y Socio Vivienda II, respetándose. Existen pocas actividades
económicas en el área Reservada de Seguridad (ARS) que serán objeto de reubicación. Como
ya se había mencionado, son actividades ejercidas en la misma vivienda, o pequeños comercios
que sirven a la población del entorno, con artículos de primera necesidad para el hogar o
servicios de alimentación. Las soluciones para reposición de esas actividades igualmente se dará
en diferentes lugares: (i) en Ciudad Victoria, que cuenta con áreas especificas para actividades
comerciales de pequeño porte (Boxes de 30m2 , 20m2 o menores); (ii) en las Centralidades
Distrital y Zonales a ser financiadas en el Programa.
Por otro lado, el reasentamiento de familias implicará el abandono y demolición de todo tipo de
obras de infraestructura tales como viviendas y negocios que hayan sido construidas como
productos de las invasiones en el Área Reservada de Seguridad. El Programa de
Reasentamiento Involuntario (PRI) contempla una acción específica de demolición y retirada de
escombros coordinada con la reubicación de las familias; esa acción deberá ser complementada
con acciones de recuperación de pasivos ambientales generados en el Área de reserva, para
garantizar su efectivo manejo como área de protección ambiental (desactivación de calles, cierre
de accesos, etc.) la voluntad de las familias que opten por otra opción como la reubicación en
otro emprendimiento del MIDUVI (o predio propio pre-existente) donde se aplique el bono
vivienda y las condiciones socioeconómicas y crediticias de la familia que le permitan
acceder a vivienda compatible aquella ofrecida en Ciudad Victoria o Socio Vivienda II; o que
opten por reubicación en asentamientos rurales en la Provincia en programas del MIDUVI
asociados al MIES, siempre que exista tradición agrícola y los programas de esos Ministerios
garanticen los insumos necesarios a la instalación de las familias e inicio del labor rural/agrícola
hasta que se establezca la primera producción.
Ciudadelas habitacionales nuevas.- los potenciales impactos socio-ambientales negativos y
riesgos indirectos para la operación se relacionan a la construcción de las soluciones
habitacionales (Cuidad Victoria y Socio Vivienda II). Los impactos y riesgos incluyen entre otros
adecuación del terreno: generación de ruido y polvo; descapote, excavaciones, tala de bosques y
remoción de vegetación, movimiento de tierras; movimiento y tránsito de maquinaria y equipos;
instalación de campamentos e infraestructura temporal; construcción de vías y superficies no
permeables; almacenamiento y uso de sustancias químicas; y desvíos temporales de tránsito
vehicular y circulación peatonal.
Una vez que se ha identificado los impactos sociales y ambientales a generarse durante la
ejecución del proyecto, a continuación se describe el manejo a seguirse de los riesgos e impactos
ambientales y sociales que se presentan en esta operación. Las medidas, acciones y
recomendaciones para cumplir con este manejo están enfocadas en las obras de infraestructura,
el reasentamiento involuntario, y la recuperación ambiental del ARS.
Adicionalmente, también se incluyen medidas que se deben tomar en consideración para mitigar
los impactos y riesgos socio-ambientales que se presentarán en la construcción de las viviendas,
lo cual es considerado como impactos y riesgos indirectos.
Intervención en el Área Consolidada (construcción de centralidad).
Todas las obras contarán con los respectivos permisos de construcción y licencias ambientales
que son aplicables de acuerdo a las regulaciones actualmente establecidas. De la misma manera
se pondrá en práctica el respectivo Plan de Manejo Ambiental y Social que se haya desarrollado
para estas obras. En particular, para decidir la ubicación de las diferentes centralidades urbanas
se debe considerar que las construcciones cumplirán con las siguientes medidas: los inmuebles
nunca se ubicarán cerca de un río, cauces, micro-presas, lagunas de oxidación, barrancos
pronunciados, sin protección alguna, ni junto a vías de alta velocidad, pistas de aterrizaje, líneas
de alta tensión, poliductos o alguna barrera física que pueda ocasionar problemas de inundación
o desbordamiento, así como en terrenos de topografía irregular; se contará con facilidades de
acceso vehicular para visitantes, proveedores de servicios y vehículos de emergencia; se
prestará atención a los procesos de planificación urbana que realiza la alcaldía municipal. En este
sentido, esta centralidad se ubicará en los lugares establecidos para ello. Las áreas externas de
la centralidad deberán estar libres de obstáculos (troncos, rastrojos, basura, desechos, zanjas y
huecos) que presenten riesgo de accidentes para los usuarios que hagan uso de las
centralidades, especialmente si van acompañados por niños y personas de la tercera edad.
Durante la construcción, la producción de polvo, la generación de ruido, la producción de residuos
sólidos de construcción, y la generación de residuos sólidos domésticos y de efluentes líquidos
serán manejados a través de prácticas estándar que contemplan, entre otras medidas, el
humedecimiento constante de agregados y finos, la utilización de amortiguadores de ruido en
todos los equipos de construcción, y acciones específicas de recolección, acumulación,
transporte y disposición de residuos sólidos. De igual forma, de requerirse, para facilitar las tareas
de construcción y a petición de los contratistas, el manejo del tránsito vehicular será coordinado
con la policía nacional.
Los diseños de las nuevas obras se ajustarán a las características propias del paisaje natural y a
los aspectos geotécnicos e hidrogeológicos, así como también a las características
arquitectónicas de las edificaciones circundantes y al entorno ecológico y sociocultural del lugar.
Dicho de otra manera, el diseño de obras nuevas no debe "desentonar" con lo ya existente, ni
tampoco causar alteraciones en el aspecto geológico y cultural. Un aspecto muy importante
será tomar en cuenta las opiniones de la comunidad y usuarios.
Igualmente, se contemplará el reciclaje de los materiales pétreos para ser re-utilizados como sub-
bases en obras de urbanización o como material drenante, entre otros. Se extraerán materiales
solamente de canteras y de vetas de arena que sean estrictamente necesarios para la obra. Así
mismo se respetarán los aspectos reglamentarios nacionales y municipales, en materia de
construcciones.
El riesgo asociado a desastres naturales será manejado a través del cumplimiento de las normas
de construcción antisísmicas para evitar riesgos derivados de daños a la infraestructura,
causados por eventos naturales como sismos, inundaciones, vientos fuertes y otros. Las
centralidades no se situarán cerca de una falla sísmica y se harán las previsiones
correspondientes durante el diseño de las obras, tomando en cuenta las amenazas naturales y
antrópicas, así como los aspectos geotécnicos, hidrológicos, topográficos, etc. Se prevé contar
además con Planes de Emergencia para reportar y manejar incidentes que puedan amenazar la
seguridad del edificio.
Los impactos negativos asociados a la salud y seguridad de los trabajadores, mientras dure la
fase de construcción de la infraestructura, serán mitigados bajo la aplicación de las normas y
protocolos nacionales e internacionales relacionados con la utilización de sustancias peligrosas y
con la seguridad, higiene y protección de los trabajadores, se trabajará en zonas ventiladas
durante las tareas de corte, lijado, pintado, sellado, etc., y se utilizarán sistemas de aspiración y
equipos de protección cuando sea necesario. Además, se regarán las zonas (con la menor
cantidad de agua posible) que levanten polvo durante los trabajos de movimiento de tierras,
demolición, etc., especialmente si la obra está emplazada en un entorno urbano. Todo esto se
contemplará contractualmente para garantizar la salud laboral de los trabajadores.
Los impactos relacionados con la pertinencia cultural y social (en relación a género, pueblos
indígenas, e individuos con capacidades físicas disminuidas) de la nueva infraestructura a
construirse serán manejados de la siguiente forma: i) todas las facilidades a ser construidas
a través de esta operación contarán una señalización adecuada, interna y externa, que incluirá
además del idioma español una simbología ideográfica de fácil entendimiento en especial para
usuarios analfabetos; y ii) los diseños arquitectónicos de cada una de las facilidades incluirán
rampas de acceso para minusválidos, y tendrán en cuenta las condiciones climáticas de la zona
donde se implantarán.
Reasentamiento involuntario de familias que se encuentran en el ARS.- el - Plan de
Reasentamiento Involuntario de Familias y Actividades Económicas, ha sido elaborado como
parte de los estudios necesarios a la viabilidad del Programa. La mitigación de los impactos
derivados del reasentamiento involuntario se realizará aplicando el PRI que sigue las siguientes
directrices para minimizar los impactos:
Definición concertada de alternativas adoptadas respecto a tipos de vivienda y
actividades económicas, incluyendo (a) viviendas dobles (planta baja y primer piso en
Ciudad Victoria); (b) vivienda unifamiliar en el complejo habitacional Socio Vivienda 2; y
(c) espacios de negocios en Ciudad Victoria, en la centralidad Distrital (parte del
componente I, Intervenciones Urbanas Integrales); y (d) actividad de negocio
compartida en la vivienda.
La prioridad de atención en la reubicación será dada a familias de madres
solteras, personas con discapacidades y adultos mayores; en seguida reubicados las
familias restantes que se encuentren en la zona, procediendo sector por sector, a
fin de viabilizar mejor seguridad a las familias que no queden aisladas en sectores poco
habitados y mejorando el control sobre el área;
Todas las personas incluidas en el censo realizado en el momento de la
declaratoria de utilidad pública del área que actualmente ocupan recibirán algún tipo de
beneficio de reasentamiento. En la mayoría de los casos se ofrecerá a los pobladores un
bono cuyas particularidades estarán detalladas en el Reglamento Operativo que se
formule para la gestión del programa. Las situaciones de vulnerabilidad social
identificadas (miseria absoluta, adultos mayores viviendo solos) deben recibir tratamiento
diferenciado, independiente de su capacidad de crédito frente al Programa;
Catastro de las familias afectadas de menor ingreso en la tarifa de la dignidad- costo de
agua y luz diferenciado para población de bajos ingresos, calculado en tarifa mínima;
Preparación social previa a la intervención con información y discusión con la población
beneficiaria, como estrategia de fortalecimiento de la participación social en el proceso de
decisión sobre políticas públicas, particularmente relacionadas con la implantación de
infraestructura básica y servicios sociales.
Minimización del impacto de las rupturas de redes sociales de vecinos por medio del
reasentamiento en la misma área del total del núcleo familiar o de vecinos y negocios
implantados en condiciones similares o mejores a las de origen;
Cálculo e inclusión de todos los costos del reasentamiento en los costos de los proyectos
receptores y del programa, según sea pertinente, incluyendo: (i) los costos
institucionales, legales y judiciales del proceso de reasentamiento; (ii) los costos del
trabajo social pre y pos reasentamiento a ser desarrollado con la población afectada.
Construcción de las viviendas, Una vez que las empresas constructoras terminen las viviendas
las entregarán al MIDUVI, quien será el encargado de transferir a las personas reasentadas
dentro de los términos establecidos en sus acuerdos con las Instituciones Financieras
Intermediarias (IFIs).
El diseño de las nuevas soluciones habitacionales, como en el caso de Ciudad Victoria, reducirá
el riesgo de conflictos entre las persona a ser reasentadas y la población existente en las
inmediaciones. Esto debido a que el diseño incluye sectores según las cuales la población tendrá
la opción de ubicarse en áreas específicas de acuerdo a sus preferencias socio-culturales y lazos
de amistad y vecindad pre-existentes.
La población a ser reasentada podrá retirar los materiales servibles de cada vivienda antes de la
etapa de demolición, que deberá ser conducida con apoyo de personal especializado, bajo el
cronograma establecido junto al equipo social encargado del proceso de mudanza y
reasentamiento. Para evitar conflictos en esta etapa, el retiro de los materiales será
inmediatamente después que las personas muden sus pertenencias. Después de ese plazo
definido se procederá a la demolición de las construcciones existentes. Las actividades
adicionales de recuperación de pasivos ambientales no son parte del Plan de Reasentamiento
sino de la Recuperación y Protección Ambiental del Área Reservada de Seguridad. También se
realizaran talleres pre-mudanza con las familias a ser reasentadas, incluyendo educación
sanitaria. Los costos de la mudanza serán cubiertos por el Proyecto, incluyendo los camiones y el
personal que ayude a los pobladores a cargar y descargar sus pertenencias.
El seguimiento y acompañamiento al proceso de reasentamiento se realizara en dos etapas. La
primera etapa estará a cargo de una organización sin fines de lucro especializada en el tema que
será contratada para acompañar este proceso durante la etapa inicial de implementación del Plan
de Reasentamiento. La segunda etapa estará a cargo de varias agencias e incluirá acciones de
seguimiento y promoción socioeconómica post reasentamiento, usando programas disponibles
para este fin a ser implementados en la zona Noroeste de Guayaquil.
Riesgos
Se ha realizado una matriz de evaluación de riesgos siguiendo la metodología del BID, para lo
cual se ha identificado los posibles riesgos, se ha establecido los factores de probabilidad y la
ponderación respectiva a fin de establecer las acciones de mitigación. Este proceso se ha
realizado en forma coordinada con la participación del ejecutor y los principales actores del
programa. En el Anexo 2 se detalla la matriz de riesgos.
4.3.2. Sostenibilidad Social
A fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto desde el punto de vista social se cuenta con un
plan de reasentamiento involuntario para aquellas familias que residen en el área de seguridad y
que deben ser reasentadas. El objetivo de este plan es generar procesos que permitan la
reubicación de las familias que se encuentran asentadas en el área de reserva de seguridad bajo
condiciones que respeten sus derechos a proyectos sociales de vivienda, que reúnan en forma
integral todas las condiciones para garantizar un hábitat digno y sostenible.
Con este proyecto en primer lugar se dará atención a grupos prioritarios como se establece en
art. 35 de la constitución, tales como: adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres
embarazadas, personas con capacidades especiales, personas que adolezcan de enfermedades.
Por otro lado, el proceso de reasentamiento contará con un acompañamiento social y plan de
mitigación, dado que los reasentamientos involuntarios pueden ser vistos como una amenaza por
parte de la comunidad y este sentimiento genera fricciones entre la población y el Estado. Por
esta razón, es importante considerar que este proceso constituye una oportunidad para mejorar el
nivel de vida de las personas, por lo que durante la ejecución del proyecto se garantizará los
derechos a la participación, consulta, acceso libre a la información, debate y resolución de
controversias.
Las acciones que se llevara a cabo antes, durante y después de la ejecución del proyecto para
garantizar la sostenibilidad son las siguientes:
Censar a la población: De esta manera se precisará el número de personas que habitan.
Fortalecer la organización social: Se requiere reconocer los líderes y principales actores
sociales con los cuales se debatirán las decisiones, se coordinarán acciones y,
posteriormente ellos serán los encargados de la socialización de procesos.
Definir las actividades productivas: La información recabada permitirá conocer las
actividades productivas y los mecanismos de subsistencia que se realizaban en la
población y, de acuerdo a ello, ofrecer alternativas desde el nuevo territorio. Se puede
trabajar en capacitación en áreas productivas, en la creación de cooperativas.
Apoyo psico-social permanente: Es necesario que exista una cara visible de la institución
que esté en contacto permanente con la comunidad para brindar información sobre
los avances, resolver conflictos y crear un sentido de respaldo por parte del Gobierno.
Establecer un mecanismo consensuado de solución de controversias: Para ello se
requiere un equipo multidisciplinario que pueda ofrecer asesoría legal, apoyo social,
apoyo técnico.
Capacitación profesional y técnica: Ejecutar los proyectos de capacitación en las áreas
que fueron determinadas de acuerdo a la información recopilada y a los intereses
manifiestos de la población para restablecer los medios de subsistencia.
Generar el empoderamiento de la población respecto al nuevo territorio en el cual serán
asentados: Es importante que se realicen mingas o se asignen tareas a los involucrados
para que se adueñen del proceso.
Garantizar que los proyectos productivos sean sostenibles, brindando asesoría y
seguimiento mensual, trimestral y semestral.
Fomentar la inclusión social de los grupos de atención prioritaria: adultos mayores,
mujeres, menores de edad, personas con capacidades especiales y personas con
enfermedades catastróficas. Por ello, una vez que se haya finalizado el proceso se
puede promover la formación de comitivas que organicen actos sociales, talleres de
confección o de cocina, grupos de apoyo, entre otros.
Mantener contacto periódico con la directiva de la población para resolver conflictos que
puedan surgir. Este contacto debe mantenerse máximo por el período de un año.
Evaluación y rendición de cuentas ante la comunidad.
5. PRESUPUESTO
A continuación se detalla el presupuesto requerido para la ejecución del proyecto por fuentes de
financiamiento.
Cuadro No. 15
Presupuesto
TOTAL
Externas Internas
Crédito Fiscales
1. Intervenciones Urbanas Integrales 70.500.000,00 4.078.730,00 74.578.730,00
1.1 Vivienda social y reasentamiento 54.000.000,00 - 54.000.000,00
1.1.1 Apoyos Económicos 54.000.000,00 54.000.000,00
1.1.2 Plan de Reasentamiento (PRI) 1.620.000,00 1.620.000,00
1.2 Protección Ambiental 500.000,00 500.000,00
1.3 Centralidades Urbanas 16.000.000,00 2.458.730,00 18.458.730,00
-
2. Desarrollo Institucional 320.000,00 560.000,00 880.000,00
2.1 Coordinación Interinstitucional local 320.000,00 320.000,00
2.2 Soporte Técnico MIDUVI 560.000,00 560.000,00
3. Gestión y monitoreo del Programa 180.000,00 1.820.000,00 2.000.000,00
3.1 Gestión del programa 1.500.000,00 1.500.000,00
3.2 Auditorías externas 320.000,00 320.000,00
3.3 Monitoreo y Evaluación 180.000,00 180.000,00
TOTAL 71.000.000,00 6.458.730,00 77.458.730,00
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
COMPONENTES / RUBROS
Fuente: Equipo de Gestión del Programa - MIDUVI Elaborado por: Equipo de Gestión del Programa – MIDUVI
6. ESTRATEGIA DE EJECUCION
6.1. Estructura operativa
Para el desarrollo del proyecto en la Zona de Intervención se han identificado las siguientes
entidades que estarían involucradas, con diverso rol y grado de participación:
Ministerio Coordinador de Desarrollo Social: Coordinación General y Gestión de los proyectos
complementarios, en el marco de los acuerdos con BID. El MCDS, por sus competencias, tendrá
a su cargo la coordinación con los ministerios del área social y facilitará la participación de
ministerios de otras áreas como son los ministerios de Ambiente, Defensa, Interior,
Seguridad, entre otros.
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda: será el responsable por la ejecución del programa
a través de su Subsecretaría de Hábitat y Asentamientos Humanos y su Subsecretaría de
Vivienda. El Ministro de Vivienda designará un coordinador específico y un equipo básico
para la gestión del programa. Parte del equipo estará en Quito y parte en la representación del
MIDUVI en Guayaquil, para estar más próximo del área donde se desarrollarán las principales
acciones del programa. Las actividades de la coordinación central incluyen: (i) la administración
de los recursos financieros y el manejo de los aspectos fiduciarios; (ii) la planificación de la
ejecución del préstamo, incluyendo la preparación de los Planes Operativos Anuales (POA) y la
actualización del Plan de Adquisiciones (PA); (iii) la coordinación y supervisión de las actividades
referentes a la contratación de consultorías, servicios, bienes y obras; (iv) la supervisión y
monitoreo del avance de ejecución del programa; (v) la preparación y tramitación de los pagos
correspondientes; (vi) la preparación de los estados financieros y solicitudes de desembolso;
y (vii) la evaluación de impacto del programa, entre otras. Las actividades desconcentradas en
Guayaquil son las siguientes: (i) gestión del proceso de asignación de apoyos económicos; (ii)
supervisión e implementación de las actividades de reasentamiento y del PRI; y (iii) supervisión
de obras, entre otras. Dentro Plan de Reasentamiento Involuntario, se consideran las actividades
concernientes a la desocupación del Área de Reserva de Seguridad.
Previo al desembolso de los recursos del Financiamiento destinados a las actividades del
subcomponente de Coordinación Interinstitucional Local del Componente II del Programa, el
Prestatario se compromete a presentar, por intermedio del Organismo Ejecutor evidencia de la
suscripción de un Convenio Interinstitucional entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda y el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social para la coordinación entre ambas
entidades en la implementación de las actividades previstas en dicho componente.
Ministerio del Ambiente: normativa y ejecución de los aspectos ambientales en el ARS.
Ministerio de Cultura: Administración y gestión del Centro Cultural que forma parte de la
centralidad urbana instaurada con el proyecto.
Ministerio del Interior: Definiciones y realización de obras de infraestructura de la Policía
Nacional, y su administración, operación y mantenimiento dentro de la centralidad urbana.
Municipalidad de Guayaquil: acuerdos para la ejecución de las obras de carácter urbano
con dotación de los servicios básicos de agua potable y saneamiento.
SENAGUA: acuerdos para la ejecución del parque lineal.
INMOBILIAR: Administración de las áreas comunes de la Centralidad, como son su
mantenimiento, seguridad. Expropiación de los terrenos que se han previsto para las
construcciones previstas para desarrollar el componente de Centralidades Urbanas.
El modelo de gestión que se aplicará corresponde al siguiente diagrama:
6.2. Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución
6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades
A continuación se detalla el cronograma valorado por componentes y actividades, la periodicidad
es mensual de los dos primeros años, dado que en el mes de septiembre del 2012 se realizó el
primer desembolso de recursos y de los años restantes el cronograma es anual, mismos
realizados en conjunto con el BID.
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
1. Intervenciones Urbanas
Integrales
1.1 Reasentamiento /
viviendas
Subsidios
Bono de
reasentamientos 1185400 165000 4000000 5000000 6000000 3400000 3549600
Bono de vivienda
Regular 3000000 21025000 6675000
Plan de
Reasentamiento (PRI) 6811 2547 267086 76086 31086 41086 31086 31086 34728 55286 457293 31086 535532 19200
1.2 Protección Ambiental 40000 40000 69000 231000 120000
1.3 Centralidades
(Terreno, obras y estudios) 175722 289304 187002 1728730 4046694 7554463 4476815
2. Fortalecimiento
Institucional
2.1 Apoyo a la
Coordinación
Interinstitucional 6750 6750 1500 40000 66250 66250 66250 66250
2.2 Soporte Técnico
MIDUVI 33000 223000 45000 259000 0 0
3. Gestión del Programa
3.1 Administración 13021 3549 3661 22189 34600 54029 119029 53399 73219 83906 59706 53219 58019 96215 83610 54042 320000 314587 0
3.2 Auditoría 27000 73000 100000 80000 40000
3.3 Evaluación 90000 0 90000
TOTAL 13021 1195760 168661 4024736 34600 60779 5392865 190985 104305 6603714 90792 129305 3532747 509805 3867155 1813858 30223076 14829500 4673065
El el mes de septiembre se realizó el primer desembolso
Año 3 Año 4 Año 5COMPONENTES
/ACTIVIDADES
AÑO 1 AÑO 2
6.4 Origen de los insumos
El propósito y ejecución del proyecto implica la entrega bienes (viviendas nuevas), obras de
infraestructura y protección ambiental; para lo cual se utiliza materia prima y mano de obra
nacional. Para la entrega de servicios (incentivo económico para vivienda nueva) el insumo es de
carácter económico con financiamiento externo.
7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION
7.1. Monitoreo de la ejecución
Para efectuar el seguimiento y monitoreo de los productos generados por el programa, se va
implementar un sistema de seguimiento técnico-administrativo-financiero basado en
informaciones generadas por el Sistema de Información del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda (MIDUVI), bajo la responsabilidad del equipo de coordinación del programa.
La coordinación está a cargo de un equipo específico designado en el ámbito del MIDUVI. Esta
tendrá a su cargo las responsabilidades de gestión general del programa (técnica,
administrativa y financiera), ejecución de los componentes (incluyendo las adquisiciones) y
realización de las actividades de monitoreo y evaluación (contratación de las encuestas,
divulgación de resultados etc.).
Este sistema permite realizar el adecuado seguimiento de los hitos del programa (contratos,
avance de obras, registro de beneficiarios, control financiero general, entre otros aspectos) el cual
ya fue analizado por el Banco Interamericano de Desarrollo y considerado adecuado a los
propósitos de gestión. Para alimentar con información a este sistema los mecanismos que se
utilizarán para el seguimiento y reporte de los resultados del monitoreo del programa son las
siguientes:
1. Visitas de Seguimiento (BID/MIDUVI). Comprende la realización de visitas in situ por parte
de los integrantes del equipo de proyecto del Banco, acompañados del equipo de coordinación
del MIDUVI. Los objetivos de estas visitas, especialmente las de los especialistas sectoriales y
fiduciarios del Banco, son de verificar el progreso en la ejecución de los distintos componentes,
identificar problemas y encontrar soluciones a los desafíos que se presenten durante la ejecución
del programa. Se tiene previsto realizar como mínimo una visita semestral, durante cada año de
ejecución de la operación.
2. Informes Semestrales de Progreso. Este informe es producido por la unidad de coordinación
del MIDUVI y tiene por finalidad presentar al Banco los resultados alcanzados en la
ejecución del POA y del PA, vinculados al seguimiento de la ejecución y de los desembolsos. El
Informe de Progreso de cada semestre del año calendario deberá incluir una síntesis de los
resultados alcanzados por componentes y sus respectivos productos (parciales y totales, cuando
sea el caso), analizando también los riesgos del programa. Los informes deberán ser
presentados en un plazo máximo de 30 días posteriores al cierre del semestre correspondiente.
3. Estados Financieros Auditados (EFA). Este es el instrumento de seguimiento
estrictamente financiero del programa. Los EFA serán auditados anualmente, por una
empresa independiente de auditores aceptada por el BID—conforme la Política del Banco
relativa al tema.
7.2. Evaluación de resultados e impactos
En complemento a los informes anuales de monitoreo, se llevarán a cabo dos evaluaciones: (i)
una intermedia, una vez que se hayan comprometido el 50% de los recursos de la operación o
haya terminado el segundo año de ejecución, lo que ocurra primero; y (ii) una final, la cual se
contratará en el último semestre previo al cierre de los compromisos de la operación. La
evaluación final realizará un análisis de los resultados generales logrados con la ejecución de los
distintos componentes, la calidad de la ejecución, un análisis de los costos, el desempeño del
ejecutor y del BID, así como el logro de los resultados y objetivos planteados en el programa.
Incluirá además las lecciones aprendidas y recomendaciones específicas para el diseño de
otras posibles etapas. La evaluación final incluirá también los resultados de la evaluación de
impacto descrita a continuación.
La evaluación de impacto de la operación empleará una metodología cuasi- experimental,
comparando los efectos de la intervención en las familias que fueron beneficiadas con viviendas
nuevas y un grupo de control de hogares en el límite geográfico de los sectores intervenidos, pero
que aún no reciben la intervención. Se medirá el impacto sobre las condiciones
socioeconómicas19
tanto de las familias que serán reasentadas cómo de las que viven en el área
consolidada que recibirán apoyo del programa. Las familias a reasentar serán divididas en dos
grupos: el primero (grupo de tratamiento) incluye los hogares reasentados en el primer y segundo
19
La relación entre la mejora en las condiciones de vivienda y los ingresos de las familias se da por el mejor acceso al mercado de
trabajo, seguridad en el hogar, ahorros en los gastos que tenían en las condiciones anteriores etc. Resultados de investigaciones sobre el tema de acumulación de capital humano demuestran que el capital físico (acceso a servicios en la vivienda) es una precondición para la acumulación del mismo, y a su vez una precondición para salir de la pobreza. Referencias sobre este tema se encuentran en: The Stages of Progress Methodology, Assets, and Longitudinal trends: Results from Five year Study in 236 Communities of Five Countries. Moser, C. 2006; Asset Accumulation Policy and Poverty Reduction. Solimano, A. 2006; Asset Accumulation by the Middle Class and the Poor: Economic Considerations and the Latin American Experience.
año del programa. El grupo de control está conformado por las familias asignadas a ser
reasentadas a partir del tercer año y que habitan en las áreas geográficas aledañas a los hogares
de tratamiento. A mediados del tercer año de ejecución, cuando más de 60% de las familias ya
estén ocupando nuevas viviendas, se hará una evaluación para comparar las condiciones
habitacionales, sociales y de ingresos de los hogares en los grupos de tratamiento y control. El
impacto se medirá por la diferencia en los cambios entre la situación inicial y final de los dos
grupos (diferencias en diferencias) en el límite de la discontinuidad geográfica (regresión
discontinua).
Se hará también una evaluación con un grupo de beneficiarios que no son reasentados sino que
viven en el área aledaña y son elegibles a los apoyos del programa. Este grupo—y un grupo de
control paralelo—también será encuestado antes y después de recibir su beneficio. El grupo de
comparación en este contexto está conformado por hogares justo por encima del corte de
elegibilidad, basado en el criterio de pobreza que usa el programa para focalización (regresión
discontinua).
7.3. Actualización de la Línea de Base
El Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda utilizará el módulo de vivienda del - VII Censo de
Población y VI de Vivienda 2010 por parte del INEC, la ENEMDU y estadísticas que se generen
para el efecto. Esta información se la validará y verificará a través de la Coordinación General de
Planificación e manera conjunta con las áreas técnicas pertinentes.
8. ANEXOS
-Decreto Ejecutivo del No. 1419 del 22 del 22 de enero del 2013