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Bogotá.D.C. Mayo 12 de 2021 SEÑORES CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REF. PROCESOS 50288, 45906, 35215 Y DEMAS. “La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo”. Esta frase del filosofo griego Platón que se relaciona con el sistema neurobiológico de nuestros jueces, busca que concienticen sus emociones, conozcan sus prejuicios y comprendan que a los sesgos propios del ser humano, a los intereses personales, políticos, académicos o mediáticos, deben mantenerlos alejados de sus decisiones. Lamentablemente, la neurobiología de mis jueces, ha llevado a un desconocimiento de los mínimos derechos y garantías judiciales que tiene cualquier ciudadano, traducidos en condenas, investigaciones y juicios interminables, injustos e ilegales adelantados por la Corte Suprema, los cuales hoy desconozco por completo y no puedo respetar, porque han sido resultado de acciones y decisiones amañadas con presiones indebidas de toda naturaleza. La vida me ha enseñado que uno no debe enfrentase ni a la policía, ni a los profesores, ni a los jueces porque se lleva las de perder, ya que son dueños de la autoridad. Pero que hacer cuando abusan del poder como lo vemos hoy en Colombia? Hace años Simón Bolívar dio la solución cuando manifestó que “ cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho”. Lo mas importante para que un Estado Social de Derecho funcione, es la garantía que nuestros jueces sean independientes, imparciales e impartan sus actos, calificaciones o sentencias sin sesgos o pasiones y con apego estricto a la ley. Siempre ejercí todos los instrumentos legales para garantizar un juicio justo, en un tiempo razonable. Desafortunadamente los jueces que conocieron, investigaron, y fueron nombrados por quienes me condenaron, prefirieron mantenerse en su función para violar mis garantías y derechos judiciales. No es un simple dilema ético sino formal, de aplicación obligatoria, mas cuando se trata de la legalidad, transparencia, objetividad e imparcialidad del Juez. Sin embargo, a pesar del mismo reconocimiento de la falta de imparcialidad manifestado por Magistrado Torres Rojas, por ejemplo en su impedimento, sus colegas prefieren mantenerlo activo a sabiendas que su accionar busca condenarme por sospecha y sin prueba alguna. NO hay duda que voy a ser condenado, tristemente por quienes han desconocido todas mis garantías

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judiciales y han desconocido los Tratados Internacionales, la Constitución y la ley. Caí en la desgracia de ser incluido en la lista de los condenados, tal como lo refirió el Magistrado Auxiliar Reyes Rodríguez cuando afirmó bajo juramento, que existía un patrón de conducta en la Corte Suprema para tener prácticamente lista la sentencia de los acusados antes de abrir investigación formal. Ahora entiendo las razones del compromiso que existe entre quienes me juzgan ahora, con quienes los nombraron y emitieron una sentencia condenatoria llena de irregularidades e intereses económicos y políticos. La fórmula ya estaba inventada: condenarme a través de todas las violaciones que directamente ejecutaron en su accionar como auxiliares e investigadores, desde el comienzo, para posteriormente arroparse en el manto de la legalidad. Fui investigado juzgado y condenado por magistrados vinculados al cartel de la toga y aun sus discípulos siguen juzgándome sin rubor alguno. Estoy cansado del permanente Bullying Jurídico al que he venido siendo sometido por mas de 10 años. Si la justicia existe tiene que ser para todos igual, de lo contrario ya no es justicia. A pesar de las denuncias por violaciones al debido proceso y la defensa, fui condenado a una pena de 14 años el 27 de Octubre de 2014 solo con un par de testimonios de testigos falsos pagos por los organismos de control, juicio en el cual se presentaron varias irregularidades y se desconocieron mas de 100 testimonios, documentos e informes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) solicitados por la Corte, que desvirtuaban con absoluta claridad las acusaciones. Hasta una carta rogatoria del Departamento de Justicia de Estado Unidos a mi favor fue desechada, al igual que tres informes del CTI (No 611969, No 9-25394 y No 1209) que concluyen que “con base en los documentos y las entrevistas realizadas no se pudo establecer que estos recursos hayan llegado a los hermanos Iván y Samuel Moreno Rojas como parte del pago de comisiones”. Estos informes también fueron desechados por la Corte Suprema. No hay una sola prueba que demuestre mi culpa. Soy un preso político perjudicado por una estrategia desmedida de lawfare. Mi hermano fue alcalde de Bogotá del año 2008 a 2011 en representación del partido de oposición Polo Democrático y victima al igual que yo, de las mas despiadada y agresiva guerra política y judicial implementada en contra nuestra por el establecimiento, a través de una operación denominada

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“Amazonas”, liderada por los organismos de seguridad del Estado con el propósito de acabar con cualquier aspiración presidencial futura. Las decisiones tomadas de manera permanente por la Corte Suprema de Justicia han sido desproporcionadas, arbitrarias e ilegales desconociendo la convencionalidad y la jurisprudencia pacifica. Este tipo de actuaciones prueban que las garantías judiciales fueron otorgadas solo de manera formal, porque en la realidad han sido totalmente inexistentes en las diferentes etapas procesales. Estos son algunos ejemplos: Con el fin de mantenerme privado de la libertad de manera indefinida, arbitraria e irrazonable, la Corte ha desconocido los tiempos mínimos para ser investigado y ser juzgado de acuerdo a la ley 600 de 2000, en sus artículos 325, 329, 365 y 401. El plazo máximo para la etapa de una investigación previa adelantada por la Corte Suprema de Justica es de 6 meses, para la etapa de investigación formal es de 18 meses, para obtener la libertad cuando no se ha iniciado el juicio es de 6 meses, vencidos los cuales se dictará resolución de apertura de instrucción o resolución inhibitoria o para iniciar el juicio con la audiencia es de 5 días. Sin embargo en mi caso han pasado en unos casos mas de 10 años sin que se muevan mis procesos incumpliendo la ley. Todas estas demoras de los tiempos han sido única y exclusivamente responsabilidad de la Corte Suprema. Aun mas grave la Corte aplica una medida restrictiva a la libertad de manera diferida, arbitraria, desproporcionada e ilegal en contra de la Jurisprudencia de Sistema Interamericano de Justicia, de la Constitución y la ley. Inclusive a pesar de cumplir con todos los requisitos legales establecidos en el Artículo 38G de la ley 599 de 2000, por los cuales me fue otorgada la prisión domiciliara por el Juez competente de ejecución de penas, esa orden fue desconocida por la Sala de Juzgamiento de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia, al crear de forma ilegal y arbitraria un nuevo requisito no contemplado en la ley vigente, usurpando las funciones del Congreso de la Republica. Cuantos jefes de bandas criminales, asesinos en serie, narcotraficantes gozan el beneficio de la prisión domiciliaria mientras quienes hemos tomado el camino de defendernos legítimamente, se nos aplica medidas donde priman intereses diferentes a los legales sobre la verdad, la libertad

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y las garantías mínimas judiciales. Pero cuando es el máximo organismo de justicia el que comete los atropellos, las violaciones, las arbitrariedades que puede un ciudadano hacer ante semejante desproporción de opresión y poder? Cuando el máximo organismo es el que desconoce los tratados internacionales adoptados por Colombia la Constitución y la ley? Yo me encuentro no solo en el absoluto estado de indefensión sino ante una desigualdad de armas que no deja camino diferente que renunciar a una justicia que no existe y menos se aplica con moral y legalidad. Sera que mas de treinta y tres salidas a permiso de 72 horas sin restricción alguna, cumpliendo a cabalidad con el compromiso y adecuado comportamiento no son suficiente prueba de la inexistencia de riesgo de fuga? No puedo aceptar que la razón para negarme ese beneficio sea por ser ciudadano Americano cuando ni siquiera tengo pasaporte. Será que los 10 años de pena purgada no son suficientes para poder defenderme en libertad cuando la demora en los juicios ha sido responsabilidad exclusiva y única de la Corte? Sera que la exigencia de que se cumplan los tiempos de las medidas de aseguramiento, los tiempos máximos legales para llevar acabo una investigación o un juicio no deben cumplirse estrictamente para preservar la presunción de inocencia y ser juzgado en un tiempo razonable? Después de todo lo vivido me es imposible seguir siendo parte de esta trágica comedia en donde se desconocen los mas elementales derechos, arropados en la manta de la legalidad dentro de la ilegalidad. En varias ocasiones he solicitado con base en los principios de celeridad, eficiencia, concentración y adecuada administración de justicia, la acumulación de todos los procesos adelantados en mi contra por la Corte Suprema de Justicia para tener que afrontar un solo juicio en razón a que todos guardan relación con hechos sucedidos durante la Alcaldía de mi hermano y tienen los mismos testigos y denunciantes. No es mas lógico realizar un solo juicio en vez de tres simultáneamente?. Hoy estoy convencido que es con el fin de mantenerme detenido arbitrariamente e indefinidamente. Es increíble que se niegue la posibilidad de defenderme en libertad o una medida sustitutiva cuando ya he cumplido mas del 90% de la pena. Igualmente manifiesto que he presentado todos los recursos legales disponibles en el ordenamiento jurídico Colombiano para que se garanticen y respeten mis derechos judiciales y humanos. Han sido 16 reposiciones, 12

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nulidades, 11 recusaciones, 9 apelaciones, 5 solicitudes de acumulación de procesos, 8 revocatorias de medidas de aseguramiento o libertad transitoria, todos NEGADOS. El ultimo en el día de ayer, violando la ley y las garantías judiciales y arropado en la seudolegalidad. Mas de cincuenta recursos judiciales desconocidas prueban que no existe posibilidad alguna de tener un juicio justo, independiente, imparcial y legal. No tiene sentido seguir asistiendo a un juicio que se asemeja a la época de la inquisición donde la Sala de Juzgamiento de la Corte a través de sus jueces, ya han sentenciado mi muerte. No hay duda que soy un preso político, victima de una guerra jurídica estatal a quien se le han vulnerado todos sus derechos humanos, en especial a la libertad, a la presunción de inocencia, a ser juzgado en un tiempo razonable, al debido proceso, a la vida, al juez competente, al juez natural en la etapa de la investigación, al juez natural en la etapa del juicio, al juez independiente e imparcial, al respeto al principio de legalidad, al desconocimiento del principio de favorabilidad penal y retroactividad, al derecho de contradicción, al derecho de postulación y al derecho a contar con una defensa técnica. Censuro la justicia, no por la aversión que siento hacia ella, sino por el perjuicio que de ella recibo. Mi buen comportamiento durante todos los procesos y mi continua disposición para atender las diligencias judiciales, evidencian mi permanente voluntad de estar atento a cada llamado para defender mi inocencia. Debo manifestar que nunca he tratado de eludir la acción de la justicia; no he tratado de ausentarme del país; no he dejado de concurrir a ninguna diligencia judicial y he estado presto a presentarme ante las autoridades y a dar las explicaciones que todos los organismos de justicia han requerido a raíz de los hechos que se investigan: Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación. Justificar mi detención sin considerar esos factores va en contravía de la extensa jurisprudencia, de obligatorio cumplimiento para Colombia, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la misma Corte Constitucional en sentencia C-805/02. No voy a seguir legitimando con mi presencia la actuación injusta y el accionar ilegal de la Corte Suprema como equivocadamente lo hice en el pasado. Por eso a partir de hoy NO rendiré indagatoria, no pediré pruebas,