propuestas para el gobierno de la seguridad en santa fe
DESCRIPTION
Agustín Rossi - Propuestas para el Gobierno de la Seguridad en Santa FeTRANSCRIPT
Página 1
Página 2
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
IndiceEditorial. Agustín Rossi .................................................................................................................. 3
Prólogo. León Carlos Arslanian ...................................................................................................... 5
Introducción ................................................................................................................................. 13
La inseguridad en Santa Fe: Los resultados del desgobierno ............................................... 18
El caso Rosario ........................................................................................................................... 22
El incremento del homiciodoloso .................................................................................... 22
La singular lectura de las estadísticas criminales ................................................................ 23
La desigual distribución de los delitos más violentos ......................................................... 28
Nuestras propuestas ................................................................................................................... 30
Un acuerdo social y político por la seguridad democrática para Santa Fe ........................ 30
Reorganización integral de la fuerza policial ...................................................................... 31
Profesionalización de la policía provincial distinguiendo las funciones de prevención
y de investigación. Salir del esquema de policía única ...................................................... 33
Una política integral de participación comunitaria en materia de seguridad .......................38
El control disciplinario ......................................................................................................... 40
Políticas de transparencia y control de corrupción ............................................................. 41
Promoción de fiscalización o inspectorías de servicios y dependencias policiales ............ 42
Puesta en marcha de un Sistema de Gestión del Conocimiento sobre el delito
y la violencia ....................................................................................................................... 43
Información estadística consolidada sobre el delito y la violencia ..................................... 44
Coordinación efectiva entre la política de seguridad y la política de persecución
penal para el desarrollo de una política criminal provincial ................................................ 46
Impulso de programas de prevención social del delito y la violencia ................................. 46
Coordinación de esfuerzos a nivel local para la prevención y erradicación del
delito de trata de personas ................................................................................................. 53
Página 3
Editorial
La presente publicación intenta ser un aporte para el gobierno de la seguridad con valores demo-
cráticos en la provincia de Santa Fe.
Que me ocupe del tema no es circunstancial, la problemática de la inseguridad en nuestra provin-
cia siempre me preocupó. Ya en el año 2002, siendo concejal de la ciudad de Rosario, presenté un
proyecto de ordenanza que creaba el Programa Municipal de Seguridad Urbana.
En el año 2007, como pre-candidato a gobernador de la provincia, presenté una serie de propues-
tas en el área, entre las que destaco la creación del Ministerio de Seguridad y de las policías locales
de prevención.
Durante mi campaña a Gobernador, el pasado año 2011, la seguridad también ocupó un lugar
prioritario. Tomé nota del incremento de los delitos más violentos, de la autonomización policial y
del desarrollo de economías delictivas que se fueron produciendo en este último tiempo en nuestra
provincia; fue así que con nuestros equipos técnicos elaboramos y presentamos una serie de pro-
puestas de políticas públicas en la materia, muchas de las cuales, pueden encontrarse aquí, de ma-
nera más desarrollada y ampliada.
El trabajo continuó más allá del momento electoral, ejemplo de ello fueron las denuncias públicas
que realicé acerca del uso político que se daba a la categoría “ajuste de cuentas”, expresión eufe-
mística que intentaba invisibilizar el aumento exponencial de los homicidios dolosos en el Departa-
Agustín RossiEditorial
Página 4
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
mento Rosario.
Un punto de quiebre se produjo en enero del año 2012 con el asesinato de tres jóvenes militantes
sociales, hecho conocido como el “triple crimen de Villa Moreno”. Este trágico suceso me llevó a
plantear la necesidad de un Acuerdo para la Seguridad Democrática en Santa Fe, tomando como
inspiración el Acuerdo para la Seguridad Democrática, que se celebró a nivel nacional a fines del
año 2009.
El problema de la inseguridad en Santa Fe es grave y demasiado importante para que quede ex-
clusivamente en manos de políticos o de expertos, es necesario escuchar y darle participación a
toda la población; la seguridad debe convertirse en eje de un gran debate provincial.
Las propuestas que aquí se formulan, intentan aportar soluciones para el gobierno de la seguridad
en la provincia y al mismo tiempo, generar disparadores para una reflexión que permanezca abierta.
Quiero agradecer a quienes hicieron posible esta publicación, en especial al distinguido León Car-
los Arslanian, quien me honró escribiendo el prólogo, y a Ileana Arduino, por su inestimable contri-
bución en la elaboración de las propuestas.
También deseo expresar un reconocimiento a Adela Aichino, Gustavo Peters, Fernando Rosúa,
Alejandro Rossi, Esteban Borgonovo y Sergio Giorgis, quienes sumaron sus ideas y experiencias.
A Fernanda Llobet, por la coordinación general de la tarea junto a Germán Martínez y Eduardo
Monti.
Finalmente, un agradecimiento a Julia Irigoitia, Juan Andrés González Utges y Roberto Román, y
en ellos a todo el grupo de estudio e investigación sobre seguridad democrática del Instituto Santa-
fesino de Políticas Públicas.
León Carlos Arslanian
Algo está cambiando en Argentina en materia de seguridad pública y ciudadana; y para bien.
Ese cambio tiene diversos vectores que, en lo esencial, se expresan y concretan en una sustitución
del paradigma de policiamiento de la seguridad que gobernó la cuestión durante toda nuestra historia
institucional hasta las postrimerías del siglo pasado. Tal cambio de paradigma coincide con el pro-
ceso de transición que los países de América Latina encararon luego de las dictaduras militares
que asolaron la región y sumieron a aquellos en el subdesarrollo y a sus pueblos en diversos modos
de exclusión y privación de derechos, entre ellos a vivir de un modo digno y a disfrutar de los bienes
jurídicos esenciales.
El nuevo paradigma rompe con mitos y se libera de complicidades ideológicas: el problema de
la inseguridad ciudadana ya no es un producto de la presunta lenidad del sistema penal, de la insu-
ficiencia de poderes acordados a fuerzas policiales, de la munificencia garantista dispensada al de-
lincuente, ni de la ineficacia de los órganos del estado que en forma primaria deben encargarse de
aquella; pero tampoco es el resultado excluyente de las crisis sociales, económicas, de la pobreza,
ni aún de la inequidad, sino un punto de encuentro entre la multiplicad de factores concurrentes que
constituyen la argamasa sobre la que el hombre político, en función de gobierno, o no, debe cons-
truir.
No más policiamiento puro de la inseguridad, ni explicaciones sociológicas de cuño economicista.
Esta es la síntesis conceptual desde donde Agustín Rossi ofrece su plan de seguridad para su pro-
vincia:
PROLOGO
Página 5
Prólogo
Página 6
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
“…Se cae en una visión “economicista” de los problemas que la acercan a la teoría del derrame
neoliberal. Al igual que el modelo de la demagogia punitiva, la política se desliga del problema, y,
olvidando su complejidad, se termina asociando pobreza con criminalidad, lo cual es falaz y estig-
matizante”.
El nuevo paradigma es rico en la diversidad de recursos y enfoques y en la reasignación de
roles y de funciones, en particular hacia los nuevos actores a quienes compete contribuir para que
la realidad criminológica muestre registros más satisfactorios; y esto exige parar mientes en la du-
reza de las cifras, cuanto en los sentimientos de la comunidad, atemorizada por los hechos al socaire
de su difusión rampante.
Surge, así, un nuevo concepto hasta hace apenas una década desconocido entre nosotros: el
gobierno político de la seguridad que, a despecho del fenómeno extendido del gobierno autónomo
o auto-gobierno de las fuerzas policiales, reivindica para los funcionarios políticos -y para la polí-
tica- tan delicada misión.
Como derivación de ello, otro fenómeno (hasta ahora extraño a nuestras tradiciones institucio-
nales) inaugura un capítulo que consiste en formular políticas públicas de seguridad o, lo que es lo
mismo, practicar diagnósticos que nos permitan conocer la realidad y planificar de acuerdo a ese
conocimiento.
Se trata, entonces, de elaborar propuestas y políticas para la atención del fenómeno de la inse-
guridad, conocer la cantidad y calidad de los delitos, su geo-referencia, sus modalidades, detectar
los procesos más complejos y socialmente más dañosos como lo son la criminalidad organizada
transnacional, el rendimiento de las agencias penales, su comportamiento, la detección y examen
de las causas de la violencia social que se criminaliza, y a partir de esa suma de conocimientos ela-
borar las propuestas que, por cierto, se nutrirán de los aportes de diversas agencias del estado,
que no serán tan sólo las que atienden al sistema penal sino también las que tienen por misión co-
rregir la conflictividad social y satisfacer la demanda insatisfecha (multiagencialidad).
La etapa diagnóstica resulta esencial porque consiste en acopiar información útil y pertinente,
pero además interpretarla adecuadamente eludiendo la tentación de explicaciones sesgadas más
funcionales a conveniencias políticas de momento que a una planificación seria y racional.
Precisamente, Agustín Rossi, tras examinar los datos suministrados por la estadística guberna-
mental elaborada por los órganos especializados de Santa Fe y referidas a la ciudad de Rosario,
cuestiona el análisis que se hacen de estas al igual que las conclusiones a las que se arriban que
bien pueden llevar a decisiones equivocadas o a la elusión de las medidas más apropiadas.
Es muy interesante el examen que el autor hace del funcionamiento de la agencia penal en la
Provincia de Santa Fe y del resultado de las diversas reformas que se fueron poniendo en práctica.
Su mirada, aunque crítica, no está exenta de objetividad lo que le permite juzgar con beneplácito
ciertas acciones llevadas a cabo por el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social: tal la creación
del Ministerio de Seguridad que generó expectativas que -en su opinión- no encontraron el correlato
adecuado en una reforma que debió haber sido profunda; otro tanto podría decirse de la creación
del Instituto de Seguridad Pública (ISEP) -concebido como persona jurídica autárquica- presidido
por un civil, en su comienzo, pero reemplazado por un funcionario policial en situación de retiro que
es quien lo dirige en la actualidad.
Pondera, también, que se mantuviera vigente la Ley 12.521 para el Personal Policial aprobada
en el año 2006 que estableció el sistema de escalafón único, el mecanismo de ascensos mediante
concurso y hasta el establecimiento de un régimen disciplinario respetuoso del principio de legalidad
en la enumeración de las infracciones y la garantía del debido proceso. Sin embargo, ante la falta
de reglamentación los ascensos siguen haciéndose mediante el viejo y amañado procedimiento de
las Juntas de Calificaciones.
De su rica descripción causa sorpresa que aún se encuentre vigente la Ley Orgánica de la Po-
licía N° 7.395 que data de 1975, a cuyo amparo todavía el personal policial puede perpetrar deten-
ciones arbitrarias fruto del olfato policial.
De esta, y de tantas otras cuestiones, se hace cargo el pormenorizado informe que brinda Agus-
tín Rossi, conocedor profundo de la problemática que aborda, pero también de su abordaje más
apropiado.
Página 7
Prólogo
Página 8
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
Así, el plan que ofrece el autor para la Provincia de Santa Fe rinde tributo a las exigencias de
ese nuevo paradigma de seguridad y sin incurrir en niveles de detalle que perjudicarían su adecuada
intelección muestra los grandes capítulos que una mirada holística demanda.
La experiencia argentina es suficientemente aleccionadora acerca del carácter indispensable
que tienen los acuerdos políticos a la hora de adoptar planes de gobierno en materias de alto impacto
social como lo son la economía, la salud pública, el medio ambiente y por supuesto la seguridad
personal.
Estos acuerdos tienen un escenario institucional, digamos natural, que son los cuerpos legisla-
tivos que deben contribuir a que se reúnan las mayorías necesarias para que las leyes que verte-
bran los planes obtengan una rápida sanción. Existe una presunción (por cierto no irrefragable) de
que esas leyes darán estabilidad y perdurabilidad a cuanto decidan, circunstancia en la que media
un interés político considerable si se aprecia que cualquier plan de mediano -y ni qué decir de largo
plazo- puede exceder el período de gobierno de la fuerza política que detenta el poder.
Sin embargo, las crisis de representatividad política, por un lado, y nuevas representaciones so-
ciales surgidas de modo vigoroso en las últimas dos décadas, sumados al por demás interesante
proceso de activación social al que asistimos, muestran que otros acuerdos, en procura del máximo
consenso, son convenientes. Véase por caso para ratificar este aserto, el denominado Acuerdo para
la Seguridad Democrática al que accedieron la casi totalidad de los partidos políticos -incluido el
del gobierno-, las ONGs más caracterizadas, la comunidad académica, educativa, las centrales de
trabajadores, las iglesias y demás, el 29 de diciembre de 2009, y que tuvo por antecedente el cele-
brado por el gobierno de Felipe Solá en Buenos Aires, en noviembre de 2006.
Los postulados y consignas democráticas alrededor de los cuales se selló el acuerdo del que
tomó parte y fue entusiasta defensor Agustín Rossi han inspirado su plan con el que pretende en-
frentar “…la inercia de las viejas prácticas y en definitiva la vigencia del autogobierno policial (que)
siguen hasta hoy imponiendo sus lógicas”.
Replantear la organización de la fuerza policial se presenta, pues, como un imperativo y en este
cometido pareciera que el primer desafío es el de liberarse del peso inercial que la lógica de lo dado
suele imponer.
Así, uno de los objetivos fundamentales de la reforma del estado es encarar su descentralización
y desconcentración, premisa válida con intensidad impar en materia de organización de los recursos
humanos policiales si se aprecia la importancia que tiene llevar el poder al territorio del conflicto.
La creación de nuevas policías es un recurso que no solo atiende a dichas exigencias, sino que,
además da satisfacción al principio de especialidad: “…tenemos que salir del esquema de policía
única”, afirma Rossi, amén de diferenciar la policía de investigaciones de la prevención. Su pro-
puesta es la creación de dos fuerzas separadas de la policía actual, ambas de prevención, para los
Departamentos de Rosario y Santa Fe.
A su vez, el avance de la descentralización operativa policial lo proyecta sobre los municipios
porque es allí en donde es posible practicarla, involucrando al intendente, bien que bajo la conduc-
ción política del Ministerio de Seguridad y del Gobernador, generando de tal suerte un escenario de
policías múltiples.
No escapa a la consideración del autor, un amplio capítulo sobre participación comunitaria en
materia de seguridad. El fenómeno es nuevo, rico y complejo.
Se concretó por vez primera, en nuestro país, en el marco -y como componente esencial- de la
reforma llevada a cabo en la Provincia de Buenos Aires durante dos períodos (1997-1999, 2004-
2007); fue introducida en lo que fuera la nueva ley de Seguridad Pública (12.154) y materializada a
través de los Foros Vecinales y Municipales de Seguridad.
Tal tipo de participación trasunta diferentes potencias: implica la concesión de nuevos y mayores
poderes ciudadanos en la materia que más preocupa a la ciudadanía; contribuye a que la demanda
de más seguridad se despoje de su tono errático y se vuelva más racional en la medida en que el
involucramiento se concrete en la obtención de información institucional; y, además, otorga un rol
activo al ciudadano que coparticipa en el diseño de programas de seguridad barriales, organiza
mapas de seguridad y demás.
Página 9
Prólogo
Página 10
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
Los fenómenos de participación son ricos y variados al punto de verse notablemente enriqueci-
dos por obra de las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs.) que operan en el ámbito de lo
público y obtienen legitimación, incluso, como operadores de programas gubernamentales, al igual
que la pléyade de organizaciones barriales, sociedades de fomento y demás, quienes también ope-
ran en la esfera pública, elementos que Rossi rescata, pondera e incorpora a su programa.
La cuidadosa identificación diagnóstica que propone y la diversidad de recursos multiagenciales
y multiactorales que pone en juego le permiten avanzar en distinciones sutiles acerca de los dife-
rentes niveles de conflicto (el estrictamente delictivo, la conflictividad social y la conflictividad con el
espacio público) lo que favorece una adecuada reasignación de roles en la resolución de los con-
flictos.
No ha escapado al fino criterio del autor la importancia que tiene la atención de lo relacionado
al recurso humano policial, aspecto que aunque resulte paradojal es una clara consecuencia del
auto-gobierno de las fuerzas policiales y de la ausencia de políticas públicas que pongan en su qui-
cio el ejercicio de las incumbencias gubernamentales. Los derechos del hombre policía están ínti-
mamente asociados a la eficacia de su desempeño, a su disciplina, a la necesidad de su carrera,
a su futuro, a su seguridad, a su salud, a su familia, a la necesaria dignidad de su salario, a sus ex-
pectativas sociales, a su retiro, a que se lo escuche, a que se lo haga parte de los procesos de
transformación, a que se lo estime públicamente. En suma a que se lo valide como ciudadano.
Y en orden a la obtención de tan plausibles propósitos, el autor introduce dos ideas: la del ac-
countability (rendición de cuentas) y la conveniencia de la creación de un ámbito de control externo
que preserve a la institución -y a sus hombres- de las múltiples acechanzas a que se ven sometidos
en razón de la índole misma de su función.
No hay recetas milagrosas, sino leyes de organización adecuadas, academia abierta que proteja
del ensimismamiento a que conduce el peso corporativo, leyes de personal concesivas de derechos
que correspondan, y controles estrictos de naturaleza exógena, como nos lo sugiere Agustín Rossi.
A poco que uno se adentra en la consideración del plan de gobierno que comentamos, se ad-
vierte el elevado grado de complejidad que supone el empleo del recurso humano policial.
Página 11
Prólogo
Sin embargo, el nuevo paradigma concede un punto de partida que allana las primeras dificul-
tades; y ello es así porque el gobierno político de la fuerza policial supone que la conducción estra-
tégica es un atributo de dicho gobierno, al tiempo que pone en manos policiales la conducción
operativa que no es otra cosa que la resultante de los planes que la autoridad política diseña.
Compete a la conducción estratégica decidir los modos de intervención policial e, incluso, mo-
dificar los criterios convencionales de prevención situacional orientados por la estadística y la geo-
referencia del delito, que la experiencia general sugiere no siempre útiles; dice Rossi, no es lo mismo
trabajar guiados por el objetivo de reducir los robos de vehículos que los hurtos de vehículos y tra-
dicionalmente se trabaja del mismo mismo.
Por lo demás, los conflictos sociales, la violencia de género, la ocupación violenta de espacios
públicos, demandan habilidades y metodologías de tratamiento que una academia policial moderna
debe atender. De ahí la importancia que es dable acordar a las técnicas de resolución alternativa
de conflictos, en particular la mediación, al par que la elaboración de protocolos de actuación que
alejen la improvisación, el acaso o la arbitrariedad e impongan, en su lugar, actuaciones regladas y
racionales.
Al igual que en la reforma habida en la Provincia de Buenos Aires, la desafectación de policías
en el control de detenidos en comisarías -rémora perversa- y de la gestión administrativa, son ob-
jetivos que la propuesta trae y que se vinculan con el uso racional de los recursos.
El control del desempeño institucional en las policías presenta modalidades diferentes: endógena
con cuerpos diferenciados de carácter policial – propia de los sistemas de auto-gobierno-, exógenas,
con integración civil, y mixtas.
Asiste razón a Rossi en que una policía que intente preservar el orden disciplinario debe con-
servar poderes sancionadores funcionales al cumplimiento de tal finalidad. Nada tiene que hacer la
autoridad política con la vigilancia del cumplimiento de órdenes de servicio por parte de subalternos,
ni con el incumplimiento de horarios, y tantas otras cuestiones vinculadas con exigencias del servicio.
De poco serviría que se hiciese cargo de dicha problemática.
Página 12
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
Sí, en cambio, importan los hechos de naturaleza grave como la corrupción, el abuso de poder,
la intervención de efectivos policiales en la comisión de delitos, cuyo examen y tratamiento es con-
veniente sea conferido a órganos de naturaleza política.
Ningún control es bastante a la hora de examinar cómo una institución policial o de seguridad
hace uso del poder y de la fuerza; o cómo organiza los recursos financieros, o de que procedimientos
se vale, si de compras o contrataciones se trata. Y en línea con las tendencias más modernas lo
que Rossi propone es un estricto control político al que debe acoplarse el control social: los Foros
vecinales, la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Derechos Humanos deben ser consideradas
a la hora de construir un sistema eficiente de controles.
Es tan complejo el tema de proveer seguridad a la comunidad que ni siquiera se cuenta con una
sede identificable cumpliendo esa misión. En el viejo paradigma, eran los estados mayores policiales
quienes al calor de sistemas de enjuiciamiento de tipo inquisitivo que favorecían la delegación de la
investigación -decidían el quién, el qué, el cómo y el cuándo de la prevención y de la persecución-
pero esa delegación se convirtió en la madre de todos los males porque concluyó en la autonomía
de las fuerzas policiales y en graves fenómenos de corrupción.
Hay nuevos sujetos y nuevos roles; múltiples escenarios y diversas sedes desde donde y hacia
donde se dirigen las políticas que pretenden brindar seguridad, lo que hace que hoy la tarea sea
más ardua, compleja y sofisticada en lo tecnológico y en lo humano.
No más compartimentos estancos y sí, en cambio, articulación entre todas las agencias empe-
zando por el Ministerio Público Fiscal cuya misión esencial es la persecución penal, para lo cual se
debe generar una comunidad de información con el Ministerio de Seguridad.
Las ideas de Agustín Rossi son innovadoras y provocativas, fruto de su compromiso social y de
la extraordinaria experiencia que como hombre público ha acopiado en tantos años de militancia
seria y responsable. Su plan rezuma esos valores y cuenta, además, con el respaldo de una labor
legislativa proficua y sin tachas.
Corrientemente asociamos la cuestión de la seguridad ciudadana a ciertas formas de
delito -típicamente el delito callejero, el robo, el homicidio- que impactan en nuestra cali-
dad de vida. Se trata de aquellas formas de violencia que afectan directamente nuestra
cotidianeidad y que son vistas como situaciones amenazantes.
A ella se suman, sobre todo en los grandes centros urbanos, formas organizadas de cri-
minalidad tales como el narcotráfico y la trata de personas, que en muchos casos se mez-
clan con las formas de delito ya mencionadas.
También convivimos, aunque muchas veces sin percibir directamente el daño social que
causan ni la inseguridad y violencia que provocan, con los llamados delitos de cuello
blanco propios de la actividad económica o bancaria, delitos asociados a la evasión im-
positiva y a la explotación laboral, delitos de carácter ecológico, entre otros.
A esta diversidad de hechos que mencionamos, se suman condiciones de conflictividad
social que, sin ser delitos previstos en la ley, tienen una incidencia directa en los niveles
de seguridad con los que una comunidad vive o percibe que vive. El abuso y degradación
en los espacios públicos, conflictos vinculados a la actividad futbolística, ciertas formas
de violencia de género, problemáticas de adicciones que no se resuelven y generan con-
diciones de conflicto, entre muchas otras circunstancias, son ejemplos de esto.
En este sentido, un concepto de seguridad que reconozca la amplitud de los fenómenos
que lo constituyen como un problema, resulta indispensable para diagnosticar y proponer
políticas públicas orientadas a mejorar los niveles de seguridad con que viven nuestras
Introducción
Página 13
Introducción
Página 14
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
comunidades.
El abordaje tradicional, consistente en asociar inseguridad solo con delito y que deja su
tramitación en la intervención de las agencias policiales y judiciales, ha demostrado su
ineficacia puesto que constituye una forma de trabajo incapaz de promover mejores con-
diciones de vida.
Esto es crucial para comprender las herramientas con las que debe abordarse la cues-
tión de la seguridad pública, entendida como “la situación política y social en que las per-
sonas tienen legal y efectivamente garantizado el goce de sus derechos (…) a defender y
ser protegidos en su vida, su libertad, su integridad y bienestar personal, su honor, su pro-
piedad, su igualdad de oportunidades (…) y a obtener el pleno resguardo de la totalidad
de los derechos y garantías emanadas del Estado de Derecho”1.
En estos últimos nueve años han disminuido notablemente los índices de pobreza, de
indigencia y de desigualdad a partir de la implementación de una serie de políticas públi-
cas nacionales de generación y formalización del empleo, previsionales, y de programas
de corte universal como la Asignación Universal por Hijo, a las que nuestra provincia ha
tenido un acceso privilegiado. Pero, a pesar de estos innegables avances en lo económico
y social, la preocupación por la inseguridad sigue al tope de las problemáticas ciudadanas.
Este escenario de crecimiento que genera el proyecto político del gobierno nacional,
que tiene en la recuperación y ampliación de derechos su columna vertebral, ofrece un
escenario inmejorable para terminar con el “dejar hacer, dejar pasar” sin caer en la dema-
gogia que propone soluciones mágicas de mano dura, que lejos de brindar mayores con-
diciones de seguridad, generan nuevos problemas y carecen por completo de eficacia
preventiva.
En la actualidad, no es serio persistir en que el gobierno de la seguridad ciudadana pase
por el reforzamiento de las leyes penales y su aplicación, propio del modelo de la dema-
1 Saín, Marcelo F, “Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en Argentina”, Fondo de Cultura Económica,
Buenos Aires, 2002, pág. 15
Página 15
Introducción
gogia punitiva; ciertamente, el aparato policial y penal debe intervenir con eficacia cuando
el delito se ha cometido.
Tampoco es serio creer que sólo con inclusión social se va a lograr prevenir y reducir el
delito, como suele sostenerse desde cierto progresismo, y que los problemas de la inse-
guridad se arreglan a partir de la mejora de los indicadores macro y micro económicos.
Se cae en una visión “economicista” de los problemas que la acercan a las teorías del
“derrame” neoliberal. Al igual que en el modelo de la demagogia punitiva, la política se
desliga del problema, y olvidando su complejidad, se termina asociando pobreza con cri-
minalidad, lo cual es falaz y estigmatizante.
Los ciudadanos tienen derecho a exigir de sus gobernantes políticas activas e integrales
mucho más profundas, consistentes en:
1) contar con cuerpos policiales profesionalizados, conducidos por responsables políti-
cos y orientados a una intervención diferenciada en materia preventiva e investigativa, re-
gulados por carreras transparentes, dotados de recursos logísticos y alcanzados por una
política clara en materia de control de corrupción y abusos de la fuerza;
2) Despliegue integral de acciones en materia de prevención, basadas en informaciones
de calidad y orientadas tanto a generar condiciones de desincentivo para quienes cometen
delitos como la integración social de quienes encontrándose en condiciones de vulnera-
bilidad en materia de derechos, incurren en prácticas delictivas y/o violentas;
3) Políticas claras que respondan a la diversidad de problemas que señalamos con an-
terioridad, la vieja lógica del análisis de “caso por caso” nos hace perder perspectiva.
Es preciso avanzar en una mirada que permita comprender los distintos circuitos del de-
lito, la conexión entre los niveles legales e ilegales bajo una lógica económica, que permita
detectar no sólo los eslabones criminales más débiles sino también las organizaciones
que los sostienen y a su vez, poder operar con medidas de prevención, obstaculizando
mediante controles administrativos, acciones de prevención, campañas de desaliento y/o
Página 16
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
advertencia comunitaria, entre muchas otras herramientas2.
Esta diversidad de problemas y respuestas supone reconocer que ya no basta con el
componente policial para resolver el problema de la inseguridad sino que deben promo-
verse muchas otras políticas y que la responsabilidad en la búsqueda de soluciones – ya
sean en el plano del control de las fuerzas de seguridad como respecto del delito y la vio-
lencia- es centralmente política.
La inseguridad no es sinónimo de criminalidad. La inseguridad excede la criminalidad y
constituye una problemática multicausal que responde a procesos multidimensionales
complejos. Por lo tanto, su solución también será compleja y no solo política o adminis-
trativa, sino también socio-cultural.
Gestionar condiciones de seguridad ciudadana supone trabajar en los más diversos ór-
denes frente a multiplicidad de fenómenos incluso algunos que surgen y reclaman atención
urgente, tal como ocurre cuando aparecen nuevas modalidades delictivas o se producen
focos de delitos en determinadas zonas o temporadas, en relación directa con el resto de
las agencias del Estado y con una fuerte determinación de conducción política -entendida
como responsabilidad- de todos los niveles de respuesta, incluida la respuesta policial.
Para nosotros la seguridad es el resultado de una política que busca la reducción de los
índices del delito y la violencia, incluyendo la mejora de la calidad de vida de la población,
la participación comunitaria en la prevención del delito y el control republicando de las
fuerzas de seguridad, la promoción de mejores condiciones de integración territorial a tra-
vés de la construcción de ciudadanía y fortalecimiento comunitario, en definitiva, hacer
de la tutela efectiva de una parte del amplio espectro de derechos un objeto central de la
política de seguridad.
2 En definitiva, no se puede trabajar con la misma herramienta un panorama tan diverso de problemas. La problemática delictiva en
zonas rurales reclama medidas completamente distintas a las del narcotráfico y el robo en grandes centros urbanos supone estrate-
gias propias que nada podrán hacer, por ejemplo, frente a la violencia de género; la intervención frente al delito consumado es com-
pletamente distinta que las que impulsemos para su prevención. También serán distintas las herramientas de gestión ante distinto
tipo de víctimas y de victimarios.
Página 17
Entendemos que se trata de una política central, un servicio público que no puede ser
considerado ya un fin en sí mismo (el orden por el orden mismo, incluso a costa de los
derechos de las personas) sino una condición de vida sin la cual las personas se ven im-
pedidas de gozar adecuadamente de su libertad, ven menoscabada su dignidad y amena-
zada su integridad física.
Introducción
Página 18
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
..
La inseguridad en la provincia de Santa Fe se ha convertido en los últimos años en un problema
grave. A pesar de que constituye la principal preocupación de los santafesinos y santafesinas, no
tiene dentro de la agenda del gobierno provincial un lugar acorde a la demanda social.
A partir de 2007, desde nuestro sector político vinimos planteando la creación del Ministerio de
Seguridad, por eso, compartimos la decisión tomada al asumir el primer gobierno del Frente Pro-
gresista Cívico y Social de jerarquizar el área. Se trató de una medida que se adelantó a otras pro-
vincias e incluso a la Nación. Pensamos, lógicamente, que esa decisión se traduciría en políticas
concretas en materia de seguridad.
Esperábamos que el gobierno llevara a cabo un plan integral de reformas en materia de seguridad,
que avanzara hacia una reforma profunda de la Policía, tal como lo había anunciado3, que asumiera
la conducción política de las fuerzas de seguridad, en definitiva, que cumpliera con las expectativas
generadas.
Sin embargo, la decisión de otorgarle rango ministerial al área de seguridad en la provincia, no
tuvo impacto ni carácter en la gestión y se agotó en el diseño institucional. El estado de situación
actual es claro respecto de la ausencia total de iniciativas con capacidad de transformar la realidad
de la provincia en materia de seguridad
Más allá de la creación del Ministerio de Seguridad, el gobierno provincial continuó, básicamente
La inseguridad en Santa Fe
Los resultados del desgobierno
3 Rosario/12, 17-04-2008 - Reforma Policial y Nueva Ley Orgánica - Los Planes del Ministro Cuenca. “El gobierno prepara un paquete
de leyes –que es probable que el gobernador Hermes Binner anuncie en su mensaje a la Legislatura, el 1 de mayo próximo, para
profundizar la reforma policial que se aprobó durante la gestión del exgobernador Jorge Obeid, pero que nunca fue reglamentada, y
sancionar una nueva Ley Orgánica de la Policía…”;“Estamos trabajando en los proyectos, uno ya está casi listo, y la idea es enviarlos
a las Cámaras este año, lo mas pronto posible”, dijo el ministro de Seguridad Daniel Cuenca, ante una consulta de Rosario 12”.
Página 19
y aún con retrocesos, con lo logrado por reformas llevadas a cabo en gestiones anteriores4.
Así, fue por Decreto 1.359 del año 1997 que se tomó la medida central en términos de control
civil de las fuerzas de seguridad de crear la Dirección Provincial de Asuntos Internos de la Policía,
con la función de prevenir e investigar las actividades ilegales cometidas por el personal policial,
actuar como auxiliar de la justicia cuando se incrimina a personal policial, y en definitiva mantener
una política constante y sólida de monitoreo sobre el desempeño y la institución policial en su con-
junto5.
Respecto a la capacitación policial, fue por Ley 12.333 del año 2004 que se creó el Instituto de
Seguridad Pública (ISEP) con autonomía de la estructura policial6, y con el objetivo de formar re-
cursos humanos en el área de seguridad pública en una perspectiva de desarrollo profesional, con-
siderando la formación en competencias para la prevención del delito, la resolución pacífica de
conflictos, la protección de la vida y la seguridad de los bienes de las personas. La ley previó dos
carreras de nivel terciario: la de Auxiliar de Seguridad Pública, de dos años de duración, y la de Téc-
nico Superior en Seguridad, de un año de duración.
En relación a la designación del Director del Instituto, la ley establece que el Ejecutivo lo elige de
una terna de nombres elevada por un Consejo Interinstitucional integrado por un representante del
Ministerio de Seguridad, otro del Ministerio de Educación y un tercero de la Jefatura de Policía de
la Provincia. Actualmente el ISEP está dirigido por un miembro retirado de la policía y si bien la ley
no lo prohíbe, es de destacar que quien ocupó el cargo con anterioridad no pertenecía a la fuerza.
Ello ha traído como consecuencia que el ISEP haya cambiado en estos últimos años la lógica con
la que fue creado: de autonomía respecto a la estructura policial, ni más ni menos que en un tema
crucial como el de la formación7.
4 Nos referimos a la primera y segunda gestión del ex Gobernador Jorge Obeid.5 Compuesta por personal policial y civil, se encuentra a cargo de un jefe designado por el Poder Ejecutivo. Su competencia territorial
abarca todo el ámbito de la provincia de Santa Fe, ya que desempeña su gestión en dos delegaciones: centro-norte con sede en la
ciudad de Santa Fe, y sur con asiento en Rosario.6 El ISEP reemplazó a la Dirección General de Institutos Policiales, a la Escuela Superior de Policía “Brigadier General Estanislao
López”, a la Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia “Comisario Inspector Antonio Rodríguez Soto” y a los Centros de Ins-
trucción en destino de las distintas Unidades Regionales.7 Resulta simbólico el reemplazo del logo con el que se identificaba la institución desde su creación, a partir del cambio de su Director.
Preocupan también las denuncias formales de parte de alumnas del ISEP por acoso sexual a docentes del instituto, que se encuentran
en etapa de investigación.
La inseguridad en Santa Fe: Los resultados del desgobierno
Página 20
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
La Ley 12.521 para el Personal Policial aprobada en el año 2006, fue uno de los avances institu-
cionales más innovadores en el país y en la región puesto que estableció el sistema de grados con
escalafón único, terminando con la doble estructura existente de oficiales y suboficiales8 ; un sistema
de ascensos a través de concursos públicos de antecedentes y oposición ante un jurado externo,
independiente y renovable; y un nuevo régimen disciplinario, incorporando la garantía constitucional
del debido proceso y un número taxativo de faltas, evitando los tipos disciplinarios “abiertos”, como
modo de evitar violaciones a los derechos del personal policial.
Ignorando la importancia de la ley citada, el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social no la
ha reglamentado – facultad exclusiva del Gobernador- con lo cual muchas de las reformas previstas
en la misma han quedado en mero programa, sin ejecución, por ejemplo, las referidas al sistema
de ascensos del personal policial que se sigue realizando a través del viejo sistema de juntas de
calificaciones previsto en la derogada ley 6.769. No sólo no se reglamentó sino que tampoco el ofi-
cialismo generó una normativa de reemplazo9.
Así, la falta de gestión hace que hoy, a pesar de contar con un programa normativo del siglo XXI,
la población santafesina tenga a sus fuerzas de seguridad gobernadas centralmente con leyes del
siglo pasado.
Ejemplo de ello es la Ley Orgánica de la Policía N° 7.395 que data del año 1975 y que sigue vi-
gente a pesar de la promesa del gobierno del Frente Progresista Cívico y Social de enviar a la Le-
gislatura una nueva ley que la reemplazara.
La Ley contiene además el cuestionado artículo 10 bis, que es interpretado por la propia policía
en el sentido de habilitar detenciones arbitrarias, fruto de lo que se denomina el “olfato policial. El
artículo en cuestión establece: “Salvo los casos previstos por el Código de Procedimiento Penal, la
Policía no podrá detener o restringir la libertad corporal de las personas sino por orden de autoridad
8 Esa forma de división es un reflejo de la militarización de las fuerzas de seguridad, que nada tiene que ver con sus necesidades
operativas. Los modelos policiales modernos ordenan a sus policías por competencias (tal como se propone en este documento
más adelante) y no con distinciones de grado propias de la cultura militar, que ninguna utilidad guardan con la eficacia a la hora de
prevenir el delito. Más bien han sido funcionales al abuso institucional de oficiales sobre suboficiales. 9 En septiembre de 2009 el Ejecutivo envió un proyecto de ley modificatorio de varios de los artículos de la Ley 12.521, que caducó
en su tratamiento legislativo. Se trata del proyecto de ley enviado por Mensaje N° 3648 del 29 de setiembre de 2009, expediente N°
22.871-PE.
Página 21
competente. Sólo cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas, que pudieran
relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, podrán ser demorados en el lugar o
en dependencia policial hasta tanto se constate se identidad. En este caso, la demora no podrá ex-
ceder las seis (6) horas corridas y en el transcurso de las cuales, los que sean trasladados a de-
pendencias policiales, no podrán ser alojados en lugares destinados a los detenidos por delitos o
contravenciones y tendrán derecho a hacer una llamada telefónica tendiente a plantear su situación
y a los fines de colaborar en su individualización e identidad personal. En la primera actuación policial
se impondrá a la persona demorada de sus derechos y garantías, no será incomunicada y se labrará
de inmediato, acta individual o colectiva, en la que constará la causa de la demora, fecha y hora de
la medida, debiendo ser firmada por el funcionario actuante, por el demorado y dos (2) testigos que
hubieren presenciado el procedimiento si los hubiere, con entrega de las copias respectivas a los
interesados".
Por último, y en línea con una política de seguridad moderna, ya en el año 1996 fueron creadas
por resolución Nro. 162 del entonces Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la Provincia, las
Juntas Barriales de Seguridad Ciudadana, diseñadas para funcionar en las comunas y en los barrios
de las ciudades de la provincia, y tenían por objeto recibir inquietudes de miembros de la comunidad
en materia de seguridad. Funcionaron en las ciudades de Santa Fe y Rosario (dictándose las orde-
nanzas municipales de creación de las mismas por parte de los respectivos Concejos Municipales)
y también en otras localidades de la provincia.
Desde fines de 2007 a la fecha, ninguna instancia de participación similar ha sido sostenida, es-
timulada ni mucho menos mejorada aún cuando ya nadie desconoce el rol protagónico de la comu-
nidad en el desarrollo de las políticas de seguridad.
El balance es claro, nuestra provincia contaba ya con instrumentos normativos y mecanismos ins-
titucionales orientados a sostener una nueva forma de gestión del gobierno de la seguridad. El go-
bierno del Frente Progresista Cívico y Social creó un Ministerio de Seguridad aunque con esa
herramienta institucional no logró sostener los avances previos ni impulsar acciones novedosas.
También, como vimos, fue protagonista de francos retrocesos.
La inseguridad en Santa Fe: Los resultados del desgobierno
Página 22
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
.
El incremento del homicidio doloso.
A la luz de las consideraciones que hicimos hasta aquí, el estado de situación en el que se en-
cuentra nuestra provincia con las expresiones dramáticas que el tema de la violencia tiene en la
ciudad de Rosario en cuanto al aumento del delito y la violencia y la evidente autonomía de la policía
provincial respecto de la cual no se ejerce control genuino alguno, tienen explicación. No hay ca-
sualidades, sino causalidades: la ausencia de gestión y de un rumbo claro por parte del gobierno
provincial es el denominador común entre los distintos problemas que muestra nuestra provincia en
materia de seguridad.
El año pasado, durante la campaña a gobernador de la provincia de Santa Fe, advertimos sobre
la situación que se estaba dando en la provincia y, fundamentalmente, en el Departamento Rosario.
No lo hicimos con la intención de alarmar ni especular electoralmente sino de dimensionar aca-
badamente el problema y hacerle saber a la población santafesina que para nosotros la seguridad
sería un tema prioritario en la agenda de gobierno. Fue así que formulamos y diseñamos con nues-
tros equipos de trabajo una serie de propuestas de políticas públicas en la materia.
Logramos instalar el tema en la agenda pública y correr el velo de lo que aparecía invisibilizado
por la gestión de gobierno. Las cifras comenzaron a aparecer en los medios de comunicación.
Al mes de julio de 2011, dimos a conocer el incremento de los homicidios dolosos (intencionales)
en el Departamento Rosario:
El caso Rosario
Página 23
A pesar de haberse hecho públicas estos datos, continuó la incapacidad del gobierno provincial
de construir una agenda para atender la problemática de la inseguridad.
Al finalizar el año 2011 las cifras lamentablemente nos dieron la razón y confirmaron lo que habí-
amos anticipado. La cantidad de 163 homicidios dolosos perpetrados durante el año 2011 dan
cuenta de un incremento del 29,3% respecto a 2010, superando asimismo la cifra de todos los años
precedentes.
Estos números indican un aumento importante de la tasa de homicidios dolosos en el Departa-
mento Rosario: de 10 casos cada 100.000 habitantes en el período 2010 pasamos a la cantidad de
13 casos cada 100.000 habitantes en el año 2011, tasa que duplica el promedio nacional11. En los
meses transcurridos del año 2012, la situación no ha variado y sigue siendo preocupante, al día 18
de octubre se estima la cantidad de 140 homicidios dolosos en el Departamento Rosario.
La singular lectura de las estadísticas criminales.
En la provincia de Santa Fe no contamos con datos estadísticos consolidados sobre el delito y la
11 Marcelo Saín, programa “Final Abierto” emitido en fecha 26/09/2012 por Televisión Regional Rosario.
Fuente: Unidad Regional II de Polícia
El caso Rosario
Página 24
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
violencia. Más allá de la escasa información que poseemos, no deja de sorprendernos la forma en
que se construye esta información y el análisis y uso político que se hace de la misma.
Tomamos como ejemplo la única información con la que contamos en forma actualizada y que ha
trascendido a través de los medios de comunicación: el registro de homicidios dolosos en el Depar-
tamento Rosario. La tasa de homicidio doloso es un parámetro útil para medir la inseguridad, ya
que es la única cifra que no se puede ocultar y que se puede medir sin la necesidad de recurrir a
encuestas de victimización.
Veamos cómo se construye la información sobre homicidios dolosos referida al Departamento
Rosario. Las estadísticas de la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad provincial
discriminan en cuatro tipos de circunstancias para explicar la situación en que sucedió un homicidio
doloso:
Cuestiones Interpersonales/Familiares (CIF)
Ocasión de robo (OR)
Enfrentamiento policial (EP)
Enfrentamiento en instituto penitenciario o comisaría (EPC).
Fuente: Dirección de Análisis Criminal (Ministerio de Seguridad) - Unidad Regional II de Polícia12
12 Datos extraídos de nota del Diario La Capital, 09-01-2012: “Los homicidios en Rosario subieron un 29 por ciento en relación a
2010”.
Página 25
El caso Rosario
La mayor cantidad de homicidios dolosos se agrupa en los hechos denominados Cuestiones In-
terpersonales/Familiares (CIF) que abarcan la cantidad de 140 casos en 2011 en el departamento
Rosario, esto es un 86 % del total.
Desde la gestión de gobierno se sostiene que la suma aritmética de los homicidios dolosos sólo
genera alarma, ya que no todos los homicidios dolosos generan “escenarios de inseguridad”.
Argumentan que del total de homicidios, sólo los ocurridos en ocasión de robo son representativos
de lo que suele entenderse como hechos de inseguridad. Y que los mismos sólo constituyen el 11%
del total de homicidios dolosos.
Cuestiones Interpersonales/Familiares (CIF) 140Ocasión de robo (OR) 18Enfrentamiento policial (EP) 1Enfrentamiento en instituto penitenciario o comisaría (EPC)14 4
Homicidios dolosos 2011 departamento Rosario desagregados por causas13
13 La Capital, 09-01-2012: “Los homicidios en Rosario subieron un 29 por ciento en relación a 2010”. 14 Se cree que hay subregistro en esta categoría y en la anterior, que muchas de las muertes ocurridas tanto en enfrentamientos con
la policía, como en institutos penitenciarios o carcelarios se registran como homicidios culposos y no como dolosos o intencionales.
Página 26
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
En este sentido y según la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad provincial,
de los 163 homicidios que hubo en Rosario durante 2011 solo 18 casos fueron en ocasión de robo,
es decir el 11 por ciento del total. En el primer semestre de 2012 hubo 10 homicidios con esta causa
sobre un total de 87, lo que representa también el 11 por ciento de los casos15.
En la misma línea de pensamiento, el actual Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, dijo: "Sola-
mente el 11 por ciento de los homicidios que se producen en la provincia tienen que ver con situa-
ciones de robo o violencia. Quizás, contrariamente a lo que puede creerse, la mayoría de los
homicidios se producen en el marco de accidentes domésticos o por conflictos interpersonales”16.
Asombra el análisis que hace el gobierno provincial de las cifras, buscando, ante lo inocultable de
las mismas, dejar a la mayor parte de estos delitos fuera de la problemática de la inseguridad. In-
cluso, se intenta destacar como un logro el hecho que los homicidios en ocasión de robo descen-
dieron del 25% en 2010 al 11% en 2011.
Nosotros creemos, en cambio, que el oficialismo hace una construcción de las estadísticas que
no es inocente, para luego poder “hacer hablar” los números de una determinada manera.
El planteo oficial es que ante este tipo de casos y por tratarse de conflictos que se suscitan entre
personas que se conocen entre si, la policía y el gobierno, tienen poco o nada por hacer. No coin-
cidimos con esa lectura. Nosotros creemos que la metodología utilizada por el organismo provincial
es la que impide conocer fehacientemente las causas de los homicidios, la que imposibilita conocer
lo que en realidad ocurre.
La categoría “Cuestiones Interpersonales/Familiares (CIF)” es de una vaguedad y generalidad tal,
que nada aporta para la formulación y diseño de políticas publicas para prevenir y sancionar el delito
y la violencia.
¿A qué nos referimos cuando hablamos de conflictos interpersonales? es decir, cuando aludimos,
15 La Capital, 15-07-2012: “Asesinatos en Rosario: no crecieron en 2012 y el sudeste es la zona más crítica”.16 Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Raúl Lamberto, Diario Rosario 12, 21-07-2012.
Página 27
El caso Rosario
nada más y nada menos, que al 86 % de los homicidios dolosos ocurridos en el departamento Ro-
sario. ¿Por qué no se intenta desagregar esa cifra?
Separar los homicidios dolosos ocurridos en ocasión de robo, por enfrentamiento policial y por
enfrentamiento en instituto penitenciario o comisaría, que representan -según los datos publicados-
la minoría de los casos, es correcto. En cambio, agrupar en una sola tipología, la de conflictos in-
terpersonales-familiares, hechos que poco o nada tienen que ver entre si y que constituyen la gran
mayoría de los casos, nos parece un desatino.
Nosotros creemos que es necesario desagregar aún más, para poder diferenciar las causas de
los homicidios. No es lo mismo un femicidio, de un homicidio que se produce por un conflicto entre
vecinos, del cometido como consecuencia de una disputa entre bandas que venden droga.
Todos son hechos de inseguridad y según cuales sean las causas de los homicidios dolosos, se
pueden y deben adoptar políticas tendientes a prevenirlos y sancionarlos, las que deben ser abor-
dadas a través de distintas acciones y desde las diversas áreas de gobierno que correspondan
según la tipología.
La criminalidad y la inseguridad no son lo mismo, pero se hallan íntimamente vinculadas. La cri-
minalidad es parte de la dimensión objetiva de la inseguridad, que tiene además, como todos sabe-
mos, componentes subjetivos, como el temor a ser objeto de un hecho delictivo. La inseguridad
excede la criminalidad. Por ello, mal puede afirmarse que sólo los homicidios en ocasión de robo
son hechos representativos de inseguridad.
¿Que busca esta errónea construcción de las estadísticas y la particular lectura de las mismas?
generar tranquilidad en los sectores medios y altos de la sociedad que son los que poseen mayor
posibilidad de expresarse, y que son los más propensos a sufrir hechos vinculados a delitos contra
la propiedad (y por lo tanto, a homicidios en ocasión de robo).
invisibilizar el resto de los homicidios intencionales que afectan a sectores sociales con menor
posibilidad de expresarse y que ocurren en los suburbios de los grandes centros urbanos, zonas
que aparecen alejadas de la preocupación pública.
Página 28
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
17La La Capital, 15 de julio de 2012, “Asesinatos en Rosario: no crecieron en 2012 y el sudeste es la zona más crítica”18Por la tragedia fallecieron Jeremías Trasante, de 17 años, Claudio Suárez, de 19 años y Adrián Rodríguez, de 21 años; todos ellos
militantes barriales del Movimiento 26 de Junio en el Frente Darío Santillán, quienes fueron víctimas inocentes de una venganza
entre bandas, mientras se encontraban en una plaza del barrio esperando festejar la llegada del año nuevo. En el caso se presume
existió complicidad policial con los cinco procesados, hecho que motivó el pase a disponibilidad del Jefe de Zona 3 y de un suboficial.
Cuando la comisión investigadora de la Legislatura se encontraba a punto de terminar la redacción del informe final, un nuevo hecho
conmovió a la opinión pública, Facundo Osuna, un joven de 18 años que fuera víctima de un hecho anterior vinculado al triple crimen
de Villa Moreno, fue ultimado de siete balazos el 22 de julio pasado.
Pocos días después, el 18 de agosto, un hermano de una de las víctimas del triple crimen de villa Moreno, de Adrián Rodríguez, fue
víctima de una brutal golpiza. El 22 de agosto, un hermano de Claudio Suárez, otra de las víctimas del triple crimen de la Villa Moreno,
fue objeto de un ataque a balazos. En el último caso registrado, los policías asignados para la custodia del lugar se ausentaron sin
motivo; al momento del ataque ninguno de los dos patrulleros que debían custodiar de manera permanente la zona de Biedma y Mo-
reno estaban en sus puestos.
En definitiva, se intenta a través de eufemismos y de lecturas equivocadas de la sesgada infor-
mación estadística, justificar la inacción del Estado.
La desigual distribución de los delitos más violentos.
Contrariamente a lo que pueda suponerse, son los barrios más pobres los más indefensos frente
al delito violento. Aunque no contemos con un mapa del delito, es fácil advertir que la ocurrencia de
los mismos se concentra en las zonas más postergadas y de mayor pobreza estructural. Los barrios
La Tablada, Las Flores, Ludueña, Saladillo, La Cerámica, Santa Lucia, Parque Casas, son los más
afectados por la inseguridad.
Por el contrario, en la zona de mayor densidad poblacional de la ciudad de Rosario, entre los bu-
levares y el río, fueron víctimas de homicidios intencionales 6 personas en el primer semestre del
año, lo que equivale a un 7,32% del total de 87 casos registrados en dicho período17.
Un caso emblemático que puso en evidencia la situación de mayor vulnerabilidad en la que se
encuentran los sectores sociales más desprotegidos, y dentro de este sector, en especial, los jóve-
nes, fue el triple crimen ocurrido en el barrio de Villa Moreno de Rosario, el 1° de enero de 201218.
Una de las explicaciones a la desigual distribución de los delitos más violentos podría encontrarse
en que los sectores altos de la sociedad tienen mayores recursos económicos para acceder a lo
que se denomina el “mercado de la seguridad privada”, que abarca la contratación de personal pri-
Página 29
El caso Rosario
vado de seguridad, la instalación de alarmas, de cámaras de seguridad, de rejas, etc. Esto, sin
dudas, produce un desplazamiento del delito hacia los sectores de menores recursos.
Pero más allá de estas razones y fundamentalmente en lo que respecta al Departamento Rosario,
se está dando un nuevo fenómeno que explica el incremento del delito violento en los barrios más
postergados de la ciudad: la existencia de bandas organizadas asociadas al narcotráfico que co-
meten homicidios en la disputa de territorios por la venta de drogas.
El año pasado, el entonces candidato a gobernador Bonfatti participó en un ciclo de conferencias
sobre justicia y seguridad organizado por el Colegio de Abogados de Rosario y el Foro Regional
Rosario que junto a otras organizaciones integran el Foro por la Seguridad Ciudadana. Aseguraba
en ese entonces (28-04-2011) “en la provincia el tráfico de personas y el narcotráfico están contro-
lados”. Sin embargo, por la misma época, otra era la óptica policial, que reconocía la existencia de
conflictos entre bandas por la disputa por venta de drogas19.
Se acuñó así otro eufemismo -además del de “conflictos interpersonales”- para referirse a estos
delitos: el de “ajustes de cuentas”, que el gobierno y frecuentemente también los medios de comu-
nicación reproducen de la jerga policial.
A través de esta expresión se intenta naturalizar estos hechos, como si se tratase de una “ven-
ganza privada” en la que el Estado no debiera o no pudiera intervenir. Pero además de intentar qui-
tarles la entidad que tienen como delitos graves, se busca ocultar la existencia de las economías
delictivas que operan detrás de los mismos.
19 Ver al respecto La Capital, 29-05-2011: “Sólo uno de cada diez crímenes del año se produjo en ocasión de robo”.
Página 30
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
Un acuerdo social y político por la seguridad democrática para Santa Fe.
La entidad de la crisis que atraviesa la provincia en materia de seguridad indica la necesidad de
promover un espacio de acuerdo con todas las fuerzas políticas que fije las bases de cuáles son los
ejes indiscutibles de un plan sostenible en materia de seguridad pública.
La ausencia de un contexto electoral inmediato, el reconocimiento de un arco político
con referentes con peso a nivel nacional y el desarrollo de una amplísima
organización a nivel de la sociedad civil, junto con una vasta
red de unidades académicas otorgan un marco
ideal para el desarrollo de acuerdos básicos que
deben pasar el umbral de los lineamientos y ac-
ciones en materia de seguridad.
La inercia de las viejas prácticas y en definitiva la
vigencia del autogobierno policial siguen hasta hoy
imponiendo sus lógicas. La necesidad de poner
como eje de la gestión la construcción de autoridad
política sobre la fuerzas de seguridad ha sido implíci-
tamente reconocida por el gobierno actual a través de
ciertas gestualidades, tales como el recambio masivo
de personal policial, el reconocimiento del nexo entre po-
licías y narcotráfico o la ausencia de toda presencia es-
tatal en distintos territorios -incluido la presencia orientada
al control sobre los recursos policiales- deben ser segui-
das por acciones concretas cuya legitimidad no puede sino
Nuestras propuestas
Página 31
Nuestras propuestas
gestarse en un acuerdo amplio.
Mecanismos tales como la creación de un Consejo Provincial de Seguridad Pública con repre-
sentantes de distintos organismos, con integración de todos los poderes de Estado y representación
de las fuerzas de seguridad es una forma concreta de articular una iniciativa de estas características.
Se trata de un mecanismo consultivo de seguimiento y monitoreo que coordina el Poder Ejecutivo20
que asegure representatividad.
Reorganización integral de la fuerza policial.
El actual gobierno provincial ha dejado de lado las herramientas de modernización establecidas
con el acuerdo del poder legislativo durante gobiernos anteriores y tampoco ha avanzado a través
de otros mecanismos en gobernar una policía eficiente, preparada y honesta.
Las denuncias de corrupción policial -por su participación directa en actividades ilegales a través
de algunos de sus integrantes algunos de altísimo rango21 o por omisión en sus funciones cuando
lejos de proteger a las personas del delito “liberan zonas” para que bandas criminales operen a su
antojo- ya exigen medidas profundas y estructurales.
Es la impunidad garantizada desde quienes debiendo conducir como gobierno a la policía, omiten
por falta de decisión o por complicidad, hacerlo. El efecto es el mismo y en materia de gobierno y
control las buenas intenciones terminan por resultar en declamaciones y nunca en transformaciones
de la realidad. Lo que pone en juego el prestigio de los buenos policías es el corporativismo impe-
rante y la falta de mecanismos adecuados de conducción desde el poder político termina por someter
a los policías honestos y dejar impunes a quienes delinquen.
20 Experiencias similares hubo en el primer mandato del Doctor León Arslanián en la provincia de Buenos Aires y están previstos en
legislaciones modernas como las impulsadas por el Gobierno del Chaco y el Gobierno de Catamarca. En el primer caso se trata de
un proyecto que contó con la colaboración directa del experto en seguridad, Dr. Marcelo Saín.21 Las denuncias escandalosas por vinculaciones con el narcotráfico respecto de la conducción de Unidad Regional II - Rosario son
una muestra elocuente en ese sentido. También en esta línea, las denuncias realizadas en el año 2009 por el agente policial Juan
José Raffo, que referían a la existencia de cajas negras en la policía provincial. Además, existieron declaraciones asumiendo la po-
sibilidad de liberación de zonas a organizaciones delictivas ligadas al narcotráfico en la ciudad de Rosario, así como el involucramiento
de policías en dicha actividad por el entonces ministro Leandro Corti.
Página 32
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
Para tomar el control sobre la institución policial y hacernos cargo de nuestras responsabilidades
de gobierno, proponemos:
Consolidar una política activa de protección de derechos hacia el interior de la fuerza policial,
que ponga en práctica reglas disciplinarias claras y asegure al personal subalterno mecanismos de
reclamo y denuncia que no pongan en riesgo su tarea cuando les sea exigido avanzar en acciones
ilegales o delictivas. Crear la Defensoría del Policía y promover mecanismos que eliminen las
sanciones por reclamos fundados así como promover mecanismos de denuncia y contacto directo
con las autoridades ministeriales.
Fortalecer el esquema de carrera previsto en las leyes existentes, asegurando una carrera pro-
fesional previsible, con tiempos de duración ade-
cuados y fijando criterios de profesionalidad
mínimos y condiciones predecibles de ascenso y
movilidad, de modo tal que no sea la pura discre-
cionalidad del comisario jefe de turno lo que de-
cida el destino de cada policía.
Repotenciar el mecanismo de concursos de
antecedentes para los ascensos, y en general
poder contar con antecedentes vinculados a des-
empeño profesional, adecuación a normas de de-
rechos humanos y evaluación de crecimiento
patrimonial a los efectos de considerar en todos
los planos desde el Ministerio que las personas
que asciendan a puestos de conducción sean idó-
neas profesional y éticamente. Esto debe incluir
la posibilidad de consultar a organismos externos
tales como el Ministerio Público Fiscal, la Secre-
taría de Derechos Humanos, entre otros.
Página 33
Nuestras propuestas
Profesionalización de la policía provincial distinguiendo las funciones de prevención y
de investigación. Salir del esquema de policía única.
La policía de la provincia de Santa Fe está integrada, aproximadamente, por 17.800 efectivos de
distintas jerarquías y escalafones, que se encuentran distribuidos en las 19 Unidades Regionales;
la Dirección General de Seguridad Rural o Guardia Rural "Los Pumas"; la Dirección General de Pre-
vención y Control de Adicciones (DGPCA); la Dirección Especial de Prevención y Sanción del Delito
de Trata de Personas; y la Tropa de Operaciones Especiales (TOE).
Nuestra policía mantiene en lo estructural un modelo de organización vetusto y antiguo, con in-
dependencia de algunos cuerpos especializados; la ausencia de un proceso de formación orientado
por necesidades y metas específicas hace que muchas veces se confundan roles y funciones.
En materia policial mantener una clara distinción entre las funciones de investigación y prevención
(seguridad) permite optimizar y profesionalizar los recursos humanos disponibles. Tenemos que salir
del esquema de policía única.
Proponemos, en una primera instancia, la creación de dos fuerzas separadas de la policía actual
para los Departamentos de Rosario y Santa Fe. Serán policías armadas estrictamente de preven-
ción. En una segunda instancia, creemos que podemos pasar a un sistema de policías múltiples,
involucrando activamente a los intendentes en el desarrollo de las políticas de seguridad que puedan
descentralizar operativamente la presencia en el territorio bajo una clara conducción política del Mi-
nisterio de Seguridad y del Gobernador.
Además, la función de prevención debe ser jerarquizada mediante el reconocimiento de su espe-
cificidad y su impacto directo en las condiciones de vida diaria, dotando a los agentes responsables
de ella de una adecuada especialización.
Debemos pensar, antes que en cuerpos rígidos y en organizaciones burocráticas, en funciones,
metas y competencias, que hagan de la flexibilidad organizacional un recurso al servicio de la se-
guridad.
Página 34
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
Promover formas de vinculación con la comunidad, a través de policías de prevención con fuerte
arraigo comunitario y al mismo tiempo, concentrar los esfuerzos de investigación en cuerpos espe-
cializados con capacidad de intervenir especialmente en las formas organizadas del delito, es in-
dispensable para mejorar el servicio de seguridad en su conjunto.
Se trata de alcanzar el máximo de descentralización necesaria para asegurar presencia acorde a
las problemáticas que se van planteando en las distintas realidades. La presencia de policía de pre-
vención en una gran ciudad como Rosario es completamente diferente de las exigencias que plan-
tean nuestras ciudades o pueblos más rurales.
También existen en materia de prevención del delito un conjunto de medidas por tomar en el plan
político, nuevas formas de involucrarse en la construcción de las políticas de seguridad que exigen
diferenciar bien los roles operativos y las responsabilidades institucionales. No necesitamos funcio-
narios “sheriff” que reemplacen la labor policial, sino funcionarios con capacidad de fijar objetivos
que una policía profesional pueda concretar con recursos operativos.
Las comisarías, el enclave territorial de la policía, debe dejar de ser el lugar central y funcionar
como edificios operativos de base en los que se mantenga el recurso humano mínimo indispensable
– no policial en todo aquello que no sea indispensable- para la atención ciudadana y recepción de
denuncias.
Es claro que la responsabilidad operativa es siempre del elemento policial, pero los criterios de
planificación, los objetivos de las políticas deben ser definidos bajo la conducción política. En este
orden es imperioso promover reformas en materia de:
Prioridades de labor policial. El policiamiento tradicional se define sobre la base de cantidades
de “delitos” registrados en un período de tiempo previo al de la definición del despliegue o sobre la
base de la mayor “visibilidad” del patrullaje en zonas de mayor demanda. No existe actualmente y
debemos caminar hacia, no sólo una organización policial estructurada sobre el conjunto de proble-
máticas delictivas de Santa Fe, sino además hacia un despliegue guiado por los problemas crimi-
nales (por. ej. no es lo mismo trabajar guiados por el objetivo de reducir los robos de vehículos que
Página 35
Nuestras propuestas
los hurtos de vehículos y tradicionalmente se trabaja del mismo modo). Ello implica identificar los
procesos dinámicos en los que se desarrollan los eventos delictivos e intervenir operacionalmente
sobre los puntos de equilibrio de esos procesos en el tiempo, la forma y la intensidad adecuados.
Despliegue en la vía pública asociado al servicio de seguridad urbana. Ya está mundial-
mente comprobado que las formas tradicionales de intervención policial, reactivas al delito, fracasan.
Una policía con capacidad de gestionar conflictividades varias desde una perspectiva de resolución
y prevención de conflictos debe formarse en una lógica distinta, con fuertes componentes de me-
diación y capacidad de intervenir en realidades territoriales específicas (relación con jóvenes, aten-
ción a situaciones de violencia de género y familiar, etc.) y otras formas de conflictividad que no
entrañan delito necesariamente pero que desde un punto de vista preventivo ofrecen una ventaja
comparativa enorme en términos de disminución en el uso de la fuerza.
Reorganización de las áreas de planificación de patrullaje, revisando los criterios actuales.
En general las policías manejan con total discrecionalidad la distribución de recursos en la vía pú-
blica, quedando sujetas a sospechas de corrupción, de venta del servicio policial y la discrecionalidad
de no tener que responder con parámetros medibles cuál es el criterio con que definen la presencia
policial. La propuesta es avanzar hacia despliegues definidos por información objetiva (mapa de
conflictividad y del delito), criterios georeferenciales de relevancia (definición de zonas prioritarias
tales como grandes centros comerciales, corredores turísticos, corredores escolares, distribución
de bancos, diversificación de la presencia policial según horarios, etc.) y otras pautas, como la de-
manda ciudadana. Adicionalmente, concentrar las planificaciones de recursos que hoy se despliegan
en el mismo espacio físico administrados sin ninguna coordinación (por ejemplo: servicios motori-
zados que van sin coordinación en el mismo territorio en que una comisaría define un patrullaje).
Estos criterios de planificación deben además guardar una adecuada relación entre sostenibilidad
y cambio en función de las dinámicas del conflicto y su expresión en el territorio.
Desafectación completa del personal policial de la atención de detenidos. Deben ser des-
afectadas en forma urgente las comisarías de la tarea de alojamiento de las personas privadas de
libertad, que distrae recursos policiales valiosos en la atención de detenidos en condiciones que
además de vulnerar los derechos humanos de los internos, afectan también al personal policial que
debe estar al cuidado de los mismos. La formación de la policía no está dirigida a la custodia de los
Página 36
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
internos, esa función está a cargo del servicio penitenciario. Al mes de abril de 2011 se estimaba
había 1.530 personas privadas de libertad en dependencias policiales de toda la provincia, 915 en
Rosario de las cuales 315 estaban alojadas en Alcaidía y 545 en Comisarías. La cifra es aún superior
según la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC)22.
Desafectación completa del personal policial de tareas administrativas. Debe optimizarse
el recurso policial para el desarrollo de tareas policiales, concentrarse las tareas que no requieran
policías en personal sin estado policial, para aumentar la capacidad de presencia en la vía pública.
Es seguramente insuficiente aún reorganizando ese recurso pero resulta imprescindible acompañar
cualquier política de aumento en el reclutamiento de una reorganización de los recursos actualmente
disponibles. El año pasado hicimos una estimación en este tema, dijimos que la policía de la pro-
vincia asigna 2 de cada 3 agentes a tareas administrativas y de investigación, y sólo 1 de cada 3
agentes se destinan a prevenir el delito.
En materia de investigación es importante tomar nota de que actualmente, buena parte de la cri-
minalidad urbana se desarrolla bajo la modalidad de mercados de delitos a los cuales tributan las
formas más torpes o burdas de criminalidad. La ausencia de fuerzas especializadas en investigación,
acompañadas de adecuadas estructuras en materia de inteligencia criminal y recursos logísticos
orientados por las necesidades funcionales que se plantean como objetivos de trabajo, es lo que
permite perder de vista los actores de la trama, su diferente peso y relación.
Hoy la labor policial clásica, cuando de detección del delito se trata, se centra en los roles de la
estructura que poseen menor calificación, los que son fácilmente reemplazables. Es necesario darse
políticas de desarticulación de los mercados de delitos que actúen sobre los engranajes organiza-
dores de cada campo de acción, en lugar de detenerse en los eslabones más finos23, que son los
que ocupan las personas de los sectores sociales más postergados de la sociedad.
Una fuerza de policía con estructuras especializadas en materia de investigación que dé preemi-
nencia a la criminalidad compleja tendrá frente a si el desafío de promover nuevas formas de inter-22 Según la CTC, al mes de marzo de 2012 "un 40 por ciento de las más 4.300 personas detenidas se encuentran en dependencias
policiales, sin que se garanticen las condiciones mínimas de habitabilidad, de higiene y salud. Así como tampoco resultan garantizados
derechos básicos como la vida o la salud en unidades penitenciarias". Asimismo, más de la mitad de las personas privadas de la li-
bertad en Santa Fe se encontraban sin condena. Ver Rosario/12, 29-07-2012. “Para evitar los delitos de Estado”.23 Kessler, Gabriel, “Seguridad y Ciudadanía, nuevos paradigmas, reforma policial y políticas innovadoras”, Ed.Edhasa, pag.19.
.
Página 37
Nuestras propuestas
vención inteligente frente a la criminalidad y con ello, también será mayor el costo para aquellos es-
tamentos de la organización policial que en la confusión de roles y funciones ponen el retraso ins-
titucional al servicio de su connivencia con el delito.
El modelo tradicional de compartimentos estancos en divisiones especializadas según delitos,
áreas de inteligencia por otro lado, manejo de recursos por el otro sin conexión y muchas veces en
relación de competencia negativa conspira abiertamente contra toda posibilidad de reordenar los
recursos y orientarlos con criterios de eficacia bajo criterios de investigación más modernos.
Este funcionamiento parcelado favorece que quien desarrolla actividades de inteligencia acumule
información que no está al servicio de las áreas especializadas según delitos y que los recursos ne-
cesarios que se adquieran no guarden una directa relación con las necesidades operativas que
estas áreas plantean.
En este sentido proponemos no sólo distinguir adecuadamente entre prevención e investigación
sino también desarrollar estructuras de coordinación adecuadas que pongan otras áreas vitales
como las de inteligencia y logística al servicio de la optimización del servicio policial y abandonar el
esquema actual en el que lejos de ser servicios que aseguran tareas sustanciales – medios para
los fines investigativos y/o preventivos - se convierten en fines en sí mismos.
Esto debe ser acompañado de adecuadas estructuras de organización que sobre todo en el plano
de la información y el análisis pongan a las policías de prevención (seguridad) e investigación en
relación de coordinación orientadas a la resolución de problemas.
También resulta indispensable promover mesas de trabajo y coordinación entre las áreas de
seguridad y justicia para avanzar en la investigación del inmenso caudal de hechos que se
cometen con autores ignorados que constituyen más de la mitad de los hechos que se cometen
y que terminan siendo relegados de toda actividad investigativa.
La ausencia de una adecuada política de investigación y análisis, que salga de la lógica judicial
del “caso a caso” termina por frustrar las posibilidades de éxito en la resolución y lo que es peor,
por acrecentar la desconfianza de las personas en sus instituciones.
Página 38
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
Hoy es plenamente aplicable a la realidad provincial la siguiente afirmación “policías y fiscales se
encuentran inmersos en el procesamiento de casos sin mayor estrategia, incluso actuando muchas
veces sobre segmentos de esos mercados que son fácilmente sustituibles, agravando incluso el fe-
nómeno criminal (aumentando la violencia por inexperiencia, por ej) y tornando inútil todo su tra-
bajo”24.
Una política integral de participación comunitaria en materia de seguridad.
Nadie pone hoy en discusión que la comunidad y sus organizaciones tienen un rol fundamental
en materia de construcción de políticas de seguridad.
La participación comunitaria es una herramienta indispensable porque permite participar en el
diagnóstico, en el desarrollo de propuestas y sobre todo en la evaluación de desempeño policial.
Es una política que requiere adecuada inserción institucional de modo tal que la Secretaría de
Seguridad Comunitaria debe contar con un plan especifico de promoción de la participación co-
munitaria en seguridad en el que se promueva una representación amplia en toda la provincia
con convocatorias a organizaciones sociales de todo tipo, con particular énfasis a aquellas de ca-
rácter comunitario, comedores, bibliotecas populares, asociaciones de jubilados, etc. La participación
para ser amplia, debe ser accesible, de modo tal que debe estar anclada y orientada por la mayor
localidad posible. La escala barrial es un buen esquema porque trabaja con identidades comunitarias
ya consolidadas. En este punto es clave el desarrollo de acuerdos con las intendencias y de difusión
a escala territorial.
Estos mecanismos de participación permiten no sólo considerar la cuestión desde la perspectiva
del recurso policial y las demandas de respuesta en esos términos, sino también considerar dimen-
siones sociales, culturales y de gestión del espacio público que guardan directa relación con las
condiciones de vida y los niveles de seguridad y/o inseguridad que las personas experimentan a
diario. Un trabajo que permita distinguir distintos niveles de problemas (el delictivo estrictamente, la
conflictividad social y la conflictividad con el espacio público) permite atender con respuestas diver-
24 Binder, Alberto, “El Control de la Criminalidad en una Sociedad Democrática”, en “Seguridad y Ciudadanía, nuevos paradigmas,
reforma policial y políticas innovadoras”, Kessler, Gabriel, compilador, Ed.Edhasa, pág 36.
Página 39
Nuestras propuestas
sas y rompe con el vicio de acudir para todos los temas al recurso policial. También posibilita iden-
tificar con rapidez los distintos niveles de demanda y demandados interagencialmente e interguber-
namentalmente25.
Es importante que los cursos de acción que se definan -que siempre son definidos por la autoridad
política y no deben delegarse en la policía que acompaña la tarea pero no es el interlocutor princi-
pal- tengan devolución hacia la comunidad. Al mismo tiempo, esos diagnósticos permiten considerar
otras problemáticas que van surgiendo generando así la necesidad de articular con otras áreas de
gobierno.
La participación por sí sola no es una herramienta útil para la disminución del delito, pero
constituye un instrumento fundamental para dotar a la comunidad del protago-
nismo que reclama en la solución de los asuntos públicos de manera sis-
temática y sostenida, y no sólo a través de la atención de casos
espectaculares muchas veces sobredimensionados
por el abordaje mediático como única forma de
contacto entre ciudadanos y políticas de segu-
ridad.
Líneas directas de denuncias para informar
sobre desempeño institucional. En directa rela-
ción con la participación de la comunidad, es nece-
saria la promoción de mecanismos de denuncia
confiables y disponibles las 24 horas. Es importante que
sean números de denuncia con finalidades específicas
tales como desempeño policial y corrupción o formas gra-
ves de delitos, con capacidad de atención las veinticuatro
horas.
25 Las experiencias de los foros de seguridad de la provincia de Buenos Aires hasta
el año 2007 son un ejemplo integral de ello. En el caso de la provincia de Santa Fe, más precisamente en la Capital, una experiencia
fue el “Proyecto de Seguridad Urbana en Guadalupe”. Se trató de un relevamiento sobre calidad de servicio policial que se desarrolló
durante el año 2006. Esta metodología se diferenció de otras debido a que no se trabajó sobre percepciones o participación abierta
sino sobre personas que habían tenido efectivo contacto con la comunidad.
Página 40
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
También es importante impulsar la instalación de urnas con encuestas en lugares de atención po-
licial que permitan a las personas en forma anónima – y en dispositivos que no puedan ser violen-
tados – volcar sus impresiones sobre la experiencia policial en materia de atención y trato.
El control disciplinario.
En este contexto, no alcanza con las intervenciones sucesivas en el área de asuntos internos.
Mucho menos la idea de que el cambio consiste en poner “policías o funcionarios buenos”. Es qui-
zás uno de los aspectos nodales en materia de autonomía institucional y de lo que se trata es de
modificar no sólo la estructura de control sino su lógica y finalidad misma.
Existe al respecto una confusión importante. En la medida de que se trata de cuerpos en los que
la regulación disciplinaria ocupa un lugar central para la supervivencia misma de la institución, la
propia policía en tanto responsable de la conducción operativa, no puede prescindir de herramientas
disciplinarias y las áreas llamadas de asuntos internos, lo son. Eso es tan cierto como que gran
parte de la debilidad institucional del poder político tiene que ver con la ausencia de mecanismos
externos que le permitan también marcar la pauta disciplinaria y ejercer conducción en ese plano.
En general el gesto de “captura” de las áreas de asuntos internos no funciona. Esos mecanismos
históricos regulan la vida institucional y no son reemplazables de un momento al otro. Por ejemplo,
la opción orientada a asumir un intervencionismo indiscriminado en el nivel de la autoridad política
conducirá, más temprano que tarde, a un abarrotamiento de casos que terminarán por impedir el
logro de los objetivos que hay detrás del interés de tomar ese control por imposibilidad fáctica, que-
dar atrapado en la maraña de problemas menores que las fuerzas consideran disciplinarios sin que
ello implique ningún avance en términos de conducción política (por ejemplo, los casos de faltas
leves tales como la tardanza, la inasistencia, etc) o peor aún, dejen en evidencia esa imposibilidad
de control precisamente en los casos más graves.
Esas reformas deben garantizar que sean organismos funcionalmente autárquicos y autónomos
con relación a la conducción policial.
El tipo de intervención que el poder ejecutivo se reserva debe tener que ver con:
Página 41
Nuestras propuestas
asegurarse una función auditora dependiente directamente del Ministro que le permita motorizar
casos;
asegurarse intervenciones orientadas a los casos más graves;
modernizar esas estructuras asegurando profesionalidad y externalidad respecto de los casos;
Esto debe ir acompañado de una política de control parlamentario que fortalezca mecanismos de
seguimiento institucional. Si los intentos se agotan en generar cargos externos26 sin introducir refor-
mas estructurales y mecanismos de articulación entre la dimensión interna del sistema disciplinario
y el control político, la inercia del autogobierno, otra vez, se impone. Conducir eficientemente implica
hacer que los mecanismos de control propios de toda organización jerárquica, funcionen adecua-
damente, no en su supresión total. En experiencias comparadas sobre la creación de agencias ex-
ternas de control “Una de las críticas que se hace a estas agencias independientes es que les quita
responsabilidad a las organizaciones policiales(…)”27
Políticas de transparencia y control de corrupción.
Una experiencia adecuada es desarrollar políticas específicas orientadas a controlar con eficacia
el grado de corrupción que las estructuras policiales evidencian en distintos niveles. Por un lado,
promoviendo políticas activas de control preventivo sobre los procesos institucionales que ofrecen
ventajas para la actividad delictiva (por ejemplo: compras y contrataciones) y por otro, impulsando
una política de rendición de cuentas y puertas abiertas al monitoreo social del accionar y la gestión
policial.
La contracara del control ministerial es el monitoreo comunitario tanto de la legalidad como de la
eficiencia policial. Para ello es necesario implementar una política de acceso de información activa,
en el sentido de garantizar la difusión y promover la supervisión popular de aquello que la policía
hace concretamente en cada barrio, cómo lo hace, con qué recursos y qué resultados obtiene.
26 La creación en el año 2009 de la Secretaría de Control por arriba de la Dirección de Asuntos Internos a raíz de las denuncias de
Raffo no parece haber dado resultados.27 Colleen Lewis, “Conducción para la integridad y la responsabilidad efectiva: un desafío desde adentro”, en “Conducción y admi-
nistración policiales”, Ed. Prometeo, pág.238.
Página 42
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
El mensaje debe ser doble: hacia la comunidad que asocia casi como indisolubles a la corrupción
con el estado policial y hacia la policía respecto de que el compromiso con la gestión eficiente y no
corrupta tiene centralidad para la gestión.
Por su parte la política aperturista es funcional a la construcción de confianza entre los vecinos y
las instituciones del sistema de seguridad, particularmente las policiales.
Desarrollar una política eficaz de difusión y aseguramiento de acceso a la información del sector
seguridad, que no comprometa confidencialidad o secretos que deban mantenerse por imperio de
la ley. La cuestión es una medida de promoción del acceso a la información que coopera con la rup-
tura del paradigma del secreto, en un sector históricamente signado por la oscuridad y el oculta-
miento, en muchos casos al servicio de la ilegalidad.
Promoción de fiscalización o inspectorías de servicios y dependencias policiales.
Es importante contar con mecanismos de monitoreo directo sobre el desempeño institucional.
Aunque lo operacional es siempre estricta responsabilidad policial, es fundamental que la autoridad
política -además de involucrarse en el diseño y planificación de las políticas- tenga mecanismos efi-
caces de evaluación sobre las fuerzas de seguridad.
La conformación a nivel local de inspectorías -puede hacerse en alianza con los municipios- sobre
el despliegue operativo de la policía y los mecanismos de patrullaje son centrales en el proceso de
toma de decisiones. Esto guarda relación directa con una profunda reforma en la integración de las
áreas policiales y en la planificación de los servicios policiales y para mantener una fuente directa
de información y de contacto con los policías subalternos. También permite conocer en mejores con-
diciones el terreno para intervenir en las decisiones, formular propuestas y adicionalmente evaluar
las que sean viables.
No deben incluir solamente el despliegue en el terreno, también deben considerar las condiciones
de trabajo y el estado general de las comisarías.
En este sentido, un modo de ordenar los recursos y maximizar oportunidades, es por ejemplo,
Página 43
acordar las inspectorías de comisarías con organizaciones de la sociedad civil o con otros organis-
mos del Estado con competencia en la materia (por ejemplo: Secretaría de Derechos Humanos,
Defensoría del Pueblo, etc.)
Puesta en marcha de un Sistema de Gestión del Conocimiento sobre el delito y la violencia.
El gobierno político de la seguridad lleva implícito el hecho de comprenderla y ello no es solo con-
tar personas y delitos cometidos por jurisdicción.
Comprender la seguridad es conocer una multiplicidad de problemas sociales y los procesos que
los generan, los agentes que interactúan y los factores que inciden en su desarrollo. Comprender
estos problemas implica conocer el campo en el que se desenvuelven, conocer las dinámicas de
los procesos, conocer las percepciones sociales y de los agentes estatales, conocer las instituciones
e identificar tendencias, regularidades, singularidades y las variaciones en torno a todos estos fac-
tores.
Cada uno de estos conocimientos tiene un nivel de complejidad propio y requiere de un esfuerzo
estatal sostenido en el tiempo para alcanzar una verdadera comprensión de la problemática de la
seguridad.
Parte del gobierno político es reducir esa complejidad por medio de la observación, la investigación
y el análisis, de modo que podamos emprender acciones para abordarla racionalmente en toda su
dimensión.
Lograr ese objetivo requiere de la consolidación de estructuras institucionales dedicadas a fijar
pautas, criterios y objetivos en torno a la generación de información destinada a la comprensión de
los fenómenos asociados a la seguridad, y con capacidad de sistematizar y analizar la información
de forma tal que la misma se torne en conocimiento que sea funcional a las decisiones políticas es-
tratégicas.
Información estadística consolidada sobre el delito y la violencia.
Nuestras propuestas
Página 44
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
Uno de los problemas con que se atraviesa la política criminal en general y en particular en la
provincia de Santa Fe es la escasa confiabilidad de las estadísticas del delito y la insuficiente infor-
mación acerca de la violencia y sus causas.
Hay dificultades vinculadas tanto a la producción de información estadística, como a la falta del
análisis posterior que debe hacerse de la misma. Carecemos de fuentes estadísticas plenamente
confiables o con coberturas exhaustivas que nos permitan acercarnos a lo que en verdad ocurre.
Conocemos solo una parte de la realidad, pero de ningún modo la realidad misma.
De la totalidad de los hechos delictivos que se cometen, ingresa al sistema penal para su trata-
miento, solo una parte. Muchos de los delitos de menor entidad, fundamentalmente dentro de los
denominados delitos contra la propiedad (robo, hurto, etc…), no se denuncian y pasan a integrar lo
que se denomina comúnmente como la “cifra oscura o negra del delito”.
Un ejemplo que suele darse es el del arrebato de celulares. Los ciudadanos, quizá por falta de
confianza en los órganos del sistema penal o porque consideran que es una pérdida de tiempo en
trámites burocráticos frente al escaso valor del objeto sustraído, no efectúan las denuncias. De los
delitos no denunciados, nadie se encargará, y contribuirán a distorsionar las ya de por si deficientes
estadísticas, generando un subregistro en las mismas y aumentar la distancia entre lo que el Estado
registra en su dimensión objetiva y lo que las personas vivencian a diario.
Existen herramientas útiles para tener un conocimiento más aproximado a la realidad, una de
ellas son las denominadas “encuestas de victimización”. A través de las mismas, se puede captar
los casos que no ingresan al sistema penal para su tratamiento. Y lo que es también importante,
conocer las causas por las cuales los ciudadanos omiten efectuar las denuncias.
En la provincia de Santa Fe no contamos con encuestas de victimización oficiales. El gobierno se
sigue guiando por las estadísticas policiales o judiciales, que además de ser sesgadas -por la can-
tidad de delitos que no se denuncian y que constituyen la “cifra negra”- a la vez difieren entre sí.
Además del problema de la fuga de datos, las fuentes emisoras de la información, la policía y la
Página 45
justicia penal, no armonizan sus metodologías ni trabajan conjuntamente. La denuncia policial capta
el hecho en su inicio, pero no sigue su evolución, por lo que, lo que pudo empezar con una denuncia
de lesiones graves puede terminar siendo un homicidio; y los posibles autores del delito, pueden
ser luego desvinculados de la causa, absueltos o sobreseídos.
Creemos también que es necesario integrar la información con otras fuentes no penales y no es-
tatales, extendiendo la proveniente de ongs. que trabajan la temática, foros de seguridad y vecinales,
que poseen el conocimiento vivencial de la inseguridad28, con el objeto de obtener información con-
solidada.
Contar con una base de datos consolidada y con encuestas de victimización nos permitiría cumplir
con la primera etapa: la producción de información oficial que evite la fuga de datos.
No debemos limitarnos a “contar casos y personas”, como es actualmente la lógica preponderante
de la información oficial. Será necesario además, efectuar un adecuado análisis de dicha información
estadística.
Sólo a partir de una información consolidada entre las distintas fuentes y un buen análisis de la
misma, podremos encontrar respuesta a distintas preguntas: ¿La criminalidad afecta por igual a las
ciudades pequeñas que a los dos grandes conglomerados urbanos de la provincia? ¿Qué tipos de
delitos prevalecen en unas u otras? ¿Dentro de una misma ciudad, existen diferencias entre las dis-
tintas zonas urbanas? ¿Los sectores de mayores y menores recursos económicos son victimizados
de igual manera en la comisión de delitos?
Contar con buenos registros de información también impactará directamente en la capacidad de
analizar e intervenir en los procesos y en la regularidad con que se presenta el accionar delictivo en
determinadas zonas y en la raíz de la conflictividad según cada tipo de delito y/o violencia.
Coordinación efectiva entre la política de seguridad y la política de persecución penal
28 Ver al respecto el Proyecto de Ley de Creación del Observatorio Nacional del Delito y la Violencia, elaborado por León Arslanián,
disponible en www.hcdn.gob.ar, expediente 293-D-2012.
Nuestras propuestas
Página 46
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
para el desarrollo de una política criminal provincial.
Toda política de seguridad debe tener en cuenta de un modo directo el grado de organización,
desarrollo y eficacia de la persecución penal.
Es bastante común que exista en este campo una relación de indiferencia, es decir, que la política
de seguridad se lleve adelante con total prescindencia del funcionamiento de la persecución penal
y, en sentido contrario, que los planes de prevención se desentiendan totalmente de que sucederá
con los casos cuando ellos ingresen a la justicia penal. Es necesario compatibilizar competencias
entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal tanto en el plano de conducción como
en el plano operativo.
A su vez deben integrarse la visión del caso del Ministerio Público Fiscal con la visión de los fe-
nómenos criminales de la policía y construir una visión conjunta sobre los circuitos de criminalidad
locales. Para ello, será necesario concluir sin más la puesta en marcha del nuevo sistema de enjui-
ciamiento penal de la provincia que se mantiene en eterno proceso de implementación y pensarlo
articuladamente con el proceso de modernización policial29.
Carece de sentido la promoción de una estructura penal completamente nueva si se persiste en
dejar que la agencia policial, central en la función auxiliar en materia de investigaciones, persista
con los patrones que todos conocemos.
Impulso de programas de prevención social del delito y la violencia.
Ya en el año 2003 afirmaba Néstor Kirchner “En materia de seguridad (...) son el Estado y la so-
ciedad en su conjunto los que deben actuar participativa y coordinadamente para la prevención (...)
Una sociedad con elevados índices de desigualdad, empobrecimiento, desintegración familiar, falta
de fe y horizontes para la juventud, con impunidad e irresponsabilidad, siempre será escenario de
altos niveles de inseguridad y violencia (…) Para comprender la problemática de la seguridad en-
contramos soluciones que no sólo se deben leer en el Código Penal, hay que leer también la Cons-
titución Nacional en sus artículos 14 y 14 bis (…) derecho al trabajo, a la retribución justa, a las
29 El nuevo Código Procesal Penal de la Provincia fue promulgado por Ley 12.734 en fecha 27-08-2007.
Página 47
condiciones dignas y equitativas de labor ”30.
Bajo estas ideas señeras, afirmamos que la atención de la multicausalidad que impera frente a
las distintas manifestaciones del delito y la violencia no puede abordarse sólo con respuestas poli-
ciales, resulta indispensable promover políticas activas en materia de prevención social orientadas
a la satisfacción de derechos de comunidades en situación de vulnerabilidad frente al delito, me-
diante la intervención coordinada de otras agencias estatales y de las organizaciones sociales.
El desarrollo de ciertas formas de criminalidad, que se aprovechan de la condición de vulnerabi-
lidad de ciertos colectivos o que influyen en ellos bajo la lógica de la identificación de ciertas formas
de delito como mecanismo de acceso a identidades y bienes de consumo que son valorados so-
cialmente, reclama mucho más que las políticas punitivas sobre los eslabones detectados por el
aparato policial, que como sabemos, suelen ser los más débiles.
El esfuerzo en desarrollar una política de mejoramiento en las capacidades investigativas sobre
las organizaciones y circuitos criminales que sostienen o promueven formas de involucramiento de
jóvenes en el delito31 debe ser acompañado prioritariamente por políticas activas que construyan
respecto de estos jóvenes alternativas reales bajo la lógica de la construcción de ciudadanía, el for-
talecimiento de los lazos comunitarios y el acceso a derechos básicos.
Estas políticas deben ocupar un lugar de paridad en importancia con las de carácter estrictamente
policial puesto que garantizan la presencia del Estado en la atención de las condiciones estructurales
que dan lugar u oportunidad a la comisión de delitos que luego deben investigarse cuando ya han
producido consecuencias dañosas.
El gobierno del Frente Progresista Cívico y Social -con apoyo directo del gobierno nacional durante
el año 2010- llevó adelante experiencias de este tipo en la ciudad de Santa Fe, a través de la Se-
cretaría de Seguridad Comunitaria, que lamentablemente fueron progresivamente abandonados
30 Discurso inaugural ante la Honorable Asamblea Legislativa correspondiente al período 2003.31 La sobrerepresentación de varones de entre 19 y 25 años de sectores populares en los delitos detectados muestra que el Estado
suele concentrarse penalmente en ellos pero no han tenido el mismo tipo de abordaje por parte de otras instituciones. Las vincula-
ciones son mucho más profundas que la mera relación con el delito, también en términos culturales es un desafío promover herra-
mientas y políticas que favorezcan el desarrollo de identidades en las que se valoren otras cuestiones diferentes al consumo y a la
violencia como forma de vida.
Nuestras propuestas
Página 48
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
aún cuando se trata de aspectos de gestión con un rol de responsabilidad eminentemente local.
Retomar el trabajo orientado al desarrollo de dispositivos socio-culturales de integración social,
políticas de promoción y acceso al deporte y alternativas socio-laborales así como educativas bajo
la lógica de procesos de construcción de ciudadanía destinados a poblaciones en conflicto con la
ley penal y sus agencias en general, formará parte central de nuestra política de seguridad porque
esto supone la posibilidad concreta de reducir la vinculación con la violencia y el delito para muchas
personas32.También es imprescindible promover acciones efectivas en materia de reintegro comu-
nitario de personas privadas de la libertad y programas de apoyo y acompañamiento a grupos fa-
miliares.
Estas medidas, muchas veces impugnadas por improntas que pretenden reducir delito a pobreza
y/o marginalidad, son defendidas en este programa de acción entendiendo que el Estado tiene que
privilegiar el acceso a oportunidades de inserción genuinas en la vida comunitaria y política, en de-
finitiva a la construcción de ciudadanía.
Es evidente que las formas del delito de la que participan los grupos más vulnerables -y que tam-
bién protagonizan como víctimas puesto que los sectores sociales más desaventajados son los que
conviven con mayores niveles de inseguridad- no son las únicas ni las que producen mayor daño
social y de esas debemos ocuparnos con estrategias específicas.
Pero sí es cierto que el delito contra la propiedad, predominantemente urbano y muchas veces
violento encuentra tras sus protagonistas un derrotero de antecedentes y vínculos con el Estado a
través de su aparato represivo que no han tenido eficacia para desterrar el problema. Hemos com-
prendido políticamente este aspecto que ya nadie pone en discusión y lo queremos acompañar con
convicción, con medidas que hagan de la búsqueda de oportunidades y la profundización de dere-
chos para estas personas una posibilidad de una vida menos violenta para todos y todas.
También proponemos eliminar del ámbito policial todo lo vinculado con atención de adiccio-
32 El programa “Comunidades vulnerables” del Ministerio de Justicia de la Nación es otra experiencia que consideraremos especial-
mente. Al respecto, se han evaluado resultados muy positivos en cuanto a disminución de reincidencia y mejora de las situaciones
de violencia y delito en los distintos puntos el país en que se aplicó. Pueden verse en detalle resultados en Lozano, Camilia “Una in-
vestigación de las políticas públicas en la Argentina dirigidas hacia la prevención del delito en comunidades vulnerables: El estudio
de caso en Villa Tranquila de Avellaneda y el Barrio Pampa”, disponible en www.digitalcollections.sit.edu
Página 49
Nuestras propuestas
nes, en el entendido de que el consumo problemático de drogas no puede limitarse sólo a las de
carácter ilegal y lo que resulta más importante, deben ser resorte de la autoridad sanitaria y no po-
licial.
Promoción de planes de acción específicas para ciertas formas de delito y violencia:
control de armas, lucha contra la violencia de género y trata de personas.
Sin perjuicio de la necesidad de trabajar en distintos niveles, existen áreas de intervención integral
y específica que por su entidad, reclaman planificaciones de mediano y largo plazo. Entre otras
cosas porque suponen el desafío de trabajar sobre verdaderos procesos de transformación cultu-
ral.
En la actualidad, cuestiones como la violencia derivada del circulante de armas, el carácter es-
tructural de la violencia de género y la creciente atención a la problemática de trata de personas,
han generado un escenario en el que es imperativo promover acciones de gobierno de carácter in-
tegral desde el momento inicial de la gestión.
Control de Armas
Resulta indispensable en una política de seguridad promover condiciones para reducir los niveles
de violencia que circulan en la sociedad y el trabajo sobre el control de armas -legales e ilegales-
ocupa un lugar central frente a tal desafío.
La provincia ha intentado ponerse en sintonía con la normativa nacional en la materia mediante
la Ley N° 12.929, que adhirió a la Ley Nacional N° 25.938, y que obliga a la información al Registro
Nacional de Armas (RENAR) de cada incautación. Recientemente se continuó en la misma línea
con el Decreto N° 2026/12 a través del cual el Gobernador reglamentó la referida adhesión y previó
ciertos resguardos para el depósito transitorio y definitivo de las armas.
Sin embargo se requiere una mayor audacia en las medidas que no demandan más tarea que rá-
pidas y breves reformas al Código Procesal Penal y tienden a ahorrar dinero, racionalizar la distri-
bución de los recursos humanos del sistema de seguridad y del sistema judicial y a evitar muertes.
Los gobiernos provinciales tienen el deber de extremar los esfuerzos en la línea planteada por el
Página 50
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
gobierno nacional que es ejemplo en la región puesto que gran parte de las acciones posibles e in-
dispensables son resorte local. Entre otras medidas proponemos:
Reforma inmediata del Código Procesal Penal de la provincia. Santa Fe tiene un CPP relati-
vamente nuevo que no aborda la problemática de las armas incautadas que permanecen en depó-
sitos judiciales por prolongados períodos de tiempo y constituyen una fuente de desvío hacia
circuitos ilegales. A tal fin es necesario modificar los artículos 242 y 243 del CPP, incorporando las
armas de fuego, la munición y los explosivos a las disposiciones sobre objetos secuestrados (que
hoy sólo refieren a autos y motos para su reutilización por el Estado) con motivo de causas penales
y a su “pronta devolución” cuando fueren reclamados.
Proponemos que el Juez de la causa deba resolver el decomiso y destrucción de las armas y ma-
teriales controlados incautados en un plazo máximo de seis meses desde su secuestro y que previo
a ello se obtengan, mediante el Sistema Automatizado de Identificación Balística del Ministerio de
Seguridad de la Nación, la totalidad de los datos de las armas para facilitar posteriores investiga-
ciones.
Entendemos que nuestra propuesta evita un dispendio de riesgos y recursos y dispone un plazo
razonable -en tanto habilita la realización de la totalidad de los peritajes que el juez provea- para
producir las pruebas que de las armas puedan extraerse, con la posibilidad de contralor por las Par-
tes garantizando la igualdad de armas respecto de las medidas probatorias en relación a las mis-
mas.
Asimismo, respecto de la devolución a Legítimos Usuarios, ésta deberá operar sólo cuando su ti-
tular cuente con la habilitación al día del RENAR y haya cumplido con las disposiciones legales que
obligan a denunciar su pérdida, robo o extravío en tiempo y forma.
Promover la destrucción obligatoria y supervisada de excedentes de arsenales. Otra fuente
de ingreso de armas al circuito ilegal son las armas que exceden la necesidad de dotación de nuestra
policía. Cada vez que se compran armas nuevas, las viejas no son destruidas sino recircularizadas
mediante su venta o se mantienen dentro de la institución sin una utilidad específica para la exigen-
cia de las operaciones policiales.
Página 51
Nuestras Propuestas
A fin de reducir el circulante de armas en nuestra provincia y de ser coherentes con la política na-
cional de desarme, debemos destruir la totalidad de armas y munición que excede las necesidades
operativas.
Claro que esta medida se inscribe en el gobierno político de la seguridad que venimos pregonando
y del que nuestra provincia carece. Ello en la medida en que para destruir es necesario inventariar,
auditar, planificar estratégicamente desde la conducción civil y dirigir también la logística policial.
Promover una política criminal dirigida al mercado ilegal. Nuestro mercado ilegal es grande
y no estamos dirigiendo ninguna política concreta para erradicarlo. En Santa Fe tenemos aproxi-
madamente 100.000 armas registradas en manos de usuarios individuales y se calcula que existe
un número similar en negro (casi 185.000 según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del
Ministerio de Salud).
La policía provincial promedia una incautación de entre 1000 y 2000 armas de fuego anualmente,
lo que está muy lejos de hacer mella en el circulante ilícito.
Aunque con objetivos distintos pero útil a fin de conocer nuestro circulante real, el Plan de Entrega
Voluntaria de Armas liderado por el gobierno nacional nos confirma nuestra baja performance en
este campo. En tan sólo un año, el Plan logró recoger 10.000 armas sólo en Rosario y Santa Fe (en
2008) y continúa haciéndolo a la fecha.
Resulta imprescindible mapear los flujos de armas a partir de relevar lo que secuestramos. De-
bemos conocer cómo, qué tipo de armas y por dónde ingresan a la provincia. A partir de profundas
y rápidas medidas de investigación y análisis podemos definir junto con el Ministerio Público Fiscal
y con las provincias de la región una política criminal específica en este campo que nos permita in-
crementar las incautaciones y reducir el segmento del circulante asociado a circuitos delictivos.
Adicionalmente, proponemos impulsar acciones en materia de transformación cultural, promover
un monitoreo permanente mediante la creación de un Observatorio de Violencia Con Armas de
Fuego, promover contenidos en los procesos de formación incluso en el ámbito educativo en gene-
Página 52
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
ral, impulsar medidas económicas de desmotivación del mercado vía exclusión de beneficios impo-
sitivos y/o tributos más altos para importación de armas, fabricación y comercialización interna, con-
siderando explícitamente los riesgos de estimular el mercado ilegal, entre muchas otras medidas.
Desarrollo de acciones en materia de seguridad con perspectiva de género
Es importante destacar que a pesar de que fue sancionada la Ley nacional 26.485 de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que se
desarrollen sus relaciones interpersonales, nuestra provincia aún no adhirió a la misma, La ley que
contempla un conjunto de mecanismos y herramientas que involucran directamente a los estados
provinciales y municipales en la articulación de recursos y esfuerzos para atender las distintas for-
mas de violencia que aquejan a las mujeres.
El pasado 8 de marzo, en ocasión de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, la Presidenta
Cristina Fernández de Kirchner fue enfática al señalar la necesidad de que las violencias hacia las
mujeres sean consideradas especialmente en la agenda de seguridad pública.
En este sentido, resultan medidas imprescindibles para poder contar con una política de seguridad
a la altura de dicho desafío -sin perjuicio de las muchas otras medidas que se propongan en las
demás áreas de gobierno- las siguientes:
Desarrollo de una política de equidad de género hacia el interior de la policía. No se puede
contar con instituciones capaces de desempeñarse profesionalmente y con criterios sensibles al
género si hacia el interior de las mismas persisten culturas patriarcales y formas de discriminación
que afectan particularmente a las mujeres. En ese sentido la promoción de acciones para lograr pa-
ridad en la carrera, medidas orientadas a reducir la disponibilidad de armas en personal con ante-
cedentes de violencia intrafamiliar, promoción de reglas razonables para la consideración de
situaciones como el embarazo y la lactancia, entre muchas otras medidas, son indispensables para
desterrar progresivamente las prácticas que -más o menos invisibilizadas- aún mantienen a las mu-
jeres sujetas a prácticas que, si no son en sí mismas violentas, consideradas en su diversidad y rei-
teración terminan siéndolo. Para ello conformaremos un Consejo de Políticas de Género33 en el
Página 53
sector seguridad de integración plural y diversa, con participación protagónica de mujeres de las
fuerzas, que permita llevar adelante una agenda de medidas integrales.
Promoción de una política integral de formación profesional orientada a la atención de vícti-
mas de violencia de género. Aún cuando existan servicios especializados, la inmensa mayoría de
las mujeres acuden a estaciones policiales cuando son objeto de alguna forma de violencia que las
afecta en tanto tales. Es indispensable promover formación específica para que el contacto con la
agencia policial resulte en contención y respuesta y no en una nueva instancia de victimización. En
esa línea propondremos articulación con experiencias tales como la Oficina de Violencia Doméstica
de la Corte Suprema de la Nación, además de procurar seguir en la línea de las acciones empren-
didas por el Consejo Nacional de las Mujeres, organismo rector de la Ley 26.485.
Adquisición de tecnología que permita mejorar los mecanismos de control de medidas de res-
tricción y contacto con victimarios, así como también optimizar el acceso a la asistencia de aquellas
mujeres que en su condición de víctimas pueden ser pasibles de nuevos ataques, procurando su-
perar escenarios lamentables en los que las denuncias se reiteran y la protección llega demasiado
tarde.
Coordinación de esfuerzos a nivel local para la prevención y erradicación del delito de trata
de personas.
Si bien se trata de un delito de orden federal, existen diversas cuestiones ligadas a sus posibili-
dades de ejecución que pueden y deben ser abordadas por los gobiernos provinciales y municipales.
En efecto, aún cuando se optimicen los resultados de la política federal en materia de persecución
de este delito tal como viene haciéndose desde 2004 y con particular impulso desde la creación del
Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2010, en el ámbito provincial proponemos ac-
ciones muy concretas, a saber:
Adhesión a los protocolos de investigación, atención y protección de víctimas así como
también al SISTRATA, sistema de información único de información sobre delitos de trata, que per-
mita profesionalizar y controlar en mejores condiciones el desempeño de nuestra fuerza y sus áreas
33Las experiencias llevadas adelante por el gobierno nacional desde 2006 a la fecha en el Ministerio de Defensa y luego en 2010 en
adelante en el Ministerio de Seguridad bajo la conducción de la Dra. Nilda Garré constituyen antecedentes valiosos en la materia.
Nuestras Propuestas
Página 54
Propuestas para el gobierno de la seguridad en Santa Fe
especializadas en la materia. Casi la totalidad de las provincias han adherido a estos protocolos,
lamentable e inexplicablemente, el gobierno de la provincia de Santa Fe no ha avanzado en la ma-
teria.
Desarrollo de una política provincial de “municipios libres de trata”. Orientada a promover
medidas tales como erradicación de normativa que facilite la existencia de lugares en los que se
explote sexual o laboralmente a personas, mejorar las capacidades de fiscalización (poder de poli-
cía) a los efectos de controlar y poner todo el poder administrativo local en línea con la necesidad
de evitar situaciones de trata, trabajar en la promoción de campañas locales de prevención y sen-
sibilización.
Adhesión a propuestas y programas impulsados desde el Ministerio de Educación, para
trabajar en prevención en el nivel primario y secundario.
Promoción de mesas de trabajo específicas de coordinación a nivel territorial con las au-
toridades federales, a los fines de maximizar los esfuerzos de la división especializada de trata en
la investigación de este tipo de delitos.