PROPUESTA DE REFORMAS POLÍTICAS

“Partidos fuertes y campañas transparentes para una mejor democracia”

 

El rol de los partidos políticos y el financiamiento de la actividad política constituyen uno de los debates pendientes más relevantes para la democracia de nuestro país, toda vez que, por una parte, un país con partidos fuertes y organizados garantiza la permanencia de una democracia robusta y respetuosa de los derechos ciudadanos; y por otra, una buena regulación de la relación entre dinero y política permite que ésta sirva efectivamente al interés general en vez de ser capturada por poderosos intereses particulares.

Es por eso que como Amplitud, Fuerza Pública y Red Liberal nos propusimos elaborar una propuesta de reforma a nuestra institucionalidad política que aporte a este importante debate y sirva de base para la discusión de un acuerdo amplio que lleve adelante reformas profundas en la materia.

Por ello, la presente propuesta se estructura sobre la base de dos grandes temas que consideramos centrales para iniciar una efectiva y profunda reforma a la política en Chile: reformas a los partidos políticos y reforma a la regulación de las campañas electorales.

REFORMA A LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Los partidos políticos han jugado un rol trascendental en la historia de nuestro país. Su existencia ha permitido a Chile avanzar y construir una sólida democracia, que históricamente ha estado dotada de múltiples partidos institucionalmente estables, consistentes en el tiempo y garantes de la gobernabilidad característica de nuestro país.

No obstante, nuestros partidos políticos atraviesan actualmente un momento de significativo deterioro, hallándose faltos de democracia interna, debilitados programática y organizacionalmente, plagados de caudillismo y con escasa transparencia, tanto frente a la ciudadanía como frente a sus propios militantes. Todo esto ha contribuido notoriamente al progresivo desgaste de los vínculos entre los partidos y la sociedad civil, al punto que actualmente- y rompiendo una larga

 

tradición histórica- los chilenos estamos entre los que menos identificación y simpatía sentimos por nuestros partidos políticos en toda América Latina. Esto claramente no es bueno para nuestra democracia.

Por esta razón es que queremos proponer una serie de reformas que nos permitan contar con partidos políticos fortalecidos, que representen efectivamente a la ciudadanía y sus intereses, potenciando su democracia interna y promoviendo la transparencia.

A. Institucionalidad de los partidos políticos

1. Rebajar el porcentaje de firmas actualmente exigidas para formar un partido. La actual exigencia de contar con un 0.5% de afiliados de acuerdo al número de electores que sufragó en la última elección de diputados nos parece excesiva. Por eso apuntamos a reducir el porcentaje de firmas requeridas, bajando el número a un 0.25% de los electores que participaron en la última elección, reduciendo de esa manera una de las barreras de entrada que existen para la conformación de una colectividad política. Esta medida coincide con la que actualmente el gobierno impulsa sobre la materia.

Además, proponemos la eliminación del requisito que obliga a constituir el partido en tres regiones contiguas u ocho discontinuas, cambiándose por que el partido se constituya en cinco regiones, independiente de su contigüidad geográfica.

Para facilitar el proceso para la constitución de un partido proponemos que las declaraciones de constitución del partido puedan firmarse ante el Registro Civil o un oficial del Servel designado para tales efectos. Además, sugerimos que esté disponible en la página web del Servel un instructivo para la constitución de partidos políticos, y que la publicación del respectivo acto deba hacerse en la web del Servel, y no en el diario oficial como ocurre actualmente.

 

2. Disminuir el umbral de votación requerido para que el partido respectivo siga existiendo. Así, y en consonancia con la modificación antes expresada, el umbral electoral requerido para mantenerse como partido ascenderá a un 0.25% de los votos válidamente emitidos en la última elección de concejales. Esto a diferencia del 5% requerido actualmente y que ha significado que varios partidos políticos hayan tenido que reinscribirse repetidas veces, utilizando recursos humanos y económicos que bien podrían ser usados en actividades socialmente beneficiosas. Por ello, también proponemos que cada persona pueda firmar como miembro fundador de un partido- como máximo- sólo una vez cada 8 años.

3. Formalización de los procesos democráticos internos. El Consejo General y la Directiva constituyen espacios de discusión y deliberación política relevantes para los miembros de estas instituciones. Por eso proponemos que, al igual como ocurre con otro tipo de instituciones, como las asociaciones o fundaciones, en tales instancias deba contarse con un acta que luego sea protocolizada a escritura pública, para así llevar un registro público de los procesos democráticos del partido.

4. Frecuencia y convocatoria de Consejos Generales. Proponemos que todo partido lleve a cabo al menos dos consejos generales ordinarios al año, los que deberán avisarse con al menos 20 días hábiles de anticipación a los militantes por parte de la directiva. Asimismo, se propone incorporar el derecho para los consejeros generales de convocar a consejo extraordinario toda vez que reunan un 10% de firmas del Consejo. Desde el momento en que se presente el requerimiento, la directiva del partido tendrá cinco días hábiles para convocar al respectivo consejo extraordinario, el que deberá realizarse entre los 10 y 20 días hábiles siguientes. Para evitar que esta institución se convierta en un mecanismo que entorpezca el trabajo político de la directiva, cada consejero tendrá derecho a firmar una vez al año este tipo de requerimiento.

 

5. Mejorar los mecanismos de control del trabajo que lleva adelante la directiva del partido. Entendemos que la democracia dentro de cada partido resulta deseable, por lo que proponemos que sea obligatorio para cada partido contar con:

a. Voto universal y elección directa de la directiva central. En caso de que en un proceso electoral exista solo una lista candidata, deberá contar con un mecanismo que permita otorgarle legitimidad democrática.

b. Memoria anual obligatoria. Una de las tareas más relevantes de la directiva dice relación con mantener a sus bases al tanto del trabajo que llevan adelante. Por eso, cada año deberán hacer pública una memoria anual que deberá presentarse junto al balance presupuestario, para así facilitar la rendición de cuentas frente a sus militantes y la ciudadanía.

6. Reformar el Tribunal Supremo. De acuerdo a la actual normativa, todos los partidos políticos deben tener un Tribunal Supremo de miembros elegidos por el Consejo General, básicamente para conocer de los conflictos que se generen al interior del partido y para aplicar sanciones a los miembros que no se ajusten a su normativa vigente.

En general, la ley es bastante pobre a la hora de establecer reglas mínimas que protejan los derechos de los militantes del partido, aseguren la imparcialidad del tribunal, y establezcan un debido proceso a la hora de juzgar asuntos de su competencia. En consecuencia, creemos necesario reformar esta institución de la forma que sigue:

a. Establecer plazos mínimos de duración: que la duración de los cargos en el Tribunal Supremo dupliquen a los de la Directiva Central y los Consejos Generales, y que se renueven en años distintos a aquellos en que estos órganos se eligen. Esto, con el fin de limitar la influencia de la Directiva y el Consejo sobre los tribunales.

 

b. Establecer requisitos mínimos de debido proceso: El Tribunal Supremo del partido deberá cumplir, como mínimo, lo siguiente: (i) emplazamiento debido (que todas las partes sean notificadas); (ii) igualdad de armas; (iii) posibilidad de rendir prueba; (iv) audiencias orales y públicas; y (v) obligación de los jueces de fundar en derecho sus resoluciones.

7. Transparencia activa en partidos. Con el objeto de facilitar la rendición de cuentas de los partidos políticos a su militancia y a la ciudadanía, proponemos que la ley les exija tener siempre a disposición del público (al menos en sus páginas web) la siguiente información mínima actualizada:

a. Estatutos y declaración de principios. b. Memoria Anual. c. Balance Anual y estados financieros. d. Estructura orgánica y competencias de todos los órganos del partido,

junto con los nombres completos y datos institucionales de contacto. e. Monto de los subsidios recibidos por el Estado. f. Aportes y donaciones recibidas por el partido, distinguiendo entre las de

carácter público y privado, y también entre militantes y no militantes. g. Donaciones realizadas por el partido. h. Organizaciones con las cuales el partido tenga vínculos y fundamentos de

los mismos. i. Los documentos que den cuenta de acuerdos u asociaciones con otros

movimientos o partidos políticos, ya sean acuerdos electorales, programáticos o de cualquier otra índole.

Toda la información aquí indicada deberá ser actualizada trimestralmente, momento en el cual será remitida al SERVEL para su archivo y difusión.

8. Sanciones por incumplimiento. El incumplimiento de lo anteriormente descrito debe conllevar sanciones aplicables directamente a la directiva del partido, por constituir violación grave a la legislación vigente sobre la materia. El incumplir con la normativa que busca garantizar democracia interna, así

 

como transparentar la información disponible sobre la colectividad, deberá acarrear sanciones progresivas.

Las sanciones para estas infracciones podrán ir desde la amonestación escrita y pública en la web del SERVEL, expulsión del partido, pérdida del cargo en caso de salir electo e inhabilidad para postular a cargo público en la próxima elección.

9. Nuevos militantes. Cada militante tendrá derecho a patrocinar un máximo de 5 personas al año para incorporarlos al partido. El partido tendrá la obligación de fundar por escrito y en derecho la negativa a aceptar un militante, en el plazo de 30 días desde que se presentó el formulario de afiliación. Para facilitar el proceso de afiliación, cada partido deberá tener disponible en su página web el formulario de postulación al partido. Al momento de entregarse, éste deberá ser timbrado con el nombre del funcionario receptor y la fecha, para así garantizar un procedimiento transparente de afiliación.

B. Financiamiento de los partidos políticos

1. Financiamiento basal. Un fondo para los partidos políticos de 50 mil UF anuales, el que se repartirá entre los partidos que obtengan al menos un 2% de los votos en la última elección de concejales. La distribución de estos recursos se hará de la siguiente forma:

o Un 50% será de acuerdo al número de candidatos que compitieron en la elección, considerando sólo aquellos que obtuvieron al menos el 1% de los votos en su respectiva comuna.

o Un 50% de acuerdo al número de concejales electos en esa misma elección.

Un problema potencial con el anterior mecanismo es que deja en una situación de desventaja a los partidos recién constituidos. Para subsanar ello e incentivar a que los grupos o movimientos políticos tiendan a la formalización, se propone

 

que los partidos legalmente constituidos tengan un subsidio basal de 1500 UF anuales durante sus primeros 4 años de existencia. En caso de haber una elección de concejales durante ese período, luego de la elecciones ese nuevo partido podrá elegir si sigue con lo que queda de sus años de financiamiento especial, o si se acoge al régimen general del resto de los partidos.

Los aportes de este apartado deberán ser rendidos cada año al Servel, debiendo destinarse al menos un 70% a gastos administrativos del partido, quedando expresamente prohibido su uso para apoyar directa o indirectamente a candidaturas.

2. Subsidios a los aportes privados menores a partidos políticos. Entendemos que un sistema de partidos políticos es más sano cuando es financiado en forma atomizada y diversificada. Por ello, es necesario aumentar los aportes pequeños de militantes y adherentes, para lo cual se proponen los siguientes incentivos:

o Un subsidio del 100% a las primeras 0,2 UF (alrededor de 5 mil pesos al día de hoy) de cada aporte mensual que realicen los adherentes y militantes a los partidos políticos.

o Un subsidio del 100% a las siguientes 0,2 UF de cada aporte mensual que realicen los militantes activos de los partidos políticos, entendiendo por activo el que hayan votado en las últimas elecciones generales internas del partido.

o Un subsidio del 50% a las siguientes 0,2 UF de aporte mensual que realicen los militantes inactivos o simpatizantes del partido político.

El gasto fiscal máximo del subsidio anteriormente descrito no podrá sobrepasar las 50 mil UF trimestrales y, en caso de existir postulaciones por subsidios mayores a tal monto, los aportes se prorratearán en proporción al monto que cada partido solicitó por esta vía.

 

3. Subsidios a actividades específicas de los partidos. Otro punto relevante es aquel vinculado a subsidios a ciertas actividades específicas, como por ejemplo, programas de capacitación a candidatos, escuelas de formación política, talleres de liderazgo, etc. Los tres movimientos, como muchos otros que han propuesto instrumentos en esta línea, compartimos la importancia de fomentar a los partidos a llevar a cabo este tipo de actividades. Sin embargo, pensamos también que la carga burocrática y la fiscalización necesaria para hacer cumplir una detallada legislación al respecto, complejizan en exceso una medida de este tipo, especialmente en un contexto en donde se le exige al Servel el desarrollo de nuevas tareas, como lo hace el grupo de propuestas que estamos presentando.

Sin perjuicio de lo anterior, proponemos que se exija a los partidos gastar el 10% de lo recibido por los distintos subsidios descritos en este acápite en actividades como las mencionadas en el párrafo anterior. Estos gastos deberán ser rendidos a final de cada año por los partidos, existiendo la facultad del Servel de realizar auditorías aleatorias y fijar fuertes sanciones económicas en caso de incumplimiento.

4. Límites a donaciones a partidos. Las donaciones a partido se encuentran legalmente autorizadas, siempre y cuando no superen el 1% del presupuesto anual del partido, en caso de tratarse de aportes anónimos (en cuyo caso además no podrán superar en ningún caso las 100UF). En caso de rebasar esa suma, la donación deberá ser pública y no podrá superar el 5% del presupuesto anual del partido beneficiado.

 

REGULACIÓN DE LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS

Los procesos electorales juegan un rol trascendental en democracia, por constituir los principales espacios de discusión y decisión política para la ciudadanía. Es por eso que la regulación vigente en nuestro país debe adecuarse y responder a los actuales desafíos que el electorado les impone.

Dado ese escenario, la precaria regulación en torno a las campañas, y la necesaria actualización de la legislación relativa al financiamiento de la política, es que proponemos una serie de medidas tendientes a aumentar la transparencia democrática y la equidad competitiva de nuestros procesos electorales, así como a reducir su costo total. En virtud de ello proponemos:

1. Poner fin a los aportes reservados. Si bien el mecanismo de aportes reservados representó una mejoría respecto a la situación anterior al 2003 (de nula regulación de los aportes privados a campañas), entendemos que uno de sus objetivos centrales- que el candidato no conozca la identidad de su donante- no se ha cumplido en demasiados casos. Así, y aun entendiendo que el mecanismo podría ser susceptible de mejora, creemos que los mayores estándares de transparencia que la sociedad chilena demanda a la política hoy en día hacen recomendable derechamente eliminar este tipo de aportes de nuestros procesos electorales. La mayor transparencia del proceso eleccionario, junto con la mayor independencia de los candidatos electos respecto a intereses especiales, debieran a su vez generar mayores niveles de confianza ciudadana en la política y sus procesos de toma de decisiones.

2. Donaciones anónimas con nuevo límite. Donación o aporte anónimo con un tope del 1% del total de gasto permitido en la elección correspondiente, con un tope máximo de 100 UF, garantizando así independencia y nula injerencia en el proceso de toma de decisiones legislativas. En caso de superarse ese porcentaje, la donación deberá cumplir con la normativa que rige a las donaciones públicas.

 

3. Ampliar el alcance del concepto de propaganda electoral. En este sentido sugerimos que por propaganda se entienda todo tipo de mensaje o manifestación que difunda la identidad, partido y trabajo de un candidato, antes o durante del inicio de campaña, con independencia de si existe un llamado a votar por él, su lista o partido.

4. Modificar el tiempo de campaña. Proponemos pasar a un sistema de campaña progresivo que se extienda por tres meses, con todos los efectos legales que esto implica. Se contará con una primera etapa de campaña de dos meses que solo podrá incluir campaña virtual, presencial y radial. En el mes final de campaña se podrá hacer uso de la franja televisiva (bajo las mismas condiciones actuales) y de la vía pública. Esto, con el fin de privilegiar el trabajo en terreno de los candidatos, junto con sincerar los procesos electorales y descontaminar visualmente cada ciudad.

5. Nuevo sistema de sanciones. Incorporar un nuevo sistema de sanciones a la ley electoral que considere el desarrollo de conductas que afecten el proceso electoral o impliquen un incumplimiento de las reglas antes descritas. En particular:

o Se sancionará con amonestación escrita y pública en la web del Servel a todo aquel que incumpla las reglas de campaña progresiva señaladas y se hará retiro de toda propaganda electoral. El costo asociado a este proceso será cargado a la devolución por voto que le corresponda al candidato.

o En caso de incurrirse en una nueva infracción, se podrá sancionar con la pérdida del escaño, si se verifica que el candidato ha incumplido las normas relativas al financiamiento de campaña.

6. Incentivar donaciones de campaña de personas naturales a los partidos políticos. Proponemos un subsidio estatal que aumente los montos ingresados de esta forma, para así contribuir al fortalecimiento de su institucionalidad y su relevancia en los procesos electorales. Para lograr lo anterior, y compatibilizar este incentivo con una responsable administración

 

fiscal, es que proponemos que el subsidio ascienda a un 25% del aporte entregado por los donantes, con un techo de 20.000 U.F. de subsidio por partido.

7. Diminución de los límites de gasto electoral. El cambio que introdujo la inscripción automática significó una distorsión en la antigua normativa que regulaba el límite de gasto en las campañas electorales. Además, parece ser claro que las campañas han aumentado fuertemente su costo financiero a través del tiempo, lo cual ha aumentado las barreras de entrada a la actividad política y la dependencia de ella a quienes la financian.

Por ello, consideramos que se debe cambiar la normativa para que quede constituida, en cada una de las elecciones, de la siguiente forma:

o Presidente: Diez milésimas de unidad de fomento por cada elector inscrito.

o Senadores: Cuatro mil unidades de fomento, más quince milésimas de unidad de fomento por cada uno de los electores inscritos en tal circunscripción.

o Diputados: Dos mil unidades de fomento, más quince milésimas de unidad de fomento por cada elector inscrito en tal distrito.

o Alcaldes: Doscientas unidades de fomento, más veinte milésimas de unidad de fomento por cada uno de los electores inscritos en tal comuna.

o Consejeros Regionales: Quinientos unidades de fomento, más veinte milésimas de unidad de fomento por cada uno de los electores inscritos en tal territorio electoral.

En el caso de la elección presidencial, el límite de gasto de una eventual segunda vuelta será la mitad del límite establecido para la primera vuelta. Asimismo, en el caso de los concejales, el límite de gasto electoral corresponderá a la mitad del límite del alcalde de la misma comuna.

Estamos conscientes de que la propuesta anterior obliga a algunos candidatos a reducir su gasto con respecto a la última elección, pero creemos que la disminución propuesta es totalmente factible y se ajusta a una muy sentida

 

demanda ciudadana de rebajar el excesivo costo de las campañas políticas en nuestro país.

8. Límites a donaciones. Las personas no tendrán más limitaciones en el aporte a campañas que las descritas en el punto 2 del presente documento, y teniendo claro que el monto total a donar, sumando candidatos y partidos, no podrá superar las 1500 U.F.

9. Mayores facultades y financiamiento el SERVEL. Es necesario dotar al SERVEL del presupuesto y las facultades legales necesarias para sacar adelante la presente reforma, entendiendo que esta institución cumple un rol fundamental tutelando a los partidos junto con los procesos políticos del país.