PROPUESTA DECOGESTIÓN DELPARQUE NACIONAL YÁREA NATURAL DEMANEJO INTEGRADOMADIDI

CENTRAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PAZ (CPILAP)

TAKANAS, LECOS, MOSETENES, ESSE EJJAS, T’SIMANES

PROPUESTA DE COGESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO MADIDI

CENTRAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PAZ (CPILAP)

TAKANAS, LECOS, MOSETENES, ESSE EJJAS, T’SIMANES

ProPuesta de Cogestión del Parque naCional y Área natural de Manejo integrado Madidi

Primera edición: Mayo de 2009

Editor Central de Pueblos indígenas de la Paz (CPilaP) y Wildlife Conservation society (WCs)

AutorCPilaP junto a los pueblos tacanas, lecos, Mosetenes, esse ejjas, t’simanes

dirEctorio dE cPiLAP (GEstión 2005-2007) rEsPonsAbLE dE LA ELAborAción dE LA ProPuEstA:josé lorenzo ortiz tórrez – Presidentegregorio quety Medina – Vicepresidentejusto Piza Chinari – secretario de tierra y territorioWilly achá nina – secretario de salud y Comunicación

sistEmAtizAción y rEdAcciónoscar loayza – WCs

APoyo técnicolilian Painter – directora de WCsrober Cartagena – CPilaP

rEvisión y corrEcción dE EstiLoelvira salinas - WCs

disEño Gráfico y diAGrAmAcióngabriel Mariaca

fotoGrAfíAs

iLustrAción dE mAPAsenrique domic, Huáscar Morales, ruth silva y daniel robinson

Citación sugerida: Central de Pueblos indígenas de la Paz (CPilaP). 2009. Propuesta de Cogestión del Parque nacional y Área natural de Manejo integrado Madidi. CPilaP y WCs. la Paz, Bolivia.

depósito legal:

isBn:

impreso en: imprenta sagitariola Paz, Bolivia2009

CONTENIDO

Presentación ______________________________________________________________5

AntEcEdEntEs dEL PArquE nAcionAL y árEA nAturAL dE mAnEjo intEGrAdo mAdidi

Marco legal de creación del Madidi __________________________________________7Características generales del área de Madidi ____________________________________9Proceso de gestión del Parque nacional y Área natural de Manejo integrado Madidi __10

Contexto histórico de la región de Madidi __________________________________10antecedentes y proceso de gestión del Madidi ______________________________13Conflictos enfrentados en el proceso de gestión de Madidi _____________________15situación actual de la gestión de Madidi ___________________________________16

actores sociales vinculados a la gestión de Madidi ______________________________17los pueblos indígenas y comunidades campesinas originarias de la región de Madidi ___18relaciones entre actores sociales vinculados con la gestión de Madidi _______________20

LA ProPuEstA dE coGEstión dEL PArquE nAcionAL y árEA nAturAL dE mAnEjo intEGrAdo mAdidi

Marco legal y político de la propuesta de cogestión de Madidi _____________________25Proceso de construcción de la propuesta de cogestión de Madidi __________________28Marco conceptual de la propuesta de cogestión de Madidi _______________________30justificación de la propuesta de cogestión de Madidi ____________________________31Composición, estructura y funciones de la instancia de cogestión de Madidi __________34

estructura propuesta de cogestión de Madidi _______________________________34Funcionamiento de la instancia de cogestión de Madidi _______________________34Funciones de la instancia de cogestión de Madidi ____________________________35

relacionamiento con otras instancias de participación en la gestión de Madidi ________36Comité de gestión ____________________________________________________36Convenios de coadministración __________________________________________38Coordinadora interinstitucional __________________________________________39instancias de Participación a nivel nacional ________________________________39

Bibliografía consultada _____________________________________________________41

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PRESENTACIÓN

La Central de Pueblos Indígenas de la Paz (CPILAP) es una organización regional que representa a las siguientes organizaciones y comunidades indígenas que habitan el norte amazónico del Departamento de La Paz:

Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA)•

Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo (CIPLA)•

Pueblo Indígena Leco y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL)•

Organización del Pueblo Indígena Mosetene (OPIM)•

Consejo Regional T’simane Mosetene de Pilón Lajas (CRTM)•

Pueblo Indígena Quechua Tacana de San José de Uchupiamonas•

Comunidad Esse Ejja de Eyiyoquibo•

Comunidad Originaria Agroecológica Mosetene de Palos Blancos •

La propuesta de cogestión de Madidi fue desarrollada, entre 2005 y 2007, por el Directo-rio de CPILAP y sus organizaciones miembro, mediante eventos y talleres de análisis para establecer las bases conceptuales e instrumentales para la gestión compartida de Madidi entre el SERNAP y las organizaciones indígenas con derechos territoriales en el área.

Este documento de trabajo fue formalmente presentado por CPILAP al SERNAP en mayo de 2007, y ha sido un insumo importante en el proceso de construcción de un modelo de gestión compartida para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia, aún en pro-ceso de consulta y concertación a nivel nacional.

José Ortiz TorresPresidente de CPILAP

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ANTECEDENTES DEL PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO MADIDI

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ANTECEDENTES DEL PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO MADIDI

Marco legal de creación del Madidi

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi fue creado el 21 de sep-tiembre de 1995, mediante el Decreto Supremo N° 24123, considerando que:

Es deber del Gobierno Nacional, dentro la política de conservación de los recursos –naturales y mejora del medio ambiente, proteger y preservar en forma permanente la diversidad biológica, los recursos genéticos, los ecosistemas primitivos originales, los paisajes naturales y las formaciones geomorfológicas, con el fin de contribuir al desarrollo del país, al mantenimiento de los procesos ecológicos y a la conservación de nuestro patrimonio natural, garantizando las opciones futuras de desarrollo.Los estudios realizados han mostrado la existencia de áreas geológicas de suelos –frágiles de las serranías subandinas y la llanura aluvial de alta fragilidad, no aptas para la actividad agrícola y pecuaria.El área corresponde a una de las de mayor pluviosidad del sistema subandino, con –cuencas y cabeceras de cuenca muy frágiles y pendientes muy inclinadas;Los ecosistemas presentes constituyen muestras importantes y representativas del –ambiente altoandino, los yungas bolivianos y la amazonía, ausentes en otras áreas protegidas del país, y en las que se encuentra una gran diversidad de ecosistemas ricos en especies de flora y fauna, constituyéndose en la zona de mayor biodiversidad del país; además de incluir destacados monumentos arqueológicos.El área a ser declarada incluye además, en la región de Asariamas, una de las zonas –de bosque seco montañoso mejor conservado de Sudamérica.Las poblaciones indígenas takana, quechua originaria y otras han vivido en la zona, –desde tiempos inmemoriales, y han expresado su deseo de participar en el desarrollo de un área protegida y su apoyo a la creación de ésta, así como al desarrollo de acciones de conservación que incorporen sus derechos ancestrales.

De acuerdo al artículo 4° del D. S. N° 24123, los objetivos del PNANMI Madidi son los siguientes:

La protección permanente de muestras de ecosistemas prístinos y de extraordinaria a) biodiversidad representativa de la Amazonía y los Yungas y de recursos genéticos y especies de importancia para la conservación.

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La protección de formaciones geomorfológicas y paisajes singulares de la cordillera b) Real, serranías subandinas, pie de monte y llanura aluvial.La protección de cuencas hidrográficas, en especial de las cabeceras, considerando la c) elevada pluviosidad que recibe la mayor parte del área, topografía caracterizada por abruptas pendientes y suelos extremadamente frágiles.La protección y resguardo de la riqueza cultural de antiguas poblaciones coloniales d) y de los valores e interés arqueológico del área.Promover el uso sostenible de los recursos naturales por parte de las poblaciones que e) tradicionalmente lo habitan con miras a obtener una mejora de su calidad de vida y acceso a los beneficios derivados de la conservación y manejo del área.Contribuir al resguardo del patrimonio cultural y al rescate de las técnicas y sistemas f ) tradicionales de uso de recursos de los habitantes originarios.Promover la utilización y recuperación de tecnologías y sistemas tradicionales de uso g) de recursos, así como formas alternativas que mejoren la producción y contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población local.Promover actividades productivas en las zonas del área natural de manejo integrado, h) que se enmarquen en los objetivos de la conservación y del desarrollo sostenible y que demuestren constituir experiencias demostrativas no atentatorias o dañinas a los ecosistemas y sus procesos.Brindar amplias oportunidades para la recreación en la naturaleza, el ecoturismo, i) interpretación ambiental y la educación ambiental.Brindar oportunidades para la investigación científica y el monitoreo de procesos j) ecológicos.

Características generales del área de Madidi

Según el decreto de creación, Madidi tiene una superficie total de 1.895.750 ha, de las cuales 1.271.500 ha corresponden a la categoría de parque nacional (dividida en dos áreas, una de 1.046.750 ha, al norte, y otra de 224.750 ha, al sur) y 624.250 ha a la categoría de área natural de manejo integrado (situada en la parte central del área). Sus límites se encuentran entre los 12°30’ y 14°44’ de latitud sur y entre los 67°30’ y 69°51’ de longitud oeste. El área de Madidi está ubicada en el Departamento de La Paz, en las provincias Abel Iturralde, Franz Tamayo y Bautista Saavedra, ocupando parte de la jurisdicción de los municipios de Ixiamas, San Buenaventura, Apolo, Pelechuco y Curva.

En Madidi están establecidas 31 comunidades (9 en el área del parque y 22 en el de área natural de manejo integrado), principalmente de origen quechua, takana y leco, con una po-blación aproximada de 3.700 habitantes (22% en el área del parque y 78% en el de de área natural de manejo integrado). Se superpone con 4 tierras comunitarias de origen (TCO): San José de Uchupiamonas, Tacana I, Lecos de Apolo y Lecos de Larecaja, y colinda con la TCO Tacana II. En sus proximidades se encuentran las TCO Araona y Mosetene.

Asimismo, el área de Madidi constituye el eje en torno al cual se vinculan las áreas pro-tegidas de Apolobamba y Pilón Lajas, en Bolivia, y Bahuaja Sonene y Tambopata, en Perú,

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alcanzando en conjunto una superficie de alrededor de 5 millones de hectáreas declaradas legalmente como áreas protegidas.

Madidi es el área protegida con mayor diversidad biológica en Bolivia y una de las más importantes a nivel mundial. Posee un rango altitudinal único, entre 180-5.760 msnm, desde las pampas del Heath hasta la cordillera nevada de Apolobamba, dando lugar a condiciones climáticas diversas y al desarrollo de una gran variedad de ecosistemas y de especies de flora y fauna. Según datos del Plan de Manejo de Madidi y de Wildlife Conservation Society (WCS), en el área se han registrado hasta el momento 4.738 especies de plantas superiores (30% de las plantas registradas para Bolivia), 31 de las cuales son endémicas del área; 917 especies de aves (y se espera que este número se incremente en 1.050 especies), lo que la convierte en el área protegida con mayor diversidad de aves en el mundo; y 156 especies de mamíferos (es posible que se lleguen a registrar 200 especies), que incluyen nuevos registros de primates, venados y felinos para Bolivia y la ciencia (WCS, 2008).

Proceso de Gestión del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado MadidiContexto histórico de la región de Madidi

Época prehispánica: Desarrollo cultural de los pueblos indígenas que se establecieron en los bosques montanos, de piedemonte y de la llanura amazónica, entre ellos los Leco, Agua-chile, Uchupiamona, Ipamaino, Saparuna, Marcani, Takana, Araona, Isiama, Toromona y Pacahuara. Cultivaban maíz, yuca, ajíes, camotes, y practicaban la caza, pesca y recolección. Para hacer frente a la guerra y comercializar sus productos, establecían alianzas entre pueblos. El comercio con la puna se realizaba a través de los Kallawayas y de los residentes mitimaes en la zona de yungas. Con la penetración incaica (siglo XV), se construyeron caminos y se establecieron nuevos asentamientos, intensificándose los vínculos culturales y comerciales entre la montaña y la puna.

Época colonial (1538-1825): Ingresos de conquista y con fines de evangelización, con la finalidad de explorar el potencial de riquezas minerales, fundar poblaciones y dar inicio a la catequización de los pueblos indígenas. Entre los siglos XVII y XVIII, se establecieron las misiones de Apolobamba, a cargo de la orden franciscana, a partir de la reducción de los indígenas. Esta política misional dio lugar con el tiempo a la desaparición de varios grupos étnicos, a una síntesis cultural y a modificaciones en los sistemas productivos, con la intro-ducción de nuevos productos agrícolas (plátano, arroz, tabaco, azúcar) y de ganado vacuno, ovino y equino. En 1800, las misiones se secularizaron y pasaron a depender de la intendencia de La Paz.

Inicios de la República y auge de la quina (1825-1880): A inicios de la República la pobla-ción asentada en el norte de La Paz era mayoritariamente indígena: Leco, Apolista, Tacana, Araona, Toromona y Guarayos,, y económicamente autosuficiente, aunque en la zona de va-lles se encontraban poblaciones quechuas. Alrededor de 1832, se produjo el auge de la quina, con la extracción de la cascarilla en Apolo, Atén, Santa Cruz del Valle Ameno, Pata y Mojos,

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que duró hasta 1880. Es el comienzo de la inmigración de familias criollas y extranjeras a la región, el establecimiento de haciendas y la introducción de prácticas no sostenibles de ex-plotación de los recursos naturales.

El primer siglo de la República supuso la mercantilización de la economía regional, el inicio de la colonización de las tierras bajas, el surgimiento de grupos de poder regional y la transformación del espacio y de las características culturales de los pueblos indígenas.

Auge de la goma (1880-1917): La explotación de la goma en la región de Madidi generó impactos que afectaron principalmente a las comunidades indígenas, debido al tráfico de mano de obra indígena, al sistema de habilito o endeudamiento y a la pérdida de sus espacios territoriales, generando servidumbre, desplazamiento y el abandono de pueblos.

El establecimiento de centros gomeros trajo consigo un fuerte proceso de colonización, la dotación de concesiones y la delimitación de propiedades privadas, concentrándose en pocas manos la riqueza que se producía en la región.

Desarrollo de las haciendas y auge del oro (1917-1964): En este período, la economía de Caupolicán se organizó en torno a las haciendas productoras, principalmente de coca, caña de azúcar y ganado, que se ubicaban a lo largo de los caminos y próximas a los pueblos. Alrededor de estas haciendas, las comunidades indígenas desarrollaron sus actividades eco-nómicas relacionadas con la producción de café, caña, yuca y arroz, y la recolección de cacao, vainilla, incienso, quina y goma, en pequeña escala.

Por otra parte, durante esta época, se incrementó la importancia de la producción aurífera, a través de las concesiones otorgadas a los empresarios mineros, principalmente en Tipuani, Maripi y Guanay, generando un significativo crecimiento poblacional en la región por mi-graciones provenientes del norte de La Paz y de otras zonas más alejadas, y una dinámica económica que convirtió a estos centros en lugares importantes de consumo. La migración afectó también a las comunidades takanas y lecos, ya que un grupo importante de familias llegó a desplazarse hacia estas zonas mineras.

A partir de la segunda mitad del siglo XX, con la Revolución de 1952, los procesos de cambio se profundizaron y la región se constituyó en un objetivo de las políticas de coloniza-ción y de diversificación económica, dando lugar a la llegada de pobladores procedentes del altiplano y valles, a la dotación de importantes extensiones de tierra a empresas y personas in-dividuales y al ingreso de empresas madereras, lo que generó significativos impactos ambien-tales, culturales y sociales. Asimismo, con la reforma agraria las comunidades comenzaron a organizarse en sindicatos agrarios reemplazando las estructuras tradicionales de organización y autogobierno indígenas.

Exportación de cueros de animales silvestres (1964-1985): La demanda de cueros en el mercado internacional, dio lugar a un nuevo auge económico basado en la caza indiscrimina-da y comercialización de pieles de animales silvestres (lagartos, felinos, londras, chanchos de tropa), promovida por comerciantes del lugar y aprovechando los conocimientos y prácticas de cacería de los pueblos indígenas. El uso de armas de fuego y la intensidad de esta actividad, condujo a la disminución de las poblaciones de las especies sujetas a una mayor presión de cacería o a su exterminio en determinadas zonas, como ocurrió en el caso de la londra en el área de Pilón Lajas.

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MAPA 2. UBICACIÓN HISTÓRICA DE PUEBLOS INDÍGENAS

Silva, et. al., 20021

1 2002. Ruth Silva, Daniel Robison, Sheila McKean y Patricia Álvarez. La historia de la ocupación del espacio y el uso de los recursos en el PNANMI Madidi y su zona de influencia. Agroecología Sierra y Selva, CARE, WCS, SERNAP.

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La “Marcha al Norte” (1971-1995): Impulso de una política de desarrollo a partir de tres megaproyectos: el ingenio azucarero de San Buenaventura, la Central Hidroeléctrica de El Bala y la exploración-explotación hidrocarburífera, complementados con la apertura de ca-minos y la distribución de tierras. Si bien ninguno de estos proyectos prosperó, las expecta-tivas generadas por CORDEPAZ alrededor de los mismos y la apertura de caminos promo-vieron la llegada de grupos de colonizadores quechuas y aymaras y la entrega de importantes extensiones tierra para la agropecuaria y la explotación forestal. Los territorios tradicionales de los pueblos indígenas fueron afectados, reduciéndose sus áreas de cacería y recolección de productos, y se generaron cambios demográficos y sociales significativos en la región.

Reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y establecimiento de políticas de con-servación de la biodiversidad (1990 a la fecha): En agosto de 1990 se produce la “Marcha Indígena por el Territorio y la Dignidad”, un hito histórico que transformó a la sociedad boliviana. A partir de la marcha los pueblos indígenas del oriente boliviano asumen un nuevo liderazgo y replantean sus relaciones con el Estado; sus demandas son incorporadas en la legislación y sus acciones influyen de manera significativa en las políticas de conservación y desarrollo.

Asimismo, en los años noventa se generan cambios fundamentales en las políticas estata-les, reconociendo el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad boliviana y los dere-chos sociales, organizativos y territoriales de los pueblos indígenas, principalmente mediante la titulación de Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Asimismo, la promulgación de la Ley de Medio Ambiente (1992) da lugar al establecimiento del marco normativo e institu-cional de la gestión ambiental y a la aplicación de políticas orientadas a la organización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la planificación ambiental, el ordenamiento territorial y el control de la calidad ambiental. El establecimiento e inicio de gestión de áreas protegidas de importancia nacional: Madidi, Apolobamba y Pilón Lajas, y el reconocimiento legal de tierras comunitarias de origen (TCO) en el norte de La Paz, ha permitido generar experien-cias valiosas de gestión territorial y de manejo de recursos naturales para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible.

Antecedentes y proceso de gestión del Madidi

Los hitos más importantes del proceso de creación y gestión del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, han sido los siguientes:

Creación de Madidi: Aunque la creación del área protegida se justificaba plenamente por sus valores biológicos, ecológicos, paisajísticos y culturales, era importante contar con la acep-tación de los actores locales para establecerla y asegurar su participación en la gestión. Con esta finalidad, las actividades de manejo se orientaron principalmente al desarrollo de las po-tencialidades económicas del área, relacionadas con el ecoturismo y el aprovechamiento sos-tenible de recursos naturales. Sin embargo, los altos niveles de pobreza de la región, sumada a una visión de desarrollo de corto plazo que incentiva la explotación sin planificación de los recursos naturales, dieron lugar a que se generasen expectativas mayores sobre los beneficios reales y posibilidades de Madidi, desencadenando posteriormente fuertes presiones sobre la

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administración del área para que atendiera las diferentes demandas sociales, sin contar para ello con las competencias, recursos y capacidades necesarias.

Inicio de la gestión de Madidi: Entre 1996 y 1998, se empezaron a realizar las actividades de gestión de Madidi, centrando los esfuerzos en la consolidación del programa de protec-ción para sentar presencia del Estado en el área y para lograr un nivel aceptable de control sobre la extracción ilegal de los recursos naturales, sobre todo de la madera.

Acciones iniciales de participación social en la gestión: Entre 1998 y 2001, se iniciaron las primeras acciones vinculadas al desarrollo local en respuesta a las demandas de los actores sociales para la generación de alternativas y al compromiso asumido por el Estado en el mo-mento de creación de Madidi. Estas acciones se dirigieron principalmente a la dotación de agua en más de 20 comunidades y al desarrollo de actividades de turismo, como ha sido el caso de Chalalán. Hasta ese momento, la participación social en la gestión del área era aún limitada, y la definición de competencias y roles entre la administración del área y los actores locales, no establecían responsabilidades claras. En muchos casos los gobiernos municipales se constituían en parte de las demandas y no en una contribución estatal a la solución de los problemas

Proceso de gestión integral de Madidi: A partir de 2001, los esfuerzos se orientaron al for-talecimiento de la participación social en la gestión del área, mediante la reestructuración del Comité de Gestión, la conformación de la Coordinadora Interinstitucional y la definición de funciones y competencias más claras de los actores involucrados en la gestión del área pro-tegida. La elaboración participativa del plan de manejo contribuyó a incorporar a los actores sociales, particularmente a las organizaciones sociales con derechos territoriales en el área, en el análisis de la problemática y potencialidades de Madidi, la planificación integrada y la participación social en la implementación de las actividades programadas en el plan.

Las demandas de apoyo al desarrollo de iniciativas económicas se mantuvieron y surgieron nuevos conflictos vinculados con la tierra y la construcción de grandes obras y proyectos de desarrollo (caminos, hidrocarburos, turismo), varios de ellos presentados, por algunos secto-res de la población, como ofertas políticas preelectorales o como parte de las reivindicaciones regionales históricas, como ha sido caso de los caminos de Apolo-Ixiamas y de Ixiamas-Puerto Heath. En muchos casos, estos proyectos, sobre todo de infraestructura caminera, estuvieron ligados a intereses de determinados grupos económicos locales para el acceso a recursos naturales, principalmente maderables.

Hacia una gestión compartida de Madidi: A partir de 2005, el principal desafío de Madidi consistió en comprometer e involucrar de manera más efectiva a los actores locales en su gestión, ya que las amenazas a la conservación del área (colonización, explotación ilegal de recursos naturales, depredación de zonas de alto valor biológico y otros), no podían ser con-troladas únicamente por las instituciones del Estado, para ello se requería un sólido respaldo de las comunidades que tradicionalmente habitan en el área protegida y que tienen derechos territoriales preconstituidos sobre ésta.

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Conflictos enfrentados en el proceso de gestión de MadidiLos conflictos en Madidi se produjeron principalmente por la extracción de madera, el sa-

neamiento de tierras, la construcción de caminos y el turismo descontrolado. Las causas que dieron lugar a los conflictos estuvieron relacionadas con la contravención de normas legales, las dificultades de coordinación de las entidades estatales en sus distintos niveles (nacional, departamental y municipal), la falta de capacidades técnicas y financieras para la aplicación de políticas y normas estatales (competencias, manejo de información, articulación de los procesos de planificación: planes de desarrollo municipal, planes municipales de ordenamien-to territorial, planes de manejo de áreas protegidas, planes de gestión territorial indígena), la oposición de determinados sectores económicos a la gestión del área, la vulneración de dere-chos de sectores minoritarios o marginados y las condiciones socioeconómicas complejas.

Entre los principales conflictos enfrentados en el proceso de gestión del área, se pueden mencionar los siguientes:

Conflictos por la ejecución de proyectos de infraestructura caminera (Apolo-•Ixiamas, Asariamas-San Fermín, Ixiamas-Puerto Heath), sin considerar criterios de viabilidad técnica, económica, social y ambiental, ni una adecuada valoración de los impactos potenciales provocados en los mismos ámbitos.

Conflictos por el acceso y tenencia de la tierra, particularmente en relación al •saneamiento y titulación de tierras comunitarias de origen (TCO) y a la ocupación ilegal de tierras.

Conflictos por el acceso y uso de recursos naturales renovables, principalmente la •madera, de manera ilegal e insostenible.

Conflictos por la demanda o ejecución de proyectos de uso y aprovechamiento de •recursos, la distribución de beneficios y el acceso preferencial o exclusivo de los mismos, como por ejemplo en áreas turísticas.

Conflictos relacionados con la explotación de recursos naturales no renovables •(hidrocarburos, minería), por la superposición de derechos territoriales con derechos de explotación de recursos (concesiones versus Tierras Comunitarias de Origen), o por la incompatibilidad de los usos propuestos, como en el caso de hidrocarburos, con la conservación del área.

Conflictos por demandas sociales sectoriales en temas ajenos a las competencias de •la dirección del área (salud, educación, caminos, producción), utilizando la agresión a Madidi como un mecanismo de presión para lograr la atención del Estado a través de sus instancias competentes.

Conflictos por intereses de carácter político-partidarios, principalmente para crear •plataformas políticas y ofertas preelectorales de potenciales candidatos.

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Conflictos por límites y jurisdicciones político-administrativos no definidos (Apolo-•Pelechuco, San Buenaventura-Ixiamas, Apolo-San Buenaventura).

Los diversos conflictos enfrentados en Madidi, especialmente los que se produjeron a partir de 2005, por demandas relacionadas a la vinculación caminera, el inicio de actividades hidrocarburíferas, la paralización del saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen y la anulación de las tituladas (Takana I, Lecos Larecja, Lecos Apolo y Uchupiamonas), han generado un proceso de debilitamiento de la gestión del área, pérdida de oportunidades y tensiones entre actores sociales. Varios de estos conflictos han sido articulados por sectores de las áreas urbanas, contando para ello con el respaldo de campesinos con expectativas de acceso a la tierra y los recursos naturales en Madidi, y secundados por madereros con presen-cia en la región. En ningún momento existió voluntad de diálogo para resolver los problemas, adoptándose en algunos casos medidas contrarias a la justicia, como la toma y destrucción de oficinas, campamentos, trancas de control y vehículos; la agresión y expulsión del personal de protección; y la realización de actividades ilegales dentro de Madidi (extracción de madera, cacería, establecimiento de asentamientos humanos).

Los conflictos relacionados con la construcción de caminos dentro del área de Madidi, impidieron la aprobación del plan de manejo del área, concluido en 2003, por el Comité de Gestión, a pesar de contar con la aprobación técnica del SERNAP y de constituirse desde entonces en el instrumento referencial para la formulación de los planes operativos anuales.

Situación actual de la gestión de Madidi

Los conflictos ambientales en Madidi coincidieron con el período de ruptura institucional del SERNAP, ocurrido entre 2005 y 2006, lo que impidió su atención oportuna y la resolu-ción de los problemas, así como la falta de continuidad de las actividades programadas, sobre todo en relación con la promoción de iniciativas económicas y la comunicación con los acto-res locales. Sin embargo, las movilizaciones de las organizaciones sociales de las áreas prote-gidas, en defensa de la continuidad de la gestión del SNAP, dieron lugar al nombramiento de una Dirección Ejecutiva Indígena de consenso, a partir de agosto 2006, y al planteamiento de una nueva política de desarrollo del Sistema, definida en el documento “Nuestra Agenda para el Cambio”.

La contratación del nuevo personal del área (director, jefe de protección y miembros del cuerpo de protección), mediante procesos institucionalizados de selección de personal, con-tribuyó a recomponer progresivamente las labores básicas de gestión de Madidi y a fortalecer la presencia institucional del SERNAP en el área.

Los procesos de cambio que actualmente se están generando en el país plantean la nece-sidad de encarar nuevos desafíos para involucrar de manera efectiva a las organizaciones so-ciales y comunidades en la gestión compartida del PNANMI Madidi, estableciendo alianzas entre el Estado y los actores sociales locales, con derechos territoriales preconstituidos en el área protegida, para que, en un marco de corresponsabilidad, se puedan afrontar en mejores

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condiciones los conflictos y las amenazas que ponen en riesgo la estabilidad y continuidad del área protegida, así como potenciar las oportunidades de su gestión.

De igual manera, en esta nueva etapa de gestión de Madidi y de la agenda estratégica del SERNAP, es de vital importancia rearticular la coordinación y el apoyo institucional técnico y financiero, para dotar de coherencia las actividades que se desarrollen en el área, a partir de una visión común y de una agenda concurrente y enmarcada en el plan de manejo del área.

Actores sociales vinculados a la gestión de Madidi

En el año 2002, la Dirección del PNANMI Madidi realizó un diagnóstico de los actores sociales vinculados con el área protegida, con la finalidad de contar con las bases técnicas suficientes para proponer una reestructuración del Comité de Gestión. El análisis de actores sociales se basó en 4 criterios que definen los principios de la participación democrática (Lehm et al, 2002), estos criterios son:

Legalidad: Basada en el ordenamiento jurídico vigente del país, establecido por el Estado y reconocido por los actores sociales, en torno al cual se circunscriben las acciones.

Legitimidad: El reconocimiento y apoyo que reciben los representantes de sus bases socia-les, ya sea de manera explícita o difusa, según sus propias creencias y expectativas.

Representatividad: El reconocimiento interno y externo que cuentan los representantes en la negociación.

Cultura democrática: Sistema de valores que sustentan la democracia y orientan las accio-nes.

El análisis de actores en la región donde se encuentra Madidi puso de manifiesto la exis-tencia de una importante red de instituciones y organizaciones sociales. Entre las institu-ciones estatales, se encuentran 2 subprefecturas, 5 gobiernos municipales y las direcciones distritales de salud y educación. Se identificaron 63 organizaciones, algunas de las cuales corresponden a organizaciones femeninas, clasificadas en 9 categorías: comités de vigilancia de las alcaldías municipales, organizaciones sindicales, indígenas y comunales sin afiliación, comités cívicos, entidades de servicios, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamen-tales (ONG). Si bien no todas estas organizaciones participan en el Comité de Gestión de Madidi, constituyen importantes fuerzas sociales que deben ser consideradas para involucrar-las en la construcción de un proyecto colectivo de desarrollo basado en la conservación. Los objetivos del conjunto de las organizaciones de la sociedad civil se dirigen al mejoramiento de las condiciones de vida de la población local; sin embargo, existen diferencias en su enfo-que y en las estrategias utilizadas para el logro de resultados. Asimismo, el análisis realizado muestra que las relaciones entre actores sociales son complejas y dinámicas y que éstas están mediadas por los problemas que enfrentan, las alianzas coyunturales que establecen para el logro de determinados fines y las relaciones entre sus líderes (Lehm et al, 2002).

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El diagnóstico de actores no estableció diferencias entre actores con derechos territoriales preconstituidos sobre la jurisdicción del área protegida y aquellos con vecindad o interés fun-cional, económico o de otra naturaleza sobre la misma, ya que, como se mencionó antes, la finalidad del diagnóstico era aportar insumos para la reestructuración del Comité de Gestión y no para crear una instancia de gestión compartida con responsabilidades y capacidad de decisión.

Los pueblos indígenas y comunidades campesinas originarias de la región de Madidi

El Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi se encuentra superpues-ta con 4 tierras comunitarias de origen (tituladas o demandadas), que cubren el 23% de la superficie del área (ver mapa 3):

TCO Lecos Apolo, parcialmente superpuesta, con 17 comunidades representadas •por la Central del Pueblo Indígena Leco de Apolo (CIPLA), de las cuales 3 hacen uso de los recursos naturales del área (Sarayoj, Irimo y Pucasucho).

TCO Lecos Larecaja, parcialmente superpuesta, con 33 comunidades representadas •por los Pueblos Indígenas Lecos y Comunidades Originarias de Larecaja (PILCOL), de las cuales solamente la comunidad de Chushuara utiliza los recursos naturales del área.

TCO San José de Uchupiamonas, completamente superpuesta con Madidi.•

TCO Tacana I, parcialmente superpuesta, con 20 comunidades representadas por •el Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), de las cuales 7 hacen uso de los recursos naturales del área (Macahua, Santa Fe, San Miguel, Tumupasa, Carmen Pecha, Villa Alcira y Las Mercedes).

Asimismo, colindantes con Madidi o en su área de influencia se encuentran las siguientes tierras comunitarias de origen:

TCO Tacana II, en el límite norte, representada también por el CIPTA. De las 4 •comunidades incluidas en la demanda, 2 de ellas (Las Mercedes y Puerto Pérez) hacen uso de los recursos naturales del área, principalmente de la castaña.

RBTCO Pilón Lajas, en el límite este, representada por el Consejo Regional •T’simane Mosetene. Pilón Lajas es un área de doble condición, creada en 1977 como Reserva de la Biosfera y reconocida en 1992 como territorio indígena.

TCO Araona, ubicada hacia el noreste, en la zona de amortiguación externa de •Madidi.

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Por otra parte, en las zonas del municipio de Pelechuco y Apolo se asientan tradicional-mente 29 comunidades de origen quechua, afiliadas a las centrales campesinas pertenecientes a las Federaciones Sindicales Únicas de Trabajadores Campesinos de la Primera y Segunda Sección (Apolo y Pelechuco), respectivamente, cuya presencia se remonta a la época colonial colonial, lo que les otorga derechos preconstituidos sobre el territorio que ocupan en el área del Madidi.

Este conjunto de actores sociales, con derechos territoriales preconstituidos sobre la juris-dicción del área protegida Madidi, comparten un mismo destino con el área y son los llama-dos a compartir su gestión y la responsabilidad sobre las decisiones políticas y estratégicas que se adopten en la gestión del área, en corresponsabilidad con el Estado.

Relaciones entre actores sociales vinculados con la gestión de Madidi

En general, las relaciones entre los actores sociales vinculados con la gestión del Madidi presentan las siguientes características:

Subsiste una marcada separación entre la población urbana (principalmente •compuesta por ex hacendados o comerciantes) y rural (mayormente conformada por pueblos indígenas y originarios, ya sean campesinos o colonizadores).

El ejercicio del poder aún es detentado por la población urbana, que concentra para sí •la mayoría de las instituciones locales del Estado, aunque en los últimos años se han dado procesos de participación creciente de representantes indígenas y campesinos originarios en la administración pública.

Se mantiene la tendencia de las poblaciones urbanas (o de residentes de los poblados •urbanos de la región en la ciudad de La Paz), representadas principalmente por organizaciones cívicas, de atribuirse la representatividad regional, asumiendo las decisiones del conjunto de la colectividad. En muchos casos, suelen desconocerse los derechos y demandas propias de la población rural (indígena y campesina).

Existen marcadas diferencias entre las visiones de desarrollo de los pueblos indígenas •(caracterizada por un mayor arraigo, pertenencia e identidad territorial y de equilibrio con el entorno), de los campesinos originarios (caracterizada por el ejercicio de la propiedad sobre el suelo y la demanda de exclusividad en el acceso a los recursos naturales) y de los colonizadores originarios (caracterizada por la demanda de reconocimiento, legalidad, posibilidad de expansión y consolidación territorial).

Respecto a la relación de los principales actores sociales locales con el área protegida, se puede destacar lo siguiente:

Gobiernos municipales: En general, la relación de Madidi con los gobiernos municipales ha sido más bien inestable, con altibajos marcados, constituyéndose en algunos casos en parte

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de la demanda y no de la solución, incluso en temas de su propia competencia. Se han dado situaciones en que los municipios optaron por respaldar conflictos en contra del área protegi-da para disminuir las presiones sociales que recaían sobre ellos. Aunque en algunas ocasiones han favorecido la gestión del área protegida promoviendo proyectos conjuntos de beneficio local.

Organizaciones indígenas: La relación de Madidi con las organizaciones indígenas ha sido, en general, de colaboración mutua. En situaciones de conflicto se establecieron alianzas para abordarlos en el marco de la normatividad vigente. El hecho de que exista compati-bilidad legal entre las áreas protegidas y las Tierras Comunitarias de Origen, ha permitido plantear procesos de planificación integral y realizar actividades de manejo de recursos na-turales compatibles con la conservación. Sin embargo, se requieren desarrollar mecanismos más efectivos que faciliten la aplicación de las normas relacionadas con la gestión territorial y la conservación de la biodiversidad y que garanticen que esta compatibilidad legal entre área protegida y TCO sea estable y efectividad en la realidad.

Comunidades originarias establecidas en el interior del área: La relación de Madidi con las organizaciones campesinas tradicionalmente asentadas en el área enfrentó dificultades ya que éstas consideran que los beneficios del área han sido hasta el momento insuficientes, demandando la ejecución de proyectos que compensen a las comunidades las limitaciones o restricciones en el uso de los recursos naturales por las actividades de protección del área. Es-tas demandas, en general, han tenido escasa legitimidad y han sido causa de varios conflictos ambientales.

Comunidades originarias establecidas en la zona de amortiguación del área: Las relaciones de Madidi con las comunidades establecidas en su área de influencia, has sido complejas y han estado determinadas por presiones de algunos sectores para acceder a proyectos de de-sarrollo que compensaran la prohibición de nuevos asentamientos o de aprovechamiento de recursos naturales, o como condición para respetar la integridad física del área.

Población urbana: La relación de Madidi con los comités cívicos (principales represen-tantes de la población urbana) ha estado marcada principalmente por conflictos vinculados a reivindicaciones regionales. En varias oportunidades Madidi fue utilizado por los comités cí-vicos como un mecanismo de presión al Estado para lograr la aprobación de proyectos, como la construcción de caminos, que en muchos casos no eran compatibles con la conservación del área, o para oponerse a la aplicación de políticas sobre todo de saneamiento y titulación de tierras comunitarias de origen.

Organizaciones no gubernamentales (ONG): El prestigio del Madidi se ha convertido en una oportunidad privilegiada de captación financiera, lo que ha motivado la presencia de una gama variada de instituciones no gubernamentales. La mayor parte de estas instituciones ha cumplido un rol importante en la captación de recursos financieros para el fortalecimiento de la gestión del área, contribuyendo en el desarrollo de capacidades de planificación, protección, monitoreo y manejo del ecoturismo, y en la ejecución de emprendimientos comunitarios. Estas acciones han tenido resultados e impactos distintos en términos de costo/beneficio,

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sostenibilidad y apropiación de los procesos por parte de las comunidades. Sin embargo, una de las dificultades enfrentadas ha sido la falta de una agenda común entre las instituciones y el área y de mecanismos efectivos de coordinación, a pesar de la conformación de la Coor-dinadora Interinstitucional, cuyo funcionamiento, sin embargo, no tuvo continuidad y plena aceptación por todas las instituciones presentes.

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LA PROPUESTA DE COGESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO MADIDI

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LA PROPUESTA DE COGESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL Y ÁREA NATURAL DE MANEJO INTEGRADO MADIDI

Marco legal y político de la propuesta de cogestión de Madidi

A partir de la década de los noventa, el Estado boliviano ha promulgado distintas dispo-siciones legales reconociendo los derechos de los pueblos indígenas y originarios, así como la importancia de la gestión ambiental en el país. Las reformas de 1995 y 2004 a la Constitu-ción Política del Estado reconocen el carácter multiétnico y pluricultural de la sociedad boli-viana. El artículo 171° establece el respeto y protección de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas y originarios del territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento soste-nible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones, reconociendo a sus autoridades naturales y originarias de acuerdo a sus usos y costumbres, así como a sus organizaciones mediante la otorgación de la respectiva personalidad jurídica. Asimismo, el artículo 136° señala como bienes de dominio originario del Estado el suelo, el subsuelo y todas sus riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.

La Ley 1257 (1991), que ratifica el Convenio 169 de la OIT, reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar, decidir y a ser consultados sobre aspectos referidos a su desarrollo, garantizando y protegiendo la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida y garantizar su existencia para futuras generaciones.

La Ley 1333 del Medio Ambiente (1992) establece que las áreas protegidas son patri-monio del Estado y de interés público y social, debiendo ser administradas según sus cate-gorías, zonificación y reglamentación en base a planes de manejo con fines de protección y conservación de sus recursos naturales, investigación científica, recreación, educación y pro-moción del turismo ecológico. En el artículo 62° determina que en la administración de las áreas protegidas podrán participar entidades sociales, comunidades tradicionales establecidas y pueblos indígenas, y en el artículo 64° define que la declaración de áreas protegidas es com-patible con la existencia de comunidades tradicionales y pueblos indígenas considerando los objetivos de conservación y sus planes de manejo. Asimismo, el artículo 78° establece que es responsabilidad del Estado crear los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar la participación de comunidades originarias y pueblos indígenas, en los procesos de desarrollo

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sostenible y uso racional de los recursos naturales considerando sus particularidades sociales, económicas y culturales en el medio donde desenvuelven sus actividades.

Por otra parte, el artículo 92° de la Ley de Medio Ambiente dispone que las personas naturales y colectivas tienen el derecho de participar en la gestión ambiental, entendiéndose ésta como el conjunto de decisiones y actividades, orientadas a los fines del desarrollo soste-nible, que incluyen, entre otros, los siguientes aspectos:

Formulación y establecimiento de políticas. –Establecimiento de normas y regulaciones jurídico-administrativas. –Definición de competencias y participación de sectores. –Instancias de participación ciudadana. –Administración de recursos económicos y financieros. –Fomento a la investigación científica y tecnológica. –

La Ley INRA garantiza los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y origi-narias sobre sus tierras comunitarias de origen y tierras comunales tituladas colectivamente, considerando sus costumbres o derecho consuetudinario. Establece que la titulación de tie-rras comunitarias de origen es compatible con la declaratoria de áreas protegidas.

La Nueva Constitución Política del Estado, aprobada en enero de 2008, profundiza el re-conocimiento de los derechos particulares de los pueblos indígenas y originarios, y determina derechos relacionados con la gestión de las áreas protegidas. El artículo 30 especifica los dere-chos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesino, que incluyen los relativos a:

La identidad cultural, creencias religiosas, espiritualidades, prácticas y costumbres, –cosmovisiones.La titulación colectiva de tierras y territorios y la protección de los lugares –sagrados.El ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su –cosmovisión.La propiedad intelectual colectiva de saberes, ciencias y conocimientos y a su –valoración, uso, promoción y desarrollo.La educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. –El acceso a un sistema de salud universal y gratuita que respete su cosmovisión y –prácticas tradicionales. La creación y administración de sistemas, medios y redes de comunicación propios. –Que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado y a la participación –en los órganos e instituciones del Estado.Vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los –ecosistemas. La consulta mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de –sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada,

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respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.La participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus –territorios.La gestión territorial indígena autónoma y al uso y aprovechamiento exclusivo de los –recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.

El artículo 289º define la autonomía indígena originaria campesina como el autogobier-no y el ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. El artículo 290º determina que la conformación de la autonomía indígena originario campesina se basa en los territorios ancestrales, actualmente habitados por esos pueblos y naciones, y en la voluntad de su pobla-ción, expresada en consulta, de acuerdo a la Constitución y la ley.

En relación con las áreas protegidas, la CPE define en su artículo 385º que las áreas pro-tegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo susten-table. El artículo 289º establece que es competencia exclusiva del nivel central del Estado las áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado. Por otra parte, el artículo 304º dispone que las autonomías indígena originario campesinas podrán ejercer la compe-tencia exclusiva de administración y preservación de áreas protegidas en su jurisdicción, en el marco de la política del Estado. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas.

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien (2006) se basa en el respeto a la diversidad e identidad cultural, el reconocimiento comunitario, la solidaridad y complementariedad y la demanda de huma-nización del desarrollo, y se funda en la capacidad de fortalecer los vínculos entre las culturas del país y la naturaleza. El plan de desarrollo define como temas transversales de las estrate-gias de desarrollo, la innovación, el manejo del medio ambiente y la equidad social, cultural y de género, y la estrategia de desarrollo productivo establece como uno de sus componentes el de recursos ambientales. El enfoque de la política ambiental del plan busca el equilibrio entre la necesidad de desarrollo y la conservación y se orienta a la generación de conocimientos e innovaciones tecnológicas, a la gestión sostenible e integral de los recursos hídricos, al desa-rrollo del potencial forestal y de la biodiversidad (bienes y servicios ambientales) y a la gestión eficiente de las áreas protegidas.

Los planteamientos de la nueva agenda del SNAP se enmarcan en el Plan Nacional de Desarrollo y en el concepto de “Vivir Bien” y surge del compromiso establecido entre el Es-tado y las organizaciones sociales de las áreas protegidas de promover de manera conjunta la

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gestión compartida del Sistema y de asegurar la participación efectiva de las comunidades en la definición y aplicación de las políticas y estrategias de manejo de las áreas protegidas.

El nuevo enfoque del Sistema establece como principal directriz de su gestión el concepto de “áreas protegidas de la gente”, que significa encarar nuevos desafíos y transformaciones para involucrar a las organizaciones sociales en la administración de las áreas protegidas y en la coordinación de las acciones de conservación y desarrollo en el conjunto del SNAP. Este concepto parte del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y originarios de preservar su identidad cultural, sistemas de valores, conocimientos y tradiciones, institucio-nes propias y espacios territoriales, y se orienta al fortaleciendo de su rol protagónico en la generación de nuevas opciones de desarrollo y en la construcción de una cultura democrática que considere a las áreas protegidas como parte integral del desarrollo de la población local y del país.

Proceso de construcción de la propuesta de cogestión de Madidi

La propuesta para fortalecer y profundizar la participación social en la gestión de Madidi surgió como una iniciativa del Comité de Gestión, consciente de la necesidad de involucrar de manera más efectiva a las organizaciones representativas del área. Se presentaron dife-rentes propuestas de coadministración de Madidi, entre ellas la de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), que fueron analizadas en diferentes reuniones del Comité de Gestión, entre 2005 y 2007.

La propuesta de coadministración elaborada por CPILAP fue inicialmente trabajada en un taller, en junio de 2006, y presentada al Comité de Gestión en la reunión de Ixiamas de ese mismo mes. Sin embargo, este primer paso planteó también la necesidad de analizar con mayor profundidad las implicaciones de la coadministración, puesto que esta modalidad de participación exige a las organizaciones sociales capacidades administrativas y técnicas para gestionar recursos financieros, ejecutar programas y proyectos, presentar balances y estados de resultados de gestión auditados y otras actividades. En este contexto, se consideró que la figura de cogestión podía ser más efectiva ya que, por un lado, aseguraría la participación de las organizaciones sociales y los pueblos en las decisiones políticas y estratégicas de la gestión del PNANMI Madidi, y por otro, permitiría generar paulatinamente capacidades organizati-vas, técnicas y administrativas, para asumir los distintos desafíos y competencias de la gestión territorial. Fue a partir de este análisis que CPILAP llevó adelante la formulación de una propuesta de cogestión de Madidi, como una alternativa de participación privilegiada de los actores con derechos territoriales preconstituidos en el área protegida.

La formulación de esta propuesta se realizó mediante un proceso de análisis y reflexión colectiva, incorporando los diferentes aportes de los encuentros y talleres de los pueblos indí-genas de La Paz y del norte amazónico de Bolivia, realizados entre 2006 y 2007:

Primer Encuentro Continental de Pueblos y Nacionalidades del Abya Yala “De la •resistencia al Poder”, que se llevó a cabo entre el 8 y el 12 de octubre de 2006, en

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cuyas resoluciones se respalda la participación directa de los pueblos indígenas y originarios en la gestión de las áreas protegidas.

Encuentro Departamental de los Pueblos Indígenas del Norte de La Paz, realizado •entre el 13 y 15 de octubre de 2006, en el cual se ratifica el mandato a CPILAP para la preparación de la propuesta de cogestión de Madidi.

Segundo Encuentro Departamental de los Pueblos Indígenas del Norte Amazónico •de La Paz, entre el 6 y 7 de marzo de 2007, en el que se ratifica la necesidad de suscribir un convenio entre CPILAP y el SERNAP para la cogestión de Madidi.

Primer Encuentro-Taller para la Generación de Capacidades de Cogestión y Gestión •Financiera Sostenible, organizado por CPILAP y las organizaciones indígenas afiliadas, y realizado entre el 14 y 16 febrero de 2007.

Trabajo de gabinete del Directorio de CPILAP, entre el 12 de abril y 15 de mayo, •en el que se hicieron los ajustes y complementaciones al documento de la propuesta de cogestión de Madidi.

El 26 marzo de 2007, se hizo entrega al SERNAP de la propuesta preliminar de cogestión, que sirvió de base para el intercambio de ideas y la realización de ajustes y complementacio-nes al documento. Finalmente, el 18 de mayo de 2007, se presentó al SERNAP la versión final de la propuesta. Los planteamientos de cogestión de Madidi se encuentran enmarcados en la Agenda para el Cambio del SERNAP (2006) y en la Estrategia de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) para la Gestión Compartida del SNAP, documento que forma parte del Convenio Marco de Cooperación y Coordinación, suscrito entre el Viceministro de Biodiversidad, Recursos Forestales y Medio Ambiente, el SERNAP y la CIDOB, en octubre de 2007.

La Estrategia de gestión compartida de la CIDOB fue diseñada considerando las ideas fundamentales de la propuesta de cogestión del CPILAP, además de tomar en cuenta otros planteamientos desarrollados en áreas protegidas del SNAP, contribuyendo a orientar el mar-co estratégico y los lineamientos de trabajo para la definición de modelos de gestión com-partida de áreas protegidas entre el SERNAP y las organizaciones indígenas con derechos territoriales, así como la articulación del área con otros actores de la región e instancias de gobierno departamental y municipal.

Marco conceptual de la propuesta de cogestión de Madidi

La Agenda para el Cambio del SERNAP plantea como concepto central del desarrollo del SNAP la gestión compartida de las áreas protegidas con las organizaciones sociales que representan legal y legítimamente a sus habitantes. El Estado, a través de la autoridad com-petente (en sus instancias nacional y descentralizadas) en la gestión de las áreas protegidas, incorporará a las organizaciones, integrando sus valores y prácticas y confiriéndoles el espacio institucional para que puedan participar democráticamente en el manejo de las áreas. La co-

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gestión permitirá que las organizaciones sociales asuman un rol más importante en la gestión de las áreas protegidas y, al mismo tiempo, responsabilidades en la defensa y salvaguarda del patrimonio natural y cultural. La propuesta de cogestión de Madidi se basa en estos princi-pios y se orienta a generar las condiciones necesarias para que CPILAP asuma responsabi-lidades compartidas con el SERNAP en la conservación de los valores naturales y culturales del Madidi, en mérito a su representación de los pueblos indígenas con derechos territoriales sobre el área protegida.

El modelo de cogestión propuesto busca incorporar a las organizaciones sociales con dere-chos territoriales preconstituidos en el área de Madidi, respetando las funciones indelegables del Estado y sus prerrogativas en la gestión de las áreas protegidas, así como los espacios de consulta y articulación con otros actores. Este modelo parte de la necesidad de lograr un ma-yor consenso social en las decisiones, de fortalecer la participación responsable de los pueblos y organizaciones en la gestión del área y de articular los procesos de conservación y desarrollo de las comunidades. Al ser un modelo novedoso, no solamente en el país sino también a nivel internacional, su aplicación exigirá un esfuerzo permanente de aprendizaje y de monitoreo, y una creciente responsabilidad en la toma de decisiones y en la construcción de visiones com-partidas de conservación y desarrollo.

De acuerdo a las consultas y análisis realizados por el SERNAP respecto a la creación de un mecanismo de cogestión de las áreas protegidas, existió coincidencia en los planteamien-tos básicos de varias organizaciones sociales de las áreas protegidas. La cogestión permitirá estructurar de manera coherente la participación de los actores locales en la toma de deci-siones, compartiendo responsabilidades en la definición de políticas, estrategias y normas de gestión, en la ejecución de las actividades de manejo, en el desarrollo de capacidades y en la canalización de inversiones. Una característica del modelo de cogestión es su capacidad de adecuarse al contexto particular (social, cultural e institucional) de cada área protegida, lo cual permitirá una mayor flexibilidad en su diseño, la compatibilidad de visiones y la realización de ajustes permanentes en el proceso, enriqueciéndolo y dotándolo de dinamismo.

La propuesta de cogestión del CPILAP recoge la experiencia de participación desarro-llada en Madidi y basa sus planteamientos en las políticas de gestión del Sistema y en los avances conceptuales, técnicos y normativos generados para fortalecer la participación social en las áreas protegidas.

En este contexto, la cogestión ha sido definida por CPILAP como una instancia privile-giada de participación, conformada por actores sociales con derechos territoriales preconsti-tuidos sobre la jurisdicción de las áreas protegidas, que tienen visiones compartidas respecto a su existencia y conservación y que asumen su gestión en corresponsabilidad con el Estado, con capacidad de decisión en los ámbitos político, estratégico y normativo.

Justificación de la propuesta de cogestión de Madidi

La propuesta de cogestión de Madidi es el resultado de los avances generados en la con-cepción de la participación social en la gestión de las áreas protegidas, tanto en Bolivia como

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en América Latina y a nivel internacional. Hasta la década de los ochenta, la visión que prevaleció en el manejo de las áreas protegidas fue fundamentalmente proteccionista y limi-tada en su visión de participación. A partir de entonces, se comenzaron a cuestionar estos conceptos y a plantear normativas y mecanismos que involucraran a las comunidades en las actividades de conservación y manejo, evolucionando hacia enfoques integrales de gestión, a la promoción del desarrollo sostenible con base en la conservación, y al fortaleciendo de su rol en la toma de decisiones.

La creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Bolivia (1993) estableció como política central la promoción de la participación social para garantizar la conservación de estas áreas, definiendo tres mecanismos para viabilizarla: la firma de convenios de coadmi-nistración, el establecimiento de comités de gestión y la participación en la planificación del área. Este proceso se dio de manera distinta en cada área, dependiendo de las características sociales, la presencia de instituciones, la tenencia de la tierra y la capacidad financiera del Es-tado. La experiencia de trabajo cada vez más estrecha entre el SERNAP y las organizaciones indígenas y originarias, a través de la elaboración de planes de manejo participativos, de las reuniones del comité de gestión y de las actividades de protección y manejo de recursos, con-tribuyeron a establecer alianzas más sólidas y a la definición de agendas conjuntas.

Por otra parte, el proceso de construcción de capacidades de gobernanza en las áreas pro-tegidas, ha demostrado lo siguiente:

La conservación depende, en gran medida, del establecimiento de mecanismos •político democráticos y de instituciones y organizaciones locales que desarrollen sus acciones buscando un equilibrio entre conservación y desarrollo.

Es necesaria la identificación y aplicación de nuevos instrumentos para la participación •social en la gestión de las áreas protegidas.

Se requiere fortalecer los procesos de institucionalización de los espacios de •participación en el marco de la legalidad, representatividad, legitimidad y cultura democrática.

Es fundamental desarrollar mayores capacidades de los actores sociales de base para •una participación efectiva en la gestión del área protegida, apoyando especialmente el fortalecimiento interno de sus organizaciones.

Es imprescindible fortalecer a las instancias responsables de la coordinación •interinstitucional e intersectorial.

Es importante recordar que en la medida en que se conquistan derechos se asumen •también mayores responsabilidades.

Asimismo, las organizaciones indígenas, afiliadas a CPILAP, que presentan esta propuesta de cogestión cuentan con estructuras organizativas y con una alta legitimidad interna y exter-

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na, representatividad y poder de convocatoria ante nuestras bases, lo que es fundamental para poder consolidar un proceso de cogestión. Además, los límites geográficos de los territorios indígenas trascienden los límites municipales y provinciales, lo que permite a las organizacio-nes y comunidades articularse con los procesos de planificación y desarrollo supramunicipal, como los impulsados por la mancomunidad de municipios del norte de La Paz.

Los pueblos indígenas han demostrado que pueden trabajar en el marco del respeto a las leyes, a los acuerdos establecidos y a la libertad de organización. Además, los pueblos indí-genas mantienen lógicas sostenibles en el manejo del espacio y en el aprovechamiento de los recursos naturales, por lo que existen coincidencias y objetivos comunes con la gestión de las áreas protegidas.

En relación al desarrollo de iniciativas de gestión ambiental, los diferentes pueblos indí-genas de Madidi han logrado importantes avances, algunos de los cuales incluyen la formu-lación e implementación de estrategias de desarrollo sostenible, la definición de principios de sostenibilidad ambiental, social y económicas, normativas internas de acceso y uso de los re-cursos, ordenamiento territorial y administración financiera. Entre los principales resultados de la gestión territorial de los pueblos indígenas del norte de La Paz, se pueden mencionar los siguientes:

CIPTA ha desarrollado instrumentos que le están permitiendo coordinar y •orientar técnicamente las diferentes actividades de gestión territorial de la TCO Takana I: Estrategia de Desarrollo Sostenible, manejo de SIG, microzonificación y plan de ordenamiento predial (POP), normas de acceso y uso de los recursos naturales, un fondo de pequeños proyectos. Asimismo, ha promovido iniciativas de aprovechamiento de recursos naturales, un albergue ecoturístico comunal en San Miguel del Bala y actividades de revalorización de la cultural takana.

PILCOL se encuentra implementando una experiencia de gestión del distrito •municipal indígena Lecos Larecaja, y ha desarrollo dos instrumentos de planificación, el Plan de Desarrollo del Distrito Indígena y la Estrategia de Gestión Ambiental, que hacen hincapié en la sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural y cultural.

PILCOL y CIPLA se encuentran desarrollando planes de gestión territorial •indígena en sus TCO.

San José de Uchupiamonas ha implementado una exitosa experiencia de gestión •de un albergue turístico comunal, que es reconocido nacional e internacionalmente como una de las mejores experiencias ecoturísticas en la Amazonía.

San Jose de Uchupiamonas, CIPTA, particularmente la comunidad de San Miguel •del Bala, CIPLA y PILCOL, han participado en actividades de control y vigilancia conjuntas con el cuerpo de protección, en defensa del área protegida y los territorios indígenas.

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Estas experiencias han contribuido de manera significativa a la elaboración de la presente propuesta de cogestión del Parque Madidi, definiendo entre los pueblos una visión compar-tida de desarrollo sostenible y conservación y los instrumentos adecuados para enfrentar el reto de la gestión integral participativa de Madidi. Entre los principales requisitos para llevar adelante este proceso, se encuentra la creación de una instancia que asegure la plena partici-pación de las organizaciones sociales con derechos territoriales y que potencie las capacidades de gestión desarrolladas hasta el momento.

Desde esta perspectiva, consideramos que la propuesta de cogestión de CPILAP se justi-fica por lo siguiente:

Reconocimiento y respeto a los derechos territoriales preconstituidos de los •habitantes de Madidi.

Necesidad de una mayor inclusión de objetivos y visiones de los pueblos indígenas y •originarios en la gestión del área protegida

Aplicación del principio de subsidiariedad del SERNAP referido a la delegación •progresiva de responsabilidades a instancias locales en la gestión de las áreas protegidas.

Apoyo a la gobernabilidad del área y a su sostenibilidad social, institucional y política, •estableciendo un mecanismo que sirva de nexo entre el área protegida y la población local, y que articule y coordine el desarrollo de acciones conjuntas.

Necesidad de garantizar la continuidad y el desarrollo de los pueblos indígenas y •originarios en sus áreas tradicionales de ocupación.

Atención a las demandas sociales y de mayor participación y responsabilidad en •la toma de decisiones políticas y estratégicas relacionadas con la gestión del área protegida.

Necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos de propiedad de la tierra y de •uso de los recursos naturales por las comunidades locales.

Colaboración a las entidades del Estado en las tareas de conservación de los recursos •naturales y de protección del patrimonio de la nación.

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Composición, estructura y funciones de la instancia de cogestión de MadidiEstructura propuesta de cogestión de Madidi

Funcionamiento de la instancia de cogestión de MadidiLa instancia de cogestión de Madidi funcionará considerando los siguientes aspectos bá-

sicos:La instancia de cogestión de Madidi estará conformada por un representante de •cada organización.

Las decisiones se tomarán por consenso. •

Las reuniones se realizarán al menos una vez por mes.•

El director del área actuará de secretario en las reuniones con voz pero no con voto.•

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El funcionamiento interno de la instancia de cogestión se definirá mediante un •reglamento específico aprobado en consenso.

Funciones de la instancia de cogestión de Madidi

La instancia de cogestión de Madidi se sitúa en el nivel de decisión donde se definen las políticas y estrategias de gestión del área y se establecen las responsabilidades de sus miem-bros. Este nivel de decisión actualmente recae en la dirección del área y en la unidad central del SERNAP. Por otra parte, la instancia de cogestión está diseñada para constituirse en un apoyo político para el área ya que contará con una estructura institucional altamente repre-sentativa y legitima. En este marco, la instancia de cogestión de Madidi cumplirá con las siguientes funciones básicas:

Definir políticas y estrategias de gestión para el PNANMI Madidi.•

Proponer normas referentes a la gestión integral del PNANMI Madidi, especialmente •en relación al acceso y uso de los recursos naturales, para su aprobación por la autoridad competente.

En coordinación con el SERNAP, participar en el seguimiento, evaluación y •fiscalización de la gestión integral del área protegida.

Aprobar los instrumentos de planificación y gestión financiera del área.•

Representar a Madidi, conjuntamente la dirección del área, en las gestiones inherentes •a su gestión.

Asegurar el cumplimiento de los objetivos del plan de manejo y la ejecución de las •actividades programadas, dando seguimiento y evaluando el proceso.

Velar para que las decisiones que se adopten sobre la gestión territorial del área •(categoría, zonificación) y su implementación, se realicen en el marco del diálogo y concertación.

Aprobar la firma de convenios o contratos de coadministración y cooperación para •la ejecución de los programas y proyectos del PNANMI Madidi, dando seguimiento a su cumplimiento.

Fiscalizar el funcionamiento de las instituciones que trabajan dentro del área, •mediante la firma de convenios, el registro de sus actividades y la aprobación de planes y programas de trabajo, exigiendo reportes periódicos del resultado de sus actividades.

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A través de los procesos de selección y evaluación establecidos para funcionarios del •Estado, participar con capacidad de decisión en el nombramiento y evaluación del director y del personal técnico, administrativo y de protección del área.

Proporcionar información sobre las actividades del PNANMI Madidi al Comité •de Gestión, a las comunidades de las organizaciones sociales representadas y a otros actores sociales e institucionales de la zona de influencia del área protegida.

Coadyuvar en la articulación de la gestión del área con los distintos niveles estatales: •nacional, departamental y municipal.

Coordinar con las organizaciones aquellas acciones que favorezcan los intereses del •área protegida.

Aprobar informes de gestión y administrativos y remitirlos al SERNAP para su •aprobación y consolidación.

Relacionamiento con otras instancias de participación en la gestión de MadidiComité de Gestión

De acuerdo al artículo 48° del Reglamento General de Áreas Protegidas, el Comité de Gestión es:

La instancia de participación, a nivel de cada área protegida, que incorpora en la –gestión de la misma a los principales actores sociales locales.El órgano representativo de la población local, que participa y coadyuva en la –fiscalización de la gestión del área.

Para la conformación del Comité de Gestión se considera:

Las características de la comunidad local y el reconocimiento de sus organizaciones –por la Ley de Participación Popular.Las formas de representación tradicional y de elección de sus representantes. –

Según el mismo reglamento son funciones del Comité de Gestión:

Participar en la definición de las políticas de manejo del área, así como en la elaboración, –ejecución y evaluación del Plan de Manejo y los Planes Operativos, en el marco de los objetivos del área y de las normas y políticas nacionales y departamentales.Coadyuvar con la dirección del área en la priorización, ejecución y evaluación de los –programas, subprogramas, proyectos y actividades a desarrollarse en el área.

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Colaborar eficazmente en la generación de una participación activa a favor del área –protegida por parte de la comunidad local.Velar por la integridad territorial y la inviolabilidad del área protegida en conformidad –con su categoría y zonificación.Proponer proyectos y actividades destinados a mejorar la calidad de vida de la –comunidad localParticipar en las evaluaciones periódicas realizadas por la Autoridad Nacional o –Autoridad Departamental a la dirección del área.Denunciar ante la dirección del área las infracciones o delitos que sean de su –conocimiento.Poner en conocimiento de la Autoridad Nacional o Autoridad Departamental –problemas inherentes a la gestión o administración, de cualquier índole que se suscitaren al interior del área protegida.Denunciar ante la Autoridad Nacional o Autoridad Departamental de áreas –protegidas cuando conociere sobre las acciones u omisiones de la dirección del área o de la entidad administradora, en perjuicio de los objetivos del área.Fiscalizar la gestión administrativo-financiero de la entidad administradora y/o de –la dirección del área.Participar en la selección de los postulantes a guardaparques. –Participar en la evaluación anual de las actividades que cumplen los guardaparques. –

Si bien la estructura y funciones del Comité de Gestión permiten una participación am-plia de los diferentes actores locales vinculados con el área protegida, su conformación en algunos casos, como en el de Madidi, puede debilitar su legitimidad, ya que la norma no hace una diferenciación entre actores sociales con derechos territoriales preconstituidos y actores que tienen proximidad geográfica o determinada vinculación institucional. La mayor parte de los miembros del Comité de Gestión de Madidi son representantes de entidades cívicas, gobiernos municipales y otras organizaciones sociales que se encuentran en su zona de amortiguación externa, que toman decisiones en nombre de la mayoría de los habitantes de Madidi, sin contar para ello con su respaldo. En algunos casos, estas decisiones han sido contrarias a las políticas y estrategias de conservación del área.

La conformación de una instancia de cogestión no excluiría la participación de otros ac-tores sociales locales relacionados con la gestión del área protegida y su zona de amortigua-ción externa, ya que el Comité de Gestión permitiría incorporar a las entidades municipales, cívicas, organizaciones sociales de base, productivas y gremiales, y a otros actores locales, y continuaría cumpliendo con las funciones definidas en el Reglamento General de Áreas Pro-tegidas, que no entren en conflicto con las funciones propuestas para la instancia de cogestión del área. En caso de conflicto o incompatibilidad de funciones, prevalecerían las funciones de la instancia de cogestión por ser una instancia de decisión política y estratégica.

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Convenios de coadministración

La coadministración es la facultad que otorga el Estado a organizaciones indígenas u ori-ginarias, entidades públicas o privadas sin fines de lucro, entidades académicas u otras, para administrar conjuntamente programas y proyectos de un área protegida. La coadministración no implica la pérdida del ejercicio de las funciones indelegables de gestión: normativas, de fiscalización y de sanción de actividades ilegales. Tampoco le exime de aplicar la normativa legal vigente (salvaguarda a favor del Estado) y busca fortalecer las capacidades locales hacia una apropiación paulatina del área protegida y su gestión.

Según el Reglamento General de Áreas Protegidas, son funciones de las –coadministradoras la planificación e implementación de programas de gestión del área protegida y el manejo del presupuesto asociado. Los convenios de administración compartida, dentro del área comprendida para su ejecución, tendrán por objeto:Actividades de protección y conservación de los recursos naturales y la diversidad –biológica;La administración del acceso colectivo al área protegida, de la infraestructura pública –y de los programas y servicios recreacionales, turísticos y/o educativos prestados por el Estado, con exclusión de las superficies otorgadas en concesiones de uso.Coadyuvar en la fiscalización del cumplimiento del marco regulatorio vigente por –usuarios, permisionarios y concesionarios.

Entre las obligaciones de las entidades con convenios de coadministración, se encuentran las siguientes:

Informar con oportunidad a la autoridad competente la comisión de infracciones –por parte de administrados, permisionarios y concesionarios.Gestionar recursos para la administración a su cargo y afectarlos en su integridad a –esta finalidad.Rendir cuentas trimestralmente o cuando así lo solicite la Autoridad Nacional o –Autoridad Departamental de recursos públicos bajo su administración.Presentar balances y estados de resultados de gestión auditados. –Presentar informes trimestrales o cuando así lo solicite la Autoridad Nacional o –Autoridad Departamento sobre el estado de gestión del área.Participar en programas de capacitación promovidos por la Autoridad Nacional o –Autoridad Departamental.Elaborar el Plan Operativo Anual del área protegida y ponerlo a consideración para –su aprobación por parte de la Autoridad Nacional o Autoridad Departamental.Facilitar la participación y fiscalización del Comité de Gestión. –Participar en la selección del director del área bajo la dirección del área bajo la dirección –de la Autoridad Nacional o Autoridad Departamental, según corresponda.Colaborar en la elaboración del Plan de Manejo bajo criterios técnicos. –

La existencia de una instancia de cogestión no es incompatible con la definición de una relación de coadministración con instancias públicas o privadas o con pueblos indígenas u

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originarios que tengan interés en aportar a la planificación, administración, ejecución, segui-miento y evaluación de programas o proyectos del área protegida, bajo contratos o convenios específicos aprobados por la instancia de cogestión.

Es recomendable que participen en este proceso de coadministración los actores sociales o instituciones que cuenten con experiencia y capacidades probadas para la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas y/o proyectos del área protegida.

Coordinadora interinstitucional

La coordinadora interinstitucional de las áreas protegidas son instrumentos de participa-ción que incorporan a las instituciones que trabajan dentro o alrededor de las áreas protegi-das. Su principal objetivo es lograr la complementariedad temática, espacial y financiera de sus intervenciones, a fin de que éstas beneficien principalmente a la gestión de las áreas pro-tegidas y a las poblaciones locales, para lo cual es importante la consolidación de alianzas es-tratégicas, el establecimiento de agendas de trabajo conjuntas, la concurrencia de inversiones, aprovechando ventajas comparativas del esfuerzo sinérgico y complementario, y valorando la vocación y experiencias institucionales.

Desde esta perspectiva, la conformación de coordinadoras interinstitucionales es compa-tible con la modalidad de cogestión de las áreas protegidas, ya que permite contar con una instancia de articulación de las intervenciones institucionales en el área protegida, y facilita la fiscalización y seguimiento de las actividades de las instituciones presentes en el área por la instancia de cogestión.

Instancias de Participación a Nivel Nacional

Es importante que los esfuerzos locales, a nivel de las áreas protegidas, para establecer espacios formales de participación efectiva de actores vinculados a la gestión de las áreas protegidas, se vea también reflejado en el nivel nacional, mediante instancias dirigidas a in-corporar a estos actores en las decisiones políticas, estratégicas y normativas relacionadas con la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en su conjunto.

Sin embargo, al igual que en el nivel local, es necesario diferenciar en estas instancias aquellos actores con derechos territoriales legal y legítimamente adquiridos en la jurisdic-ción de las áreas protegidas, de otros actores con una vinculación funcional, jurisdiccional o competencial sobre ellas. La definición de instancias privilegiadas de participación, como la de cogestión, no debería limitar o impedir la creación de otros espacios formales de partici-pación, en los que estarían representadas entidades municipales y regionales, organizaciones sociales y empresariales, instituciones académicas, de conservación y desarrollo, y otros vin-culados con la gestión del Sistema.

En el marco descrito anteriormente, la estructura de la gestión del área protegida y de la instancia de cogestión con los otros instrumentos se muestra a continuación:

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PROPUESTA DE CPILAP DE COGESTIÓN DE MADIDI

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Memorias de los siguientes eventos:Primer Encuentro Continental de Pueblos y Nacionalidades del Abya Yala “De la •resistencia al Poder”, 8-12 de octubre de 2006.

Encuentro Departamental de los Pueblos Indígenas del Norte de La Paz, 13-15 de •octubre de 2006.

Segundo Encuentro Departamental de los Pueblos Indígenas del Norte Amazónico •de La Paz, 6 -7 de marzo de 2007.

Primer Encuentro-Taller para la Generación de Capacidades de Cogestión y Gestión •Financiera Sostenible, 14-16 febrero de 2007.