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La Universidad Nacional de la Patagonia ante la crisis más grave de su historia La Asociación de Docentes Universitarios/as (ADU), sede Trelew, comunica a la comunidad universitaria y comunidad en general su mayor y profunda preocupación, ante las irregularidades que se habrían cometido en las actas de exámenes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNP, que ya son de público conocimiento. No hay capital más relevante para una Universidad Pública, que la certificación social del conocimiento que en ella se genera, aprende y transmite. Ello se expresa en la valoración que el conjunto de la sociedad realiza de las acreditaciones que esa misma Universidad da a los estudiantes a medida que van avanzando en la consecución de sus carreras y especialmente cuando, tras grandes esfuerzos, complementan su cursada y reciben los títulos que les aseguran la posibilidad de ejercer su labor en los diversos ámbitos de la vida profesional. Ese capital es el que está puesto en riesgo a partir del escándalo de las actas que se habrían fraguado en la Facultad de Derecho. La no entrega de los libros de actas al Juzgado Federal por parte del Rectorado, el allanamiento que dicho Juzgado debió llevar a cabo para hacerse de estos elementos de prueba, y la posterior denuncia federal por "encubrimiento" y “desobediencia” al decano de la Facultad de Jurídicas y por “omisión ilegítima de los deberes de funcionario público” contra la máxima autoridad de la Universidad, denuncia realizada por la Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia, termina de dibujar un marco de una gravedad institucional sin precedentes en la historia de nuestra Universidad, y con escasos precedentes en el conjunto de las universidades del país. Los conflictos al interior de las universidades argentinas son múltiples, repetidos, y hasta bienvenidos, en el marco de instituciones democráticas, donde se discute, por ejemplo, el destino de los fondos, las prioridades de inversión y las políticas institucionales y educativas a seguir. En esta misma Universidad se han producido denuncias e investigaciones graves contra otras autoridades, por corrupción, faltante de fondos, mal uso del presupuesto público y hasta persecuciones políticas. Pero ninguno de estos hechos pone en duda que al/la abogado/a, historiador/a, ingeniero/a, contador/a, profesor/a, geógrafo/a, etc, que se reciba o se haya recibido por nuestra Universidad, tiene el conocimiento de la totalidad de las materias que aprobó, y es, por lo tanto, capaz de ejercer su profesión con plena capacidad. Es esto lo que el escándalo de Derecho ha puesto en cuestión. Y no sólo para Derecho: el resto de la sociedad que observa esta situación, no diferencia plenamente una Facultad de otra, ni puede conocer los estrictos mecanismos de control que sí existen en otras dependencias de nuestra Universidad. La gravedad reside justamente en que afecta a todos nuestros egresados y nuestros estudiantes, a nuestro futuro como Universidad. Afecta especialmente a aquella mayoría de estudiantes y docentes de nuestras carreras, incluida la de Derecho, que día a día se esfuerzan por enseñar e investigar por aprender y estudiar. Afecta lo que nuestra Universidad produce en laboratorios, centros o institutos de investigación, los programas y proyectos de investigación, la innumerable cantidad de proyectos de extensión o convenios con instituciones del medio, el compromiso con el desarrollo tecnológico, social y ambiental. Afecta al alto número de docentes e investigadore/as que trajinan congresos, jornadas, encuentros y publicaciones presentando sus producciones científicas. Todo el

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Page 1: Pronunciamiento ante la situación de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJBComunicado adu sobre jurídicas

La Universidad Nacional de la Patagonia ante la crisis más grave de su historia

La Asociación de Docentes Universitarios/as (ADU), sede Trelew, comunica a la comunidad universitaria y comunidad en general su mayor y profunda preocupación, ante las irregularidades que se habrían cometido en las actas de exámenes de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNP, que ya son de público conocimiento.

No hay capital más relevante para una Universidad Pública, que la certificación social del conocimiento que en ella se genera, aprende y transmite. Ello se expresa en la valoración que el conjunto de la sociedad realiza de las acreditaciones que esa misma Universidad da a los estudiantes a medida que van avanzando en la consecución de sus carreras y especialmente cuando, tras grandes esfuerzos, complementan su cursada y reciben los títulos que les aseguran la posibilidad de ejercer su labor en los diversos ámbitos de la vida profesional.

Ese capital es el que está puesto en riesgo a partir del escándalo de las actas que se habrían fraguado en la Facultad de Derecho. La no entrega de los libros de actas al Juzgado Federal por parte del Rectorado, el allanamiento que dicho Juzgado debió llevar a cabo para hacerse de estos elementos de prueba, y la posterior denuncia federal por "encubrimiento" y “desobediencia” al decano de la Facultad de Jurídicas y por “omisión ilegítima de los deberes de funcionario público” contra la máxima autoridad de la Universidad, denuncia realizada por la Fiscal Federal de Comodoro Rivadavia, termina de dibujar un marco de una gravedad institucional sin precedentes en la historia de nuestra Universidad, y con escasos precedentes en el conjunto de las universidades del país.

Los conflictos al interior de las universidades argentinas son múltiples, repetidos, y hasta bienvenidos, en el marco de instituciones democráticas, donde se discute, por ejemplo, el destino de los fondos, las prioridades de inversión y las políticas institucionales y educativas a seguir. En esta misma Universidad se han producido denuncias e investigaciones graves contra otras autoridades, por corrupción, faltante de fondos, mal uso del presupuesto público y hasta persecuciones políticas. Pero ninguno de estos hechos pone en duda que al/la abogado/a, historiador/a, ingeniero/a, contador/a, profesor/a, geógrafo/a, etc, que se reciba o se haya recibido por nuestra Universidad, tiene el conocimiento de la totalidad de las materias que aprobó, y es, por lo tanto, capaz de ejercer su profesión con plena capacidad.

Es esto lo que el escándalo de Derecho ha puesto en cuestión. Y no sólo para Derecho: el resto de la sociedad que observa esta situación, no diferencia plenamente una Facultad de otra, ni puede conocer los estrictos mecanismos de control que sí existen en otras dependencias de nuestra Universidad.

La gravedad reside justamente en que afecta a todos nuestros egresados y nuestros estudiantes, a nuestro futuro como Universidad. Afecta especialmente a aquella mayoría de estudiantes y docentes de nuestras carreras, incluida la de Derecho, que día a día se esfuerzan por enseñar e investigar por aprender y estudiar. Afecta lo que nuestra Universidad produce en laboratorios, centros o institutos de investigación, los programas y proyectos de investigación, la innumerable cantidad de proyectos de extensión o convenios con instituciones del medio, el compromiso con el desarrollo tecnológico, social y ambiental. Afecta al alto número de docentes e investigadore/as que trajinan congresos, jornadas, encuentros y publicaciones presentando sus producciones científicas. Todo el trabajo que se socializa cotidianamente desde la extensión, la enseñanza y la investigación hoy está siendo perturbado ante una crisis que pone en riesgo, ni más ni menos. que la certificación social de nuestros conocimientos.

Esperamos que se tome conciencia de la gravedad institucional y social de la situación, y se comiencen a resolver las medidas mínimas de saneamiento necesarias para recuperar la Universidad en crecimiento y expansión que, hasta hace muy pocos años, nos llenaba de orgullo y satisfacción.

Este gremio acompaña a lo/as compañero/as docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas que resultaron afectados/as por las irregularidades mencionadas, y se pone a su completa disposición, asistiéndolos/as en lo que corresponda, amparados/as en la protección de sus derechos como trabajadores/as de la educación universitaria

Nos solidarizamos y acompañamos a las trabajadoras no docentes denunciantes, a los compañeros/as docentes afectados/as denunciantes, a los/as graduados/as que poseen paralizados la tramitación de sus títulos, y a la comunidad universitaria en general, entendiendo que nuestra institución tiene como deber ser transparente y comprometida con la sociedad de la cual forma parte.

URGENTE ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LA FCJ

ACOMPAÑAMIENTO A LOS/AS DOCENTES Y NO DOCENTES UNIVERSITARIOS/AS AFECTADOS/AS

¡POR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA, GRATUITA, DEMOCTRATICA, CIENTIFICA Y DE EXCELENCIA!

ADU-SEDE TRELEW