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PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE BAJA CALIFORNIA
OFICINA EN TIJUANA José Gorostiza 1151
Zona Rio, Tijuana. C.P. 22010
Queja: 07/13
RECOMENDACION: 7/15 Violación a la Libertad, Legalidad y Seguridad Jurídica
En las modalidades Detención Arbitraria, Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia, Ejercicio
Indebido de la Función Pública e Insuficiente Protección de Personas.
Tijuana, Baja California a 25 de marzo de 2015 C. JAIME RAFAEL DIAZ OCHOA PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA PRESENTE.-
La Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja
California, con fundamento en el Artículo 102, Apartado "B", de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 7 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California; 1, 2, 3, 5, 12, fracciones IX, X XI y XIV, 15, 24, 25, 28
32, 35, fracciones III y IV, 36, 37, 38, 39, 40 de la Ley sobre la Procuraduría de los
Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California, así como
1, 2, 3, Fracciones I, IX, X y XI, del Reglamento Interno, ha procedido al examen de
los elementos contenidos en el expediente de queja 07/13, y en vista de los
antecedentes, evidencias, situación actual y observaciones, emite la presente
recomendación.
I.- ANTECEDENTES
Los hechos que iniciaron la presentación de la queja, y que originan la emisión de la
presente recomendación, derivaron de la comparecencia de la C.
XXXXXXXXXXXXXXX en representación de su esposo Juan Vargas Gutiérrez ante
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personal de este organismo quien manifestó “Que el día doce de julio
aproximadamente a las siete de la mañana mi esposo de nombre Juan Vargas
Gutiérrez, salió de nuestro domicilio con destino al seguro social debido a que toda la
noche padeció de un malestar en el brazo derecho, ya que tenia el brazo lastimado y
le habían puesto cita en el seguro para que lo revisara un especialista; pero a los
minutos me llamo de su celular mas no pudo decir nada y lo único que yo alcance a
escuchar eran palabras de mi esposo pidiéndole a los oficiales que le hicieran un paro
para ir primero al seguro a que lo revisaran, mas no alcance a escuchar lo que los
oficiales respondieron y simplemente colgaron la llamada. Después de esa llamada yo
marque al teléfono de mi esposo para saber que era lo que pasaba, el teléfono celular
sanaba y respondieron la llamada pero sin decir nada y yo alcanzaba a escuchar
voces como que estaban en un lugar con muchas personas e inmediatamente
colgaron el teléfono de mi esposo. Acto seguido yo me fui a la comandancia para ver
que sucedía y cuando llegué y pregunte por mi marido diciéndome los oficiales que sí
que efectivamente él se encontraba detenido y que no podía pasar a mirarlo hasta
que saliera de con el medico, me pidieron esperar en la sala en lo que salía y que
ellos me avisarían cuando podía yo entrar a mirarlo y los oficiales le estaban quitando
sus pertenencias un reloj, un cinto, unos lentes, unas llaves, ciento cuarenta y cinco
pesos en efectivo y los cordones del calzado, para entregármelas ya que mi esposo
quedaría detenido ya que había arrojado positivo en el examen de drogas, no
pudieron decirme cuanto tiempo estaría mi esposo detenido ya que no se encontraba
el juez calificador en el momento y no podía ponerle una multa ni hora, que hasta que
llegara los jueces calificadores que apenas venían de Mexicali. Por tal motivo me
retire de la comandancia ya que tenía que ir a trabajar y solo me quedaba esperar que
me dieran noticias de mi esposo para saber a que hora saldría o la multa que le
impondría. A las doce de la tarde que yo salí a mi hora de comer le dije a mi hijo de
nombre XXXXXXXXXXXXXX, que iría a la comandancia a llevarle de comer a mi
esposo, pero mi hijo me dijo que él le llevaría mas tarde. Me regresé a trabajar y como
a las cuatro de la tarde llegó mi hija XXXXXXXXXXXXXXXXXX a mi trabajo
buscándome para darme la noticia de que mi esposo había fallecido. Inmediatamente
acudí a la comandancia a preguntar si lo que me acababa de decir mi hija era verdad,
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me hicieron pasar a una oficina que era del comandante, ya una vez adentro el
comandante me confirmó que la noticia era cierta que mi esposo se había ahorcado
con su camiseta, ya no quise saber mas y solo me retire del lugar”. (foja 3)
En virtud de lo anterior, esta Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección
Ciudadana de Baja California, en fecha quince de julio de dos mil trece, radicó el
expediente de queja número 07/13, avocándose a la integración del mismo.
II.- EVIDENCIAS
Derivado de la substanciación del procedimiento, obran en el sumario las siguientes
evidencias:
1.- Certificación de comparecencia de la C. XXXXXXXXXXXXXXXXX en
representación de su esposo Juan Vargas Gutiérrez, en fecha quince de julio de dos
mil trece ante personal de este Organismo, presentando formal queja en contra de
personal de la Dirección de Seguridad Pública del Municipio de Mexicali zona San
Felipe, por presuntas violaciones a sus Derechos Humanos. (foja 3) Anexando lo
siguiente:
1.1.- Diez impresiones fotográficas a color del agraviado Juan Vargas
Gutiérrez. (foja 7)
2.- Certificación del C. XXXXXXXXXXXXXXXXX en calidad de testigo, de fecha
dieciocho de julio de dos mil trece ante personal de este Organismo. (foja 10)
Anexando la siguiente información:
2.1.- Copia simple de hoja de referencia-contrareferencia a nombre del C. Juan
Vargas Gutiérrez, de fecha veintiocho de mayo de dos mil trece emitido por el Instituto
Mexicano del Seguro Social. (foja 12)
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2.2.- Copia simple del certificado de defunción con número de folio 130012611,
a nombre de Juan Vargas Gutiérrez, emitido por la Secretaria de salud. (foja 13).
3.- Nota periodística del diario www.lacronica.com/policiaca de fecha dieciséis de julio
de dos mil trece, donde aparece la nota “Muere hombre en separos de policía”. (foja
17)
4.- Nota periodística del diario www.lacronica.com/policiaca de fecha diecisiete de julio
de dos mil trece, donde aparece la nota “Investiga la PGJE muertes en separos”. (foja
19)
5.- Certificación de Hechos, de fecha diecisiete de julio de dos mil trece a cargo de
personal de este Organismo, en las instalaciones de la Sub Comandancia zona San
Felipe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. (foja 22) Anexando la
siguiente:
5.1.- Quince impresiones fotográficas digitales en blanco y negro de las celdas
ubicadas en la Sub Comandancia zona San Felipe de la Dirección de Seguridad
Publica Municipal. (fojas 24-38)
6.- Oficio número AOP/068/SF/2013, de fecha dieciocho de julio de dos mil trece,
suscrito por el Lic. Edgar Dueñas Félix, Sub comandante de Policía y Transito Zona
San Felipe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. (foja 41) Remitiendo la
siguiente información:
6.1.- Copia simple del control de novedades de la Sub Comandancia Zona San
Felipe, de fecha doce de julio de dos mil trece, suscrito por el C. Yolanda González
León responsable de barandilla y por el C. Mónico Toribio Villanueva responsable de
turno. (foja 42)
6.2.- Copia simple del parte informativo con número de oficio 710/SF/2013 de
fecha doce de julio de dos mil trece, suscrito por los agentes de la Dirección de
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Seguridad Pública Municipal los CC. Jessica Marisol Benítez Aria, Jorge Artemio
Centurión Aguilar y Lorenzo Mejía del Toro. (foja 47)
6.3.- Copia simple del Certificado de Esencia Psicofisiológico con número de
folio 0019807/13, de fecha doce de julio de dos mil trece a nombre de Juan Vargas
Gutiérrez, suscrito por el C. Médico Dr. Oscar Efrén Zúñiga Rodríguez, adscrito a la
Dirección de Servicios Médicos Municipales. (foja 10)
7.- Oficio número AOP/070/SF/2013, de fecha dieciocho de julio de dos mil trece,
suscrito por el Lic. Edgar Dueñas Félix, Sub comandante de Policía y Transito Zona
San Felipe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. (foja 41) Remitiendo la
siguiente información:
7.1.- Copia simple del rol de servicio de fecha doce de julio de dos mil trece, del
personal de la Sub Comandancia zona San Felipe. (foja 68)
8.- Escrito con número de oficio 766/sf/2013 de fecha veintiséis de julio de dos mil
trece, suscrito por la C. Jessica Marisol Benítez Arias, en su calidad de agente de la
Dirección de Seguridad Publica Municipal, dando contestación a la solicitud de
informe justificado de autoridad. (foja 81)
9.- Escrito con número de oficio JCSF/735/2013 de fecha treinta y uno de julio de dos
mil trece, suscrito por el Lic. Daniel Castro Ibarra, en su calidad de Juez Calificador,
dando contestación a la solicitud de informe justificado de autoridad. (foja 81)
Anexando la siguiente documentación:
9.1.- Copia simple del acta circunstanciada de la Dirección de la Contraloría de
la Sindicatura Municipal, de fecha doce de abril de dos mil trece.
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9.2.- Copias simples de la boleta de internación, formulario de remisión,
certificado de esencia psicofisiológico y orden de libertad a nombre de Adrian Minjarez
García. (foja 98)
9.3.- Copias simples de la boleta de internación, formulario de remisión,
certificado de esencia psicofisiológico y orden de libertad a nombre de Oscar Eleuterio
López Majalca. (foja 102)
9.4.- Copias simples de la boleta de internación, formulario de remisión,
certificado de esencia psicofisiológico y orden de libertad a nombre de Claudio
Alejandro Anguama Lugo. (foja 106)
9.5.- Copias simples de la boleta de internación, formulario de remisión,
certificado de esencia psicofisiológico y orden de libertad a nombre de Jesús Alberto
Rubio Bermúdez. (foja 110)
9.6.- Copias simples de la boleta de internación, formulario de remisión,
certificado de esencia psicofisiológico y orden de libertad a nombre de Rodolfo
Martínez Rodríguez. (foja 114)
9.7.- Copias simples de la boleta de internación, formulario de remisión,
certificado de esencia psicofisiológico y orden de libertad a nombre de Ricardo Varela
Verdugo. (foja 118)
9.8.- Copias simples de la boleta de internación, formulario de remisión,
certificado de esencia psicofisiológico y orden de libertad a nombre de Ángel de la
Cruz Ríos. (foja 122)
9.9.- Copias simples de la boleta de internación, formulario de remisión,
certificado de esencia psicofisiológico y orden de libertad a nombre de Emilio Vázquez
Belina. (foja 126)
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9.10.- Copias simples de la boleta de internación, formulario de remisión,
certificado de esencia psicofisiológico y orden de libertad a nombre de Salvador
Franco Leyva. (foja 130)
9.11.- Copias simples de la boleta de internación, formulario de remisión y
certificado de esencia psicofisiológico a nombre de Juan Vargas Gutiérrez. (foja 134)
9.12.- Copias simples de la boleta de internación, formulario de remisión,
certificado de esencia psicofisiológico y orden de libertad a nombre de Manuel Gálvez
Hernández. (foja 137)
10.- Escrito de fecha veintisiete de julio de dos mil trece, suscrito por el C. José
Abraham Uribe Granados, en su calidad de agente de la Dirección de Seguridad
Publica Municipal, dando contestación a la solicitud de informe justificado de
autoridad. (foja 155)
11.- Escrito de fecha veintisiete de julio de dos mil trece, suscrito por el C. Mónico
Toribio Villanueva, en su calidad de agente de la Dirección de Seguridad Publica
Municipal, dando contestación a la solicitud de informe justificado de autoridad. (foja
161)
12.- Escrito con número de oficio 023/13 de fecha veintiséis de julio de dos mil trece,
suscrito por el Dr. Oscar Efrén Zúñiga Rodríguez, en su calidad de Médico Perito
adscrito a Servicios Médicos Municipales Zona San Felipe, dando contestación a la
solicitud de informe justificado de autoridad. (foja 171)
13.- Escrito sin número de oficio, de fecha veinticinco de julio de dos mil trece,
suscrito por el Lic. Fidel Torres Silva, Agente del Ministerio Publico adscrito a la
Unidad de Investigación Foránea San Felipe. (foja 174) Remitiendo la siguiente
información:
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13.1.- Copia certificada, del certificado de autopsia de fecha doce de julio de
dos mil trece a nombre de Juan Vargas Gutiérrez. (foja 176)
14.- Escrito de fecha seis de agosto de dos mil trece, suscrito por el C. Jorge Artemio
Centurión Aguilar, en su calidad de agente de la Dirección de Seguridad Pública
Municipal, dando contestación a la solicitud de informe justificado de autoridad. (foja
184)
15.- Escrito de fecha uno de agosto de dos mil trece, suscrito por el Lic. Edgar
Dueñas Félix, en su calidad de Sub Comandante de Policía y Tránsito Zona San
Felipe de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, dando
contestación a la solicitud de informe justificado de autoridad. (foja 190)
16.- Escrito de fecha seis de agosto de dos mil trece, suscrito por el C. Lorenzo Mejía
del Toro, en su calidad de agente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal,
dando contestación a la solicitud de informe justificado de autoridad. (foja 201)
17.- Escrito sin número de oficio, de fecha doce de agosto de dos mil trece, suscrito
por el Lic. Fidel Torres Silva, Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de
Investigación Foránea San Felipe. (foja 205)
18.- Oficio número 2325/2012/DADCH, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil
trece, suscrito por el Lic. Francisco X. Martínez Padilla, Director de Contraloría de la
Sindicatura Municipal (foja 209) Remitiendo la siguiente información:
18.1.- Copia certificada de expediente administrativo número
DC/ASP/501/2013, constante de 220 fojas útiles.
19.- Escrito sin número de oficio, de fecha veintiocho de enero de dos mil quince,
suscrito por el Lic. Fidel Torres Silva, Agente del Ministerio Público adscrito a la
Unidad de Investigación Foránea San Felipe. (foja 229)
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III.- OBSERVACIONES
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 1º
párrafo tercero “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y
reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la
ley”; así como en los artículos 14 y 16 de la referida normatividad, que prevé que la
autoridad en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, está obligada a actuar con
apego a la legalidad y seguridad jurídica. Por otra parte el artículo 46 de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California establece
“Todo servidor público debe desempeñar su función, empleo, cargo o comisión
observando siempre los principios de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y
Eficiencia, actuado dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California y las Leyes, Decretos y Acuerdos que de
uno y otra emanen”.
De acuerdo a lo anterior, y derivado del estudio y análisis en conjunto de los hechos y
las evidencias recabadas en el expediente de queja 07/13 sustanciado ante este
Organismo Estatal, se advierte la Violación al Derecho a la Libertad, Legalidad y
Seguridad Jurídica en las modalidades de Detención Arbitraria, Incumplimiento
de la Función Pública en la Procuración de Justicia, Insuficiente Protección de
Persona y Ejercicio Indebido de la Función Pública; atribuibles al Lic. Daniel
Castro Ibarra, Dr. Oscar Efrén Zúñiga Rodríguez así como a los CC. Mónico
Toribio Villanueva, José Abraham Uribe Granados y Jessica Marisol Benítez
Arias, en su calidad de Juez Municipal, Médico y Policías Municipal, pertenecientes a
la Secretaria General de Gobierno, Servicios Médicos Municipales y a la Secretaria de
Seguridad Pública Municipal respectivamente, dependencias del Municipio de
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Mexicali, B. C., en perjuicio de quien en vida llevara el nombre de Juan Vargas
Gutiérrez.
Siendo así, a criterio de esta Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección
Ciudadana de Baja California, quedó acreditado que la actuación de los servidores
públicos Daniel Castro Ibarra Oscar, Efrén Zúñiga Rodríguez, Mónico Toribio
Villanueva, José Abraham Uribe Granados y Jessica Marisol Benítez Arias se
apartaron de lo establecido en la Ley de conformidad con lo señalado en los artículos
ya aludidos al no cumplir con sus obligaciones, en atención a las consideraciones que
se expondrán a continuación:
1.- Violación al Derecho a la Libertad.
1.1.- Detención Arbitraria.
Este derecho humano encuentra sustento legal en el artículo 14 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que claramente estable Nadie podrá
ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho. Asimismo el artículo 16 del referido ordenamiento
constitucional señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
También, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece
en el Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
de su persona.
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Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos manifiesta en su
Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie
podrá ser sometido a detención o privación arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su
libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta.
El derecho a la libertad personal es un derecho fundamental, inherente a la persona
humana, el cual hace parte esencial de su dignidad y garantiza al ser humano su
desarrollo integral, y no puede ser restringido sino por autoridad judicial competente y
por motivos previamente establecidos en la ley.
Asimismo el ejercicio de la función pública tiene límites que derivan de que los
derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y en consecuencia,
son superiores al poder del Estado. El Estado como garante de los derechos humanos,
tiene la obligación de no violar directa ni indirectamente, por acciones u omisiones, los
derechos y libertades de los ciudadanos, por lo que cualquier transgresión a derechos
humanos debe ser severamente sancionada.
Por consiguiente, si el Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se
restablezca a la víctima en plenitud de sus derechos (en cuanto sea posible), puede
afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio de las
personas sujetas a su jurisdicción.
Esta Procuraduría señala que en el presente caso, ha quedado demostrado como es
que el agraviado Juan Vargas Gutiérrez fue detenido arbitrariamente por los agentes
municipales Mónico Toribio Villanueva y José Abraham Uribe Granados, lo anterior en
base al informe justificado que rindieron ante esta autoridad los mismos oficiales, en el
cual ambos manifestaron de manera similar lo siguiente “Siendo las 07:25 horas al
circular en la patrulla 1730 como responsable el supervisor Mónico Toribio Villanueva y
como radio operador el C. agente Uribe Granados José Abraham por la calle ensenada
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hacia el poniente, al llegar a la calle eucaliptos visualizamos una persona del sexo
masculino que venia corriendo por la av. Eucaliptos hacia el norte al tener contacto con
él de frente nos percatamos que era un sujeto del cual tengo conocimiento que vende
droga y es adicto, procedimos a hacerle la parada para efectuarle un chequeo
precautorio haciendo caso a la indicación, al momento de estar en la entrevista con él
se comporta bastante nervioso y alterado, manifestando que tenía tiempo que NO
consumía droga de la denominada (HEROÍNA) por lo que se aseguró por el artículo
8. C. FRACCION XXV deambular en estado de ebriedad en la vía pública o bajo el
influjo de una droga”.
De lo anterior, es claro y evidente que la detención del agraviado se llevó a cabo sin
fundamentos en causas legales, ya que del mismo dicho de los agentes aprehensores
se desprende que el agraviado les había manifestado que tenía tiempo que no
consumía de la denominada heroína, pese a esta manifestación el agraviado fue
detenido ilegalmente y llevado a las celdas de la Sub Comandancia de Policía Zona
San Felipe en donde nunca fue presentado ante el Juez Calificador por no encontrarse
este último en sus oficinas, pese a que se encontraba en turno.
Con todas las evidencias señaladas se demuestra el incumplimiento por parte de los
referidos servidores públicos a lo establecido en La Ley de Seguridad Pública del
Estado particularmente a lo establecido en su artículo 133 “Con el objeto de garantizar
el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia,
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las
Instituciones Policiales se sujetarán a las siguientes obligaciones: fracción XXVI.
Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los
requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables”.
Quedando expuesta la violación al derecho a la libertad de la que fue objeto el
agraviado, es evidente que con el actuar de los Policías Municipales se materializaron
los elementos constitutivos de la detención arbitraria, al realizar una acción que tuvo
como resultado la privación de la libertad del agraviado, realizada por un servidor
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público sin que existiera orden de aprehensión girada por juez competente u orden de
detención expedida por el Ministerio Público en caso de urgencia, o en caso de
flagrancia, por lo que fue ilegal y arbitraria la detención del agraviado al no apegarse a
los requisitos exigidos constitucional y convencionalmente para la detención de
cualquier persona, máxime que este había negado haber consumido drogas, por lo que
no existía motivo para su detención.
Este Organismo enfatiza la necesidad de que todo oficial de policía sea capacitado,
que se explique las situaciones de flagrancia; que se advierta que nadie puede ser
detenido sin orden judicial; pero ante todo que se cree conciencia en estos servidores
públicos que estas prácticas son violatorias de derechos humanos y propician la
comisión de conductas punibles que además desprestigian las instituciones y generan
incredulidad y falta de colaboración en la comunidad.
2.-Violación al Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica.
2.1.- Incumplimiento de la Función Pública en la Procuración de Justicia.
El municipio desempeña un papel importante en el ejercicio de la legalidad y la
seguridad jurídica, al hacerse cargo de las necesidades sociales de la comunidad
mediante la preservación de la paz y el orden público, esto es mediante la impartición
de justicia administrativa en términos de la Norma Fundamental en su artículo 21.
Los jueces calificadores son los facultados de impartir esa justicia, es decir, los
encargados de aplicar correctamente los procedimientos administrativos que se
dirimen en el ámbito de su competencia. Por ende, la compatibilidad del debido
proceso con el respeto a los derechos humanos es absoluta al posibilitar que la
persona cuente en todo momento con el respaldo del Estado cuando se dirime un
conflicto, suponiéndose como requisito básico insustituible en la interacción ciudadana
la consideración de derechos, deberes y obligaciones.
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Asimismo, toda persona que es detenida por presuntas faltas administrativas debe
tener acceso a un procedimiento justo que se impulse con principios rectores, como la
presunción de inocencia, el debido proceso, a ser oído y escuchado, así como el
respeto de su dignidad bajo la protección de su integridad y seguridad personal.
En el presente caso, es evidente que el Lic. Daniel Castro Ibarra incumplió su
obligación al no encontrarse en su lugar de trabajo, lo que impidió que el agraviado
Juan Vargas Gutiérrez tuviera acceso a un procedimiento justo, lo que conllevó que el
agraviado fuera confinado a celdas y sin el cuidado necesario, lo que ocasionó que el
agraviado atentara contra su integridad al utilizar una prenda de vestir para ahorcarse.
Lo anterior en base a la declaración ante este Organismo de la C.
XXXXXXXXXXXXXX esposa del agraviado quien señaló “no pudieron decirme cuanto
tiempo estaría mi esposo detenido ya que no se encontraba el juez calificador en el
momento y no podía ponerle una multa ni hora, que hasta que llegaran los jueces
calificadores que apenas venían de Mexicali”.
En el mismo sentido, declaró el C. XXXXXXXXXXXXXXXX manifestando “[…] llamo a
la Comandancia preguntando por mi padre y me responden que efectivamente se
encontraba detenido, a lo que pregunté si se encontraba el Juez en turno para pagar
la multa y la encargada de barandilla me respondió que no se encontraba que
marcara mas tarde. A la hora vuelco a marcar para preguntar por el juez y la misma
persona me respondió que aun no llegaba, de igual forma realicé tres llamadas mas
en el transcurso hasta las doce del día, hasta la ultima llamada que realice me
comunicaron con Gloria la secretaria de los jueces calificadores, dándome como
respuesta ella que en una hora mas llegaba de Mexicali el juez calificador”.
Asimismo, en el informe justificado que rinden los Policías Municipales José Abraham
Uribe Granados y Mónico Toribio Villanueva señalan en el cuestionamiento que le
hace este Organismo solicitándoles informen la hora en que presentaron al quejoso
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ante el Juez Calificador, estos contestan “en ningún momento ya que no se
encontraba el juez en turno”.
Por su parte, en el informe justificado que se le solicita al Licenciado Daniel Castro
Ibarra en su calidad de Juez Calificador sobre las imputaciones que se le hacen este
manifestó “1.- Siendo las 7:55 de la mañana del día 12 de julio de 3013 le fue
presentado el suscrito C. JUAN VARGAS GUTIERREZ, […] por segunda ocasión fue
presentado el C. JUAN VARGAS GUTIERREZ por la razón antes mencionada para
darle derecho de su debida audiencia toda vez que el suscrito se apega
indiscutiblemente al CODIGO DE ETICA DE LOS JUECES CALIFICADORES DEL
MUNICIPIO DE MEXICALI, B.C. Tal es el caso que una vez que el C. JUAN VARGAS
GUTIERREZ, fue debidamente escuchado en su audiencia exponiendo sus motivos e
inconformidades, el suscrito C. LIC. DANIEL CASTRO IBARRA resolvió basándome
en la manifestación de los oficiales que remiten y el certificado medico, […] que al
ciudadano se le dio el derecho a pagar una sanción administrativa siempre y cuando
el pago de dicha sanción que consistió en una multa de 13 salarios mínimos mas su
respectivo certificado medico fuera realizado por una segunda persona, […] Bajo
protesta de decir verdad manifiesto que el suscrito JUEZ CALIFICADOR LIC. DANIEL
CASTRO IBARRA en todo momento estuve desempeñando mis funciones en las
instalaciones de este H. JUZGADO y en las instalaciones de esta Sub-comandancia
San Felipe, dicho que acredito con la documentación que se anexa al presente
ocurso”.
De lo antes expuesto, si bien es cierto el Juez Calificador anexa una serie de
documentales entre ellas Boletas de Internación y Ordenes de Libertad a nombre de
diferentes personas con la finalidad de acreditar que se encontraba en sus oficinas el
día de los hechos, también es cierto que dichas documentales lo único que tienen en
común es la firma del Juez ya que el llenado de estos documentos tiene una variedad
de letras que cualquier otra persona pudo haber llenado, por lo que dichas
documentales no son elementos de prueba suficientes para acreditar que el servidor
público se encontraba en el Juzgado, aunado a las testimoniales antes descritas en
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donde señalan la ausencia del Juez en su lugar de trabajo, esta Procuraduría
demuestra que el Lic. Daniel Castro Ibarra en el ejercicio de sus funciones incumplió
con su obligación establecida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado de Baja California “Artículo 46.- Todo servidor público debe
desempeñar su función, empleo, cargo o comisión observando siempre los principios
de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia, actuando dentro del
orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California y las Leyes, Decretos y Acuerdos que de una y otra emanen”.
Asimismo, incumplió con lo establecido en el Bando de Policía y Gobierno para el
municipio de Mexicali el cual en su Articulo 11 establece “Los presuntos infractores a
las disposiciones del Bando, Reglamentos y demás disposiciones de carácter
municipal, serán puestos a disposición del Juez, en forma inmediata, el cual deberá
conocer en primer término de las faltas cometidas, resolviendo sobre su situación
jurídica”.
Es indiscutible, que el actuar del Juez Calificador incumplió con las obligaciones
derivadas de la relación jurídica existente entre el Estado y los servidores públicos, ya
que afecto los derechos del agraviado, al vulnerarle su derecho a un debido proceso,
es decir, toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, tendientes a
asegurar un resultado justo y equitativo dentro del proceso, y a permitirle tener
oportunidad de ser oído y hacer valer sus pretensiones frente al juez.
2.2.- Insuficiente Protección de Persona.
Por cuanto hace a nuestro derecho interno, se establece en el artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las autoridades, en
ejercicio de sus facultades y atribuciones, están obligadas a actuar con apego a la
seguridad jurídica, que implícitamente protege la vida y seguridad personal.
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Los instrumentos internacionales han fijado criterios sobre los derechos a la integridad
personal y a la vida, entre ellos se encuentran:
La Convención Americana sobre Derechos Humanos instituye en su “Artículo 7.
Derecho a la Libertad Personal. 1.- Toda persona tiene derecho a la libertad y a la
seguridad personal”.
La Declaración Universal de Derechos Humanos la cual establece “Artículo 3.Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.”
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre marca “Artículo I.
Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos manifiesta “Artículo 6.1.…El
derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido
por la Ley; […] Artículo 9.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad
personal”.
El Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a
Cualquier Forma de Detención o Prisión establece “Principio 2. El arresto, la
detención o prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por
funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin; […] Principio 4. Toda
forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos
humanos de las personas sometidas a cualquier forma; […] Principio 35.1. Los daños
causados por actor u omisiones de un funcionario público que sean contrarios a los
derechos previstos en los presentes principio serán indemnizados de conformidad con
las normas de derecho interno aplicables en materia de responsabilidad”.
Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas señala “Principio I Trato humano Toda persona privada de
18
libertad… será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente,
a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos. En particular, y tomando en cuenta la
posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de
libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán
condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad”.
En base a lo anterior y a las evidencias recabadas por este Organismo, se observa
que la agente de la Policía Municipal Jessica Marisol Benítez Arias incumplió su
obligación de ejercer una debida custodia y vigilancia de vista permanente hacia el
agraviado y demás personas detenidas al encontrarse estos bajo su resguardo, y que
tal omisión llevó a que no se percatara del momento en que el agraviado Juan Vargas
Gutiérrez se quitara la vida, haciéndose evidente la omisión de cuidado por parte del
referido servidor público.
Lo anterior se corrobora con el parte informativo numero 710/SF/2013 en el cual se
establece “Por medio del presente me permito informar que de las 06:00 horas alas
14:00 horas del día de hoy fui asignada al área de separos de esta sub comandancia
de policía y transito, la C. agente Jessica Marisol Benítez Arias, que siendo las 07:50
horas remiten los agentes de policía de nombre Mónico Toribio Villanueva y José
Abraham Uribe Granados al detenido de nombre Juan Vargas Gutiérrez de 57 años
de edad, […] diagnosticado signos y síntomas intoxicación por heroína y sin lesiones
aparentes ni referencia. Quien queda internado en la segunda celda de separos para
cumplir sus horas de arresto correspondiente, a las 10:50 horas solicita el detenido de
hoy señalado a la agente encargada de separos que le hablara al doctor porque se
sentía mal, de la misma manera le comunico al doctor de guardia Oscar Efrén Zúñiga
Rodríguez que checara al detenido Juan Vargas Gutiérrez ya que manifiesta que le
duele el brazo, […] así mismo a las 12:56 horas ingresé a separos para introducir a un
detenido en la celda tres, estando sin novedad los detenidos que se encontraban en
la celda dos, a las 13:20 horas el intendente de nombre Christian Alejandro Manríquez
Medina de 21 años de edad me pide permiso para ingresar a separos para realizar la
19
limpieza correspondiente y se le autorizó acompañándolo a separos y quien es el
primero que observa que una persona del sexo masculino estaba colgada de la celda
numero dos y de inmediato me comenta lo sucedido, corro rápido a pedir apoyo a mis
compañeros”.
Igualmente, declara el C. Manuel Gálvez Hernández quien manifestó “el día doce de
julio de dos mil trece, aproximadamente a las ocho y media de la mañana, fui
ingresado a celdas donde ya se encontraba el Sr. Juan Vargas Gutiérrez y otras
cuatro personas más, […] el Sr. Juan ya se había quejado varias veces de un dolor al
parecer en el estomago, el Sr. Juan le habló a la oficial mujer para que llamara al Dr. y
lo revisara por que ya no aguantaba el dolor, la oficial si se acerco a auxiliarlo junto
con el Dr. Zúñiga, y el Sr. Juan Vargas Gutiérrez le dijo a la oficial si podía llamar a su
esposa para avisarle que le llevara un medicamento, que en sus pertenencias estaba
el teléfono de su esposa, a lo que la oficial le respondió que no podía revisar sus
pertenencias que apenas el juez calificador era el único que podía revisar las
pertenencias para sacar el teléfono, dicho eso la oficial junto con el Dr. se dieron
media vuelta y se retiraron riéndose, el Sr. Juan Vargas Gutiérrez solo se quedo en el
suelo sobre sus rodillas cerca de la reja durante un tiempo, lo único que alcanzaba a
escuchar era como si quisiera vomitar en repetidas ocasiones pero no podía, así se
quedo […] no sabría con exactitud la hora fue cuando escuche la reja de la celda y
entonces desperté mirando que el Sr. Juan Vargas Gutiérrez yacía ahorcado de la
celda utilizando su camiseta para ahorcarse”.
Del informe justificado de autoridad rendido por la oficial Jessica Marisol Benítez Arias
esta refiere que laboró el día doce de julio de dos mil trece, con un horario de seis de
la mañana a las catorce horas, que acudió al llamado del Sr. Juan Vargas Gutiérrez
por que este decía sentirse mal por lo que llamo al medico de guardia el Dr. Zúñiga
quien fue quien lo atendió y que aproximadamente a las 13:20 horas el intendente de
nombre Christian Alejandro Manríquez Medina de 21 años de edad, le pidió
autorización para ingresar a separos para realizar la limpieza correspondiente a su
turno, otorgándole la suscrita la misma y acompañándolo a separos. El servidor
20
publico es quien inicialmente observa que una persona de sexo masculino, estaba
colgada en la celda numero dos, haciéndole mención de la situación, por lo que
inmediatamente la suscrita corro rápido a pedir apoyo a sus compañeros, siendo
estos quienes descolgaron el cuerpo del Sr. Juan Vargas Gutiérrez. Así mismo, hace
una serie de señalamientos en donde enfatiza que el problema no es su desempeño
sino las deficiencias laborales que la rodean para desempeñarlo y concluye
señalando laboralmente no contamos con recursos para desempañar nuestra función
correctamente.
Al respecto, esta procuraduría señala que no existen elementos de prueba que
acrediten que la oficial encargada de celdas estuviera acudiendo constantemente
como es su obligación, a verificar el estado de salud no solo del agraviado si no de
todas las personas que se encuentran privadas de su libertad máxime que había sido
diagnosticado “intoxicación por heroína”, así mismo no se acredita que las celdas
cuenten con un sistema de cámaras de video grabación como auxiliar de los
encargados de vigilancia, sin embargo del mismo dicho de la oficial en su parte
informativo señala que desde las diez treinta que le brindo la atención médica al
agraviado, no es, si no hasta las 12:56 que vuelve a ingresar a celdas a dejar a un
detenido, por lo que se confirma que la oficial pasó varias horas sin verificar el estado
en que se encontraban no sólo el agraviado si no todos los detenidos que tenia bajo
su custodia, incumpliendo con su obligación de velar por la vida e integridad física de
las personas detenidas, facilitando sin su presencia continua que el agraviado
atentara con su integridad física.
De todo lo anterior, se demuestra como es que la oficial Jessica Marisol Benítez Arias,
si bien es cierto no provocó directamente la muerte del agraviado, sus acciones y
omisiones facilitaron que el agraviado tomara la decisión de privarse de la vida.
Es de suma importancia, señalar que el Municipio de Mexicali no cuenta con un
Ordenamiento jurídico que regule la administración y funcionamiento de las áreas de
internación a celdas en las Sub comandancias así como el área de barandilla
21
encargada de la custodia de las personas internadas en la misma, por Infracciones
Administrativas al Reglamento de Policía y Buen Gobierno del referido municipio y
demás codificaciones legales, asimismo establezca los derechos y obligaciones de los
detenidos, por lo que es indispensable que las autoridades responsables del
funcionamiento de estas, soliciten se realicen los reglamentos necesarios tendientes a
regular sus funciones.
2.2.- Ejercicio Indebido de la Función Pública.
La presente violación a los Derechos Humanos encuentra sustento legal en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como en la Constitución
Local en sus artículos 113 y 95 párrafo tercero respectivamente, en donde ambas
establecen literalmente “Las Leyes sobre Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones,
empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en
que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas
sanciones, además de las que señalen las Leyes, consistirán en suspensión,
destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas y deberán establecerse
de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los
daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere
la Fracción III del Artículo 92 pero que no podrán exceder de tres tantos de los
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados”.
Asimismo, la actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a
los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
Por su parte, La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su Manual para la
calificación de hechos violatorios de Derechos Humanos, define la Prestación
Indebida del Servicio Público “1.Incumplimiento de las obligaciones derivadas de la
22
relación jurídica existente entre el Estado y sus empleados, 2. realizada directamente
por un funcionario o servidor público, o indirectamente mediante su anuencia o
autorización, y 3. Afecte los derechos de terceros1”.
Por su parte, la Ley de Responsabilidades de la Servidores Públicos del Estado de
Baja California señala en el Artículo 46 “Todo servidor público debe desempeñar su
función, empleo, cargo o comisión observando siempre los principios de Legalidad,
Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia, actuando dentro del orden jurídico,
respetando en todo momento la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y
las Leyes, Decretos y Acuerdos que de una y otra emanen”.
Es importante señalar que los servidores públicos tiene la obligación de conducirse
con pleno respeto del Estado de derecho, cumpliendo los ordenamientos jurídicos
derivados de la función que desempeñan. Por lo que es su deber conocer, cumplir y
hacer cumplir las normas jurídicas que regulen el ejercicio de sus funciones, así como
apegarse a los principios éticos inherentes a las mismas.
Esta Procuraduría con las evidencia ya señaladas con anterioridad demuestra que los
servidores públicos incumplieron con su obligación de conducir su actuar bajo los
principios éticos que regulan la función pública.
Esta organismo demostró como el agraviado Juan Vargas Zúñiga fue detenido
arbitrariamente por los policías municipales Mónico Toribio Villanueva y José
Abraham Uribe Granados sin que existiera orden de aprehensión girada por juez
competente u orden de detención expedida por el Ministerio Público en caso de
urgencia, o en caso de flagrancia, ya que del mismo dicho de los agentes
aprehensores el agraviado les había dicho que no había consumido drogas desde
hacia mucho tiempo, por lo que su conducta ilegal y arbitraria se aparta de los
1 Manual para la calificación de hechos violatorios de Derechos Humanos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Marzo
1998. México. Págs. 159.
23
principios constitucionales que regulan la actuación de las instituciones policiales al no
realizarlo con legalidad, honestidad y eficiencia.
En cuanto hace a la función del Juez Calificador, se demostró que el Lic. Daniel
Castro Ibarra no se encontraba en su lugar de trabajo, lo que originó que el agraviado
Juan Vargas Gutiérrez no tuviera acceso a un debido proceso, es decir, que el
agraviado tuviera la oportunidad de ser oído y hacer valer sus derechos ante la
autoridad administrativa. Lo anterior violentó su derecho a la Legalidad y Seguridad
Jurídica.
De igual forma, la oficial la oficial Jessica Marisol Benítez Aria encargada de celdas
incumplió con su obligación de ejercer una debida custodia y vigilancia de vista
permanente hacia el agraviado y demás personas detenidas al encontrarse estos bajo
su resguardo, y que tal omisión llevó a que no se percatara del momento en que el
agraviado Juan Vargas Gutiérrez se quitara la vida.
Y por último, esta Procuraduría señala las omisiones en las que incurrió el Doctor
Oscar Efrén Zúñiga Rodríguez en su calidad de Médico adscrito a Servicios Médicos
Municipales Zona San Felipe, en cuanto al Certificado de Esencia Psicofisiológico
realizado al agraviado Juan Vargas Gutiérrez en el cual se observa como conclusión
que el agraviado presenta “signos y síntomas de intoxicación por heroína”.
De la revisión llevada a cabo a dicho documento, que la valoración se realiza en cinco
etapas, la primera para determinar el Estado de Conciencia: observar en el
examinado el estado de vigilia así como el completo conocimiento de si mismo y del
medio ambiente; la segunda el Aliento: determinar en base a la expiración profunda,
el olor característico que presenta el aliento del examinado; la tercera Reflejos: por
medio de esta prueba se busca observar la respuesta del examinado a diferentes
estímulos externos; la cuarta Estación, Marcha y Movimientos: determinar la
capacidad del individuo para controlar movimientos de su cuerpo y valorar la
estabilidad de la persona en varias posiciones del cuerpo y por último Pruebas
24
Especiales (Alcoholímetro): este instrumento marca el nivel de alcohol en la sangre
del examinado a través de una inspiración profunda seguida por una expiración
forzada, utilizando una boquilla previamente instalada en el mismo.
De todo lo anterior, no se logra establecer como es que el doctor determinó como
conclusión que el agraviado presentaba signos y síntomas de intoxicación por
heroína, si las etapas de valoración antes descritas no determinan la intoxicación por
alguna sustancia ilícita, así mismo, no se observa que haya realizado al agraviado
examen toxicológico ya sea de sangre u orina para determinar que este se
encontraba intoxicada por dicha sustancia. Ni mucho menos consta que dicha
conclusión haya sido manifestada por el agraviado, ya que según el dicho de los
oficiales, este les había manifestado que tenía tiempo sin consumir drogas.
Por lo que dicho documento no debió ser tomado en cuenta por el Juez Calificador
para determinar su sanción, una evidencia más que determina como es que el Juez
calificador nunca tuvo ante su presencia al agraviado, ya que este desde un inicio
según el dicho de los policías aprehensores dijo que tenia tiempo que no consumía
drogas, sin embrago, su dicho fue cambiado para justificar el actuar de los servidores
públicos. por lo que su conducta se aparta de toda ética y profesionalismo, principios
fundamentales que rigen el servicio público.
De lo anterior se acredita que el Doctor Oscar Efrén Zúñiga Rodríguez, realizó un
dictamen carente de veracidad, ya que dictaminó que el agraviado se encontraba con
signos y síntomas de intoxicación por heroína, si nunca se allegó de pruebas de
laboratorio que acreditaran que efectivamente el agraviado se encontraba en estado
de intoxicación por sustancias ilegales.
Para esta Procuraduría de los Derechos Humanos es indispensable que el personal
que labora en los centros municipales de reclusión, cumplan con sus
responsabilidades en estricto apego a los derechos fundamentales de las personas
internas, con lo establecido por las Leyes y Reglamentos relacionados con su ámbito
25
de competencia para el desarrollo de su trabajo y de esta forma eviten vulnerar
derechos humanos, como en el caso hoy expuesto.
De todo lo anteriormente narrado, se acredita que servidores públicos Lic. Daniel
Castro Ibarra, Dr. Oscar Efrén Zúñiga Rodríguez y los CC. Mónico Toribio Villanueva,
José Abraham Uribe Granados y Jessica Marisol Benítez Arias no cumplieron con la
máxima diligencia el servicio que el Estado les había encomendado, ya que mediante
sus acciones u omisiones causaron un perjuicio al agraviado, vulnerándolo en sus
derechos fundamentales, y que si bien no fueron la causa directa de su fallecimiento
del agraviado, con sus omisiones favorecieron la determinación del agraviado para
privarse de la vida.
En razón a las observaciones relatadas, y al quedar en evidencia clara el actuar de
los servidores públicos Lic. Daniel Castro Ibarra, Dr. Oscar Efrén Zúñiga
Rodríguez, los CC. Mónico Toribio Villanueva, José Abraham Uribe Granados y
Jessica Marisol Benítez Arias, causaron la violación a los derechos humanos del
agraviado Juan Vargas Gutiérrez, este organismo de derechos humanos encuentra
sustento legal para la Recomendación que se emite en diversos instrumentos
nacionales como internacionales siendo necesario referirnos a los siguientes 1, 21
párrafo cuarto, 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos2; 7
primer párrafo y 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California3 ; 7.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 4 ; I de la
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. {…} Artículo 21 párrafo IV […] Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 3 Constitución Política del Estado Libre y Soberano. Articulo 7.- El Estado de Baja California acata plenamente y asegura a todos
sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
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Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre5; 3 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos6; 6.1 y 9.1 del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos7; 2, 4 y 35.1 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas
las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión 8 ; 1 de los
Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas9; 20 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de
Ensenada10.
Así las cosas, con fundamento en lo que disponen las fracciones IX y X del artículo 12
de la Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana
del Estado de Baja California, es procedente formular a Usted en su carácter de
Presidente Municipal de Ensenada, Baja California, las siguientes:
como los demás derechos que otorga esta Constitución; de igual manera esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida. Artículo 95.- Las Leyes sobre Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las Leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la Fracción III del Artículo 92 pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados”.
4 Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo “Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal. 1.- Toda persona tiene
derecho a la libertad y a la seguridad personal”. 5 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. “Artículo I. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona”. 6 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo “Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”. 7 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. “Artículo 6.1.…El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este
derecho estará protegido por la Ley; […] Articulo 9.1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 8 Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forme de detención o prisión “Principio 2.
El arresto, la detención o prisión sólo se llevarán a cabo en estricto cumplimiento de la ley y por funcionarios competentes o personas autorizadas para ese fin; […] Principio 4. Toda forma de detención o prisión y todas las medidas que afectan a los derechos humanos de las personas sometidas a cualquier forma; […] Principio 35.1. Los daños causados por actor u omisiones de un funcionario público que sean contrarios a los derechos previstos en los presentes principio serán indemnizados de conformidad con las normas de derecho interno aplicables en materia de responsabilidad”
9 Los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas “Principio I Trato
humano Toda persona privada de libertad… será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. En particular, y tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad”. 10
Bando de Policía y Gobierno para el Municipio de Ensenada. ARTICULO 20.- Si al tomar conocimiento del asunto, la Autoridad
Calificadora considera que no se trata de una falta administrativa, sino la comisión probable de un delito, turnará el asunto a la Agencia del Ministerio Público competente y pondrá a su disposición el detenido si lo hay.
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V. RECOMENDACIONES:
PRIMERA.- Se instruya a la Dirección de Seguridad Pública Municipal, para que
adopten las medidas adecuadas y prácticas administrativas pertinentes que permitan
una correcta vigilancia y adecuada atención médica hacia el interior de las celdas
preventivas, cuando se encuentren personas privadas de la libertad, con la finalidad
de que se eviten actos como los analizados en la presente Resolución.
SEGUNDA.- Se de vista a la Sindicatura Municipal sobre las consideraciones y
razonamientos previamente asentados en cuerpo de la presente resolución, toda vez
que para esta Procuraduría existen elementos suficientes que prueban la irregular
actuación del Lic. Daniel Castro Ibarra, Dr. Oscar Efrén Zúñiga Rodríguez y los CC.
Mónico Toribio Villanueva, José Abraham Uribe Granados y Jessica Marisol Benítez
Aria, en su calidad de Juez Municipal, Médico Perito y Policías Municipales
respectivamente; por lo anterior, se solicita se continúe con la investigación y en su
momento, dada la magnitud y consistencia de los medios de prueba que obran en el
sumario, resuelva lo que en Derecho corresponda, por las omisiones en que
incurrieron en el ejercicio de sus funciones, en los términos que han quedado
asentados en el cuerpo de la presente resolución.
TERCERA.- Instruya a la Dirección de Seguridad Publica Municipal, para que se
elabore un Reglamento que establezca derechos y obligaciones de las personas
detenidas, y que asimismo, regule la administración y funcionamiento de las celdas a
su cargo y de las áreas adyacentes, con la finalidad de que se eviten actos como los
analizados en la presente Resolución
CUARTA.- Se colabore ampliamente con la Procuraduría de los Derechos Humanos y
Protección Ciudadana de Baja California, a efecto de que la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal, imparta un Programa de capacitación a todo el personal que labora
en las Sub-Comandancias de Policía en especial Zona San Felipe sobre los Principios
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Rectores de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y respeto a los
derechos humanos, los cuales rigen la actuación de los Servidores Públicos,
establecidos en el artículo 113 párrafo primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la que deberá ir dirigida a todo el personal que labora en
las Estaciones Integrales de Policía del Municipio de Ensenada, buscando con ello
que durante el desempeño de su cargo se conduzcan con puntual respeto a los
derechos fundamentales de las personas y con apego a las normas legales que
regulan su función pública.
QUINTA.- En base a las consideraciones plasmadas en el presente documento, gire
instrucciones a quien corresponda a efecto de que autorice la compa e instalación de
cámaras de video vigilancia en las celdas ubicadas en la Sub-Comandancia Zona San
Felipe, con la finalidad de evitar que se repitan situaciones como las señaladas en la
presente Recomendación.
La presente Recomendación tiene el carácter de pública, de conformidad a lo
dispuesto por el apartado “B” del Artículo 102 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se emite con el propósito fundamental tanto de hacer
una declaración respecto de una conducta irregular cometida por servidores públicos
en el ejercicio de las facultades que expresamente le confiere la Ley, y de solicitar la
investigación que proceda por parte de la dependencia administrativa competente, a
fin de que dentro de sus atribuciones se aplique la sanción conducente.
Con fundamento en lo que dispone el artículo 15 segundo párrafo relacionado con el
artículo 38 de la Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos en el caso de
aceptar o rechazar total o parcialmente la presente recomendación, le solicito enviar
respuesta en un plazo no mayor de cinco días, contados a partir de la fecha en que
sea notificado y al mismo tiempo se le hace saber al servidor público responsable que
tiene el derecho, por una sola vez, a solicitar la reconsideración de esta resolución
dentro del término de tres días hábiles contados a partir de la fecha de haber sido
notificado.
29
Por otra parte, en estricta observancia al Decreto por el cual se modifica la
denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y que reforma diversos artículos de la misma, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, entrando en
vigor al día siguiente de dicha publicación y que menciona que en caso de que la
presente recomendación, no sea aceptada o cumplida por Usted, deberá fundar,
motivar y hacer pública su negativa; además, que en atención al artículo 102 apartado
B Constitucional, la Legislatura Local, podrá llamar a las autoridades o servidores
públicos responsables para que comparezcan ante dichos órgano legislativo, a efecto
de que expliquen el motivo de su negativa.
Así mismo, con fundamente en el artículo 39 de la Ley Sobre la Procuraduría de los
Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, le solicito que las
constancias correspondientes al cumplimiento de esta Recomendación, en caso de
ser aceptada, sean remitidas a esta Procuraduría dentro de un término de diez días
hábiles contados a partir de su aceptación.
A T E N T A M E N T E
LIC. ARNULFO DE LEÓN LAVENANT
PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y PROTECCIÓN
CIUDADANA DE BAJA CALIFORNIA
C. c. p. C. P. Francisco Rueda Gómez.- Secretario General de Gobierno. C. c. p. Dip. Francisco Alcibíades García Lizardi.- Presidente del Congreso del Estado, XXI Legislatura de Baja California. C. c. p. Dip. Gustavo Sánchez Vásquez.- Presidente de la Comisión de Derechos Humanos. C. c. p. Dip. Juan Manuel Molina García.- Presidente de la Comisión de Justicia. C. c. p. Lic. Daniel Castro Ibarra. Servidor Público Responsable para su notificación. C. c. p. Dr. Oscar Efrén Zúñiga Rodríguez. Servidor Público Responsable para su notificación. C. c. p. C. Mónico Toribio Villanueva.- Servidor Público Responsable para su notificación. C. c. p. C. José Abraham Uribe Granados.- Servidor Público Responsable para su notificación. C. c. p. C. Jessica Marisol Benítez Aria.- Servidor Público Responsable para su notificación. C. c. p. C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.- Quejosa para su notificación. Expediente/Minutario FCT/jmg