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  • 625

    PROCESO E IMPARCIALIDAD SICOLGICA

    Hugo Botto oaKley

    sumario: I. Introduccin. II. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos y la Convencin Americana sobre Derechos Humanos llamado Pacto de San Jos de Costa Rica. III. Qu pasa con la llamada prueba de oficio desde un punto de vista real o prctico? IV. Un ejemplo paradigmtico ignorado: el caso de Espaa. V. Imparcialidad sicolgica. VI. Conclusiones.

    I. introDuccin

    Escribir el presente artculo en homenaje al maestro mexicano Humberto Briseo Sierra no solamente me honra inmerecidamente, sino que me da la posibilidad de agradecerle, aunque no en forma personal, como hubiera que-rido, ya que a l debo parte importante de mis conocimientos y convicciones procesales y, ni ms ni menos, el origen del tema de mi tesis doctoral. Cuando la tesis se transform en un libro, en su presentacin y al inicio escrib:

    Con ocasin del XV Congreso Panamericano de Derecho Procesal, reali-zado en Rosario, Argentina, del 1o. al 4 de mayo de 2001, organizado por el Instituto Panamericano de Dereho Procesal y la Fundacin Juris, en esa hermosa y para m ya familiar ciudad, tuve la ocasin y suerte de asistir a la conferencia que dict el maestro de mi maestro, Humberto Briseo Sierra, y que titul Esbozo del procedimiento jurdico. Al trmino de la misma, bre-ve pero precisa, como corresponde a cosas trascendentes que dicen personas autorizadas, concluy que con ese trabajo (publicado en el libro Teora unitaria del proceso, Editorial Juris, mayo de 2001, pginas 451 a 514) llamaba a las puertas de una posible y futura teora general del procedimiento, afirmando, y con toda razn, que la doctrina procesal se ha dedicado histricamente en forma preferente, y yo agregara en forma excluyente, a la teora general del proceso y que sobre sta, ya haba bastante.

    Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM http://www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

    Libro completo en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4250

    DR 2016. Universidad Nacional Autnoma de Mxico Instituto de Investigaciones Jurdicas

  • 626 Hugo BOTTO OAKLEY

    A partir de esos tiempos, ya ms de una dcada, son innumerables las horas y encuentros acadmicos, como seminarios, congresos, clases, etcte-ra, dedicados al estudio, desarrollo y discusin del tema proceso e imparcia-lidad, ste, como principio fundamental de aqul, desde diferentes pticas, antecedentes, doctrinas, jurisprudencias, realidad prctica, valores, filosofa, solamente por mencionar algunos aspectos para, ahora, intentar hacerlo desde una perspectiva diferente, pero que me parece muy relevante y, de paso, lo adelantamos, confirmatoria de lo que postulamos en esta materia.

    Hoy, y como presidente del Instituto Panamericano de Derecho Pro-cesal, dejo constancia de nuestro eterno reconocimiento y agradecimiento a quien fuera su principal fundador y presidente por largos aos, a cuyas enseanzas debo en gran medida la participacin que he tenido en las acti-vidades acadmicas referidas precedentemente.

    Para ningn procesalista escapa que uno de los grandes temas que di-vide a los autores contemporneos es el rol del juez en el proceso en ge-neral, y en particular en el civil, con relacin a la iniciativa probatoria. As, mientras en el proceso penal acusatorio o adversarial existe consenso (conocemos pocas excepciones) sobre que el juez no debe tener iniciativa probatoria, en el proceso civil, basado en el principio dispositivo, una parte importante de la doctrina sostiene que el juez debe tener iniciativa probato-ria, y otra, de la que formo parte, sostiene que ello, por elementales razones demostrables, atropella el principio de imparcialidad del juez, debiendo por tanto ser descartadas legislativamente.

    Aclaro que ninguno de los fundamentos dados y conocidos para susten-tar una u otra postura se encontrarn en las lneas que siguen, ya que las mismas pretenden entregar un aporte que entiendo debiera ser novedoso para, si no todos, la mayora de quienes lean este artculo.

    II. el Pacto internacional De Derechos ciViles y Polticos y la conVencin americana soBre Derechos humanos

    llamaDo Pacto De san Jos De costa rica

    Los pases signatarios de estos dos cuerpos normativos internacionales se encuentran obligados a considerar y respetar sus disposiciones obligatorias, dentro de las cuales sealamos las siguientes:

    El artculo14, parrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, dice:

    Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendr derecho a ser oda pblicamente y con las debidas garantas

    Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM http://www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

    Libro completo en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4250

    DR 2016. Universidad Nacional Autnoma de Mxico Instituto de Investigaciones Jurdicas

  • 627PROCESO E IMPARCIALIDAD SICOLGICA

    por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciacin de cualquier acusacin de carcter penal formulada contra ella o para la determinacin de sus derechos u obligaciones de carc-ter civil.

    Y el artculo 8o. del segundo, sobre garantas judiciales, dice:

    Toda persona tiene derecho a ser oda, con las debidas garantas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e im-parcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciacin de cualquier acusacin penal formulada contra ella, o para la determinacin de sus dere-chos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carcter.

    A su turno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha elevado a la categora de presupuesto y no solamente de elemento del debido pro-ceso, a la exigencia contenida en el artculo 8.1 de la Convencin, dentro de la cual est la del juez imparcial,1 lo cual ha sido recogido ya de manera reiterada en varias sentencias, como en el caso Apitz Barbera y otros, prr. 56; en el caso Barreto Leiva, prr. 98 (17 de noviembre de 2009), y en el caso Usn Ramrez, prr. 117 (20 de noviembre de 2009), expresndose en este ltimo:

    La imparcialidad del tribunal implica que sus integrantes no tengan un inters directo, una posicin tomada, una preferencia por alguna de las partes y que no se encuentren involucrados en la controversia. La imparcialidad personal o subjetiva se presume a menos que exista prueba en contrario. Por su parte, la denominada prueba objetiva consiste en determinar si el juez cuestionado brind elementos convincentes que permitan eliminar temores legtimos o fundadas sospechas de parcialidad sobre su persona.

    Por su parte, Sergio Garca Ramrez, ex juez y ex presidente de la indi-cada Corte, seala en la obra antes indicada:

    La imparcialidad exige que el juez que interviene en una contienda particu-lar se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantas suficientes de ndole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad.

    1 Garca Ramrez, Sergio, El debido proceso en la jurisprudencia de la Corte Intera-mericana de Derechos Humanos, Derecho procesal contemporneo, Santiago de Chile, Editorial Jurdica de Chile, 2010, t. I, p. 19.

    Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM http://www.juridicas.unam.mx http://biblio.juridicas.unam.mx

    Libro completo en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4250

    DR 2016. Universidad Nacional Autnoma de Mxico Instituto de Investigaciones Jurdicas

  • 628 Hugo BOTTO OAKLEY

    De las trascripciones anteriores nos hemos permitido destacar las pa-labras no tengan una posicin tomada y de todo prejuicio, ya que, como veremos, tales exigencias de la imparcialidad del juez se relacionan de manera significativa en los llamados sesgos cognitivos, que no se pueden analizar si no se relaciona a la imparcialidad con la sicologa.

    Antes de entrar a lo ltimo anunciado, volvamos a recordar el famoso brocrdico que significa Entre los profesores de derecho, sentencia, axio-ma legal o refrn, del cual arranca la congruencia procesal: Sententia de-bet esse conformis, libello; ne eat judex,ultra,extra aut citra petita partium; tantum legatum quantum judicatum; judex judicare debet secundum alle-gata et probatia partium, que en una traduccin libre significa La senten-cia debe estar conforme con la reclamacin escrita, para que el juez no vaya ms all, fuera o ms ac de las demandas de las partes; tanto lo imputado como lo sentenciado; el juez debe juzgar de acuerdo con las razones alega-das y probadas por las partes.

    He querido dejar testimonio de este antecedente histrico, para resaltar que el tema de la prueba de oficio es de antigua data, y aqu hay una demos-tracin clara, de centurias, a propsito de la congruencia procesal, en orden a que la prueba es un tema de las partes, no del juez. De all que postulamos que la prueba de oficio anula la sentencia por vicio de incongruencia, que he llamado ultraprueba.2

    III. qu Pasa con la llamaDa PrueBa De oFicio DesDe un Punto De Vista real o Prctico?

    En Chile, su origen est en las llamadas medidas para mejor resolver, pro-cedentes una vez que el proceso est en estado de sentencia. Su diferencia con la prueba de oficio est en que ella se decreta tambin en otros estados procesales, pero en esencia son lo mismo. Veamos.

    Si los fundamentos fcticos de la accin se encuentran debidamente probados, el juez debe dar lugar a la demanda y, si no lo estn, debe re-chazarla.