REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD FERMIN TORO

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLITICAS BARQUISIMETO EDO LARA

NOCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTO

Integrantes

KaryalisMarquez

CI: 20928420

Barquisimeto 09 de septiembre de 2015

NOCIÓN GENERAL DE PROCEDIMIENTO

Primeramente se podría acotar que los procedimientos son la base fundamental del derecho

administrativo,de esta manera los habitantes de determinada ciudad o colectividad tienen la

seguridad de que los trámites administrativos desarrollados frente a un organismo público

se realizarán de forma rigurosa en base a las leyes pactadas por dicha comunidad, y no de

forma fortuita.

En síntesis en una serie de pasos que permitirán que los ciudadanos puedan sentirse al

amparo de la ley de su país y ante cualquier duda puedan reclamar al organismo del Estado

cabe destacar que un procedimiento administrativo implica el desarrollo formal de las

acciones que se requieren para concretar la intervención administrativa necesaria para la

realización de un determinado objetivo.

Cabe destacar que en la LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS en su artículo 47 expresa que los procedimientos administrativos

contenidos en leyes especiales se aplicarán con preferencia al procedimiento ordinario

previsto en este capítulo en las materias que constituyan la especialidad en el cual su

propósito es la concreción de un acto de carácter administrativo, el deber es respetar etapas

y estrictos pasos formales que le otorgan garantías a los ciudadanos, un detalle que marca la

diferencia entre la actuación pública y la actividad privada. Dicha garantía está regida y

controlada por el ordenamiento jurídico y por la seguridad de que la información puede ser

conocida y controlada por todos los individuos.

De igual manera, el procedimiento administrativo sirve para garantizar la actuación

administrativa, la cual no puede ser arbitraria y discrecional debido a que debe someterse a

las reglas del procedimiento, tal cual como esta planteado en el artículo 48 de la ley

anteriormente mencionada El procedimiento se iniciará a instancia de parte interesada,

mediante solicitud escrita, o de oficio.

En el segundo caso, la autoridad administrativa competente o una autoridad

administrativasuperior ordenarán la apertura del procedimiento y notificará a los

particulares cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren

resultar afectados, concediéndoles un plazo de diez (10) días para que expongan sus

pruebas y aleguen sus razones.

En síntesis para darle inicio a un procedimiento administrativo es necesario llenar una

solicitud en la cual se hagan efectivos los nombres y apellidos de la persona interesada en

realizar dicho trámite, su identificación y lugar donde se llevará a cabo la

notificaciónconjuntamente debe especificarse exactamente qué se desea con absoluta

claridad y las razones por las que se lo solicita y posteriormente debe aparecer la firma del

solicitante y el lugar y la fecha en que se expide dicho documento.

A partir de ese momento se comenzarán a desarrollarse una serie de trámites pertinentes y

cuando se hayan finalizado, se dictará una resolución donde se dejará constancia de los

resultados de todo el procedimiento administrativo. El interesado recibirá dicha resolución

en papel y firmada por el organismo público donde sabrá si su petición alcanzó o no sus

expectativas tal cual como lo expresa el articulo 49 de la citada ley.

Cuando el procedimiento se inicie por solicitud de persona interesada, en el escrito se

deberá hacer constar:

1. El organismo al cual está dirigido;

2. La identificación del interesado, y en su caso, de la persona que actúe como su

representante con expresión de los nombres y apellidos, domicilio, nacionalidad, estado

civil, profesión y número de la cédula de identidad o pasaporte;

3. La dirección del lugar donde se harán las notificaciones pertinentes;

4. Los hechos, razones y pedimentos correspondientes, expresando con toda claridad la

materia objeto de la solicitud;

5. Referencia a los anexos que lo acompañan, si tal es el caso;

6. Cualesquiera otras circunstancias que exijan las normas legales o reglamentarias;

7. La firma de los interesados.

En otros aspectos lograríamos mencionar los objetivos del procedimiento administrativo en

el cual no existe duda que constituye un presupuesto de validez del acto administrativo

definitivo y, por ello, cabe confirmar que uno de las metas del procedimiento es asegurar la

sumisión de la Administración al derecho.

Es justamente por ello que el artículo 19 de la ley reiteradamente mencionada sanciona con

la nulidad absoluta a los actos administrativos dictados por autoridades manifiestamente

incompetentes o con prescindencia total y absoluta del procedimiento legalmente

establecido. Cabe destacar que el artículo 4° establece que la Administración debe actuar de

conformidad con el principio de legalidad, en virtud del cual la asignación, distribución y

ejercicio de sus competencias se sujeta a lo establecido en la Constitución, las leyes y los

actos administrativos de carácter normativo dictados formal y previamente conforme a la

ley, en garantía y protección de las libertades públicas.

De igual manera resaltaremos en esta ocasión las características del proceso administrativo

Pluralidad: En el procedimiento confluyen múltiples actos jurídicos que, si bien se dirigen a un mismo fin, cada uno cumple su función específica.

Individualidad: Cada acto administrativo conserva su singularidad. Temporalidad: Los actos se proyectan en uno concreto marco temporal a través de

una determinada estructura o disposición. Coordinación: Existe un desarrollo secuencial porque el acto posterior viene

legitimado por el acto anterior. Progresividad: Es necesaria la ordenación de los actos del procedimiento en

distintas etapas o fases procedimentales. Instrumentalidad: Todos los actos se avocan a la consecución de un determinado

fin, que es el que le corresponde a cada procedimiento administrativo.

Una de las Características del Contencioso Administrativo en Venezuela, es que la

Constitución y la Ley no solamente definieron una competencia por la materia, y no

solamente crearon tribunales especiales para atribuirle esa competencia, sino que crearon

también procedimientos especiales para el trámite de estos asuntos.

En este sentido puede decirse que en Venezuela hay un sistema procesal contencioso

administrativo, porque se dan los tres elementos necesarios para que exista un sistema

procesal:

Definición de competencia por la materia

Tribunales especiales

Procedimientos especiales

Por lo que puede decirse que hay un sistema procesal contencioso administrativo, diferente

del civil y de cualquier otro.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica de la Corte

Suprema de Justicia, le otorgan poderes amplios al Juez Contencioso Administrativo quien

puede dar órdenes de hacer o de no hacer a la Administración; mas aun en ciertos casos

sustituir la administración si es necesario para el restablecimiento de la situación jurídica

subjetiva lesionada por la actividad administrativa.

En efecto el artículo 259 de la Constitución prescribe “Los órganos de la Jurisdicción

Contencioso Administrativo son competentes para anular los actos administrativos

generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar el

pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en

responsabilidad de la administración; conocer de reclamos para el restablecimiento de las

situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.

Este principio constitucional ha servido de canal al Juez Contencioso Administrativo en el

sentido de asegurar el derecho a las personas al principio a la tutela judicial frente a la

administración, dentro del principio dispositivo y con los poderes de actuación de oficio de

igual manera el juez contencioso administrativo está sujeto al principio dispositivo que

establece el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, El Juez “debe

atenerse a las normas de derecho”, esto es, debe estar sometido a la legalidad.

Sin embargo el artículo 12 ejusdem al prescribir en su segunda parte “a menos que la Ley

lo faculte para decidir con arreglo a la equidad” le da posibilidad de recurrir a la equidad en

las decisiones que pueda dictar, cuando la ley lo faculte. Aunque en el campo del derecho

público no existe este tipo de regulación expresa; sin embargo, la disposición fundamental

del artículo 259 de la Constitución Nacional recogida en el artículo 131 de la Ley Orgánica

de la (antigua) Corte Suprema de Justicia, le da potestad al juez contencioso administrativo

para “disponer lo necesario” para restablecer la situación jurídica subjetiva lesionada.

Basándose en esta potestad el Juez Contencioso Administrativo y en ausencia de normas de

derecho, ha adoptado decisiones precisamente en base a la equidad aunque ello no se haya

dicho expresamente.

De esta manera y para cerrar el punto las diferencias son que en el proceso civil la

autoridad que resuelve el proceso es el juez a diferencia del proceso administrativo el cual

lo resuelve la autoridad competente es el funcionario que lo dicto o el superior, el juez

ejerce una función jurisdiccional a diferencia el funcionario ejerce una función

administrativa, otra diferencia es que el órgano judicial actúa con independencia y el

órgano administrativo no tiene plena autonomía no obstante el órgano judicial dicta una

sentencia y el órgano administrativo dicta un acto administrativo y para finalizar la

sentencia en ocasiones no puede ser modificada y la decisión puede ser recurrida en sede

judicial y modificada.

En este mismo orden de ideas La iniciación como lo indica su nombre, es la primera y

necesaria etapa de todo procedimiento. Iníciese de oficio o a solicitud de parte interesada,

todo procedimiento debe regirse por los principios y reglas de alcance general, consagrados

en esta ley.

La ordenación es una actividad donde se dictan los actos de trámite con la finalidad de

poner en marcha el procedimiento y ordenarlo hasta su final. Esta actividad constante se

inicia con la incoacción y llega a su fase final con la resolución.

Artículo 48. El procedimiento administrativo se inicia mediante acto que tiene el efecto de

poner en movimiento (en marcha) la compleja estructura de trámites, plazos e incidencias

en que consiste la dinámica del procedimiento.

La etapa de iniciación del procedimiento, tiene dos formas de ejecutarse el procedimiento a

saber:

1. El régimen de iniciación de oficio y

2. El régimen de iniciación a instancia de parte.

De igual manera La Sustanciación de una causa es la acción por la cual, una vez reunidos

los elementos para hacer la demanda, ésta se eleva al Tribunal para que el o los jueces

determinen la validez de la misma. Si consideran que la demanda es viable, entonces

"sustancian" (dan por comenzada) la causa o acción judicial.

Para que un Tribunal pueda ejercerla jurisdicción a esto le podríamos llamar

administración de justicia mediante actos procesales se requiere como elemento esencial la

formación y sustanciación de un proceso el cual se debe tramitar conforme al

procedimiento que la ley señala y se le pone fin mediante un juicio lógico en que el juez

aplica el derecho a lo hechos establecidos y probados, logrando una conclusión que declara

con efecto de verdad procesal, que se hace inamovible una vez ejecutoriada la sentencia.

la sustanciación tiene que ver con el debido proceso.

entonces sustanciación en pocas palabras son los trámites conforme a procedimientos que la

ley señala.