La próxima construcción de un nuevo megaproyecto

turístico, estilo Cancún, en el municipio de Isla Muje-

res, en Quintana Roo, revela el descaro del gobierno de

Felipe Calderón para favorecer a empresarios mexica-

nos y españoles, así como a toda suerte de políticos y

personajes sin escrúpulos, en perjuicio de la población

local. Hay señales de que en ésta, una trama depre-

dadora más del Caribe mexicano, convergen los inte-

reses del propio mandatario; del aspirante priista a la

Presidencia, Enrique Peña Nieto; del exgobernador de

Nuevo León Natividad González Parás, e incluso de un

ejemplar de negro estigma: Mario Villanueva, preso en

Estados Unidos por narcotráfico…

De golpe, la autorización para cons-truir un nuevo polo turístico convertirá a esta zona en la tercera ciudad más im-portante de Quintana Roo, sólo detrás de Cancún y Playa del Carmen. En 40 años de existencia, Cancún ha acumulado cer-ca de 32 mil habitaciones de hotel. En es-ta zona se pretende construir casi 10 mil cuartos en menos de tres lustros. Y asi-mismo se busca que en Isla Blanca exis-tan 25 mil cuartos de hotel en 25 años.

Detrás del Proyecto Soto Lindo (PSL) –co-mo lo denomina la Semarnat– está el inte-rés de consorcios españoles, como el Grupo Martinón, accionista mayoritario de una sociedad donde participan políticos mexica-nos, como el diputado federal priista Felipe Enríquez y el exgobernador de Nuevo León Natividad González Parás, así como el em-presario Arturo Bojórquez León, quien man-tiene los terrenos cercados y vigilados con guardias armados.

En la trama de intereses también es-tá involucrada la exalcaldesa panista de Isla Mujeres y exdelegada estatal del Re-gistro Agrario Nacional (RAN) Alicia Ri-calde Magaña, artífice del cambio de uso de suelo de la zona para permitir la cons-trucción de este megadesarrollo.

La prensa quintanarroense también ha señalado que Ricalde Magaña cuenta con el apoyo del presidente Felipe Calde-rón, quien tendría intereses en la zona a través de Román Rivera Torres, empresa-rio que encabeza otro grupo de desarro-lladores y ha sido uno de los principales impulsores de Puerto Aventuras.

En la trama de esta historia también es-tá involucrado el exgobernador de Quinta-na Roo Mario Villanueva Madrid, quien se ostentó como propietario de 19 hectáreas de Isla Blanca, que vendió por 169 millones de pesos, a finales de 2008, a Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.

Enríquez, compadre y amigo del as-pirante presidencial priista Enrique Peña Nieto, es señalado en la Península de Yu-catán como el principal operador de los negocios del exmandatario mexiquense. Fue el vínculo entre Toluca y los manda-tarios priistas Ivonne Ortega Pacheco, de Yucatán, y Félix González Canto, quien dejó en la gubernatura de Quintana Roo a Roberto Borge Martín. En 2011, el actual diputado federal fue delegado del CEN del PRI en la campaña del Estado de México.

Los millonarios intereses transexena-les de hoteleros, desarrolladores y políti-cos del PRI y del PAN se concentran en las 200 hectáreas de Isla Blanca, un sitio de extraordinaria belleza que fue decretado parque nacional en 1972 y considerado uno de los lugares de mayor biodiversidad que se han conservado, a pesar del explo-sivo crecimiento hotelero y urbanístico de Cancún.

CORRUPCIÓN

ISLA MUJERES, QR.- Un megaproyecto turístico de mil 400 millones de dóla-res para construir en los próximos 12 años un total de 9 mil 600 cuartos de hotel en 221 hectáreas, dos marinas, un campo de golf, casinos y residen-cias exclusivas en los terrenos de Isla

Blanca, ubicado en la parte continental del municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo, fue aprobado en sigilo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el 10 de noviembre de 2011.

Semarnat autorizó el proyecto a pesar de la oposición de organizaciones como el Centro Mexicano de Desarrollo Ambiental (Cemda), que lo considera una amenaza para la sustentabilidad y las especies de manglares y fauna de la zona, y pese a los distintos litigios existentes en torno a la propiedad de la tierra que involucran a varios políticos del PRI y del PAN y a con-sorcios españoles.

sobre el Caribe...

JENARO VILLAMIL

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Alejandra Serrano, abogada represen-tante del Cemda en Quintana Roo, advierte que en la autorización de la Semarnat no se incorporaron las observaciones de los am-bientalistas y se ignoró la petición de que se realizara una consulta pública antes de emitir el permiso en la Gaceta Ecológica de la Semarnat, el 10 de noviembre de 2011.

Estas son las principales argumenta-ciones que presentó el Cemda:

–“El Plan Maestro para el Proyecto Soto Lindo pretende un uso de suelo mixto, en el que se contemple el uso de suelo resi-dencial o habitacional contraviniendo el Plan de Desarrollo Urbano de la Penínsu-la de Chacmochuch”. Esto es incompa-tible con el artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente que le ordena a la Semarnat no afectar las áreas naturales protegidas.

–De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), en el Proyecto So-to Lindo 32% de las 689 hectáreas será para lotes de uso hotelero y comercial, 5% para el campo de golf, 0.92% para la infraestructura náutica, 0.17% para el equipamiento urba-no y 5.27% para las vialidades.

La Semarnat considera que de los 39 impactos ambientales identificados, sólo 18% son significativos, 51% no son signifi-cativos y 30% son despreciables.

El Cemda rebate esta valoración y

señala que “hay evidencias de que la re-forestación y/o restauración de manglar como medida de compensación no es viable y no aplica… La reforestación no es algo fácil en manglar, no es posible res-tituir a los manglares en zonas distintas para recuperar las que desaparezcan con la construcción de desarrollos turísticos”.

–El MIA también afirma que para la

construcción y mantenimiento del campo de golf se utilizarán “aguas tratadas” y se construirá “un lago artificial, que almace-nará agua residual tratada y de lluvia”.

El Cemda cita una investigación de Metcalfe donde se demuestra que la in-yección de aguas residuales en los acuífe-ros de agua salada en la Riviera Maya y en Cancún ha sido “un elemento que ha con-

CORRUPCIÓN

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Ubicación del Edén

Villanueva. Exsocio

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Antes de que se desarro-llara ese destino turístico, a la franja costera de Isla Blanca se le consideró para que fun-giera como el primer Centro Integralmente Planeado (CIP) en el sexenio echeverrista. Sin embargo, a la vuelta de los años y ante la saturación de Cancún y de la Riviera Maya, este sitio se ha convertido en la “joya de la corona” para los nuevos desarrolladores.

En los terrenos colindantes también existen predios que fueron propiedad de la familia Hank González, así como de los hermanos Bribiesca Saha-gún, hijos de Marta Sahagún, esposa del expresidente Fox.

Desalojo de pescadores

Ricalde Magaña facilitó en 2008 el cambio de uso de suelo de Isla Blanca, a través de un nuevo Plan de Desarrollo Urbano de la zona, para permitir la construcción de de-sarrollos hoteleros y campos de golf, pero lo hizo sin consultar previamente a la po-blación. Uno de los principales interesa-dos en este cambio fue Arturo Bojórquez León, socio del Grupo Martinón y quien se ostenta como el propietario de los terre-nos de Isla Blanca.

En 2001 y en 2002, este empresario se amparó y ganó el litigio en contra del gobierno del estado de Quintana Roo pa-ra que no se decretara Área Natural Pro-

va, en Isla Mujeres, y a otros terrenos de la costa quintana-rroense. Les quemaron sus ca-sas. Formaban una cooperativa de migrantes de Veracruz.

El próximo en ser desaloja-do es don Crescencio Navarro Pallares, dueño de un predio que queda exactamente a la entrada de los terrenos de Is-la Blanca y por donde pasará la carretera de cuatro carriles que ya comenzó a construir la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para unir la zona con Punta Sam y las principa-les avenidas de Cancún.

“La exalcaldesa cambió el PDU y el uso del suelo para facilitar la inversión de los es-

pañoles. A mí me han querido desalojar varias veces. Desde hace dos meses tengo pleito con los españolitos que llegaron de manera muy prepotente a decirme que debía dejar mi terreno”, afirma Navarro Pallares, entrevistado por Proceso.

En esos terrenos, Don Chencho, como es conocido por los lugareños, tenía el restaurante Acapulco, devastado por el huracán Wilma. Sus terrenos están en un punto privilegiado ya que van hacia la la-guna Chacmochuch y hacia los bancos de arena y manglares que se extienden hasta la punta, donde está Soto Lindo.

“Lo que nos afectó fue el cambio del PDU. Antes pagaba 3 mil pesos de impues-to predial y ahora me están cobrando 38 mil pesos. Hace 20 años llegué a este si-tio porque Carlos Hank González negoció conmigo la venta de unos terrenos que eran míos para que ahí desarrollara Puer-to Mujeres. Ahora ni siquiera negocian conmigo. Sólo me quieren desaparecer”, sintetiza Don Chencho.

Proyecto depredador

El Centro Mexicano de Desarrollo Ambien-tal (Cemda) ha sido uno de los principales opositores al permiso que otorgó la Semar-nat para el Proyecto Soto Lindo, ya que, afirma, destruirá especies en peligro de extinción como la cacerolita de mar, cuatro tipos diferentes de manglares y afectará la fauna costera de la zona, como el manatí, las tortugas marinas y el tiburón ballena.

En 2010, la Semarnat dio a conocer la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Proyecto Soto Lindo para que distintos grupos expusieran sus opinio-nes. El Cemda elaboró un extenso docu-mento de 25 cuartillas, cuya copia obtuvo Proceso, donde argumenta la inviabilidad de este megadesarrollo y el daño ecológi-co que ocasionará.

tegida (ANP) los predios en su posesión que forman parte del sistema lagunar Chacmochuch. De acuerdo con el amparo 1558/90, se trata de los predios San Felipe, Santa Elena, El Rincón y San Augusto.

Bojórquez León es identificado como “el patrón” por las decenas de veladores que cuidan el terreno. Ellos no permiten el ingreso de nadie, aun cuando son litora-les del mar Caribe. Están armados, son de origen chiapaneco y advierten que “desde que hubo muertos” en enfrentamientos en 2009 por el pleito de estos terrenos no dejan entrar a nadie.

Junto con la alcaldesa Ricalde Magaña, Bojórquez León operó para desalojar a 40 familias de pescadores que vivían en la zo-na. Desde 2007 se los llevaron a Boca Nue-

Enríquez. Accionista del Grupo Martinón

Isla Blanca. Playa privada

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Semarnat autorizó en noviembre del año pasado. El Niño Verde pidió 2 millones de dólares por la “ayuda”.

Durante el gobierno de Felipe Calde-rón y la administración de la alcaldesa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde, se aceleraron las maniobras para favorecer al grupo de inversionistas encabezados por Arturo Bojórquez.

La especulación y la ola de irregulari-dades en estos predios valuados en más de 200 millones de dólares provocó que en agosto de 2007 el Tribunal Unitario Agra-rio anulara dos títulos de propiedad de Bojórquez León, quien ya se había asocia-do a los grupos españoles Obratur y Gru-masa del Grupo Martinón.

Los demandantes fueron los empresa-rios Jaime García Gutiérrez, José Francisco Dives León y Alejandro Fernando Culebro Siles, quienes reclamaron la propiedad de estos terrenos, por lo que las autoridades agrarias declararon procedente el recurso de revisión promovido en 2003.

A pesar del litigio jurídico, los con-sorcios españoles promovieron en sus páginas en internet el “desarrollo de un proyecto turístico de gran lujo, situado a 17 kilómetros al norte de Cancún, inte-gralmente planeado mediante una con-cepción de vanguardia, donde la vialidad del desarrollo se articula con la sustenta-bilidad ambiental”.

Isla Blanca “nace con el anhelo de ser uno de los proyectos del Caribe más im-portantes a nivel internacional, dadas sus características únicas, su inmejorable ubi-cación, su condición de ser una isla de pla-yas de arena blanca, el azul incomparable de sus aguas y su inquebrantable quietud”.

La “inquebrantable quietud” de la zo-na se afectó cuando en abril de 2009 un centenar de golpeadores invadieron el lote número 3 de Isla Blanca, presuntamente propiedad de Arturo Bojórquez León, pero reclamado por Isabel Tenorio Romero, es-posa del exgobernador Mario Villanueva. El enfrentamiento con los guardias del terreno provocó que una policía muriera, que otros tres fueran heridos y 30 personas resultaran detenidas, según reportó la prensa local.

El 6 de marzo de 2008 el exgobernador Villanueva constituyó la sociedad deno-minada Desarrollos IM, S.A. de C.V., según consta en el folio 19290 del Registro Públi-co de la Propiedad y del Comercio en Can-cún. Los dos accionistas son su esposa: Isabel Tenorio Romero y Rodolfo Antonio Páez Villaseñor. Isabel Tenorio aparece co-mo administradora única.

El objetivo de Desarrollo IM, S.A. de C.V., fue “comprar, vender, adquirir, ena-jenar, explotar, desarrollar, lotificar, frac-cionar, urbanizar, arrendar, subarrendar o hipotecar” toda clase de “bienes inmue-

bles”, incluidos terrenos, casas lotes co-merciales, fraccionamientos, etcétera.

El lote 3 de Isla Blanca fue reclamado como propio por la sociedad que creó Mario Villanueva. Desarrollo IM S.A., acelera la re-gularización y posesión de la propiedad de este predio, que también era reclamado por otros dos presuntos propietarios: Juan Án-gel Valle Campos y Arturo Bojórquez León.

Vínculo con Felipe Enríquez

La clave de la disputa y los negocios de es-peculación de terrenos fue que Felipe Enrí-quez le envió emisarios a Mario Villanueva hasta el Reclusorio Norte para que vendie-ra estos terrenos a la sociedad que formó el diputado federal regiomontano, denomi-nada GLS-4 Corporativo S.A. de C.V. El pre-sidente del Consejo de Administración de esta sociedad era Hugo Flores Toba, cuñado de Felipe Enríquez.

El 3 de diciembre de 2009, según cons-ta en el Registro Público de la Propiedad de Nuevo León, los socios de GLS-4 Corpo-rativo S.A. de C.V., celebraron una asam-blea para anunciar la integración de dos nuevos accionistas: Raíces Consultoría S.A. de C.V., y Consorcio GH S.A. de C.V.

En el Consorcio GH aparece Luis Fran-cisco González Parás, hermano del exgo-bernador Natividad González Parás, su hijo y su yerno. Y en Raíces Consultoría vuelve a aparecer Hugo Flores Toba, cu-ñado de Felipe Enríquez, así como el em-presario yucateco Arturo Millet, según documentó la revista digital Reporte Índigo.

Arturo Millet y Felipe Enríquez tam-bién tienen intereses en los terrenos en disputa en la Isla Holbox, en la punta no-reste de la Península de Yucatán, donde también han librado una batalla soterra-da con el empresario refresquero Fernan-do Ponce y su yerno Ermilo Castilla.

El 18 de diciembre de 2009 ya estaban integrados como socios de las empresas creadas por Enríquez y González Parás los españoles del Grupo Martinón y Arturo Bojórquez León, el mismo personaje que es identificado por los guardias del terre-no como “el patrón”.

El texto del 11 de noviembre de 2011 de Reporte Índigo caracteriza de esta ma-nera a Bojórquez León:

“Este hombre está en posesión de la isla porque tiene gente armada resguar-dando el lugar, pero sólo tiene escrituras de una fracción de la tierra… No lograron sacar a Bojórquez León, así que quien fue-ra su enemigo, ahora debía ser su socio”.

GLS-4 Corporativo, Raíces y Consultoría y Arturo Bojórquez son parte de Fomento Inmobiliario del Caribe (FICSA). El 65% de las acciones de FICSA están en manos del consorcio español Grupo Martinón.

tribuido a la contaminación de las aguas subterráneas de la zona”.

–El Cemda también advierte que la cons-trucción del megadesarrollo afectará el hábi-tat natural de especies de agua dulce, como el manatí (que sólo existe en esta zona y en Holbox), y de otras especies, como el tiburón ballena, la tortuga carey y la tortuga verde. En especial, la construcción de dos marinas “representaría un gran impacto tanto para los ejemplares de la población que se en-cuentran en la Reserva de la Biósfera del Ti-burón Ballena como para los ejemplares de la población que se encuentran al noreste de la isla Contoy e isla Mujeres”.

–Otro de los riesgos, dada la vulnerabi-lidad de la zona frente a los huracanes y la erosión propiciada por los desarrollos turísti-cos y el cambio climático, es la desaparición de la duna costera y la vegetación asociada.

“Se asume en el proyecto que la franja dunar sería altamente transitada y mo-dificada por la construcción de los lotes mixtos (hoteleros y comercial) y del cam-po de golf. Esto sustituiría vegetación es-pecialmente adaptada al ecosistema, que cumple la función de estabilizar y rege-nerar las dunas, por vegetación de raíces cortas y con requerimientos hídricos ele-vados, así como se produciría un proceso

presariales en esta pequeña ínsula ubica-da al norte de Cancún comenzó desde que en 1972 el gobierno federal decretó estos terrenos como propiedad nacional.

Varios políticos locales, entre ellos Mario Villanueva Madrid, el exgoberna-dor preso por presuntos vínculos con el narcotráfico, empresarios nacionales y especuladores de terrenos se apropiaron de los lotes y en los últimos 20 años han aparecido varios dueños.

En el sexenio de Vicente Fox, Karol Rattinger Aranda fungió como apoderada de los empresarios Rosalío Sánchez León, Arturo Bojórquez León y Sergio Gante Cruz, accionistas mayoritarios del proyec-to Isla Blanca. Rattinger estaba vinculada a Paulina Fox, hija del exmandatario. Lo-gró que el decreto de Área Natural Prote-gida fuera inválido en los terrenos de cada uno de estos empresarios. Así consta en el oficio 002382 de la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo del 10 de junio de 2002.

En febrero de 2004 se divulgó un video donde se observa al empresario Luis Lara solicitar el “apoyo” del entonces senador del Partido Verde Jorge Emilio González Martínez, con el propósito de conseguir los permisos para un desarrollo turístico en Isla Blanca, la misma zona donde la

de compactación, agravando los efectos producidos por el cambio climático”, ad-vierte el reporte del Cemda.

Red de ambiciones

La historia de tráfico de influencias, doble escrituración e intereses políticos y em-

CORRUPCIÓN

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Borge. Complacencia

Tierras vírgenes, turismo de lujo

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hoja: cuando llueve, llueve; cuando hay sol, hay sol. Y si los indicadores siguen aumentando, como en México, donde hay extorsión, piratería, tráfico de armas, nar-cotráfico, contrabando, no hay manera de decir que la estrategia del presidente Cal-derón ha tenido éxito.

“Los que argumenten eso están en un error. Puedo entender que lo dicen porque están bien pagados por la Secretaría de Seguridad Pública o por Los Pinos.

“No dudo que haya buenas inten-ciones del presidente (Calderón) y de su equipo, pero con buenas intenciones to-dos vamos al infierno. La delincuencia organizada ha venido fragmentando al Estado cada vez más y esos indicadores de fragmentación son muy altos: el cri-men organizado se alimenta de esos pe-dazos del Estado y así puede seguir hasta el colapso mismo.”

Según el investigador de la Universi-dad de Columbia, 71.5% de los municipios del país están controlados por la delin-cuencia organizada; hay alcaldes, síndi-cos y regidores que están alineados con algún grupo criminal.

“Y no me refiero –dice– a autoridades de un partido, pues en todos hay casos en que los ayuntamientos que gobiernan sus representantes sirven a los intereses de la criminalidad.”

Y otro elocuente indicador del fraca-so del gobierno, insiste Buscaglia, es que actualmente los líderes del narcotráfico mexicano, como Joaquín El Chapo Guz-mán, están clasificados por el Departa-mento del Tesoro de Estados Unidos como los personajes más influyentes del narco en el mundo.

“(Recientemente) El Chapo Guzmán fue considerado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro como el narcotraficante más pode-roso del planeta. Ante este dato tan contun-dente, no hay vuelta que darle: Calderón es un fracasado y con su ‘estrategia’ sólo logró elevar al Chapo Guzmán al rango de perso-naje mundial en el mercado de las drogas.”

Ello se debe, según el entrevistado, a que el poder patrimonial de los grupos criminales mexicanos, entre ellos el cártel de Sinaloa, se ha extendido a 53 países y su presencia es cada vez más frecuente en Asia, África y Europa. Por lo tanto, de nin-guna manera puedo estar de acuerdo con la aseveración de que las políticas (calde-ronistas), mal implementadas, han tenido algún éxito.

“Esto no es una cuestión de inter-pretación subjetiva en donde, como por ejemplo, a uno le gusta un movimiento artístico y a otras personas no. Lo subjeti-vo acá no vale. Los 22 tipos de indicadores delictivos siguen aumentando en México y en la región centroamericana, que está tan negativamente afectada por México.

NARCOTRÁFICO

“Por lo tanto, no sólo están aumen-tando los índices delictivos en México, es evidente que estamos exportando insegu-ridad humana a países de la región. Y no veo otra salida para el país más que el re-planteamiento de la estrategia a través de un acuerdo político más allá del gobierno en turno, que por fortuna ya se acaba.”

La guerra es contra la sociedad

Periodistas, académicos y analistas políti-cos sostienen que durante muchos años los gobiernos sólo administraron el problema del crimen organizado, sin atacar sus cau-sas. ¿Usted cree que la violencia actual sea consecuencia de esas fallas o existen otras causas, o cree que este señalamiento es un mito más?, se le pregunta a Buscaglia.

–Ésta mal llamada guerra contra el narcotráfico debería ser llamada guerra contra la sociedad y contra el Estado mis-mo, porque la delincuencia organizada mexicana tiene porciones del Estado y porciones de la sociedad civil trabajando para ella.

“No se le puede llamar guerra a un pro-grama de prevención y combate a la delin-cuencia organizada porque es como si el Estado tuviese una guerra contra sí mismo y contra la propia sociedad. Lo que sucede en México es justamente lo que ocurrió en Rusia en los años noventa:

“En México se comenzó una transi-ción política desordenada desde hace dos décadas hacia una democracia que nun-ca llegó a ser participativa, a lo sumo fue electoralista, pues se avanzó hacia una competencia electoral sin instituciones adecuadas.

“La pirámide de comando y control que ejercía el PRI en las décadas de los se-senta, setenta y ochenta permitía gestio-nar a los grupos criminales desde abajo, y

desde arriba simplemente dejó de existir; además, de manera poco competente el presidente Fox desarticuló a los órganos de inteligencia durante la fallida gestión de Eduardo Medina Mora y de otros fun-cionarios que pasaron por el Cisen.

“Los gobernadores comenzaron a vol-verse más autónomos y dejaron de estar sujetos a los controles judiciales, admi-nistrativos y a los controles políticos que se ejercían cuando el PRI poseía una pi-rámide de comando y control autoritario. Por lo tanto, una transición política hacia una democracia que nunca terminó de consolidarse en México generó una frag-mentación institucional.

“Como consecuencia, hubo y hay falta de controles judiciales, administrativos y políticos que permitieron a los grupos criminales que existían hacía décadas –y que eran gestionados por el Estado a gra-do tal que les repartía hasta territorios y mercados– que se toparan con un Estado débil como producto de esa transición po-lítica desordenada.”

Buscaglia sostiene que ahora México está peor, pues no existe un sistema judi-cial que controle la situación; tampoco hay controles políticos. Por lo tanto, la delin-cuencia organizada pasó de ser gestionada por el Estado autoritario a ser la que gestio-na a pequeños fragmentos del Estado que están divididos como un rompecabezas.

Abunda: “En ese ámbito, lo que encon-tramos es a grupos del crimen organizado que están compitiendo entre sí para cap-turar a esos pedazos del rompecabezas. Así vemos que el cártel de Sinaloa captura a una fiscalía; Los Zetas se apropian de una corporación policiaca, y los uniformados comienzan a asesinarse y a matar a fun-cionarios que trabajan para otros cárteles.

“Es claro que México se está debatien-do en una orgía de violencia organizada

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Buscaglia. Calderón, prisionero de Los Pinos

Justo cuando la administración del presidente Felipe Calderón se aproxima a su final –sólo le quedan 11 meses– el balance de la lucha contra el narcotráfico “es muy negativo”, pues él mis-mo se convirtió “en prisionero

de su propia guerra”. Hoy, no sólo no existe ningún viso de éxito en la lucha contra la de-lincuencia organizada, sino que ésta galopa impune aun más allá del territorio nacional.

Edgardo Buscaglia, experto en temas de seguridad nacional y delincuencia orga-nizada, sostiene que la mal llamada guerra contra el narcotráfico se traduce en una guerra del gobierno contra la sociedad y contra las propias instituciones del Estado.

Para el investigador de la Universidad de Columbia, la gente está muy agraviada y seguramente cobrará la factura en las elecciones presidenciales de este 2012.

“En México –dice– ya hay condiciones para que organismos internacionales ac-túen y declaren al país en clara emergen-cia, por las serias violaciones al derecho humanitario; además, en el futuro inme-diato veo que Calderón entregará un país plagado de muertos, descabezados y con instituciones fragmentadas por los pro-pios grupos criminales.”

–¿Fracasó Calderón con su estrategia de guerra? –se le pregunta.

–¿Cuál estrategia? Nunca hubo una es-trategia. Lo que implementó el presidente fue una acción de fuerza con el Ejército. Creo que el presidente debió leer historia antes de implementar sus acciones. En Ita-lia y en Colombia, por ejemplo, el ejército actuó quirúrgicamente, pero acompañado de otras estrategias. En México, Calderón y el Ejército fracasaron y jamás aprendieron de la experiencia de otras naciones.

Desde un país de Asia en el cual se en-cuentra comisionado, Buscaglia señala a Proceso que le extraña que algunas voces, como la del exguerrillero salvadoreño Joa-quín Villalobos, actual asesor de Calderón en materia de seguridad, difundan con sol-tura (revista Nexos, edición de enero) la idea de éxito en la lucha contra la delincuencia organizada.

Hasta ahora, arguye el entrevistado, “no existe ningún sentido científico” ni de política pública para aseverar que la estrategia del presidente contra la delin-cuencia haya sido exitosa.

Y se explaya: “El balance es muy nega-tivo porque en los países donde estamos evaluando la política de seguridad huma-na, como en el caso de Malasia, lo que me-dimos es la forma en que suben y bajan los indicadores de delincuencia organizada.

“En México la delincuencia actúa con 22 tipologías delictivas y no hay vuelta de

RICARDO RAVELO

Calderón dejará un Estado hecho

Quien haga la crónica del gobierno de Felipe Calderón,

cuya gestión termina en menos de 11 meses, tendrá

que decir que su publicitada guerra contra la delin-

cuencia organizada resultó un fracaso, pues careció

de estrategia, causó decenas de miles de muertes y

dejó al país inmerso en una orgía de violencia. El juicio

es implacable y proviene del exconsultor de la ONU

Edgardo Buscaglia, quien asegura que hoy los grupos

criminales se disputan como pirañas los pedacitos del

Estado mexicano. E insiste: el problema del narcotráfi-

co sólo se solucionará con un pacto histórico entre las

diversas fuerzas del país.

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Michoacán

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NARCOTRÁFICO

MORELIA, MICH.- Los ha-bitantes de Zitácuaro sufrieron una gran con-moción cuando vieron los cuerpos apilados de 13 jóvenes, con huellas de tortura y el tiro de

gracia, que fueron arrojados en las calles de esta ciudad la madrugada del lunes 9.

En esta población del oriente michoa-cano no se recuerda un hecho de tal mag-nitud, aunque hace más de un año fue escenario de una emboscada contra la Policía Federal (PF) que dejó 12 efectivos muertos e igual número de heridos.

Esta vez la población experimenta temor e incertidumbre ante lo que significa el ma-cabro mensaje: no sabe si fue un aviso de los grupos delictivos establecidos en la zona o de aquellos que anuncian su llegada.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno no pudieron dar una respuesta. Fueron los propios grupos de la delin-cuencia organizada quienes aclararon los hechos. El miércoles 11 la organización delictiva conocida como Los Caballeros Templarios se deslindó de los hechos.

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Y FRANCISCO CASTELLANOS J.A lo largo de los meses y los años, el estado de Mi-

choacán, emblema de la “guerra” calderonista contra

el narco, cobró la forma de una caprichosa e inacabable

síncopa de violencia, concomitante a los fracasos del

gobierno federal en esta y otras entidades. La semana

pasada, los cadáveres de 13 jóvenes que fueron arroja-

dos a las afueras de Apatzingán constituyen el recorda-

torio de la incapacidad gubernamental para frenar esta

sucesión de horrores...

En un alarde de despliegue simultá-neo, la madrugada de ese día colocó 25 mantas en puentes vehiculares del terri-torio michoacano, incluida la capital, en las que criticaron las acciones de fuerza del gobierno federal en Michoacán. Al día siguiente decapitaron a una persona en Tuzantla, a 20 kilómetros de Zitácuaro.

La víctima fue Alfredo López Arellano, de 41 años, hermano del director de Obras Públicas del vecino municipio de Tiqui-cheo. A un lado de la cabeza dejaron un mensaje: “Este sí es de ustedes, no como

la propia gente que ustedes tiran Pony, Perro y Tinaco. Saludos de Los Caballeros Templarios. Aprendan a respetar”.

El mensaje iba dirigido a La Familia Michoacana, sus antiguos aliados, cuyo supuesto fin anunció a mediados del año pasado el entonces secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional y hoy se-cretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

Zitácuaro forma parte de un preciado corredor para el tráfico de drogas hacia el Pacífico mexicano y el centro del país, pues se ubica dentro del espacio que for-

creciente que alimenta lo que estamos viendo: actos de terrorismo, actos de pa-ramilitarismo, y hasta que esta transición política fallida no se dirima en un pacto histórico entre las fuerzas del país segui-remos viendo que los grupos criminales continuarán capturando, como pirañas, los pedacitos del Estado.”

Para el entrevistado, el fracaso de Cal-derón tiene ya un alto costo social, econó-mico y político, pues el país se precipita al colapso por los caprichos de un mandata-rio ciego, cuyas acciones han derivado en una guerra entre cárteles por esos trozos del Estado, lo que potencia la violencia.

–Desde su punto de vista, ¿había razo-nes para utilizar al Ejército en esta lucha contra el crimen organizado? ¿Fue atina-da la decisión presidencial? –se le pregun-ta a Buscaglia.

–Es la decisión más absurda del mundo. Insisto: al presidente le faltó y le falta leer historia. Su ignorancia tiene un alto costo para el país y para la sociedad. El Ejército es un insumo, un ingrediente de la receta. Pe-ro tiene que actuar acompañado de otros ingredientes que hoy están ausentes.

“En Italia, en los años ochenta, se re-currió al ejército en Sicilia; en Colombia también se le utilizó, pero de manera quirúrgica, para controlar una región. Las tropas entraban arropadas con todo un andamiaje de instituciones funcionales: fiscalías, órganos de inteligencia, jueces. Esas instancias no funcionan adecuada-mente en México.

“Usar sólo el Ejército como ingrediente de una estrategia es como pretender in-terpretar la Novena sinfonía de Beethoven con un solo violín: no puede llegar a dar frutos una estrategia donde se solidifica la represión a través de un ejército que corre el riesgo de ser infiltrado por todo tipo de grupos criminales y mientras los patrimo-nios del crimen organizado sigan intactos y se expandan a otros países.

“Cuando reprimes a los grupos crimi-nales sin quitarles el dinero, lo que hacen

es aumentar los niveles de corrupción y de violencia para contrarrestar una posi-ble reacción del Estado; a eso se le llama ‘la paradoja de la represión’, pues genera más represión, más violencia y más corrupción.”

Buscaglia afirma que esta trampa sur-ge cuando no se ataca el andamiaje patri-monial de esos grupos, que va más allá del lavado de dinero que tanto se caricaturiza en la prensa; ellos manejan cientos de empresas y activos físicos que requieren una logística operativa diaria para trans-portarse y que en México sigue intocada.

Mientras eso permanezca intocado, insiste, el Ejército simplemente se halla en una situación de impotencia aplican-do más represión al crimen organizado, que se sigue expandiendo y sigue corrom-piendo a las instituciones del Estado.

En esto consiste la política fallida del presidente Calderón, por más buenas in-tenciones que tenga frente a este comple-jo problema.

Paz pactada

Exasesor de la ONU en materia de cri-men organizado, negociador de conflic-tos entre países en crisis de seguridad, Edgardo Buscaglia afirma que el hecho de que en algunas regiones del país ha-ya bajado la violencia no es indicador de éxito en la estrategia calderonista contra el crimen organizado.

Y advierte: “¡Cuidado! Nos pueden de-cir que hay eficacia, pero el fondo es omi-noso y preocupante.

“México es una sociedad enferma de violencia que, a diferencia de lo que afir-man los voceros del presidente, está más allá de los grupos criminales. La violencia se ha transformado en un mecanismo de comunicación entre las organizaciones delincuenciales.

“Diría incluso que no hay que tomar a los homicidios y a la violencia organizada como un indicador de éxito o de fracaso de una política pública de seguridad.”

Según Buscaglia, en México se está dando el caso similar al de Rusia, donde se ha consolidado una alianza nacional mafiosa alrededor del Estado; allá, dice, la violencia organizada baja porque se consolida una alianza criminal. Y eso es justamente lo que ha comenzado a suce-der en algunas regiones de México don-de cárteles como el de Sinaloa tienen un fuerte control:

“Ese cártel se está consolidando a tra-vés de alianzas criminales y locales, como ha sucedido en Tijuana y Ciudad Juárez, donde la violencia ha bajado drástica-mente. La violencia es una tragedia social, una enfermedad social, pero no un indi-cador de que la delincuencia organizada esté expandiéndose o no. En una región pueden bajar la violencia y los homici-dios, pero de manera paralela se consoli-da un grupo criminal y sus aliados.

“Este es uno de los grandes problemas que no comprenden los círculos cercanos al presidente Calderón. Ellos toman la vio-lencia y los homicidios como un indicio mediático para medir si estamos bien o mal, incluso suelen presentar sus estadís-ticas como el medidor de éxito o fracaso del presidente.”

Y remata: “No se olvide que hay un al-to nivel de paramilitarismo en México. Se trata de grupos pagados por los gobiernos o los empresarios para limpiar las plazas. Y en los países donde se consolidan las alianzas criminales, la violencia descien-de de manera automática.

“Por lo tanto, en las regiones donde estamos viendo descenso de la violencia es claro que se está dando la consolidación de un grupo criminal y que tiene capaci-dad de controlar regiones, territorios com-pletos, pedazos del Estado. Esto también es una mala noticia para la política de Calde-rón, pues tampoco ha rendido frutos.”

–Entonces, ¿qué fue lo que Calderón combatió en cinco años? Si hay más nar-co que hace cinco años y estos grupos están mejor consolidados, ¿dónde está la lucha contra el crimen organizado? –se le pregunta.

–No hay lucha ni estrategia ni nada. La guerra se desató contra la sociedad y con-tra el propio Estado. Cuando han transcu-rrido cinco años de batalla lo único que veo es a un presidente prisionero de su propia guerra, acotado en su actuar y en medio de un país que se precipita al colapso.

–¿Qué país entregará Calderón a su sucesor en diciembre próximo?

–Un país agotado, una sociedad has-tiada de sangre y de desatinos políticos. El prisionero de Los Pinos entregará un te-rritorio plagado de cruces, luto, muertos, descabezados y de nuevos ricos, porque la guerra también fue un gran negocio; no sólo para el crimen organizado, también para los hombres del poder.

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Militarización. Estrategia fallida

NARCOTRÁFICO

llamado michoacanazo, en mayo de 2009, acusados por el gobierno de Felipe Calde-rón de colaboración con el narcotráfico.

La cuenta del carnicero

La Policía Federal ha tenido en Zitácuaro una de sus peores experiencias en la lla-mada guerra de Calderón contra el narco-tráfico. El 14 de junio de 2010, un convoy de esta corporación fue emboscado por si-carios de La Familia Michoacana que provo-caron la muerte de 12 uniformados e igual número de heridos.

Aunque la PF reportó que fueron 10 sus bajas mortales, dos elementos más murieron cuando eran trasladados a dife-rentes hospitales en Zitácuaro, Morelia y el Estado de México.

Los federales fueron atacados hacia las ocho de la mañana de ese día cuando se dirigían al Distrito Federal, procedentes de Ciudad Hidalgo. Al pasar por la caseta Zitácuaro-Toluca fueron atacados desde un puente peatonal ubicado en el kiló-metro 2+200. Los sicarios, que según la PF fueron 35 y utilizaron 12 vehículos, ataca-ron con armas largas, entre ellas un rifle antiaéreo tipo Barret, fusiles de asalto AK-47 y granadas de fragmentación.

Los federales respondieron y también causaron bajas entre los atacantes, pero éstos recogieron a sus heridos y muertos. Al tiempo del ataque, otro grupo intercep-tó un camión de transporte público. Bajó a los pasajeros y lo colocó sobre la vía que comunica al Centro de Protección Ciuda-dana con la caseta de la autopista que va hacia el Estado de México para luego in-cendiarlo. De esta manera los criminales bloquearon el camino para impedir la lle-gada de refuerzos.

Tres días después, el jefe de la División Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Pequeño, aseguró que el ataque fue orde-nado por Nazario Moreno, El Chayo, líder de La Familia Michoacana, en respuesta a las detenciones de miembros de esa orga-nización delictiva realizadas por la corpo-ración policial.

Un año antes, en junio de 2009, la PF había sufrido otro revés a manos de La Familia Michoacana, cuando los cadáveres de 12 de sus elementos –con huellas de tortura– fueron apilados en el entronque carretero de la autopista Siglo XXI Lázaro Cárdenas-Morelia.

La Policía Federal cobró facturas en la segunda semana de diciembre de ese mismo año, cuando en violentos enfren-tamientos que duraron tres días en varias comunidades de Apatzingán, abatió a El Chayo, considerado el líder espiritual de la organización (Proceso 1780). Su cuerpo no fue mostrado por la autoridad. Medio año después, las fuerzas federales detuvieron a El Chango Méndez.

Tanto Poiré como la Policía Federal celebraron el aniquilamiento del grupo delictivo. El mismo día de la detención de Méndez, Poiré manifestó: “El golpe dado este día a La Familia pone a disposición de la justicia a la cabeza principal que queda-ba de la estructura delincuencial responsa-ble de homicidios, secuestros, extorsiones, corrupción e, incluso, ataques arteros con-tra la autoridad y la población”.

Sin embargo, a seis meses de esa de-claración, la violencia y las extorsiones se mantienen en el estado. Un recuento rea-lizado por este semanario entre diciem-bre pasado y lo que va de enero indica que se han registrado por lo menos 61 muer-tos en choques entre sicarios, la milicia y cuerpos policiales.

La acción gubernamental atomizó a La Familia Michoacana, pero los dos grupos en que se escindió han realizado alianzas con otras organizaciones que han exten-dido a Michoacán la confrontación que mantienen en otras entidades.

El pasado 13 de diciembre, por ejem-plo, en el municipio de Ecuandureo, en los límites de Michoacán con Jalisco, hu-bo un enfrentamiento entre La Familia Michoacana y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo de fuerza del

cártel de Sinaloa. Esta organización, en-cabezada por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada, se disputa con Los Zetas el control del narcotráfico en la mayor parte del país. El CJNG cuenta a su vez con un grupo que se hace llamar Los Matazetas, que en septiembre pasado se adjudicó el asesinato de 35 personas en Veracruz (Proceso 1821).

Es el caso también del grupo delicti-vo identificado como La Resistencia, que mantiene un enfrentamiento con el CJNG. En Michoacán, opera en alianza con La Fa-milia, Los Zetas y el cártel del Milenio.

Los enfrentamientos más fuertes por el control de Michoacán han ocurrido en las fronteras con Guerrero y el Estado de México, así como en los límites con Guanajuato y Jalisco. En el primer caso, en la zona conocida como Paso de Tierra Caliente, que va desde Zitácuaro hasta Huetamo. Incluye a los municipios de Tu-zantla, Tiquicheo, Carácuaro, Nocupétaro y Benito Juárez, en la zona identificada co-mo Cuenca del Balsas.

En la cuenca Lerma-Chapala, en las colindancias con Jalisco y Guanajuato, los municipios más afectados han sido Ecuandureo, Tanhuato, Yurécuaro, Vista Hermosa, Briseñas y La Piedad.

man las fronteras de Michoacán, el Estado de México y Guerrero.

El propio presidente municipal de Zi-tácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, de-claró el mismo lunes 9 que esta localidad es uno de los “focos rojos”, por la dispu-ta de grupos de delincuencia organizada a lo largo de la carretera federal 51, que también pasa por Tuzantla, Tiquicheo y Huetamo, en la llamada Tierra Caliente de Michoacán.

La zona comprende la cuenca del río Balsas. Durante el estiaje en este lugar pueden aterrizar avionetas en las márge-nes de arena de la presa El Infiernillo. En tiempo de lluvias las aeronaves arrojan paquetes de droga procedentes de Suda-mérica, mismos que son recogidos por lancheros de la zona.

Esa región ha sido estratégica para los narcotraficantes establecidos en Apatzin-gán, de donde surgieron los principales grupos de delincuencia organizada en Mi-choacán. Hasta finales de 2010 estuvo bajo el control de La Familia Michoacana, cuando esa organización se mantenía unida.

En diciembre de 2010 las autoridades anunciaron que Nazario Moreno Gonzá-lez, El Chayo, cayó en un enfrentamiento con la Policía Federal. A partir de este he-cho el grupo se dividió en lo que ahora se sigue haciendo llamar La Familia Michoaca-na (FM) y Los Caballeros Templarios, encabe-zados por Servando Gómez Martínez, La Tuta, y Enrique Plancarte Solís, La Chiva o El Kike (Proceso 1808 y 1814).

Alianzas

Los Caballeros Templarios se dieron a conocer en marzo de 2011 mediante la colocación de 40 mantas en puentes peatonales de dis-tintas ciudades, incluido Zitácuaro. En junio de ese mismo año, Jesús El Chango Méndez, quien estaba al frente de la FM, fue deteni-do por la Policía Federal en Aguascalientes,

cuando establecía alianzas con sus otrora enemigos Los Zetas.

En sus declaraciones ante la Poli-cía Federal, Méndez aseguró que la zona comprendida entre Zitácuaro y Huetamo estuvo bajo el control de El Chayo, además de Lázaro Cárdenas, Morelia y Uruapan.

Para enfrentar a Los Caballeros Templa-rios, la facción de la FM no sólo sumó a Los Zetas, sino también a lo que quedaba del cártel del Milenio, que en los años noven-ta del siglo pasado tuvo el control de las drogas sintéticas en el país y que en su momento también se confrontó con Los Zetas, el cártel formado por desertores de élite del Ejército.

La FM ahora está encabezada por Chuy Méndez, hermano del Chango Méndez, de quien heredó la idea de los “12 apóstoles” como cuerpo de seguridad. También esta-bleció alianzas con los Beltrán Leyva, en Guerrero, grupo que se fragmentó luego de la ejecución de su jefe Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organi-zada (SIEDO) considera que detrás de la matanza de los 13 jóvenes, uno de ellos menor de edad y casi todos originarios de Uruapan, podría estar la alianza entre La Familia y Los Zetas.

Los cadáveres fueron arrojados en la colonia La Mangana, en los terrenos de una gasolinera, frente a una tienda Oxxo y cerca de una zona escolar donde hay dos jardines de niños. Este sitio se encuentra en las orillas de Zitácuaro, a un costado de la carretera hacia Huetamo.

Los cuerpos estaban apilados y mos-traban evidentes signos de tortura e im-pactos de bala. Por el olor que despedían, la Policía Ministerial de Michoacán deter-minó que los jóvenes fueron asesinados en otro lugar y por lo menos 24 horas an-tes de que se conocieran los hechos, hacia las dos y media de la mañana del lunes 9.

Junto a la pila de muertos había dos cartulinas firmadas por FM-Z. Proceso supo que se trató de un mensaje para el jefe de Los Caballeros Templarios en la zona, identificado como Gregorio Abeja Linares, El Güero.

Según su ficha policial este sujeto es originario del vecino municipio de San Lucas. Trabajó bajo las órdenes de Susano Sánchez Sánchez, vinculado al cártel del Golfo (CDG), organización que a principio de la década pasada cobijó a quienes años después integraron La Familia Michoacana. La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece 3 millones de pesos por su captura.

En 2008, la Secretaría de la Defensa Nacional dio a conocer que tres policías de Huetamo detenidos por el Ejército protegían a una célula encabezada por Guillermo Abeja Santibáñez, primo de Gregorio. En esa ocasión también fueron detenidos tres integrantes de Los Zetas, el brazo armado del CDG.

Con los 13 cadáveres se elevaron a más de medio centenar las muertes provocadas por la violencia en el último mes. Por ello, el Ejército y la Policía Federal desplegaron operativos por tierra y aire en el oriente del estado y en la zona de Tierra Caliente.

Entre las poblaciones patrulladas se encuentran Tuzantla, Purungueo, Benito Juárez, San Lucas, Rivapalacio, Huetamo y Tiquicheo. Estos lugares han sido esce-nario de constantes enfrentamientos en-tre grupos antagónicos de la delincuencia organizada.

Los cuerpos de los jóvenes que te-nían entre 17 y 22 años –sólo uno de ellos tenía 36– fueron trasladados al Servicio Médico Forense, en Morelia. Hasta el cie-rre de esta edición los familiares habían identificado a 11.

Las víctimas fueron: Nabor Mendoza Rosas, de 36 años; Ricardo Pablo Gutiérrez Armas, de 22 años; Ricardo Montaño Her-nández, de 21; José de Jesús Linares Mu-ñoz, de 21 años; José Guadalupe Farías, de 21; Azael Ramírez Soto, de 18; Jesús Alber-to Rodríguez Armas, de 18; Óscar Daniel de la Cruz Figueroa, de 18, y Juan René Vi-llegas Gómez, de 17. Todos originarios de Uruapan, Michoacán.

También fueron identificados Guiller-mo Jiménez Cortés, de 18 años y habitante de San Juan Nuevo Parangaricutiro, y José Raúl Cruz Ávalos, de 19 años, nacido en Guadalajara, Jalisco.

Los cadáveres fueron escoltados al Servicio Médico Forense por elementos del Ejército. Ni la Policía Federal ni la PGR estuvieron en el lugar. No fue sino hasta el martes 10 cuando elementos de ambas dependencias se presentaron en la alcal-día de Zitácuaro, cuyo anterior presidente municipal, Juan Antonio Ixtláhuac Orihue-la, fue uno de los alcaldes detenidos en el

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Morelia. Narcomensaje para Sicilia

JUSTICIA

David Espíritu Olmedo, Juan Alberto Álva-rez Adame y Rubén Eduviges Coctololo, los normalistas que resultaron heridos du-rante la manifestación del 12 de diciem-bre, luego de que los policías comenzaron a disparar al aire para dispersarlos.

Y aun cuando arguyen que les dispa-raron policías federales y estatales, ningu-no de los tres pudo especificar el origen de los impactos que los hirieron ese día.

En el caso de Eduviges Coctololo, se-gún el documento del ómbudsman na-cional, los médicos de la clínica particular que lo atendieron le extrajeron un frag-mento de proyectil de arma de fuego que se encontraba alojado en su pie izquierdo.

Entrevistado por personal de la CNDH mientras convalecía en el Centro Médico Integral Santa Fe de esta capital, Eduviges Coctocolo dijo que “durante los hechos di-ferentes agentes armados (federales, esta-tales y ministeriales) que se encontraban apostados a bordo de patrullas comen-zaron a disparar, en un principio al aire y luego contra los manifestantes”.

También comentó que cuando vio a dos de sus compañeros caídos –Herrera Pino y Echeverría de Jesús–, observó que aunque algunos de los manifestantes in-tentaron ayudarlos, no pudieron porque los policías seguían disparando.

Según el informe, Eduviges Coctolo-lo intentó ayudar a un compañero “heri-do en el estómago”, pero un impacto en el pie izquierdo lo obligó a refugiarse detrás de un autobús que sus compañeros ha-bían atravesado sobre la Autopista del Sol.

Los policías federales, estatales y mi-nisteriales nunca intentaron auxiliar a los heridos, lo que evidenció no solamente su desinterés “sino una falta de sensibilidad y trato digno hacia ellos”, indica el texto de la CNDH; en el caso de Espíritu Olme-do, quien pidió ayuda a los agentes fede-rales, el estudiante insiste en que no qui-sieron atenderlo.

Espíritu Olmedo tenía una “herida de bala puntiforme en región axilar anterior, así como otro orificio en la parte anterior del tórax a nivel del esternón, de tres cen-tímetros de diámetro”, de acuerdo al dic-tamen de la comisión.

En su testimonio, el normalista rela-tó a los visitadores de la CNDH que lo in-terrogaron durante su convalecencia que los policías estatales que estaban del la-do poniente y agentes federales que se apostaron al oriente estaban disparando a mansalva contra los manifestantes.

Luego de que empezaron los prime-ros disparos, continuó, se escondió detrás del citado autobús junto con otros de sus compañeros. Dijo que cuando la balacera cesó caminó hacia el punto donde se con-centraba el resto de los normalistas.

Espíritu Olmedo también narró que,

estando de frente –viendo hacia el centro comercial Galerías Chilpancingo–, volvió a escuchar disparos y vio que nuevamente les arrojaban granadas de gas lacrimóge-no, lo que lo obligó a agacharse, y al tratar de incorporarse “sintió algo en el pecho, como si le dieran descargas eléctricas”.

Refirió que “al tocarse y levantarse la playera vio mucha sangre”, subraya el in-forme. Aunque solicitó auxilio a los poli-cías federales, que se encontraban atrás de otros autobuses ubicados de frente so-bre la carretera y les mostró la herida, uno de ellos le gritó que se largara. De lo con-trario, le dijo, “le iba a ir peor”.

Espíritu Olmedo optó por alejarse del lugar y abordó un autobús que se dirigía hacia el sur. El conductor se detuvo junto a una ambulancia, que finalmente lo tras-ladó al hospital del ISSSTE en esta capital, donde estuvo internado durante una se-mana. Hoy se encuentra con sus padres.

Según su declaración, él estaba frente al centro comercial ubicado al poniente del punto donde se realizó el desalojo. Desde ahí pudo observar a los policías estatales –“a los que ubicó por el uniforme”, indica el informe– cuando estaban disparando con-tra sus compañeros; también observó a los federales que, dijo, se apostaron en una lo-ma ubicada al oriente.

El normalista aclaró que los agentes federales que estaban frente a él, sobre la autopista, no estaban disparando contra los manifestantes; incluso argumentó que fue a ellos a los que pidió apoyo.

En el testimonio que rindió ante el per-sonal de la CNDH que lo entrevistó el 14 de diciembre en las instalaciones de un hospi-tal privado de esta capital, Álvarez Adame, quien fue herido en el muslo derecho, dijo que al principio los agentes federales y es-tatales comenzaron a disparar al aire y en-

seguida apuntaron de frente a la multitud. Recordó que al correr sintió un impacto en su pierna.

Sus compañeros lo subieron a una ca-mioneta y lo trasladaron a Tierra Colora-da, municipio de Juan R. Escudero, al sur de esta capital, donde fue internado en una clínica particular. De ahí lo traslada-ron a un hospital privado de esta capital.

La tortura

Durante la presentación del informe preli-minar, el ómbusman nacional señaló que en el desalojo de los normalistas del plan-tel “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa hu-bo uso indebido de armas de fuego y uso excesivo de la fuerza pública, lo que deri-vó en el homicidio de dos alumnos de esa institución y cuatro lesionados a tiros.

Tras la refriega, expuso, 24 personas fueron arrestadas en forma arbitraria y sometidas a “tratos crueles”; mientras permanecieron en los separos de la Poli-cía Ministerial una de ellas –el normalista Gerardo Torres Pérez– fue torturada y los agentes le imputaron delitos falsos.

De los detenidos, 14 eran estudiantes: nueve de la normal de Ayotzinapa; cinco de la Universidad Autónoma de Guerrero y del Instituto Tecnológico de Chilpancin-go (Itech), entre ellos una mujer, que no tenían ninguna relación con la protesta; el resto eran campesinos de la región Costa Grande que habían acudido a respaldar el movimiento de Ayotzinapa, así como ciu-dadanos que se encontraban en el lugar a causa del bloqueo carretero.

En el caso de Torres Pérez, de acuer-do con el informe, el comandante regional de la Zona Centro de la Policía Ministerial, David Jesús Urquizo Molina, lo acusó de disparar contra los policías federales con

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Plascencia. Dictamen preliminar

Los testimonios de los tres normalistas de Ayotzinapa

heridos el 12 de diciembre último en la Autopista del

Sol, en Guerrero –que sirvieron de base al ómbudsman

nacional Raúl Plascencia para elaborar su informe preli-

minar sobre el caso– evidencian la falta de pericia de las

corporaciones policiacas estatales y federales; y algo

más: apuntan hacia los uniformados ministeriales como

los agresores. Aun cuando no es definitivo, el documen-

to ya causó reacciones en la entidad. Con todo, los visi-

tadores de la CNDH continúan con sus indagatorias para

presentar su dictamen final en dos meses más.

EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

CHILPANCINGO, GRO.- El dic-tamen preliminar de la Comi-sión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el ata-que a los estudiantes de la Nor-mal de Ayotzinapa –presenta-

do el lunes 9 en la Ciudad de México por su presidente Raúl Plascencia Villanueva– no sólo puso en evidencia la falta de pre-paración de los policías ministeriales para enfrentar manifestaciones; también pro-vocó reacciones encontradas entre las au-toridades estatales, sobre todo por los tes-timonios de tres de los normalistas que resultaron heridos.

“Existe una muy alta probabilidad de que dichos disparos hayan sido proferi-dos de poniente a oriente, lugar en que se encontraban diversos servidores públi-cos del estado de Guerrero”, expuso el óm-budsman nacional. El gobierno de Ángel Heladio Aguirre Rivero reaccionó de inme-diato y emitió un boletín en el que expu-so que separará de su cargo a los servido-res que “hubiesen incurrido en acciones u omisiones sancionadas por la ley”.

A su vez, Alberto López Rosas –quien di-mitió como procurador de Justicia del esta-do el 13 de diciembre, al día siguiente de la

muerte de los normalistas Jorge Alexis He-rrena Pino y Gabriel Echeverría de Jesús– sostiene que la CNDH intenta proteger a los agentes federales y descalifica el informe porque, a su juicio, “no profundiza en la ver-dad histórica” y sólo se basa en supuestos.

El exfuncionario insiste en que los po-licías de la Secretaría de Seguridad Pública

federal fueron los que dispararon contra Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, de 19 y 20 años, respectivamente.

Los testimonios

Para la elaboración del documento, la CNDH recurrió a los testimonios de Édgar

Los testimonioscontra la impunidad...

José Luis de la Cruz

JUSTICIA

J. JESÚS ESQUIVEL

WASHINGTON.- Barack Oba-ma se inscribe en la estra-tegia legal concebida para anular la demanda inter-puesta en contra de Ernes-to Zedillo por 10 presuntos

sobrevivientes de la matanza de Acteal, toda vez que el mandatario estaduni-dense tendría el poder para decidir si se le otorga o no inmunidad al expresiden-te mexicano.

“La clave del caso es saber si el go-bierno de Estados Unidos va a interve-nir a favor o en contra de la solicitud o si simplemente no va a hacer nada”, dice a Proceso Roger Kobert, uno de los abogados que en nombre de los 10 sobrevivientes presentaron la demanda contra Zedillo ante la Corte Federal de New Haven, Con-necticut, el pasado 16 de septiembre.

El gobierno de Estados Unidos recha-zó hacer comentarios sobre la petición de inmunidad que hiciera el expresidente a la Corte Federal; su argumento fue que se trata del caso de un ciudadano privado. Lo único que el Departamento de Estado admite es haber recibido una “nota diplo-mática” del gobierno de México sobre el asunto, pero no reveló el contenido.

El viernes 6 de enero los abogados Jo-nathan M. Freiman y Tahlin Townsend, re-presentantes legales de Zedillo en Estados Unidos, promovieron ante la Corte Federal de New Haven una moción: le solicitaron al juez federal Alvin W. Thompson anular el juicio y los cargos que le imputan a su cliente. Justificaron la solicitud con el ar-gumento de que Zedillo goza de inmuni-dad (diplomática internacional), como les corresponde a los exjefes de Estado y de gobierno.

“Los abogados del señor Zedillo quie-ren que la Corte pida al Departamento de Estado que le aclare si el expresidente go-za o no de inmunidad frente a la deman-da”, anota Kobert, de la firma Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, que representa a los 10 so-brevivientes de Acteal.

Funcionarios del gobierno de Obama consultados por este semanario dicen que el curso legal que se le da a la moción pre-sentada por Zedillo ante la Corte Federal de Connecticut se desarrolla en tres etapas:

La semana pasada el gobierno mexicano pidió a Washing-

ton que se le otorgue inmunidad a Ernesto Zedillo, acu-

sado en una corte de Estados Unidos de delitos de lesa

humanidad por la matanza de Acteal. Los demandantes

–de quienes se desconoce la identidad pero que supues-

tamente vivieron la tragedia de 1997– usan los servicios

de uno de los más costosos despachos legales de la Unión

Americana; este hecho causa extrañeza en Chiapas, don-

de los sobrevivientes de la masacre se deslindan de esa

demanda y sospechan de la existencia de una perversa

estrategia gubernamental para brindarle al exmandatario

mexicano impunidad en vez de inmunidad.

...Y la batalla

por la impunidad

Octavio Gómez

un fusil AK-47, a pesar de que los hechos demostraron que él fue torturado y el ar-ma le fue sembrada. Pese a ello, Urquizo Molina sigue en activo.

El mismo día de la balacera, el aún procurador Alberto López Rosas dijo en conferencia de prensa que los policías estatales habían llegado desarmados al desalojo. Su versión contrasta con la del informe preliminar de la CNDH.

En su testimonio, Torres Pérez, quien aparece en varios videos y fotografías con piedras en las manos enfrentándose a los policías armados, dijo a los visitadores de la comisión que fueron los uniforma-dos estatales los que le sembraron el ar-ma para inculparlo. Expuso que tras dete-nerlo y golpearlo, ellos lo llevaron a una casa abandonada donde le hicieron dispa-rar el arma en repetidas ocasiones y tocar los casquillos percutidos.

Tras realizarle las pruebas médicas y psicológicas, la CNDH concluyó:

“Del análisis interdisciplinario de las evidencias médicas y psicológicas, se con-cluye que en el caso particular de Gerardo Torres Pérez presenta signos y síntomas positivos de tortura, que concuerdan con el relato de los hechos ocurridos el 12 y 13 de diciembre de 2011 en la ciudad de Chil-pancingo, Guerrero.”

Y añade: Todos los policías que partici-paron en el desalojo “emplearon de mane-ra excesiva la fuerza pública y las armas de fuego (…) sin que existieran evidencias fehacientes de la utilización de protoco-los o lineamientos de actuación antimo-tines”; también quedó demostrado que “ninguno de los manifestantes portaba armas de fuego”.

Galimatías policiaco

El documento preliminar –el definitivo es-tará listo dentro de dos meses más, según el ómbudsman nacional– también alude a los obstáculos que tuvieron que sortear los investigadores de la CNDH, en particu-lar las versiones contradictorias de las di-

versas corporaciones policiacas en su afán por deslindarse de los hechos violentos.

Mintió Antonio Valenzuela, quien in-cluso renunció como director de la Poli-cía Ministerial de Guerrero, al decir que sus subordinados acudieron desarmados; también lo hizo el vocero de la Policía Fe-deral, quien aseguró que los federales no llegaron en primera instancia ni estable-cieron diálogo con los manifestantes, “lo que no concuerda con la realidad”, según la CNDH.

Las contradicciones afloraron un día después de la refriega –el 13 de diciembre–, cuando, por separado, los gobiernos esta-tal y federal exhibieron videos editados en un intento por deslindarse e imputar al otro los asesinatos de los normalistas.

No obstante, de acuerdo con la CNDH, la falta de respuesta oportuna de la SSP federal a las solicitudes de información constituyó uno de los obstáculos a su in-vestigación; además, sólo envió “infor-mación parcial y de manera tardía” a la comisión.

Y aun cuando la dependencia federal insiste en que fueron agentes de las corpo-raciones locales los que llegaron primero, los videos de las cámaras de seguridad ins-taladas en la carretera demuestran que los federales estuvieron ahí desde el principio.

Lo que aun no se define es quiénes fueron los uniformados que “realizaron acciones y omisiones en perjuicio de las investigaciones, respecto a la alteración y descuido en la preservación de los indi-cios, los cuerpos de las personas falleci-das y los medios de prueba en general que se encontraban en el lugar de los hechos”.

De los policías ministeriales que par-ticiparon, el informe de la CNDH señala al coordinador de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del esta-do, Rey David Cortés Flores, quien, a pe-sar de que estaba de descanso el día del desalojo, aparece en múltiples fotografías y videos apuntando al grupo de manifes-tantes con un arma larga tipo Colt, calibre .223, modelo AR-6530.

Cortés Flores es uno de los 12 agen-tes estatales que permanecen arraigados desde el 18 de diciembre por su presun-ta responsabilidad en el homicidio de los dos estudiantes.

Y aun cuando la Ley Orgánica de la procuraduría estatal establece que los agentes ministeriales deben usar vehícu-los, armamento y demás equipo a su cargo con el “debido cuidado” y prudencia en el cumplimiento de sus funciones, con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos, eso “no se observó en el caso del mencionado coordinador de la Policía Mi-nisterial”, expuso el ómbudsman nacional el lunes 9.

En resumen, según él, “existen ele-mentos que permitieron observar viola-ciones a los derechos humanos a la liber-tad, integridad y seguridad personal; a la legalidad y al trato digno, en agravio de las víctimas, de las cuales cuatro son meno-res de edad y una es mujer”.

Además, no hubo justificación para el empleo de armas de fuego en el desalo-jo de los normalistas; tampoco en el ca-so de las conductas delictivas por par-te de particulares o manifestantes, por lo que en ambos casos, según la CNDH, “de-berán ser investigadas y sancionadas por las autoridades encargadas de la procura-ción e impartición de justicia para que las afectaciones no queden en la impunidad, las víctimas accedan al sistema de justi-cia respectivo y se obtengan las reparacio-nes adecuadas en correspondencia a los daños afrontados”.

Respecto de Gonzalo Miguel Rivas Cá-mara, el empleado de la gasolinera que murió a causa de las quemaduras provo-cadas por la explosión de una de las bom-bas de la estación, el documento indica que corresponderá al agente del Ministe-rio Público federal investigar quiénes son los responsables del incendio.

Por los hechos narrados, el organis-mo “turnará las evidencias de que se alle-gue para lograr el acceso a la justicia de las víctimas”; además, presentará las quejas y denuncias ante los Órganos Internos de Control respectivos y ante la PGR.

El jueves 12 por la noche, personal de la CNDH arribó a esta capital para realizar un peritaje de trayectoria de balística en el lugar donde fueron desalojados los nor-malistas. El propósito: determinar desde qué sitio se hicieron los disparos contra los estudiantes.

Los visitadores del organismo tam-bién acudieron a la sede de la normal de Ayotzinapa, ubicada en la cabecera mu-nicipal de Tixtla, donde recogieron testi-monios entre la comunidad, que, según la matrícula, es de 520 estudiantes, la mayo-ría provenientes de las regiones más po-bres del estado.

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Ayotzinapa. Visitadores de la CNDH

JUSTICIA

pago exigido como compensación por los daños sufridos por sus clientes.

El abogado aclara que la demanda contra Zedillo es su primer caso contra el exjefe de Estado de un país extranjero. Kobert aclara en la entrevista telefónica que él y sus colegas tienen la capacidad profesional y legal para salir adelante con la demanda: “Ya habíamos anticipado que en el proceso saldría a relucir el asunto de la inmunidad”.

El despacho con sede en Miami tie-ne un amplio historial de aplicación de leyes internacionales... pero en materia comercial. Kobert se asume como experto en temas de inmunidad, territorialidad y soberanía ante las cortes federales de su país. “Revisamos el caso, lo analizamos y decidimos tomarlo cuando llegamos a la conclusión de que es un asunto intere-sante y que se puede ganar”, añade.

–¿Fueron los 10 campesinos de Acteal quienes los buscaron para que los repre-sentaran? –se le pregunta.

–Fuimos contactados por un grupo de abogados mexicanos interesados en ayu-dar a las víctimas de esta masacre.

–¿Quiénes son esos abogados?–No podemos dar a conocer su iden-

tidad. No los podemos poner en riesgo. Ellos nos solicitaron que los mantuviéra-mos en el anonimato.

–¿Dónde tienen su despacho estos abogados mexicanos, en la Ciudad de México, en Chiapas?

–Digamos que en algún lugar de los Estados Unidos Mexicanos.

Kobert sostiene que fue en la primave-ra o el verano de 2010 cuando fueron con-tactados por los abogados mexicanos y explica que tuvieron poco más de un año para investigar en detalle toda la situa-ción antes de demandar a Zedillo: “Hici-mos mucha investigación, reconstrucción de los hechos, entrevistas con testigos y víctimas, análisis de los procedimientos legales y jurídicos y traducción de docu-mentos. Nuestra firma envió representan-tes muchas veces a la región (de Acteal)”.

Respecto de las razones por las que se mantiene en el anonimato la identidad de los demandantes, Kobert aclara que el pro-pósito es no poner en riesgo la integridad de sus clientes y de los familiares de éstos.

“En el primer borrador de la demanda habíamos puesto los nombres y apellidos de todos. Al final determinamos que no era pertinente, porque los pondríamos en ries-go. Pero los documentos están firmados por los denunciantes –identificados como Jane Doe 1, 2, 3, etcétera–, quienes también pusieron sus huellas digitales”, aclara.

La Corte Federal en New Haven acep-tó la demanda con el nombre de Jane Doe para cada uno de los quejosos, pero

Kobert adelanta que en algún momento del juicio –que él afirma que sí habrá– la defensa pedirá confirmar la identidad de quienes acusan a Zedillo. “Pero también ya estamos preparados para enfrentar esa situación”, remata.

El abogado incluso abrió una página en internet donde se exhiben muchos de los documentos del proceso: http://ac-teal97.com.

Una vez que el juez Thompson solici-te la opinión del Departamento de Esta-do sobre la solicitud de Zedillo, y luego de que el gobierno de Obama se la entregue, la Corte Federal de New Haven se lo noti-ficará a los abogados de los demandantes, quienes tendrán 30 días para responder al fallo. En otras palabras: para presentar una apelación, de ser el caso, ante la Corte correspondiente.

Desconfianza en Chiapas

En Chiapas la demanda de los 10 sobre-vivientes contra Ernesto Zedillo y la pos-terior solicitud de inmunidad presentada por el gobierno mexicano sólo han gene-rado dudas y desconfianza.

La asociación civil Las Abejas de Ac-teal –formada por sobrevivientes recono-cidos de la matanza, así como por amigos y familiares– y sus representantes lega-les del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) se deslin-daron de la demanda; afirman que nin-guno de ellos contrató despacho legal al-guno ni ha viajado a Estados Unidos para testificar en el caso.

Consideran que es una cortina de hu-mo para obstaculizar la vía que ellos eli-gieron para desahogar la responsabilidad del Estado mexicano y algunos responsa-bles del gobierno encabezados por el en-tonces presidente Zedillo, a quien acusan de ordenar la estrategia de contrainsur-gencia que culminó con la matanza del 22 de diciembre de 1997.

En 2010, 13 años después de la matan-za, la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos (CIDH) admitió la queja interpuesta por el Frayba y Las Abejas de Acteal, a quienes les notificó haber abier-to el expediente número 146/10. La admi-sibilidad fue dictaminada en el 140 perio-do ordinario de sesiones de la CIDH en Washington los primeros días de noviem-bre de ese año.

En aquella ocasión la CIDH dijo a los denunciantes que había encontrado ele-mentos para admitir que el Estado mexi-cano violentó derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos interna-cionales, por lo que era hora de comenzar a pedirles cuentas.

A raíz de ello, dice el titular del Fray-ba, Víctor Hugo López, la CIDH empezó a solicitar información del caso al gobierno mexicano y en ese proceso conocieron, el 20 de septiembre de 2011, la demanda in-terpuesta cuatro días antes contra Zedillo en Estados Unidos.

Sin embargo Las Abejas y el Fray-ba consideran que la solicitud de inmu-nidad del gobierno mexicano es parte de una estrategia que camina hacia la impu-nidad. Dice Víctor Hugo López que el he-cho de que el gobierno mexicano haya so-licitado inmunidad lo único que hace es confirmar la responsabilidad de los servi-dores públicos.

“A nosotros nos sorprende que en lu-gar de que el gobierno mexicano dé infor-mación para deslindar responsabilidades, intente por la vía del fast track solicitar in-munidad para el expresidente Zedillo.

“Nos sorprende que pudiendo contar con un buen cuerpo de abogados que lo defienda y argumente su inocencia en los tribunales se vaya por esa vía. Se van un poco con la finta de lo que ya ocurrió con un expresidente de Colombia (Álvaro Uri-be), a quien sí le dieron inmunidad duran-te el gobierno de George Bush”, agrega.

Afirma que el sexenio de Zedillo es-tuvo marcado por la estrategia contrain-surgente y que hay al menos tres hechos que lo confirman. Primero la embestida militar de febrero de 1995 contra el EZLN, cuando había un cese del fuego para abrir el diálogo y la negociación; al fallar esa es-trategia ofensiva, como una segunda eta-pa se sentó a dialogar y negociar. Se firma-ron los primeros acuerdos de San Andrés, los que terminó por desconocer. Tras los acuerdos el gobierno añadió un tercer ele-mento: la paramilitarización, la creación de grupos de choque que finalmente con-cluyó con la matanza de Acteal.

“Con esos tres elementos vemos cla-ramente la estrategia ‘dura’, de la que es responsable Zedillo como comandante de las Fuerzas Armadas que era entonces”, señala.

Si se exime de responsabilidad a Ze-dillo, dice, querrán también encubrir a los otros responsables que dependieron de él, entre ellos el exsecretario de Gobernación Emilio Chuayffet, el de Defensa, Enrique Cervantes Aguirre, y el exgobernador de Chiapas Julio César Ruiz Ferro.

Añade que el gobierno de Calderón está haciendo la prueba con este inten-to de solicitar inmunidad “para cubrir-se la espalda viéndose él como expre-sidente, luego de que ha sido señalado por los miles de muertos en México y la demanda que enfrenta en la Corte Penal Internacional”. (Con información de Isaín Mandujano.)

Primero la Corte Federal de Connecti-cut se pone en contacto con el Departa-mento de Estado para solicitar su “punto de vista” sobre la afirmación de los abo-gados de que Zedillo tiene derecho a la inmunidad como expresidente de un país extranjero. Después, según el sistema ju-dicial estadunidense, el Poder Ejecutivo “podría dar su opinión a la Corte” sobre la solicitud de inmunidad. Por último la Corte Federal tiene la libertad de tomar en cuenta o desechar la opinión del Ejecutivo para emitir su fallo.

Kobert aclara que antes de que la Cor-te Federal consulte al Departamento de Estado tiene que notificarles oficialmen-te a ellos el pedido de Zedillo y esperar la opinión legal de la parte acusadora.

“La Corte Federal es la que tiene la última palabra”, enfatiza Kobert, quien hasta el cierre de esta edición aseguró que su equipo no había recibido ninguna notificación del juez Thompson, aunque previó que la comunicación se lleve a ca-bo la próxima semana. Proceso intentó en cinco ocasiones comunicarse telefónica-mente con los abogados de Zedillo, pero no respondieron.

El precedente Filártiga

Funcionarios estadunidenses y abogados internacionalistas consultados por el co-rresponsal admitieron que desconocen el proceso jurídico de un caso en Estados Unidos de solicitud de inmunidad para un exjefe de Estado o de gobierno o exfuncio-narios de países extranjeros.

El único precedente legal de esta na-turaleza es el de la familia Filártiga contra Américo Norberto Peña Irala, exinspector general de la Policía de Asunción, Paraguay, juicio que tuvo lugar en 1980. La decisión fi-

nal fue adversa al argumento de inmunidad.Este caso se sustentó en un hecho ocu-

rrido en la capital paraguaya el 29 de mar-zo de 1976 cuando Joel Filártiga, de 17 años, fue secuestrado, torturado y asesinado por Peña Irala. La demanda señala que ese mismo día oficiales de la policía llevaron a Dolly Filártiga (hermana de Joel) a recono-cer el cuerpo del muchacho, que mostraba huellas de severas torturas.

La familia Filártiga sostuvo que Joel fue secuestrado, torturado y asesinado en represalia por las actividades políticas de su padre, el doctor Joel Filártiga. La familia acusó legalmente a Peña Irala en Paraguay, donde nunca fue juzgado. Al contrario, el abogado de la familia Filártiga fue deteni-do, encarcelado y amenazado de muerte por la policía y posteriormente se le anuló la licencia para litigar en Paraguay.

En 1978 Dolly Filártiga emigró a Es-tados Unidos y solicitó asilo político; ese año Peña Irala también viajó a la Unión Americana y se quedó a vivir ahí, pese al vencimiento de su visa de turista. Al en-terarse de la presencia en Estados Unidos de Peña Irala –luego de haber sido deteni-do éste por las autoridades migratorias– Dolly lo demandó ante una Corte Federal.

A Peña Irala lo acusaron de haber tor-turado y asesinado al joven Filártiga en flagrante violación de las leyes internacio-nales en materia de derechos humanos y de los acuerdos suscritos por el gobierno estadunidense. La representación legal de la familia Filártiga estuvo a cargo del Centro para los Derechos Constitucio-nales. Los demandantes pidieron a Peña Irala una compensación de 10 millones de dólares.

Pese a que la Corte Federal que asumió el caso desechó los cargos y anuló el juicio (por el pedido de inmunidad que hizo el

gobierno de Paraguay), la Corte Federal de Apelaciones del Segundo Distrito del es-tado de Nueva York dio un fallo favorable para la familia Filártiga. La Corte de Nueva York determinó que la denuncia y castigo contra la tortura están garantizados por la aplicación de las leyes internacionales.

Este caso se interpretó como la exten-sión de la aplicación de las leyes interna-cionales por las cortes de Estados Unidos en los casos de delitos cometidos en el ex-tranjero o en el territorio nacional.

Un despacho muy caro

Los 10 sobrevivientes de la matanza de Ac-teal piden que se procese judicialmente a Zedillo en Estados Unidos bajo el mismo criterio de extensión de la aplicación de las leyes internacionales que reconoce el gobierno de Obama y a las cuales está sus-crito. La matanza fue perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en el municipio de Che-nalhó, Chiapas, e implicó la muerte de 45 hombres, mujeres y niños tzotziles.

Los demandantes exigen al expresi-dente una compensación de 50 millones de dólares. La demanda se presentó en la Corte Federal de New Haven por ser ése el distrito que tiene jurisdicción sobre el lu-gar de residencia de Zedillo, quien dirige el Centro de Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale.

En México algunos medios, analistas políticos y columnistas han hecho nume-rosas conjeturas en torno a las razones de la demanda. Algunos ven con suspicacia el hecho de que los 10 sobrevivientes de la matanza hayan iniciado la querella judi-cial –según los comentaristas– usando los servicios de uno de los despachos legales más caros de Estados Unidos.

“Ojalá fuera así; sería rico”, comenta Kobert al respecto, y sostiene que él y sus colegas tomaron el caso porque conside-ran que en éste se halla de fondo una gran injusticia donde las víctimas son muy po-bres. “Estas personas que representamos no tienen dinero ni siquiera para cubrir sus necesidades básicas, mucho menos para pagarles a unos abogados que cobran cientos de dólares por hora”, enfatiza.

–¿Entonces quién les paga? –se le pregunta.

–Lo que tenemos es un acuerdo bajo el cual si ganamos nos llevaremos una por-ción de los 50 millones de dólares que se buscan en compensación por los daños. Si perdemos no nos llevamos ni un centavo.

En casos de violación a los derechos humanos de personas humildes –dentro y fuera de Estados Unidos– es común que despachos legales u organizaciones no gubernamentales acepten trabajar con la esperanza de recibir un porcentaje del

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Acteal. Matanza impune

ESTADOS / CHIAPAS

De la supuesta corrupción de Sabines, Aguilar Bodegas dice que no está claro el uso que ha hecho de los recursos que le da la federación: “Ningún gobierno en Chiapas había recibido tanto dinero; del gasto corriente ha tenido 90 mil millones de pesos y por la vía del Ramo 23 las asig-naciones van de 25 mil a 30 mil millones. Pero el estado tiene una deuda de 20 mil millones”.

Señala que recientemente el Congre-so estatal autorizó 5 mil millones de pe-sos para el pago de adeudos, pese a que constitucionalmente la deuda pública só-lo la puede contratar el gobernador y úni-camente para programas de infraestruc-tura que tengan resultados productivos.

“No hay obras importantes en el esta-do, sólo las que se hicieron el sexenio pa-sado; hay engaños grotescos, como decir que hay cobertura total de salud porque se repartieron credenciales de seguro po-pular, pero lo que no hay son clínicas, mé-dicos o medicinas”, asegura.

Respecto a las seis ciudades rurales sustentables que desde 2009 comenzaron

a levantarse en diversos puntos de Chia-pas –su objetivo era combatir el rezago y la alta dispersión poblacional, pues el esta-do tiene 19 mil 386 localidades de las cua-les 14 mil 346 (74%) son de menos de 100 habitantes– afirma que son un gran fra-caso: La primera, “Nuevo Juan del Grijal-va”, ya está deshabitada y la gente recha-za las otras.

Otro caso es la Torre Chiapas, afirma. Se construyó en Tuxtla Gutiérrez como ex-presión de modernidad, pero en realidad fue un gasto excesivo porque costó 2 mil 500 millones de pesos: a 150,000 pesos el metro cuadrado de construcción.

“¿Dónde está el dinero del presupues-to, del gasto público, de los empréstitos que se han otorgado? Los informes de go-bierno son palabras, carentes de hechos concretos, porque en Chiapas se vive una realidad muy triste: el estado es un set pu-blicitario, hay una población famélica, no hay obra, nada.”

Recuerda que en los resultados del año pasado de la Auditoría Superior de la Federación el gobierno de Chiapas fue el

que recibió la mayor cantidad de observa-ciones y se le detectaron irregularidades por 2 mil 400 millones de pesos. Esta ci-fra la mencionó también el exgobernador Salazar Mendiguchía en la entrevista que publicó Reforma el miércoles 11, en la que aseguró que 900 millones de pesos fueron entregados a constructoras fantasma.

Lo grave de las irregularidades en el manejo de las finanzas públicas, dice el priista, va más allá pues se tiene detecta-do que la deuda de Sabines con construc-toras o proveedoras del gobierno es de 10 mil millones de pesos.

“Set” publicitario

Después del alzamiento zapatista en 1994, Chiapas no había tenido tanta difusión en la televisión como ahora, pero no por las obras que se han realizado, sino por las te-lenovelas que ahí se han grabado, los con-cursos deportivos y hasta de belleza.

Por eso Aguilar Bodegas sostiene que en Chiapas se vive una realidad ficticia, de set publicitario, porque detrás del escena-rio televisivo y del manejo mediático del gobernador “hay una población famélica, no hay obra, nada, y quienes han ganado son los medios de comunicación, los ar-tistas y los promotores de los eventos de-portivos y artísticos y de las telenovelas”.

Que se revele esa realidad y la corrup-ción de su gobierno es a lo que le teme Sa-bines y por eso, afirma el político priista, es que no quiere a nadie que se le inter-ponga para imponer las candidaturas que él quiere y mantenerse en la impunidad. “Esa es la triste realidad del estado. Quien se opone a su voluntad tiene que enfren-tar la persecución o procesos judiciales”, advierte.

A lo largo de la entrevista señala que el problema con Sabines comenzó en la Semana Santa del año pasado, cuando al asistir a la reunión de un amigo en San Cristóbal de Las Casas un grupo de sus ex-colaboradores en la campaña de 2006 le planteó la posibilidad de que se lanzara de nuevo como candidato. Recuerda que ese mismo día recibió la llamada de un asis-tente del gobernador quien lo invitó a reu-nirse con él en Tuxtla Gutiérrez.

“En esa reunión se volvió a tocar el te-ma de mis intenciones políticas y la su-puesta relación con Pablo Salazar. Le di-je que yo no tenía ninguna relación con el exgobernador porque lejos de recibir un beneficio, lo que tuve con él fueron en-frentamientos y que no lo había visto des-de octubre de 2005, que ni telefónicamen-te habíamos tenido una relación.

“Sabines planteó condiciones para que yo me desarrollara políticamente, pe-ro que él las iba a conducir. Yo le dije que mi partido era el PRI y que él no pertenecía al partido, le dije que las cosas con el par-

Aguilar Bodegas. En la mira del gobernador

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JOSÉ GIL OLMOS

Desde el 20 de noviembre de 2011 el político priista José Antonio Aguilar Bodegas huye de la jus-ticia luego de que el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Gue-rrero, lo acusara de operar con

recursos de procedencia ilícita y de perte-necer a la delincuencia organizada.

Aunque ya obtuvo un amparo, sigue prófugo pues asegura que en el fondo se trata de una persecución política; dice que la intención de Sabines es anular cual-quier intento suyo de ser candidato a go-bernador para las elecciones de este año, imponer a su favorito y que la corrupción en que ha incurrido su gobierno perma-nezca impune. Desde ese 20 de noviembre está escondido, evitando la orden de apre-hensión que le dictó el juez tercero en Ma-teria Penal de Tuxtla y de la cual se enteró cuando un desconocido le avisó por telé-fono que iban a detenerlo.

Javier Coello Trejo –el “fiscal de hierro” del salinismo– es su abogado y él es quien ofrece un lugar para el encuentro con el también excandidato a gobernador, quien

de entrada se declara perseguido político de Sabines al que acusa de corrupción y de haber hecho de Chiapas un estado más pobre y olvidado.

Coello asegura que Aguilar Bodegas es inocente y califica de absurda la per-secución política en su contra. Confiado, espera que el amparo concedido el mar-tes 3 por el juez Segundo de Distrito de Chiapas, Juan Manuel Vázquez Fernández, cauce ejecutoria el miércoles 18 para ac-tuar con libertad y demostrar que las dos acusaciones que pesan sobre su defendi-do son prefabricadas.

Cacería política

Durante el par de horas que dura la en-trevista, Aguilar Bodegas no duda en ca-lificar a Sabines de autoritario, represor y corrupto. Sostiene que en Chiapas na-da ocurre si él no lo autoriza, y si alguien se atreve a contrariarlo es perseguido, co-mo es su caso y el del exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía, encarcelado bajo la acusación de un desvío de 2 mil millones

de pesos y la muerte de un grupo de niños en el hospital de Comitán.

Coello acota que Sabines tiene listas 300 órdenes de aprehensión contra sus enemigos, listas para ser liberadas cuan-do él lo considere necesario.

–¿Es usted un perseguido político? –se le pregunta a Aguilar Bodegas.

–Sí. Todo es una persecución política. Incluso mi familia ha recibido amenazas vía telefónica. Después de que el martes 3 se ganó el amparo, hubo un violento ca-teo en mi domicilio en la Ciudad de Méxi-co y la página en internet de la Interpol me colocó entre los buscados por la justi-cia. Además en todos los medios chiapa-necos hay una campaña contra el juez que me otorgó el amparo, diciendo que está al servicio de los mafiosos.

Asegura que el control político de Sa-bines en Chiapas es absoluto y que la persecución en contra suya y de Salazar Mendiguchía es ejemplo de que no quie-re tener a nadie que entorpezca sus pla-nes de permanecer impune a partir de di-ciembre, cuando acabe su administración.

Buscado por la justicia mexicana y por la Interpol, el

priista José Antonio Aguilar Bodegas –exsenador y

aspirante a gobernador de Chiapas– niega los car-

gos que le imputa el mandatario estatal Juan Sa-

bines: operaciones con dinero ilícito y delincuencia

organizada. El exlegislador se considera uno más de

los “perseguidos políticos” del gobernador, a quien

acusa de corrupto, autoritario y represor.

“perseguido”del gobernador Sabines

Otro

ESTADOS / CHIAPAS

En los últimos seis años la deuda de Chiapas ha evolucionado sin control. Cuan-do Pablo Salazar Mendiguchía entregó el gobierno estatal a Sabines, el 8 de diciem-bre de 2006, su gran anuncio fue que la deu-da pública ya estaba en ceros.

En el sitio en internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos de la evolución histórica de la deuda chiapaneca revelan que en 2006 era de 881.7 millones de pesos; en 2007 –pese a lo afirmado por Sala-zar Mendiguchía– ya era de 6 mil 5.4 millones; en 2008, 7 mil 69.9 millones; en 2009, 9 mil 215 millones; en 2010, 8 mil 236.2 millones, y hasta junio de 2011, 7 mil 830.5 millones.

En medio de esta polémica, otro actor político alzó la mano desde prisión: el exgo-bernador Pablo Salazar Mendiguchía, cap-turado el pasado 7 de junio. Agotadas sus vías jurídicas de defensa y con varios proce-sos encima, empezó a hacer declaraciones políticas durante las audiencias penales.

En una de las primeras, el 8 de diciem-bre, dijo que, además de ser un “preso polí-

tico”, su caso era una cortina de humo para distraer la atención sobre los problemas de los chiapanecos: “Entre ellos la escandalo-sa deuda pública de más de 15 mil millones de pesos, la más grande de nuestra historia, la número uno en todo el país bajo el criterio de producto interno bruto.

“Todo el pueblo de Chiapas sabe que al concluir mi gobierno pagué toda la deuda pública; en menos de cinco años hoy pade-cemos el pesado lastre de una deuda impa-gable”, agregó.

Los días 11 y 12 de diciembre, el precan-didato presidencial panista Ernesto Cordero estuvo en Chiapas y animó a Sabines a en-deudarse más con el respaldo que dio a su gobierno y al manejo de sus finanzas públicas:

“El endeudamiento en el estado de Chiapas ha sido para generar prosperidad, para generar desarrollo; para sacar a mu-chos municipios de condiciones de pobre-za, para construir infraestructura. Chiapas es un estado bien administrado”, aseveró.

Sin embargo el gobierno de Chiapas mi-

nimiza su deuda pública y en un informe de junio pasado menciona que “al 30 de junio de 2011 la amortización de la deuda direc-ta ascendió a la cantidad de 462.8 millones de pesos, reflejando un saldo neto de 3 mil 475.1 millones de pesos” y que “al 30 de ju-nio de 2011 el saldo de la deuda indirecta es de 280.8 millones de pesos”.

Para López Arévalo “Chiapas ya es de los estados más endeudados del país, conside-rando la deuda en relación con el PIB, y no se ve obra pública importante por ningún lado”.

Agrega que la pobreza en la entidad ha crecido y el primer objetivo de la deuda de-bió ser disminuirla. “El endeudamiento cre-ció y la pobreza también”.

Basado en el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-tica de Desarrollo Social, dado a conocer a principios de este año, López Arévalo señala que en Chiapas hay 3 millones 784 mil 968 pobres, de los cuales 1 millón 846 mil 87 son pobres extremos, que 79.05% de la pobla-ción chiapaneca es pobre y en pobreza ex-trema está 38.56%.

Afirma que de cada 10 chiapanecos só-lo dos no son pobres y de cada 10 casi cua-tro son pobres extremos: “Es como si vivié-ramos en el África Subsahariana combinada con la Sudáfrica del apartheid, pues si ana-lizas por etnia, los que están peor son los de mayoría indígena y eso significa un apart-heid, no de jure pero si de facto”.

Asegura que Tuxtla Gutiérrez tiene el menor porcentaje de pobreza en Chiapas, con 43.3% de su población en la pobreza, pero en todo México ocuparía el lugar 2 mil 151 de 2 mil 456.

vínculos financieros y políticos con Sala-zar Mendiguchía e incluso de estar ope-rando juntos desde el despacho para de-nostar con panfletos a su gobierno.

“Le aclaré que Salazar Mendiguchía no era parte del despacho y que no ha-blaría con él de mis planes políticos. Des-pués de que nos reunimos a solas entró Alejandro Álvarez Puga, socio del despa-cho, quien aclaró también la situación y que no había ninguna alianza política. Fue una reunión aparentemente cordial pero las cosas no mejoraron, comenza-ron los acosos hasta llegar a esta situa-ción”, advierte el priista.

Según la demanda interpuesta por el gobierno de Sabines, durante tres años (2008-2011), Aguilar Bodegas recibió trans-ferencias y depósitos bancarios por 494 millones 16 mil 667 pesos, dinero cuya procedencia es “ilícita”.

“Estos cargos son infundados y eso ha sido demostrado, por eso nos dieron el amparo”, sostiene el exsenador del PRI.

“En primer lugar quiero remarcar que

la averiguación previa dice ‘inyecta dine-ro del cual hasta el momento se descono-ce su origen’. Es decir que el Ministerio Público no sabe si es lícito o ilícito, lo cual es una aberración porque el acusador di-ce que me consigna por recursos de pro-cedencia ilícita y luego dice que descono-ce el origen de esos recursos.

“Ya se demostró que los recursos no son de procedencia ilícita, que yo no de-posité ni transferí esos recursos, que todo deriva de un préstamo que me hizo una empresa con la que hice un contrato en 2008 para un proyecto forestal que estoy desarrollando en Chiapas.”

–¿Cuánto le prestaron?–Dos millones y medio de pesos en di-

versas exhibiciones. Ese es el origen de to-do. El cargo de delincuencia organizada es porque dicen que yo estoy vinculado a Pa-blo Salazar y a Alejandro Álvarez Puga. Yo a Pablo no lo veo ni le hablo desde 2007 y a Álvarez Puga lo trato porque es funda-dor del despacho donde doy mis servicios.

–¿Entonces de qué se trata?

–Es una persecución política, lo que le preocupa al gobernador es mi presencia en Chiapas y mi participación política ha-cia algún cargo de elección, sea goberna-dor o regidor de Tapachula.

–¿Por qué?–Por su propios temores de haber he-

cho un gobierno de fantasías y porque ha de pensar que si sigo en la actividad polí-tica, seguiría con una actitud de venganza que no tengo y no comparto.

“La realidad termina imponiéndose. El gobierno en Chiapas ha sido represor, corrupto, de acciones fallidas y evidente-mente el gobernador debe tener miedo de que la justicia lo alcance. Por eso quiere tener a todos bajo su control y que le rin-dan pleitesía.”

El priista adelanta que seguirá el pro-ceso legal hasta el fin, que no abandona sus aspiraciones de ser candidato a gober-nador –pese a que ya se percibe el apoyo del PRI al senador Manuel Velasco– y fun-damentalmente se dedicará a demostrar su inocencia.

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“Realidad famélica”

ISAÍN MANDUJANO

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Chiapas rom-pe marcas: ahora el estado gobernado por Juan Sabines Guerrero tiene el en-deudamiento público más alto de su

historia. Pese al escándalo y la polémica por la multimillonaria deuda pública que dejó en Coahuila el exgobernador Humberto Morei-ra, el 15 de diciembre del año pasado, Sa-bines envió al Congreso local una iniciativa de decreto para que se le autorice un mayor endeudamiento.

Por unanimidad el Congreso le autorizó al gobernador Juan Sabines solicitar un présta-mo de 5 mil 479 millones de pesos al Banco Nacional de Obras –para financiar inversiones públicas productivas– a pagar en 20 años.

Fue el segundo préstamo que le autori-zaron los diputados al gobernador chiapa-neco el año pasado. El anterior fue el 31 de mayo, cuando le permitieron endeudarse por 4 mil 863 millones 774 mil 37 pesos con 26 centavos, según publicó el Periódico Ofi-cial el 1 de junio de 2011.

El decreto publicado establecía que 2 mil 863 millones 774 mil 37 pesos con 26 centavos serían para los municipios afecta-dos por “lluvias severas” durante 2010 y que los otros 2 mil millones se usarían para repa-rar los daños causados por el huracán Stan en 2005.

Aun sin haberse comprobado cuánto se le prestó y cómo distribuyó los recursos de ese primer endeudamiento, los 40 diputados locales le aprobaron al gobernador el segun-

do endeudamiento público antes de repartir-se entre ellos los 5 millones 408 mil 178 pe-sos con dos centavos del aguinaldo.

Según el economista e investigador chiapaneco Jorge Alberto López Arévalo, ésta es la deuda más alta de la historia de Chiapas, estado que “oficialmente” has-ta septiembre de 2011 tenía un débito de 9 mil 978.7 millones de pesos. Con lo aproba-do en diciembre el monto asciende a 15 mil 457.7 millones de pesos.

“Es la deuda de largo plazo que tiene re-gistrada en Hacienda. Faltaría la deuda de corto plazo que será de 35% de la registrada, más la de proveedores diversos; fácilmente llega a 20 mil millones”, apunta el experto en temas de pobreza, migración y remesas, so-bre los que ha escrito una decena de libros.

López Arévalo se basa en el Análisis de la deuda pública de las entidades federati-vas y municipios, 20 de marzo de 2011, el in-forme de junio de 2011 de la Auditoría Supe-rior de la Federación y del que cita:

“En conclusión, el estado de Chiapas presenta finanzas públicas con balances (fi-nanciero y primario) inestables en los últimos cinco años, debido al comportamiento del gasto operacional, con un crecimiento medio de 10.4%, mayor que el ingreso (5.5%). Exis-te una excesiva dependencia de los ingresos federales (94.8%) respecto del ingreso to-tal; además, el ahorro interno tiende a dete-riorarse por el comportamiento ya indicado del gasto operacional, lo que en el mediano

plazo pone en riesgo la capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros.

“La comparación del endeudamiento neto (o variación de saldo de deuda) con los balances financiero y primario revela que es suficiente para cubrir estos conceptos en el corto plazo, pero esta situación cambiará a mediano plazo, debido a las restricciones que significa para las finanzas públicas el servicio de la deuda en los años futuros.”

La semana pasada, la firma Fitch Ratings bajó la calificación a la calidad crediticia o riesgo emisor de Chiapas y modificó la pers-pectiva crediticia de “estable” a “negativa” por el creciente nivel de endeudamiento.

El caso Salazar

Ponente en universidades de Europa y Sudamérica, López Arévalo, también do-cente de la Universidad Autónoma de Chia-pas, señala que la deuda es algo relativa-mente nuevo para los estados y municipios en México y que hace un poco más de una década era muy difícil para un gobierno es-tatal o municipal endeudarse pues había restricciones del gobierno federal.

Dice que actualmente la situación es di-ferente, que un gobierno estatal o municipal puede acercarse a cualquier banco o bursa-tilizar activos para hacerse de recursos: “La deuda es la anticipación de los ingresos fu-turos. Al igual que en el caso de las finanzas personales, cuando se pide un crédito lo que en realidad se está haciendo es privilegiar el consumo presente a cambio de sacrificar el consumo en el futuro. En el caso de los go-biernos, la deuda tiene una función similar”.

tido yo las definiría bajo la idea de que no soy propiedad de nadie. A partir de enton-ces comenzaron este tipo de agobios que han llegado hasta la represión.”

Meses antes, en diciembre de 2010, ya se había reunido con Sabines con la idea de aclarar algunos problemas que tenía el gobierno estatal con el despacho Álvarez y Puga, una firma especializada en cues-tiones fiscales donde Aguilar trabaja des-de 2007.

Este despacho, con oficinas en siete estados, Centroamérica y Estados Uni-dos, fue denunciado el año pasado por Gabriel Reyes Orona por presunto frau-de al IMSS. Según el exprocurador fiscal de la Federación, la empresa tiene como socios a Ernesto Zedillo, Marcelo de los Santos y Santiago Creel y sus actividades van más allá del manejo de cuentas fi-nancieras: presuntamente está implica-da en actividades políticas y campañas electorales.

En ese encuentro, dice Aguilar Bo-degas, el gobernador lo acusó de tener

Deuda estilo Coahuila

Oct

avio

Gó

mez

Sabines. Venganza

R I

Sacrificios yreacomodos

en el equipo peñista

POLÍTICA / PRI

El nuevo equipo de campaña

Los reacomodos en la cúpula del PRI tras el remplazo de Hum-berto Moreira por Pedro Joaquín Coldwell, así como el desconten-to de militantes en varias enti-dades por las negociaciones con

el Partido Verde y Nueva Alianza para ce-derles candidaturas para el Senado, dipu-taciones federales y gubernaturas en 2012, comienzan a afectar al equipo de campa-ña de Enrique Peña Nieto.

El domingo 8, el mismo día que el pe-riódico Los Angeles Times lo calificó de “be-llo pero superficial”, Peña Nieto dio a co-nocer el nombramiento de “un primer equipo de coordinadores” para su cam-paña presidencial. Precisó que no se tra-ta de una “estructura paralela” a la del PRI, sino “complementaria”, y que su integra-ción “recoge distintas expresiones” dentro del priismo.

Los nombramientos reforzaron la in-fluencia del coordinador general de la campaña, el exdiputado federal Luis Vide-garay, quien logró colocar como coordina-

Tras sus dislates de diciembre, que lo convirtieron

en objeto de mofa en los medios y en las redes so-

ciales, Enrique Peña Nieto –el candidato priista “be-

llo pero superficial”, según lo definió Los Angeles

Times el domingo 8– reforzó su equipo de campaña

al incorporar a militantes cercanos al senador Man-

lio Fabio Beltrones y a la diputada Beatriz Paredes,

no sin pugnas internas. Como resultado de estos re-

acomodos el coordinador de Comunicación Social

de la campaña, David López, fue desplazado, mien-

tras que Luis Videgaray reposicionó a su amigo Au-

relio Nuño Mayer, uno de los golden boys peñistas.

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PRI

1989 y 1991, dejó sus aspiraciones como candidato a senador y a gobernador de su entidad natal para tener la coordinación política de la campaña del mexiquense.

Neme Sastre ha sido el estratega ju-rídico en la defensa de 10 gubernaturas priistas. Es licenciado en derecho por la UNAM y con maestría en derecho inter-nacional por la Universidad de Houston, Texas.

Baltazar Hinojosa, diputado federal por Tamaulipas, fue designado coordina-dor de la circunscripción 1 a cambio de ce-der sus aspiraciones al Senado. Fue funcio-nario en el gobierno de Tomás Yarrington, presidente municipal de Matamoros y as-piró a la candidatura a gobernador.

También de Tamaulipas es la diputada federal Paloma Guillén Vicente, presun-ta hermana del subcomandante Marcos y aspirante al Senado para 2012. Ahora se-rá la coordinadora de la circunscripción 3 y se le considera otra cuota a favor de Bea-triz Paredes.

En su entidad Guillén Vicente se ha desempeñado como secretaria general de Gobierno y procuradora general de Justi-cia; también fue delegada general del CEN del PRI en Puebla y coordinadora general de la campaña al gobierno de Nayarit.

Como coordinadores de Vinculación Política y de Vinculación Empresarial fue-ron nombrados Salomón Rosas Ramírez e Ildefonso Guajardo Villarreal, ambos dipu-tados federales y aspirantes a una nomi-nación en el Senado.

Rosas Ramírez fue asesor del exgo-bernador de Tamaulipas Eugenio Hernán-dez Flores, uno de los primeros en sumar-se al peñismo. También trabajó para el exgobernador de San Luis Potosí, Fernan-do Silva Nieto, y fue subdelegado Jurídico y de Gobierno en Coyoacán y Milpa Alta cuando Manuel Camacho Solís fue regen-te capitalino.

Oriundo de Monterrey, Guajardo Vi-llarreal fue jefe de la Oficina de Negocia-ciones del Tratado de Libre Comercio para América Latina en Washington durante el gobierno de Carlos Salinas, y oficial mayor de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ha tenido distintas responsabilidades en la estructura del PRI, donde fue secre-tario de Asuntos Internacionales y secre-tario adjunto de la Secretaría General del CEN del PRI. Mantiene una relación cerca-na con Emilio Gamboa Patrón, actual di-rigente nacional de la Confederación Na-cional de Organizaciones Populares.

Los “golden boys”

En paralelo con los políticos vinculados a Beltrones, a Paredes y a grupos políti-cos estatales, Videgaray impulsó también al grupo de jóvenes treintañeros que for-man parte de la segunda generación de

golden boys que acompañan al exgoberna-dor mexiquense.

Entre ellos destacan el propio Aure-lio Nuño, nuevo coordinador de Difusión; también están Emilio Lozoya Austin, coor-dinador de Vinculación Internacional; Er-nesto de Lucas Hopkins, coordinador de la “campaña permanente”; Héctor Velasco Monroy, coordinador de Giras; Paula Her-nández Olmos, coordinadora de Invitados Especiales, y Edwin Manuel Lino Zárate, quien se mantiene como secretario parti-cular de Peña Nieto.

Lozoya es hijo de Emilio Lozoya Thal-mann, quien perteneció al primer “gru-po compacto” de Carlos Salinas de Gorta-ri cuando éste ocupó Los Pinos, al lado de Camacho Solís, quien es el actual opera-dor de la coalición que postula a Andrés Manuel López Obrador.

Lozoya Austin es licenciado en eco-nomía por el ITAM y en derecho por la UNAM. Fue director general para América Latina del Foro Económico Mundial.

De Lucas Hopkins, actual diputado fe-deral, es coordinador de la campaña per-manente. Fue director general de Gobier-no, coordinador estatal y secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Eduar-do Bours en Sonora. Oriundo de Magdale-

na de Kino, Sonora, la tierra de Luis Do-naldo Colosio, De Lucas Hopkins nació en 1976, es licenciado en derecho por la Uni-versidad del Noreste y estudió una maes-tría en leyes y gobierno en el Washington Collage of Law.

Paula Hernández Olmos, diputada fe-deral y gente del exgobernador de Hidal-go, Miguel Ángel Osorio Chong, será la coordinadora de Invitados Especiales. Fue una de las pocas piezas que pudo colocar Osorio Chong frente al creciente poder de Luis Videgaray en el equipo peñista.

De su antiguo equipo de gobierno de Toluca, Peña Nieto incorporó a Héctor Ve-lasco Monroy, quien será el coordinador de Giras, y a Edwin Manuel Lino Zárate.

El vínculo de Monroy, emparentado con las familias del Grupo Atlacomulco, con el candidato priista viene desde 2003 cuando se desempeñó como su coordina-dor de campaña para diputado local. En 2005 fue su secretario particular adjun-to y dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias en el Estado de México.

En el caso de Lino Zárate, ha sido se-cretario particular de Peña Nieto desde 2005, cuando ganó la gubernatura, y se le considera una de las personas de su ma-yor confianza.

POLÍTICA / PRI

dor de Difusión a Aurelio Nuño Mayer, un joven politólogo egresado de la Universi-dad Iberoamericana que le escribe los dis-cursos al candidato, e incluso redactó y coordinó el libro México, la gran esperanza, publicado con la firma del exmandatario mexiquense.

Dentro del equipo de campaña las di-ferencias entre Videgaray y su coordina-dor de Comunicación Social, David López, se han agudizado a raíz de las críticas que ha recibido Peña Nieto en medios interna-cionales, en las redes sociales y en los me-dios impresos y electrónicos que tradicio-nalmente le eran afines.

Los llamados “errores de diciembre” que se iniciaron el día 3, cuando Peña Nie-to cometió una pifia en la Feria Interna-cional del Libro de Guadalajara, agrava-ron las contradicciones en el equipo y en la respuesta frente a los medios.

López, quien fue jefe de Comunicación Social de Arturo Montiel y de Peña Nieto en el gobierno mexiquense, aconsejó que había que minimizar los ataques y no so-brerreaccionar, mientras que Videgaray insistió en que debían contrarrestarlos en las redes sociales. El “cuarto de guerra” de Peña Nieto entró en crisis esos días.

Nuño Mayer y Videgaray jugaron un papel clave en el evento de la FIL. Ambos desplazaron al equipo de comunicación de la editorial Grijalbo y al propio David López. Ni siquiera prepararon una mesa para divulgar el contenido del libro Méxi-

co, la gran esperanza que se presentó en Guadalajara.

Cuando le preguntaron a Peña Nieto sobre los tres libros que influyeron en su vida él no pudo responder correctamente, lo que motivó las burlas de los periodistas y los comentarios mordaces en las redes sociales. Comenzaron también las friccio-nes en el equipo de campaña.

Videgaray logró colocar en el cargo de coordinador de Difusión a Nuño Mayer, expresidente de la Sociedad de Alumnos de Ciencias Políticas y Administración Pú-blica de la Universidad Iberoamericana. De esa manera David López ya no tendrá a su cargo la contratación y producción de spots y la estrategia de las redes sociales.

Nuño fue coordinador de asesores de Videgaray en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Dipu-tados; asimismo, como coordinador gene-ral de la campaña de Eruviel Ávila para go-bernador en el Estado de México, designó a Nuño “coordinador de mensajes”.

Cuotas de consolación

Los nuevos nombramientos incluyeron como vicecoordinadores de campaña a los diputados federales Carlos Ramírez Marín, expresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de 2010 a 2011, y a Felipe Solís Acero, exsecretario gene-ral del IFE. Ramírez Marín forma parte del equipo de Beatriz Paredes, expresidenta

nacional del PRI, y fue aspirante a la gu-bernatura de Yucatán.

Rolando Zapata Bello, secretario de Gobierno en la administración de Ivonne Ortega Pacheco, fue designado por el PRI como su “candidato de unidad” en Yuca-tán, lo que deja a Ramírez Marín fuera de sus aspiraciones en esa entidad y sin la posibilidad de ser candidato a senador en 2012.

En el caso de Solís Acero, uno de los cuadros electorales más importantes del partido y cercano al senador Manlio Fabio Beltrones, su nueva encomienda lo aleja de su aspiración a una curul en el Senado.

Durante el periodo de José Woldenberg como presidente del Consejo General del IFE, Solís Acero fue un poderoso secreta-rio ejecutivo en el instituto así como re-presentante del PRI en el mismo consejo durante los comicios de 2006. Su influen-cia en la estructura administrativa del or-ganismo electoral sigue siendo clave pa-ra el priismo.

En la polémica aprobación de la refor-ma al artículo 24, Solís Acero jugó un papel importante. Subió a tribuna para incorpo-rarle un párrafo al dictamen a fin de elimi-nar la posibilidad de que la ley reglamen-taria de Asociaciones Religiosas y Culto Público fuera ignorada en la reforma.

Otros exprecandidatos incorporados a las coordinaciones del equipo de Peña Nieto son: la diputada federal María Es-ther Sherman Leaño, de filiación beltro-nista, y el senador Ramiro Hernández Gar-cía. Ambos aspiraron a la gubernatura de Jalisco, que finalmente ganó Aristóteles Sandoval, representante del peñismo en esa entidad gobernada por el PAN.

Sherman Leaño ha sido diputada lo-cal, diputada federal en cuatro ocasiones y senadora. Fue titular de la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal y ha sido delegada del CEN del PRI en Yucatán y Baja California. Hoy es coordinadora de “evaluación y seguimiento” de la campa-ña peñista.

Otro aspirante a senador para 2012, el oaxaqueño Héctor Pablo Ramírez, fue in-corporado a la lista de coordinadores de la campaña por la circunscripción 5. Es dipu-tado federal y fue secretario técnico del Poder Ejecutivo durante el polémico go-bierno de Ulises Ruiz (2004-2009).

Fue uno de los artífices de la rebelión de los diputados oaxaqueños que defenes-traron a Elba Esther Gordillo, actual alia-da de Peña Nieto, como coordinadora de la bancada del PRI en noviembre de 2003. También fue uno de los 17 priistas que el 15 de diciembre de 2011 votaron contra las reformas al artículo 24 constitucional que favorecen a la jerarquía católica.

Benito Neme Sastre, compadre y ami-go de Peña Nieto, hijo de Salvador Ne-me Castillo, quien gobernó Tabasco entre

Ger

mán

Can

seco

Beltrones y Paredes. Para todos alcanza

PRI

las despensas que por la crisis alimentaria eran repartidas en la sierra; también se re-firió a las becas para los niños de los alber-gues escolares. A media entrevista realizó una llamada a su colega de Carichí, Ma-nuel Raúl González, para saber si el gober-nador Duarte repartiría despensas en ese municipio al día siguiente.

Charlaron un rato y el funcionario le preguntó a su colega: “¿Tú cuántos camio-nes llevas?... Yo dos... ¿Cómo le vas a ha-cer con el dinero?... Hay posibilidades de que se vayan el sábado ¿verdad?, porque ya sabes cómo se llena, cómo se pone, no hay lugar, cada quien por su lado… Bueno, pues ahí estamos en contacto, Manuel”. Se referían a la operación acarreo para el mitin camuflado del siguiente domingo.

En cuanto Escárcega colgó le dijo a es-ta reportera, como consta en la grabación: “Dice que el gobernador estos días ya no sale porque tiene que organizar la visita del candidato Peña Nieto”.

–¿Y los camiones que van a llevar son para eso? –se le preguntó.

–Vamos a llevar una poquita de gente para que acudan, que vea la presencia del indígena y le suelten más (dinero) para la sierra porque ya ve la situación.

–Pero todavía ni es candidato… –se le recordó.

Con una risa nerviosa dijo: “Así es”. Trató entonces de disimular. Mencionó que el comité estatal del PRI pondría los camiones pero que seguramente no llega-rían hasta la sierra, porque, quiso justifi-car, “ya ve que está muy lejos”.

Pese a su dicho, los camiones sí llega-ron y los rarámuris que esperaban despen-sas fueron subidos a ellos y acarreados al acto con el precandidato. En algunos pue-blos, como en Chinatú, mucha gente quiso subir pero no tuvo asiento; pensaban que el viaje sería para recoger despensas, se-gún relató la gente llegada de Chinéachi.

Afuera del gimnasio diversos funcio-narios de la Coordinadora Estatal estuvie-ron el domingo supervisando el acarreo.

Proceso constató que uno de los 12 autobuses Ballezanos llenos de indíge-nas era liderado por el funcionario Artu-ro Mendoza, empleado de la CET con base en el municipio de Cuauhtémoc. Cuando la reportera le preguntó qué hacía, explicó que a él le tocó conseguir 52 personas para llevar al acto, pero no supo o no quiso de-cir quién pagó el transporte.

“Yo no supe ni qué rollo ni nada, yo só-lo los invité. A mí me dijeron que debía in-vitar a unos indígenas, no sé quién me ha-bló, imagino que sería alguien del partido. Quería que los viera (Peña Nieto) porque son indígenas que no han perdido sus tra-diciones, su vestimenta indígena”, explicó.

El ciríame José Albino dijo que la invi-tación corrió por parte de la coordinadora. Su colega Francisco Mariano de Sinforosa

dijo que un empleado de la coordinado-ra llegó hasta su casa a pedirle que junta-ra a su gente.

La única indígena entrevistada que sí entendió que viajarían para ver al candi-dato, bajo el patrocinio del PRI estatal, fue Luz Elena Villalobos, gobernadora de la comunidad La Cañada, municipio de Bo-coyna, quien dijo: “Nos invitó un señor de Bocoyna, del partido, y pues nosotros aprovechamos que nos invitan a cono-cer al candidato. Pero hasta que sea al-go vamos a decirle que nos apoye con he-rramienta porque mucha gente no tiene, ahorita nada más es candidato”.

La mujer dijo que por el hambre tienen prometido recibir despensas a fin de mes. Pero la crisis es tal que ya convocó a su co-munidad a tocar violín y tambores, bailar y cantar, a la usanza de sus ancestros, pa-ra que Onorúame (Dios-Padre) se contente.

“Onorúame se enoja porque ya no cantamos en nuestra comunidad, por las faltas de respeto, tal vez por eso nos fal-ta la lluvia, la nieve, las enfermedades del bosque, se acaba el alimento, porque no cumplimos con lo que él nos encargó de danzar, tocar, hacer la ceremonia que ha-cían los antepasados porque es el Dios-Padre que nos dio la tierra, la naturaleza.

la sequía que acabaron con toda la cose-cha (Proceso 1836).

Otra vez operó el aparato de Estado, ahora al servicio del precandidato. A la vista quedó el descarado uso del hambre con fines electorales.

“Siempre aquí andamos, siempre; a veces dan cobija, a veces dan dinero, aho-ra no han dicho”, dijo al final del acto el rarámuri Valentín Jiménez García, traído desde Chinatú, en el lejano municipio de Guadalupe y Calvo (donde Chihuahua co-linda con Sinaloa y Durango).

La plana mayor priista ya estaba en La Casona agasajando al candidato. Al llegar a la céntrica casa colonial resguardada por hombres armados, Peña Nieto inten-tó saludar a los ciudadanos que pasea-ban en el bazar dominical de antigüeda-des ubicado en la acera de enfrente, hasta que una brava mujer le gritó: “No lo que-remos aquí, mejor póngase a leer libros”. El abanderado sólo atinó a responder: “No me diga eso, señora”.

Al servicio del candidato

El miércoles 4, en sus oficinas en Creel, Je-sús Escárcega –encargado de operaciones de la Coordinación Estatal de la Tarahu-mara (CET) en los municipios de Creel, Bo-coyna, Maguarichi, y en parte de Urique y Guachochi– comentó a Proceso acerca de

Marcela Turati

POLÍTICA / PRI

MARCELA TURATI

CHIHUAHUA, CHIH.- El rarámuri Al-berto Ramos se lamenta por-que durante el ciclo pasado no se logró la cosecha y el gobierno estatal no ha enviado despen-sas a Carichí, su municipio. No

obstante, el sábado 7 el mismo gobierno sí se acordó de sus habitantes y les man-dó unos autobuses para llevarlos de pa-seo. Él tomó un asiento, al igual que una treintena más de vecinos de su comuni-dad. Creyó que los traerían a esta ciudad para recoger comida, pero cuando se ba-jó del camión encontró que ríos de per-sonas bajaban de otros autobuses y eran concentrados en el gimnasio Manuel Ber-nardo Aguirre.

“Nosotros nomás nos venimos, la coor-dinadora estatal nos trajo, no sabemos ni a qué. Despensa no dieron”, dijo el indí-gena de Chinéachi el domingo 8, al salir de entre el gentío, cuando estaba esperan-do a que el chofer del autobús de Trans-portes Ballezanos arrancara para llevar-lo de regreso a su poblado. Sin despensa ni nada, pese a que en su comunidad –di-ce– dos personas han muerto por desnu-trición, no sabe si provocada por la sequía.

Al pie de otro de los más de 130 auto-buses estacionados alrededor del gimna-sio más grande de Chihuahua, el ciríame (gobernador rarámuri) de Cieneguita de la Sinforosa, municipio de Guachochi, Fran-

cisco Mariano González, tampoco entien-de a honras de qué les extendieron la in-vitación para viajar a Chihuahua –más de seis horas de camino– y se pregunta: “¿Pos por qué nos traerían? No han explicado nada. Nos traerían a oír esas pláticas que nos echaron ahorita”.

Las “pláticas” a las que se refiere Fran-cisco son los discursos cargados de loas que se lanzaron el presidente nacional del PRI, Pedro Joaquín Coldwell; el presi-dente estatal de ese partido, Leonel De la Rosa; el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y el precandidato del PRI a la Pre-sidencia, Enrique Peña Nieto. Esto ocurrió en el acto de toma de protesta a los comi-tés municipales y seccionales de su parti-do, que más parecía acto de arranque de campaña donde salieron a relucir las vie-jas mañas del acarreo.

Al gimnasio, en donde se realizan con-ciertos y partidos de basquetbol, llegaron al menos 12 camiones cargados de rará-muris traídos de la sierra que, como Fran-cisco o Alberto, no sabían de qué trataba ese acto partidista. En éste participaron funcionarios públicos, políticos en fun-ciones y jubilados, diputados, senadores, exgobernadores y alcaldes uniformados de rojo, donde Duarte destacaba con su chaqueta verde que combinaba con la roja del precandidato.

“Viene la gente a ver qué dan. Agarra-

mos camión. Lo mandó Arturo; el miérco-les fue a avisar que juntara a la gente y vi-nimos”, explicó José Albino, otro ciríame de Carichí, vestido a la usanza tradicional con su paliacate como banda en la cabeza y su camisa de manta.

–¿Y les dieron algo?–No…. nada.Los oradores del acto se cuidaron de

referirse al exgobernador mexiquense co-mo el precandidato. La excusa para su vi-sita fue la invitación como “testigo de ho-nor” a la toma de protesta de la estructura que operará su campaña.

En los discursos, siempre rematados con abrazos entre los halagados, se escu-charon varias menciones del respeto del partido y del mismo Peña Nieto a la legali-dad, a las reglas del juego, al dictamen del IFE que les impidió hacer actos de cam-paña prematuros hasta ser nombrado ofi-cialmente “el candidato”.

En el gimnasio se mostraba el múscu-lo del partido ordenado por sectores cor-porativos: la CTM, el Frente Juvenil, las es-tructuras seccionales, la CNC, la CNOP y los indígenas serranos. Estos últimos, co-mo pudo constatar Proceso, acarreados por la Coordinación Estatal de la Tarahu-mara (conocida como la coordinadora), el órgano de gobierno encargado de repartir despensas para paliar la hambruna que comienza a presentarse por las heladas y

Con el joven precandidato y de “ideas nuevas” Enrique Peña Nieto

se reeditó puntual una de las prácticas más viejas y deleznables

del priismo: el acarreo. En la Sierra Tarahumara, este recurso cobra

dimensiones todavía más abyectas porque carga con los indígenas

de la zona, atribulados hoy por la sequía y las muertes por desnutri-

ción, engañados con desparpajo y condicionados con el cuento de

la entrega de despensas y de “ayudas” que casi nunca llegan…

operación cinismoEn la Tarahumara,

Él dice ‘ustedes se están alejando, yo tam-bién’. Por eso en la fiesta le platicamos a Onorúame nuestras necesidades”, expli-ca desde el primer asiento del autobús la mujer de cabellos largos canosos.

El camión hacía fila entre decenas que, amontonados, esperaban su turno de sa-lida del estacionamiento. El embudo se hizo porque cada uno tenía que estacio-narse unos minutos para recibir comida dispuesta en platos desechables y sus res-pectivas latas de coca para que los pasaje-ros aguantaran el camino de regreso.

Al acto de presentación del precandi-dato también acudieron rarámuris encar-gados de entregar despensas por la sie-rra con el logotipo del gobierno del estado “Chihuahua Vive”.

Ante esta situación, el jesuita Javier Ávila, director de la Comisión de Solidari-dad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), dice a este semanario: “Si eso gastan sin ser la campaña, cuando todavía es ilegal, ya imagino lo que van a gastar du-rante la campaña: puro dinero del pueblo. Y así quieren lavarse la conciencia trayén-dole comida a los indígenas”.

En su pasada edición, Proceso publicó que este año azota una crisis alimentaria sin precedente en la Sierra Tarahumara, a causa de las condiciones climatológi-cas atípicas que mataron toda cosecha de maíz y frijol de temporal, las matas de ma-riguana, y acabaron con los pastizales pa-ra la alimentación del ganado. El gobierno del estado y las organizaciones sociales que atienden la emergencia calculan que 250 mil personas tendrán que ser alimen-tadas desde ahora y hasta octubre próxi-mo porque se quedaron sin comida. En al-gunas comunidades ya se han registrado decesos por la desnutrición.

Recortes

La CET es una dependencia creada duran-te la administración de Fernando Baeza (en la década de los noventa) para coor-

dinar las acciones de gobierno dedicadas a mejorar la vida de los serranos y aten-der a los pueblos indígenas. No obstante, desde el sexenio del gobernador Patricio Martínez, cuando terminó envuelta en es-cándalos de corrupción, comenzó su des-mantelamiento hasta quedar en lo que es hoy: la repartidora oficial de despensas y cobijas, según la calificó el exdiputado pe-rredista Víctor Quintana.

“La coordinadora este sexenio sobre todo está muy por debajo de las exigen-cias y muy politizada. Reparte despensas y ahora construye viviendas de dos cuar-titos. No integra la política social, y de re-partidora de despensas ahora será promo-tora del voto”, opinó.

Según el analista político Alejandro Sal-món, de 2011 a 2012 se le redujo el presu-puesto en 24%. Una fundación donataria que otorga apoyos a las organizaciones se-rranas informó a Proceso que recortó las be-cas de alimentación que recibían los alber-gues infantiles a pesar de que, en esa región, son indispensables ya que muchos indíge-nas comen únicamente en la escuela; cuan-do salen de vacaciones se desnutren.

El vocal ejecutivo de la CET es Jesús Velázquez, un polémico amigo del gober-nador, conocido nacionalmente como “el alcalde actor”, a raíz de su participación en películas sobre narcotraficantes, co-mo La Ram blanca, La manzana de la discor-dia y Plomo en la sierra, financiadas con el erario cuando él era alcalde del municipio de Guadalupe y Calvo –municipio famoso por el turismo, la madera, la agricultura y las narcosiembras.

En Plomo en la sierra protagonizó a un campesino que pierde a su familia por culpa del Ejército; progresa hasta conver-tirse en cultivador y transportador de dro-ga, hasta que llega a vengarse (con armas largas) de sus opresores.

Durante su administración fue san-cionado por tener familiares en la nómi-na. Posteriormente se hizo diputado local y destacó por ser el priista que menos veces

subió a la tribuna. Aun así, este empresario maderero del sur del estado fue elegido pa-ra formar parte del gabinete duartista.

Una de sus primeras y más polémicas acciones fue trasladar la sede de la coordi-nadora a Guachochi, al sur del estado, que a pesar de estar en la Sierra Tarahumara no es de fácil acceso para todos los serranos, como lo eran las oficinas en Chihuahua. Con el cambio se redujo el número de em-pleados y se acortó más el presupuesto.

“La coordinación perdió sus orígenes que eran prestar servicio a las comunida-des y coordinar a todos los que trabajan en la sierra. Este sexenio, como el anterior, el papel que juega la coordinación es de apoyo político y manejo de votos en la sie-rra. De la noche a la mañana corrieron a gente cercana a los indígenas y empeza-ron a poner a gente cercana a los proce-sos políticos y partidistas”, señaló el jesui-ta Ávila, con 37 años de trabajo en la sierra y cofundador de la coordinadora.

La explicación que el gobierno dio pa-ra justificar el cambio de sede es que se trata de acercarse a la gente. Para Salmón es obvio que desde ahí se operará elec-toralmente para recuperar el voto serra-no hacia el PRI, debido a que por primera vez los municipios serranos fueron gana-dos por el PAN.

“El PAN ganó 24 municipios (de 67), la mayoría en zona rural, lo que es inédito. Hubo mucha operación del gobierno fede-ral a través de Diconsa, Sagarpa y Oportuni-dades para arrebatarle al PRI el voto verde. El traslado de la coordinadora a Guachochi, aunque el gobernador dice que es para es-tar cerca de los indígenas, es para pasar a la sierra esta oficina que ya no tiene razón de ser porque se quedó sin funciones y se convirtió en el centro político-electoral. Es-tando allá (a dos horas en vuelo desde la capital) los periodistas difícilmente podre-mos vigilarla”, dijo Salmón.

El exvocal ejecutivo de la CET y actual gerente regional de Diconsa Norte-Centro, Pedro Pérez Mata, lamentó que en los últi-mos años esa dependencia perdió presen-cia en las comunidades y abandonó algu-nos programas.

Sobre el posible uso electoral de este or-ganismo opinó que el voto indígena es rela-tivamente pequeño en el estado, por lo que la coordinadora no puede ser factor decisi-vo para ganar unas elecciones; sin embargo, considera que puede intentar manipular a los líderes indígenas porque ha habido crí-ticas de que “los trae de arriba pa’ bajo” en sus actos. Si quisiera su voto, apunta, podría obtenerlo condicionándoles el apoyo.

Aunque se intentó entrevistar a Veláz-quez sobre los señalamientos y las evi-dencias del acarreo de la coordinación al acto del precandidato, hasta el cierre de la edición no se había reportado a las llama-das de la reportera.

POLÍTICA / PRI

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Sábado 7 en Chihuahua. El acarreo

POLÍTICA EXTERIOR

graves riesgos, entre ellos “la influencia creciente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre las fuerzas del orden” en el país.

Tales señalamientos aparecen en el libro Los retos internacionales de México, ur-gencia de una nueva mirada (Siglo XXI, 2011), que reúne ensayos de expertos en polí-tica exterior coordinados por Guadalupe González, investigadora de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y por Olga Pellicer, diplomática de larga ca-rrera, investigadora del Departamento de Estudios Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y colaboradora de Proceso.

Las observaciones de los expertos contrastan con lo expresado por Feli-pe Calderón el pasado jueves 5 durante una comida con embajadores y cónsules mexicanos que celebraron su XXIII re-unión anual. “Me siento contento porque México está mostrando un rol de respon-sabilidad y también de liderazgo a escala mundial”, declaró.

Incertidumbre

En la introducción del libro, González y Pellicer recuerdan que ya en 2005 diversos académicos advertían que “más que en otros momentos de su historia reciente, México parece haber perdido el rumbo, de suerte que en momentos de transición y redefinición del orden internacional se encuentra a la deriva comparado con otros países con peso económico y políti-co similar”.

Más de un lustro después, señalan, “las consecuencias de la falta de rumbo y asertividad resultan más evidentes y alarmantes debido a la necesidad que en-frenta el país de responder a un entorno internacional particularmente incierto y apremiante”.

Enumeran algunos aspectos: la crisis económica en Estados Unidos y en Europa y la falta de definición en las reformas a la estructura financiera internacional que otorguen estabilidad a la economía del mundo; las revueltas en los países árabes que han hecho caer a los regímenes au-toritarios, lo que puede derivar en inesta-bilidad en una región que concentra las mayores reservas de petróleo; el cambio en las coordenadas del poder interna-cional, cuyo eje se movió de Occidente a Oriente, principalmente a China “donde se encuentra ahora el punto de mayor in-fluencia para el comportamiento de las finanzas y el comercio internacionales”.

Advierten que “Estados Unidos si-gue siendo el país de mayor peso en los asuntos mundiales” debido sobre todo a su poderío militar, pero tiene flancos vulnerables: “su enorme déficit externo,

la incertidumbre sobre el alcance de su recuperación económica iniciada en 2010 y lo difícil o imposible de ganar la guerra que emprendió en Afganistán”.

Afirman que “en ese panorama de rá-pidas y en ocasiones inesperadas transfor-maciones, algunas potencias emergentes –como Brasil– han mejorado su posición internacional”.

Subrayan que ello no ha ocurrido en el caso de México. Por el contrario, “debido a su estrecha vinculación con la economía de Estados Unidos, resultó el país de Amé-rica Latina más golpeado por la crisis eco-nómica (…) Por los mismos motivos, ha sido muy difícil empujar la diversificación de sus relaciones económicas externas”.

Dicen que si bien “la fuerza de los la-zos económicos de México con Estados Unidos se ha hecho más visible”, al mis-mo tiempo “se ha puesto en evidencia el debilitamiento de esa relación económica cuyos rasgos esenciales no han cambiado desde la firma del TLCAN (...) y cuyo po-tencial para animar el desarrollo del país es cada vez menor”.

Afirman que “más allá de las relacio-nes externas, el problema sobresaliente del país es de orden político”.

Explican: “México inicia una nueva década bajo la sombra del desprestigio de sus instituciones políticas y de la centrali-dad adquirida por las acciones del crimen organizado. Existe la percepción generali-zada de una transición democrática que perdió el rumbo, cuyo rasgo más vulnera-ble es la amenaza del narcotráfico que pe-netra todas las capas del sistema político y provoca niveles alarmantes de violencia e inseguridad. La capacidad de las institu-ciones (...) está rebasada para hacer frente a esta situación”.

Llaman la atención sobre “el descuido de la élite mexicana, empresarios y me-dios de comunicación ante los problemas que enfrentan las relaciones” exteriores del país. Apuntan que “México es un país ensimismado, desinteresado sobre lo que ocurre allende sus fronteras”.

Subrayan otra circunstancia: “La con-vicción de que existen riesgos muy serios si no se asume una posición más compro-metida con las relaciones exteriores de México, dado los cambios que ocurren a nivel internacional y la gravedad de pro-blemas internos carentes de solución si se prescinde de cooperación y alianzas internacionales”.

“Es imposible llevar a cabo un Plan Na-cional de Desarrollo sin incorporar la lec-tura atinada de la evolución que seguirá la economía de Estados Unidos, cuyos vaive-nes se reflejan de inmediato en las expor-taciones, las remesas de los trabajadores migrantes o en la inversión extranjera directa; es imposible diseñar los planes para combatir el crimen organizado sin

considerar la forma y las condiciones que tendrá la cooperación con los servicios de inteligencia estadunidenses; es imposible mejorar el control de la frontera sur sin haber puesto en pie acuerdos con Guate-mala y Belice.”

La desconfianza

En el libro aparece el ensayo México y Es-tados Unidos: de socios entusiastas a vecinos incómodos, escrito por la propia Pellicer y por Hazel Blackmore, directora ejecutiva del Centro de Estudios y Programas Inte-ramericanos del ITAM.

Las autoras recuerdan que en los no-venta se amplió y fortaleció la Comisión Binacional para las relaciones México-Estados Unidos. Esta comisión se reunía anualmente y en ella llegaron a participar hasta 20 secretarios de Estado de ambos países para abordar los diversos temas de la agenda bilateral.

“Diez años después, la situación ha cambiado”, apuntan Pellicer y Blackmore. Y sostienen que “la cooperación y el diálo-go entre los gobiernos de ambos países se ha estrechado para concentrarse, casi ex-clusivamente, en el tema de la seguridad”.

Además, detrás de la cordialidad que se dispensan los presidentes Barack Oba-ma y Calderón, priva la desconfianza. “Por el lado mexicano –explican– ésta se ma-nifiesta en el discurso defensivo y en las reclamaciones, sea por el escaso control sobre la demanda de drogas de aquel país, la falta de control en el tráfico de armas hacia México o el maltrato a los trabaja-dores indocumentados.

“Por el lado estadunidense (...) surge por el temor a situaciones de ingoberna-bilidad al sur de su frontera. Este peligro afecta lo que ha sido uno de los objetivos centrales del gobierno estadunidense res-pecto a México: el mantenimiento de la estabilidad que asegure el control sobre un territorio vital para la seguridad de la Unión Americana. El fantasma de México como ‘Estado fallido’ recorre los pasillos de la Casa Blanca y de Capitol Hill desper-tando inquietudes y provocando declara-ciones contradictorias, como las vertidas en torno al carácter ‘insurgente’ de la ac-ción del crimen organizado”.

Las internacionalistas afirman que el gobierno de Felipe Calderón “no corrigió” la “ausencia de objetivos y estrategias claros de política exterior” que carac-terizaron al sexenio de Vicente Fox. Así, señalan, “la relación con Estados Unidos se ha conducido a partir de situaciones coyunturales”.

Cuando en 2009 Barack Obama asu-mió la presidencia de Estados Unidos enfrentó una coyuntura particularmente difícil: una “gravísima” recesión económi-ca y dos guerras: Irak y Afganistán.

México no atina a enfrentar los nuevos retos internacio-

nales ni se muestra capaz de recomponer su relación

más importante, ya contaminada por la desconfianza

mutua: la que tiene con Estados Unidos. Tales son algu-

nas de las conclusiones del libro Los retos internacio-

nales de México, urgencia de una nueva mirada, coordi-

nado por Guadalupe González, investigadora del CIDE, y

Olga Pellicer, diplomática, investigadora del ITAM y cola-

boradora de este semanario.

HOMERO CAMPA

México perdió el rumbo: va a la deriva en momentos en que el orden internacional es particularmente incier-to debido a las crisis que lo sacuden y a los cambios

en las coordenadas mundiales, cuyo eje se movió hacia China. Además la política exterior de Felipe Calderón carece de un proyecto integral –que identifique priori-dades y fije metas y estrategias para al-canzarlas– en la relación bilateral más im-portante para el país: Estados Unidos.

En los hechos dicha relación bilateral está “orientada” por la “inercia de los pro-blemas de seguridad en México”. De con-tinuar esta tendencia el país se expone a

a la derivaMéxico,

POLÍTICA EXTERIOR

litos, como tráfico de armas, lavado de dine-ro, asociación delictuosa y, con ello, una in-dustria de la violencia que ha derivado en la multiplicación de delitos del fuero común, como homicidios, secuestros, extorsiones y robos a mano armada.

Dos factores han contribuido a esta evolución. El primero, que las instituciones mexicanas de aplicación de la ley y perse-cución del delito no estaban preparadas pa-ra enfrentar el fenómeno en la magnitud con la que entró al nuevo siglo. El segundo, el “vacío de poder”, consecuencia de la tran-sición democrática, lo que provocó la des-articulación de los sistemas de control del antiguo régimen sin haberlos sustituido por otros. Un problema de esos sistemas de control que ha permanecido es la corrup-ción, arraigada desde hace tiempo en las instituciones y en la sociedad mexicanas.

Lo que es claro es que ni la estrategia estadunidense ni la mexicana, juntas ni se-paradas, han podido evitar la expansión del crimen organizado vinculado con el negocio de las drogas, que ahora se extiende prác-ticamente a todo el continente. También es claro que el gobierno de Estados Unidos no ha encontrado la solución o no ha que-rido encontrarla. Esto significa, para todos los efectos prácticos, que México ha debido trabajar en su propia solución.

Este hecho es significativo pues impli-ca, a diferencia del pasado, que la estrategia de seguridad frente a amenazas externas ya no se puede resolver acogiéndose a la som-brilla de Estados Unidos, como pasó durante la Guerra Fría. Ahora la amenaza es multina-cional e interna. Está en México, en Estados Unidos y en la mayor parte de los países del

continente. No hay solución regional liderada por Estados Unidos ni por ningún otro actor para acabar con este mal, ni existe un esque-ma multinacional sólido y eficiente para ha-cerle frente. Hasta ahora las redes criminales han sido más exitosas y han logrado avanzar más en sus objetivos que los gobiernos.

En este contexto el crimen organizado es una amenaza que ha puesto de manifies-to las fortalezas y las debilidades del Esta-do mexicano, de sus instituciones y de sus limitaciones para contar con un andamia-je institucional adecuado para instrumen-tar una solución de la que los mexicanos es-tén convencidos y a la que estén dispuestos a apoyar.

Desde 1988 el gobierno de la república había etiquetado el narcotráfico como la ame-naza más seria a la seguridad nacional. Para el año 2000 era evidente que el fenómeno había trascendido el ámbito de la seguridad pública para ubicarse en el ámbito de la nacional. Las fuerzas armadas, diseñadas para defender el territorio nacional de los enemigos externos, ahora debían hacerlo de los enemigos en el in-terior, ante la incapacidad de las policías para enfrentar el problema.

México entró así a un periodo de confu-sión estratégica en el que las amenazas a la seguridad nacional ya no estaban fuera, si-no dentro, o en ambos lados. Estados Uni-dos podía verse como un aliado en la lucha o como el causante de todo el problema, al no controlar el ingreso y consumo de drogas en su territorio. Centroamérica se convierte en lugar de paso y termina por culpar a Méxi-co de sus problemas de seguridad que, en su perspectiva, se originan en la presencia de bandas mexicanas de narcotraficantes.

A esto se añade el problema de la co-rrupción en las instituciones. Ahora el ene-migo está dentro. Son los mexicanos que conforman los cárteles con extensas redes delictivas por todo el país y los mexicanos que se hacen cómplices, frente a institu-ciones que no cuentan con la experiencia y fuerza necesaria y que además están vulne-radas por la corrupción. El problema ha ad-quirido dimensiones sin precedente.

La realidad de los últimos años induce a pensar que México se ha metido en varios callejones, aparentemente sin salida. El pri-mero es el del crimen organizado, la corrup-ción, el debilitamiento de sus instituciones y la pérdida de legitimidad gubernamental. Es claro que México no contaba ni cuenta con los esquemas de respuesta suficientes pa-ra hacer frente a estas amenazas. Mientras tanto, sus instituciones y su sociedad se de-bilitan. La amenaza se originó en el exterior pero el problema se volvió interno.

México ha reorientado el quehacer de sus fuerzas armadas y de sus fuerzas poli-ciales a pelear una guerra para la cual no es-taban entrenados ni preparados.

*Luis Herrera-Lasso es director de la Escuela de Inteligencia para la Seguridad Nacional del Cen-tro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Jorge Tello Peón fue director del Cisen, comisio-nado para el combate a las drogas de la PGR, sub-secretario de Seguridad Pública y asesor de Feli-pe Calderón en materia de seguridad. Los párrafos del texto anterior fueron tomados del ensayo Pa-sado y presente de las amenazas externas a la se-guridad nacional de México, del libro Los retos in-ternacionales de México, urgencia de una mirada nueva, publicado por la editorial siglo XXI.

gos que se corren si no se altera la inercia que hoy domina dichas relaciones”.

Y enumeran dichos riesgos:El primero: “Un incremento de los

sentimientos antimexicanos que hoy re-corren diversos sectores de la sociedad estadunidense”, lo que podría provocar que la vida de los millones de compatrio-tas que residen en Estados Unidos “sea cada día más difícil” y que en México se afinque “un resentimiento per-manente” contra Esta-dos Unidos.

El segundo: “La in-fluencia creciente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos sobre las fuerzas del orden en México. Establecida es-ta influencia, será difícil acotarla o moldearla de acuerdo con las directi-vas” del nuevo gobierno que surja de las eleccio-nes de 2012.

El tercero: “El incremento de la pre-ocupación en Estados Unidos por las con-diciones de seguridad en México, tanto por lo poco convincente de los logros al-canzados como por la incertidumbre res-pecto al cambio político que vendrá con las elecciones presidenciales de 2012. Da-da la polarización que reina en aquel país, las decisiones sobre cómo estimular la

estabilidad política en México pueden ser muy erráticas y crear precedentes que sus-citen numerosas tensiones entre los dos países”.

El cuarto: “Quedar fuera de los proyectos de recupe-ración económica que Esta-dos Unidos esta poniendo en marcha (…) Para México es fundamental identifi-car las acciones conjuntas que pueden favorecer a am-bos países y hacer de tales políticas el leitmotiv de su diálogo con los dirigentes es-tadunidenses. El crecimiento

económico de México es condición indis-pensable para la seguridad y estabilidad a largo plazo de América del Norte.

El quinto: “Perder el momento para de-finir cuál es el papel que México desea ocu-par en la recomposición de las relaciones de poder internacionales” pues el mundo “verá nuevas alianzas y entendimientos entre las potencias emergentes y entre és-tas y los poderes hegemónicos. Es difícil para México imaginar su papel sin tener un claro entendimiento de los límites y alcan-ces de su relación con Estados Unidos”.

Las expertas proponen que el presi-dente que surja de las elecciones de 2012 dé un “verdadero golpe de timón” en la política hacia Estados Unidos. “No se tra-ta –advierten– que la relación con ese país sea coto exclusivo del jefe del Ejecutivo. Por el contrario, es una relación en la que urge una presencia de los empresarios, el Congreso, los académicos, las ONG, los medios de comunicación. Sin embargo, la fuerza del impulso para dar un nuevo cauce exige que éste provenga del más al-to nivel político”.

México inició el siglo XXI con la gran oportunidad de dar un importan-te golpe de timón al proyecto na-cional. La transición le otorgó al

país el llamado “bono democrático”, pro-ducto de la alternancia en el poder. Éste era de uso dual: en México y en el exterior. Sin embargo los resultados de esta transición quedaron por debajo de las expectativas; en opinión de muchos mexicanos el bono de-mocrático se desvaneció prácticamente sin haberse utilizado. La globalización, que para los noventa era más que evidente en lo eco-nómico, pronto se extendió a otros ámbitos. El crimen organizado se convirtió en el lado oscuro de la globalización.

En este contexto el tema del narcotráfi-co en México le imprime un nuevo tono a la naturaleza de las amenazas externas. A par-

tir de los ochenta se intensifica el paso de la cocaína por México, después de que una exitosa campaña de Estados Unidos en el Caribe logró bloquear el flujo de drogas por esa ruta. La semilla del mayor problema de seguridad de México en las siguientes dos décadas estaba plantada.

El primer evento delicado en la relación bilateral con Estados Unidos sobre este te-ma apareció en 1985, con el secuestro y asesinato de un agente de la DEA en Méxi-co. Este hecho contaminó la relación bilate-ral hasta principios de los noventa, cuando el marco de la relación empezó a cambiar a raíz de la recreación de la Comisión Binacio-nal entre México y Estados Unidos en 1992 y con la firma, un año después, del Trata-do de Libre Comercio de América del Nor-te (TLCAN).

Un tema a destacar en este nuevo entor-no es el hecho de que el papel estelar que tuvo Estados Unidos en el manejo del con-flicto Este-Oeste –del que resultó ganador virtual– no se ha visto en su actuación con-tra el narcotráfico, pues en más de cinco dé-cadas no ha logrado detener el ingreso y consumo masivo de drogas en su territorio. Las razones no están claras, pero los resul-tados así lo indican.

Se argumenta que se trata de un negocio multimillonario –más de 70% de los benefi-cios de este negocio ilegal se queda en Esta-dos Unidos–, lo que reduce los incentivos pa-ra una lucha frontal. Se argumenta también que mientras los estadunidenses mantengan el nivel de ingreso que les permita adquirir drogas, las decisiones de los usuarios esta-rán por encima de las políticas gubernamen-tales, pues son ellos quienes mandan en el mercado, a pesar de que la compra y el con-sumo de drogas sean ilícitos.

Durante años el discurso estaduniden-se se centró en culpar a los actores externos, esto es, los países productores y los de trán-sito, entre los que se encuentra México. La realidad indica que a pesar de los esfuerzos realizados, esto no ha evitado que a partir del negocio de las drogas ilícitas se haya gene-rado la red de crimen organizado más impor-tante en la historia del continente, en la que México desempeña un papel crucial.

Está claro que mientras la estrategia es-tadunidense ha sido poco eficaz para evi-tar el ingreso y el consumo de drogas en su territorio, México, por su geografía, estaba destinado a convertirse en el lugar ideal pa-ra la expansión del negocio de las drogas y del crimen organizado, que incluye otros de-

En esa circunstancia “era comprensi-ble que las relaciones con México no fue-ran una prioridad –anotan las expertas–. Tocaba al gobierno de Calderón conducir una diplomacia agresiva para llamar la atención (de Washington) sobre la nece-sidad de hacer de las relaciones con el vecino del sur –territorio estratégico para la seguridad de América del Norte– una parte esencial de los proyectos para la re-cuperación económica y la estabilidad a largo plazo de esta parte del mundo”.

Pellicer y Blackmore anotan que las relaciones bilaterales “transcurren ahora por una doble vía. Por una parte se afinan los canales para la cooperación en ma-

teria de seguridad”, en la que participan nuevos actores, como los ejércitos de am-bos países, y nuevas dependencias –como la Oficina Bilateral de Seguimiento de la Iniciativa Mérida, otrora “inaceptable por la parte mexicana”– que “institucionali-zan dichas relaciones y dan mayor densi-dad a las mismas“.

Los riesgos

Pellicer y Blackmore sostienen que Méxi-co conduce su relación con Estados Uni-dos “utilizando un discurso nacionalista y defensivo, el cual es compartido por toda la élite política del país”.

En ese contexto, afirman, las relacio-nes políticas con el vecino del norte “no están orientadas por un proyecto inte-gral, sino por la inercia de los problemas de seguridad en México. Éstos son el eje en torno al cual ha girado la política del presidente Calderón y en torno al cual se está construyendo una nueva etapa en las relaciones con Estados Unidos”.

Las expertas exponen que las condi-ciones internas en Estados Unidos tam-bién dificultan la buena relación bilateral: un ambiente político polarizado en el que persiste la oposición del Partido Repu-blicano a las iniciativas de Obama, cuyo capital político parece agotado para im-pulsar iniciativas en el Congreso que be-neficien a los mexicanos, como la reforma migratoria o la renovación de la prohibi-ción para la venta de armas de asalto.

“En resumen –apuntan las autoras–, las condiciones internas son difíciles tanto en México como en Estados Unidos para una mejor relación política entre los dos países. Sin embargo, es urgente que la parte más débil (México) tome conciencia de los ries-

Confusión estratégicaE

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Wayne y García Luna. Mutua desconfianza

LUIS HERRERA-LASSO Y JORGE TELLO PEÓN*

Beato Ernesto

abrir el país a diversas formas de la demo-cracia y de la economía que pongan un lí-mite al poder unívoco del Estado y a una economía basada en lo que Pascal Bruck-ner ha llamado “la seducción de lo efíme-ro”, es decir, a una economía dirigida hacia la producción y el consumo infinitos –una economía que de una manera distributiva está también en el pensamiento de la iz-quierda perredista y su noción de desarro-llo–. Sólo así la clase política podría tomar el camino del cambio civilizatorio y dejar surgir lenta y pacíficamente lo nuevo. Lo otro, la obstinación en creer que los parti-dos continúan siendo una solución, que en ellos hay hombres y mujeres providencia-les, y que se puede seguir administrando un Estado casi inexistente y una economía inoperante y destructiva que fomenta la corrupción, la impunidad, la violencia y el crimen, es ahondar las grietas del desmo-ronamiento del Estado y de la economía, y hacer que su irremediable caída sea más atroz, más destructiva, más espantosa, más criminal y violenta.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a to-dos los zapatistas presos, derruir el Cost-co-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz y devolver la dignidad a las víctimas de la guerra de Calderón.

N A R A N J O

ANÁLISIS

Vivimos un profundo parteaguas civi-lizatorio, comparable, para hablar de los referentes occidentales, a lo que fue la caída del Imperio Romano. Las institucio-nes –el Estado hobbesiano y la economía moderna–, esas construcciones históricas que desde hace algunos siglos adminis-traban a los seres humanos, entraron en crisis a nivel mundial y tendrán que mo-rir, como algún día murieron el Imperio Romano, el mundo feudal y, para hablar de nuestra época, otras formas del Esta-do hobbesiano –el fascista, el soviético y el militarista.

Podríamos quizá, para no ser tan radi-cales, hablar no de muerte, sino de trans-formación; hablar, como lo define Tomás Calvillo, de un Estado en mutación. Sin embargo, se encuentre en una fase ter-minal o en una fase mutante, lo cierto es que el Estado y las instituciones económi-cas, tal y como salieron de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa, se desmoronan y, al igual que sucedió con las fracturas del Imperio Romano que termi-naron con su caída, de sus grietas comien-zan a emerger diversos movimientos que delinean lo nuevo. Desde los zapatistas –el más profundo de todos– hasta el Movi-miento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), pasando por la llamada Primave-ra Árabe, los Indignados y los Ocupas, los movimientos sociales hablan de la nece-sidad de una transformación, de la nece-sidad de crear un mundo nuevo y distinto,

lleno de diversidades o, para decirlo con esa hermosa frase acuñada por el zapatis-mo, de “un mundo donde quepan muchos mundos, todos los mundos”.

Por desgracia, al igual que sucedió con el Imperio Romano, el Estado hobbesiano y la economía moderna se resisten. En México, esa resistencia ha llegado a gra-dos absurdos: El Estado casi no existe, es-tá completamente fracturado. Junto a sus movimientos sociales, que apuntan hacia lo nuevo y a los cuales se desprecia, lo que hay es un Estado paralelo y delincuencial que lentamente se adueña del país. La economía, por su parte, está devastada. Arropada por ese mismo Estado, la vida económica de la nación sólo beneficia a unos cuantos, entre los que se encuentra el crimen organizado –una forma extrema de la economía moderna–. En medio de ellos, una población sufriente, aterrada, devastada en sus tejidos sociales, instru-mentalizada y explotada para beneficio de esos cuantos.

Lo terrible es que frente a la necesidad de una transformación hacia lo nuevo, que los movimientos sociales muestran y demandan, la clase política continúe cre-yendo que se puede seguir administrando ese estado de cosas. Las próximas elec-ciones son la muestra más clara y con-tundente de ello. Ajena a la emergencia nacional, despreciativa de las demandas ciudadanas y de las propuestas de los mo-vimientos sociales, a los cuales crimina-

liza –es el caso del zapatismo– o simula atender –es el caso del MPJD–, la clase po-lítica, a través de sus partidos y candida-tos, se lanza a una contienda electoral.

En esas condiciones uno se pregunta: ¿Qué van a administrar? ¿La violencia, la corrupción, la impunidad, el mercado de las drogas? Por más que sus discursos po-líticos estén llenos de buenas intenciones, la realidad es que ahondarán las grietas de un Estado fracturado y de un modelo eco-nómico que –ya sea administrado por capi-talistas o por socialistas– destruye la vida y alienta el crimen. La noción de desarrollo y de producción de riquezas en un mundo limitado que se autosustenta es una de las grandes falacias de la economía moderna, cuyas evidencias son el despojo, la miseria y la destrucción del planeta.

Lo único que podrían hacer, si real-mente entendieran el parteaguas civi-lizatorio en el que nos encontramos, si realmente entendieran la emergencia na-cional por la que atravesamos, si realmen-te atendieran lo nuevo que emerge de los movimientos sociales –en particular de lo que el zapatismo no ha dejado de decir–, es generar un gobierno de unidad nacio-nal, con una agenda común que pacifique al país mediante la justicia y no con la mi-litarización y la violencia, y que reformule el concepto de Estado a partir de lo que los movimientos sociales muestran.

Esto permitiría no sólo replantear el orden constitucional, sino, a partir de él,

J A V I E R S I C I L I A

Las grietas del Estado

L a renovación tanto del Consejo Ge-neral del Instituto Federal Electoral (IFE) como de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-ración (TEPJF) después de las elecciones de 2006 representó una oportunidad de oro para revertir el legado de impunidad y simulación de los comicios de aquel año. Lamentablemente, la mayor parte de las decisiones clave tomadas por los nuevos integrantes de ambas instancias ha reforzado la idea de que todo se va-le en materia electoral. Hoy nos encon-tramos inmersos en una verdadera “ley de la selva” en donde la violación de la equidad, la certeza y la legalidad de los procesos democráticos es más la nor-ma que la excepción. El escenario está puesto para que en 2012 ocurra otra im-plosión similar, o quizás aún más grave, que la de hace seis años.

En este contexto, la decisión de la Sala Regional en Toluca del TEPJ de anular la elección para presidente municipal de Morelia demuestra que todavía queda una pequeña luz de esperanza. Ante las burlas del PRI a la normatividad electoral en las elec-ciones de Michoacán, el magistrado Santiago Nieto redactó una sentencia (ST-JRC-117/2011) que arruina la fiesta a los acelerados operadores de todos los partidos que ya se frotan las manos con el jugoso negocio de las ilegalida-des electorales este año.

Una de las trampas más comunes al redactar las normas electorales es hacer prácticamente imposible la eventual nu-lidad de una elección. Por ejemplo, los legisladores suelen limitar las causales de nulidad exclusivamente al aspecto cuantitativo durante la jornada electo-ral (verbigracia, cuando más de 15% de las casillas no se instalen o presenten irregularidades graves, etcétera). Los par-tidos temen como una plaga cualquier causal “genérica” que permitiría declarar la invalidez por “violaciones generales” a los principios constitucionales durante la campaña. Asimismo, uno de los gran-des retrocesos contenidos en la reforma electoral de 2007-2008 fue la inclusión,

en el artículo 99 de la Carta Magna, de una cláusula que indica que los magistrados únicamente pueden anular una elección por causales “expresamente” establecidas en las leyes secundarias.

Tales esfuerzos por blindar la “par-tidocracia” contra la intervención de los magistrados electorales deben tener lí-mites. Si bien tiene sentido que los juz-gadores no fabriquen de la nada nuevas causales “concretas” con tal de declarar inválida una elección, los magistrados nunca pueden abdicar de su responsabi-lidad de defender y hacer valer la Consti-tución. Específicamente, los principios de equidad, legalidad y certeza en materia electoral plasmados en el artículo 41 de la Carta Magna son simplemente irre-nunciables. Como bien señala Nieto en la sentencia, que también fue apoyada por el magistrado Carlos Morales Paulín, sería absurdo afirmar que un juez consti-tucional solamente puede hacer valer la Constitución cuando una ley secundaria expresamente se lo permita.

Esto es sobre todo el caso en el que las propias violaciones no son de alguna ley o reglamento secundario, sino de la Consti-tución misma. Fue evidente para todos que durante los días previos a la elección el PRI violó flagrantemente la prohibición abso-luta y expresa del artículo 41 constitucio-nal respecto a la “adquisición” de espacios en radio y televisión por los partidos políti-cos. El cierre de campaña de su candidato a gobernador, Fausto Vallejo, fue transmi-tido íntegramente por la televisión, inclu-yendo una intervención de cinco minutos de parte del candidato para la presidencia municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro. Asi-mismo, la noche anterior a los comicios el boxeador mexicano Juan Manuel Márquez lució el logotipo del PRI en su calzonci-llo durante su pelea en contra de Manny Pacquiao, que fue difundida ampliamente en toda la República. Estas irregularidades sin duda ponen en cuestión la certeza de una victoria que fue de menos de 2 mil su-fragios, o 1% de la votación total.

Si el TEPJF hubiera dejado pasar sin más esta abierta burla a la institucionali-dad democrática, se habría colocado una

alfombra roja para el abuso más descarado tanto de la televisión como de la industria del deporte para fines electorales durante 2012. Ya de por sí existen bastantes prece-dentes sumamente peligrosos en la mate-ria, incluyendo el aval a la “entrevista” de Demetrio Sodi en medio del juego Pumas-Puebla, la falta de sanciones para el PVEM tanto por sus “informes” en el periodo de intercampañas como por su propaganda en telenovelas de Televisa, y las declaracio-nes de validez de elecciones sumamente cuestionables y competidas, como las de Acapulco, Veracruz y Durango.

Enrique Peña Nieto tiene razón al ponerse nervioso por la sentencia de Morelia: “Preocupa que (desde el mis-mo estado de Michoacán) se sienta un precedente para juicios que se hagan a procesos de otro orden, (…) como el que viviremos a nivel nacional”. Pero en este caso las preocupaciones de los políticos no son más que satisfacciones para los ciudadanos. Ya basta de políticos sober-bios que, seguros de su impunidad y de la pasividad de los órganos de justicia, atropellan sin remordimiento las leyes y la cultura del país. Precisamente lo que la nación requiere son políticos autén-ticamente “preocupados”, tanto por el bienestar general como por su propio futuro personal y profesional. Solamen-te así podemos tomar pasos definitivos para combatir la impunidad que tanto corroe nuestro sistema democrático.

A finales del siglo XIX, José María Iglesias, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, propuso su van-guardista tesis de la “incompetencia de origen” para combatir a aquellos políti-cos que, entonces como hoy, buscaban “convertir en farsa” las elecciones. Hoy, una nueva generación de juristas jóvenes recupera este legado de valentía y, con sentencias como la de Morelia, empujan a las instituciones electorales a despertar de su prolongado letargo para finalmente defender con firmeza la vigencia de los principios democráticos.

www.johnackerman.blogspot.comTwitter: @JohnMAckerman

La preocupación de Morelia

ANÁLISIS

J O H N M . A C K E R M A N

L a resolución que emitió la sala re-gional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, mediante la cual anula la elec-ción de presidente municipal de Morelia, siembra dudas fundadas sobre la posibi-lidad de que la elección de gobernador de Michoacán corra la misma suerte, pese a que la autoridad que juzgará será distinta y las condiciones, diferentes.

La sentencia formulada por el magis-trado Santiago Nieto Castillo establece pre-cedentes que los diversos actores políticos tomarán en cuenta al momento de inter-poner sus recursos ante la Sala Superior del mismo Tribunal, entre ellos destaca el criterio de interpretación de los alcances de la disposición establecida en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 99 de la Constitución: “Las salas Superior y re-gionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales que expresamente establezcan las leyes”.

Al respecto la resolución establece: “…puede acontecer que las inconsistencias o irregularidades alegadas, aun cuando no estén previstas en una ley electoral fede-ral o local, constituyan la conculcación di-recta a una disposición Constitucional…” Y apunta que en estos casos: “…es válido concluir que los actos o resoluciones elec-torales que sean contrarios a las disposicio-nes de la Constitución política e impacten en los procesos comiciales, constituyen causa de invalidez de éstos, porque al vul-nerar esas disposiciones quedan fuera del marco jurídico fundamental y ello conduce a que, mediante la declaración correspon-diente, se determine su ineficacia.”

Así aunque no está previsto expresa-mente ni en la Constitución de Michoacán ni en su legislación electoral que la contra-tación directa de espacio en radio y/o televi-sión o la difusión de propaganda política en los periodos de veda es causal de nulidad de la elección, dado que viola disposiciones y principios fundamentales establecidos ex-presamente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “…basta con justificar fehacientemente que se han con-travenido dichas normas de manera gene-ralizada y grave, y que ello es determinante

en la elección, para declarar su invalidez.”Será imposible conocer, al menos en

este caso, si los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal comparten dicho criterio, pues la resolución de la sa-la regional no fue impugnada por el actor político afectado y, por lo tanto, en este caso la sentencia está firme.

En cuestiones más precisas hay dos precedentes que también abren interro-gantes respecto a la elección de goberna-dor, pues los dos actos que se consideran violatorios de las normas constitucionales también afectan directamente la elección a nivel estatal. Todavía más, el evento que se transmitió por televisión de paga (cable) fue el cierre de campaña del candidato a gobernador y la participación del candida-to a alcalde de Morelia fue marginal.

Esta violación específica llevó a que el Consejo General del Instituto Federal Elec-toral, en su sesión del 21 de diciembre de 2011, impusiera multas al candidato priista a la gubernatura de Michoacán, a los parti-dos políticos que lo postularon (PRI y PVEM) y a la empresa Medio Entertainment SA de CV, por la transmisión de un evento políti-co-electoral fuera de los tiempos oficiales a los que los partidos políticos tienen derecho conforme a la Constitución.

Es difícil que la Sala Superior se separe de los argumentos que utilizó la regional para establecer la gravedad de la falta, pues señala que al cometer las violacio-nes el actor “…confronta de manera direc-ta a la norma fundamental, así como a los principios de equidad, certeza y legalidad, que al ser rectores del proceso electoral ponen en evidencia una falta de entidad grande que resulta contraria al interés pú-blico en un ánimo de obtener una ventaja indebida, respecto de los demás conten-dientes en el proceso electoral local”.

Argumenta que la afectación de las infracciones es mayor por el momento en que se realizaron, ya que dada la inmedia-tez de la jornada electoral impidieron que los afectados tomaran medidas “…que dis-minuyeran en su caso las consecuencias adversas o inmediatas del actuar ilícito…” Todavía refuerza que las conductas son sis-temáticas, pues no se producen de manera

aislada “…sino que se advierte una prepa-ración y clara dirección a utilizar los medios de comunicación masivos, en el caso televi-sión, para posicionarse frente a los demás contendientes de manera irregular”.

Sin embargo, aunque la Sala Superior del Tribunal comparta los criterios de la sa-la regional antes referidos, puede optar por no anular la elección de gobernador con el argumento de que dichas violaciones no son determinantes para el resultado elec-toral. En este punto es quizá donde preva-lece más arbitrariedad y discrecionalidad de las autoridades jurisdiccionales.

La sala regional concluyó que las viola-ciones sí eran determinantes en virtud de que “…en el caso bastaba con que dos pun-to cinco ciudadanos por casilla hubieren variado el sentido de su voto, con motivo de la vulneración a la libertad de su sufragio, para revertir los resultados en la elección, en ese tenor, es dable tener por acreditada la determinancia de las violaciones ya pre-cisadas, toda vez que, como ya se apuntó, el margen de diferencia entre el primer y se-gundo lugar fue menor a un punto porcen-tual, por lo que al haberse desplegado las conductas en mención, a través de medios de comunicación masivos que se encuen-tran al alcance de la ciudadanía, es evidente que cualquier variación por mínima que se presente en el electorado pudo ser determi-nante para revertir los resultados”.

Y en este punto hay disparidades res-pecto a la elección de gobernador, dado que la diferencia es de más de 40 mil votos y más de 2.5 puntos porcentuales con lo cual, de acuerdo con la argumentación de la sala regional, se tenía que cambiar el sentido del voto de casi siete ciudadanos por cada una de las casi 6 mil 247 casillas instaladas en la entidad. Aunque es muy difícil precisar el límite que vuelve determinante o no una acción, el margen de diferencia casi tres ve-ces mayor que el de la elección municipal le abre una puerta a la Sala Superior para negarse a anular dicha elección.

Sin importar el sentido final de la re-solución de la Sala Superior, el que dicha instancia compartiera los otros criterios sustentados por la sala regional sería un precedente importante y trascedente.

Michoacán: elección en riesgo

J E S Ú S C A N T Ú

No es mucho lo que puede cambiar en las líneas de la política exterior en el 2012. Los tiempos son cortos y Feli-pe Calderón ha entrado al periodo que se conoce como de “pato cojo”. No se van a remediar, entonces, los grandes problemas existentes en las relaciones internacionales de México, de los que ya hemos hablado en estas páginas: si-tuaciones conflictivas con los vecinos al norte y al sur, descuido de las rela-ciones con Asia, falta de definición de socios estratégicos en América Latina, entre otros. Lo anterior no significa que este año carecerá de importancia para dichas relaciones; por el contrario, 2012 será un año que por diversos motivos dejará huella en las mismas.

El primer motivo es que será un año de profundización, o mejoría, de los graves problemas económicos que afectan principalmente a la Unión Eu-ropea y a Estados Unidos. Pocos paí-ses son tan sensibles a los altibajos de la economía internacional –sobre todo de la de Estados Unidos– como México. Si allá cae la producción industrial, aquí tam-bién se va hacia abajo; si allá disminuye la demanda de importaciones, nuestras exportaciones se desploman; si allá se tambalea la confianza de inversionistas y consumidores, en México se resiente.

El año que inicia será recordado como uno en que se afianzó la recuperación eco-nómica en Estados Unidos, o como aquel en que se confirmaron los peores vati-cinios sobre la vuelta a una recesión. De ocurrir lo primero, ello podría asegurar un buen desempeño de la economía mexica-na y podría contribuir a la reelección de Obama. Si ocurre lo segundo, la economía mexicana tendrá un crecimiento muy len-to y, muy probablemente, llegará otro in-quilino a la Casa Blanca con el que habrá que aprender a dialogar.

El segundo motivo por el que se recorda-rá el 2012 será la celebración de los eventos que ya estaban programados. En ese senti-do, la reunión del G-20 es el acontecimiento del año. No es mucho lo que México pue-de influir en lo tocante a la estabilización financiera mundial; no somos jugadores de primera línea. Sin embargo, hay buenas

experiencias y prestigio internacional en fi-guras como el director del Banco de México, Carstens, cuyas propuestas pueden tener peso en las discusiones previas a la reunión. Ahora bien, el papel más importante que puede cumplir será desempeñarse como un buen gestor que logre encaminar la re-unión hacia un documento final sustantivo, mejor del que se obtuvo en Cannes. Para esa tarea, destinada a promover consensos y producir documentos que satisfagan a to-dos, los diplomáticos mexicanos son muy buenos. Obtener un éxito similar al logrado en la Cop 16 es lo mejor que puede esperar-se de la reunión que se avecina.

El tercer motivo y el más importante para recordar el 2012 será lo que ocurra en las elecciones, tanto durante las campa-ñas como durante la transición entre los resultados del mes de julio y la toma de posesión.

Durante las campañas, los candidatos deberán definir sus posiciones sobre la po-lítica exterior y el manejo de los factores externos para orientar la vida del país. Has-ta ahora, no ha sido un factor muy atendi-do en la política mexicana y es posible que no se aborde ni seria ni profesionalmente. Sería un grave error que así fuera. No se puede ignorar que el futuro del país, sus

posibilidades de crecimiento, el avan-ce hacia el desarrollo sustentable, la estabilidad política interna, el comba-te más eficiente al crimen organizado, entre otros puntos, están íntimamente vinculados a la conducción de las re-laciones exteriores. Más que en otras épocas, el futuro del país no se puede concebir sin mejorar su ubicación en el contexto internacional.

Al llegar la transición, habrá dos aspectos a tomar en cuenta: las perso-nalidades que adquieran mayor res-ponsabilidad para las relaciones con el exterior y la agenda que se vaya a mane-jar. Es mucho lo que se puede reflexionar sobre la agenda, pero hay un reto que salta a la vista por encima de otros: me-jorar la imagen del país en el exterior.

Actualmente, México es percibido, esencialmente, a través de los horrores que cometen las bandas delictivas. A pesar de la captura de varios capos, no

hay historias de éxito en la lucha contra el crimen organizado en México. El número de muertes y la persistencia y generalización de la violencia son los datos más contundentes.

Quienquiera que gane la contienda electoral deberá dar señales de la voluntad de cambiar el rumbo de la política en mate-ria de seguridad. Esto, y los resultados que se obtengan, serán el camino insoslayable para empezar a recomponer la imagen de México en el exterior.

Cierto que hay otras tareas. Por ejemplo, una política de comunicación que transmi-ta nuevos mensajes, más positivos y mejor logrados que las conferencias de prensa im-provisadas y un tanto pueblerinas con las que Felipe Calderón ha querido convencer a los medios de comunicación internacio-nales. Tener profesionales en el terreno de las comunicaciones es un reto que deberán abordar los políticos mexicanos; no haber-los tenido es una de las fallas sobresalientes del gobierno actual.

El 2012 es esperado como el año en que habrá señales de cambio. Desde luego, ellas se referirán a diversos aspectos de la vida nacional; las que pueden contribuir a me-jorar la imagen de México en el exterior se encuentran entre las que tienen un carácter prioritario.

Cambiar la imagen de México

O L G A P E L L I C E R

ANÁLISIS