procedimiento administrativo sancionador: … · 2015. 2. 3. · i. interposiciÓn y trÁmite de la...

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

PRIMERA SALA UNITARIA

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR: PAS-SI-001/2014

DENUNCIANTES: JOEL ANSELMO JIMÉNEZ VEGA Y JUAN SÁNCHEZ TORRES

DENUNCIADO: FELIPE DE JESÚS MAYORAL MAYORAL, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA

MAGISTRADO: ARMANDO BEJARANO CALDERAS

SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA: CECILIA RAZO VELASQUEZ

Mexicali, Baja California, cinco de marzo de dos mil catorce. -

VISTOS para resolver los autos del expediente señalado al rubro,

formado con motivo de la denuncia de hechos presentada por

JOEL ANSELMO JIMÉNEZ VEGA y JUAN SÁNCHEZ TORRES,

en su carácter de miembros activos del Partido Estatal de Baja

California, en contra de FELIPE DE JESÚS MAYORAL

MAYORAL, Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del referido

partido político, por probables violaciones a la normativa electoral,

en su modalidad de incumplimiento a las obligaciones de

transparencia y acceso a la información, al no dar respuesta a

solicitud de datos, y

RESULTANDO

I. INTERPOSICIÓN Y TRÁMITE DE LA DENUNCIA EN SEDE

ADMINISTRATIVA

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a) El veintisiete de diciembre de dos mil trece, JOEL

ANSELMO JIMÉNEZ VEGA y JUAN SÁNCHEZ TORRES,

presentaron denuncia de hechos ante el Consejo General

Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

del Estado de Baja California -Consejo General e Instituto

Electoral, respectivamente-, en contra de la persona y por lo

que ha quedado señalado al proemio de la presente; misma

que fue turnada a la Comisión del Régimen de Partidos

Políticos del Consejo General -Comisión- a efecto de que

procediera al correspondiente estudio y análisis.

b) El siete de enero de dos mil catorce1 , la Comisión dictó

Acuerdo en el que resolvió admitir la denuncia que nos

ocupa, y por consecuencia, instaurar el Procedimiento

Sancionador Ordinario y formar el expediente número

CRPP/DH/01/2014, así como emplazar a FELIPE DE

JESÚS MAYORAL MAYORAL, Presidente del Comité

Ejecutivo Estatal del Partido Estatal de Baja California

-denunciado-, para que en el plazo de Ley contestara por

escrito lo que a su derecho conviniera; habiéndose recibido

la contestación a la misma el veinte de enero.

c) El veintiuno de enero, la Comisión dictó Acuerdo de

Contestación, Admisión, Preparación y Desahogo de

Pruebas en el expediente arriba indicado, en el que admitió

el escrito de contestación de denuncia y los medios

probatorios ofrecidos por los denunciantes y el denunciado,

respectivamente; declarando abierto el periodo de

preparación y desahogo de pruebas, por un plazo de doce

días.

1 En lo subsecuente, las fechas que se citen en esta sentencia corresponderán a este año dos mil

catorce, salvo mención expresa en contrario.

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d) El cinco de febrero, el Secretario Técnico de la Comisión,

con el objeto de recaudar mayores elementos de convicción,

procedió al desahogo de la inspección, consistente en

ingresar a la dirección y/o página electrónica

http://afntijuana.info/politica/23874_anuncia_pebc_promocio

npara 2014#.Urzpt_RDsrU.

e) El siete de febrero, la Comisión dictó Acuerdo de cierre de

Instrucción, y ordenó turnar el expediente al Tribunal de

Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja

California -Tribunal-.

II. SUBSTANCIACIÓN EN SEDE JURISDICCIONAL

Mediante oficio TJE-056/2014, de diez de febrero, el

Magistrado Presidente del Tribunal turnó a su Primera Sala

Unitaria -Sala- el expediente señalado en el inciso b) que

antecede, la cual procedió a substanciarlo en los términos

siguientes:

1. ACUERDO DE RADICACIÓN

El once de febrero, la Sala dictó Acuerdo en que resolvió

radicar el asunto que nos ocupa, y registrarlo con número de

expediente PAS-SI-001/2014.

2. ACUERDO DE INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE

El cuatro de marzo, se dictó Acuerdo de Integración del

expediente, y toda vez que no se advirtió la necesidad de

diligencia, ya que con los elementos de prueba que obran en

http://afntijuana.info/politica/23874_anuncia_pebc_promocionhttp://afntijuana.info/politica/23874_anuncia_pebc_promocion

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autos es posible resolver el asunto, se ordenó dictar la

resolución correspondiente, misma que es del tenor siguiente:

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. El Tribunal tiene

jurisdicción y la Sala es competente para resolver la denuncia

presentada por JOEL ANSELMO JIMÉNEZ VEGA y JUAN

SÁNCHEZ TORRES, con fundamento en los artículos 68 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja

California -Costitución-; 282, último párrafo, 468, 473 fracciones VI y

VII, y demás relativos y aplicables de la Ley de Instituciones y

Procedimientos Electorales del Estado de Baja California -Ley-;

245 fracción II, 251 BIS y 251 TER de la Ley Orgánica del Poder

Judicial del Estado y 64 del Reglamento Interior del Tribunal de

Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, al tratarse de una

denuncia formulada por probables infracciones a las disposiciones

electorales locales.

SEGUNDO. DE LA DENUNCIA DE HECHOS Y LA

CONTESTACIÓN A LA MISMA. Los hechos materia de la

denuncia y su contestación son, en resumen:

I. Denuncia:

En lo substancial, se denuncia la falta de respuesta a la solicitud

de información presentada por los denunciantes para conocer la

cantidad “en número” de militantes del Partido Estatal de Baja

California -PEBC-, en los cinco municipios del Estado.

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II. Contestación:

El denunciado manifiesta que no ha sido negada la información,

sin embargo, al haberse dirigido la solicitud en su calidad de

diputado del Congreso del Estado y presentarse en las oficinas del

Poder Legislativo local y no del Partido, se le ha dado el trámite en

orden de recepción y de urgencia, por lo que dicha información

está en proceso, lo que no significa que se haya negado.

TERCERO. NO IDONEIDAD DE LA VÍA (SOLICITUD DE

AUDITORIA AL PARTIDO). Los hechos que se contienen en los

numerales tres y cuatro de la denuncia consistentes, a decir de los

denunciantes, en la sospecha de que el Partido no cumple con los

requisitos establecidos en el artículo 45, fracción II de la Ley,

porque atendiendo a las declaraciones del Presidente del Comité

Municipal de Tijuana, Baja California quien expresó que el “Partido

tiene 4,000 militantes en el Estado y en Tijuana hay 400”, se

advierte que no hay tal número de afiliados, lo que actualizaría lo

previsto en el diverso 56, fracción III de la Ley, que versa sobre la

cancelación del registro a los partidos políticos estatales, son

inatendibles por esta vía, en atención al petitorio CUARTO de la

denuncia, en que se solicita la intervención de un órgano diverso

al Tribunal, que tramite de oficio una auditoría, a fin de verificar si

el Partido cumple con los requisitos para mantener su registro.

En ese tenor, se dejan a salvo los derechos de los denunciantes

para realizar lo que en derecho corresponda.

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CUARTO. ESTUDIO DE FONDO. Por lo que hace a la probable

infracción a lo previsto en el artículo 101 de la Ley, al no dar

respuesta el denunciado a la solicitud de los denunciantes, se

hará el estudio de fondo correspondiente, tomando en

consideración para ello, que en el ejercicio de la potestad

sancionadora deben atenderse diversos aspectos, como son: el

establecimiento o determinación de la falta, y en su caso, la

calificación de la misma y la individualización de la sanción.

DETERMINACIÓN DE LA FALTA

El procedimiento administrativo sancionador electoral surge o se

desarrolla con motivo de la comisión de infracciones electorales,

que pueden definirse como toda acción u omisión por la cual se

viola o atenta contra los derechos, prerrogativas y valores políticos

propios de un Estado constitucional democrático de derecho,

contenidos en la normativa electoral, y que por ende, ameritan una

sanción.

De dicha definición destacan dos elementos importantes: por una

parte, figura el supuesto normativo por el que se prevé la conducta

prohibida, el cual, al propio tiempo constituye el presupuesto de la

sanción -tipo- y, en el otro extremo, está precisamente la

consecuencia jurídica -pena o sanción-, misma que se actualiza

cuando en el mundo fáctico se colman los extremos normativos

del supuesto establecido en la ley, en el entendido de que, para

comprobar que la falta electoral se realizó y acreditar que ésta

corresponda a cierto autor o sujeto activo, así como la aplicación

de la correspondiente consecuencia jurídica, se debe atender

ciertas reglas procesales.

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En efecto, al procedimiento que interesa le son aplicables mutatis

mutandis, los principios del ius puniendi, entre los que se

encuentra el de tipicidad, tal y como lo ha sostenido la Sala

Superior en la jurisprudencia 7/20052 y tesis XLV/20023 de los

siguientes rubros, respectivamente: “RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS

JURÍDICOS APLICABLES” y “DERECHO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS

PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL

DERECHO PENAL.”; principio -tipo- que se compone de dos

vertientes:

I. La descripción suficiente de la hipótesis normativa, es decir,

de los elementos esenciales que conforman la infracción

administrativa, consistentes en la obligación de dar algo,

hacer o no hacer una conducta determinada, y

II. La descripción de las sanciones aplicables por la comisión

de esa conducta, regularmente previstas en un catálogo de

penas generales.

Así, ha de decirse que la materia administrativa electoral se rige

por lo que se denomina el principio de “tipicidad abierta”, que

ocurre cuando en la norma se establecen elementos cuya

delimitación permite un margen de apreciación para la autoridad

administrativa, o bien, si en la ley formalmente considerada se

2 Consultable a fojas 587 y 588 de la “Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia

electoral” Volumen 1, Jurisprudencia, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3 Consultable a fojas 1020 a 1022 de la “Compilación 1997-2012, Jurisprudencia y tesis en materia

electoral” Volumen 2, Tomo I, Tesis, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

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hace una descripción genérica de las conductas, precisándose, al

propio tiempo, la clase y cuantía de las sanciones (cobertura

legal), y dejándose a la potestad reglamentaria la descripción

pormenorizada de las conductas. Esto último, de entrada, implica

que dicho fundamento se traduzca en meras especificaciones o

graduaciones, sin que se creen nuevas faltas o sanciones, o bien,

se alteren la naturaleza y límites de las previstas primigeniamente

en la ley.

En suma, la tipicidad en materia administrativa no es estricta, en

cuanto a que no sólo se regulan acciones específicas susceptibles

de ser sancionadas como en la materia penal, sino que se busca

un respeto generalizado al marco normativo, en este caso, del

atinente al electoral.

En la especie, en la denuncia se señalan como preceptos violados

entre otros, el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos -CPEUM-, que consagra el derecho de petición

de que goza todo gobernado frente a las autoridades, de obtener

una respuesta a lo solicitado, en términos de ley; sin embargo,

atendiendo a los hechos denunciados y a lo pedido por los

denunciantes, se desprende una probable transgresión al derecho

fundamental de acceso a la información pública, reconocido en el

artículo 6º de la CPEUM, que si bien, se encuentra vinculado e

íntimamente relacionado con el anterior, ya que ambos garantizan el

derecho no sólo a que se dé respuesta por escrito a las peticiones,

sino que se haga con la información completa, veraz y oportuna de

que disponga la autoridad, es la propia Constitución quien distingue

y delimita los valores que este último tutela, como lo es el principio

de transparencia y el derecho de acceso a la información pública,

que en la especie se dice violentado.

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En efecto, en el caso se denuncia el “incumplimiento” al artículo

101 de la Ley, que trata sobre obligaciones de los partidos

políticos en materia de transparencia y acceso a la información

pública, lo que -prima facie- pudiera constituir una infracción a lo

dispuesto en el numeral 96, fracción XVIII, en correlación con el

459, fracción I, ambos de la Ley y, en consecuencia, actualizar

alguna sanción de las previstas en el diverso 463, fracción I de la

Ley.

Lo anterior, toda vez que el segundo numeral en cita dispone que

constituyen infracciones de los partidos políticos contravenir las

disposiciones contenidas en los numerales 74, 96, 97 y 277 de la

Ley -que versan sobre prohibiciones y obligaciones impuestas a diversos

sujetos-, y demás preceptos de naturaleza similar en los cuales se

establezcan obligaciones y prohibiciones, y es el caso, que el

artículo 96, fracción XVIII contiene una obligación dirigida a los

partidos políticos en materia de transparencia y acceso a su

información; por lo que en el presente apartado se analizará si se

actualiza dicha infracción, siendo necesario explorar primeramente

el marco jurídico aplicable en la materia.

El derecho fundamental de los ciudadanos de acceso a la

información pública, encuentra sustento en el artículo 6º de la

CPEUM, que en su apartado “A” establece los principios y bases

que regirán para su ejercicio.

Con él, se garantiza que la sociedad conozca de una manera

completa, veraz y oportuna la información contenida en los

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registros de las autoridades y entidades que reciban y administren

recursos públicos -con las limitaciones inherentes-, toda vez que tiene

un carácter vinculante frente a cualquier autoridad, entidad,

órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de

autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, dado que la

información que se encuentra en su posesión es pública.

En lo que interesa, es de señalarse que los partidos políticos son

coparticipes de la obligación del Estado de garantizar el acceso a

la información oportuna y veraz, dada su naturaleza constitucional

de entidades de interés público, quienes para llevar a cabo sus

actividades reciben financiamiento proveniente de recursos de

esta naturaleza4, por lo que se reitera, están constreñidos a velar

por la observancia del principio de publicidad y transparencia en

su vida interna; máxime que tienen como fin promover la

participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la

integración de la representación nacional y como organizaciones

de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del

poder público.

Para el ejercicio efectivo de ese derecho, el precepto en comento

obliga establecer los mecanismos de acceso a la información y los

procedimientos de revisión, que se sustanciarán ante los órganos

especializados.

4 Artículos 41, segundo párrafo, fracciones I y II y 116, fracción IV, inciso a), ambos de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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De esta manera, corresponde al legislador, federal o local,

establecer en las leyes secundarias los mecanismos o

procedimientos atinentes, y los supuestos específicos en que

habrá de accederse a la información pública.

En la federación, esos mecanismos se prevén en la Ley Federal

de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Gubernamental, que en su artículo primero, dispone: “La presente

Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo

necesario para garantizar el acceso de toda persona a la

información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos

constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier

otra entidad federal.”

En la entidad, la Constitución acoge y asegura el derecho

fundamental que interesa, y al efecto en su artículo 7º, párrafos

séptimo y octavo, dispone las bases para su regulación:

Toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno, tiene derecho a acceder a la información que la ley atribuye el carácter de pública, a sus datos personales, o a la rectificación de éstos. La Ley de la materia deberá observar, entre otros, los principios de protección a los datos personales, máxima publicidad y gratuidad; asimismo, deberá establecer los mecanismos de acceso a la información pública, de protección de los datos personales, así como los procedimientos de revisión, y señalar aquella que tenga el carácter de reservada o confidencial.

Corresponde al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, como un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, especializado, imparcial y con autonomía operativa, de gestión y de decisión, garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales, fomentar la cultura de transparencia, y resolver los procedimientos de revisión, respecto de los Poderes del Estado, Municipios y organismos constitucionales autónomos, y demás entes públicos, en los términos que señale la normatividad aplicable.

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Reglamentaría de la materia, la Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública para el Estado de Baja California -Ley de

Transparencia-, regula el derecho de acceso de cualquier persona a

dicha información, y la protección de los datos personales en

posesión de cualquier autoridad del Estado5, o entidad pública que

reciba, administre o aplique recursos públicos y, en virtud de que

este derecho no puede ser garantizado en forma ilimitada, fija los

procedimientos que permitan su acceso, en los términos y con las

excepciones que la misma Ley señala.

En efecto, constitucionalmente el derecho a la información está

sujeto a limitaciones o excepciones basadas, primordialmente, en

la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto hacia

los intereses de la sociedad como a los derechos de terceros.

Acorde con lo anterior, la Ley de Transparencia establece la

reserva temporal de la información pública por causas de interés

general, y distingue la información confidencial6.

Respecto de los partidos políticos estatales, en términos del

artículo 18 de la Ley de Transparencia, se asegura el acceso a su

información pública acorde a lo previsto en la Ley, de tal suerte

que de esta última se advierten dos modalidades para ello:

indirectamente, a través del Instituto Electoral, mediante solicitud,

y directamente, a través de las páginas electrónicas, tanto de los

partidos como del Instituto.

5 Artículo 1º.

6 Capítulos V y VI, respectivamente.

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Así se desprende de las porciones normativas contenidas en el

Libro Tercero, Título Tercero, Capítulo Séptimo, de la Ley, en que

se prevén las obligaciones a que se encuentran sujetos los

partidos políticos en materia de transparencia y acceso a la

información, como se anota a continuación:

La información de los partidos políticos locales, clasificada con el

carácter “público”, se encuentra enlistada en el artículo 101,

debiendo ser publicada en sus páginas electrónicas, misma que

en términos del numeral 102, se proporcionará al Instituto

Electoral dentro de los treinta días siguientes a que se otorgue la

acreditación o registro del partido y, en su caso, las

modificaciones a la misma, en los formatos y medios electrónicos

que aquél determine en sus disposiciones reglamentarias.

Ahora, del artículo 100, se advierte como uno de los mecanismos

para obtener esa información, el siguiente:

1. Las personas accederán a la misma mediante la

presentación de solicitudes específicas al Instituto Electoral.

2. Cuando la información solicitada tenga el carácter de pública

y no obre en poder del Instituto Electoral, debiendo estarlo,

éste notificará al partido político requerido para que la

proporcione en forma directa al solicitante quien en su caso

deberá cubrir el costo respectivo, dentro del plazo que

señale el reglamento. El partido político de que se trate

informará a dicho órgano del cumplimiento de esta

obligación.

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3. Si la información solicitada se encuentra disponible en la

página electrónica del Instituto Electoral, o en la del partido

político de que se trate, se le notificará al solicitante para

que la obtenga en forma directa, salvo que el interesado la

requiera en forma impresa o en medio digital.

Como se observa, si bien la información generada, administrada o

en posesión de los partidos políticos locales, a que se refiere el

artículo 101, es del dominio público, y por tanto, cualquier persona

tendrá acceso a la misma, el cauce legal para su requerimiento u

otorgamiento, en su caso, es el Instituto Electoral, previa solicitud;

quien de no tenerla en su poder o no obrar en la página

electrónica del partido de que se trate, lo requerirá para que la

proporcione en forma directa al solicitante, y en caso contrario, se

le hará saber a éste para que la obtenga directamente, salvo que

la requiera impresa o en medio digital.

El procedimiento para tramitar las solicitudes, se encuentra

previsto en el Capítulo Sexto del Reglamento de Transparencia y

Acceso a la Información Pública del Instituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado de Baja California, en que se

establecen requisitos para su presentación y términos de

resolución, entre otros.

No obstante lo anterior, como ya se señaló, dicho mecanismo no

es óbice para afirmar el acceso directo de cualquier persona a la

información atinente -sin intervención del Instituto Electoral-, habida

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cuenta que acorde al artículo 101, se ordena a los partidos

políticos la publicación de dicha información en sus páginas

electrónicas y, además, una vez proporcionada al Instituto

Electoral la pondrá a disposición, a través de su correspondiente

página, con la información que el propio Instituto genere respecto

de los mismos.

De esta forma se surte el acceso directo, pues no debe soslayarse

que la información que circula en el ciberespacio, se obtiene

cuando cualquier interesado accede a los sitios web al teclear una

dirección electrónica, o bien, al seleccionar hipervínculos que son

de su interés personal, es decir, a través de este medio, la

información que en él se contiene, se despliega al momento de

que alguien busca o desea conocer la misma.

Al efecto, es de indicarse que la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia

recaída al recurso de apelación identificado con la clave SUP-

RAP-153/2009, manifestó que “la internet” puede entenderse

como un medio de comunicación global, que permite la

comunicación entre sus diversos usuarios, los cuales pueden ser

personas físicas, personas morales, corporaciones, instituciones

públicas o instituciones privadas.

No pasa desapercibido, que la internet no está al alcance de todas

las personas, pues para ello se requiere de un medio electrónico

que permita la conexión a las redes de comunicación, o lo que

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comúnmente se denomina “web”, no obstante, como ya se señaló

-y se reitera-, la información de interés también podrá obtenerse a

través del Instituto Electoral, previa solicitud de la misma.

Así las cosas, con los mecanismos de mérito, es dable afirmar que

la legislación local garantiza el derecho fundamental que interesa,

y dado su acceso directo, atiende a lo dispuesto en el artículo 6º

de la CPEUM, del que se desprenden como sujetos directamente

obligados en la materia, a los partidos políticos; ello con motivo de

las recientes reformas constitucionales en materia de

transparencia, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el

siete de febrero.

Ahora bien, en el caso que nos ocupa, se denunciaron violaciones

a la Ley, ya que el denunciado no ha dado respuesta a la solicitud

de los denunciantes, realizada el diecinueve de noviembre de dos

mil tres, en que se pidió: “La cantidad de militantes (sólo en

número) con los que cuenta el padrón del Partido en los Cinco

Municipios que tiene el Estado de Baja California. Lo anterior para

validar lo números con los que cuenta el Comité Estatal con los

que tenemos registrados los diferentes Municipios y así proceder

a la homologación correspondiente”, como se advierte de autos.

Sin embargo, atendiendo al marco constitucional y legal analizado,

se concluye que el denunciado no violentó la normatividad

electoral aplicable en materia de transparencia y acceso a la

información pública, toda vez que los denunciantes no atendieron

al procedimiento que para tales efectos se prevé y que ha

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quedado señalado, esto porque la solicitud no fue presentada ante

el Instituto Electoral, sino directamente al denunciado en su

carácter de Diputado de la XXI Legislatura Constitucional del

Estado de Baja California, como se advierte del sello de recibido

de la citada solicitud que obra en copia fotostática simple y a la

que se concede valor probatorio pleno en términos del artículo 439

de la Ley, dado que genera convicción atendiendo a lo afirmado

en la correspondiente contestación, y en atención al sello oficial

que se aprecia en la misma, como ya se indicó, cuya imagen se

inserta a continuación:

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Como se advierte, la solicitud inobserva los requisitos que para su

atención y trámite dispone la Ley, ya que como se indicó, su

presentación debe ser ante el Instituto Electoral, quien en esos

términos tiene plenas facultades para requerir a los partidos

políticos la información que proceda según la Ley, al grado que de

no atender al requerimiento, el obligado podrá será sujeto de

sanción administrativa, como se desprende del artículo 105 de la

Ley, circunstancia que en la especie no acontece, toda vez que,

como se señaló, no se colma la infracción administrativa

denunciada.

No obstante el error en la vía para presentar la solicitud atinente,

ante las particularidades del asunto, del que se advierte que de la

fecha de solicitud -diecinueve de noviembre de dos mil tres-, hasta el

momento, han transcurrido alrededor de dos meses, tiempo que

podría obstaculizar el acceso a este derecho, se vuelve necesario

remitir copia certificada del presente expediente al Instituto

Electoral a través del Consejo General, para que, en su caso,

requiera al PEBC la información de interés; ello acorde al “nuevo

modelo de control de constitucionalidad y convencionalidad”,

derivado de la reforma al artículo 1° de la CPEUM publicado en el

Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once,

que constriñe a todas las autoridades -incluida esta Sala- tomar

medidas preventivas, a fin de hacer efectivos los derechos

fundamentales, como el de acceso a la información pública

electoral que interesa.

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Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

ÚNICO. Se declara infundado el procedimiento sancionador

incoado en contra de FELIPE DE JESÚS MAYORAL MAYORAL,

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Estatal de Baja

Californa, en términos del considerando CUARTO de la presente

resolución.

Notifíquese en términos de Ley.

Archívese en su oportunidad el presente expediente, como asunto

total y definitivamente concluido, una vez hechas las anotaciones

correspondientes en el Libro de Gobierno.

Así lo resolvió el MAESTRO ARMANDO BEJARANO

CALDERAS, Magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal

de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja

California, ante la Primer Secretaria de Estudio y Cuenta adscrita,

LICENCIADA CECILIA RAZO VELASQUEZ quien autoriza y da

fe.

MTRO. ARMANDO BEJARANO CALDERAS MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA UNITARIA

LIC. CECILIA RAZO VELASQUEZ PRIMER SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA

DE LA PRIMERA SALA UNITARIA

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