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Poder Judicial de la NaciónCAMARA FEDERAL DE POSADAS

FPO 5577/2017/16/CA4

Posadas, a los 02 días del mes de mayo de 2019.

Y VISTOS: El presente expediente, registro “N° FPO

5577/2017/16/CA4” Legajo de Apelación en autos “Román, Álvaro

Gabriel S/ Infracción Ley N° 23.737”.

CONSIDERANDO: 1) Que, arriban las presentes actuaciones

al conocimiento y decisión de este Tribunal con motivo del recurso de

apelación a fs. 69/72 contra la decisión recaída a fs. 59/65 y vlta., a

tenor de la cual el Magistrado de la Instancia que antecede dispuso el

procesamiento con prisión preventiva de A. G. Román por encontrarlo

prima facie autor penalmente responsable del delito de “Tenencia de

Estupefacientes con Fines de Comercialización Agravado por la

cantidad de personas involucradas”, previsto y penado por los arts. 5º

inc. “c” y 11º, inc. “c” ambos de la Ley 23.737.

Asimismo, mandó a trabar embargo sobre sus bienes hasta

cubrir la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000), conforme lo

normado en el art. 518 del C.P.P.N.

2) Que a fs. 69/72 obra el escrito de apelación presentado por la

defensa técnica del imputado Román, quien a fs. 78 y vlta. procedió a

ratificar la apelación del auto de procesamiento de su ahijado

procesal.

Que, al momento de presentar el memorial de apelación en los

términos de lo establecido en el at. 454 del Código ritual, la defensa a

fs. 80/82 expresó que fueron materia de agravios los siguientes

puntos, a saber: a) el rechazo de la falta de mérito solicitada

y el consecuente dictado del procesamiento con prisión preventiva de

A. G. Román en orden al delito contemplado en los arts. 5º inc. “c” y

11º, inc. “c” ambos de la Ley 23.737, indicando además que la

imputación recaída sobre su defendido sólo se sustentó en informes no

corroborados de la fuerza interviniente que a entender del recurrente

Fecha de firma: 02/05/2019Firmado por: ANA LIA CACERES DE MENGONI, JUEZ DE CAMARAFirmado por: MARIO OSVALDO BOLDU, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: MARIA MARLENE RAICZAKOWSKY, SECRETARIA DE CAMARA

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no poseen sustento fáctico ni acompañamiento en pruebas que

fortalezcan los mismos; b) que el Magistrado haya considerado que

los elementos incautados son de propiedad de Román, ello por cuanto

el procedimiento se realizó en la vivienda que su ahijado procesal

comparte junto a su padre y hermano. En ese aspecto señaló que su

defendido en su declaración indagatoria desconoció el origen del

estupefaciente, habiéndose atribuida la propiedad de la droga su

hermano, entiéndase M. Román; c) que se considere como elementos

para concluir con la responsabilidad en los hechos en el secuestro de

una balanza en la morada, en tanto obran innumerables pruebas que

demuestran que la misma no es del imputado; d) en último lugar

indicó que con posterioridad al dictado del auto de mérito se han

incorporado declaraciones testimoniales que permitirán determinar

que A. G. Román no sería la persona que los investigadores habrían

señalado como quien comercializaba el estupefaciente. En base a esos

argumentos peticionó que se revoque el auto puesto en crisis.

3) Previo a dar respuesta a las cuestiones introducidas por la

defensa del encartado A. G. Román, habremos de mencionar que de

las constancias del expediente principal que tenemos a la vista, surge

que personal dependiente de la Dirección de Toxicomanía de la

Policía de la Provincia de Misiones solicitó autorización para realizar

tareas de investigación a raíz de información recabada por tareas de

inteligencia propias de la función específica del personal de esa

Dirección, ello debido a que se tomó conocimiento que en tres (3)

viviendas localizadas en la Chacra 112, Villa Emergencia sobre la

Av. Zapiola entre las Calles72 y 74 de la ciudad de Posadas,

presumiblemente se estarían llevando a cabo actividades compatibles

con la comercialización de estupefacientes, cfr. fs. 1, fs. 3/4.

Que, la situación antes referenciada motivó el inicio de una

investigación reservada (art. 183 del C.P.P.N.), tendiente a corroborar

lo mencionado en el párrafo anterior, todo lo cual fue puesto en


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conocimiento del Juzgado Federal en la Criminal y Correccional de

Posadas, véase sobre ello fs. 5, fs. 7 y fs. 8.

A fs. 17/39 y vlta. luce incorporado el resultado de la

investigación reservada llevada a cabo por los preventores y en

atención a las circunstancias el caso, en cuanto a la comprobación del

hecho, de los indicios y pruebas acumuladas, el Comisario C. R. Joner

solicitó al Sr. Fiscal Federal si lo considera suficiente eleve las

actuaciones al Juzgado competente a los fines de que se disponga el

allanamiento respecto de los domicilios objeto de las investigaciones,

según se extrae de fs. 39 vlta. parte in fine.

Que el informe de la Dirección de Toxicomanía de la Policía de

Misiones fue recibido por el Ministerio Público Fiscal –fs. 40/43 y

vlta.–, y conforme constancia de fs. 44 las actuaciones fueron

elevadas por la Fiscalía federal Nº 1 al Juzgado Federal en lo Criminal

y Correccional de esta ciudad.

Que, la Sra. Magistrada luego de analizar lo peticionado,

entendió que los frutos que ha arrojado la investigación, basado

principalmente en las imágenes que abonan una sospecha seria

respecto a que en dichos domicilios se estarían llevando a cabo

actividades en infracción de la Ley 23.737 y en base a ello concluyó

que estaría dada la situación de excepción justificante que permite

autorizar el allanamiento y registro de las moradas ubicadas en la

Chacra 112 sobre Av. Zapiola ente Calle 72 y 74, véase fs. 45/47 y

vlta., a esos fines se libró la orden de allanamiento y secuestro obrante

a fs. 48/49.

La manda judicial fue cumplimentada respecto de diferentes

moradas ubicadas Chacra 112 sobre Av. Zapiola ente Calle 72 y 74,

las que serían habitadas por A. J. Silva; J. D. Maciel y M. G. Román.

Cabe señalar que el resultado del procedimiento fue el hallazgo

en todas las viviendas de material estupefaciente, dinero en efectivo

de diversa nominación y otros elementos de interés, a cuyos efectos


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nos remitimos a fs. 54/58 del expte. ppal., y como también lo indicó el

Magistrado en el resolutorio atacado de fs. 59/65 del presente legajo.

Que en base a los extremos probatorios incorporados en los

autos principales y en atención a las circunstancias de tiempo, lugar y

modo, la Magistrada en fecha 24/10/2017 dictó auto de procesamiento

con prisión preventiva de A. J. Silva; J. D. Maciel y M. G. Román en

orden al delito de “Tenencia de Estupefacientes con Fines de

Comercialización Agravado por la Cantidad de Personas

Involucradas”, previsto y penado en los arts. 5º, inc. “c” y 11º, inc. “c”

de la Ley 23.737.

Es preciso indicar que respecto de los imputados antes

mencionados la causa fue elevada a juicio en fecha 05/02/2018 –fs.

386/389 y vlta.–, recayendo sentencia condenatoria en el T.O.F. según

constancia de fs. 401/402.

En párrafo aparte, mencionamos que en el acápite nº 8 del

resolutorio de fs. 238 del expte. ppal., la Sra. Magistrada en relación

al imputado Álvaro Gabriel Román dispuso su ubicación, captura y

detención por considerar que existen indicios suficientes para

considerarlo autor responsable del delito antes mencionado.

En ese sentido, estimo la Juez aquo que los elementos de cargo

resultaron por demás suficientes para acreditar que el encartado A. G.

Román –alias ABY– fue sindicado junto a sus consortes de causa

como una de las personas involucradas en las maniobras de

comercialización de estupefacientes, pudiéndose establecer que el

nombrado residía en la vivienda identificada en autos como Nº 3, en

la Villa de Emergencia de la Chacra 112.

Que la captura del imputado se produjo en fecha 03/12/18,

oportunidad en que fue divisado en la vía pública a bordo de un

vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo BORA.

A fs. 422/433 de los autos principales luce incorporada la

declaración indagatoria del imputado Román a quien se le imputó el


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delito de “Tenencia de Estupefacientes con Fines de

Comercialización, agravado por la cantidad de personas

involucradas”, quien en esa oportunidad relató lo siguiente: “… el día

del allanamiento yo llegaba a mi casa y vi que había un allanamiento

y vi que le tenían a mi hermano y ahí me fui, pero yo no tenía nada

que ver con lo que estaba pasando, yo no sabía que estaba pasando y

después me entero que le encontraron cosas a mi hermano que era de

él y él se hizo cargo de eso […] Yo no vivo en esa casa, yo voy de

visita en la casa de mi papá yo voy a visitarle nomás yo vivo en la

chacra 94 desde hace dos años y cuatro meses y con el tema que

estaba pasando en el barrio yo sabía que se estaba vendiendo droga sí,

pero yo no me meto en el problema de ellos, yo no consumo ni

tampoco vendo, yo no tengo nada que ver en la causa que me están

acusando. […] Los elementos secuestrados, la balanza era de mi casa

porque mi papá tenía verdulería, yo iba de visita a la casa de mi papá

tres veces a la semana como vivo cerca, ese día como era viernes iba a

ir a cenar con mi papa y llegaba y como vi todo el movimiento ese,

me fui nomas y me fui a mi casa donde vivo. Al otro día fui a lo de mi

papá y me contaron como fue la cosa y que le encontraron las cosas a

mi hermano y ahí me entero que me estaban buscando a mí, y yo

andaba normal nomás cuando me entere porque no tenía nada que ver

y había puesto un abogado y el abogado estaba viendo la causa y me

dijo que espere que estaba solucionando para que me entregue, y hasta

que me agarraron ahora y nunca me aviso nada...”.

Que conforme los elementos de prueba obrantes en autos, a fs.

445/451 y vlta. el Magistrado resolvió situación procesal del imputado

Álvaro Gabriel Román –alias ABY, dictando en consecuencia su

procesamiento con prisión preventiva en orden al delito que le fuera

imputado, debido a que se constató que el imputado figuraba en la

mayoría de los informes y reportes de movimientos que fueron

presentados por la Dirección de Toxicomanía, los cuales lucen


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agregados al inicio del presente legajo y a titulo meramente

ejemplificativo remitió a los informes de fs. 20, fs. 31 vlta., fs. 36,

entre muchos otros; y de los cuales se extrajo que el encartado fue

señalado como la persona que proveería estupefaciente.

5) Sentado ello y pasando a dar respuesta a los planteos

introducidos por el recurrente, señalamos en primer lugar de manera

sucinta que asiste razón al Magistrado al desestimar el pedido de falta

de mérito del encartado, por cuanto estimamos –a contrario sensu de

lo alegado por la defensa– que los extremos probatorios obrante en la

causa principal son por demás suficientes para avalar lo resuelto en

ese aspecto.

Repárese además que la totalidad del material probatorio

incorporado en la causa ha sido valorado en su conjunto de cara al

principio de unidad probatoria que gobierna en materia penal cuya

visión de conjunto (Fallos: 311:948; 319:1728; 320:1551 y 2749;

323:1989; 327:5356), y permitió al Sr. Juez subsumir la conducta

desplegada por el imputado en orden al delito de “Tenencia de

Estupefacientes con Fines de Comercialización Agravado por la

Cantidad de Personas Involucradas”, previsto y penado en los arts. 5º,

inc. “c” y 11º, inc. “c” de la Ley 23.737.

A fines ejemplificativos traemos a colación los siguientes

elementos objetivos: planilla de movimientos e informe de fs. 20/21,

informe de fs. 23 y vlta., croquis del lugar del hecho de fs. 25, nota

D.T. “R” Nº 17/17 de fs. 25 vlta., informes de fs. 31 vlta. y fs. 36,

orden de allanamiento y secuestro respecto de los domicilios ubicados

en la Chacra 122 sobre Av. Zapiola entre Calles 72 y 74 de fs. 48/49,

acta de allanamiento de fs.54/58, test orientativo de campo de fs.

60/67, declaración testimonial prestada en sede prevencional de fs. 75,

acta de fs. 181/182, testimoniales prestadas en sede judicial de fs.

185/186 y vlta., fs. 188 y vlta., fs. 190 y vlta., fs. 192/193, fs. 195/196,

fs. 198 y vlta., acta de procedimiento de fs. 404/406, anexo


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fotográfico de fs. 413 vlta., declaraciones testimoniales de fs. 437/439

y vlta., fs. 479/480, entre otros.

Que estos extremos permitieron acreditar con el grado de

probabilidad requerido por esta etapa procesal, que un grupo de

personas, entre las que se encuentra el imputado Álvaro Gabriel

Román “alias ABY”, estarían llevando a cabo actividades vinculadas

con el comercio de estupefacientes en varias viviendas ubicadas en la

zona de la Chacra 122 de esta ciudad.

Aunado a ello, cabe resaltar que el encartado A. G. Román fue

sindicado como la persona que proveería el estupefaciente a su

consorte J. D. Maciel –alias Poroto–, lo que sería conteste con lo

informado a fs. 20 por el Oficial Principal de la Policía de Misiones

Ulises Nicolás Arsenio Cristaldo, quien relató: “…entre las 01:00 y

04:30 […] logrando observar al mencionado “Poroto” sacar de entre

sus prendas pequeñas bolsas de polietileno color celeste las que

intercambiaba por dinero con las personas que llegan al lugar y en una

oportunidad el mencionado se acerca a una vivienda que se ubica

ingresando por el pasillo hacia el interior de la villa de emergencia y

desde una ventana de un primer piso un masculino le arroja varios

envoltorios los cuales luego lo intercambia por dinero con una de las

personas que llega al lugar. Logrando averiguar que la persona que

sale por la ventana se trataría de un hombre a quien le dicen

“ABY”…”

Además a fs. 36 el Agente de la Policía César Crespo informó

entre otras cosas que: “…el informante continua afirmando que el que

provee la droga al mencionado Poroto es el investigado alias

“ABY”…”.

Que, lo referenciado ut supra resulta en un todo concordante

con las siguientes declaraciones testimoniales, a saber: el testigo A.

Garayo quien estuvo presente en el allanamiento de la vivienda Nº 3,

señaló que: “… y de ahí fueron a la pieza de arriba del hermano


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mayor, fuimos arriba a la pieza del hermano…”, véase fs. 195 vlta.

Asimismo el testigo D. A. Fagundez el día del procedimiento se

hizo presente en el lugar y entregó a los preventores un arma de

fuego, véase acta de procedimiento fs. 55/56 de los autos principales.

Al momento de prestar declaración testimonial en sede

prevencional el nombrado referenció: “…observé que personal

policial, se encontraba allanando varios domicilios ubicados frente a

mi casa, visualizando que entre esos se encontraban allanando la casa

de un masculino a quien conozco como “ABY” y la casa de otro

masculino que conozco como “POROTO”, quienes suelen dejar en mi

casa para que le cuide una bolsa tipo cartera pesada y a veces bolsas

cerradas […] quien conozco como “POROTO” […] me entregó una

bolsa tipo cartera de tela, para que la guarde, junto con un paquete con

envoltorios […] llevo sólo el paquete y quedo la bolsa, cuya bolsa

hice entrega a la policía”. Ante la pregunta de quién entrega paquetes

con más frecuencia, el testigo respondió: “…siempre le entrega o

retira “ABY” o “POROTO”, conforme fs. 59 y lo que fue ratificado

en sede judicial cfr. fs. 168/169.

Lo mencionado descarta de plano lo esgrimido por la parte

recurrente en relación a que no existen elementos de convicción que

justifiquen la imputación, siendo sus argumentos endebles a los

efectos de debilitar los fundamentos del Juez aquo.

Siguiendo con el desarrollo de lo aquí analizado, indicamos que

a fs. 434 y vlta. la defensa técnica del imputado solicitó se cite a los

testigos D. A. Fagundez y V. A. Urbina, a los fines de que amplíen

sus declaraciones testimoniales por estimar que existen

contradicciones entre lo manifestado por su asistido y los antes

nombrados.

Es así que a fs. 437/438 el testigo D. A. Fagundez amplió su

declaración inicial, y al ser preguntado sobre el domicilio del

encartado Román –alias ABY expresó: “…y yo hasta donde vivía en


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Luchesi y Zapiola…” y agregó “…cuando hicieron el allanamiento

me había ido a comprar y le vi ahí sentado en el portón de la casa de

ellos, ahí estaban ABY y su novia, ellos vivían en pareja ahí en la

misma casa con el papá...”.

Que por su parte, la testigo V. A. Urbina a fs. 198 declaró: “…

ABY y OTY que es la mujer de ABY si venden drogas…” y en

oportunidad de ampliar su declaración se rectificó de sus dichos

iniciales argumentando que lo que había dicho fue porque tenía miedo

y porque pensé que si decía eso mi hermano –entiéndase el imputado

J.D. Maciel iba a salir pronto y que al encartado A. G. Román ABY

y a su mujer los conoce de pasada nomas, sobre ello véase fs.

479/480.

Al respecto hemos de señalar que los extremos aludidos en los

párrafos que preceden no resultan valederos para invalidar el auto de

mérito puesto en crisis, sino que por el contrario aportan elementos

que permiten inferir que el encartado residiría en el domicilio allanado

y se dedicaría a la comercialización de estupefacientes y en

consecuencia lo alegado por la parte recurrente a fs. 81 vlta. y 82 del

presente legajo versan sobre en meras discrepancias con lo resuelto

por el Magistrado.

Sumado a ello, traemos a colación que lo manifestado por el

imputado en relación a que no reside en la vivienda allanada, más

específicamente en el identificada como Nº 3, no se ajusta a las

constancias comprobadas de la causa.

Es así debido a que el propio encartado incurrió en

contradicciones al momento de prestar declaración indagatoria

expresando: “…el día del allanamiento yo llegaba a mi casa y vi que

había un allanamiento y vi que le tenían a mi hermano y ahí me

fui…”, seguidamente indicó: “…yo no vivo en esa casa, yo voy de

visita en la casa de mi papá…”, circunstancia ésta que refleja el

intento del encartado en desligarse de responsabilidad en los hechos


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investigados.

Sobre los agravios vinculados a que los informes policiales no

tienen sustento en prueba alguna y que los elementos incautados en el

procedimiento no serían de propiedad de su ahijado procesal por

cuanto el comparte la vivienda allanada con su padre y hermano,

apuntamos que lo aludido por el recurrente no ha logrado refutar los

elementos de convicción reunidos a lo largo de la presente de cara a la

valoración que de manera acabada y en un todo conteste con las reglas

de la sana crítica racional efectuó el Sr. Magistrado.

Que, en conclusión son estos los argumentos que nos habilita a

sostener que la calificación legal atribuida al imputado A. G. Román

en la instancia que antecede –esto es Tenencia de Estupefacientes con

Fines de Comercialización, Agravado por la cantidad de personas

involucradas se ajusta a derecho y tuvo en cuenta las circunstancias

de modo, tiempo y lugar en las cuales se desarrolló el ilícito

investigado en autos.

En tal sentido, no debemos dejar de mencionar que nos

encontramos frente a un procedimiento efectuado por personal

dependiente de la Dirección de Toxicomanía de la Policía de Misiones

con investigaciones de carácter reservado, continuas tareas de

vigilancia, registros de movimientos y no ante un caso en el que la

fuerza de seguridad se encontró con la sorpresa de que en varias

viviendas de esta ciudad se comercializaba estupefacientes.

6) En párrafo aparte, mencionamos que todo auto de

procesamiento importa un juicio de probabilidad que estabiliza la

imputación, atiende a fijar el suceso sobre el que versará la etapa

contradictoria y a la individualización de su presunto autor (Voto del

Dr. Tragant, C.N.C.P. en Pleno, in re “Blanc, Virginia María”, del

11/06/2009); por ello, pretender que el Juez llegue a un grado de

convicción tal como el requerido para la validez de un veredicto de

condena resulta una exigencia desmesurada y ajena a la exigencia


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legal (C.N.C.P., Sala I, “Palacios, Alberto M. s/rec. de casación”, del

19/02/2007, Voto del Dr. Madueño).

En idéntico sentido se expidió la C.N.C.P., Sala III, Ed, 187

1237al sostener: “… que el auto de procesamiento es un juicio de

probabilidad, que no requiere, por tanto, certidumbre apodíctica”.

Siguiendo con tal razonamiento, la Cámara Federal de Casación

Penal, Sala IV en la causa N° FPO 3751/2017/2/CFC1 caratulada

“Insaurralde Giménez, Ronaldo Javier S/rec. de casación” sostuvo

que: “…será en la etapa oral, contradictoria y pública en la que se

discutirá en definitiva sobre el sustrato fáctico que conforma la

hipótesis imputativa –con respeto al principio de congruencia– y sobre

la imputación jurídico penal con carácter definitivo.

7) En conclusión, todo lo expuesto no hace más que confirmar

la concurrencia de los elementos requeridos por el tipo penal atribuido

(arts. 5º, inc. “c” y 11º, inc. “c” ambos de la Ley 23.737) en la

instancia que antecede, lo que descarta de plano lo esgrimido por la

defensa técnica del encartado A. G. Román.

En mérito de lo expuesto, esta Excma. Cámara Federal de

Apelaciones de Posadas,

RESUELVE: 1) NO HACER LUGAR al recurso de apelación

articulado a fs. 69/72 a favor del imputado Álvaro Gabriel Román.

2) CONFIRMAR el pronunciamiento obrante a fs. 59/65 y

vlta.

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE conforme lo dispuesto por

las Acordadas 31/11 y 38/13 de la C.S.J.N., hágase saber a la

Dirección de Comunicación Pública (Acordada 15/13 de la

C.S.J.N.). Cumplido, remítanse los autos al Tribunal de Origen.

Fdo. Dr. Mario Osvaldo Boldu Dra. Ana Lía Cáceres de Mengoni

(Jueces) Ante Mi Dra. Marlene Raiczakowsky (Secretaria Penal).


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