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PRESENTACIÓN
RedLat y su rol
La Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Compañías Multinacionales
(RedLat) es una iniciativa, creada en octubre de 2005, que reúne instituciones de países
de América Latina con el propósito común de profundizar el conocimiento sobre el
comportamiento laboral de las compañías multinacionales y que utiliza la información
recogida para impulsar la acción sindical.
La misión de la red es reafirmar y fortalecer el poder de los sindicatos, contribuyendo a su
reconocimiento como actores sociales relevantes, no solo en su relación con la compañía
sino también en la sociedad en general. Más que nada, esta tarea incluye activar y/o hacer
el seguimiento de la implementación de los acuerdos marco globales en la región, por
rama o compañía. Para cumplir dichas metas es vital establecer un clima de cooperación
con las federaciones internacionales del trabajo y fuertes vínculos con las centrales
sindicales activas de la RedLat.
Las instituciones que componen la RedLat son: CILAS (Centro de Investigaciones Laboral
y Asesoría Sindical), de México; ENS (Escuela Nacional Sindical) y CUT (Central Unitaria
de Trabajadores). de Colombia; PLADES (Programa Latinoamericano de Desarrollo), de
Perú; ICD (Instituto Cuesta Duarte) y PIT-CNT, de Uruguay; CENDA (Centro de Estudios
Nacionales de Desarrollo Alternativo) y CUT (Central Unitaria de Trabajadores), de Chile;
CEFS (Centro de Estudios y Formación Sindical), CIFRA (Centro de Investigación y
Formación de la República Argentina) y CTA (Central de Trabajadores de la Argentina);
IOS (Instituto Observatorio Social) y CUT (Central Única de los Trabajadores) de Brasil; y
la CSA (Confederación Sindical de las Américas). El Instituto Observatorio Social es
responsable de la Secretaría Operativa de la Red.
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LISTAS DE SIGLAS
AFP - Administradoras de fondos de pensiones
AISS. - Asociación Internacional de Seguridad Social
ASSE - Administración de los Servicios de Salud del Estado
BCRP – Banco Central de Reserva del Perú
BM - Banco Mundial
BRICS - Brazil, Russia, India, China and South Africa/Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica/Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul
CASEN – Caracterización Socioeconómica Nacional
CEFS - : Centro de Estudios y Formación Sindical
CENDA - Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo
CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe/Comissão Econômica
para a América Latina e o Caribe
CIFRA – Centro de Investigación y Formación de la República Argentina
CILAS -Centro de Investigaciones Laboral y Asesoria Sindical
CISS - Conferencia Interamericana de Seguridad Social
CIT - Conferencia Internacional del Trabajo
CONASAMI - Comisión Nacional de los Salários Mínimos
CONEVAL - Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarollo Social
CSA - Confederación Sindical de las Américas/Confederação Sindical das Américas.
CTA - Central de Trabajadores de la Argentina
CUT - Central Unitaria de Trabajadores
CUT - Central Única dos Trabalhadores
DANE – Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DGBBW – Deutscher Gewerkschaftsbund Bildungswerk
DIEESE - Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos
ENCLA - Encuesta Laboral
EMP - Entidades de Medicina Prepaga
ENS - Escuela Nacional Sindical
EPH - Encuesta Permanente de Hogares
ESSALUD - Seguro Social de Salud del Perú
FONASA - Fondo Nacional de Salud
IBGE – Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia
ICD - Instituto Cuesta Duarte
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IMSS - Instituto Mexicano del Seguro Social
INDEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos
INE – Instituto Nacional de Estadística
INEGI - Instituto de Estadística y Geografia
INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática
ISAPRE - Sistema Privado con las Instituciones de Salud Previsional
INSSJyP - Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
ISSTE - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
IOS - Instituto Observatório Social
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
JUNASA - Junta Nacional de Salud
LFT - Ley Federal del Trabajo
MDS –Ministério Desarrollo Social
MT - Ministério do Trabalho
NAFTA - North American Free-Trade Agreement/ Tratado de Libre Comercio
Norteamericano/Tratado Norte-Americano de Livre Comércio
OIT - Organización Internacional del Trabajo/Organização Internacional do Trabalho
OISS - Organización Iberoamericana de Seguridad Social
ONU- Oraganización de las Naciones Unidas/Organização das Nações Unidas
OSN - Obras Sociales Nacionales
OSP - Obras Sociales Provinciales
PEA – Población económicamente activa /População Economicamente Ativa
PEC - Propuesta de Enmienda Constitucional/Proposta de Emenda Constitucional
PIB – Producto Interno Bruto/Produto Interno Bruto
PIDESC - Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
PIT-CNT del Uruguay
PLADES - Programa Latinoamericano de Desarrollo
PME – Pesquisa Mensal de Emprego
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
RAIS - Régimen de Ahorro Individual Solidario
RGPS - Regime Geral de Previdência Social
RPC - Regime de Previdência Complementar
RPPS - Regime Próprio de Previdência Social
RPM - Régimen de Prima Media
SMN - Salario Minimo Nacional/ SalárIo Mínimo Nacional
SNP - Sistema Nacional de Pensiones
SPP - Sistema Privado de Pensiones
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Sumário CAPA ........................................................................................................... Erro! Indicador não definido.
PRESENTACIÓN ........................................................................................................................................ 2
RedLat y su rol ..................................................................................................................................... 2
LISTAS DE SIGLAS ..................................................................................................................................... 3
INTRODUCCIÓN .......................................................................................... Erro! Indicador não definido.
1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO .............................................................. Erro! Indicador não definido.
Recomendación ................................................................................................................................. 13
2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO .......................................................................................................... 15
2.1. Informalidad ............................................................................................................................... 18
Recomendación ................................................................................................................................. 18
3. REMUNERACIONES ............................................................................................................................ 20
Recomendación ................................................................................................................................. 25
4. SEGURIDAD SOCIAL ........................................................................................................................... 27
4.1. Sistema de pensiones: cobertura a la vejez contributiva........................................................... 29
4.2. Salud ........................................................................................................................................... 33
4.3. Seguro de desempleo: ................................................................................................................ 35
4.4. Cobertura por accidente de trabajo: .......................................................................................... 37
4.5. Licencia maternidad ................................................................................................................... 39
Recomendación ................................................................................................................................. 41
5. LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA ............................................................................. 43
Recomendación ................................................................................................................................. 47
REFERENCIAS ......................................................................................................................................... 48
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INTRODUCCIÓN
Este es el tercero y último informe de investigación que tiene como objetivo retratar los
déficits de trabajo decente (TD) en los siete países que forman la RedLat: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Perú, México y Uruguay. En este informe, verificamos la
continuidad del desmantelamiento de las breves experiencias de gobiernos progresistas
ocurridas en Argentina y Brasil, con la adopción de una agenda neoliberal por parte de los
gobiernos actuales. Brasil sigue siendo el caso más contundente: tras el golpe
parlamentario de 2016 contra Dilma Rousseff, en 2017 se aprobaron en el país leyes
laborales que retiran los derechos de los trabajadores. Todo eso capitaneado por el
gobierno ilegítimo de Michel Temer, que, además de no haber sido elegido, cuenta con un
mero 5% de aprobación de la población brasileña en las encuestas de opinión.
En este sentido, la coyuntura presentada contribuye al mantenimiento o exacerbación de
los déficits de TD. Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), trabajo decente es
un trabajo productivo y adecuadamente remunerado, ejercido en condiciones de libertad,
equidad y seguridad, sin ninguna forma de discriminación y en condiciones de garantizar
una vida digna a todas las personas que dependen de trabajar para vivir. El concepto de
trabajo decente presenta cuatro ejes: los derechos en el trabajo, las oportunidades de
empleo, la protección social y el diálogo social. Los ejes tienen relación con conceptos más
amplios, como desarrollo sostenible, erradicación de la pobreza, reducción de las
desigualdades, fortalecimiento de la democracia.
Para promover el trabajo decente, el movimiento sindical debe tener informaciones
cualificadas para construir sus acciones y enfrentar las adversidades. Con tal finalidad,
este informe se divide en cinco partes, de acuerdo alas dimensiones escogidas para el
análisis:
1) Contexto socioeconómico;
2) Oportunidades de empleo;
3) Remuneración del trabajo;
4) Protección social;
5) Libertad sindical y negociación colectiva.
A partir de la contextualización socioeconómica, se realiza un análisis actualizado del TD
para los países de la red. Para ello, se han elaborado indicadores para cada una de las
dimensiones escogidas. Lasconsultas se hicieron en fuentes nacionales y regionales,
gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones multilaterales y sindicales.
Además, se han utilizado metodologías cualitativas y cuantitativas en el análisis de los
datos.
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Este es el tercer informe regional anual y corresponde al año de 2017. Los datos
estadísticos se refieren al año de 2016 y las informaciones políticas consideran el año de
2017.
Agradecemos al DGBBW por apoyar esta investigación.
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1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO
En la estela de la profunda crisis estructural del capitalismo global, que se instaló a
partir de 2008,las breves experiencias progresistas vienen siendo desmanteladas en
América Latina. Bajo la hegemonía del imperio neoliberal – diferentemente de las
respuestas dadas por el mundo en la Gran Depresión a partir de 1929, con la
emergencia del capitalismo fordista-keynesianoen la posguerra –, la actual respuesta
ha consistido en la reafirmación institucionalizada del rentismo y del capital financiero,
con la implementación de “reformas” por parte del Estado que propicien la
sobrexplotación de la fuerza de trabajo. Como consecuencia de la nueva ofensiva
neoliberal, está el refuerzo de la adopción de políticas de austeridad ennuestra región,
principalmente en Argentina y no Brasil. Acabando con los gobiernos desarrollistas, el
giro conservador se destacó, ya sea por la ruptura del sistema de representación
política – y demostrando la debilidad de la democracia representativa, con la
deflagración de un “golpe blanco” por las vías institucionales, en 2016,no Brasil (en
moldes similares al ocurrido en Paraguay, en 2012) – ya sea por la derrota en las
urnas, como en Argentina, en 2015.
Fue en América Latina donde empezaron las fracturas geopolíticas contra la
hegemonía estadounidense, con el triunfo de gobiernos de izquierda: en 1998, Hugo
Chávez fue electo en Venezuela; Néstor Kirchner, en Argentina, y Luís Inácio Lula da
Silva, en Brasil, ambos electos en 2003; Evo Morales, en Bolivia, en 2006; y Rafael
Correa, en 2007, en Ecuador. A partir de la década de 2010, Washington empezó a
avanzar en su propósito de retomar la dirección de la política externa de los países
latinoamericanos que habían osado romper con la servilismo al capitalismo neoliberal
y se alinearon a un bloque
alternativo, caracterizado por el capitalismo de Estado, representado por China y
Rusia, cuya alianza resultó en la creación, en 2011, de los BRICS (sigla para la
articulación entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
Con el giro conservador que acometió a la región a mediados de la década de 2010,
en el escenario de los efectos del neoliberalismo avasallador asociado al
reaccionarismo de las oligarquías locales y a las complejidades de las coyunturas
nacionales en sus dinámicas sociales particulares, en general, las economías
latinoamericanas presentaron, en 2016,resultados declinantes, para los cuales
contribuyó la crisis de los commodities desde el inicio de esta década. Vea en el
10
gráfico 1 la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en los países que componen la
Red Latinoamericana de Investigaciones sobre Empresas Multinacionales (RedLat).
Fuentes: INDEC, IBGE, CEPAL, DANE, BM, BCRP, INE.
La actividad económica, medida por el desempeño del PIB, verificó en 2016 resultados
negativos en Argentina (-2,2%) – habiéndose aplicado medidas de ajuste fiscal y
monetario, desencadenando la reducción del consumo interno, con la justificación del
gobierno Macri de que los gastos estatales de la gestión anterior habían sido
excesivos y generado desequilibrios macroeconómicos– y en Brasil (-3,6%), donde
ocurrió la segunda contracción consecutiva. Chile, Colombia y México, aunque
registraron tasas positivas (1,6%, 2,0% y 2,3% respectivamente), tuvieron
desaceleración del crecimiento, siendo que en el caso colombiano se destacó el
decrecimiento verificado en la actividad de extracción mineral. La excepción pude ser
observada en Perú, que verificó una expansión del PIB en 2016 a tasas levemente
superiores a las presentadas en el año anterior (3,9% ante 3,3%); donde las
incertidumbres políticas en el contexto electoral de 2016 incidieron sobre los niveles de
inversión. En Uruguay también hubo crecimiento (1,5%), tasa significativamente
superior a la referente al año de 2015, habiendo registrado expansión de la demanda
interna, con incremento del consumo privado y público.
En lo que se refiere a la reciente evolución de la participación de los salarios en el PIB
en el continente latinoamericano, entre los países de la RedLat, Uruguay, Colombia y
México se sitúan en una franja considerada de menor participación salarial (inferior a
40% del PIB), mientras Brasil y Chile se encuentran en una franja intermedia (entre
11
40% y 45% del PIB) – según la clasificación establecida por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2016). En Brasil, a partir de 2003, hubo de
hecho un incremento expresivo del rendimiento de los trabajadores que integran los
estratos más bajos de la pirámide social (hasta 2016 el salario mínimo registró una
ganancia real del 77%), en virtud de la adopción de una política de valorización del
salario mínimo, que empero no combatió la abisal desigualdad social, una vez que los
más ricos abarcaron una mayor porción del ingreso nacional. En Colombia, los
empresarios se apropiaron de un ingreso equivalente al 56% del PIB nacional.
Analizando la distribución de las riquezas en la sociedad, permanece como un desafío
la efectiva reducción de la histórica desigualdad social que afecta a los países de
América Latina. El coeficiente de Gini (que varía entre 0, para representar la ausencia
de desigualdad, y 1, para la desigualdad máxima), en 2015, para América Latina,
estuvo situado en el valor medio de 0,469, habiendo acumulado, desde 2008, cuando
elpromedio fue de 0,500, un decrecimiento del 6,2%. En la mayor parte de los países,
ese avancese concentró sobre todo en el período de 2008 a 2012 (CEPAL, 2016). A
pesar de ser uno de los países más desiguales de la región, Colombia ha sostenido, a
lo largo del período analizado, un movimiento continuo de caída de la desigualdad,
comoes posible visualizar a partir del gráfico 2.
Fuentes: INDEC, IPEA, MDS-CASEN, DANE, INEGI, INEI, INE. Obs: Para Argentina, en 2015, dato corresponde al 1º, 2º y 3º trimestre; en 2016, al 2º, 3º y 4º trimestres.
Para Brasil, donde 2010, dato de 2009.
12
Para Chile, donde 2010, dato de 2011.
El empeño efectivo en la corrección de las disparidades sociales – enfocando la
extrema concentración de ingreso en el estrato más alto de la sociedad, por medio, por
ejemplo, de la elevación de la tributación incidente sobre el ingreso y el patrimonio de
los más ricos, así como por el perfeccionamiento de las políticas sociales y de los
gastos públicos –resulta una medida imprescindible en el propósito de superación de
la pobreza. Fenómeno multidimensional, la pobreza afecta más enfáticamente a los
residentes en áreas rurales de países de la RedLat y está relacionada a dimensiones
que exceden la posesión de capital económico, implicando el acceso a derechos de
ciudadanía. Estudios recientes (CEPAL, 2016) han destacado la correlación entre
pobreza y tiempo dedicado al trabajo no remunerado, mayoritariamente desempeñado
en las esferas privadas y por las mujeres, evidenciando la persistente división sexual
del trabajo en nuestras sociedades. El gráfico 3 indica las tasas de pobreza y de
indigencia:
Fuentes: CIFRA, IPEA, MDS-CASEN, DANE, CONEVAL, INEI, INE. *Datos de 2016 para Colombia, Perú y Uruguay. Para Argentina, dato de 2016 corresponde al 2º, 3º y 4º trimestres. Para Chile, dato de 2015. Para Brasil y México, dato de 2014.
Otro pronunciado componente de la desigualdad socioeconómica consiste en el
racismo estructural. En cuanto a esta temática, sobre todo a partir del año 2000, se
crearon en países de América Latina mecanismos gubernamentales apuntando a la
promoción de la igualdad racial – por medio del combate a la pobreza y de la
ampliación de la protección social –, resultantes de la incisiva y persistente lucha
política de los movimientos sociales. El enfrentamiento se ha desarrollado de modo
13
bastante heterogéneo entre los países, en lo que se refiere al andamiaje jurídico-
normativo construido. Así, Brasil, Colombia, México y Perú disponen de dispositivos
constitucionales para el combate a la discriminación por raza o color; Argentina, Chile
y Uruguay también poseen mecanismos legales de promoción de la igualdad racial. La
formulación y ejecución de las políticas públicas que contemplen la cuestión racial es,
empero, muy sensible a los ciclos económicos y políticos, al igual que a los cambios
de gobierno.
El cálculo de la diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre en
los países que integran la RedLat revela que, en Colombia, el decil más rico mostró lo
equivalente a 43,9 veces el rendimiento relativo al decil más pobre, en 2015. A
continuación, Brasil(donde el 1% más rico ganaba más que el 1% más rico en
Francia), ostentando, el mismo año, una diferencia de ingreso de 34,9 veces entre el
decil más rico y el más pobre. Argentina vivenció un salto en esa discrepancia entre
los deciles de ingresos en 2016, que pasó a 20,1 veces, contra 16,8 veces el año
precedente, con un retroceso del indicador al nivel de 2010. En contrapartida, Uruguay
registró una reducción de la diferencia, que pasó a 11,3 veces, en 2016. En Chile,
donde el 10% más ricos detentaba el 29,6% del total del ingreso domiciliario, la
diferencia fue de 10,5 veces, también en 2016. México y Perú presentaron relaciones
similares entre los deciles superior e inferior de ingreso, en 2015, con diferencias de
19,8 y 19,0 veces, respectivamente.
Recomendación
La efectiva superación de la pobreza en América Latina requiere una bordaje
universalista de las necesidades básicas y los anhelos de la población. El crecimiento
económico apalancado por el estímulo al consumo interno posibilita un relativo
ascenso social de las capas populares, aunque este debe ir acompañado de un
conjunto de políticas que promuevan transformaciones estructurales y abarquen los
planos de la economía, de los derechos y de la ideología. En este sentido, el campo
de la izquierda, y particularmente el movimiento sindical, detenta la posibilidad de
revigorarse e intensificar su potencia al asumir pautas que asocien al combate a las
desigualdades de clase las luchas feministas, contra el racismo estructural, la
xenofobia y la homofobia, así como las temáticas ambientales y de cuidado. Tales
temas, incluso, ya se constituyen como prioridad para los sectores sociales
reaccionarios, que articulan el liberalismo económico y el conservadurismo moral. El
actual contexto social expande los espacios de oportunidades para quela actuación
sindical fortalezca la organización y apropiación, en las distintas instancias de la
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estructura sindical, por parte de las mujeres y las juventudes trabajadoras, principales
afectados por la precarización del trabajo y por el desempleo. El desafío consiste en la
adopción de posturas que tengan en cuenta la reinvención crítica y la reconfiguración
de relaciones más horizontales.
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2. OPORTUNIDADES DE EMPLEO
En 2016 permanecen los problemas estructurales del mercado laboral en los países
de la región. Una vez más se encuentra que el desempleo afecta más a las mujeres
que a los hombres, que la desocupación juvenil aumentó, el cuentapropismo continúa
como categoría importante en la generación de empleo y el sector terciario de la
economía sigue concentrando la mayor parte del empleo.
En Brasil el comportamiento de la economía tuvo un impacto directo en el deterioro de
los indicadores laborales, específicamente en la tasa de desempleo que pasó de 8,5%
en 2015 a 11,5% en 2016, un aumento de 3 puntos porcentuales (pp) de un año a
otro. Seguido se ubicó Colombia con una tasa de desempleo de 9,2%, ambos países
se ubicaron por encima del promedio regional que fue de 8,2%. Los demás países de
la Red reportaron tasas de desempleo inferiores.
Tabla 1. Tasa de desempleo total, por sexo y para los jóvenes en los países de la
RedLat 2016.
Total Hombres Mujeres Jóvenes*
Argentina 8,5 7,8 9,4 18,4
Brasil 11,5 10,7 13,8 25,9
Chile 6,5 6,5 7,4 14,0 Colombia 9,2 7,1 12,0 15,9
México 4,0 4,1 4,0 N.D.
Perú 4,2 4,6 3,9 10,8
Uruguay 7,8 6,5 9,4 25,0
Fuente: Argentina: EPH (INDEC); Brasil: IBGE- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua; Chile: INE-Encuesta Nacional de Empleo; Colombia: DANE-Gran Encuesta Integrada de Hogares; México: INEGI-Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo; Perú: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza y Uruguay: INE. * La población joven se clasifica da seguinte maneira por país. Argentina: 18 a 24 años de edad; Brasil: 15 a 29 años;
Chile: 15 a 24 años; Colômbia: 14 a 28 años; México: 15 a 29 años; Peru: 15 a 29 años; Uruguai: 14 a 29 años.
En muchos países de la región en lo que respecta a las oportunidades, los tratos y los
resultados en el mundo laboral, persisten grandes diferencias entre los hombres y las
mujeres. Son ellas quienes tienen más posibilidades de encontrarse y permanecer en
el desempleo, tienen menos oportunidades de participar en la ocupación, y cuando
esto ocurre, muchas veces se ven obligadas a aceptar empleos de peor calidad y con
remuneraciones inferiores. Por ejemplo, con respecto a la desocupación, las
principales diferencias entre la tasa de desempleo de unas y otros se presentaron en
Colombia (12,0% vs. 7,1%); Brasil (13,8% vs. 10,7%) y Uruguay (9,4% vs. 6,5%).
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En el caso de los jóvenes la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que
en el mundo hay 71 millones de jóvenes (entre 15-24 años) desempleados, medio
millón más que lo reportado en 2015 y además 156 millones de trabajadores jóvenes
viven en la pobreza1. En la región de América Latina y el Caribe la tasa de desempleo
juvenil se ubicó en 18,3% aumentando más de 3 pp con respecto a 2015 cuando
estaba en 15,1%2. En los países de la Red el desempleo de los jóvenes aumentó y
reportó las mayores tasas en Brasil (25,9%); Uruguay (25,0%); Argentina (18,4%) y
Colombia (15,9%). El caso de Brasil evidencia la regularidad observada en otros
países, e incluso en otras regiones, en donde los jóvenes son los primeros en ser
despedidos en la desaceleración económica y los últimos en ser contratados en la
recuperación.
Aunado a lo anterior, se encuentra otra problemática y tiene que ver con los jóvenes
que ni estudian, ni trabajan, ni se capacitan, los conocidos "Ninis". De acuerdo con
OIT, en la región, uno de cada cinco jóvenes, es decir, más de 20 millones de
personas entre 15 y 24 años de edad, vive en estas condiciones. Además, las mujeres
representaron dos tercios de la población nini, se trata de mujeres que viven en
ciudades, que no han terminado la educación secundaria y cuyos factores de riesgo
más importantes asociados a la condición de nini son el matrimonio precoz y el
embarazo durante la adolescencia, o incluso ambos.
Por otro lado, centrando la atención en la ocupación se encontró una destacada
participación del empleo cuenta propia en los países de la Red, especialmente en
Colombia (43,1%) y Perú (35,9%), sin desconocer que en los demás países la
participación de esta categoría en el empleo total iguala o supera más del 20%, a
excepción de Argentina.
Tabla 2. Distribución porcentual de los ocupados por categoría ocupacional países de
la RedLat.
País Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Uruguay
2015 4° trimestre
2016
4° trimestre
2016
2016 1° trimestre
2016
2016 2016
Total 100 100 100 100 100 100 100
Asalariados/Empleados 76,8 68,6 72,7 48,6 68,5 49,1 71,8
1 Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Jóvenes. Tendencias del Empleo juvenil 2016. Organización
Internacional del Trabajo. Recuperado de: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_513747.pdf 2 Panorama Laboral 2016. Organización Internacional del Trabajo. Recuperado de:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/publication/wcms_537803.pdf
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Trabajadores domésticos
9,3 6,8 4,0 3,1 / 2,4 /
Jornalero o Peón / / / 3,0 / / /
Cuenta propia 18,7 24,5 21,6 43,1 22,4 35,9 22,9 Empleadores 3,9 4,6 4,3 3,8 4,4 4,3 /
No remunerados 0,6 / 1,4 4,3 4,7 10,7 /
Otros / 2,3 / 0,1 / / 5,3
Fuente: Argentina: EPH (INDEC); Brasil: IBGE- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua; Chile: Anuario
Encuesta Suplementaria de Ingresos; Colombia: DANE-Gran Encuesta Integrada de Hogares; México: INEGI-Encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo; Perú: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza y
Uruguay: INE.
Los cuenta propia son trabajadores vulnerables, generalmente asociados a puestos de
trabajo con menores ingresos, menor o limitado acceso a cobertura de seguridad
social y con menores posibilidades de obtener beneficios laborales. Así mismo, se
trata de trabajadores sin estabilidad laboral y que pocas veces pueden diferenciar
entre la vida laboral y familiar. Contar con tantos trabajadores en esta categoría es
evidentemente un deterioro en la calidad de los empleos de los países analizados.
Así mismo, se encontró que el empleo sigue concentrándose en el sector de los
servicios en los países de la Red. Sin embargo, en el caso de Perú se destaca la
participación que tuvo la agricultura, ganadería silvicultura y pesca en el empleo total,
con el 25,3% y la industria manufacturera en Brasil con el 23,8%. Mientras que
comercio, hoteles y restaurantes fue la rama de actividad económica que mayor
participación tuvo en el empleo total de México, Colombia, y Chile con participaciones
de 38,6%, 27,9% y 24,9% respectivamente.
Tabla 3. Participación de la ocupación por rama de actividad económica países de la
RedLat (%)
País Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Uruguay [
2016** 4° trimestre
2016
4° trimestre
2016
2016 1° trimestre
2016
2016 2016
Total 100 100 100 100 100 100 100
Agrícola 1,5 9,9 7,8 16,1 0,9 25,3 8,4 Pesca 0,7 Explotación de minas y canteras
/ 2,3 0,8 0,8 1,2
Industria 12,9 12,6 11,3 11,5 23,5 9,5 12,5 Industrias de transformación
11,2
Suministro de electricidad, gas y agua
/ 0,8 0,5 1,0 / /
Construcción 9,4 7,8 7,6 6,3 2,6 6,2 7,5 Comercio y reparación 22,9 19,6 20,7 27,9 29,6 18,3 21,7
18
Alojamiento y alimentación
5,4 4,2 9,0
Transporte, almacenamiento y comunicación
6,5 5,1 7,5 8,0 4,9 / 7,2
Intermediación financiera 10,3 10,8 2,0 1,5 2,2 / Actividades inmobiliarias, empresariales y de arrendamiento
6,1 7,9 1,2 /
Administración pública 8,2 17,2 5,5 / /
Educación, salud y servicios sociales
14,2 14,3 19,5 9,2 25,6
Servicios no personales 28,2
Otros servicios colectivos, sociales y personales
5,6 3,4 15,0 9,0
Organizaciones y órganos extraterritoriales
/ / 0,007 / / / /
Servicios domésticos 7,9 6,8 5,7 / / 2,4 6,9 Otras actividades / 4,8 / / / / /
Fuente: Argentina: EPH (INDEC); Brasil: IBGE- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua; Chile: Anuario
Encuesta Suplementaria de Ingresos; Colombia: DANE-Gran Encuesta Integrada de Hogares; México: INEGI-Censos
Económicos; Perú: INEI- Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza y Uruguay: INE.
2.1. Informalidad
Conjuntamente con los anteriores indicadores laborales, la informalidad laboral
persiste como un factor determinante en la progresiva precarización del empleo. De
acuerdo con OIT si bien la informalidad se redujo relativamente en la década anterior,
esta empezó a crecer nuevamente en el 2015, para acentuarse durante el 2016. En
ese caso, la cifra de trabajadores con empleo informal podría acercarse a los 134
millones en la región3.
Así, se tienen países donde el no registro de trabajadores a la formalidad y seguridad
social supera el 50% de los trabajadores, como es el caso de Colombia (66,7%),
México (57,4%) y Perú (72,0%); en otros, este indicador se mantuvo o presentó una
leve variación, Argentina (33,1%) y Chile (36,0%) y en otros donde la reciente crisis
económica ha generado un impacto importante que pone en riesgo los avances
alcanzados en los últimos años, como en Brasil (y Uruguay (25,3%).
Recomendación
3 Id.
19
Para lograr construir sociedades inclusivas y sostenibles es necesario mejorar las
condiciones de las y los trabajadores, especialmente de aquellos grupos en condición
de desventaja como las mujeres y los jóvenes. La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible se convierte en una oportunidad precisa para elaborar y moldear
estrategias en los diferentes países que ayuden a resolver el déficit de trabajo
decente, disminuir la pobreza y la desigualdad, generar oportunidades para los
jóvenes, empoderar a las mujeres, promover una mayor igualdad entre mujeres y
hombres y disminuir la informalidad.
El desafío es grande e implica cambios económicos, sociales y culturales. Es
necesario que tanto los gobiernos como los actores claves del mundo del trabajo
mantengan como prioridad esencial la consecución de trabajo decente para las y los
trabajadores de la región.
20
3. REMUNERACIONES
El salario mínimo establece un piso de remuneraciones para todos los asalariados
registrados de cada país, pero también sirve de referencia para los trabajadores que
no están bajo convenio para establecer un nivel mínimo de ingresos (aunque no
necesariamente se cumpla). De este modo, con los recaudos necesarios, es una
importante variable de comparación entre los distintos países de la región.
A tal fin, el Gráfico N°4 presenta el salario mínimo de cada país en dólares corrientes
entre los años 2010, 2013, 2014, 2015 y 2016, con la finalidad de poder comparar los
valores. Si bien permite la comparación mencionada, es real que genera ciertas
distorsiones en la medida en que una devaluación de la moneda doméstica puede
generar una caída del salario medido en moneda extranjera concomitantemente con
un incremento en el poder adquisitivo en cada país.
Una primera lectura de la evidencia presentada permite advertir la elevada disparidad
salarial entre los países con una diferencia máxima de algo más de cuatro veces entre
Argentina (U$S 456) y México (U$S 118) para 2016, con un promedio salarial entre los
países que oscila en torno de los 300 dólares mensuales. Por otro lado, 2015 y 2016
se registraron caídas del salario medido en divisa en Argentina, Colombia y México
producto de la devaluación de sus monedas, pero que, además, en Argentina cayó el
salario real por el elevado incremento de los precios domésticos. Por su parte, Brasil,
Chile, Perú y Uruguay, lograron incrementos de sus salarios medidos en moneda
extranjera, con aumentos de salario real.
Otro elemento a señalar es que, visto en perspectiva, sólo tres países tuvieron
aumentos en dólares entre 2010 y 2016, mientras que los otros, mantuvieron
estancado o tuvieron reducciones. Se trata de Argentina, Chile y Uruguay que
mejoraron el salario mínimo en divisa el 12% (al pasar de U$S 409 a U$S 456), 20%
(al incrementarse de U$S 318 a U$S 380) y 55% (al ascender de U$S 239 a U$S 370),
respectivamente. En los tres casos, el salario en dólares tuvo oscilaciones asociadas a
la variación del tipo de cambio, aunque la tendencia es ascendente. Los demás países
registraron caídas (Brasil -13%-, Colombia -17%- y México -13%-). Sin embargo, vale
reiterar que existen efectos cambiaron que pueden dar una perspectiva errónea en la
medida en que, por ejemplo, en el período mencionado Brasil, a la par que registró
caídas en dólares del salario mínimo, en moneda local creció 17%, una constante que
se advierte desde 2002.
21
Gráfico N° 4. Evolución del Salario Mínimo nacional mensual, 2010, 2013, 2014, 2015
y 2016 (en dólares corrientes) 4
09
28
8 31
8
27
1
13
5
23
9
55
4
31
4
39
0
31
6
14
7
38
7
47
6
30
8
36
8
30
8
15
2
26
8
38
5
54
8
23
7
34
4
23
5
13
4
23
5
36
6
45
6
25
2
38
0
22
6
11
8
26
0
37
0
0
100
200
300
400
500
600
Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Uruguay
2010 2013 2014 2015 2016
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC (Argentina), DIEESE; PME/IBGE (Brasil), ENCLA (Chile), DANE
(Colombia) CONASAMI e IMSS (México), INEI (Perú) e INE (Uruguay).
El análisis del salario promedio y por rama de la economía presenta ciertas similitudes
respecto del salario mínimo pero también algunas diferencias que son relevantes para
mencionar. En este sentido, nuevamente, Argentina y Uruguay son los que presentan
mayores valores salariales en dólares, ya sea considerando el promedio de la
economía como el desagregado por las principales ramas de actividad. En este
sentido, el salario promedio más elevado en 2016 fue el de Uruguay (U$S 891), casi el
triple que el de Colombia, que es el más reducido (U$S 318), y algo más del 50%
superior que el del promedio de todos los países (U$S 576) 4. No es casual que estos
dos países sean los que mayor salario en la medida en que fueron dos economías con
elevado crecimiento en la última década pero que, a su vez, registraron importantes
mejoras en el mercado de trabajo a través de la reinstalación de la negociación
colectiva que permitieron que la expansión económica fuera compartida con los
trabajadores en alguna cuantía.
4 Si bien resulta paradójico que México, siendo el país con menor salario mínimo y con un 55%/60% de
los trabajadores cobrando menos de ese valor, tenga un salario promedio que se ubique en el tercer
lugar de los países analizados, esto se debe a que el dato presentado corresponde a los trabajadores
registrados que, por la protección legal que conlleva, es mayor que el del conjunto de los asalariados y
ocupados.
22
En relación con el salario mínimo, se puede mencionar que hacia 2016, en Brasil y
Uruguay, este ingreso era apenas el 40% del promedio de la economía casi el doble
que el valor registrado en México cuyo salario mínimo es apenas el 23% del promedio
y bastante por debajo de Argentina y Perú que alcanzan el 60%.
Al desagregar la información por rama se aprecia que Uruguay posee en dólares el
salario promedio más elevado en manufactura, comercio y agricultura entre 3 y 5
veces superior a los mínimos de Colombia (manufactura, U$S 335, comercio, U$S 245
y agricultura, U$S 159). Al igual que con el salario mínimo, existe una elevada
disparidad salarial entre los países como Colombia y Perú con los valores más
reducidos tanto en salario promedio como por rama. El hecho de que en los países
mencionados el promedio refleje valores superiores a las ramas seleccionadas
expresa que quedaron afuera ramas que en cada uno de esos países tienen un peso
relevante (como la explotación de minas y canteras) y se consideraron actividades en
que predominan salarios reducidos.
Cabe mencionar la fuerte dispersión de ingresos que existe en algunos países, frente
a otros que son más homogéneos. Así, en Colombia y Perú las diferencias entre las
ramas alcanzan 100% (por ejemplo, en Colombia el salário promedio de la indústira es
100% mayor que de la agricultura) mientras que en Uruguay y Argentina, las más
elevadas, son del 25% y 30% respectivamente.
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC (Argentina), DIEESE; PNAD/IBGE; IOS (Brasil), INE (Chile), DANE
(Colombia) CONASAMI e IMSS (México), INEI (Perú) e INE (Uruguay).
23
Una variable que es necesaria para complementar el dato presentado de salario
mínimo es el análisis de la distribución de los ingresos de los ocupados y asalariados
en función de la cantidad de salarios mínimos que reciben. Al respecto, se puede
realizar una clara separación en dos conjuntos de países, aquellos en los que menos
del 15% de los trabajadores (ocupados y asalariados) reciben menos de 1 salario
mínimo: Uruguay, Chile y México. Y los que entre un tercio y el 50% de los
trabajadores recibieron menos de un salario mínimo: Argentina, Brasil, Colombia y
Perú. No obstante lo señalado, vale realizar un comentario dentro de esta clasificación.
Es necesario marcar un elemento de importante relevancia para comprender estas
variables. Dada la marcada diferencia entre el salario mínimo de Uruguay y México (el
del primero es casi el triple del segundo), un porcentaje equivalente de personas que
cobran menos de un salario o entre 1 y 2 salarios mínimos, no implica que esos
trabajadores tengan un nivel de vida similar. Esta es una de las consecuencias del
ingreso de México al NAFTA que generó una reducción sistemática del poder de
compra del salario mínimo. Sobre la segunda clasificación (Argentina, Brasil, Colombia
y Perú), si bien estos tres países coinciden en este elemento, lo cierto es que esta
clasificación esconde las diferencias mencionadas en los gráficos previos vinculadas a
las disparidades salariales existentes entre los países. Así, si bien uno de cada tres
trabajadores en Argentina recibe el salario mínimo, este salario es casi el doble que el
de Brasil, Perú y Colombia, algo que también se expresa en el salario promedio de la
economía aunque en menor cuantía.
Gráfico N° 6. Distribución de los ocupados y asalariados según reciban menos de 1
salario mínimo nacional, entre 1 y 2 y más de 2, 2016 ( %)
*Los datos corresponden a 2014.
24
** Datos correspondientes a 2014. A su vez, la primera clasificación incluye ingresos “hasta” 1 SMN y la
segunda es “más” de 1 y hasta 2 SMN. La suma no alcanza el 100% porque se excluyó a los que no tienen
ingresos.
*** Los valores de ocupados de México no dan 100% porque se excluyó a los que no tenían ingresos.
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC (Argentina), DIEESE; PME/IBGE (Brasil), ENCLA (Chile), DANE
(Colombia) CONASAMI e IMSS (México), INEI (Perú) e INE (Uruguay).
Cuando se desagregan los salarios entre hombres y mujeres para analizar la brecha
salarial que existe entre ambos sexos, se advierte que todavía se está lejos de la
igualdad. Nuevamente, es posible realizar dos clasificaciones al respecto, ya sea por
nivel y por tendencia. Una de ellas, contiene a los países que tienen menores niveles
de desigualdad. Allí se encuentran México (14%), Brasil (28%), Colombia (23%) y Perú
(29%) con salarios de los hombres por encima de los de las mujeres entre el 20% y
30%. La segunda clasificación mencionada es aquella que focaliza el análisis en la
tendencia que se está registrando desde 2010. En este caso, en este caso, también
estas economías son las que presentan reducciones sistemáticas de la desigualdad,
aunque a ritmos sumamente lentos.
En este sentido, si bien México registra las menores diferencias, lo cierto es que la
reducción es a bajas tasas, mientras que Perú es el país que en los años
mencionados pudo alcanzar una mayor reducción. Argentina y Chile, por su parte,
viran a
empeorar la brecha salarial entre hombres y mujeres entre 2015 y 2016. Estos
elementos permiten afirmar que se debe avanzar con mayor ahínco en políticas que
posibiliten, por un lado, el acceso de las mujeres a cargos o puestos de trabajo en los
que se les dificulta acceder por su condición de género y, por el otro, lograr que se, a
igual tarea que los hombres, reciban la misma remuneración.
25
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC (Argentina), PNAD/IBGE (Brasil), ENCLA (Chile), DANE (Colombia)
CONASAMI e IMSS (México), INEI (Perú) e INE (Uruguay).
Recomendación
Entre las principales recomendaciones, que se advierten de un análisis general del
informe, se encuentra el hecho de que los países que tienen centrales sindicales
fuertes y no tan fragmentadas, alta sindicalización y tipo de negiación por rama,
cuentan con mayor poder de negociación que impacta en mejoras en los salarios y
condiciones de trabajo de los obreros, como en el caso de Argentina y Uruguay. El
caso contrario, múltiples centrales sindicales fragmentadas, con baja tasa de
sindicalización y tipo de negociación por empresa, se presenta en países con peores
condiciones de trabajo y remuneraciones más bajas.
Esto, por cuanto la política salarial es una fuerte herramienta tanto en términos
distributivos como en lo que se refiere a la política para erradicar la pobreza. Según la
recomendación de la OIT, el salario mínimo nacional es una referencia inestimable en
materia salarial. Los países deben adoptar políticas que generen mejoras en el salario
mínimo vital y móvil que atienda a las necesidades de las familias, y que tenga
aumentos reales a lo largo de los años, y para ello se necesitan sindicatos y centrales
de trabajadores con importante poder de movilización.
26
Por último, es necesario evanzar en la radicación de las diferencias salariales entre
hombres y mujeres.La lucha por la equidad de género, a su vez, debe ser trabajada en
varios frentes: el social-familiar, con actividades domésticas compartidas; el
gubernamental, mediante políticas públicas que atiendan a las mujeres; y el sindical, a
través de cláusulas en convenios colectivos. Para alcanzar dichos objetivos, es central
implementar talleres de formación para los distintos cuadros sindicales que permitan
generar una conciencia de nuevo tipo a los trabajadores y las trabajadores
27
4. SEGURIDAD SOCIAL
Sin duda la falta de acceso a la protección social constituye un gran obstáculo para el
desarrollo económico y social de un país. Una cobertura insuficiente o la ausencia de
ésta en una sociedad se asocia a niveles elevados y persistentes de pobreza,
inseguridad, desigualdad, entre otras. En el mundo, más de la mitad de los
trabajadores y trabajadoras no cuentan con cobertura de seguridad social; estas
personas enfrentan el peligro y la inseguridad de manera cotidiana en sus lugares de
trabajo, cuentan con bajas pensiones y seguros de salud inadecuados.
En la actualidad, existe consenso respecto a que la seguridad social es un derecho
humano inalienable. Este reconocimiento es fruto de la persistente lucha de los
trabajadores y del trabajo de organismos internacionales como la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e
instituciones supranacionales tales como la Asociación Internacional de Seguridad
Social (AISS), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la
Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).
La Organización Internacional del Trabajo define seguridad social como “la protección
que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas públicas,
contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la
desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad,
maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y
muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las
familias con hijos” (OIT: 2001, 6). A partir de esta definición, entenderemos que la
seguridad social tiene por finalidad “velar porque las personas que están en la
imposibilidad – sea temporal o permanente – de obtener un ingreso, o que deben
asumir responsabilidades financieras excepcionales, puedan seguir satisfaciendo sus
necesidades, proporcionándoles, a tal efecto, recursos financieros o determinados
bienes o servicios” (OIT: 2001;6).
La Declaración de Filadelfia fue promulgada el 10 de mayo de 19445, al finalizar la
Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) que incluyó por primera vez la seguridad
social entre los problemas por los que debía velar la OIT. De esta forma el mandato
5 El contexto histórico indicaba que estaba por culminar la segunda guerra mundial, habían países
completos sumidos en crisis económicas y sus brutales consecuencias sociales como masas de pobres.
La emergencia de la seguridad social era una necesidad imperiosa.
28
internacional sobre seguridad social se refiere a extender su cobertura, fomentar la
cooperación entre las instituciones que promuevan la seguridad social, el intercambio
de información y el estudio de los problemas comunes relacionados a la
administración de la seguridad social.
En la misma línea, en 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala en el artículo 22, que “toda
persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta
de la organización y a los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo su
personalidad”6. El reconocimiento de la seguridad social como derecho humano obliga
a los Estados a velar por la satisfacción de los derechos económicos, sociales y
culturales del conjunto de los miembros de la sociedad.
Para llevar a cabo el mandato de la seguridad social en las Conferencias
Internacionales de la OIT se han aprobado una serie de acuerdos, convenios y
recomendaciones, de ellas uno de los Convenios más relevante es el N°102, aprobado
en 19527, que considerando las recomendaciones de la Declaración de Filadelfia,
establece la “norma mínima” de seguridad social “(…) desde entonces, todos los
Estados modernos debían garantizar lo establecido en dichas normas como piso
mínimo de seguridad social, éste comprendía las nueve ramas principales de la
seguridad social, es decir, asistencia médica, enfermedad, desempleo, vejez,
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, familia, maternidad, invalidez, y
prestaciones de sobrevivientes”.8.
Por su parte la Recomendación Nº 202, aprobada el año 2012, establece pisos de
protección social lo que ha significado una herramienta útil para medir los avances en
el conjunto de temas de seguridad social y proponer alternativas para el desarrollo de
los países generando un marco para la promoción de “estrategias de extensión de la
6 Naciones Unidas: Disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml
7 Si bien el Convenio núm. 102 abarca todas estas ramas, los Estados miembro solamente necesitan
ratificar tres de ellas, lo que permite una extensión progresiva de la cobertura de la seguridad social en los
países que lo ratifican.
8 OIT (2016) .
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312247
29
seguridad social a niveles más elevados para el mayor número de personas posibles,
según las orientaciones de las normas de la OIT relativas a la seguridad social”9
Por su parte en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC), señala en su artículo 9 que: “Los Estados Partes en el presente
Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro
social”10.
Tal como lo hemos señalado, trabajadores y organismos internacionales a lo largo de
la historia han subrayado la necesidad de contar con politicas de proteccion social
universales, que representan una de las condiciones de posibilidad para alcanzar los
requerimientos establecidos para lograr el trabajo decente, entendido como aquel que
“(…) sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. Significa la
oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la
seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores
perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los
individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que
afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y
hombres”11
A continuación presentamos un análisis comparativo sobre seguridad social entre los 7
países participantes en la REDLAT. Para ello consideramos como ejes los siguientes
indicadores: sistema de pensiones (cobertura a la vejez contributiva); salud; seguro de
desempleo; cobertura por accidente de trabajo y licencias maternidad y paternidad.
4.1. Sistema de pensiones: cobertura a la vejez contributiva.
El siguiente cuadro expone las particularidades del sistema de pensiones presente en
cada uno de los países que conforman la RedLat, caracterizándolo a partir de la
normativa, cobertura y requisitos exigidos a los trabajadores para su ingreso.
9 OIT (2016) .
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3
065524:NO
10 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Disponible en:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
11 http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm
30
Cuadro 1: Sistema de pensiones en los paises de la RedLat
País Normativa Cobertura/Requisitos
Argentina El sistema de pensiones tiene dos componentes: uno básico y otro adicional de seguridad social. En 2008 se lleva a cabo la re-estatización del sistema de jubilaciones por lo que la totalidad del sistema es público com distintas cajas
La edad de retiro para calificar a una jubilación de vejez (pensión básica) es 65 años para los hombres y 60 para las mujeres, siempre que hayan acumulado al menos 30 años de servicio. Lo mismo para la pensión adicional. registrado (con aportes
previsionales).
En 2016 se sanciónó una Ley que permitió que aquellas personas con 65 años que no tengan los aportes necesarios puedan acceder a una pensión universal que equivale al 80% de la jubliación mínima. La cobertura entre la jubliación y la pensión universal alcanza al 100% de la población con derechos a hacerlo.
Brasil Previsión Social: tres regímenes. El Régimen General de Previsión Social (RGPS) cubre la fuerza laboral del sector privado. Es un sistema obligatorio, de reparto, financiado por un pilar único, operado por el Instituto Nacional de Seguridad Social; El régimen propio de servidores públicos (RPPS) y; El plan de seguridad complementaria (RPC), opcional.
Los empleados del sector privado tienen derecho a jubilarse con una pensión completa a través de 2 modalidades: 1) por edad, de 65 años los hombres y 60 las mujeres, si tienen un mínimo de 15 años de contribuciones. 2) Por tiempo de contribución: 30 años las mujeres y 35 años los hombres. En 2017 reforma previsional se expresa básicamente en los siguientes puntos: 1) mayor tiempo de contribución y aumento de edad mínima de acceso a la jubilación y al Beneficio de Prestación Continuada (para personas que poseen condiciones socioeconómicas, físicas (caso de los ancianos / as) y familiares vulnerables); 2) disminución de los ingresos de la jubilación; 3) no tiene en cuenta las diferentes y diversas desigualdades regionales de Brasil; 4) desprecia la alta rotación y elevada informalidad del mercado de trabajo que impide al trabajador de aportar y 5) trabajadores / as con más de 40 años tienen más dificultades de conseguir empleo y contribuir a la previsión con los 25 años de contribución propuestos
Chile El sistema de pensiones tiene tres componentes: un primer pilar redistributivo, un segundo pilar de cuentas individuales obligatorias y un tercer pilar
Por norma, la edad de retiro para los hombres es de 65 años y de 60 para las mujeres. En 2016, 5.691.314 de ocupados cotizaron al sistema, lo que corresponde al
31
voluntario. En el 2008, una reforma de pensiones extendió significativamente el primer pilar redistributivo.
56%.
Colombia El sistema permite a los trabajadores elegir entre un sistema de beneficios definidos de prima media (Régimen de Prima Media-RPM), administrado por una entidad del sector público, y el Régimen de Ahorro Individual Solidario (RAIS), con un beneficio de asistencia social, administrado por el sector privado
En el RPM, la edad de retiro es 62 años en el caso de los hombres y 57 en el de las mujeres. En el RAIS la edad mínima para recibir una pensión bajo este esquema es igual al RPM, con 1.150 semanas de contribuciones. se registraron 925.426 adultos que recibieron una pensión por vejez, presentando un aumento de sólo el 1,2% con respecto a 2015 cuando eran 914.276. El total de adultos pensionados por el régimen de prima media fue de 896.665 representando el 96,9% del total de adultos, mientras que, en el régimen de ahorro individual fueron 28.771, el 3,1% del total de pensionados por vejez
México Existe un sistema de pensiones contributivo, el cual se divide en dos: para trabajadores del sector privado (bajo el Instituto Mexicano del Seguro Social - IMSS) y para trabajadores del sector público (bajo el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado - ISSTE).
Por norma, la edad de jubilación para los trabajadores del sector privado es de 65 años para hombres y mujeres, todos sujetos a tener 1.250 semanas (alrededor de 24 años) de contribuciones. Para el caso de los trabajadores del sector publico existen dos modelos, antes de la reforma de 2007 y posterior con la ley ISSSTE. Los trabajadores que no sufrieron cambios pueden optar a jubilación con 30 años de cotización para los hombres y 28 años de cotización para mujeres; la edad mínima de jubilación para hombre es de 52 años y para el caso de las mujeres 51 años. Los trabajadores que se encuentran bajo la Ley ISSTE de 2007 pueden optar a jubilación si tiene más de 65 años y 25 años de cotización. Para el primer trimestre de 2015, de un total de 49.806.064 trabajadores ocupados, un 31.277.688 no posee acceso a seguridad social, lo que significa un 62,8%.
Perú Existen dos sistemas: el público o Sistema Nacional de Pensiones – SNP y el Sistema Privado de Pensiones – SPP, de capitalización individual. El sistema permite elegir entre un esquema público de reparto y beneficio definido o un esquema de contribución definida administrado por el sector privado.
La edad estándar de pensión tanto para hombres como para mujeres es de 65 años. Se requieren 20 años de contribuciones. En el 2016 la población de 65 años a más sumaba 2 millones 43 personas. El 53% no acceden a ninguna pensión. Los jubilados del Sistema Público representan el 26.25% (525 mil personas),
32
Además de estos sistemas se les agrega un programa social Pensión 65, que otorga una pensión a personas que se encuentren en situación de pobreza o extrema pobreza mayores de 65 años.
mientras que los del Sistema Privado de Pensiones tan solo el 4% (82 mil). El 17% de este grupo poblacional es beneficiaria de Pensión 65 (340 mil personas).
Uruguay El sistema de pensiones se basa en un esquema mixto que recibe contribuciones y otorga beneficios de forma combinada, según los diferentes rangos de ingreso. Por una parte, existe un sistema de retiro de solidaridad intergeneracional (beneficio definido) y, por otra parte, hay un sistema obligatorio de ahorros pensionales (contribución definida)
La edad de retiro es de 60 años para hombres y mujeres que hayan contribuido durante 30 años. En 2014, había 1,5 millones de puestos cotizantes a la seguridad social.
Fuente: estudios nacionales sobre Trabajo Decente de los 7 paises de la RedLat : ICD, IOS, CIFRA/CEFS, CENDA, PLADES, CILAS.
Es preciso señalar que la información antes expuesta nos permite realizar una
comparación entre aquellos países donde el sistema de pensiones responde a un
modelo público de reparto con otros países donde el sistema de pensiones se
estructura bajo la lógica individualista de la capitalización individual con administración
privada. En Chile, las consecuencias socioeconómicas del sistema privado de
pensiones en la vida de miles de personas se ha transformado en una bandera de
lucha de los movimientos sociales que exigen el termino de las entidades privadas que
administran los fondos de pensiones, conocidas como AFP, que condenan a la
pobreza e indigencia a las personas que jubilan.
Los resultados encontrados para los paises estudiados indican que mientras en
algunos paises mas del 70% de los ocupados cotiza en un sistema de pensiones,
como en Brasil, Argentina y Uruguay – en el caso de Chile el 56% de los ocupados
cotiza – en otros la exclusion es mas del 60% de los ocupados , es el caso de
Colombia, Mexico y Perú donde , en promedio, de cada 100 ocupados solo 35
ocupados cotizan en el sistema de pensiones. Cabe hacer notar que en Brasil se han
impulsado entre 2016 y 2017 una serie de reformas al sistema de pensiones marcadas
claramente por una mirada neoliberal, lo que a la largo promete a los trabajadores y
trabajadoras pobreza en los últimos años de su vida.
Sin lugar a dudas, esta situación tiene importantes consecuencias en la forma como
los y las trabajadoras viven los últimos años de su vida, en la mayoría de los casos en
condiciones de miseria aún después de haber trabajado toda su vida. Al mismo
33
tiempo, la situación de los países latinoamericanos nos permite reflexionar en torno a
la calidad de los trabajos y la remuneración que los trabajadores reciben que sin duda
tiene efectos en su vejez.
4.2. Salud
A continuación se presenta el modelo de sistema de salud por país participante en la
Redlat y la cobertura del total de población.
Cuadro 2 - Cobertura de la salud en los paises de la RedLat
País Parte Normativa: Modelo Cobertura
Argentina En Argentina rige un sistema de salud caracterizado por la
convivencia de tres subsectores: 1) El público: universal y gratuito,
que es brindado de manera descentralizada por las 24
jurisdicciones. Se caracteriza por una red de salas de atención
primaria y de hospitales de distinta complejidad ala que puede
acceder cualquier persona que habite en el territorio nacional. 2)
Seguridad social: comprende las Obras Sociales Provinciales
(OSP), las Obras Sociales Nacionales (OSN) y el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJyP).
OSP: su financiamiento depende de cada jurisdicción pero en
términos generales sus recursos provienen del aporte de los
afiliados (3 a 5% del salario bruto) y las contribuciones del Estado
Provincial correspondiente (4 a 6%). OSN: el financiamiento
proviene de una contribución patronal de 6% y un aporte personal
de 3% sobre la remuneración de los trabajadores en relación de
dependencia. Adicionalmente perciben otros recursos,
correspondientes a ingresos de otros regímenes especiales.
INSSJyP: brinda cobertura única social, universal y obligatoria a
los adultos mayores jubilados y pensionados. 3) Privado: es un
subsector conformado por más de 600 Entidades de Medicina
Prepaga (EMP), que atiende tanto a afiliados directos como a
beneficiarios provenientes de la seguridad social. El financiamiento
de este subsector proviene de las cuotas de los beneficiarios
directos que contratan planes de salud y, en el caso de los
afiliados que provienen de la seguridad social, de los aportes y
contribuciones que son transferidos desde las Obras Sociales.
Cabe mencionar que este último punto generó un
desfinanciamiento del subsector de las OSN, producto de la
desregulación. La cobertura del plan depende del monto de la
cuota abonada.
El 100% de la población tiene cobertura
social, en la medida en que a los hospitales
y centros de salud públicos puede acceder
cualquier persona. En base al Censo 2010,
el 5,1% utiliza sistema privado de salud, el
56,9% el sistema de seguridad social,
mientras que los hospitales el 37,9%
restante.
Brasil En Brasil, la salud pública se rige por el Sistema Único de Salud (SUS). Desde la implementación del SUS, todo acceso a la salud pública en Brasil es gratis y no contributivo. El SUS se basa en los principios de la universalidad, la equidad y la atención integral a la salud. La PEC 55 (Propuesta de Enmienda Constitucional), presentada por el gobierno, fue aprobada en definitiva en el Senado el 13/12/2016. La aprobación de la propuesta posibilita una reducción significativa de los gastos de salud y educación que deben quedar congelados por 20 años, sólo reajustados por la inflación. En la salud, de acuerdo con el IPEA, la pérdida acumulada será de 654 mil millones de reales, en una proyección de crecimiento del PIB del 2% al año.
En 2014, el 71% de la población brasileña buscó el SUS para cuidados de la salud; el sistema es universal y cualquier persona puede acceder a los servicios públicos de salud. El resto está cubierto con seguro de salud privado (salud suplementaria).
Chile En Chile rige un sistema de salud mixto: por un lado, el Sistema El 77,3% de la población se encuentra
34
Público con el Fondo Nacional de Salud – FONASA y, por el otro, el Sistema Privado con las Instituciones de Salud Previsional – ISAPRE. Todo trabajador dependiente debe cotizar obligatoriamente al sistema de salud de su elección. El trabajador independiente se afilia voluntariamente a cualquiera de los dos sistemas.
afiliado al Sistema Público a través de FONASA. Un 15,1% lo hace a través de una ISAPRE (existen varias). Un 2,9% sistema de Fuerzas Armadas y del Orden. Un 3,1% en ninguno. Los sectores de la población más precarios acceden al sistema público aunque no coticen en él.
Colombia En Colombia el sistema de salud se divide en el régimen contributivo y en el régimen subsidiado. Al primero se deben afiliar las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago. Al segundo se afilia la población pobre y vulnerable garantizándosele el derecho fundamental de la salud
La población ocupada que estaba afiliada al
régimen contributivo fue de 9.724.000 lo que
corresponde al 41,9% del total de ocupados.
Con respecto a 2015, se evidenció un
incremento de 1,1 pp. Por su parte, los
afiliados al régimen subsidiado fueron el
41,1% del total de ocupados.
México El IMSS ofrece: enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, riesgos de trabajo y guarderías. En el régimen voluntario se ofrece: enfermedad y maternidad, invalidez vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. El ISSTE ofrece, en régimen obligatorio: a) salud: atención médica y maternidad; b) de riesgo de trabajo; c) de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez; y d) de invalidez y vida.
Para el primer trimestre de 2015, había 18.296.094 ocupados con acceso a instituciones de salud, o sea, el 36,7% del total de ocupados.
Perú Existen diversos sistemas de salud para dar cobertura a los trabajadores y trabajadoras. El sistema contributivo público –Seguro Social (Essalud) –, el sistema subsidiado y semicontributivo público –Seguro Integral de Salud (SIS) – y las entidades prestadoras de salud privadas asociadas y seguros de salud privados.
En el 2016, 11.700,000 personas que
forman parte de la PEA ocupada contaban
con algún seguro de salud, representando
604,900 personas adicionales cubiertas, con
una cobertura de 72.3% respecto del total de
ocupados. En ese sentido, se mantiene la
tendencia registrada desde inicios de la
década, con un incremento del 2.6%
respecto del 2015 y 14.5 puntos respecto del
2010.
Uruguay La salud se rige por el Sistema Nacional Integrado de Salud, creado por ley en el año 2007. Las instituciones privadas y los prestadores públicos de salud (ASSE, sanidad militar y policial) reciben el pago de “cápitas” del Fondo Nacional de Salud (FONASA) el cual se conforma por los aportes de los asalariados formales tanto privados como públicos. El sistema es dirigido por la Junta Nacional de Salud (JUNASA).
Todos los trabajadores (privados y públicos), sus cónyuges y sus hijos menores de 18 años y discapacitados; titulares de empresas unipersonales; jubilados. Total de 2.500.000 personas aproximadamente
Fuente: estudios nacionales sobre Trabajo Decente de los 7 paises de la RedLat : ICD, IOS, CIFRA/CEFS, CENDA, PLADES,
CILAS.
Como lo hemos planteado, la seguridad social es un instrumento de justicia social que
entre sus indicadores contempla la salud. Sin duda el acceso que las personas tengan
a servicios de salud es un elemento central de los derechos economicos y sociales . En
la medida en que los países de América Latina y el Caribe puedan garantizar a sus
ciudadanos una atención oportuna y de calidad ante los problemas de salud , se
avanza en la materializacion de estos derechos.
Consideramos que en la región algunos propósitos en relación a salud debieran
orientarse a avanzar en el reforzamiento de mecanismos solidarios que permitan el
acceso universal a los servicios de salud sin discriminaciones de ningún tipo; y,
avanzar en la calidad de la atención de estos servicios lo que implica más inversión
pública y más profesionales.
35
La salud es un problema social multidimensional que precisa para mejorar de la
participación de todos los actores con el objetivo de avanzar en la construcción de
estrategías de diagnóstico e implemetación de políticas sociales que den solución a
las necesidades reales de la población e integren la mirada multidisciplinaria de
profesionales.
4.3. Seguro de desempleo:
La Organización Internacional del Trabajo indica que una de las brechas , más
significativas, en materia de proteccion social en America Latina y el Caribe tiene
relación con el diseño e implementación de políticas y programas que permitan una
mayor proteccion de los ingresos para las personas en edad de trabajar.
En la region, debido a la presencia de la fuerza de trabajo en la economia informal y el
trabajo por cuenta propia, menos del 5% de los trabajadores que quedan
desempleados perciben prestaciones de un seguro de desempleo. Lo anterior
evidencia, por un lado, la insuficiente cobertura del seguro de desempleo y,por otro,
precarias e inseguras condiciones de trabajo. América Latina y el Caribe enfrentan
grandes desafíos en esta materia, uno de ellos es la extensión de la cobertura del
seguro de desempleo a todos los trabajadores, contemplando a los asalariados del
sector no estructurado y trabajadores por cuenta propia. Y, otro, superar la actual
situación de inseguridad social brindando a los trabajadores protección social real y
condiciones de trabajo estables, dignas y seguras.
En el cuadro que presentamos a continuación podemos observar que en la mayoria de
los paises de la region funcionan planes de compensacion por finalizacion del trabajo
que preven la entrega de una unica suma como indemnizacion a los trabajadores que
quedan desempleados . Si bien en los ultimos anos estos planes han estado
acompañados, en algunos paises , por seguros de desempleo , estos ultimos resultan
ser excluyentes e insuficientes , ya que no cobijan a los asalariados mas vulnerables
como los trabajadores rurales, domesticos, jóvenes, entre otros.
36
Cuadro 3 Seguro de desempleo en los paises de la RedLat
País Existe Particularidades Cobertura
Argentina Sí No se trata de una política de particular importancia en el país.
El seguro de desempleo es cobrado por aproximadamente el 7% de la población desocupada.
Brasil Sí Busca proporcionar asistencia financiera temporal a trabajadores desempleados sin justa causa y ayudar en la búsqueda de empleo (orientación, sustitución y cualificación personal). En mayo de 2017, la justicia federal, en decisión provisional contra el gobierno federal, entendió que el seguro de desempleo debe ser concedido a los trabajadores / as rescatados / a de la condición de la esclavitud por cualquier agente público, independientemente de la participación de fiscales del mismo, Ministerio de Trabajo (MT) en la acción.
Con una tasa de desocupación elevada al término de 2016 (12%), el número de trabajadores / as asistidos / as con el seguro de desempleo en aquel año fue menor (7.142.819) que el número de trabajadores / as que recibían el mismo el seguro de desempleo en 2014 (8.440.041), año en la tasa de desocupación estaba baja, alcanzando el nivel de sólo el 6,8%.
Chile Sí Las personas desempleadas pueden optar por el seguro de cesantía (ley 19.728 año 2002) que tiene como objetivo proporcionar beneficios monetarios, provenientes de cuentas individuales y/o fondo solidario. La cobertura del seguro es hasta por 6 meses, en los cuales el monto del seguro va descendiendo.
En diciembre de 2015 el número de afiliados al seguro de cesantía fue 8.697.484, pero los cotizantes permanentes son poco más de 5 millones. A mayo de 2016, el monto promedio del beneficio era para el inicio del pago del seguro de $414.562 pesos chilenos para contratos a término indefinido y $201.723 para contratos a corto plazo, por obra, trabajo o servicio determinado.
Colombia Sí Creado en 2002. No tiene cobertura universal para el total de desempleados; los que lo reciben solo lo pueden hacer por una vez en la vida y es un subsidio que apenas equivale al 78% del valor de la línea de pobreza. En 2013, se reforma y se expide la Ley 1636 o Ley del Cesante.
En 2016, solo el 4,5% del total de desocupados cesantes recibió seguro al desempleo.
México No En 2014, se llevó a cabo una reforma para que los trabajadores puedan, en caso de desempleo, tener un pago que se financia con sus cuentas de retiro.
El seguro de desempleo consistirá en un máximo de seis pagos mensuales, divididos en dos etapas. La primera etapa comprende los dos primeros pagos, por un monto establecido con base en el promedio de las últimas 24 cotizaciones, correspondiente al 60% para el primer pago y 50% en el segundo pago. Para los cuatro pagos siguientes, el monto mensual será equivalente al 40% del salario promedio antes descrito.
Perú No Existe una bonificación denominada Compensación por Tiempo de Servicios que alcanza a los asalariados formales pero que se aplica de forma diferenciada dependiendo del régimen laboral en que está contratado el trabajador.
Esta compensación equivale a una remuneración mensual o a media remuneración por año –dependiendo del régimen laboral-, que se deposita al trabajador y que se entrega al finalizar el vínculo laboral.
Uruguay SI En 2009, el seguro de desempleo se reformó. El régimen general establece tres causas para acceder al beneficio: despido involuntario, suspensión de actividades por mermas coyunturales o estacionales de la actividad y por reducción de actividades.
La cobertura del seguro es por 4 meses en el
caso de suspensión temporaria (o su
equivalente de 48 jornales) mientras que para el
causal despido el período de cobertura es de
seis meses (o 72 jornales). Asimismo, los
trabajadores no pueden reingresar al sistema
hasta pasado un año desde la última vez que
hicieran uso del beneficio.
Fuente: estudios nacionales sobre Trabajo Decente de los 7 paises de la RedLat : ICD, IOS, CIFRA/CEFS, CENDA, PLADES, CILAS
37
En dos paises de los siete analizados , a saber : Mexico y Perú , no existe seguro de
desempleo; en los cinco restantes, si bien existe, suele tener muy baja cobertura,
como en el caso de Argentina y Colombia. Esta baja cobertura se presenta no solo por
la dinamica de los mercados laborales donde prima la informalidad y la precariedad de
las remuneraciones, sino por lo restrictivos que son, ya que para poder acceder a este
se debe cumplir con una serie de requisitos , por ejemplo , un numero minimo de
cotizaciones al seguro de desempleo (o al seguro social general), entre otras.
Ante esta situacion , America Latina tiene un enorme desafío en cuanto a la
introducción, extensión y reforma de los regímenes de seguro de desempleo para
lograr mayor cobertura efectiva de los y las trabajadoras . Cuando existen, los seguros
de desempleo desempenan un papel clave en el otorgamiento de seguridad del
ingreso a los trabajadores y sus familias , en caso de desempleo temporal , ya que
contribuyen a prevenir la pobreza y la indigencia , a apoyar los cambios estructurales
en la economia , establecer salvaguardias contra la informalidad y, en caso de crisis,
estabilizar la demanda agregada y contribuir a que la economia se recupere con
mayor rapidez (OIT, 2015).
4.4. Cobertura por accidente de trabajo:
Las normas de la OIT sobre salud y seguridad en el trabajo proporcionan a los
gobiernos, empleadores y trabajadores instrumentos útiles para la revisión de
prácticas y la prevención de accidentes en el trabajo. Según cifras de la OIT, “cada día
mueren 6.300 personas a causa de accidentes o enfermedades relacionados con el
trabajo, al año más de 2.3 millones de muertes. Anualmente ocurren más de 317
millones de accidentes en el trabajo”12. Sin duda muchas de estas tragedías se
pueden prevenir a través de la puesta en marcha de políticas orientadas a la
prevención, información y proteccion efectiva de los y las trabajadoras.
Desde este punto de vista , nos cabe la convicción de que la proteccion social ,
específicamente la seguridad y salud en el trabajo , es un componente vital del trabajo
decente que protege a los trabajadores y sus familias. A continuación presentamos la
cobertura por accidente de trabajo existente en los 7 países que componen la RedLat.
12
Para más antecedentes ver estudios e investigaciones realizadas por OIT, disponibles en: www.ilo.org
38
Cuadro 4 Cobertura por accidente de trabajo en los países de la RedLat
País Particularidades
Argentina Todo salario registrado está cubierto
Brasil El seguro contra accidentes de trabajo incluye los siguientes beneficios: Jubilación por invalidez, pensión por fallecimiento por accidente de trabajo, auxilio-accidente por accidente de trabajo y auxilio-enfermedad. De acuerdo con el Observatorio Digital de Salud y Seguridad del Trabajo, entre los años de 2012 a 2016, los gastos de la Previsión Social con beneficios accidentales fueron voluminosos, llegando al orden de R $ 20,622 mil millones. Además, al observar la serie de registros de accidentes de trabajo, entre los años 2008 a 2014, verificamos que el número de ocurrencias sobrepasa el nivel de 700 mil accidentes por año. en relación a la salud laboral, son los alejamientos derivados de problemas emocionales. En 2016, 199 mil trabajadores / as quedaron alejados frente a trastornos psiquiátricos y psicológicos, número superior al contabilizado en 2015, que alcanzó a 170,8 mil trabajadores / as. la recién aprobada reforma laboral (y que pasará a vigilar a partir de noviembre de 2017) posibilita la autorización para que trabajadoras embarazadas y lactantes ejerzan sus actividades en lugares insalubres, algo que puede comprometer la salud
Chile La ley 16.774 es la normativa que regula los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. El número de trabajadores protegidos por el seguro era de 5.647.982 para 2015, cifra muy similar al número de asalariados. Todos los trabajadores dependientes (asalariados) cuentan con seguro de accidentes, cubiertos por instituciones privadas o estatales. Los trabajadores no dependientes optan voluntariamente por el seguro.
Colombia El Sistema de Riesgos Laborales incluye los accidentes del trabajo, las enfermedades laborales y las muertes en el trabajo. En 2015, la nueva Ley de Riesgos Laborales incluye aquellos eventos que les sucedan a los trabajadores en ejercicio de la función sindical. Para el 2016 sólo el 45,3% de la población ocupada se encontraba afiliada al SGRL, esto es 10.039.527, representando un incremento de 4,0% con respecto a 2015. El 94,7% de los afiliados era trabajador dependiente mientras que el 5,3% restante correspondía a los trabajadores independientes.
México El seguro de accidentes de trabajo no requiere semanas cotizadas. El porcentaje de pago corresponde al 100% del salario registrado en el IMSS, al inicio de la incapacidad.
Perú El seguro complementario de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es parte de la Seguridad Social y deben afiliarse todas las empresas o entidades empleadoras que realizan actividades de riesgo, las cooperativas de trabajadores, empresas contratistas, de intermediación laboral y toda empresa que destaque trabajadores para que realicen actividades de riesgo. La tasa de aporte del empleador depende del nivel de riesgo de la actividad.
Uruguay Todos los trabajadores (privados y públicos), discapacitados; titulares de empresas unipersonales; jubilados. Total de 2.500.000 personas aproximadamente.
Fuente: estudios nacionales sobre Trabajo Decente de los 7 paises de la RedLat : ICD, IOS, CIFRA/CEFS, CENDA, PLADES,
CILAS
Si bien en países como Argentina , Brasil y Chile la mayoria de los ocupados estan
afiliados a un seguro por accidente de trabajo , en otros como Colombia y Peru la
afiliación es muy baja . La baja cobertura de la indemnizacion de los accidentes del
trabajo y las enfermedades profesionales en muchos paises de ingresos bajos y
medios, apunta a una necesidad urgente de mejorar las condiciones laborales
respecto a la seguridad y a salud en el trabajo, así como de mejorar la cobertura de los
accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales para todos los trabajadores ,
incluidos los de la economia informal. (OIT, 2015).
39
El gran reto de los paises de America Latina es proteger a los y las trabajadoras de los
riesgos y peligros relacionados con el trabajo. Para lograrlo , no solo debe existir
cobertura universal en afiliacion a riesgos laborales , sino que debe haber inspeccion ,
vigilancia y control de indicadores relacionados con la problematica.
4.5. Licencia maternidad
Un eje fundamental del trabajo decente es el relacionado con la conciliacion entre la
vida laboral, familiar y personal , su relevancia ha inspirado principios y derechos que
han sido considerados como fundamentales para el trabajo y la proteccion social . Asi
es como la OIT ha promulgado convenios como el Nº183 sobre la protección a la
maternidad el año 2000, considerando que el embarazo y maternidad representan
para las trabajadoras y sus familias momentos de especial vulnerabilidad y, por tanto,
requieren de especial protección.
La protección que debe asegurarse a las trabajadoras/es y sus familias debe
considerar el período de embarazo, lactancia y recuperación. Al mismo tiempo, debe
garantizar que no van a perder su empleos ni van a dejar de percibir ingresos que son
vitales para el bienestar de toda la familia. A lo anterior, se suman, regulaciones
orientadas contra la discriminación en el trabajo que aseguren la igualdad de trato y
oportunidades entre hombres y mujeres que aporten a la constitución de familias en
condiciones de protección, seguridad, equidad y sanidad.
Las licencias de maternidad y paternidad son medidas, que buscan la:
1. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
2. Contribuir a la igualdad de genero en el mundo del trabajo.
3. Introducir cambios positivos en las relaciones y en la percepcion de los roles
de los progenitores, así como en los estereotipos predominantes.
A continuación presentamos un cuadro compartivo que considera los 7 países que son
parte de RedLat caracterizando la licencia por maternidad y parentalidad.
Cuadro 5 - Licencia por maternidad en los países de la RedLat
País Licencia por maternidad Licencia por paternidad
Argentina 45 días anteriores al parto y hasta 45
días despues del mismo. Sin embargo, la
interesada podra optar por que se le
reduzca la licencia anterior al parto , que
en tal caso no podra ser inferior 30 días;
el resto del periodo total de licencia se
La Ley de Contrato de Trabajo No
20.744 establece una licencia por
nacimiento de un hijo de 2 días corridos
para el padre , pero hay convenios
colectivos de trabajo que suelen
extender esta licencia .Los dias de
40
acumulará al período de descanso
posterior al parto.
licencia que va a tener el padre son
como minimo 2 y como maximo la
cantidad que disponga el convenio bajo
el que trabaje.
Brasil 120 días de acuerdo a la consolidación
de las leyes laborales o 180 días para
servidores publicos federales , muchos
estados y municipios , entre otros , así
como los empleados en las empresas
que se adhieren al Programa Empresa
Ciudadana
5 días garantizados por la Constitución
Federal de Brasil.
Chile La licencia maternal es de 6 meses de
prenatal y hasta 18 semanas de
posnatal. Esto está establecido en los
artículos 195 y 197 del Código del
Trabajo.
Al producirse el parto el padre tiene derecho a 5 días de licencia. En el posnatal el padre tiene derecho opcional, a partir de la semana 7, de hacer uso, parcial o totalmente, de las 12 semanas que restan de posnatal. Cuando el padre hace uso de ese posnatal, la mujer lo pierde, parcial o totalmente, según sea el caso.
Colombia En 2016 se aprobaron dos leyes: 1.Ley
1.822 que amplía de 14 a 18 semanas la
licencia de maternidad y específicamente
indica que” toda trabajadora en estado
de embarazo tiene derecho a una
licencia de 18 semanas, contadas a partir
del día del parto o del tiempo que
estipule el médico que debe ausentarse
de su trabajo”. 2. Ley 1.823 por medio de
la cual se incentiva la adecuada atención
y cuidado de la primera infancia, ordena
a todas las entidades ofíciales del país a
crear “salas amigas de la familia lactante
del entorno laboral” para que las madres
puedan extraer a leche materna
asegurando su adecuada conservación
durante la jornada laboral.
En el caso de la licencia de paternidad
se reconoce por un tiempo de ocho
días hábiles y genera el derecho a
recibir un subsidio en dinero
equivalente al 100% del salario que
devengue al entrar a disfrutar el
descanso.
México Para acceder a la licencia de maternidad
la asegurada debe tener 30 semanas
cotizadas en los 12 meses anteriores a la
fecha en que inicia la incapacidad .
Cuando la asegurada no cumpla con
este requisito , quedará a cargo del
patrón el pago del salario íntegro . 100%
del salario registrado en el Instituto
Mexicano del Seguro Social , al inicio de
la incapacidad (42 días ante riores al
parto y 42 días posteriores del mismo).
Con la reforma de la Ley Federal del
Trabajo (LFT), en 2012, los padres sea
por nacimiento o adopción, tiene 5 días
laborales con goce de sueldo.
Perú Las trabajadoras tiene derecho a un
máximo de 98 días de licencia de
maternidad se puede ampliar a un total
de 120 días en el caso de nacimientos
múltiples.
Es de 4 días hábiles.
Uruguay La Ley 19.161 amplía y modifica la
licencia y el subsidio por maternidad. Se
pasó de 12 a 14 semanas,.
La Ley prevé una ampliación de la
licencia paternal, que pasa de 3 días
continuos a 7 a partir del año 2015, los
que se extenderán a 10 en 2016.
Fuente: estudios nacionales sobre Trabajo Decente de los 7 paises de la RedLat : ICD, IOS, CIFRA/CEFS, CENDA, PLADES, CILAS
41
Si bien en los siete países analizados existe el derecho a licencia por maternidad , ésta
presenta diferencias en cuanto a su temporalidad. En Chile, la licencia maternal
(parental) alcanza hasta las 24 semanas, en Colombia 18 semanas, mientras que en
Brasil y Uruguay la licencia oscila entre 14 y 16 semanas y , en los demas paises ,
oscila entre 12 y 13 semanas
En el caso de la licencia de paternidad , se trata de un periodo muy breve de tiempo
que se le concede al padre inmediatamente despues del nacimiento . Argentina tiene
una particularidad, si bien la legislacion solo da 2 días, existen convenios colectivos de
trabajo que suelen extender esta licencia . Para Peru, la licencia es de solo 4 días; en
Brasil, Mexico y Chile, de 5 días; en Colombia es de 8 días; y en Uruguay, en 2015, se
amplió a 7 días con posibilidad de extenderse a 10 desde 2016. En el caso de Chile, el
padre tiene la posibilidad de hacer uso de parte de la licencia maternal en reemplazo
de la madre a partir de la semana 7 del posnatal.
Sin duda es necesario seguir avanzando en estos temas a partir de la generación de
políticas pública y sociales que permit an equilibrar las responsabilidades laborales y
familiares entre hombres y mujeres, asegurando protección y el respeto a sus
derechos fundamentales porque de acuerdo con Guy Ryder “la lucha por la igualdad
guarda estrecha relacion con la lucha por la justicia social en el mundo del trabajo” 13
Recomendación
Si bien, en los ultimos anos en America Latina se han logrado avances en seguridad
social aún son insuficientes porque persisten diferencias entre las subregiones y entre
países, que permiten observar un alto número de personas que no cuentan con
acceso a un sistema integral de proteccion social.
Las diferencia en los niveles de cobertura a la seguridad social integral son
significativas: mientras en algunos la cobertura supera el 60% del total de ocupados,
en otros ésta no supera el 35% del total de ocupados. Algunas explicaciones para este
fenómeno radican en que en varios de los países existen trabajadores que se
desempeñan en empleos vulnerables, trabajando por cuenta propia en contextos de
informalidad en los que los ingresos son bajos y ofrecen poca o nula protección y
seguridad social.
13
OIT (2014). La maternidad y la paternidad en el trabajo. Disponible en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wcms_2426
18.pdf
42
Según la OIT, la falta de acceso a la protección social representa un gran obstáculo
para el desarrollo económico y social de un país. Es con la protección social
garantizada que trabajadores y trabajadoras logran, de alguna manera, sentirse más
seguros frente a problemas como la necesidad de tomarse licencia por motivo de
enfermedad o muerte en la familia, asistencia a hijos y dependientes, así como para
luchar contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social.
De los siete países analizados, México y Perú no tienen seguro de desempleo. En los
demás, el seguro existe, pero con cobertura muy baja. Esa deficiencia se debe no solo
a la dinámica de los mercados de trabajo, donde prevalece la informalidad, sino
también a las restricciones impuestas al acceso a la asistencia como, por ejemplo, un
número mínimo de contribuciones a al sistema de previsión social.
En Argentina, Brasil y Chile, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras están
asegurados contra accidentes de trabajo, sin embargo una mayor cobertura no
siempre va de la mano de una alta calidad de los seguros . En Colombia y Perú, esa
garantía es otorgada a menos de la mitad de los trabajadores lo que es una situación
preocupante que vulnera los derechos de los y las trabajadoras.
La diferencia de cobertura de la seguridad social en los países analizados es
significativa. A la vez que llega a 60% de los trabajadores y trabajadoras en algunos
países, en otros no alcanza el 35% del total de los ocupados. En este panorama, entre
los desafíos que necesitan del compromiso del movimiento sindical están aumentar la
eficacia y extender la cobertura de la seguridad social, promover el trabajo decente y
la protección de grupos vulnerables, como migrantes y trabajadores informales,
garantizar formas eficaces de fiscalización, y establecer políticas de protección y
prevención relacionadas a la salud laboral y a la seguridad social en todos los
aspectos.
43
5. LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
A nivel regional, Latinoamérica cruza un periodo de importantes cambios e
incertidumbres, en las esferas económica, política y social. En este marco, al analizar
el estado de uno de los grandes temas pendientes regionales en cuanto al Trabajo
Decente, a saber, la Libertad Sindical y la Negociación Colectiva, se detecta que, entre
los países estudiados por la RedLat, se han registrado, durante el último año,
importantes cambios en curso en Brasil, México y Chile.
De estos países, el caso brasileño es particularmente grave. Tras el golpe de Estado
institucional, el presidente inconstitucional Michel Temer impuso, en medio de
protestas, una nueva reglamentación laboral, la cual vendría a transformar todo el
marco en el cual se desenvuelven tanto la negociación colectiva como las bases para
el ejercicio de la libertad sindical. Quizá una de sus más nocivas medidas es la
“prevalencia de lo negociado por encima de lo legislado”, lo cual significa que
acuerdos y contratos colectivos de trabajo tengan preferencia por encima de la ley. En
los hechos, esto le quitaría a las empresas el deber de cumplir la ley nacional en
temas como los límites constitucionales a la jornada de trabajo, la pausa para
comidas, salarios y funciones del personal empleado, la representación de los
trabajadores en el centro de trabajo, remuneraciones por productividad, entre otros. Es
decir que la ley se convertiría en una referencia ante la cual, según los términos de
negociación en cada centro de trabajo, puede o no cumplirse. Esto es una grave
violación al derecho a la negociación colectiva y a las posibilidades del ejercicio de la
libertad sindical.
Otros aspectos de importancia en la reforma laboral brasileña son que esta promueve
la reducción de las indemnizaciones por despido, facilitándolo; la contratación
intermitente se vuelve más incierta para el trabajador; se amplían las horas de trabajo
para los contratos de tiempo parcial y autónomo (de 25 a un rango de 26 a 30 horas
semanales); se autoriza el arbitraje laboral en contratos individuales, lo cual busca
reducir la capacidad de las organizaciones sindicales para ejercer negociaciones
colectivas; se aligeran las normas de seguridad y salud en el trabajo; se crean
limitaciones legales para acceder a la justicia laboral por parte de los trabajadores
44
(imponiendo altas cuotas económicas para hacer trámites); se fragmenta y debilita la
organización sindical; entre otras medidas regresivas14.
Por su parte, en el caso mexicano, también está en curso una reforma laboral de
importancia. Aunque la valoración de su impacto, al momento del cierre de la presente
investigación, es incierta en cuanto a los efectos que tenga para mejorar o, en su
defecto, empeorar las condiciones de negociación colectiva y el pleno ejercicio de la
libertad sindical. En febrero de 2017, por medio de una reforma constitucional, se inició
un proceso de cambio de los marcos para la organización sindical y la negociación
colectiva. Destacan, entre otros, elementos como la desaparición de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje (autónomas formalmente) y la creación de Tribunales
Laborales dependientes del Poder Judicial. Desaparece la formal representación,
corrupta e ilegítima por demás, de los trabajadores en la resolución de conflictos. Si
bien, durante décadas, la reforma profunda de las Juntas de Conciliación y Arbitraje
había sido una demanda de las organizaciones sindicales democráticas, este cambio
no garantiza la solución de los problemas de acceso a la justicia laboral. Al tiempo que
se toman medidas, como la “toma de nota”, que implica una injerencia directa del
Estado en la organización sindical, contrarias a los estándares de la OIT, en especial
al Convenio 98.
En cuanto al caso chileno, en abril de 2017, la presidenta Michelle Bachelet promulgó
una nueva reforma laboral, tras años de controversias y objeciones de sectores
empresariales. Se trata de la primera reforma al marco normativo laboral desde el final
de la dictadura militar. En ella, entre otros aspectos, se reconoce el derecho de huelga
durante la negociación colectiva, sin la posibilidad de remplazos con trabajadores
internos o externos; se simplifica la negociación colectiva en procedimientos y plazos;
la empresa se obliga a entregar al sindicato periódicamente información sobre la salud
financiera de la misma; se amplía el rango de las prácticas consideradas como
antisindicales; se establecen normas de equidad de género (cuota mínima de una
tercera parte en direcciones sindicales). En general, los sectores sindicales han
valorado como positiva dicha reforma, aunque insuficiente (máxime si el punto de
partida es la herencia de la dictadura). Se presentan, sin embargo, nuevos retos, como
lo son la negociación colectiva por rama y la exclusividad sindical en negociaciones
colectivas, así como la garantía de que este avance no sea solo formal.
En un segundo gran grupo de países se encuentran los que, como Colombia o Perú, si
bien no han experimentado fuertes cambios en sus marcos legales y políticos en lo
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Para mayor análisis de la reforma brasileña, revisar la investigación nacional de la RedLat.
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que a Libertad Sindical se refiere, esto significaría una continuidad de violaciones a los
derechos laborales y la libre asociación sindical.
En Colombia, por ejemplo, según el Sistema de Información en Derechos Humanos y
la Escuela Nacional Sindical, se presentó un incremento de 35,9% en las violaciones a
la vida, la libertad y la integridad física cometida contra sindicalistas con respecto a
2015, al pasar de 206 a 280. Por tipo de violación, se encontraron 198 amenazas, 29
hostigamientos, 19 homicidios, 18 atentados contrala vida, 8 allanamientos ilegales y 5
detenciones arbitrarias. En total se presentaron 21 acciones contra organizaciones
sindicales como colectivo.Todo esto, como es sabido, en el marco de la pugna por la
consolidación de una paz con justicia social en aquel país.
Perú, por su parte, mostró, durante los dos últimos años, una caída relativa de la tasa
de sindicalización, de 0.3%, al pasar del 5.3% al 5%, entre 2014 y 2016.Esta tasa es,
para los sectores privados, para los mismos años, de 3.3% y 2.8%; mientras que en el
sector público creció del 13.8% al 14.5% durante el mismo periodo. En términos
generales esto significa que hay un debilitamiento global de las capacidades de
negociación colectiva. Al mismo tiempo, se han continuado presentando importantes
prácticas antisindicales, por ejemplo, las represiones a las protestas durante la huelga
docente del último año.
Fuente: Informes nacionales REDLAT 2015, 2016 y 2017
Lo anterior contrasta con un tercer gran grupo de los países estudiados, los cuales
cuentan con mayor fuerza en cuanto a negociación colectiva se refiere.Tal es el caso
de Uruguay y Argentina, países que cuentan con una fuerte densidad sindical y
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capacidad de las organizaciones de trabajadores para influir en las negociaciones
colectivas.
Si bien Argentina y Uruguay cuentan con una mejor posición relativa con los otros
países estudiados por la RedLat, esto no significa de ningún modo la ausencia de
brechas por cerrar, ni de posibles cambios en las condiciones de libertad sindical y
negociación colectiva. Así lo muestra, por ejemplo, la prevalencia de un mecanismo
vertical de negociación colectiva en Argentina, además de que su marco jurídico
laboral puede verse afectado en el futuro próximo por alguna reforma laboral, cercana
en alguna medida a la brasileña, tomando en cuenta las orientaciones económicas del
actual gobierno argentino.
Como se puede ver, a nivel regional los distintos contextos nacionales complican, si
además se añaden las diferencias de registro y censos laborales en cada país, la tarea
medir cuantitativamente el estado de la libertad sindical y la negociación colectiva en
Latinoamérica. Quizá los indicadores de mayor interés podrían ser el nivel de
sindicalización y tipo de organización sindical (por empresa o rama) en cada país, así
como el déficit en cuanto a ratificación de los convenios de la OIT.
Como se observa en el gráfico 1, Argentina y Uruguay son los países con mayor
densidad sindical (37.7 y 34 respectivamente), mientras en un segundo grupo se
encontrarían Brasil (19.5), Chile (13.9) y México (12.69) y, en tercer lugar, Colombia y
Perú con 9.5 y 5.0 respectivamente. Esto da una muestra cuantitativa de lo desigual
que la capacidad de organización sindical se encuentra en la región.
Por otro lado, en lo concerniente a las ratificaciones a los convenios de la OIT, México
no ha ratificado los convenios 98, 81, 122, 129 y 189; Brasil, los convenios 87, 129 y
189; Perú, los 129 y 189; Argentina, el 122, lo mismo que Colombia. Ningún país de la
región tiene más de la mitad de los convenios ratificados. El que tiene el grado más
alto de ratificación es Uruguay, con 42.9% del total, seguido de Brasil 42.3, México
36%, Perú 34.9%, Argentina 32.3%, Colombia 29.1% y, finalmente, Chile con 27.5%.
Cuadro 6.Total de convenios de la OIT ratificados por país, (2017)
Convenio Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Uruguay
Convenios en vigor 61 80 52 55 68 66 81 Total de Convenios
ratificados 80 96 62 61 79 75 109
Posición por las ratificaciones (187 países)
20º 11º 39º 44º 21º 26º 5º
Fundamentales C029 - Convenio sobre el trabajo
forzoso, 1930 (núm. 29) X X X X X X X C087 - Convenio sobre la libertad
sindical y la protección del derecho X O X X X X X
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de sindicalización, 1948 (núm. 87) C098 - Convenio sobre el derecho de
sindicalización y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98)
X X X X O X X
C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) X X X X X X X
C105 - Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 1957 (núm.
105) X X X X X X X
C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y
ocupación), 1958 (núm. 111) X X X X X X X
C138 - Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) X X X X X X X
C182 - Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999
(núm. 182) X X X X X X X
Gobernanza C081 - Convenio sobre la inspección
del trabajo, 1947 (núm. 81) X X O X O X X C122 - Convenio sobre la política
del empleo, 1964 (núm. 122) O X X O O X X C129 - Convenio sobre la inspección
del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129)
X O O X O O X
C144 - Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales
del trabajo), 1976 (núm. 144) X X X X X X X
Otros C189 - Convenio sobre las
trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189)
X O X X O O X
Fuente: OIT. NORMLEX. Ratificación por país (Septiembre de 2016).
Recomendación
Los déficits nacionales en Trabajo Decente para los países estudiados se potencian a
escala nacional. Por lo tanto, a nivel latinoamericano, se considera que, en primer
lugar, el cierre de brechas nacionales (al alza) es una necesidad urgente. Así como la
búsqueda de homologar las condiciones de trabajo entre los distintos países. Esto se
puede hacer a través de la ratificación inmediata del conjunto de convenios pendientes
y de hacerlos cumplir en los hechos en cada país. Otro gran reto es la posibilidad de
generar insumos estadísticos confiables, regulares y de fácil consulta sobre el estado
que guarda, no solo la densidad y afiliación sindical en general, sino el acceso a la
justicia, conflictos, huelgas etcétera.
Por otro lado, ante las eventuales nuevas situaciones políticas en la región, la defensa
de las conquistas laborales vigentes, contra distintos proyectos de reformas (como en
el caso brasileño), así como el fortalecimiento de lazos de solidaridad entre los
distintos países. Denunciar y combatir todo tipo de prácticas antisindicales, las
agresiones a miembros y dirigentes sindicales, como en Colombia, Perú o México, así
como echar abajo todo el conjunto formal de prácticas legales, que en los hechos
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inhiben y dificultan la organización y ejercicio de la libertad sindical y el acceso a la
negociación colectiva.
Finalmente, la libertad sindical solo se puede ejercer en la medida en que las
organizaciones de trabajadores sean fuertes y estén consolidadas. A nivel regional,
ante la creciente y desigual precarización y tercerización del empleo quedan como
retos los de organizar en condiciones económicas y legales adversas, a millones de
trabajadores que hoy se encuentran en condición de exclusión de la organización
laboral, negociación colectiva e incluso de los derechos laborales más básicos. El
sindicalismo actuante y democrático debe de ser el principal apoyo y aliado de estos
millones de trabajadores y trabajadoras.
REFERENCIAS
Libros
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Disponible en: <https://blogdaboitempo.com.br/2016/06/08/o-golpe-de-2016-no-contexto-
da-crise-do-capitalismo-neoliberal/>. Acesso em: 25/09/2017.
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decente: informe Argentina 2015. Buenos Aires (versión preliminar)
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