por el empleo y la paz

7/29/2019 Por El Empleo y La Paz

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POR EL EMPLEO Y LA PAZ:

Propuesta de cambio institucional para el empleo y el

bienestar de los trabajadores venezolanos

Isabel Pereira PizaniWladimir Zanoni

Caracas, 2004


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INDICE

El gran reto de la transicin poltica 04

La confiscacin de las ventajas comparativas 06

El fundamento de la pobreza en el marco poltico institucional 11Una nueva visin del mercado de trabajo. 13

El impacto de la Confiscacin de las ventajas comparativas en elmercado de trabajo venezolano.

17

La relacin entre salario y pobreza. 17

Primera aproximacin a los niveles de fragmentacin del mercado de

trabajo.

21

La economa en la perspectiva institucional 22

Las polticas pblicas en el mbito social como instrumentos de

desarrollo y enfrentamiento a la pobreza.

29

La regresividad de las polticas pblicas. 29

La gratuidad de los servicios pblicos como condicin

democratizadora.

31

Los obstculos polticos a la descentralizacin. 32


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1.1. Lineamientos bsicos para la formulacin de polticas pblicas

en el campo de la salud, la educacin y la vivienda, dentro delProyecto Pas.

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A) Que contribuyan a crear un mercado de servicios pblicos. 34

B) Que garanticen la progresividad de los servicios pblicos. 34

C) Que protejan la demanda efectiva de los ciudadanos comoperspectiva para la generacin de los bienes o servicios.

34

D) Que sean portadoras de criterios descentralizadores. 35

E) Favorezcan la integracin entre la oferta pblica y la privada. 35La dimensin tica de la fundacin de la Sociedad de RiesgosCompartidos que otorga el poder a los ciudadanos.

35

Objetivos del Proyecto: 35

Ficha Tcnica. 38

Programa de Medidas Inmediatas para la Transicin 40

1.- REFORMAS INSTITUCIONALES Y ORGANIZATIVAS: 41REFORMAS MACROECONMICAS: 41

Medidas Sociales Inmediatas: 42

Programa para el Mediano y Largo Plazo 44

Presupuesto global 46

Cronograma 46


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2. El gran reto de la transicin poltica

Venezuela es hoy una suerte de campo de batalla donde se confrontan las

aspiraciones a la modernidad, la democracia y el crecimiento econmico, con la

intencin poltica de preservar un modelo ideolgico de economa, individuos y

sociedad, fundamentado en un marco institucional que coloca al Estado como

rector de la vida pblica y privada. Este modelo, que ha prevalecido a lo largo de

nuestra vida democrtica, y que se ha potenciado con los cambios legislativos y

polticos que se inician en 1998, es causante y motor de una dinmica de

generacin de pobreza que se extiende a sectores cada vez ms amplios de la

poblacin. Acta como inhibidor de los procesos determinantes para la generacin

de riqueza en Venezuela, sin los cuales no tendramos, ni respaldo econmico, ni

fundamento sociopoltico, para nuestra incorporacin al cada vez ms inminente

proceso de globalizacin.

La transicin poltica es un momento de oportunidades para encontrar salidas y

nuevas alternativas frente a esta disyuntiva crucial para el futuro de Venezuela. En

este momento histrico se constituye una gran posibilidad de construir un pas

donde se pueda generar riqueza, a la vez que se gesten alternativas de

participacin y empleo productivo para todos los venezolanos. El reto de este


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trabajo es contribuir a generar los espacios para la reflexin que permitan avanzar

hacia una Venezuela moderna.

Los retos actuales de nuestro pas van mas all de propiciar el clima para que

haya un crecimiento econmico acompaado de polticas sociales desarticuladas

en su leit motiv y destinadas a paliar las inequidades generadas por una sociedad

que se empobrece. Con esto solo volveramos a la ilusin de un pas prspero,

con cierta estabilidad, pero con pobreza, si est es entendida como la ausencia de

la capacidad individual para generar riqueza basada en el trabajo productivo. La

pobreza se continuara expandiendo aunque encubierta por la capacidad

redistribuidora del Estado. Se mantendra una sociedad en la que los grandes

requerimientos de participacin y libertad econmica, de liberacin de la

dimensin creativa de los venezolanos continuaran cercenados por la presencia

de un Estado que decide discrecionalmente el destino del pas.

El verdadero reto de Venezuela es poder resolver las inequidades que generan

la pobreza: redefinir esa dimensin poltica, econmica, jurdica y cultural, en la

cual se fundamenta el proceso que motoriza el empobrecimiento masivo que

experimenta nuestra sociedad.

No se han encontrado en los distintos manifiestos y proyectos de pas

consideraciones de fondo que hagan pensar en cambios reales. En su mayora se

centran en el retorno al Estado de su capacidad redistribuidora del ingreso fiscal,

como gran instrumento de poder. Con ello la economa podra crecer, los serviciospblicos mejorar, bajar el desempleo formal y los informales obtener ms ingresos.

La pobreza, sin embargo, continuara anidada, dependiendo su disminucin, nica

y exclusivamente de la discrecional capacidad redistribuidora del Estado. No

habra cambios en las reglas de juego. En el fondo, se orientan a promover


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inversin slo hasta el punto en el que el ingreso fiscal derivado permita, una vez

mas, financiar su estructura de Estado.

Esta propuesta parte de la siguiente premisa: Es el marco institucional donde se

recrean los fundamentos del capitalismo de Estado, el que impide la incorporacin

plena de Venezuela a la modernidad, el desarrollo social y el bienestar del pas. El

reto poltico de hoy es crear un sistema de poder basado en una nueva definicin

de la relacin entre el individuo, el mercado y el Estado.

3. La confiscacin de las ventajas comparativas

En Venezuela, la inversin en los sectores de mas elevada rentabilidad o donde

exhibimos ventajas comparativas estticas y dinmicas, esta limitada por la

existencia de instituciones que otorgan a la inversin pblica preeminencia sobre

la inversin privada. Aqu se incluye la actividad energtica en general

(hidrocarburos, electricidad, etc.), la minera y el turismo, ejemplos de actividades

en las cuales, las decisiones de invertir, y reorientar recursos y factores

productivos estn limitadas por una oferta de derechos de propiedad controlada

por el Estado, sobre la base de reglas formales que l modela al ritmo de los ciclos

polticos.

La oferta de derechos de propiedad relativos a la inversin en los sectores de

mayores ventajas comparativas, resulta de una trama jurdica que se apoya en lacapacidad coactiva del poder poltico que tiene el Estado. Esta dinmica

institucional, consolidada ideolgicamente, impone costos de transaccin que

hacen prohibitiva la inversin privada en esos sectores. De esta forma, se afectan

las potencialidades de la productividad-pas, al existir monopolios estatales

institucionalizados que, limitando la competencia, deterioran las potencialidades


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de agregar valor de nuestra economa. Y substantivamente convierten a la

mayora de los trabajadores en sujetos pasivos ante el Estado.

Los consensos polticos que se gestan en cada gobierno, expresan estas

limitaciones para invertir, que slo se flexibilizan en la prctica como respuesta a

la necesidad de generar ingresos fiscales. El Estado otorga cupos, cede

derechos de propiedad limitados a los inversionistas, hasta un punto equivalente a

la ganancia en poder que deriva de mayores ingresos fiscales que redistribuir. Los

trabajadores y sus familias pierden la oportunidad de tener empleos decentes, de

lograr mayores niveles de calidad de vida como producto de sus mritos y

esfuerzos.

El inters del Estado-propietario no es la generacin de valor sino la consecucin

de ingresos fiscales que garanticen el poder poltico. Para la economa venezolana

esta caracterstica, a menudo soslayada, define la estructura del sector real y

determina las opciones macroeconmicas posibles para alcanzar el crecimiento y

el bienestar. Una economa cuyo aparato productivo esta dicotomizado entre

actividades rentables (captadas por el Estado) y actividades de escasa capacidad

de generar valor, que desarrolla el resto de la sociedad, no puede generar un

mercado de trabajo distinto al que tenemos.

La sempiterna propuesta de crecer basndose en el desarrollo de la economa

privada no-petrolera, de diversificar, afincndose en el crecimiento de sectores

donde los costos de transaccin son muy altos y cuya rentabilidad es dudosa, haconvertido los intentos de industrializar a Venezuela en una suerte de

desaguadero de ingentes recursos fiscales. Y no poda ser de otra forma, mientras

el Estado se reserva las actividades con ventajas comparativas, redistribuye los

ingresos fiscales hacia sectores de baja rentabilidad, e inhibe la competencia en


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un esquema de crecimiento hacia dentro. Veinte aosdespus el sector poltico

recrimina su fracaso al sector productivo nacional.

Esta situacin explica la dificultad que restringe las posibilidades de crecimiento

del pas: por una parte costos de transaccin infinitos e insuperables para fijar

inversiones privadas en los sectores rentables y por el otro, un Costo Venezuela

muy alto para crecer en sectores con escasas ventajas comparativas.

El crecimiento econmico y el desarrollo social de Venezuela se enfrenta a esta

distorsionada situacin: Imposibilidad de crecer en los sectores de mayores

ventajas y por otro lado, utilizar los recursos generados por las empresas pblicas

rentables para subsidiar sectores de escasa o nula rentabilidad.

La pregunta que surge ante este panorama es Cul es el costo de oportunidad

para los venezolanos, de no invertir en los negocios ms lucrativos, de perder la

ocasin de potenciar el capital y el trabajo como fundamentos para una insercin

ganadora en el proceso de globalizacion?

El cambio institucional, concebido como la transformacin del conjunto de leyes y

disposiciones constitucionales que regulan la propiedad y restringen las

oportunidades de invertir, y el enorme esfuerzo que requiere una reorientacion de

las convicciones ideolgico-polticas ms profundas de nuestra sociedad, debe

abrir oportunidades de relaciones distintas entre la estrategia macroeconmica y la

inversin en capital humano que enfrente de manera definitiva la informalidad y lapobreza.

La estructura institucional respaldada por fuertes convicciones culturales e

ideolgicas, sirve de instrumento poltico para coartar la ms elemental decisin

econmica: Dnde invertir?. Surge as un componente del Costo Venezuela


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que se asocia a una consciente y deliberada intencin del Estado por frenar la

inversin en determinados sectores1

. La conviccin ideolgica sobre lapermanencia de las industrias ubicadas en los sectores de ventajas comparativas

en manos del Estado, se ve reforzada por el reconocimiento de que el poder

poltico depende del control de la actividad petrolera.

Abrir la caja negra de la estructura institucional que coarta las opciones de

inversin privada en los sectores con ventajas comparativas requiere del

conocimiento sobre la estructura legal que funda tales opciones. Tal aproximacin

nos permitir realizar un anlisis institucional comparado de las perspectivas del

cambio institucional, contrastar la opcin existente con un diseo institucional

alternativo. La medicin de los costos de transaccin, entendidos como costos de

oportunidad, podran tambin estimarse sobre la base de la medicin de las

alternativas que se eligen frente a la opcin de no poder invertir. Otra necesaria

unidad de anlisis la constituye el abordaje del proceso que histricamente ha

permitido consolidar la dimensin cultural e ideolgica que subyace a tal patrn de

relacin entre el Estado, la economa y la sociedad venezolana.

Paradjicamente, el control ejercido por el Estado sobre la propiedad de los

sectores rentables es un hecho poco discutido en nuestro pas. Se podra decir

que se asume como una forma natural, es decir, que slo puede ser de esa

manera. Las proposiciones sobre las maneras de lograr crecimiento econmico en

lneas generales aceptan como un principio indiscutible que ste debe ser una

combinacin entre inversin pblica e inversin privada, siendo la primera, la partesustancial.

1 A diferencia del Costo Venezuela tradicional que entiende que los costos de transaccin que inhiben la

inversin privada son el resultado de enormes trabas burocrticas y defectos legislativos como consecuencia

de ineficiencia en la gestin pblica (no intencionada en general, aunque motivada por incentivos

individuales en ocasiones perversos).


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El balance que podemos realizar en estos principios del siglo XXI es que este

modelo de crecimiento econmico basado en el control del Estado de la propiedadde las fuentes generadoras de riquezas no ha logrado garantizar el bienestar de

venezolanos.

La casi invariable estructura del mercado de trabajo es la mejor rbrica de esta

afirmacin. Ya sabemos que el crecimiento econmico visto de forma lineal no

logra resolver problemas como la pobreza. En momentos de auge y crecimiento,

tales como el periodo 1960 - 1980 lo que podemos encontrar es un Estado con

sus capacidades subsidiadoras totalmente potenciadas. La pobreza aparece

encubierta bajo la ilusin de grandes planes pblicos que tericamente

resolvern los problemas como la vivienda, la educacin y la salud.

El ejercicio del inmenso poder redistribuidor fundamenta una creencia que algunos

han llamado una ilusin de armona. La armona existe en tanto y en cuanto el

poder redistribuidor del Estado es suficiente para apaciguar las frustraciones

colectivas derivadas de las inmensas dificultades y limitaciones para los sectores

populares de acceder a Trabajos Decentes.

La aspiracin al pleno empleo que ha signado algunos momentos de vacas

gordas para el Estado, indefectiblemente se rellena de planes de emergencia, de

trabajo con nfima capacidad de agregar valor. La pobreza venezolana est ligada

a la manera como el Estado pauta el crecimiento econmico, mas recursos

fiscales generan mas oportunidades de proteger los agentes econmicos, paliarlos efectos de la dbil generacin de empleos y la permanencia en el tiempo de

amplios sectores en la economa informal.

Muchas interrogantes surgen de este abordaje:


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Por qu la indiferencia de la sociedad, o ignorancia, acerca de la enorme

cantidad de venezolanos que han sobrevivido como trabajadores informales sinderechos?. Por qu la urbanizacin venezolana crece fundamentalmente con

base en desarrollos de barrios de ranchos?

Qu impacto tiene sobre la calidad de vida de todos, que casi la mitad de los

trabajadores venezolanos carezcan de vnculos con el sistema financiero, que no

paguen impuestos y que no contribuyan para garantizarse sistemas y mecanismos

de proteccin social en los momentos de retiro o enfermedad?

Ser acaso que los venezolanos son cultural y estructuralmente pobres?

Tambin podramos preguntarnos: Ser que el afn por insertarse en un mundo

mejor tropieza con las reglas de hierro del marco institucional venezolano, el cual

impide que el crecimiento econmico se apalanque en la libertad para desarrollar

las amplias ventajas comparativas con que potencialmente cuentan los

venezolanos?

Proponemos abrir la discusin sobre la bsqueda de alternativas institucionales

que coloquen en manos de los venezolanos, el uso, usufructo y goce de sus

ventajas comparativas.

4. El fundamento de la pobreza en el marco poltico institucional

La pobreza es un fenmeno estructural cuyo mecanismo reproductor es la

existencia de un mercado de trabajo fragmentado negativamente (conpreeminencia del empleo informal sobre el formal), poco empleador, excluyente,

de baja productividad global y en consecuencia, remunerador deficiente. La

preeminencia de la informalidad es la expresin del potencial que el mercado de

trabajo tiene para generar pobreza. Valga la pregunta: dnde reside la capacidad

de agregar valor de un individuo que sentado en la va pblica obtiene el ingreso


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necesario para sostener econmicamente a su familia?. Estas caractersticas del

mercado de trabajo estn presentes desde el inicio de la democracia, lo que indicaque el potencial de pobreza ha sido un fenmeno permanente, a nivel temporal y

espacial.

Los factores catalizadores del proceso de profundizacin de la pobreza son

aquellos que tienen la capacidad de influir sobre esa especfica estructura del

mercado de trabajo. Es decir, que pueden debilitar la remuneracin de los

trabajadores, y hacer que aumente la informalidad como alternativa frente al

desempleo. La crisis econmica (deuda, precios petroleros, inflacin, etc.) puede

acelerar y extender el empobrecimiento, aun sin ser su causa fundamental. En los

momentos de crisis econmica, o lo que es lo mismo cuando la capacidad

redistribuidora del Estado se contrae, los ingresos de los informales caen en forma

mucho mas dramtica que el resto de la sociedad. Se restringe a niveles extremos

la capacidad empleadora, con lo cual la informalidad aumenta. La conclusin obvia

es que la pobreza se potencia, porque aflora y se profundiza la estructura

perversa del mercado de trabajo.

Pero aun en los momentos de bonanza econmica, la estructura perversa del

mercado de trabajo se mantuvo como mecanismo potencial reproductor de

pobreza. Ya en 1969 la proporcin de personas trabajando en la informalidad era

superior al 40%, a pesar de que sus caractersticas fuesen radicalmente distintas

a las actuales. El creciente endeudamiento e ingresos petroleros derivados del

boom de precios del petrleo de los 70, permitieron sostener esta estructura depobreza, encubierta hasta avanzados los ochenta.

En esa dcada, se hace evidente que el mecanismo redistribuidor tenda a

agotarse: que Venezuela requera cambios que permitieran una apertura

hacia un nuevo modelo de pas basado en reglas de juego diferentes,


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centrado en una desconcentracion del poder poltico (y es por ello que surge la

descentralizacin). Pero ms aun, avanzar hacia un modelo econmico quesuperase el mecanismo redistribuidor y subsidiario, para potenciar la iniciativa

individual, la agregacin de valor y la generacin de contraprestaciones como

fundamento del sistema econmico. Tarea que aun no hemos resuelto.

Nuestra hiptesis de trabajo plantea que las inequidades que definen las

oportunidades de inversin rentable en Venezuela, es el fundamento de la

estructura fragmentada del mercado de trabajo (potencial generador de pobreza) y

de las limitadas capacidades de Venezuela de desarrollar sus potencialidades y

ventajas comparativas.

Enfrentamos un monopolio de Estado que se apropia de los derechos de los

venezolanos a invertir en los sectores de elevada rentabilidad relativa y que en

consecuencia: Expropia nuestras ventajas comparativas. El trasunto de

nuestro problema econmico es que la racionalidad poltica domina sobre la esfera

de las relaciones econmicas.

El Estado, al apropiarse de las oportunidades de inversin potencialmente

rentables, se convierte en el generador de pobreza. Entre otras cosas esta

estructura del mercado de trabajo, con la presencia dominante de trabajadores

informales, sin oportunidades de incorporacin a la formalidad, niega la capacidad

de construir un sistema de seguridad social, dadas las debilidades del aporte

contributivo de trabajadores y empresarios. Situacin que revierte en mayoresdemandas de proteccin por parte de los sectores al margen de la institucionalidad

formal.

Nuestro reto frente a la pobreza es generar alternativas que destruyan esta

dinmica perversa con propuestas de cambio institucional que modifiquen el


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sistema de reglas formales y fundamenten un sistema de prestaciones y

contraprestaciones equitativo para los venezolanos: una sociedad de riesgoscompartidos.

4.1. Una nueva visin del mercado de trabajo.

El impacto de la Confiscacin de las ventajas comparativas en el mercado de

trabajo venezolano.

La estructura de la economa venezolana y en particular su mercado de trabajo

expresan las visiones ideolgico-polticas que han prevalecido en la conduccin

del pas. Situacin que se refleja en los distintos grados de fragmentacin que

caracterizan el mercado de trabajo, como estructura integral. Por fragmentacin

del mercado de trabajo entendemos la coexistencia en su interior de segmentos

diferenciados sobre la base de lgicas econmicas especificas.

Este carcter de la estructura de la ocupacin en Venezuela se evidencia cuando

observamos la abrumadora presencia de trabajadores informales a nivel espacial y

temporal. Categora de trabajadores ms numerosa que la suma del empleo

pblico y privado. Esto significa que la mayora de los trabajadores venezolanos,

no son trabajadores amparados por el marco jurdico normativo que envuelve al

trabajador formal, de lo cual emana el conjunto de prestaciones y

contraprestaciones bsicas para su bienestar privado y colectivo. La conclusin

ms obvia es que en el mercado de trabajo coexisten dos lgicas de

reproduccin material de los trabajadores y lo ms particular, con lapredominancia de la estrategia informal.

La comprensin de este carcter fragmentado del mercado de trabajo permite

apreciar a mayor profundidad el comportamiento y las reacciones de variables

como el nivel de ocupacin, el desempleo, la informalidad, los tipos y calidad de


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empleo, los salarios e ingresos y lo ms importante: permite acercarse a la

pobreza como un fenmeno que se desprende de la interrelacin dinmica deestas variables. Al respecto es conveniente formular algunas consideraciones

preliminares que funcionan como hiptesis de trabajo:

1. La fragmentacin del mercado de trabajo no es un fenmeno generado

autnomamente. El mercado de trabajo no tiene ninguna forma preconcebida.

Su forma es el producto de la interrelacin entre las reglas de juego

econmicas, polticas y jurdicas en las cuales se inscribe y que constituyen su

sustento cuasi -material.

2. Si aceptamos esta premisa, la segunda tiene que ver con la identificacin de

las reglas del juego que determinan la economa venezolana y por ende el

mercado de trabajo: la propiedad pblica de los sectores rentables de la

economa y la limitacin politica-jurdica a la participacin o intervencin de la

inversin privada en el desarrollo de estos sectores. Este control pblico de la

mayor parte de la economa, sustenta la imposicin de un agente estatal con

una racionalidad poltica que persigue el poder, aplastando, dejando sin lugar,

la racionalidad econmica que debiera privar en los procesos de generacin de

riqueza.

3. Con base en lo anterior es posible acercarse a una primera conclusin: las

metas y objetivos de la economa venezolana no estn orientados

primordialmente hacia la creacin de riqueza. Dada la prevalencia del interspoltico sobre el econmico, los fines de la economa estn atados

primordialmente a la generacin de ingresos fiscales para sostener la

estructura del poder poltico. De all las dificultades histricas de Venezuela

para adoptar un camino conveniente para desarrollar la economa. Valga la

siguiente inquietud: Cunto puede interesar a los gerentes de PDVSA


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(empleados pblicos) expandir la capacidad productiva de su empresa, si

saben que las ganancias adicionales slo alimentan un gasto pblico con muylimitado impacto en el bienestar colectivo?. Y, Cunto interesa al gobierno de

turno hacer crecer a PDVSA aguas abajo, si funcionando al nivel de

rentabilidad mnima genera la capacidad de redistribucin discrecional

necesaria para permanecer en el poder?

4. El control pblico de la economa basado en la propiedad de las industrias de

mayor rentabilidad, muy intensivas en capital, es decir, poco generadoras de

empleo, y el escaso inters poltico en desarrollar o abrir reas de inversin

aguas abajo de estas industrias, que permitan la intervencin de sectores

distintos al capital pblico, limita o restringe la capacidad de generar empleos

de la economa venezolana. Si la racionalidad dominante no es la

generacin de mas riquezas y la actividad econmica fundamental de

quienes controlan las reglas del juego es poco generadora de empleo,

entonces el mercado de trabajo formal de Venezuela ser muy poco

generador de empleo, como lo ha sido tradicionalmente.

5. Los inversionistas privados quedan relegados a sectores de baja rentabilidad

en relacin con el potencial econmico del pas. Como nica va para sostener

estas actividades privadas, el Estado mantiene una estructura que directa o

indirectamente subsidia la actividad econmica privada. El sector privado surge

a la sombra del Estado. Esto cierra un juego perverso en el marco institucional

venezolano: El marco poltico-legal convierte al Estado en patrn de laeconoma, niega al resto de la sociedad el derecho a invertir donde pueda

ganar, pero a la vez y por la necesidad de sostenerse en el poder, redistribuye

estos recursos a la poblacin y subsidia actividades poco rentables que

disminuyen el impacto de la desocupacin y la pobreza. Este proceso explica

la confiscacin de las ventajas comparativas, como enfermedad bsica de la


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economa venezolana. Esta confiscacin explica la poca capacidad de generar

empleos de la economa venezolana y el alto costo de producirlos para lossectores de baja rentabilidad.

6. Lo paradjico es que luego de los resultados infructuosos de la mayor parte de

estas incursiones privadas en la economa, se inculpe al sector privado por su

baja rentabilidad y por dilapidar los recursos pblicos.

7. Cuando hay abundancia de recursos por el alza de precios del petrleo, el

Estado, como una forma de subsidio indirecto, se permite financiar mas empleo

pblico sin distincin sobre su productividad y transferir recursos para

experiencias privadas de escasas posibilidades de xito. Cuando los precios

del petrleo caen, la holgura del Estado para poner en marcha estas medidas

generadoras de empleo, disminuye o desaparece. De all las profundas crisis y

la poca resistencia de los venezolanos ante la disminucin de los recursos

pblicos.

8. Esta incapacidad manifiesta del aparato productivo venezolano, sumada al alto

costo de hacer negocios para el sector privado de baja rentabilidad, obliga a la

mayora de los venezolanos a desarrollar estrategias de generacin de

ingresos al margen de la economa formal, ejerciendo actividades que no

contribuyen masivamente al PIB. Situacin que no preocupa a los gobiernos,

mientras los ingresos derivados de las empresas del Estado suplan sus

requerimientos fiscales. De hecho la economa informal es penalizada slo sise convierte en molestia, ocupa y deteriora espacios pblicos, afecta la salud

publica etc., etc.

9. La informalidad se traduce directamente en pobreza derivada de la enorme

dificultad de acceder a un ingreso real producto del trabajo, de la


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desvinculacin de la economa formal y del deficiente acceso a sistemas de

prestaciones y contraprestaciones que respalden su bienestar y estabilidadsocial

10. Tal diferenciacin estructural en el mercado de trabajo es decir su

fragmentacin- deriva de esta dinmica perversa que caracteriza la economa

venezolana.

11. De all se han desprendido y conformado sectores econmicos, culturales y

polticos, portadores de reglas de juego particulares, con objetivos y metas

dispares y contradictorios, con valores que expresan la profunda contradiccin

que existe en la sociedad venezolana.

Esta propuesta es la base para la formulacin de las medidas y acciones en el

corto y largo plazo que inicien las reformas que Venezuela requiere para enfrentar

las contradicciones reales que impiden la modernizacin del mercado de trabajo,

que no son, como hemos credo y aun reconociendo la importancia de algunos de

estos factores: la lucha de clases entre empresarios y trabajadores; el espritu

especulativo de los empresarios; el costo en contraprestaciones de la fuerza de

trabajo; el peso del salario en la estructura de costo de las empresas; e inclusive

los escasos niveles de profesionalizaron de los trabajadores venezolanos.

Comprender este hecho fundamental de la dinmica institucional venezolana

posibilita encontrar las respuestas adecuadas a las precarias condiciones denuestros trabajadores y con ello generar alternativas vlidas frente a la pobreza.

En consecuencia, planteamos que la capacidad de transformar el mercado de

trabajo, crear empleos productivos, suficientes y con remuneraciones decentes,

depende de los cambios que puedan instrumentarse en la dimensin poltico-


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jurdica del marco institucional que rige la economa venezolana, de manera tal

que se abran nuevas oportunidades de generacin de actividades rentables ensectores de alta productividad. Reformas que deben acompaarse del conjunto de

polticas publicas que incidan en la capitalizacin de los recursos humanos en el

campo de la salud, educacin, vivienda y servicios bsicos.

La relacin entre salario y pobreza.

En esta propuesta se conceptualiza la relacin salarial como uno de los lmites o

umbrales de la pobreza. La relacin salarial es, en esta perspectiva, el vnculo

monetario y contractual que integra al trabajador y su grupo familiar al sistema de

relaciones econmico- financieras, materiales y culturales, que privan en el mundo

capitalista. Ms all del monto efectivo del salario, suficiente o insuficiente, la

Relacin Salarial liga al individuo, al trabajador, a nuevas perspectivas y

expectativas: la incorporacin a organizaciones de seguridad social, la concrecin

de iniciativas propias para construir un horizonte o perfil de desarrollo tcnico -

profesional, adems de la posibilidad de avanzar en mejoras econmicas. Y

quizs, uno de los aspectos ms importantes, la participacin dentro de

organizaciones con estructuras, normas y procedimientos que funcionan como

espacio cultural para el aprendizaje de nuevos roles y valores morales: el respeto,

la coordinacin, la responsabilidad, la confianza, la solidaridad, la creatividad e

innovacin. La importancia de la relacin salarial radica por tanto en su calidad devnculo econmico transformador de las condiciones de vida del trabajador y de su

entorno socio cultural, bsicos para la superacin de la pobreza.

La pobreza, la entendemos a su vez, no slo como una manifestacin cuantitativa

de las carencias que abaten a algunos sectores sociales, sino fundamentalmente


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como la imposibilidad de participar o formar parte de los grupos humanos que

interactan en la economa capitalista.

La pobreza, convencionalmente, se mide en relacin con ciertos indicadores

materiales y se denomina en trminos cuantitativos: Absoluta, Relativa, Atroz, al

relacionar el ingreso de las personas con la cantidad de alimentos que compra o

los bienes en general que consume; o se llama tambin estructural, si se mide por

indicadores como vivienda, salud, servicios. En general, con fines estadsticos, la

pobreza es una relacin cuantitativa que expresa la relacin entre el ingreso y una

cesta determinada de bienes y servicios.

En este documento nos referirnos a la pobreza como la indicacin material de la

integracin de la poblacin a la economa establecida formalmente. Ms

especficamente la situacin de pobreza expresa, en nuestro caso, la

desvinculacin estructural y permanente de los individuos de relaciones salariales

en el mercado formal de trabajo. Situacin que puede estar ligada a las propias

caractersticas del proceso econmico y a las condiciones culturales de los

individuos (alfabetizacin, nivel educativo, tradicin laboral, entre otras). El salario,

en esta perspectiva, representa el lazo o vnculo de los individuos con la sociedad

formal.

Esto no significa que se identifiquen entre si los conceptos de pobreza y

desempleo. El desempleo (desde el punto de vista del trabajador) es una

circunstancia econmica que implica que los individuos: (a) ostentan calificacionesbsicas que le han permitido ingresar a una nmina de trabajadores; y (b)

desencadenan el equipamiento socio-jurdico para enfrentar esta coyuntura. Un

trabajador desempleado, cubierto por el seguro de paro forzoso, est tan dentro

del mercado de trabajo como un empleado activo.


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Esto significa que la pobreza se refiere a la condicin econmica y cultural que

impide al individuo ingresar al mercado de trabajo o a una actividad econmicaformal y la carencia, adems, de cualquier mecanismo de proteccin o

complementacin de ingresos que pueda beneficiarlo directamente.

El tema del salario nos plantea una nueva dificultad: Si el establecimiento de

relaciones salariales estables es la alternativa frente a la pobreza, nuestro

problema entonces gira, por una parte, alrededor de las posibilidades de generar

aquel tipo de empleo que permita al individuo, adems de la remuneracin

legalmente reconocida, activar mecanismos de negociacin legtimos orientados a

la mejora de la relacin salarial en trminos amplios: Mejor retribucin monetaria,

mas calidad ambiental, mejor seguridad social, etc.

Sin embargo, es sabido que la generacin de empleo innecesario, est cargada

intrnsecamente de una clara propensin inflacionaria, cuando el empleo no surge

como producto de la expansin de la actividad econmica, sino como resultado de

manipulaciones de la demanda efectiva.

La reubicacin -como alternativa frente a la pobreza- de la expansin de las

relaciones salariales, implica un enorme reto a la economa en los siguientes

aspectos:

Enfatizar la creacin de empleos, no ms all del umbral inflacionario

Orientar el desarrollo econmico hacia actividades competitivas, generadorasde empleo como resultado intrnseco de la creacin de valor.

Incentivar la productividad como motor del crecimiento econmico basado en la

extensin de relaciones salariales.


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Impulsar e incentivar la inversin en la valorizacin del capital humano:

liberando su creatividad para generar riquezas en sus dimensiones tcnicas ymorales.

Esto significa, en el caso de una economa petrolera como la nuestra, extender

las relaciones salariales como uno de los grandes objetivos del crecimiento

econmico. Permitir que los recursos productivos potencien los esfuerzos del

trabajo hacia la competitividad, productividad y rentabilidad; que permitan una

clara ampliacin del mercado de trabajo. Medidas que, suponemos

anticipadamente, no deben tener un mayor impacto inflacionario y s contribuiran

al bienestar general de nuestra poblacin.

Primera aproximacin a los niveles de fragmentacin del mercado de trabajo.

El mercado de trabajo venezolano constituye una estructura altamente compleja

donde coexisten niveles distintos de fragmentacin que agrupan a los trabajadores

en torno a situaciones laborales diferenciadas, en cuanto a la estructura de

ingresos, las relaciones con sistemas de contraprestaciones, las perspectivas de

estabilidad, y en general con las alternativas frente al desempleo, las capacidades

de ahorro y la resolucin del conjunto de contingencias que enfrentan los

individuos a lo largo de su vida laboral.

El primer nivel de fragmentacin del mercado de trabajo se desprende de ladivisin entre economa formal y economa informal.

a) La economa formal: representada por los trabajadores del sector privado y los

trabajadores del sector pblico.


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b) La economa informal: evidenciada por la presencia apabullante de

trabajadores con reglas de juego para la generacin de ingresos al margen delsistema jurdico formal.

Como una proporcin casi constante en los ltimos treinta anos encontramos que

de cada 10 trabajadores venezolanos 5 son informales, 3 trabajadores privados y

2 trabajadores pblicos. Proporcin que varia de acuerdo a la capacidad

redistribuidora del Estado. Como hiptesis de trabajo proponemos el estudio de la

interrelacin entre la estructura del mercado de trabajo y las variaciones peridicas

del ingreso fiscal.

Al interior de cada uno de estos subsectores se perfila un segundo nivel de

fragmentacin con las mismas diferencias que la anterior, es decir, escasa

movilidad de los trabajadores de un subsector a otro, diferencias en las estrategias

de generacin de ingresos y en el acceso a sistemas de contraprestaciones.

Tanto en la categora formal como en la informal, la movilidad entre los sectores

de alta y baja productividad es casi nula. En el caso de la informalidad, la

fragmentacin del mercado de trabajo va desde la existencia de patronos que

utilizan capital hasta los asalariados que trabajan por cuenta ajena y reciben un

smil de salario.

Profundizar en este anlisis proporciona criterios adecuados para definir polticas y

programas que atiendan o respondan a las caractersticas bsicas de los procesosen los cuales se encuentra inmerso el trabajador venezolanos y a sus

caractersticas particulares, tales como experiencia y formacin profesional, al tipo

de tradicin laboral, etc..


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Polticas lineales de crecimiento econmico, no impactan igualmente a cada uno

de estos estratos, para un sector muy definido la oferta de trabajo crece y mejoranlas estructuras salariales, para otros es slo un incentivo que permite mejoras

ligeras de su ingreso coyuntural.

Las propuestas de planes de empleo tienen que considerar esta estructura

fragmentada como dato bsico para la construccin de sus propuestas.

5. La economa en la perspectiva institucional

Como sealamos anteriormente, la inversin privada en los sectores de elevada

rentabilidad de la economa venezolana est limitada por la existencia de

instituciones que otorgan a la inversin pblica preeminencia sobre la inversin

privada2. Esta caracterstica distintiva de nuestra institucionalidad econmica,

moldea el desempeo del sector real y consecuentemente los resultados

macroeconmicos.

Quienes desean invertir se enfrentan con altos costos de transaccin que derivan

de la deliberada intencin del Estado, de inhibir la inversin privada en los

sectores de alta rentabilidad (o de la confiscacin de las ventajas comparativas).

Estos costos de transaccin se traducen en barreras que restringen la movilidad

factorial (la orientacin de los sectores donde se ubicarn los factores productivos:

trabajo y capital) afectando consecuentemente la dinmica del ajuste del mercado

de bienes (por su efecto sobre su velocidad y orientacin sectorial). Es decir: son

condicionantes de la orientacin de los flujos de inversin (dnde invertir) al definirincentivos que se traducen en costos exagerados en trminos de tiempo y dinero,

o barreras que simplemente impiden la inversin en negocios rentables.

2Nos referimos a los sectores econmicos donde exhibimos ventajas comparativas, o donde hemos podido

desarrollar ventajas dinmicas. Entran tambin en este grupo los sectores potencialmente atractivos para la

inversion.


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Un primer gran efecto de esta dinmica sobre el sector real es la existencia deenormes diferencias de productividad sectorial revelada, y en consecuencia de

ventajas comparativas, entre los sectores en los cuales el Estado invierte y en los

que los privados pueden formalmente invertir. El resultado es que nuestro sector

real formal muestre, a este primer nivel, dos economas con dinmicas y

racionalidades distintas (una privada y otra pblica) fundamentadas en ese marco

institucional.

Si la hiptesis anterior fuese cierta, sera innegable que las variables resultado de

la macroeconoma: tasas de inters, crecimiento econmico, tipo de cambio real,

niveles de desempleo, entre otras, seran expresin de las contradicciones que

plantea la dimensin institucional. La orientacin de los flujos de inversiones que

sigue a shocks externos, y/o a cambios en la direccin de la poltica econmica,

tendr caractersticas particulares permeadas por esta dimensin institucional que

subyace al desempeo econmico.

La estrategia macroeconmica ha sido una herramienta para dar sostenibildiad al

marco institucional antes descrito. Sin embargo, las herramientas y estrategias

han variado en distintas etapas de la historia econmica de Venezuela. En una

primera etapa, que podemos ubicar en los aos 60 y 70, los ingresos derivados de

una actividad petrolera que motivaba ingentes recursos fiscales, y que funcionaba

como colateral para el enorme endeudamiento que se gestaba, posibilitaban una

redistribuicin que garantizaba a los venezolanos una falsa prosperidadeconmica, basada en la redistribucin de la renta petrolera y de los recursos

derivados del endeudamiento masivo.

Es en estos recursos en donde se apalanca el proceso de sustitucin de

importaciones y el desarrollo de las empresas bsicas del Estado en su carcter


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de sectores estratgicos, con el intento de garantizar los ingentes ingresos

fiscales que el Estado necesitara a futuro, para financiar una estructurainstitucional que estructuraba la base del poder poltico en la confiscacin de las

ventajas comparativas. En paralelo, en sectores de escasa o nula rentabilidad, se

desarrolla, sobre la base de subsidios, el sector privado nacional.

El empobrecimiento que signific la cada del ingreso real de los trabajadores en la

dcada de los 80, trat de ser paliado por una estrategia que leg a Venezuela su

enorme endeudamiento y la liquidacin de sus reservas internacionales hacia fines

de los 80. Pareca que el modelo redistributivo era insostenible y se planteaba la

necesidad de avanzar en reformas que abrieran las oportunidades a la inversin

para la generacin de empleo productivo. Pero el cambio institucional no era tan

sencillo, mientras las concepciones polticas y la ideologa seguan

fundamentando en el Estado redistribuidor, la lgica de la actividad econmica.

En 1989, el ajuste macroeconmico descubri en el tipo de cambio nominal, una

herramienta efectiva para continuar dando sostenibilidad a esa estructura del

Estado. Era la herramienta idnea, ya que permita mantener el control poltico de

la esfera de las relaciones econmicas, a la vez que esconda la improductividad

de la gran mayora de las empresas privadas que el estado mismo haba

contribuido a generar, y permita ampliar la base de recursos fiscales, fundamento

de la lgica redistributiva del Estado, desde una perspectiva polticamente viable.

Este modelo se agota ya a mediados de los 90, cuando la devaluacin recurrentedel tipo de cambio nominal empieza a significar grietas en la estabilidad monetaria

que derivan del incremento en la liquidez que sigue a la devaluacin, con lo cual la

inflacin aumenta y los venezolanos identifican la devaluacin con una estrategia

costosa. La esterilizacin de esta liquidez excedentaria, a travs de los

mecanismos del tipo Bonos Cero Cupn, despus TEM, depuse, REPOS, se


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convertira, rpidamente, en una nueva estrategia que da paso a la siguiente etapa

en la bsqueda de sostenibildad del modelo que explicamos.

En 2002 la economa estrena una nueva estrategia que persigue los mismo fines:

el endeudamiento interno. El gobierno pudo capitalizar las necesidades de

financiamiento (fundamento de su lgica redistributiva) arrodillando a un sistema

financiero que, cada vez mas, perda su rol de intermediacin. 60% de las

inversiones del sistema financiero nacional son ttulos de la deuda pblica, a la vez

que mas de la mitad de los ahorros provienen del Estado. A esto le sumamos la

existencia de una frrea restriccin a la venta de divisas, que se fundamenta,

estas vez consciente y perversamente, en el control poltico de la actividad

econmica.

El costo de transaccin que supone violar la regla del control cambiario lo ha

colocado en el doble de su referente en el mercado oficial (3200 en el mercado

paralelo, 1600 en el mercado oficial). Los capitales no pueden huir en busca de

mejores opciones rentables, ya que la suspensin de venta de divisas se lo

impide: la liquidez del sistema financiero no puede orientarse sino a la compra de

papeles pblicos.

Una lectura que puede hacerse de la actual estrategia del endeudamiento interno

de Venezuela, es que tiene su fundamento en la confiscacin de las ventajas

comparativas. Es decir, el endeudamiento es solo posible porque el Estado

controla la actividad econmica en los sectores de alta rentabilidad, razn por lacual puede pagar tasas de inters al sistema financiero que el sector privado,

mientras desarrolle actividades de baja rentabilidad, jamas podr pagar. Es

evidente las implicaciones de este hecho sobre el crecimiento de la informalidad.


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Todava no hemos ensayado una estrategia que fue sumamente costosa para

muchos pases de Amrica Latina: la privatizacin. Pero algunos indicios parecenindicar que esta es la ltima va probable. La forma absolutamente irresponsable

como el actual Gobierno concede privilegios al capital transnacional, otorgndole

prebendas para la inversin en los sectores gasfero y minero, es, por decir lo

menos, la exacerbacin de lo posible para sostener la estructura del Estado.

Habiendo pasado por este tamiz proponemos al respecto, las siguientes hiptesis

sobre la macroeconoma venezolana:

1. Sobre las caractersticas del sistema monetario y financiero:

Mientras sea el Estado que se apropie de las oportunidades de inversin

rentable, los mercados de capitales o sern una ficcin, o continuarn siendo

liderados por instrumentos pblicos de deuda, o por instrumentos que se

proponen recoger liquidez (como los REPOS, TEM, BCC, etc).

Uno de los retos que nuestra economa enfrenta ser el otorgar a la banca un

verdadero rol de intermediacion financiera en el que sea la demanda de fondos

prestables la que se alinee con la oferta, mas all de la intervencin del Estado

mediada por su endeudamiento pblico respaldado con renta petrolera.

Nuestro efecto expulsin deriva de la imposibilidad de los privados para

competir con la capacidad de pago del gobierno que, siendo monopolista,

avala sus emisiones de deuda en la renta petrolera presionando al alza una

tasa de inters incosteable por los privados.

2. Sobre la dinmica cambiaria:

Los niveles de equilibrio del tipo de cambio son expresin de las

caractersticas del sector real de la economa. La dinmica del tipo de

cambio se ve afectada por esta composicin del sector real porque afecta la

velocidad del ajuste vinculada al desempeo del mercado de bienes. Es


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decir, el tipo de cambio expresa la contradiccin de base que supone la

confiscacin de las ventajas comparativas. Dado que la dinmica del ajuste del tipo de cambio esta vinculada al

desempeo del sector real de la economa y que este ltimo a su vez es

expresin del hecho bsico de nuestra institucionalidad la confiscacin de

las ventajas comparativas, los niveles de tipo de cambio en Venezuela, as

como los mrgenes de sobre o sub-valuacin estarn determinados por

este hecho.

3. Sobre el sector real y la conexin con el resto del mundo

Se precisa de una reconsideracin de conceptos fundamentales, como la

enfermedad holandesa, la maldicin de los recursos naturales, etc.;

siendo que la movilidad factorial entre sectores, cuando los precios de

nuestro sector de enclave varan, esta mediada por el hecho fundamental

de que las decisiones de inversin no son libres en los sectores donde

tenemos ventajas comparativas (hay barreras a la movilidad factorial).

Los retos que impone la globalizacion en trminos de oportunidades de

integracin favorable para Venezuela, requieren una consideracin de los

hechos fundamentales que definen nuestra institucionalidad econmica.

Nuestro sector real est formado por dos economas: una de elevada

rentabilidad y alta capacidad para generar valor en manos del Estado y

otra de baja capacidad de agregar valor en manos de los privados. Nuestra

estrategia de insercin en los procesos de regionalizacin y globalizacin,debera tomar en cuenta las perspectivas que, sobre el bienestar y el

crecimiento econmico generaran los efectos de la integracin comercial y

financiera (estticos y dinmicos) sobre el desempeo del sector real de la

economa, en un esquema en el cual se de la apropiacin de las ventajas


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comparativas. Esto, a su vez tendra serias implicaciones

macroeconmicas.

4. Ante la carencia de oportunidades de inversin rentable en Venezuela, el

mecanismo de redistribucin que propicia el Estado, convierte a los captadores

de renta ms eficientes en exportadores netos de capitales.

5. Relegados a invertir en sectores de baja rentabilidad y abrumados por un

"Costo Venezuela" (altos costos de hacer negocios que afectan al sector

privado por su baja rentabilidad) que restringe el desarrollo de la actividad

econmica, y que slo se sostienen mientras el Estado venezolano reciba

ingentes ingresos fiscales derivados de petrleo. Los inversionistas privados

que surgen en la formalidad, pueden reconocer en ciertos segmentos de la

informalidad (como el comercio, o en la evasin fiscal) una alternativa para

minimizar el costo de hacer negocios y poder subsistir: el resultado de todo lo

cual es propiciar dicha informalidad.

6. Las caractersticas del empleo en Venezuela, y en particular la preeminencia

de la informalidad, son tambin expresin de la dimensin institucional

descrita. Ante la caracterstica poco empleadora, bajo remuneradora y

expulsora de empleo del sector real de la economa, la informalidad emerge

como una alternativa "legtima" frente al desempleo. Mas all de privar en la

informalidad una lgica de acumulacin de capital y generacin de valor, la

informalidad como autoempleo persigue el objetivo de generacin de ingresospara la subsistencia. No es casual que entre los informales su actividad

econmica se identifique con el trabajo asalariado: se agrupan en sindicatos,

se llaman trabajadores de la economa informal, etc.


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6. Las polticas pblicas en el mbito social como instrumentos de

desarrollo y enfrentamiento a la pobreza.Es indudable que la lgica interna de las polticas pblicas obedece o responde a

los objetivos ltimos del marco institucional. En Venezuela, las polticas publicas

expresan claramente este designio.

Las polticas pblicas son instrumentos de planes o de visiones del poder, como

tales son el vehculo para materializar acciones que aseguren la viabilidad de

proyectos polticos. El marco institucional otorga o concede al Estado una potestad

discrecional sobre el cmo redistribuir los ingresos que le aportan las empresas de

su propiedad. Esto le permite definir dnde y cmo invertir, cules sectores

beneficiar, qu tipo de necesidades atender y con cules prioridades. La enorme

dificultad que encontramos en Venezuela para transformar las polticas pblicas a

favor del ciudadano, y de las familias reside en que ellas constituyen una

manifestacin directa de intereses particulares poltico- ideolgicos sostenidos por

el poder pblico.

Cuando se revisan a fondo la tendencia y orientacin de las principales polticas

pblicas en Venezuela, la primera conclusin de conjunto es su falta de

correspondencia con los conceptos bsicos de la democracia poltica. Al respecto

podemos revisar algunos de los aspectos crticos fundamentales:

6.1. La regresividad de las polticas pblicas.

Cualquier anlisis sobre la estructura del gasto pblico en el campo social muestra

que su orientacin es claramente regresiva, es decir, el nfasis en la inversin no

se otorga a los sectores de menores recursos, considerados los beneficiarios

directos de estas polticas. Si bien el marco jurdico- constitucional establece la no-

discriminacin de los venezolanos en la utilizacin de los bienes pblicos, su


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condicin econmica desigual materializa la diferenciacin. Esto significa que el

diseo de polticas sin consideracin o preferencias hacia algunos estratos osectores siempre favorecer a aquellos con mayores ventajas y recursos. En cada

uno de los campos especficos de polticas y en los sistemas de atencin social

surgen preguntas todas con el mismo trasfondo.

Por qu no existe preferencia en el sistema de atencin hacia aquellos

ciudadanos que deben incorporarse rpidamente al mercado de trabajo?

Por qu ha sido imposible construir alternativas en el sistema educativo que

garanticen la profesionalizacin de los venezolanos?. Si todos sabemos que los

niveles de calificacin de la fuerza de trabajo nos colocan, en el rango

correspondiente a los pases mas pobres del mundo?

Qu se opone a la urgente necesidad de cambiar las polticas de salud,

instaurando un nuevo sistema que logre la integracin entre los sistemas

hospitalarios, los ambulatorios y la medicina familiar, que logre llevar la salud al

interior de cada hogar y especficamente a los hogares mas pobres, donde no

existe ninguna alternativas de atencin a la brindada por el sistema pblico?

Qu impide una racionalizacin del gasto y de los ahorros en vivienda que

otorgue a los solicitantes las oportunidades financieras para demandar este bien

de primera necesidad? En lugar de dilapidar recursos financiando ofertas de mala

calidad y sin correspondencia con los reales requerimientos de la poblacin.

Por qu se interviene y expropia el INCE a los trabajadores, organizacin matriz

para la formacin laboral y que adems es financiado con el aporte de los propios

trabajadores y los empresarios?


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Por qu se esteriliza anticipadamente cualquier intencin de incorporar inversin

y gestin privada en el manejo de los servicios pblicos?

Estas preguntas permanecen sin respuestas a pesar de ser ampliamente

advertidas por los tcnicos y especialistas de cada campo que ven ahondarse las

diferencias entre los distintos sectores de venezolanos como producto, entre otras

circunstancias, de la ineficacia como instrumento de desarrollo de la estructura de

los servicios pblicos.

Las respuestas a estas interrogantes se encuentran en el marco institucional.

Relanzar estas polticas en un marco verdaderamente democratizador significa

cambiar las reglas de juego, las cuotas de poder, significa adems transferir poder

a los ciudadanos ya no como receptores pasivos de medidas y programas sino

como activos participantes en la gestin de las organizaciones que determinan su

calidad de vida.

6.2. La gratuidad de los servicios pblicos como condicin

democratizadora.

La gratuidad plena de los servicios pblicos es una manifestacin directa de la

concentracin del ingreso en manos del Estado, quien es el nico en este marco

institucional dotado de los recursos para garantizar el acceso de los ciudadanos a

los servicios pblicos. Trasladar o imponer sistemas tarifados para el acceso a

bienes pblicos, descubre la enorme debilidad del ingreso de los trabajadores y la

inexistencia, para la mayora de los informales, de vnculos con sistemas de

aseguramiento que faciliten y abaraten su acceso a los servicios. Repensar los

lmites de la gratuidad de los servicios pblicos se confronta directamente con el

poder redistribuidor del Estado. Si los ciudadanos tienen capacidad de financiarse

el costo de los servicios sociales, entonces su calidad de vida no depender del


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poder discrecional del redistribuidor. El ciudadano ser capaz de materializar una

demanda de servicios que necesariamente se transforme en una oferta. Elciudadano puede crear a travs de su demanda un mercado de servicios

pblicos. Este mercado de servicios pblicos no debe ser privativo solo para

sectores privilegiados.

Este mercado de servicios pblicos puede generar la competencia en la prestacin

de los servicios pblicos, lo cual por su lgica interna privilegiara a aquella que

garantice mejor calidad, mejor precio y oportunidad. Una primera conclusin sobre

este tema nos lleva pensar que la aplicacin indiscriminada del principio de

gratuidad en los servicios pblicos, desdibuja el problema de la calidad del salario,

pues no es ste el gran proveedor, sino el Estado en su rol redistribuidor.

Una segunda conclusin es que nunca tendrn los servicios pblicos venezolanos

los niveles de calidad establecidos como estndar mundialmente, mientras el

ciudadano no se convierta en una demandante efectivo de servicios y con ello

pueda ejercer una contralora eficiente de la calidad y suficiencia de los mismos.

La gratuidad indiscriminada de los servicios pblicos es uno de los mecanismos de

conservacin y no-modificacin del marco institucional vigente que coloca en

manos del Estado redistribuidor el poder discrecional de decidir sobre la calidad y

cantidad de la oferta de servicios que puede disponer el ciudadano y ante los

cuales sus capacidades de reclamo son nfimas. Frente a la orientacin y

designios de las polticas publicas, la sociedad civil no tiene voz, est en manos deun Estado con un gran poder redistribuidor que decide a cul Universidad otorgar

mas recursos, como atender la demanda de la salud familiar (Barrio Adentro), etc..

Detrs de la concepcin, como un valor cultural, de la gratuidad de los servicios

pblicos se esconde la necesidad de generar empleos con salarios decentes, de


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construir sistemas de seguridad social que cubran a los individuos ante sus

contingencias. Y sobre todo que el trabajador tenga la capacidad de elegir y vigilarla oferta de servicios.

6.3. Los obstculos polticos a la descentralizacin.

La descentralizacin, conjuntamente con la eleccin de los gobernadores y

alcaldes, constituye el primer intento durante este siglo de arremeter contra las

reglas de juego del marco institucional, centrado en el poder redistribuidor del

Estado central. Descentralizar era crear instancias alternativas para redistribuir el

gasto pblico, enfrentadas directamente al ciudadano Abra la posibilidad de

integrar formas distintas de gestin de servicios a partir de la consolidacin de

ofertas generadas desde la sociedad civil. Un exitoso proceso de

descentralizacin lleva indefectiblemente a pensar que no necesariamente el

Estado central y aun siquiera el estatal o el municipal tiene que concentrar los

recursos y generar las ofertas de servicios.

Lo ms curioso es que los argumentos para detener la dinmica del proceso de

descentralizacin durante los aos 1994 1998 del Gobierno de Rafael Caldera

era que l conllevaba un retorno a un federalismo caudillesco de montoneras, era

la posibilidad del surgimiento de nuevos liderazgos a lo largo y ancho de nuestro

territorio. Detener la descentralizacin fue decidir viendo slo el pasado. No es

muy arriesgado suponer que si el proceso de descentralizacin se hubiese

fortalecido durante ese periodo, los intentos de populismo revolucionario del

Chavismo hubiesen encontrado barreras muy fuertes en los sectores populares

que se hubiesen sentido comprometidos con un pas que responda de forma

transparente a sus demandas y que poda generar oportunidades reales de vivir

mejor.


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En este sentido la formulacin de polticas pblicas debe contener

necesariamente objetivos descentralizadores que contribuyan a una redistribucindel poder. Que confiera capacidad de negociacin y participacin real a los

trabajadores e individuos en general en la conduccin de todas aquellas acciones

que contribuyen a definir las condiciones de su existencia real.

6.4. Lineamientos bsicos para la formulacin de polticas pblicas en el

campo de la salud, la educacin y la vivienda, dentro del Proyecto

Pas.

La formulacin de polticas pblicas en el campo social guarda correspondencia

con los preceptos bsicos de este proyecto, orientado a reforzar las capacidades y

oportunidades de los venezolanos para generar riqueza y asumir las

responsabilidades en el forjamiento de sus condiciones de vida. En este sentido,

se plantean los siguientes referentes como lineamientos estratgicos para la

formulacin de estas importantes polticas:

A) Que contribuyan a crear un mercado de servicios pblicos.

La creacin de un mercado de servicios pblicos es el mejor instrumento para

aspirar a una igualacin de los estndares de calidad para todos los servicios

pblicos en cualquier lugar del pas. Siempre los servicios pblicos son de peor

calidad all donde la poblacin es ms pobre y tiene poca oportunidad de ejercer la

vigilancia sobre los servicios que le son ofrecidos. Este es un objetivo que slo es

posible si forma parte de una estrategia de descentralizacin de la gestin pblicaque transfiera a niveles municipales y locales la ejecucin y gestin de los

servicios directos a la poblacin.

B) Que garanticen la progresividad de los servicios pblicos.


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La Planificacin y ejecucin del gasto pblico en materia social tiene que

orientarse fundamentalmente hacia los sectores con menores posibilidades deasumir privadamente el financiamiento de los bienes pblicos. La progresividad

tiene que contribuir a disminuir el espectro abismal de diferencias que existe entre

los ciudadanos. Progresividad significa adems dar atencin a aquellos

subsistemas que son imprescindibles para la poblacin trabajadora mas pobre, es

decir, os sistemas primarios, bsicos: el ambulatorio en el barrio y el mdico

familiar en el hogar; las alternativas de profesionalizacin a nivel bsico y medio

para todos aquellos que requieren incorporarse al mercado de trabajo; el acceso a

transporte para familias numerosas en zonas de difcil acceso, entre otras,

C) Que protejan la demanda efectiva de los ciudadanos como perspectiva

para la generacin de los bienes o servicios.

La proteccin a la demanda constituye un cambio de orientacin de las polticas

sociales, pues se trata de promover una oferta de servicios a partir de los

requerimientos y demandas de los ciudadanos. La proteccin a la demanda crea

posibilidades de generar un mercado de servicios pblicos donde el ciudadano

pueda escoger entre los oferentes y donde se creen las posibilidades de competir

por brindar servicios de calidad. Este principio genera criterios para la orientacin

del gasto pblico de acuerdo a las necesidades y preferencias de los ciudadanos.

D) Que sean portadoras de criterios descentralizadores.

La formulacin de las polticas constituye un elemento propiciador para la

descentralizacin de la gestin pblica. Los niveles estratgicos de rectora queaseguren la homogeneidad de los servicios para las distintas entidades locales

deben compatibilizarse con el fortalecimiento de las redes sociales locales como

instancias ejecutoras.

E) Favorezcan la integracin entre la oferta pblica y la privada.


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La descentralizacin favorece la aparicin de nuevos oferentes locales capaces de

garantizar la calidad de servicios exigidos por la poblacin. La integracin entreoferta pblica y privada permitir ampliar la cobertura de los servicios pblicos y

brindar a la poblacin la oportunidad de escoger aquellos servicios que por calidad

y precio respondan mejor a sus requerimientos.

7. La dimensin tica de la fundacin de la Sociedad de Riesgos

Compartidos que otorga el poder a los ciudadanos.

En lneas generales podemos sintetizar el conjunto de proyectos de pas que se

debaten hoy, como opciones para fortalecer el poder redistribuidor del Estado, con

mas o menos democracia poltica: consensos, legitimidad de la oposicin,

autonoma de poderes. Estas propuestas de fondo estatista, en realidad

materializan una gran decisin poltica que el pas no ha tenido la oportunidad de

dilucidar y menos aun tomar a conciencia, mas all de la preeminencia de un

conjunto de valores y argumentos ideolgicos basados en la creencia de la

necesidad de que el Estado controle la economa, porque representa una justicia

social que no importa a los sectores empresariales. El pas necesita la oportunidad

de confrontar la opcin y asumir la decisin de trasladar el poder del Estado a los

ciudadanos.

La apropiacin de las ventajas comparativas por los venezolanos coloca, por la va

del surgimiento de una economa real atada al ejercicio de la libertad econmica,la responsabilidad de conducir al pas en sus ciudadanos. Si se libera el espacio

de construccin econmica de la sujecin pblica, indefectiblemente la

responsabilidad de construir un nuevo marco jurdico, de ejecutar las acciones que

contribuyan al bienestar colectivo, se devuelve a manos de los venezolanos:

empresarios, trabajadores, familias e individuos en general.


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Esta propuesta constituye en tal sentido la oportunidad de generar una dimensintica derivada de las responsabilidades colectivas e individuales, de los

venezolanos, de las personas consigo mismas y con los otros.

La sumisin al poder pblico, la desaparicin de la autonoma de los poderes que

pretende instaurar el gobierno de Chvez, significa la extincin de cualquier

vestigio de moralidad, de tica y con ello de respeto y solidaridad, porque no hay

decisiones, confrontaciones ni riesgos que asumir, todas estn concentradas en

manos de quienes concentran el poder poltico.

Construir la dimensin tica en una Sociedad de Riesgos Compartidos, basada

en la responsabilidad y la solidaridad es el gran reto que conlleva esta propuesta y

para ello es imprescindible crear nuevas bases para la generacin de riquezas y

tambin que los venezolanos tengan oportunidades reales de desarrollar todas

sus potencialidades en los mbitos tcnicos y humansticos.

En esta senda es necesario enfrentar el enorme peligro que implica el

acercamiento al poder intrnseco de la tasa de ganancia, ya no como una variable

controlada discrecionalmente por el poder poltico sino como un producto del

ejercicio crudo de la actividad econmica. Es quizs la prueba mas dura para una

propuesta de esta naturaleza, pues se trata en el fondo trasladar el poder a los

ciudadanos para generar riquezas, pero a la vez superponer sobre ellos una

sujecin moral que privilegie el bienestar colectivo y el respeto al otro comofundamento de la relacin social. All se constituir una verdadera oportunidad

para que las normas, los rganos defensores del pueblo: leyes, jueces, fiscales,

defensores del pueblo, congresistas, se conviertan en verdaderos contralores

ticos de la sociedad, porque ser una sociedad donde el poder estar en manos

de sus ciudadanos que han asumido un compromiso de respetar una estructura de


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deberes y derechos basada en responsabilidades reciprocas que constituyan la

verdadera base de la unidad y el consenso del pas.

por el empleo y la paz

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