ponente: secretaria: tribunal superior de...
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“2014, CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA GESTA HERÓICA DEL 27 DE FEBRERO DE 1864”.
TOCA CIVIL NÚM. . EXP. NÚM. . JUICIO: . APELANTE: PONENTE: . SECRETARIA:
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, VILLAHERMOSA, TABASCO, .
Vistos; para resolver los autos del toca civil número
, relativo al recurso de apelación interpuesto por ,
quien se inconformó con el auto dictado , por la
, Tabasco, en el JUICIO ------------------------------promovido por el
licenciado -----------------------------, cesionarios de los derechos
litigiosos y de crédito, en contra de ---------------------, por sí y como
apoderado general de -------------------------------.
R E S U L T A N D O:
10o. La ---- del conocimiento el --------------------------, dictó
auto cuyos puntos resolutivos a la letra dicen:
“…PRIMERO: Este Juzgado resultó competente para conocer del
presente Juicio. SEGUNDO: Dado el considerando segundo se DECRETA
LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA, en el presente Juicio, y se declara
extinguida la misma, más no así la acción, quedando ineficaces todas y
cada una las actuaciones practicadas en esta causa, volviendo las cosas al
estado que tenían antes de la presentación de la demanda. TERCERO: De
igual forma se le condena a los cesionarios de los derechos litigiosos y de
crédito, Ciudadanos -----------------------------al pago de los gastos y costas
ocasionados por los ciudadanos -----------------------------, (deudores y
garantes hipotecarios), -----------------------------------, por la tramitación del
presente asunto, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 91 y 92 del código de procedimientos civiles en vigor en el estado,
y que justifiquen en el incidente respectivo. CUARTO: En consecuencia de
lo anterior ARCHÍVESE DEFINITIVAMENTE, el presente juicio como asunto
concluido, anotando su baja en el libro de Gobierno que se lleva en este
Juzgado y hágase devolución a la parte actora de los documentos
presentados como base de la acción, previa identificación y constancia de
recibido que deje en autos para mayor constancia...”. Sic., a foja ---------
frente y vuelta del -------------------------.
2o. Inconforme con el auto apelado, la ---------------------------,
apoderada legal para pleitos y cobranzas de ----------------------------
---- interpuso recurso de apelación, el cual se admitió en efecto
suspensivo, formándose el toca en que se actúa y efectuado los
trámites legales correspondientes, en su oportunidad se citó a las
partes para oír resolución que hoy se pronuncia.
C O N S I D E R A N D O:
I. Esta Segunda Sala Civil es competente para conocer el
presente asunto de conformidad con los artículos 104 fracción I
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y
63 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, 350, 351 y 361 del Código de Procedimientos Civiles en
vigor en el Estado, y 25 fracción I de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, por tratarse de un recurso de apelación en
contra de una resolución del orden civil.
II. El auto recurrido en lo conducente de su considerando II a
la letra dice.
“…II. Dado el estado actual que guardan los presentes autos y con
base a la certificación secretarial que obra a foja trescientos sesenta frente
de autos, tomando en consideración que hasta la presente fecha han
transcurrido más de ciento veinte días hábiles sin que las partes
interesadas en el presente juicio promuevan impulsando el presente
procedimiento para su trámite. Respecto al argumento que realiza la
apoderada legal de los cesionarios, en el sentido de que la legislación
adjetiva aplicable lo es la abrogada, por ser esta que estaba en vigor en el
año dos mil dos. No le asiste la razón a la promovente, toda vez que el
computo de inactividad procesal que obra a foja 360 frente de autos, se
advierte que, han transcurrido más de ciento veinte días hábiles, contados a
partir del catorce de diciembre del dos mil ocho, fecha en que entraron en
vigor las reformas publicadas por decreto 103 de 8- XII-2008, que
reformaron algunos de los artículos del Código de Procedimientos Civiles en
vigor, entre los que se encuentra el articulo 150, que prevé la caducidad de
la instancia; y siendo que desde esa fecha, hasta el día de hoy, las partes
tanto la actora como los co-demandados, no han presentado promoción
alguna que tienda a impulsar el procedimiento. Configurándose de esta
manera la figura de caducidad de la instancia, desde el catorce de
diciembre de dos mil ocho, fecha en que entraron en vigor las reformas
publicadas por decreto 103 de 8- XII-2008, que reformaron algunos de los
artículos del Código de Procedimientos Civiles en vigor, entre los que se
encuentra el articulo 150, que prevé la caducidad de la instancia, la cual no
exige como requisito el emplazamiento de los demandados, para estar en
condiciones de computar los ciento veinte días. En cuanto al segundo de
sus argumentos en el sentido de que aún no han sido emplazados
todos los co-demandados, no es indispensable tal requisito, ya que con la
sola inactividad procesal en que han incurrido, las partes, razón suficiente
para decretar la caducidad de la instancia. Por otra parte, es importante
evocar lo dispuesto en el artículo 3º fracción II, del Código de
Procedimientos Civiles en Vigor, que copiado a la letra dice: “Artículo 3º.
Dirección e impulso del proceso. El Juzgador tendrá los siguientes
deberes, con independencia de los demás que señalen las leyes.... II.
Impulsar el procedimiento una vez que haya sido iniciado, sin demérito
de las facultades que la ley concede a las partes...” De cuya literalidad
se colige que el deber de impulsar el procedimiento no únicamente recae en
el órgano jurisdiccional, sino que también las partes tienen la carga de
impulsar el procedimiento, tan es así, que nuestro ordenamiento legal, prevé
como medio de extinción del proceso, la figura de la caducidad de la
instancia, el cual es un fenómeno extintivo que procede en los litigios que
estando en trámite han sido abandonados por los interesados sin instar su
curso, tal y como lo establece el artículo 150 fracción II, inciso a) del código
adjetivo civil en vigor en el estado de Tabasco, que a la letra dice:
“...Artículo 150. Extinción de la instancia. La instancia se extinguirá: a)
La caducidad de la instancia operará de pleno derecho cualquiera que
sea el estado del proceso, desde la presentación de la demanda hasta
la citación para sentencia, si transcurridos ciento veinte días hábiles
contados a partir de que no hubiere promoción de cualquiera de las
partes que tienda a impulsar el procedimiento...” Bajo esa tesitura
resulta incuestionable que las partes también tienen la carga procesal de
dar impulso al proceso, de lo contrario, no se encontraría prevista la figura
de la caducidad de la instancia, pues resultaría ilógico que si el órgano
jurisdiccional es quien únicamente debe impulsar el proceso, se le aplicara a
las partes una consecuenciacaducidad de la instancia que no es
atribuible a éstos. En efecto, el máximo tribunal de nuestro País, ha
determinado a través de jurisprudencia que el impulso del proceso por los
litigantes no es un deber, sino una carga en el sentido técnico procesal del
vocablo, carga que pesa sobre los contendientes y que consiste en la
actividad necesaria para que el proceso siga adelante a través de los
distintos estadios que lo componen y que es consecuencia del principio
dispositivo que domina el procedimiento civil ordinario, el cual se enuncia
diciendo que el ejercicio de la acción, su desarrollo a través del proceso, los
límites mismos de la acción y la propia actividad del órgano jurisdiccional, se
regulan por la voluntad de las partes contendientes. En ese orden de ideas,
el hecho de que esta autoridad no haya ordenado la continuación del
procedimiento, de ninguna manera es causa suficiente para que no se
actualice la extinción del proceso por caducidad de la instancia, pues como
se ha expuesto en líneas precedentes, la partes tienen la carga de dar
impulso al procedimiento ó en caso, si este órgano jurisdiccional de manera
oficiosa no impulsó el procedimiento, debió instarlo para que lo hiciera, so
pena de que aperara la caducidad de la instancia. Tiene relación con lo
antes expuesto, el criterio y la jurisprudencia emitida por la máxima
autoridad en nuestro País, que copiados a la letra dicen: “....CADUCIDAD
DE LA INSTANCIA. EL IMPULSO PROCESAL NO CORRESPONDE AL
JUZGADOR SINO A LAS PARTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
SINALOA). El artículo 34 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el
Estado de Sinaloa, no deja lugar a dudas cuando dispone que se tendrá por
abandonado un juicio y por perdido el derecho de las partes, si éstas no
promovieron durante un término de trescientos sesenta días naturales, y al
prever que por promoción deberá entenderse todo lo que tienda a la secuela
legal de un procedimiento, de donde se advierte la imposición de una carga
procesal para las propias partes, sin que se encuentre sujeta a condición
alguna. Esto es, tal carga que corresponde al impulso procesal de las
partes, prevalece desde la admisión de la demanda hasta que se cita el
asunto para sentencia, pues precisamente este último momento indica que
aquéllas manifestaron su interés en la secuela procesal y corresponde
únicamente al juzgador la tarea de resolver los aspectos cuestionados
mediante la sentencia respectiva. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL
DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 667/98. Vilma G. Montiel
Montiel. 2 de junio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Enriqueta del
Carmen Vega Rivera, secretaria de tribunal autorizada por el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrada. Secretaria: Ramona Manuela Campos Sauceda. Novena Época
Registro: 193345 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo : X,
Septiembre de 1999 Materia(s): Civil Tesis: XII.1o.24 C. Página: 787...” “....
CITACIÓN PARA SENTENCIA EN MATERIA MERCANTIL. ANTE LA
OMISIÓN DEL JUEZ DE DICTAR EL AUTO RESPECTIVO, LAS PARTES
TIENEN QUE EXIGÍRSELO, SO PENA DE QUE OPERE EL PLAZO PARA
LA CADUCIDAD. Conforme al artículo 1407 del Código de Comercio,
presentados los alegatos o transcurrido el término para ello, previa citación
y dentro del término de ocho días, se pronunciará la sentencia,
independientemente de que las partes lo pidan o no. Esto no significa que la
actividad de los contendientes culmina con la formulación de los alegatos,
dados los términos precisos del segundo párrafo del artículo 1076 del
mismo ordenamiento, que dispone que la caducidad de la instancia opera
de pleno derecho, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer
auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia. De esta
disposición se sigue que la carga de las partes de dar impulso al
procedimiento, so pena de que caduque la instancia, no cesa con la
formulación de los alegatos, sino que continúa en tanto el juez no dicta el
auto de citación para sentencia, de manera que si dicho funcionario no lo
emite, las partes deben exigirlo. Contradicción de tesis 68/2007-PS. Entre
las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto
Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito. 22
de agosto de 2007. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
Secretario: Miguel Bonilla López. Tesis de jurisprudencia 141/2007.
Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha
veintinueve de agosto de dos mil siete. Novena Época Registro: 171225
Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Tomo : XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Civil
Tesis: 1a./J. 141/2007 Página: 46...”. Por cuanto hace al último de los
argumentos de la apoderada legal de la parte actora, en el sentido de que el
juicio se encontraba suspendido ante el fallecimiento de una de las co-
demandadas, no le asisten la razón, ya que de la exhaustiva revisión a los
autos, se advierte que no existe proveído alguno en el sentido de ordenar la
suspensión del procedimiento. En consecuencia, se decreta de plano la
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA en los presentes autos y se declara
extinguida la misma, pero no la acción, quedando ineficaces las actuaciones
practicadas en esta causa y volviendo las cosas al estado que tenían antes
de la presentación de la demanda...”. Sic., a fojas ---- vuelta a la ---
frente del ---------------.
III. Por economía procesal, resulta innecesario la inserción
de los agravios que hace valer la licenciada -----------------------------
------, ya que consta a fojas --- a la --- del toca en que se actúa.
IV. Se califica fundado el punto primero de disenso.
PRIMERO. Aduce que la juzgadora indebidamente decretó
la caducidad al aplicar las reformas al artículo 150 publicadas por
decreto 103 de 8-XII-2008, pues dichas reformas no aplican al
procedimiento, debido a que la legislación aplicable debe ser la
del código vigente en el año 2002, ya que así lo establece el
transitorio en su artículo tercero y que a la letra dice: “Los
procedimientos judiciales que se encuentren en trámite a la
entrada en vigor de este código, continuarán substanciándose
conforme al Código anterior, hasta que se pronuncie sentencia
definitiva. La interposición, substanciación y resolución definitiva,
se sujetará a las reglas de este código”.
Explica que si el artículo tercero transitorio restringe el hecho
de que hasta que se pronuncie sentencia definitiva entrarán en
vigor las reformas hechas es de concluirse que al no haber
sentencia definitiva en este procedimiento, la legislación aplicable
debe ser el Código de Procedimientos Civiles que estaba en vigor
en el año 2002 que fue el año en que se presentó la demanda, y
en el cual no estaba contemplada la figura de la caducidad de la
instancia más que después de iniciado el emplazamiento, y
siendo que en el caso que nos ocupa no están emplazadas todas
las partes y de las que estaban se reservó su pronunciamiento si
estaba hecho correctamente, por consiguiente la a quo
indebidamente decretó esta figura aplicando el decreto 103 de
fecha 08 de diciembre de 2008, por el que se reformó el numeral
150 de la legislación procesal civil en vigor.
En efecto, de la lectura al auto apelado se advierte que la
juzgadora aplicó incorrectamente al presente asunto la
disposición del artículo 150 fracción II inciso a) del código
procesal civil, que entró en vigor el catorce de diciembre de
dos mil ocho.
Lo anterior, porque el citado numeral (150) fue reformado
mediante el decreto número 236, expedido el dieciocho de
diciembre de dos mil nueve, y publicado en el Periódico Oficial del
Estado, el veintiséis de diciembre de dos mil nueve, por lo que es
menester hacer una recapitulación de las sendas reformas que ha
sufrido el controvertido precepto, a saber:
El artículo 150, fracción II, inciso a) del Código de
Procedimientos Civiles, que entró en vigor el primero de mayo
de mil novecientos noventa y siete, dice:
“…ARTÍCULO 150.- Extinción de la
instancia. La instancia se extinguirá:
…II. Por caducidad de la instancia.
En este caso se aplicarán las reglas
siguientes:
a) La caducidad de la instancia
operará de pleno derecho cualquiera que
sea el estado del proceso, desde el
emplazamiento hasta la citación para la
sentencia, si transcurridos ciento veinte
días hábiles contados a partir de que
haya surtido efectos la notificación de la
última determinación judicial, no hubiere
promoción de cualquiera de las partes
que tienda a impulsar el
procedimiento...”.
Este ordenamiento legal fue reformado mediante el decreto
103, publicado en el suplemento 6915 E del Periódico Oficial del
Gobierno del Estado, el trece de diciembre de dos mil ocho,
quedando a la vez, reformado en los términos siguientes:
“…ARTÍCULO 150. Extinción de la
Instancia.
…..II.-
a).- La caducidad de la instancia
operará de pleno derecho cualquiera que
sea el estado del proceso, desde el primer
auto que se dicte en el mismo, hasta la
citación para sentencia, si transcurridos
ciento veinte días hábiles contados a
partir de que haya surtido efectos la
notificación de la última determinación
judicial, no hubiere promoción de
cualquiera de las partes que tienda a
impulsar el procedimiento…”.
Esta reforma se aprecia en el sentido que la caducidad
de la instancia opera de pleno derecho en cualquier estado del
proceso desde el primer auto que se dicte en el mismo, es
decir, ya no se exige que sea a partir del emplazamiento como
anteriormente lo establecía este artículo.
Acorde con el artículo primero transitorio de la citada
reforma, el decretó entró en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, por lo que tomando
en cuenta que su publicación se hizo el trece de diciembre de
dos mil ocho, se advierte que entró en vigor el catorce de
diciembre de ese mismo año. Asimismo, su artículo segundo
transitorio dispone que se derogan las disposiciones legales que
se oponga al presente decreto.
Posteriormente, el veintiséis de diciembre de dos mil
nueve, a través del suplemento 7023 BB del Periódico Oficial de
Gobierno, se publicó el Decreto 236 que publica una nueva
reforma del artículo 150 fracción II, inciso a) del Código de
Procedimientos Civiles en vigor, quedando de la siguiente
manera:
“…ARTÍCULO 150.
Fracción II.-
a).- La caducidad de la instancia
operará de pleno derecho cualquiera que
sea el estado del proceso, desde la
presentación de la demanda hasta la citación
para sentencia, si transcurridos ciento
veinte días hábiles contados a partir de
que no hubiere promoción de cualquiera
de las partes que tienda a impulsar el
procedimiento...”.
Se colige que el citado artículo fue modificado para precisar
que la caducidad de la instancia opera de pleno derecho en
cualquier estado del proceso, desde la presentación de la demanda
hasta la citación para sentencia, es decir, se específica que la
caducidad de la instancia opera desde la misma presentación de la
demanda a diferencia de la reforma anterior que establecía como
directriz para el cómputo de la caducidad de la instancia, a partir del
primer auto que se dictara en el proceso.
El artículo primero transitorio de este decreto, entró en vigor a
los treinta días siguientes a su publicación en el Periódico Oficial del
Estado, por lo que tomando en cuenta que el aludido decreto fue
publicado el veintiséis de diciembre de dos mil nueve, tenemos que
entró en vigor el veinticinco de enero de dos mil diez.
Y en su segundo punto transitorio establece que la aludida
reforma podrá aplicarse a todos aquellos procedimientos que se
hubieren iniciado con seis meses de anterioridad a la entrada en
vigor de ese decreto.
Con la ilustración anterior, asiste la razón a la disidente
al alegar que el código procesal civil que regula la
presente litis, es el reformado el primero de mayo de mil
novecientos noventa y siete, mismo que se encontraba
vigente al momento de la presentación de la demanda,
es decir el veintinueve de abril de dos mil dos,
mismo que en su artículo 150, fracción II, inciso a), contemplada la
figura de la caducidad de la instancia desde el emplazamiento hasta
la citación para la sentencia, tal y como lo indica -----------.
Bajo ese contexto, es evidente que la determinación de la
juzgadora de fundar su determinación acorde a lo establecido en
el artículo 150 de la legislación procesal civil, reformado por
decreto 103 de ocho de diciembre de dos mil ocho, que prevé
la caducidad de la instancia, sin exigir como requisito el
emplazamiento de los demandados, para estar en condiciones de
computar los ciento veinte días, no resulta aplicable al presente
asunto, pues si bien es cierto la a quo sostuvo que, con base a la
certificación secretarial que obra a foja --------------frente de
autos, hasta la presente fecha han transcurrido más de ciento
veinte días hábiles sin que las partes interesadas en el juicio
promuevan impulsando el presente procedimiento para su trámite,
además que no asiste la razón a la apoderada legal de los
cesionarios, en el sentido de que la legislación adjetiva aplicable
lo es la abrogada, por ser esta que estaba en vigor en el año dos
mil dos, toda vez que el cómputo de inactividad procesal, se
advierte que han transcurrido más de ciento veinte días hábiles,
contados a partir del catorce de diciembre del dos mil ocho,
fecha en que entraron en vigor las reformas publicadas por
decreto 103 de ocho de diciembre de dos mil ocho, que
reformaron algunos de los artículos del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, entre los que se encuentra el artículo 150, que
prevé la caducidad de la instancia.
No menos cierto es, que acorde a lo previsto en el artículo
12 del Código de Procedimientos Civiles en vigor, salvo
disposición legal expresa, las normas procesales entrarán en
vigor a los sesenta días de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado y se aplicarán a los procedimientos
judiciales en trámite. Esta aplicación no podrá afectar en ningún
caso las facultades o los derechos adquiridos por las partes en
el curso de los procedimientos, ni a los actos procesales
iniciados o consumados bajo la vigencia de la ley anterior, ni
a las consecuencias jurídicas que deriven directamente de tales
actos.
En consecuencia, las nuevas normas procesales no
regirán para los incidentes y recursos que ya se hubiesen
interpuesto, ni para los trámites, audiencias, diligencias o
plazos que ya se hubiesen iniciado o tuviesen un principio de
ejecución antes de su entrada en vigor, los cuales se
sujetarán a las normas precedentes.
Por lo anterior, es evidente que el artículo 150 de la
legislación en comento, reformado por decreto 103 de ocho de
diciembre de dos mil ocho, no es aplicable a los derechos
adquiridos por las partes en el curso de los procedimientos, ni a
los actos procesales iniciados o consumados bajo la
vigencia de la ley anterior, ni a las consecuencias jurídicas que
deriven directamente de tales actos, al existir disposición expresa
en el artículo segundo transitorio del multicitado decreto, mismo
que entró en vigor el catorce de diciembre de ese mismo año,
estableciéndose que la aludida reforma podrá aplicarse a todos
aquellos procedimientos que se hubieren INICIADO con seis
meses de anterioridad a la entrada en vigor de ese decreto,
es decir los iniciados el catorce de julio de dos mil ocho.
Siendo evidente, del auto de inicio legibles a fojas
cincuenta y cinco a cincuenta y ocho del principal, que este juicio -
------------------ que se revisa, fue ------------- el ----------------------, por
lo que al momento de la reforma, este ya tenía más de --------------
---------- (dos de mayo de dos mil dos), de ahí que no pueda
aplicarse esta norma en términos del numeral 12 de la legislación
procesal civil aplicable, vulnerando la garantía de legalidad y
seguridad jurídica de las partes.
De tal manera, que aún cuando la fecha de la certificación
ya había trascurrido más de ciento veinte días sin que las partes
impulsaran el procedimiento, dado la temporalidad de la norma, al
existir disposición expresa en el artículo segundo transitorio,
respecto a que la reforma al numeral 150 de la codificación en
consulta, reformado por decreto 103 de ocho de diciembre de dos
mil ocho, podrá aplicarse a todos aquellos procedimientos que se
hubieren INICIADO con seis meses de anterioridad a la
entrada en vigor de ese decreto, se reitera que esta norma no
puede aplicarse al caso que nos ocupa.
En ese sentido, asiste razón a -------------- al indicar que en
el presente asunto no opera la caducidad de la instancia, por las
siguientes razones.
El artículo 150 fracción II, inciso a) del Código de
Procedimientos Civiles, que entró en vigor el primero de mayo de
mil novecientos noventa y siete, prevé que la caducidad de la
instancia operará de pleno derecho cualquiera que sea el estado
del proceso, desde el emplazamiento hasta la citación para la
sentencia, si transcurridos ciento veinte días hábiles contados a
partir de que haya surtido efectos la notificación de la última
determinación judicial, no hubiere promoción de cualquiera de las
partes que tienda a impulsar el procedimiento.
Del precepto legal de mérito, se infiere que la perención de
referencia, únicamente opera hasta que se encuentre emplazada
a juicio la parte --------------------, por lo que si son varios los
demandados es lógico que deban estar todos emplazados, dado
que dicha figura constituye una sanción por inactividad procesal
de las partes; por tanto, es incorrecto que la jueza determinara la
caducidad de la instancia cuando aún no ha sido emplazada a
juicio uno de los demandados, en específico ---------------------------,
quien falleció el ----------------------, como se advierte del acta de
defunción visible a foja ---------------------------, tan es así que
mediante punto primero del auto de -------------------, legibles a
folios -------------------, se declaró nula la diligencia de notificación
de emplazamiento efectuada a la extinta a través del -----------------
------, al no constituirse la relación jurídico procesal entre ------------
-------, es decir que no quedó entablada en forma alguna la litis,
puesto que la sucesión no está en condiciones de proveer por
medio de su representante a la defensa de los intereses.
Aduciendo la --------------, que uno de los deberes jurídicos
del albacea es deducir todas las acciones que pertenecen al autor
de la herencia y que no se hayan extinguido por su muerte, la
defensa en juicio, representar a la sucesión en todos los casos
que hubiere de promoverse en su nombre o que se promovieran
contra ella, tal y como lo establece el numeral 1781 fracciones
VIII, IX y X del Código Civil aplicable.
Sin que obste, que mediante punto -----------del escrito de ----
-------------, legibles a fojas ---------------------- del principal, la
licenciada -----------------------, señaló que sus representados
promovieron juicio sucesorio intestamentario ante el -----------------,
anexando copias fotostáticas simples del auto de inicio dictado ----
---------------------------del juzgado de referencia.
De tal manera, que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 150 de la legislación procesal civil de primero de mayo de
mil novecientos noventa y siete, la caducidad es una sanción
procesal que se actualiza por el transcurso del tiempo, siempre y
cuando las partes no impulsen la secuela procesal. Ahora bien,
cuando la inactividad procesal obedece a que está pendiente de
ser emplazada la parte demandada, lógica y jurídicamente el
término a que alude la ley de la materia para que se actualice la
figura jurídica en comento, no puede correr dicho término, al ser el
emplazamiento una actuación cuya verificación corresponde
vigilar al órgano jurisdiccional y no a las partes.
Ilustra lo anterior, la tesis aislada, visible en la Novena
Época, con número de Registro: 176373, emitida por los
Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Tesis:
XX.1º.194 C, Materia (s): Civil, Página: 2335, titulada:
“…CADUCIDAD DE LA INSTANCIA
EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. NO SE
ACTUALIZA CUANDO LA PARTE
DEMANDADA NO HA SIDO EMPLAZADA A
JUICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
CHIAPAS)…”.
Así también, la tesis aislada, visible en la Novena Época,
con número de Registro: 167028, emitida por los Tribunales
Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Julio de 2009, Tesis:
III.5º.C.152 C, Materia (s): Civil, Página: 1865, bajo el rubro y
texto siguiente:
“…CADUCIDAD DE LA INSTANCIA.
EMPIEZA A CORRER EL PLAZO CUANDO
SE HA EMPLAZADO A JUICIO A TODOS
LOS DEMANDADOS (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE JALISCO).
El artículo 29 bis del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de
Jalisco, establece textualmente que la
caducidad operará desde el
emplazamiento hasta antes de citación
para sentencia, por lo que si son varios
los demandados, es lógico que deben
estar todos emplazados para que empiece
a correr el plazo para la perención, ya que
estimar lo contrario implicaría distinguir
donde la ley no lo hace…”.
En las condiciones anotadas, es evidente que existen
agravios que resarcir a la apelante, dado que de la revisión a los
autos no existe ninguna actuación judicial que evidencie que la
sucesión intestamentaria de -----------------------, haya sido
legalmente emplazada a juicio, razón por la cual este ----------------
-------, considera necesario revocar el fallo apelado, e insta a la
juzgadora para que continúe con la secuela procesal hasta su
conclusión, al no actualizarse la caducidad de la instancia.
Consecuentemente, se deja sin efecto la certificación
secretarial de dos de enero de dos mil catorce y su respectivo
auto, legible a foja trescientos sesenta del principal.
Resulta innecesario el análisis de los puntos segundo y
tercero de los motivos de disensos, pues se insiste que en el
presente asunto no ha operado la caducidad de la instancia.
Por lo anteriormente expuesto, fundado y, de conformidad
con el artículo 351 del Código de Procedimientos Civiles en vigor
en el Estado, se:
R E S U E L V E:
PRIMERO. Esta ------------------- resultó competente para
conocer y resolver el presente recurso de apelación.
SEGUNDO. Resultó fundado el punto primero de agravios,
e innecesario el estudio de los diversos segundo y tercero de
disensos expuestos por -----------------------------.
TERCERO. Se REVOCA el auto dictado el ----------------------, por
la -------------------------------, en el JUICIO ESPECIAL ------------------
----------, promovido por ------------------------, seguido actualmente
por los ciudadanos -----------------------, en contra de --------------------
-------por sí y como apoderado general de -----------------------
deudores y garantes ---------------, y como garantes -------------------
-----------------------.
CUARTO. Por las consideraciones vertidas en esta
resolución, se insta a la ---------------- para que continúe con la
secuela procesal hasta su conclusión, al no operar la figura de
la caducidad de la instancia, y en consecuencia se deja sin
efecto la certificación secretarial de -------------------- y su
respectivo auto, legible a foja ------------------.
QUINTO. Notifíquese personalmente esta resolución, de
conformidad con el artículo 133 del Código de Procedimientos
Civiles en vigor, y con copia autorizada de la misma, devuélvase
el expediente principal al juzgado de su procedencia y en su
oportunidad, archívese el presente toca como asunto concluido.
C Ú M P L A S E:
ASÍ LO RESOLVIERON Y FIRMAN POR UNANIMIDAD DE
VOTOS LOS CIUDADANOS LICENCIADOS -----------------------, ---
--------------------- QUE INTEGRAN -------------------- DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, SIENDO -------------------
----------, ANTE -------------------------------, SECRETARIA DE
ACUERDOS DE LA SALA QUE AUTORIZA Y DA FE.
ESTA RESOLUCIÓN SE PUBLICÓ EN LA LISTA DE
ACUERDOS DE FECHA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -CONSTE:-