Políticas para frenar el

cambio climático

Documento de divulgación de Amigos de la Tierra España elborado por José Santamarta

Índice 1. El Protocolo de Kioto

1.1. Mecanismos de “desarrollo limpio” y cooperación internacional. La problemática del comercio de emisiones 1.2. COP6 1.3. Ratificación del Protocolo de Kioto 1.4. Intercambio de emisiones y las iniciativas de aplicación conjunta (Joint Implementation, JI) 1.5. Sumideros 1.6. Mecanismo de desarrollo limpio (CDM) 1.7. Transporte aéreo y marítimo internacional 1.8. Energía nuclear 1.9. Instituciones financieras internacionales 1.10. Cumplimiento 1.11. Programa de Educación Ciudadana 1.12. Referencias

2. Evolución de las emisiones de gases de invernadero en España

2.1. Introducción 2. 2. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España 2. 3. Emisiones de metano (CH4) en España 2.4. Emisiones de óxido nitroso (N2O) en España 2.5. Emisiones de compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) en España 2.6. Emisiones de compuestos perfluorocarbonados (PFC) en España 2.7. Emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6) 2.8. Emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España 3. Políticas para el cambio climático

3.1. De Kioto a La Haya 3.2. Ante el cambio climático, reducción del CO2 y otros gases de invernadero 3.3. Necesidad de un cambio de rumbo 3.4. Plan alternativo 3.5. Política de transportes 3.6. Ahorro y eficiencia

3.7. Energías renovables 3.7.1. Energía solar térmica 3.7.2. Energía solar fotovoltaica 3.7.3. Hidráulica 3.7.4. Energía eólica 3.7.5. Energía geotérmica 3.7.6. Biomasa 3.7.7. Hidrógeno 3.8. Empleo en el sector energético 3.9. Referencias

1. El Protocolo de Kioto 1.1. Mecanismos de “desarrollo limpio” y cooperación internacional. La problemática del comercio de emisiones El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997 concluyó con la adopción de un protocolo de reducción de emisiones de gases de invernadero por los 39 países industrializados, incluidos los de la antigua URSS. El compromiso, que se encuentra en un difícil periodo de ratificación, obliga a limitar las emisiones conjuntas de seis gases (CO2, CH4, N2O, compuestos perfluorocarbonados (PFC), compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y hexafluoruro de azufre) respecto al año base de 1990 para los tres primeros gases y 1995 para los otros tres, durante el periodo 2008-2012, en proporciones diferentes según el país: reducción de un 8% para el conjunto de la Unión Europea, un 7% para EE UU y un 6% para Japón. Ucrania, la Federación Rusa y Nueva Zelanda se comprometen a mantener sus emisiones de 1990. En conjunto la reducción global acordada es de un 5,2% para los países industrializados.

El Protocolo no obliga en una primera fase a los países en desarrollo, dadas sus reducidas emisiones por habitante. Los países industrializados, con el 20% de la población mundial, son responsables de más del 60% de las emisiones actuales, y de la práctica totalidad de las emisiones históricas, y a pesar de estos hechos incuestionables, EE UU, Australia y Japón condicionan la ratificación del Protocolo a la asunción de compromisos por parte de China (el segundo emisor mundial) y otros países en desarrollo, contradiciendo el llamado Mandato de Berlín, alcanzado en la COP1 en 1995. El Protocolo de Kioto ha sido firmado por 84 partes, aunque sólo lo han ratificado 22 partes (julio de 2000), y según la mayoría de los científicos del IPCC, incluido Bert Bolin, es un paso totalmente insuficiente para evitar el cambio climático aún en el caso de aplicarse de forma estricta, pero incluso este mínimo compromiso se ve amenazado por los “detalles” de la aplicación y el desarrollo de algunos instrumentos del protocolo en la 6ª Conferencia de las Partes (COP6) en La Haya en noviembre de 2000, como el mecanismo de desarrollo limpio (CDM) de cooperación de los países industrializados con los países en desarrollo (artículo 12 del Protocolo), los sumideros (art. 3.3, 3.4 y 3.7), el intercambio de emisiones y las iniciativas de aplicación conjunta (Joint Implementation, JI y AIJ) entre países industrializados (art. 17).

El año base se compone de las emisiones de 1990 de CO2, CH4 y N2O, y las emisiones de 1995 de los compuestos perfluorocarbonados (PFC), compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y hexafluoruro de azufre). Al considerar como año base 1995 para los gases PFC, HFC y SF6, en vez de 1990, según el artículo 3.8 del Protocolo de Kioto, las emisiones del año base de los países del Anexo I aumentan en un 1%, que es uno más de los varios agujeros pensados para aminorar el esfuerzo doméstico. Los agujeros igualan o superan a las reducciones requeridas en el marco del protocolo, y podrían permitir a los países industrializados cumplir sus compromisos sin apenas acciones en sus propios países.

1.2. COP6 La 6ª Conferencia de las Partes del Convenio Marco sobre Cambio Climático tendrá lugar en La Haya (Holanda), entre el 13 y el 24 de noviembre de 2000. La COP1 tuvo lugar en Berlín en 1995, y desde entonces la COP tiene lugar todos los años. El Convenio Marco sobre Cambio Climático se aprobó en 1992 en Río de Janeiro, y ha sido firmado y ratificado por 181 países; el Protocolo de Kioto, que desarrolla el Convenio, se aprobó en 1997. La COP6 de La Haya en noviembre de 2000 debe aprobar los principios, modalidades, reglas y guías de los llamados Mecanismos del Protocolo: comercio de emisiones, las iniciativas de aplicación conjunta (Joint Implementation, JI) y el mecanismo de desarrollo limpio (CDM). Estos tres mecanismos pretender aumentar la flexibilidad y reducir los costes de reducción de las emisiones. Igualmente debe adoptar un sistema que regule el cumplimiento del Protocolo, la transferencia de tecnología y formación a los países en desarrollo, y también se abordará la polémica cuestión de los sumideros (el crecimiento de la vegetación absorbe carbono de la atmósfera). Los países en desarrollo son los más vulnerables al cambio climático, y requieren asistencia para adaptarse a éste. Los acuerdos a aprobar son complejos y difíciles, y las posiciones de las diversas partes están muy alejadas, por lo que cabe esperar una dura negociación, con resultados impredecibles. Los intereses en juego son enormes. La industria nuclear pretende incluirla como una alternativa, y las multinacionales del petróleo y otros combustibles fósiles tratan de frenar cualquier acuerdo que vaya contra sus intereses, al igual que los países productores de combustibles fósiles. EE UU, junto con sus aliados (Japón, Canadá y Australia, entre otros), trata de agrandar los agujeros, para evitar cualquier reducción en sus propios países, y pretende que los países en desarrollo se comprometan a reducir sus emisiones, lo que va contra la equidad, el llamado Mandato de Berlín, y el espíritu y la letra del Protocolo. Rusia y Ucrania pretenden vender el llamado aire caliente a EE UU y otros países del Anexo I, y están más interesadas por los posibles ingresos que por el propio cambio climático y sus repercusiones. La Unión Europea tiene, en general, las posiciones más avanzadas entre los países del Anexo I, gracias a la presión de la opinión pública europea. Por lo que se refiere a los países en desarrollo, éstos rechazan cualquier medida que pueda impedir su desarrollo, ven con preocupación las repercusiones en sus países y en algunos casos tratan de obtener fuentes adicionales de capital a través del CDM. En La Haya, como ya sucedió en Kioto, si hay acuerdo este se alcanzará en el último minuto, y tras una dura negociación. La sociedad civil debe movilizarse, pues de otra manera acabarán prevaleciendo los intereses de las grandes multinacionales, responsables de buena parte de las emisiones de gases de invernadero, que ejercen y tienen un gran poder sobre los gobiernos.

1.3. Ratificación del Protocolo de Kioto Para que el Protocolo de Kioto entre en vigor debe ser ratificado por un número suficiente de países, que en conjunto sean responsables del 55% de las emisiones. Dada la mayoría republicana en el Congreso y en el Senado de EE UU, y su oposición a la ratificación, ésta no está ni mucho menos asegurada. Estados Unidos, con el 36,1 de las emisiones en 1990 de los países del Anexo I, en la práctica tiene poder de veto, más cuando cuenta con la complicidad de otros países, como Japón y Australia, e incluso Rusia (17,4 de la emisiones en 1990).

El CAN, que agrupa a las más importantes organizaciones ecologistas internacionales (284 ONG con más de 10 millones de socios en todos los continentes, entre ellas el WWF, FOEI y Greenpeace), ha solicitado que a más tardar el Protocolo de Kioto entre en vigor en el año 2002, coincidiendo con la Cumbre Río+10. La COP6, en noviembre de 2000 en La Haya, debería aprobar las reglas de aplicación del Protocolo de Kioto. Lo deseable sería que los objetivos del compromiso cuantificado de limitación o reducción de las emisiones de los gases de invernadero de los países del Anexo B del Protocolo se alcanzasen, sobre todo, merced a políticas domésticas. Varios países, y en especial EE UU, hacen hincapié en las llamadas medidas o mecanismos de flexibilidad, e incluso plantean la posibilidad de “tomar prestadas” emisiones futuras, todo antes de plantearse seriamente programas domésticos de reducción de emisiones, lo que muy probablemente supondría, entre otras políticas, una nueva fiscalidad ecológica. Los procesos futuros de revisión del Protocolo deben basarse en el trabajo científico del IPCC, y no en los intereses particulares de unas pocas grandes multinacionales. La COP7 debería realizar la Tercera Revisión de la Idoneidad de los Compromisos, basándose en el Tercer Informe del IPCC, y en el artículo 4.2 d del Convenio Marco de Cambio Climático. La Segunda Revisión de la Idoneidad de los Compromisos debe mostrar que los objetivos de las Partes del Anexo I son completamente insuficientes. El fin del Convenio y el Protocolo es evitar un cambio climático de proporciones desastrosas, y a tal fin deberán revisarse los más que modestos objetivos alcanzados en Kioto. Porque aún cumpliendo los objetivos del Protocolo sin valerse de los agujeros, éstos son totalmente insuficientes. Según el CAN, para evitar que el cambio climático alcance límites peligrosos, hacen falta dos condiciones: A. Un presupuesto del carbono con bases científicas. ¿Cuánto más CO2 se puede emitir? B. Un sistema de distribución que reparta equitativamente las emisiones de CO2 entre todos los países.

Ambas condiciones requieren tanto una sólida base científica como un consenso político. La COP5 de Bonn fue una oportunidad perdida. El comercio de emisiones carece de toda equidad, al permitir emitir más gases de invernadero a los países más ricos y auténticos responsables de la situación actual.

Los mecanismos de flexibilidad sólo serán una opción válida si benefician al medio ambiente, se basan en estudios rigurosos, promueven la eficiencia energética y las energías renovables, no van contra la equidad y si son transparentes y verificables por entidades independientes, y no meros agujeros para que los mayores emisores por habitante contaminen aún más. 1.4. Intercambio de emisiones y las iniciativas de aplicación conjunta (Joint Implementation, JI) La Unión Europea, según la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), no logrará cumplir los compromisos adquiridos en Kioto, pues las emisiones aumentarán un 6% entre 1990 y 2010, y no se recortarán el 8%. Según la AEMA entre 1990 y 1996 la UE en su conjunto sólo redujo sus emisiones de CO2 en un 1%, pero tal cifra palidece ante el enorme aumento del 27% registrado en España entre 1990 y 1999, que en el sector energético llegan al 31%.

Para el conjunto de los países del Anexo B de la OCDE se prevé que las emisiones crezcan un 16% entre 1999 y 2010, mientras que Rusia, Ucrania y los países del antiguo bloque oriental disminuirán sus emisiones en un 12% para el 2010 respecto a 1990. Estas previsiones significan que los países de la OCDE deberán reducir sus emisiones anualmente en 770 millones de toneladas de carbono equivalente, mientras que el antiguo bloque soviético tendrá un exceso anual de 150 millones de toneladas de carbono en el año 2010, lo que se conoce como “aire caliente” (hot air), regulado por el artículo 17 del protocolo de Kioto.

Los llamados agujeros hoy en proceso de negociación permitirán a los países de la OCDE comprar los 150 millones de toneladas de carbono equivalente de “aire caliente” (hot air), cifra igual al 4,3% de las emisiones de 1990 de la OCDE. Junto con otros agujeros, el esfuerzo que deberían hacer los países de la OCDE para cumplir sus compromisos quedaría limitado a 530 millones de toneladas de carbono anuales. Si se tienen en cuenta la totalidad de los agujeros en curso de negociación, podría darse la paradoja de que los países de la OCDE no tuviesen que realizar ningún esfuerzo doméstico de reducción de emisiones, e incluso podrían aumentarlas en un 15%. Un requisito mínimo para que a un país se le permita adquirir o transferir partes de las cantidades asignadas es que cumpla los artículos 5 y 7 del Protocolo (un sistema fiable de contabilidad de las emisiones de todos los gases de invernadero), y que lo haya ratificado. Sólo los proyectos ambientalmente sostenibles, en conformidad con el artículo 4.5 del Convenio y el Artículo 2.1 (iv) del Protocolo, deben ser admitidos, excluyendo a la energía nuclear, el carbón y las grandes centrales hidroeléctricas En general se debe dar prioridad a los proyectos a pequeña escala de energías renovables sobre los basados en el gas natural (centrales de ciclo combinado). Los créditos de CO2 deben calcularse teniendo en cuenta la reducción de las emisiones por unidad de energía producida. Se debe cobrar una pequeña cantidad por toda transacción en el marco del Protocolo para ayudar a evitar la desventaja competitiva del mecanismo de desarrollo limpio, así como para promover los proyectos en los países menos desarrollados del Anexo B.

Tanto o más importante es definir rigurosamente, cuantificar y verificar el papel “complementario” del comercio de emisiones y de las iniciativas de aplicación conjunta, continuación de un programa piloto, poniendo un tope máximo al uso de los mecanismos de flexibilidad. Se debe evitar en todo caso que las emisiones totales no superen a las que se habrían producido en caso de no existir los mecanismos de flexibilidad. Los proyectos JI (Joint Implementation), a los que se refiere el artículo 6 del Protocolo, deben cumplir los mismos requisitos que el CDM, y se debe asegurar el acceso a la información sobre sus fines y resultados, así como algún mecanismo sancionador para los incumplimientos. En teoría la JI es una forma más económica de reducir las emisiones dentro del conjunto de los países del Anexo I, pues es evidente que ciertos países (y empresas) pueden reducir sus emisiones de forma más económica que otros. La suma total de las cantidades de emisiones evitadas o intercambiadas entre los países del Anexo I es cero, a diferencia del CDM. Los proyectos deben cumplir la cláusula de adicionalidad: sólo cuentan las reducciones de emisiones que son adicionales a las que se habrían alcanzado de no existir los proyectos, ya sean en el marco de la JI (países del Anexo I, suma cero) o del CDM (entre países del Anexo I, que se adjudican las emisiones evitadas, y los que no lo son, normalmente del mundo en desarrollo, sin ningún compromiso de frenar sus emisiones). En el marco del artículo 6 los proyectos de la JI emplean las llamadas Unidades de Reducción de Emisiones (ERUs en inglés), mientras que el CDM emplea los Certificados de Reducción de Emisiones (CERs). Además la financiación de los proyectos también debe ser adicional. Hoy no hay ningún acuerdo internacional sobre los métodos para determinar la adicionalidad. 1.5. Sumideros Los artículos 3.3 y 3.4 del Protocolo de Kioto regulan el papel de los sumideros, la forestación, reforestación y deforestación y los cambios del uso de la tierra (LUCF en inglés). Estas actividades son tanto fuentes de emisión como de sumideros de los gases de invernadero, y tienen un importante y complejo papel en el clima y en la equidad social. Cada tonelada de dióxido de carbono (CO2) absorbida por los bosques permitiría emitir otra tonelada adicional de CO2. Según el criterio que se adopte en la COP6 (6ª Conferencia de las Partes), los sumideros absorberían de 30 a 200 millones de toneladas de carbono, lo que reduciría el esfuerzo de la OCDE de 500 a 330 millones. El concepto de sumideros se presta a todo tipo de interpretaciones, y algunas podrían afectar negativamente a la diversidad biológica, y otras podrían tener un efecto más que dudoso en la absorción de carbono. Se debe prohibir la sustitución de los bosques naturales, viejos y/o autóctonos por plantaciones que tengan como fin actuar de sumideros del carbono atmosférico, en el marco de proyectos de la JI, el CDM o el cumplimiento de las obligaciones de los países del Anexo B.

Muchos países, así como el CAN, proponen excluir las actividades adicionales relacionadas con los sumideros (artículo 3.4) en el primer periodo de compromisos (1990-2010), y sobre todo deben ser excluidos del CDM, pues el artículo 12 del Protocolo habla claramente sólo de reducción de emisiones. El papel de los sumideros, y su inclusión en los mecanismos de flexibilidad, es más que discutible, porque un incendio forestal de una plantación de eucaliptos, por poner un ejemplo, liberaría todo el carbono acumulado, y por lo tanto sus beneficios en término de reducción de emisiones no siempre están claros, por no hablar de otros problemas (comunidades locales, biodiversidad, ciclo hidrológico), o las posibilidades que se abren a todo tipo de fraudes de superficies plantadas o carbono retirado. Las actividades forestales y de cambios de uso de la tierra no deben degradar ni destruir ecosistemas, y deben tener en cuenta a otros convenios internacionales, como el de Diversidad Biológica, de Zonas Húmedas y Desertificación.

1.6. Mecanismo de desarrollo limpio (CDM) El llamado “mecanismo de desarrollo limpio” (CDM en inglés) permitirá a los países industrializados disminuir sus esfuerzos domésticos de reducción de emisiones merced a las actividades realizadas en los países en desarrollo. El artículo 12 del Protocolo de Kioto define las características del mecanismo de desarrollo limpio, cuyo propósito declarado es “ayudar a las Partes no incluidas en el Anexo I a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a las Partes incluidas en el Anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones”.

El CDM se originó a partir de una propuesta de Brasil en la COP3, y en teoría podía beneficiar tanto a los países industrializados del Anexo I, que podrían cumplir sus compromisos con un coste menor, como a los países en desarrollo, que obtendrían financiación, en teoría adicional, para proyectos que contribuyen a aumentar la eficiencia energética y la participación de las energías renovables.

El mecanismo de desarrollo limpio podría, y debería, servir para ayudar a los países en desarrollo a alcanzar un desarrollo sostenible con equidad, dando prioridad a la mejora de la eficiencia energética, a las energías renovables y al transporte colectivo. Sin embargo, algunos países proponen incluir la energía nuclear, el carbón “limpio”, las grandes centrales hidroeléctricas y los sumideros, como las plantaciones de eucaliptos, lo que según el CAN va en contra de la equidad y la sostenibilidad. El 10% de los fondos del CDM se debe destinar a proyectos de adaptación al cambio climático en los países en desarrollo más vulnerables, como los pertenecientes a la “Alianza de Pequeñas islas Estados” (AOSIS en inglés), que en algunos casos incluso podrían desaparecer a causa de la subida del nivel del mar. La financiación de los proyectos de adaptación se basa en le principio de que el que contamina, paga, y los países del Anexo I son los causantes gran parte de la contaminación.

El mercado potencial de emisiones en el marco del “mecanismo de desarrollo limpio” es enorme, y se habla incluso de cientos de millones de toneladas anuales de carbono, aún sin incluir las actividades forestales y de cambios de uso del suelo, los llamados sumideros. Actualmente se habla de unos 200 millones de toneladas anuales de carbono, lo que, junto con otros mecanismos, reduciría el esfuerzo doméstico de los países de la OCDE a poco más de 100 millones de toneladas anuales de carbono para el año 2010. Pero si se permite incluir los proyectos forestales en el CDM, los créditos disponibles podrían llegar a unos 700 millones de toneladas anuales de carbono, lo que haría innecesario cualquier esfuerzo doméstico de reducción de las emisiones de gases de invernadero en los países industrializados. Los proyectos CDM deben tomar en consideración las realidades culturales, sociales y ambientales de los países implicados, y deberían contribuir a la sostenibilidad y a la reducción de las amenazas del cambio climático. El CDM abre un gran agujero potencial en el Protocolo, al permitir que los países del Anexo B del Protocolo no reduzcan sus emisiones domésticas, pero también plantea posibilidades interesantes para los países en desarrollo y para las energías renovables y otras tecnologías sostenibles.

El CDM permite a los países industrializados del Anexo B reducir sus compromisos de reducción de emisiones, pero no obliga a nada a los países en desarrollo o no pertenecientes al Anexo B, por lo que su impacto en las emisiones totales es más que discutible, al no haber ninguna “adicionalidad” sobre lo que habría ocurrido sin el CDM, siendo el único mecanismo de flexibilidad que abre tal posibilidad. Antes de que comience a funcionar, las Partes deben establecer unos criterios claros y un organismo fuerte que regule todo el proceso, y se debe exigir la ratificación del Protocolo de Kioto como un prerrequisito básico para que un país pueda participar en el CDM, ya sea comprando o vendiendo Certificados de Reducción de Emisiones (CERs en inglés). También se debe poner un tope o un límite a los CERs, cuanto más bajo mejor (un 1% del total de los objetivos de los países del Anexo I, por ejemplo), evitando que sirva para que los países ricos no hagan sus tareas, reduciendo sus emisiones, pues al fin y al cabo este es el objetivo de EE UU y otros países del Anexo B del Protocolo. Se debe establecer un registro internacional de todas las transacciones de CERs, evitando los posibles fraudes, y una clara metodología contable. Todos los proyectos CDM deben ser descritos en los informes nacionales, y sólo se deben contabilizar una vez realizados, y no antes, pues un proyecto puede fracasar, y no se obtendría ninguna reducción de las emisiones. Entre los muchos puntos objeto de debate están la inclusión en el CDM de los biocombustibles, y sobre todo los sumideros. No obstante, un desarrollo adecuado del CDM podría tener grandes efectos beneficiosos, aprovechando las vías que abre el artículo 12 del Protocolo. ¿Qué hace falta? Control, transparencia, participación y beneficio para las comunidades locales, transferencia de las tecnologías realmente sostenibles, y adaptación de éstas a los países en desarrollo, sirviendo también, y sobre todo, a los 2.000 millones de pobres de las zonas rurales que carecen de electricidad y otros servicios energéticos. Una propuesta interesante es crear un proceso de certificación de los proyectos CDM, y de “certificación de los certificadores”, para asegurarse de sus beneficios sociales, ambientales y económicos. La energía nuclear, el llamado “carbón limpio” y las grandes centrales hidroeléctricas no son sostenibles ni deben entrar bajo ningún concepto en el CDM, pues entre otras cosas van contra el espíritu y la letra del artículo 12 del Protocolo. 1.7. Transporte aéreo y marítimo internacional Otro de los agujeros del Protocolo de Kioto es la exclusión de las emisiones ocasionadas por el transporte aéreo y marítimo internacional, los llamados bunkers, lo que supondrá emitir a la atmósfera otros 90 millones de toneladas anuales de carbono en el año 2010 respecto al año base de 1990. Entre 1990 y 1995 las emisiones de estos dos sectores han aumentado en un 10%. Según el IPCC la aviación representa el 3,5% de las emisiones de gases de invernadero en la actualidad, y dentro de unas décadas llegará al 11%. Los aviones supersónicos consumen el doble de energía por pasajero kilómetro que los subsónicos, aunque su impacto en los gases de invernadero es cinco veces mayor. El transporte aéreo y marítimo debe ser incluido, tal como recomienda el IPCC, en los inventarios nacionales, sujetos a objetivos de reducción.

1.8. Energía nuclear La industria nuclear trata de aferrarse al Protocolo de Kioto y a dos de sus mecanismos, la JI y el CDM, como a una tabla de salvación para un sector en declive y sin futuro. La energía nuclear no es ninguna solución al cambio climático y es totalmente incompatible con la sostenibilidad, a causa de la producción de residuos radiactivos, los problemas de seguridad y proliferación, y los costes económicos, entre otros muchos factores. Algunos países, como EE UU, Canadá, Japón, Francia, Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido, están presionando para incluir a la energía nuclear dentro del CDM, lo que es inaceptable para la práctica totalidad de las ONG y buena parte de los países, tanto del Anexo I, como del mundo en desarrollo. La COP6 debe determinar con toda claridad que sólo la eficiencia energética y las energías renovables son la solución sostenible y fiable al cambio climático, elaborando una lista de tecnologías sostenibles, y descartando con toda rotundidad a la energía nuclear. 1.9. Instituciones financieras internacionales El Banco Mundial y el Banco Europeo de Desarrollo tratan de jugar un papel importante en el desarrollo de la JI y el CDM. A estas dos instituciones y a otras instituciones financiares internacionales, tanto públicas como privadas, multilaterales como bilaterales, se les debe exigir mayor transparencia y control sobre sus actividades, que en muchos casos, o casi siempre, contribuyen a financiar proyectos que aumentan las emisiones de gases de invernadero, y minan los objetivos del protocolo de Kioto. Los mecanismos financieros se deben clarificar, y debe haber fondos adicionales para el CDM. Poco se habrá avanzado si los fondos proceden de la actual ayuda oficial al desarrollo (AOD). Sería vestir un santo a costa de desnudar a otro. 1.10. Cumplimiento Una vez que el Protocolo entre en vigor, lo que aún está por ver, queda por resolver una cuestión clave: ¿Qué pasa en caso de un más que probable incumplimiento por algunos de los países del Anexo I? Para que un Protocolo tenga alguna fuerza, debe contar con mecanismos y órganos para juzgar, sancionar y penalizar a las Partes que no cumplen sus compromisos, y esas sanciones deben ser fundamentalmente económicas. Debería establecerse alguna penalización, cuanto mayor mejor, y destinar los fondos a proyectos de eficiencia energética y energías renovables, fundamentalmente en los países más pobres.

1.11. Programa de Educación Ciudadana Los gobiernos solos no pueden resolver el grave problema del cambio climático. Las campañas ciudadanas deben aumentar la conciencia de la opinión pública sobre este grave problema, contribuyendo a comprender las políticas a desarrollar, y participando en ellas. Sin un aumento de la presión de la opinión pública nacional e internacional, el cambio climático no tiene solución. El ciudadano seguirá utilizando su automóvil, protestará por las subidas de los precios de los combustibles, seguirá despilfarrando energía y será fácil presa de las campañas de intoxicación de las grandes empresas afectadas por los intentos de reducir las emisiones de gases de invernadero. El propio Protocolo de Kioto, en su artículo 10.e, se refiere a ellas, pero hasta ahora poco o nada se ha hecho al respecto. La Haya en noviembre de 2000, como Río en 1992 y Kioto en 1997, será un hito histórico, y cabe desear que se produzca algún avance para frenar la emisión de los gases de invernadero que contribuyen al peligroso cambio climático Pero sin la presión ciudadana y el importante papel de los medios de comunicación, no se forzará a las partes más reticentes a aceptar compromisos que supongan un paso importante para frenar el cambio climático y avanzar hacia la sostenibilidad. Quedan pocos meses. 1.12. Referencias A. Internet Entre las miles de páginas web, hay que destacar las siguientes, y en inglés, desgraciadamente: http://www.unfccc.de La web oficial, donde pueden consultarse todos los documentos oficiales, incluido el Protocolo de Kioto. http://www.ipcc.ch La web sobre los fundamentos científicos del clima, base e inspiración de las propuestas para reducir las emisiones de gases de invernadero. http://www.climnet.org La web del Climate Action Network (CAN), de la que forman parte el WWF, Amigos de la tierra Internacional y Greenpeace, entre otras ONG, con documentos de las ONG y enlaces con todos los temas relacionados con el clima, el Protocolo de Kioto y la COP6. http://www.iisd.ca La web del IISD contiene todos los detalles de la negociación de la COP6, y hace un seguimiento diario de todas las conferencias internacionales relacionadas con el clima. http://www.greenpeace.org/climate/ La web de Greenpeace contiene todos los documentos de esta ONG en formato PDF sobre cambio climático.

http://www.foei.org/campaigns/ClimateChange/ La web de Amigos de la Tierra contiene numerosos documentos sobre cambio climático, de una ONG presente en 65 países. B. Libros y artículos. 1. Climate Action Network (CAN). COP5 CAN Position Paper. Bruselas, noviembre de 1999. 2. Climate Action Network (CAN). Public partipation in the CDM and JI. Bruselas, Julio de 2000. 3. Climate Action Network (CAN). Climate Change after Kyoto-Science, Politics, Solutions. Bruselas, febrero de 1998. 4. Greenpeace International, Undermining the Kyoto Protocol: Environmental Effectiveness versus Political Expediency, Amsterdam, 2000. 5. Greenpeace International, Making the Clean Development Mechanism Clean and Green. Buenos Aires, noviembre de 1998. 6. Greenpeace International, Greenpeace Analysis of the Kyoto Protocol. Bonn, Julio de 1998. 7. Greenpeace International, Implementing the Kyoto Protocol. Buenos Aires, noviembre de 1998. 8. Amigos de la Tierra, Discussion Paper on the Clean Development Mechanism. Bruselas, 1998. 9. Amigos de la Tierra, Emissions Trading and Joint Implementation. Bruselas, 1998. 10. Ingo Puhl, Joint Implementation Definitions and Terminology, Center for Clean Air Policy. Washington, 1999. 11. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Reporting Instructions, Volume 1,Glossary. 12. FAO. State of the World’s Forests 1997, 1998 y 1999. Roma, 1998, 1999 y 2000. 13. Christiana Figueres, Anne Hambleton et. al. "Implementing JI/AIJ: A Guide for Establishing Joint Implementation Programs". The Center for Sustainable Development in the Americas, Washington, 1996. 14. Agarwal, A. y Narain, S. "The Kyoto Protocol. What it says?", Centre for Science and Environment, Nueva Dehli, 1998. 15. Dudeck, Daniel, Goffman, Joseph, Salon, Deborah, y Wade, Sarah. "More Clean Air for the Buck: Lessons From the U.S. Acid Rain Trading Program", Environmental Defense Fund, Washington, noviembre, 1997. 16. "JI Braintrust: Methodologies for CDM Project Baselines" Joint Implementation Quarterly, Vol 4 No. 2, junio, 1998. 17. Climate Network Europe: Independent NGO Evaluations of National Plans for Climate Change Mitigation. OECD Countries. 1997. 18. Ministerio de Medio Ambiente. "Segunda Comunicación Nacional de España a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”. Madrid, 1997.

19. MOPTMA. "Informe de España a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático". Madrid, 1994. 20. MOPTMA. "Programa Nacional sobre el Clima". Madrid, 1994. 21. IPCC, Climate Change 1995 (tres tomos que suman 1.898 páginas) y Climate Change 1994. Radiative Forcing of Climate Change and An Evaluation of the IPCC IS92 Emission Scenarios. Cambridge University Press, 1996 y 1995. En 1995 se publicó un resumen titulado Radiative Forcing of Climate Change. WMO/UNEP. Geneva, 1995. Otros informes del IPCC son: Scientific Assessment of Climate Change. WMO/UNEP. Ginebra, 1990; Climate Change: the IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, 1990; Climate Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, 1992. 22. Revista Hotspot, publicada por Climate Network Europe. Hasta julio de 2000 han sido publicados 13 números. 23. Revista World Watch, publicada por el Worldwatch Institute. El nº5 está dedicado en su totalidad al cambio climático. 24. Worldwatch Institute. Los informes anuales La situación del mundo, publicado en castellano por Icaria/Fuhem y Signos Vitales (Gaia Proyecto 2050), analizan todos los temas relacionados con el cambio climático, y proporcionan todos los datos básicos, así como una extensa bibliografía.

2. Evolución de las emisiones de gases de invernadero en España

2.1. Introducción Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España han aumentado un 29% entre 1990 y 1999. El gobierno español, como demuestra el aumento de las emisiones, no tiene ningún plan serio para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno de la Unión Europea, compromisos que establecen un tope del 15% de aumento entre 1990 y el 2010. Las emisiones en unidades de CO2 equivalente, considerando los seis gases de efecto invernadero, han aumentado en un 26,8% en España entre 1990 (año base) y 1999, cifra que casi duplica al 15% al que se ha comprometido el gobierno del Reino de España en la Unión Europea, aumento que en su momento fue ampliamente criticado por considerarlo excesivo.

¿Cómo espera cumplir el gobierno español los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto? ¿Qué hará para reducir las emisiones actuales (2000) a la mitad, pues ya duplican el compromiso firmado? Con el escenario actual, el gobierno incumpliría gravemente el principal protocolo para proteger el medio ambiente y el clima, pues para el periodo 2008-2012 las emisiones en España podrían ser superiores en un 60% a las del año base. ¿Qué legitimidad tiene España para pedir a los países en desarrollo que estabilicen sus emisiones de gases de invernadero, cuando éstas en la actualidad son como media inferiores en más de la mitad a las emisiones españolas? La evolución de las emisiones de gases de invernadero son el mejor indicador del compromiso de un gobierno con el medio ambiente.

El Protocolo de Kioto de diciembre de 1997 concluyó con la adopción de un protocolo de reducción de emisiones de gases de invernadero por los 38 países industrializados. El compromiso, que se encuentra en un difícil periodo de ratificación, obliga a limitar las emisiones conjuntas de seis gases (CO2, CH4, N2O, compuestos perfluorocarbonados (PFC), compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y hexafluoruro de azufre) respecto a las de 1990 durante el periodo 2008-2012, en proporciones diferentes según el país: reducción de un 8% para el conjunto de la Unión Europea, un 7% para EE UU y un 6% para Japón. Ucrania, la Federación Rusa y Nueva Zelanda se comprometen a mantener sus emisiones de 1990. En conjunto la reducción global acordada es de un 5,2% para los países industrializados. El Protocolo no obliga en una primera fase a los países en desarrollo, dadas sus menores emisiones por habitante.

La Unión Europea, según la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA), no logrará cumplir los compromisos de reducción adquiridos en Kioto si no reacciona oportunamente. Según la AEMA entre 1990 y 1996 la UE en su conjunto sólo redujo sus emisiones de CO2 en un 1%, pero tal cifra palidece ante el enorme aumento del 26,8% registrado en España.

2. 2. Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España entre 1990 y 1999, sin incluir los sumideros, han aumentado un 29%, pasando de 226 millones de toneladas en 1990 (año base) a 291,3 millones de toneladas en 1999. (Ver Tabla 1). En 1998 representaron el 73,8% de las emisiones brutas de gases de invernadero en España, sin incluir los sumideros. En 1998 el sector energético fue el responsable del 90,8% del total de las emisiones, y dentro de éste el transporte emitió 29% del total de las emisiones de CO2. La producción de cemento ocasionó en 1998 el 7,5% de las emisiones totales. El 1,7% restante corresponde a la incineración de residuos, industria química y metalúrgica.

Tabla 1 Emisiones de dióxido de carbono (CO2) en España (miles de toneladas) Año Emisiones (sin sumideros) Emisiones—sumideros 1990 226.057,2 196.804,9 1991 233.257,2 204.005,2 1992 242.275,4 213.023,2 1993 229.514,8 200.262,6 1994 242.279,4 213.027,9 1995 252.957,6 223.705,4 1996 240.847,3 211.595,1 1997 264.117,8 234.865,6 1998 273.017,3 243.765,1 1999 291.309,6 260.097,4 Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación.

2. 3. Emisiones de metano (CH4) en España En 1990, año base, se emitieron en España un total de 1.648.874 toneladas de metano, mientras que en 1998 se llegó a 2.076.926 toneladas, con un aumento del 26%, cifra muy considerable y que demuestra que la administración no ha hecho nada para reducir las emisiones.

El metano representó en 1998 el 11,8% de las emisiones brutas de los seis gases de invernadero, en dióxido de carbono equivalente sin incluir los sumideros.

En 1998 la fermentación entérica ocasionó el 29,9 % (620.163 toneladas), la gestión del estiércol el 17,4% (361.156 toneladas), los vertederos el 35,1% (729.565 toneladas), la minería del carbón el 3,6% ((74.754 toneladas), el petróleo y el gas natural el 5% (103.349 toneladas), y las aguas residuales el 2,6% (54.205 toneladas). Los cultivos de arroz sólo emitieron 12.612 toneladas, cifra inferior a las incineradoras de residuos (13.591 toneladas).

Las emisiones de metano podrían reducirse fácilmente en una proporción importante, con medidas poco costosas.

Tabla 2 Emisiones de metano (CH4) en España (miles de toneladas de CO2 equivalente) Año Emisiones 1990 34.626,4 1991 35.209,9 1992 36.131,3 1993 36.710,0 1994 37.689,4 1995 38.634,8 1996 40.662,0 1997 41.866,2 1998 43.615,5 1999 45.275,7 Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación.

2.4. Emisiones de óxido nitroso (N2O) en España Las emisiones de óxido nitroso (N2O) en España en 1990, año base, ascendieron a 133.019 toneladas, y representaron el 11,9% de las emisiones de gases de invernadero en España en 1998, sin incluir los sumideros. En 1998 ascendieron a 141.447 toneladas, cifra ligeramente superior. En 1998 las mayores emisiones se debieron a la gestión del estiércol (36,2%, 51.244 toneladas) y a los fertilizantes aplicados a los suelos agrícolas (43,2%, 61.083 toneladas). El sector energético emitió en 1998 un total de 18.821 toneladas (13,3%), y la industria química 6.993 toneladas (5%).

Tabla 3 Emisiones de óxido nitroso (N2O) en España (miles de toneladas de CO2 equivalente) Año Emisiones 1990 41.235,9 1991 40.509,3 1992 39.620,9 1993 37.168,6 1994 39.395,4 1995 38.572,8 1996 43.234,8 1997 43.529,5 1998 43.848,7 1999 44.155,6 Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación.

2.5. Emisiones de compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) en España Los HFC han sustituido a los CFC que destruyen la capa de ozono, y se emplean fundamentalmente en equipos de refrigeración y aire acondicionado, extintores de incendios y aerosoles. Los HFC no dañan la capa de ozono, pero son potentes gases de invernadero.

En 1995, año base a efectos del Protocolo de Kioto, se emitieron 481,6 toneladas, mientras que en 1998 se llegó a 1.205,3 toneladas, equivalentes en 1998 a 8.451.700 toneladas de CO2 equivalente. Al igual que en el pasado se eliminaron los CFC, hoy urge suprimir los HFC, productos fácilmente sustituibles. En 1998 representaron el 2,3% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España (sin incluir los sumideros).

Tabla 4 Emisiones de compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) en España (miles de toneladas de CO2 equivalente)

Año Emisiones 1990 2.893,6 1991 2.574,5 1992 2.869,3 1993 2.258,9 1994 3.886,1 1995 5.603,9 1996 6.576,5 1997 8.169,8 1998 8.451,7 1999 9.401,3

Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación.

2.6. Emisiones de compuestos perfluorocarbonados (PFC) en España La práctica totalidad de las emisiones de compuestos perfluorocarbonados se debe a la producción de aluminio. En 1995, año base para los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kioto, se produjeron en España 108 toneladas de CF4 y 9,5 toneladas de C2F6. Las emisiones desde entonces permanecen estancadas en cifras ligeramente superiores a las 100 toneladas (108,6 toneladas en 1998), equivalentes a 794.300 toneladas de CO2.

En 1998 representaron el 0,2% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España (sin incluir los sumideros).

Tabla 5 Emisiones de compuestos perfluorocarbonados (PFC) en España (miles de toneladas de CO2 equivalente) Año Emisiones 1990 828,4 1991 787,1 1992 781,9 1993 793,8 1994 785,2 1995 791,1 1996 760,7 1997 781,4 1998 740,3 1999 794,3 Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación.

2.7. Emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6) El hexafluoruro de azufre (SF6) se emplea en equipos eléctricos. En 1995, año base para el Protocolo de Kioto, se emitieron 6.045 kilogramos, y en 1998 las emisiones aumentaron hasta llegar a 7.650 kg, equivalentes a 182.800 toneladas de CO2 equivalente.

En 1998 representaron el 0,05% de las emisiones totales brutas de gases de invernadero en España (sin incluir los sumideros).

Tabla 6 Emisiones de hexafluoruro de azufre (SF6) (miles de toneladas de CO2 equivalente) Año Emisiones 1990 104,1 1991 106,6 1992 109,6 1993 111,7 1994 120,7 1995 144,5 1996 153,3 1997 168,8 1998 182,8 1999 195,5 Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación.

2.8. Emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España Las tablas 7 y 8 muestran la evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España entre 1990 y 1999. Los datos dejan poco lugar a dudas, y son sin duda el peor indicador de la situación del medio ambiente en España.

Tabla 7 Emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España (miles de toneladas de CO2 equivalente) Año Emisiones brutas Emisiones netas Año base 308.458,9 279.206,7 1990 305.745,5 276.493,3 1991 312.444,8 283.192,6 1992 321.788,4 292.536,2 1993 306.557,8 277.305,6 1994 324.156,1 294.903,9 1995 336.704,7 307.452,5 1996 332.234,6 302.982,3 1997 358.633,5 329.381,3 1998 369.856,3 340.604,1 1999 391.132,0 359.919,8 Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación. El año base se compone de las emisiones de 1990 de CO2, CH4 y N2O, y las emisiones de 1995 de los compuestos perfluorocarbonados (PFC), compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y hexafluoruro de azufre).

Tabla 8 Emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España. Índice respecto al año base. Año Índice Año base 100,00 1990 99,12 1991 101,29 1992 104,32 1993 99,38 1994 105,09 1995 109,16 1996 107,71 1997 116,27 1998 119,90 1999 126,80 Fuente: MIMAM y elaboración propia. Los datos de 1999 son provisionales y pueden sufrir alguna variación. El año base se compone de las emisiones de 1990 de CO2, CH4 y N2O, y las emisiones de 1995 de los compuestos perfluorocarbonados (PFC), compuestos hidrofluorocarbonados (HFC) y hexafluoruro de azufre).

EVOLUCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESPAÑA

126,80%

119,90%

116,27%

107,71%109,16%

105,09%

99,38%

104,32%

101,29%99,12%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

125%

130%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Máximo permitido Kioto

Año base

Emisiones netas

Por sectores, las emisiones totales en dióxido de carbono (CO2) equivalente en España entre 1990 y 1998 han sido las siguientes: 1. Sector energético. Es el mayor responsable del conjunto de las emisiones, pues en

1999 representó el 70% del total, con 275 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente, lo que representa un aumento del 27,7% respecto a los 216 millones de toneladas emitidos en 1990.

2. Los procesos industriales distintos a la combustión, como la producción de

cemento, industria química y metalúrgica, representaron en 1999 el 9,4%, con un aumento del 33% respecto al año base de 1990.

3. Los disolventes y otros productos, aunque sólo representan el 0,5% del total, han

aumentado en un 17% respecto al año base, en que se emitieron 1.553.950 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente.

4. La agricultura y la ganadería representan el 15% del total de las emisiones de

dióxido de carbono (CO2) equivalente, con un aumento del 5,5% respecto al año base. 5. Los residuos representan el 5,1% del total de las emisiones de dióxido de carbono

(CO2) equivalente, con un aumento del 63% respecto al año base, en que se emitieron 11.463.650 toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente. Las emisiones de metano son responsables en gran parte.

Dadas las consecuencias del cambio climático en España (inundaciones y sequías, desaparición de playas, incendios forestales, perjuicios al turismo, la agricultura, la salud y a la diversidad biológica), cabría esperar una política más beligerante por parte de la Administración. Y sin embargo ésta deja traslucir una cierta indiferencia, cuando no el más trasnochado desarrollismo, reclamando el derecho a contaminar más.

En el 2010 el transporte supondrá cerca del 40% de las emisiones de CO2, frente al 30% de 1999. Las medidas del gobierno en el sector del transporte en España son sólo cosméticas, pues la política real sigue siendo la de favorecer el transporte por carretera de mercancías y de viajeros y el uso del automóvil. El aumento de la eficiencia en los nuevos vehículos, y algunos programas para emplear gas natural y biocombustibles en algunos autobuses urbanos, sólo reducirán en un pequeño porcentaje el aumento previsto de las emisiones. La reducción de los consumos unitarios de los vehículos, actuando sobre ellos o sobre la forma de utilizarlos, es necesaria pero insuficiente. Tanto o más importante es la reorientación hacia los modos más eficientes, como el ferrocarril, el transporte público y los modos no motorizados, y las actuaciones encaminadas a la gestión de la demanda y la moderación de la movilidad.

En España “el medio ambiente va mal”, y el incremento de las emisiones de CO2 en un 6,7% sólo en 1999 respecto a 1998, es un indicador elocuente.

3. Políticas para el cambio climático 3.1. De Kioto a La Haya Tras la Cumbre del Clima de Kioto es necesario reducir de las emisiones de gases de invernadero, aumentando la eficiencia energética, desarrollando las energías renovables, mejorando el transporte público y el ferrocarril y reduciendo la deforestación. El año 1998 fue el más caluroso del siglo, y todo apunta a que ya se está produciendo un cambio climático inducido por las actividades humanas, especialmente por el consumo energético de combustibles fósiles y la deforestación. Frente al calentamiento global, la Conferencia sobre el Cambio Climático, celebrada en Kioto en diciembre de 1997, se saldó con un protocolo totalmente insuficiente, pues sólo contempla una reducción del 5,2 por ciento para el conjunto de los gases de invernadero en los países industrializados y los agujeros le restan mucha eficacia. Al considerar la suma de seis gases, las emisiones de CO2 pueden aumentar mucho cumpliendo formalmente el protocolo; la inclusión de los sumideros abre la puerta a todo tipo de fraudes y el mercado de emisiones permite que los países más ricos no reduzcan sus propias emisiones. Lo más positivo del nuevo Protocolo de Kioto es que fue primer paso para su próxima reforma, a medida que se perciban las gravísimas consecuencias económicas, ambientales y sociales de no actuar. La principal responsabilidad de no haber alcanzado el protocolo que se necesita recae en EE UU, Japón y Australia, cuyos gobiernos se han plegado a la presión de las grandes multinacionales del petróleo, el carbón y el automóvil, pero también al gobierno español, al imponer la diferenciación en el seno de la burbuja de la Unión Europea. La diferenciación reclamada por España ha servido para que otros países industrializados reclamen igual tratamiento. El gobierno español se niega a reducir las emisiones de gases de invernadero en España. Las emisiones por habitante de CO2 en España en 1999 (6 toneladas) fueron superiores en un 50% a la media mundial (4 toneladas). La cumbre de La Haya en noviembre de 2000 debería servir para mejorar los acuerdos alcanzados en Kioto, con una mayor reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de invernadero para el año 2010 respecto a las de 1990, en los países industrializados. Los objetivos deben ser obligatorios y para cada uno de los gases de invernadero, dando prioridad al CO2, en términos absolutos y no por habitante, y sin incluir los sumideros (océanos o bosques). Establecer una fecha temprana, como el 2010, es esencial para adoptar medidas eficaces y que surtan rápido efecto sobre todos los gases de invernadero: CO2, metano, óxido nitroso, perfluorocarbonados (PFC), compuestos halocarburos (HFC) y hexafluoruro de azufre. Igualmente necesario es la inclusión de las emisiones del transporte aéreo y marítimo internacional. Las Partes no deben tratar de imponer un sistema de mercado de emisiones, y aún menos las llamadas iniciativas de aplicación conjunta (Joint Implementation, JI) con países no industrializados. El posible acuerdo por el que EE UU compraría a Rusia el derecho a emitir más dióxido de carbono es totalmente inaceptable, pues permitiría que el mayor contaminador del mundo siguiese aumentando sus emisiones, gracias a la crisis de la antigua URSS.

Los países industrializados deben establecer planes claros para reducir las emisiones, incluyendo instrumentos fiscales (impuestos sobre las energías no renovables, incentivos a las renovables y a la eficiencia), supresión de las subvenciones a los combustibles fósiles y los presupuestos para llevarlos a cabo. Entre otras medidas se deben reducir los incendios forestales y la emisión de gases de invernadero, como el metano y el óxido nitroso, así como la producción y consumo de cemento, una de las principales fuentes de emisión de CO2, agravada por la construcción de autovías, carreteras y otras infraestructuras. Cada tonelada de cemento consumida causa la emisión de 498 kilogramos de CO2. Una política de repoblaciones forestales con especies autóctonas, en las zonas adecuadas, retiraría de la atmósfera grandes cantidades de CO2, frenaría la erosión, las inundaciones y las sequías, dado el efecto esponja de los bosques. Pero los bosques y los mares, aún actuando como sumideros, son incapaces de retirar la cantidad actual de CO2 emitida anualmente. La reducción del consumo de carne, del empleo de fertilizantes, de las fugas de metano en la minería de carbón y en la red de gasoductos, y de la cantidad de residuos, y una política forestal que reduzca la superficie afectada por incendios forestales, permitirá cumplir los objetivos de reducción de CH4 y N2O. La fabricación de nailon y la de ácido nítrico son responsables de gran parte de las emisiones antropogénicas de óxido nitroso. La eliminación de los HFCs no plantea ningún problema, pues hay alternativas viables. La reducción de la generación de residuos, el reciclaje, la prohibición de la incineración y el aprovechamiento del metano de los vertederos, son algunas de las medidas de una política de residuos adaptada al cambio climático. 3.2. Ante el cambio climático, reducción del CO2 y otros gases de invernadero El gobierno español no tiene ningún plan serio y digno de tal nombre para cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Protocolo de Kioto de 1997 y en el seno de la Unión Europea, compromisos que establecen un tope del 15% de aumento entre 1990 y el 2010. El Plan Energético Alternativo ENERGÍA 2010 pretende ofrecer una alternativa viable y sostenible para afrontar los grandes desafíos sociales y ambientales. Los objetivos, a conseguir gradualmente para el horizonte del año 2010, son los siguientes: A.-Conseguir que las emisiones de CO2 del sector energético no aumenten más del 15% para el año 2010, respecto a 1990, como primer paso para una reducción ulterior del 60% en el año 2030. Tal objetivo es totalmente insuficiente, pero dado que en 1999 las emisiones habían crecido un 30%,, en la práctica supone reducir en cerca de un 15% las emisiones actuales. B.-Cierre de las centrales nucleares existentes en el horizonte del año 2010, estableciendo planes de desarrollo económico que mantengan el empleo en las zonas en que se encuentran situadas. C.-Aumento de la eficiencia energética, proporcionando mayores servicios con un menor consumo energético. D.-Desarrollo de las energías renovables, especialmente la eólica y la solar directa.

E.-Mayor penetración del gas natural como energía de transición hacia un sistema basado en las energías renovables. F.-La reconversión del sistema energético debe servir para aumentar el nivel tecnológico, la equidad y la creación del mayor número de empleos estables. Igualmente servirá para reducir el impacto ambiental. Para ello se debe acometer una reforma fiscal ecológica que grave la emisión de sustancias contaminantes y/o que contribuyen al cambio climático, y que combinen el palo (impuestos, normas) con la zanahoria (subvenciones, desgravaciones fiscales). El fin es la elaboración de una propuesta de política energética alternativa a la actual (¿pero existe alguna?), creíble, posible y necesaria. 3.3. Necesidad de un cambio de rumbo En 1999 el consumo mundial de energía llegó a 10.000 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep): 2.146 Mtep de carbón, 3.200 Mtep de petróleo, 2.301 Mtep de gas natural (20,1%), 607 Mtep de nuclear, 220 Mtep de hidroeléctrica y cerca de 1.500 Mtep de biomasa (15,8%), fundamentalmente leña, y pequeñas cantidades de geotermia, solar y eólica. La producción, transformación y consumo final de tal cantidad de energía es la causa principal de la degradación ambiental. El consumo está muy desigualmente repartido, pues los países del Norte, con el 25% de la población mundial, consumen el 66% de la energía, factor este último a tener en cuenta a la hora de repartir responsabilidades de la crisis ambiental causada por la energía.

En España en 1999 el consumo de energía primaria ascendió a 119,2 millones de toneladas equivalentes de petróleo (incluidas la biomasa, la eólica y la solar directa). La producción, transformación y uso final de tal cantidad de energía también en España es la causa principal de la degradación ambiental: -9 centrales nucleares en funcionamiento y una cerrada definitivamente, y un grave problema de residuos radiactivos, -cerca de un millar de embalses han anegado de forma irreversible 3.000 kilómetros cuadrados, -en 1998 las emisiones del sector energético ascendieron a 247,8 millones de toneladas de dióxido de carbono, a 232.403 toneladas de metano, 18.821 toneladas de óxido de dinitrógeno, a 1.573.470 toneladas de dióxido de azufre, 3,08 millones de monóxido de carbono y a 1,26 millones de toneladas de óxidos de nitrógeno. -la minería a cielo abierto de carbón ha destruido de forma irreversible más de 100.000 hectáreas de suelo en León, A Coruña y Teruel. La silicosis afecta a la gran mayoría de los mineros. El lavado de carbón ha contaminado numerosos ríos. La grave crisis ambiental, el agotamiento de los recursos y los desequilibrios entre el Norte y el Sur, son factores que obligan a acometer una nueva política energética. A corto plazo la prioridad es incrementar la eficiencia energética, pero ésta tiene unos límites económicos y termodinámicos, por lo que a más largo plazo sólo el desarrollo de las energías renovables permitirá resolver los grandes retos del futuro, como son el efecto invernadero, los residuos nucleares y las desigualdades Norte-Sur.

La energía nuclear de fisión es cara, peligrosa, contaminante, contribuye a la proliferación nuclear, no es una alternativa real al cambio climático y crea uno de los mayores problemas ambientales: los residuos radiactivos. La energía nuclear es desde todos los puntos de vista la peor de las fuentes de energía. La fusión nuclear ni es alternativa, ni limpia, al producir tritio así como otros productos radiactivos, y puede contribuir a la carrera de armamentos. Los vastos recursos y medios hoy destinados a la investigación de la fusión y de la fisión, deberían emplearse en energías renovables y en eficiencia. Al ritmo actual de extracción, las reservas estimadas (no sólo las conocidas o rentables en este momento) de carbón durarán 1.500 años, las de gas natural 120 y las de petróleo no menos de 60 años. La mejora de las tecnologías de extracción incrementará la duración de las reservas, al acceder a las zonas marítimas profundas. No existe un problema de agotamiento de los combustibles fósiles en un horizonte inmediato, aunque el consumo actual es 100.000 veces más rápido que su velocidad de formación; la verdadera cuestión es la de los sumideros, especialmente la atmósfera, en la que se acumula el dióxido de carbono y otros gases de invernadero, con el subsiguiente calentamiento de la atmósfera. El impacto de la demanda de electricidad sobre el medio ambiente (más de 13.000 TWh en todo el mundo y 208 TWh en España en 1999) en parte puede ser evitado con una política de decidido aumento de la eficiencia energética, de supresión de las subvenciones o de las tarifas artificialmente bajas, como en el caso del aluminio u otros productos intensivos en electricidad, y buscando las alternativas con menor impacto. La mayoría de las organizaciones ecologistas, algunos sindicatos y gran parte de la comunidad científica, propone la estabilización de las emisiones de CO2 cuanto antes en los niveles de emisión de 1990 y la reducción posterior (60% para el 2030). También es necesaria la prohibición inmediata de la producción y consumo de los CFCs, HCFCs, HFCs y bromuro de metilo. Por lo que se refiere al metano (CH4), para el año 2010 las emisiones antropogénicas se han de reducir en un 20% respecto a 1990, y las de óxido nitroso (N20) en un 20% para el año 2010 y un 50% para el año 2030, respecto al año 1990. La reducción de la emisión de otras sustancias contaminantes, como el monóxido de carbono (CO) y los óxidos de nitrógeno (NOx), disminuirá la cantidad de ozono troposférico (gas de invernadero) y permitirá que el principal sumidero del metano, la reacción con el radical hidroxilo OH en la troposfera (el OH reacciona con el CO), destruya la mayor parte de las emisiones de metano. El dióxido de azufre (SO2) frena el calentamiento (y es una de las causas de que el aumento de las temperaturas apenas se haya percibido), pero dados sus efectos perjudiciales (lluvias ácidas), es necesario disminuir las emisiones. Según los datos del MIMAM, los bosques sólo retiran 29,2 millones de toneladas de CO2 . España emitió en 1990 un total de 226 millones de toneladas de dióxido de carbono (5,8 toneladas de C02 por habitante y año, 1,6 toneladas de carbono por habitante), 1,65 millones de toneladas de CH4 y 133.019 toneladas de N2O, según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, aplicando el método IPCC/OCDE. Los cuadros 1 y 2 muestran las emisiones de gases de invernadero en España en 1990.

------------------------------- Cuadro 1 INVENTARIO DE LOS GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESPAÑA EN 1990, SEGÚN EL MÉTODO IPPC/OCDE GAS

Fórmula química

Tiempo de residencia en la atmósfera (años)

Cantidad emitida en 1990 en toneladas

Potencial de calentamiento global en miles de toneladas equivalentes de CO2

Dióxido de carbono

CO2 50-200 226.057.180 226.057

Metano CH4 14,5(+/-2,5) 1.648.874 34.626 Oxido nitroso N2O 120 133.019 41.236 Otros (HFCs, PFCs y SF6)

6.539

Total gases de efecto invernadero

308.458

Fuente: DGCEA, IPPC (Intergovernmental Panel on Climate Change), CC OO y elaboración propia. Entre 1990 y 1999 las emisiones de CO2 han aumentado un 29%, y todo apunta a un crecimiento posterior, a no ser que cambie la política energética, forestal, de transportes y de residuos, entre otras actuaciones sectoriales, con influencia en las emisiones de gases de invernadero. La Administración española no ha acometido ninguna actuación seria para frenar las emisiones de gases de invernadero. Dadas las consecuencias del cambio climático en España, cabría esperar una política beligerante por parte de la Administración. Y sin embargo ésta deja traslucir la mayor de las indiferencias, cuando no el más trasnochado desarrollismo, reclamando el derecho a contaminar más. Los residuos emitieron en España en 1990 un total de 992.428 toneladas de CO2 y 490.742 toneladas de CH4. Tales cifras no incluyen los residuos agrícolas, ganaderos y forestales. La reducción de la producción de residuos, el reciclaje, la prohibición de la incineración y el aprovechamiento del metano, son algunas de las medidas de una política de residuos adaptada al cambio climático.

3.4. Plan alternativo El cuadro 2 muestra el consumo real de energía primaria en España en 1990 (año de referencia para la Convención sobre el Cambio Climático) y en 1999, en miles de toneladas equivalentes de petróleo (ktep), y el consumo de energía primaria propuesto para el año 2010. El cuadro 3 resumen las propuestas para el sector eléctrico, con dos premisas: el abandono de la energía nuclear en el horizonte del año 2010, y un crecimiento de las emisiones de CO2 en un 15% para el año 2010 respecto al año base de 1990, manteniendo la producción de carbón nacional, tal como establece el Plan 1998-2005 firmado entre los sindicatos y el gobierno. Para alcanzar tales objetivos es necesario aumentar la eficiencia energética, reducir los consumos energéticos más despilfarradores, cambiar los modelos de consumo y aumentar la participación de las energías renovables. La sociedad civil, los sindicatos y los movimientos sociales necesitan abrir un debate sobre el cambio climático y la crisis ambiental, para alcanzar un futuro sin nucleares, con reducción de las emisiones de gases de invernadero, conservando la biodiversidad y asegurando unas condiciones de vida dignas para todos los habitantes. Cuadro 2 Evolución de la demanda de energía primaria en España (1990-2010), en ktep (miles de toneladas equivalentes de petróleo)

Fuente energética 1990 1999 2010 Carbón 19.094 20.337 10.350 Petróleo 47.741 63.041 60.000 Gas Natural 5.000 13.535 18.300 Nuclear 14.138 15.337 -- Saldo internacional -36 +492 -- Hidráulica 2.203 2.407 3.010 Biomasa 3.672 3.784 5.400 Solar Baja Temperatura

21 27,8 340

Solar Media y Alta Temperatura

-- - 180

Fotovoltaica 0,2 1,5 22 Eólica 3 262 2.062 Geotermia 3 1 10 TOTAL 91.839 119.225 99.674

Metodología AIE Fuente: IDAE y Secretaría General de la Energía y Recursos Minerales para 1990 y 1999, y elaboración propia para el año 2005.

Cuadro 3 Producción de energía eléctrica en TWH Fuente 1990 1998 2010 2020 Hidroeléctrica 26,2 37,6 35,0 36,0 Nuclear 54,3 59,0 -- -- Termoeléctrica 71,3 97,0 110,0 60,0 Consumo bombeo -1,0 -2,6 -1,0 -1,0 Eólica -- 1,4 24,0 45,0 Solar fotovoltaica -- 0,015 0,3 32,5 Otras energías renovables

-- 1,1 3,3 10,0

Saldo intercambios internacionales

-0,4 3,4 -- --

Pérdidas transporte y distribución

-13,7 -15,0 -11,2 -7,0

Saldo intercambios nacionales

0,7

Consumo neto 125,9 173,7 160,4 175,5 Fuente: Ministerio de Industria y Energía para 1990 y 1998, y elaboración propia para el año 2010 y el año 2020. El consumo neto no incluye los consumos propios del sector eléctrico, que en 1998 ascendieron a 8,1 TWh. 3.5. Política de transportes El transporte representó el 28% de las emisiones de CO2 de origen energético en 1990 (58 millones de toneladas de CO2), y es el sector donde las emisiones crecen más rápidamente. En el año 1998 se llegó a los 78,4 millones de toneladas de CO2, con un aumento del 35,15% respecto a 1990, y para el 2010 el aumento será de un 73%. En el 2010 el transporte supondrá el 40% de las emisiones de CO2 de origen energético. Las medidas del gobierno en el sector del transporte en España son sólo cosméticas, pues la política real es construir más autovías, autopistas, vías de circunvalación y aparcamientos subterráneos, favoreciendo la movilidad en automóviles privados. El aumento de la eficiencia en los nuevos vehículos, y algunos programas para emplear gas natural y biocombustibles en algunos autobuses urbanos, sólo reducirán en un pequeño porcentaje el aumento previsto de las emisiones. En 1995 la carretera representó el 90,16% del tráfico interior de viajeros y el 77,24% de las mercancías. Las vías de gran capacidad pasaron de 2.075 kilómetros en 1982 a 8.253 km en 1996, y el parque de vehículos privados de 8,3 millones en 1982 a 14,8 millones en 1996. En 1996 había 376 automóviles privados por cada 1.000 habitantes, y el número aumenta cada año; las ganancias en eficiencia son devoradas por el aumento del parque de vehículos, las mayores cilindradas y el aumento de los km recorridos anualmente.

El transporte de mercancías por carretera se ha duplicado en España en las dos últimas décadas, desde 84.533 millones de t/km en 1975 a 183.194 millones de t/km en 1995. Hoy la carretera representa el 77% del tráfico de mercancías, frente a sólo el 4% del ferrocarril. El gobierno español no contempla ninguna política encaminada a traspasar mercancías de la carretera a otros modos más eficientes como el ferrocarril. Los AVE no permiten el tráfico de mercancías, y sus consumos específicos por viajero/km son muy altos, además de los grandes impactos ambientales de las infraestructuras ferroviarias de alta velocidad. La reducción de los consumos unitarios de los vehículos, actuando sobre ellos o sobre la forma de utilizarlos, es necesario pero insuficiente. Tanto o más importante es la reorientación hacia los modos más eficientes, como el ferrocarril, el transporte público y los modos no motorizados, y las actuaciones encaminadas a reducir la demanda, con barrios donde viviendas, trabajo y servicios estén próximos en el espacio, aminorando la segregación espacial y social de las ciudades, y limitando el crecimiento de las grandes áreas metropolitanas. Las propuestas son, en primer lugar, reducir las necesidades de transporte, que no su posibilidad, y en segundo lugar tratar de que el mayor número de desplazamientos de personas y de mercancías tenga lugar en los modos de transporte más eficientes, como es el ferrocarril para los desplazamientos interurbanos, frente a los automóviles privados y camiones. El ferrocarril debería elevar su participación, hasta alcanzar el 30% del tráfico de mercancías y el 25% de viajeros antes del año 2010. Tal participación puede alcanzarse sin grandes dificultades, pero para ello se requiere una clara voluntad política, materializada en las inversiones necesarias para mejorar el conjunto de la red, la seguridad, la gestión y los servicios, elevando las tarifas en una proporción inferior al del Índice de Precios al Consumo. Una política decidida, clara y bien estructurada, para reducir la necesidad de desplazarse, que no su posibilidad, y para orientar la demanda hacia los modos más eficientes de transporte, significaría una sensible reducción del consumo de energía, de la contaminación atmosférica y del ruido, menor ocupación de espacio, reducción del tiempo empleado en desplazarse, menor número de accidentes, inversiones más reducidas en la infraestructura viaria y una mejora general de la habitabilidad de las ciudades. 3.6. Ahorro y eficiencia Hasta la propia Agencia Internacional de la Energía, en sus informes sobre España, ha criticado los resultados y los escasos esfuerzos del gobierno español para aumentar la eficiencia energética, y para ello no hay más que analizar el escaso grado de cumplimiento del PAEE (Plan de Ahorro y Eficiencia Energética). La eficiencia energética es la obtención de los mismos bienes y servicios energéticos, pero con mucha menos energía, con la misma o mayor calidad de vida, con menos contaminación, a un precio inferior al actual, alargando la vida de los recursos y con menos conflictos. Al requerirse menos inversiones en nuevas centrales y en aumento de la oferta, la eficiencia ayuda a reducir la deuda externa, el déficit público, los tipos de interés y el déficit comercial. La eficiencia energética debería incrementarse en un 2,5% anual.

Las tecnologías eficientes, desde ventanas aislantes o lámparas fluorescentes compactas a vehículos capaces de recorrer 100 kilómetros con tres o menos litros de gasolina, o la cogeneración, permiten ya hoy proporcionar los mismos servicios con la mitad del consumo energético, a un coste menor. La cogeneración (producción simultánea de calor y electricidad), la mejora de los procesos y de los productos, el reciclaje y la reorientación de la producción hacia productos menos intensivos en energía, con mayor valor añadido, menos contaminantes, generadores de empleo y socialmente útiles, deben ser desarrollados. Sólo entre 1990 y 1997 se han instalado 2.335 megavatios eléctricos (MWe) de cogeneración, superando todas las previsiones del PAEE. Las compañías eléctricas están obligadas a comprar la electricidad a los autoproductores (el precio medio de compra fue de 11,04 pesetas el kWh en 1995, frente a las 8 PTA por kWh del coste medio de producción de las empresas eléctricas). Tal tarifa permite que los autoproductores recuperen sus inversiones en cinco años, y deben ser mantenida en los próximos años. Para el 2010 la cogeneración debería llegar al 30% de la electricidad producida. Las tecnologías hoy ya disponibles permitirán a la industria ahorrar entre el 10% y el 27% de su consumo actual de energía, según sectores, con una media del 16%. Los ahorros posibles en los usos domésticos y en los servicios podrían reducir a la mitad los consumos, con medidas como el aislamiento térmico, electrodomésticos más eficientes y las lámparas fluorescentes compactas. Para aumentar la eficiencia es necesario que los precios energéticos reflejen todos sus costes, lo que no sucede en la actualidad. La implantación de ecotasas, cuya recaudación se destine a mejorar la eficiencia y el empleo de energías renovables, es una necesidad acuciante. La imposición de un etiquetado energético obligatorio de los aparatos eléctricos, y la reforma de las normas de edificación para mejorar el aislamiento térmico, pueden reducir el consuno de energía en el sector residencial. La Orden Ministerial de 20 de Enero de 1995 desarrolla los programas de Gestión de la Demanda, y desde entonces sólo se han puesto en marcha 10 pequeños programas; se espera conseguir un ahorro de 130 GWh y evitar la emisión anual de 55 kt de CO2, con una inversión de 5.000 millones de pesetas. Tales inversiones son ridículas y completamente insuficientes para que surtan algún efecto. La Planificación Integrada de Recursos, o Planificación al Menor Coste, tiene como fin evitar el crecimiento del consumo energético al tiempo que se satisfacen los servicios que precisa la sociedad, y se debe implantar de forma real, especialmente en el sector eléctrico. A un coste medio de 7 pesetas por kWh se puede ahorrar hasta el 65% de la electricidad, proporcionando los mismos servicios, aunque con equipamientos más eficientes. La electricidad debe ser utilizada sólo en aquellas aplicaciones en las que resulta insustituible, como la iluminación y los electrodomésticos, y en el resto de los usos se debe emplear gas o energía solar.

3.7. Energías renovables Las energías renovables podrían solucionar muchos de los problemas ambientales, como el cambio climático, los residuos radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. Las energías renovables podrían cubrir algo más de un tercio del consumo de electricidad en el 2010, y a largo plazo permitirán reducir las emisiones de dióxido de carbono, avanzando hacia un modelo energético “descarbonizado”. Pero para ello es necesario invertir unos 90.000 millones de pesetas anuales, de los que 20.000 serían fondos públicos. La vía actual, plasmada en el “Plan de Fomento de las Energías Renovables en España”, con unas inversiones insuficientes y sin compromisos claros, no permiten alcanzar ni las metas oficiales establecidas por la Unión Europea y el propio gobierno español. Las energías renovables cubrieron en 1998 el 6,3% por ciento del consumo energético español. En 1998 había instalados en España 341 mil metros cuadrados de colectores solares (produjeron en 1998 el equivalente a 26,3 ktep), 8,7 MWp de módulos fotovoltaicos con una producción en 1998 de 15,3 GWh, numerosos aerogeneradores eólicos con una potencia global de 834,1 MW (1.437,0 GWh en 1998), varios cientos de centrales hidroeléctricas con una potencia de 17.730,6 megavatios (36.360 GWh en 1998) y una decena de instalaciones geotérmicas con una producción de sólo 3.400 tep en 1998. El potencial de las energías renovables en España, aún con las limitaciones actuales de tecnología y costes económicos, es muy elevado. En el año 2010, si la Administración acometiese una decidida política de empleo de las energías renovables, éstas podrían llegar a proporcionar 11 Mtep. Tal cifra debería crecer rápidamente a partir del año 2010, para alcanzar las 14,5 Mtep en el año 2020 (ver cuadro 4). CUADRO 4 EVOLUCIÓN DEL APORTE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA EN MILES DE TONELADAS EQUIVALENTES DE PETRÓLEO (ktep) Fuente 1999 2010 2020 Ktep ktep ktep Hidráulica 2.407 3.010 3.100 Biomasa 3.784 5.400 5.800 Solar bajas temperaturas

27,8 340 420

Solar medias y altas temperaturas

-- 180 400

Fotovoltaica 1,5 22 2.800 Eólica 262 2.062 3.870 Geotermia 1 10 25 TOTAL RENOVABLES

6.483,3 11.024 16.415

Fuente: IDAE y elaboración propia

CUADRO 5 Comparación del impacto ambiental de las diferentes formas de producir electricidad ----------------------------------------------------------------------------------------- Emisiones de contaminantes en la producción de electricidad: todo el ciclo de combustible (toneladas por GWh)

Fuente de energía CO2 NO2 SO2 Partículas sólidas en suspensión

CO Hidrocarburos

Residuos nucleares

Total

Carbón 1.058,2 2,986 2,971 1,626 0,267 0,102 -- 1.066,1 Gas natural (Ciclo combinado)

824,0 0,251 0,336 1,176 T R T R -- 825,8

Nuclear 8,6 0,034 0,029 0,003 0,018 0,001 3,641 12,3 Fotovoltaica 5,9 0,008 0,023 0,017 0,003 0,002 -- 5,9 Biomasa 0 0,614 0,154 0,512 11,361 0,768 -- 13,4 Geotérmica 56,8 T R T R T R T R T R -- 56,8 Eólica 7,4 T R T R T R T R T R -- 7,4 Solar térmica 3,6 T R T R T R T R T R -- 3,6 Hidráulica 6,6 T R T R T R T R T R -- 6,6

Fuente: US Department of Energy, Council for Renewable Energy Education y elaboración propia. TR: trazas. La emisiones de la biomasa presuponen la regeneración anual de la cantidad consumida, lo que raras veces sucede. La hidráulica y la biomasa tienen graves consecuencias para la diversidad biológica, y los residuos radiactivos plantean graves problemas de seguridad durante más de 200.000 años. Otros impactos son la minería a cielo abierto en el caso del carbón, los vertidos de petróleo y la seguridad de las centrales nucleares. 3.7.1. Energía solar térmica La energía solar absorbida por la Tierra en un año es equivalente a 20 veces la energía almacenada en todas las reservas de combustibles fósiles en el mundo y diez mil veces superior al consumo actual. El sol es la única fuente de materia orgánica y de energía vital en la Tierra. El colector solar plano, utilizado desde principios de siglo para calentar el agua hasta temperaturas de 80 grados centígrados, es la aplicación más común de la energía térmica del sol. Países como Japón, Israel, Chipre o Grecia han instalado varios millones de unidades, si bien el momento actual de bajos precios del petróleo no es precisamente el más favorable.

Cada metro cuadrado de colector puede producir anualmente una cantidad de energía equivalente a cien kilogramos de petróleo. Las aplicaciones más extendidas son la generación de agua caliente para hogares, piscinas, hospitales, hoteles y procesos industriales, y la calefacción, empleos en los que se requiere calor a bajas temperaturas y que pueden llegar a representar más de una décima parte del consumo. A diferencia de las tecnologías convencionales para calentar el agua, las inversiones iniciales son elevadas y requieren un periodo de amortización comprendido entre 5 y 7 años, si bien, como es fácil deducir, el combustible es gratuito y los gastos de mantenimiento son bajos. Un objetivo voluntarista, pero posible de alcanzar, sería tener instalados para el año 2010 un total de 5 millones de m2 de colectores solares. Tal cifra permitiría ahorrar 340 ktep de otros combustibles. La demanda potencialmente atendible con colectores solares planos asciende a 6,1 Mtep, aunque el objetivo propuesto sólo aspira a cubrir el 5,6 % del consumo español de energía para bajas temperaturas. Alcanzar tal cifra implica un apoyo decidido de la Administración, y la obligación de instalar colectores solares planos en las viviendas de nueva construcción, con el fin de cubrir entre el 50 y el 75 % de las necesidades de ACS en las nuevas viviendas. 3.7.2. Energía solar fotovoltaica La producción de electricidad a partir de células fotovoltaicas en 1999 es aún seis veces más cara que la obtenida en centrales de carbón, pero hace tan sólo 15 años era dieciocho veces más, lo que permite que el empleo de células fotovoltaicas para producir electricidad en lugares alejados de las redes de distribución ya compita con las alternativas existentes, como generadores eléctricos a partir del petróleo. En los próximos 5 años se espera reducir el coste del kWh a 12 centavos de dólar, a 10 para antes del año 2010 y a 4 centavos para el 2030. A lo largo de toda la década el mercado fotovoltaico creció a ritmos anuales superiores al 40%; entre 1971 y 1999 se han instalado en el mundo 1.200 megavatios de células fotovoltaicas. La superficie ocupada no plantea problemas. En el área mediterránea se podrían producir 90 millones de kWh anuales por kilómetro cuadrado de superficie cubierta de células fotovoltaicas, y antes del año 2010, con los rendimientos previstos, se alcanzarán los 150 millones de kWh por km2. Un país como España podría resolver todas sus necesidades de electricidad con apenas 900 km2, el 0,2% de su territorio. Todas las necesidades energéticas mundiales se podrían cubrir ocupando sólo unos 300.000 km2 con células fotovoltaicas. Por lo que se refiere al almacenamiento, la producción de hidrógeno por electrólisis y su posterior empleo para producir electricidad u otros usos, puede ser una óptima solución.

Para el año 2010 se podrían llegar a alcanzar los 167 MWp, cifra importante si se comparan con los 8,7 megavatios de 1998, pero no descabellada, dadas las claras perspectivas que se abren con las nuevas tecnologías. Tal cifra irá destinada a la electrificación rural, a señalización y comunicación, y a los usos agrícolas y ganaderos, aunque deberían igualmente instalarse algunas centrales destinadas al suministro a la red, y varios miles de tejados solares. En España, con una radiación solar diaria superior en la casi totalidad del territorio a 4 kWh por metro cuadrado, el potencial es inmenso. Sólo en los tejados de las viviendas españolas se podrían producir anualmente 180 TWh, cifra equiparable a todo el consumo. Un objetivo viable sería llegar a producir 0,3 TWh fotovoltaicos en el año 2010, fecha a partir de la cual la fotovoltaica debería experimentar un rápido desarrollo, para alcanzar los 32,5 TWh en el año 2020. Para alcanzar tales objetivos se requerirán unas inversiones importantes, pero posibles: unos 13.000 millones de PTA anuales, al objeto de superar las actuales barreras tecnológicas y de economías de escala. 3.7.3. Hidráulica La energía hidroeléctrica se genera haciendo pasar una corriente de agua a través de una turbina. La electricidad generada por una caída de agua depende de la cantidad y de la velocidad del agua que pasa a través de la turbina, cuya eficiencia puede llegar al 90%. El aprovechamiento eléctrico del agua no produce un consumo físico de ésta, pero puede entrar en contradicción con otros usos agrícolas o de abastecimiento urbano, y sobre todo, las grandes centrales tienen un gran impacto ambiental. Las centrales hidroeléctricas en sí mismas no son contaminantes; sin embargo, su construcción produce numerosas alteraciones del territorio y de la fauna y flora: dificulta la migración de peces, la navegación fluvial y el transporte de elementos nutritivos aguas abajo, provoca una disminución del caudal del río, modifica el nivel de las capas freáticas, la composición del agua embalsada y el microclima, y origina la sumersión de tierras cultivables y el desplazamiento forzado de los habitantes de las zonas anegadas. En la mayoría de los casos es la forma más barata de producir electricidad, aunque los costes ambientales no han sido seriamente considerados. En España el potencial adicional técnicamente desarrollable podría duplicar la producción actual, alcanzando los 65 TWh anuales, aunque los costes ambientales y sociales serían desproporcionados. Las minicentrales hidroeléctricas causan menos daños que los grandes proyectos, y podrían proporcionar electricidad a amplias zonas que carecen de ella. La propuesta no considera la construcción de ninguna nueva gran central, centrando los esfuerzos en la rehabilitación de las minicentrales cerradas, mejora de las existentes y aprovechamiento hidroeléctrico de los embalses que carecen de él. Tales acciones permitirían incrementar la producción anual en 3 ó 4 TWh, sin ningún impacto ambiental adicional, hasta alcanzar los 35 TWh en un año medio (ni muy seco ni especialmente lluvioso). Las inversiones necesarias ascienden a 200.000 Mpta.

3.7.4. Energía eólica La energía eólica es una variante de la energía solar, pues se deriva del calentamiento diferencial de la atmósfera y de las irregularidades de relieve de la superficie terrestre. Sólo una pequeña fracción de la energía solar recibida por la Tierra se convierte en energía cinética del viento y sin embargo ésta alcanza cifras enormes, superiores en varias veces a todas las necesidades actuales de electricidad. La potencia que se puede obtener con un generador eólico es proporcional al cubo de la velocidad del viento; al duplicarse la velocidad del viento la potencia se multiplica por ocho, y de ahí que la velocidad media del viento sea un factor determinante a la hora de analizar la posible viabilidad de un sistema eólico. La energía eólica es un recurso muy variable, tanto en el tiempo como en el lugar, pudiendo cambiar mucho en distancias muy reducidas. En general, las zonas costeras y las cumbres de las montañas son las más favorables y mejor dotadas para el aprovechamiento del viento con fines energéticos. La conversión de la energía del viento en electricidad se realiza por medio de aerogeneradores, con tamaños que abarcan desde algunos vatios hasta los 4.000 kilovatios (4 MW). Los aerogeneradores se han desarrollado intensamente desde la crisis del petróleo en 1973, habiéndose construido desde entonces más de 100.000 máquinas. En el 2000 la capacidad instalada asciende a 13.840 MW, equivalente a 14 grandes centrales nucleares. En el año 2000 ya es competitiva la producción de electricidad con generadores eólicos de tamaño medio (de 600 a 800 kW) y en lugares donde la velocidad media del viento supera los 6 metros por segundo. Se espera que dentro de unos pocos años también las máquinas grandes (entre 1 y 2 MW) lleguen a ser rentables. La energía eólica no contamina y su impacto ambiental es muy pequeño comparado con otras fuentes energéticas. De ahí la necesidad de acelerar su implantación en todas las localizaciones favorables, aunque procurando reducir las posibles repercusiones negativas, especialmente en las aves, en algunas localizaciones. Las mejores zonas eólicas en España son las siguientes: Islas Canarias, Zona del Estrecho, costa Gallega, valle del Ebro y La Mancha, aunque se requieren estudios de recursos a escala local para detectar las mejores localizaciones.

En España se instalaron 379 megavatios (MW) eólicos en 1998, y 750 MW en 1999, cifra nunca alcanzada, y que convierte a nuestro país en el tercero del mundo, sólo superado por Alemania y EE UU. En Navarra la energía eólica suministra ya el 23 por ciento del consumo de electricidad, gracias a la labor desarrollada por Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN) y muestra como la eólica y otras fuentes renovables permitirán reducir las emisiones de dióxido de carbono.

En explotación y ejecución en 1999 había 1.834 megavatios: 588 MW en Galicia, 334 en Navarra, 236 en Aragón, 212 en Castilla y León, 158 en Andalucía, 128 en Canarias, 112 en Castilla-La Mancha, 59 en Cataluña y 6 en Murcia.

La energía eólica es la fuente de energía que más rápidamente está creciendo en el

mundo, con ventas mundiales superiores a 2.000 millones de dólares. En España se han creado más de 5.000 empleos directos e indirectos en la industria eólica, en las 175 empresas del sector eólico. El mayor fabricante es Gamesa Eólica, con una importante participación de la danesa Vestas. El segundo es MADE, seguido por Ecotecnia, DESA-AWP, BAZAN-BONUS y TAIM-NEG MICON. La nueva factoría de Enron en la provincia de Toledo puede alterar el panorama. Los países que más podrían beneficiarse de la energía eólica son los del Tercer Mundo, con escasos recursos energéticos convencionales.

El desarrollo tecnológico ha permitido que el coste del kilovatio eólico instalado haya descendido desde los 2.600 dólares de 1981 a los 800 dólares de 1998, lo que la convierte en una fuente competitiva, incluso sin contabilizar los costes ambientales de otras fuentes. La energía eólica podría suministrar dentro de 20 años más del 10% de la electricidad mundial, y a largo plazo puede superar a la energía hidráulica, que actualmente suministra el 23% de la electricidad mundial. El potencial eólico mundial, considerando todas las limitaciones ambientales, supera los 55.000 TWh (teravatios/hora), cuatro veces el actual consumo mundial de electricidad.

El crecimiento acelerado de la industria eólica continuará en el año 2000. España superará los 2.000 megavatios eólicos. Otros países donde crecerá la energía eólica son Estados Unidos, Canadá, Italia, Japón, Noruega y Reino Unido. Entre los países en desarrollo, destacarán Argentina, Brasil, Costa Rica, India, Egipto y Marruecos.

El impacto sobre las aves es mínimo, en el paisaje depende de las percepciones y otros pequeños impactos (desmontes, accesos, tendidos, subestaciones) se pueden reducir cuando se hacen las cosas bien. En cualquier caso la eólica es la forma de producir electricidad menos mala en términos ambientales.

La energía eólica es una alternativa clara al cambio climático, a las lluvias ácidas, a los residuos radiactivos y a la pérdida de diversidad biológica, es ya competitiva y podría aportar 10.000 megavatios en España para el año 2005, según la Asociación de Pequeños Productores y Autogeneradores de Electricidad con Fuentes de Energía Renovables (APPA). Instalar tal potencia requerirá unas inversiones de 1,26 billones de pesetas, supondrá la creación de 9.000 empleos fijos en la producción de aerogeneradores y 3.600 en la explotación. Navarra prevé en el horizonte del año 2010 cubrir el 45 por ciento de su demanda eléctrica con la instalación de 577 megavatios eólicos que producirán anualmente 1.300 GWh. Esta potencia eólica impedirá la emisión anual de un millón y medio de toneladas de CO2, y requerirá 92.000 millones de pta en inversiones (incluidas las ya realizadas). en los parques de El Perdón y Leitza) por parte de Energía Hidroeléctrica de Navarra. En Navarra se habían creado en el 1998 270 empleos directos, entre los 126 de Gamesa Eólica (produce aerogeneradores de 750 kW en Pamplona), 64 en Apoyos Metálicos (producen las torres en Olazagutía), y los 80 en Fiberblade (fabrica palas en Alsasua) y más de 1.000 indirectos. Otros suministradores son Desarrollos Eólicos, Ecotecnia, MADE, Energías Renovables, TAIM-TFG, Aerogeneradores Canarios y ADES. En total, la eólica ya emplea a cerca de 4.000 personas en España, entre empleos directos e indirectos.

La experiencia navarra es importante por muchas razones. En primer lugar porque demuestra que el potencial eólica es mucho mayor del estimado oficialmente; de hecho, tanto el Atlas Eólico Español como el Atlas Eólico Europeo no incluían a Navarra como zona potencialmente viable para la producción eólica. En segundo lugar Navarra es un claro ejemplo de que, cuando hay voluntad política, las energías renovables pueden desarrollarse de forma competitiva, creando empleo y sin dañar apenas al medio ambiente.

Cuando se aborda el impacto ambiental de una fuente de energía ha de estudiarse el ciclo completo y analizar todas las repercusiones. Entre todas las fuentes energéticas, la eólica, junto con la solar directa, es la menos dañina para el medio ambiente. Los impactos sobre el paisaje y la avifauna son pequeños. Los grupos conservacionistas, que con tan buena voluntad critican el desarrollo de la eólica, harían bien en destinar sus esfuerzos a otros enemigos infinitamente más dañinos para el medio ambiente. La colisión de algún ave contra un aerogenerador, no es nada comparada con los afectos de las lluvias ácidas y el cambio climático en la avifauna, por no hablar de otras especies y los propios seres humanos, efectos que la eólica ayuda a mitigar. El California, donde existen 7.300 aerogeneradores, sólo se registra la muerte de un ave por molino cada 26 años. La mortandad mayor en Tarifa se debió a que un parque estaba situado junto a un vertedero, y en menor medida al paso de aves migratorias. Las aves se acostumbran rápidamente a los aerogeneradores, y hasta las aves migratorias desvían su trayectoria. En cuanto al paisaje, depende de gustos, igual que con los molinos de La Mancha o de Holanda.

Pero es que además la eólica se está desarrollando con un respeto para el medio ambiente que nunca se ha dado con otras fuentes de energía. En Navarra, de los 72 emplazamientos posibles, se han desechado 50 por razones medioambientales, de forma que la actual propuesta sólo contempla la implantación de 18 parques, quedando 4 en reserva. En los parques eólicos se utilizan al máximo los accesos y las infraestructuras existentes, se evitan afecciones a la vegetación, se restaura la vegetación y se cierran los caminos de acceso a vehículos de motor, entre otras muchas actuaciones. La eólica apenas ocupa suelo (la ocupación real es de sólo el 1 por ciento de la superficie del parque), es compatible con otros usos y es una instalación reversible, que tras su clausura devuelve al terreno su apariencia original.

Como recuerda la EWEA instalar 100.000 MW en Europa ocuparía sólo un área de 8.000 km2, y el 99 por ciento de esta superficie seguiría disponible para pastos o la agricultura. Los 10.000 MW propuestos sólo ocuparían realmente 80 km2, menos del 3 por ciento del área ocupada hoy de forma irreversible por los embalses (3.000 kilómetros cuadrados sólo en España).

La reducción del impacto ambiental del sector energético se logra de varias maneras. En primer lugar reduciendo el despilfarro y el consumismo, adoptando un modelo menos intensivo en energía. En segundo lugar aumentando la eficiencia y el ahorro energético. En tercero abandonando y clausurando las centrales nucleares, sin lugar a dudas la peor de todas las fuentes energéticas. En cuarto limitando, en este orden, la aportación del carbón, el petróleo y el gas natural, causa del cambio climático. En quinto, frenando la construcción de grandes embalses para producir electricidad, y los proyectos de monocultivos energéticos, que pueden tener graves repercusiones en la diversidad biológica, clausurando las plantas de incineración de residuos. Y en sexto, desarrollando la eólica, la geotérmica y todos los usos directos de la energía solar, como la fotovoltaica y la solar térmica, con el debido cuidado ambiental. La eólica es parte de la solución, no del problema. Alcanzar los 10.000 MW en el año 2010 es un objetivo ambicioso, pero factible técnica y económicamente, dadas las ventajas de la energía eólica: reducido impacto ambiental, recurso renovable, independencia de las importaciones e impacto positivo en la generación de empleo. Se debe desarrollar una industria capaz de producir en serie y a costes competitivos. Los costes de la eólica son ya competitivos con los de las energías convencionales: menos de 125.000 PTA el KW instalado y de 5 a 8 PTA el kWh. En el año 2010 sería factible producir en España 24 TWh, y en el año 2020 se podrían alcanzar los 45 TWh. La meta a alcanzar es instalar 20.000 MW eólicos en el año 2020. 3.7.5. Energía geotérmica El gradiente térmico resultante de las altas temperaturas del centro de la Tierra (superiores a los mil grados centígrados), genera una corriente de calor hacia la superficie, corriente que es la fuente de la energía geotérmica. El valor promedio del gradiente térmico es de 25 grados centígrados por cada kilómetro, siendo superior en algunas zonas sísmicas o volcánicas. Los flujos y gradientes térmicos anómalos alcanzan valores máximos en zonas que representan en torno a la décima parte de las tierras emergidas: costa del Pacífico en América, desde Alaska hasta Chile , occidente del Pacífico, desde Nueva Zelanda a Japón, el este de África y alrededor del Mediterráneo. El potencial geotérmico almacenado en los diez kilómetros exteriores de la corteza terrestre supera en 2.000 veces a las reservas mundiales de carbón. La explotación comercial de la geotermia, al margen de los tradicionales usos termales, comenzó a finales del siglo XIX en Lardarello (Italia), con la producción de electricidad. Hoy son ya 22 los países que generan electricidad a partir de la geotermia, con una capacidad instalada de 8.000 MW, equivalentes a ocho centrales nucleares de tamaño grande. Estados Unidos, Filipinas, México, Italia y Japón, en este orden, son los países con mayor producción geotérmica.

Actualmente, una profundidad de perforación de 3.000 metros constituye el máximo económicamente viable; otra de las limitaciones de la geotermia es que las aplicaciones de ésta, electricidad o calor para calefacciones e invernaderos, deben encontrarse en las proximidades del yacimiento en explotación. La geotermia puede llegar a causar algún deterioro al ambiente, aunque la reinyección del agua empleada en la generación de electricidad minimiza los posibles riesgos. Los países con mayores recursos, en orden de importancia, son China, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Perú y México. El potencial geotérmico español es de 600 ktep anuales, según una estimación muy conservadora del Instituto Geológico y Minero de España. Para el año 2010 se pretende llegar a las 10 ktep. Los usos serían calefacción, agua caliente sanitaria e invernaderos, no contemplándose la producción de electricidad. 3.7.6. Biomasa La utilización de la biomasa es tan antigua como el descubrimiento y el empleo del fuego para calentarse y preparar alimentos, utilizando la leña. Aún hoy, la biomasa es la principal fuente de energía para usos domésticos empleada por más de 2.000 millones de personas en el Tercer Mundo. La combustión de la biomasa es contaminante. En el caso de la incineración de basuras, tal y como se viene haciendo con los residuos urbanos en la mayoría de las ciudades europeas y norteamericanas, la combustión emite a la atmósfera contaminantes, algunos de ellos cancerígenos, como las dioxinas. El reciclaje y la reutilización de los residuos permitirá mejorar el medio ambiente, ahorrando importantes cantidades de energía y de materias primas, a la vez que se trata de suprimir la generación de residuos tóxicos y de reducir los envases. En España actualmente el potencial energético de la biomasa asciende a 37 Mtep, pero tal cifra incluye 19,6 Mtep de cultivos energéticos y 13,8 Mtep de residuos forestales y agrícolas. La producción de biocombustibles y un uso energético excesivo de los residuos forestales y agrícolas no es deseable, dadas sus repercusiones sobre la diversidad biológica, los suelos y el ciclo hidrológico, sin olvidar que lo más importante es producir alimentos, y no biocombustibles para los automóviles privados. Las estadísticas oficiales sobre el consumo de biomasa no reflejan las cifras reales, muy inferiores a las publicadas por el IDAE. El objetivo de alcanzar las 5,4 Mtep en el 2010 en la práctica supone duplicar el consumo oficial de biomasa. La obtención de biogás en digestores a partir de residuos ganaderos reducirá las emisiones de metano, y debe ser promocionada, con el fin de reducir la contaminación, obtener fertilizantes y producir energía.

3.7.7. Hidrógeno La producción de hidrógeno por fotolisis es un proceso aún inmaduro tecnológicamente y cuya viabilidad es necesario demostrar, lo que requerirá enormes inversiones en investigación; si algún día se llegará a producir hidrógeno comercialmente, a precios competitivos, y a partir de dos factores tan abundantes como son el agua y la energía solar, los problemas energéticos y ambientales quedarían resueltos, pues el hidrógeno, a diferencia de otros combustibles, no es contaminante. Otra forma de producir hidrógeno es por electrólisis, pero éste es un proceso que requiere grandes cantidades de electricidad, la cual puede obtenerse merced a las células fotovoltaicas, almacenando de esta forma la energía solar. En cualquier caso en las próximas décadas entraremos en una economía basada en el hidrógeno como combustible secundario; su combustión apenas contamina. La energía primaria para su obtención será la solar u otras con características similares, como es el caso de la fusión (no la fisión) nuclear, aunque ésta puede plantear graves problemas ambientales, tecnológicos e incluso económicos, al igual que hoy sucede con la fisión del uranio. El hidrógeno servirá para almacenar la energía solar y eólica cuando no haya sol o no sople el viento, y alimentará a las pilas de combustible hoy en desarrollo, y que en un futuro no muy lejano puede llegar a ser una importante fuente de producción descentralizada de electricidad a pequeña escala, sin apenas impactos ambientales. Las pilas de combustible también sustituirán a los motores de combustión interna de los automóviles. 3.8. Empleo en el sector energético Carbón: Sólo entre 1985 y 1994 la plantilla en la minería nacional de carbón se ha reducido en un 50% (de 52.910 personas en 1985 a 26.133 en 1996). El futuro del empleo en la minería está condicionado por el Plan 1998-2005; según el Plan, habrá una reducción de 7.000 empleos por prejubilaciones, y para el año 2005 el sector contará con 17.500 puestos de trabajo en la minería. Las reservas nacionales recuperables de carbón ascienden en la actualidad a 865 Mtec (en 1999 se produjeron 12,3 Mtec de carbón nacional y se importaron 16,5 Mtec). Gas natural, petróleo, sector eléctrico y energía nuclear: La tendencia es a una disminución lenta, y sin el dramatismo del carbón, del empleo existente, unos 60.000 en 1999. No cabe esperar creación neta de empleo. Energías renovables y ahorro energético: El desarrollo de las energías renovables, y sobre todo políticas de aumento de la eficiencia energética, podría compensar con creces la pérdida de empleo en el conjunto del sector energético. Las actuaciones de mejora de la eficiencia energética crean un volumen importante de empleo en las fases de fabricación de los equipos, construcción y montaje, pero muy reducido en la fase de operación.

Un estudio (Ecotec (1994),The Potencial for Employment Opportunities from Pursuing Sustainable Development) llegó a la conclusión de que se podrían crear 880.000 empleos directos en la Unión Europea en el horizonte del año 2020 desarrollando las energías renovables y aumentando la eficiencia energética. En España sólo Comisiones Obreras ha analizado el impacto sobre el empleo de las diversas políticas energéticas. Según CC OO las energías renovables podrían crear unos 50.000 empleos. Lo único cierto es que la actual política energética, al ser intensiva en capital y al basarse en la importación de petróleo, gas natural y hulla, afecta negativamente al empleo. La promoción de las energías renovables y el aumento de la eficiencia energética contribuirá a la creación de empleo, tanto directo como indirecto: -los bienes de equipo y la construcción civil serán beneficiados; -aumentará la competitividad general de la economía, al reducirse el déficit comercial, frente a un modelo energético que se apoya sobre todo en las importaciones de productos energéticos; -el cambio climático y la crisis ambiental en general obligará a adoptar una nueva política energética. Los países que antes promocionen las energías renovables y las tecnologías más eficientes estarán más preparados. La energía eólica muestra las potencialidades para la creación de empleo de las nuevas tecnologías energéticas. Actualmente hay varias empresas fabricantes, Gamesa Eólica, la cooperativa Ecotecnia, Made, filial del grupo ENDESA y Desarrollos Eólicos, entre otras. En total, la eólica ya emplea a cerca de 4.000 personas en España, entre empleos directos e indirectos. La propuesta alternativa supondrá la creación de 9.000 empleos fijos en la producción de aerogeneradores y 3.600 en la explotación, y un total de 60.000 nuevos empleos sólo en renovables (34.000 en la producción y obra civil, y 26.000 en la explotación). Las medidas destinadas a aumentar la eficiencia energética y a promocionar el transporte público tendrán un importante efecto positivo en la creación de nuevos empleos. 3.9. Referencias 1. Revista World Watch nº5 dedicada al cambio climático, Jugando a ser Dios con el Clima, Madrid, 1998, nº12, Evolución de las emisiones de gases de invernadero en España, y Los agujeros del cambio climático. 2 .Climate Network Europe: Independent NGO Evaluations of National Plans for Climate Change Mitigation. OECD Countries. 1997. 3. Ministerio de Medio Ambiente: "Segunda Comunicación Nacional de España" a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Madrid, 1997. MOPTMA: "Informe de España a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático". Madrid, 1994; "Programa Nacional sobre el Clima". Madrid, 1994. 4. Los últimos informes del IPCC son Climate Change 1995 (Tres tomos que suman 1.898 páginas) y Climate Change 1994. Radiative Forcing of Climate Change and An Evaluation of the IPCC IS92 Emission Scenarios. Cambridge University Press, 1996 y 1995. También en 1995 se publicó un resumen titulado Radiative Forcing of Climate Change WMO/UNEP. Geneva, 1995. Otros informes del IPCC son: Scientific Assessment of

Climate Change. WMO/UNEP. Geneva, 1990; Climate Change: the IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, 1990; Climate Change 1992: The Supplementary Report to the IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, 1992. 5. Boyle, G. et al. (1996). Renewable Energy. Power for a Sustainable Future. Oxford University Press, Oxford. 6. Goldemberg et al. (1988). Energy for a sustainable world. John Wiley and sons, New Delhi. 7. Goldemberg, J. (1996). Energy, Environment and Development. Earthscan, Londres. 8. Johansson, T. B. et el (1993). Renewable Energy. Island Press, Washington. 9. Flavin, C. y Lenssen, N. (1995). Power Surge. A guide to the coming energy revolution. Earthscan, Londres. 10. D. Deudney y C. Flavin (1983). Renewable energy: The power to Choose. Norton, Nueva York. 11. Ogden, J.M. et Williams R. H. (1989). Solar Hydrogen. Moving Beyond Fossil Fuels. World Resources Institute, Washington. 12. Leggett et al (1990). Global Warming. The Greenpeace Report. Oxford University Press, Oxford. 13. EWEA (1990). Wind Energy in Europe. Time for Action. Bristol. 14. IDAE (1999). Plan de Fomento de las Energías Renovables en España. Madrid. 15. CC OO (2000). Evolución de las emisiones de gases de invernadero en España. José Santamarta Flórez es director de la edición en castellano de la revista World Watch. Es economista y licenciado en Filosofía, y trabajó en el IDAE en planificación energética, estudios de demanda y elaboración de balances energéticos. Ha sido consultor de la Unión Europea así como de varios organismos de la administración central y autonómica. Tiene publicados varios libros y numerosos artículos sobre modelos energéticos y balances energéticos y temas relacionadas con el medio ambiente. Ha asistido a varias reuniones y conferencias internacionales relacionadas con el cambio climático (Río 1992, Bonn 1996 y 1997) como ponente y formando parte de la delegación del Climate Action Network (CAN). Es miembro de Amigos de la Tierra, y ha trabajado para varias ONG. Fue el representante de las ONG en la Conferencia de Río de 1992.