políticas de ajuste estructural, tlcan y crisis...
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Políticas de ajuste estructural, TLCAN y crisis alimentaria en México.*
Jorge Alfonso Calderón Salazar Profesor de la Facultad de Economía. UNAM
México, 10 de octubre de 2008
Globalización, TLCAN y ajuste estructural.
Sheila Page en su estudio sobre regionalismo entre los países en vías de
desarrollo1 cuestiona la visión de que el comercio sea la motivación básica de las
áreas de libre comercio, uniones aduaneras y mercados comunes resaltando la
creciente importancia de lazos económicos diferentes a los arancelarios y los no
económicos.2
Respecto al TLCAN afirma que para los tres países que lo integran las ganancias
obtenidas en el terreno estrictamente comercial son pequeñas. México ganó muy
poco respecto a lo que ya había obtenido por medio del Sistema Generalizado de
Preferencias y los acuerdos sobre maquiladoras. Estados Unidos ya había
obtenido ventajas sustanciales gracias a las reducciones arancelarias unilaterales
de México. Canadá comerciaba poco con México. Por tanto, el comercio parece
insuficiente para explicar el TLCAN. Opina que Canadá y México temían que, en
ausencia de acuerdos especiales en materia de acceso a mercados, Estados
Unidos podría incrementar sus barreras de manera unilateral. De ser así, el
cálculo correcto no es la pequeña diferencia entre el comercio con TLCAN y el que
se realizaba con las reglas anteriores, sino entre el amplio intercambio con TLCAN
y el comercio con acceso reducido. La ganancia provino de la garantía de no
* Ponencia presentada en el XXVIII Seminario de Economía Agrícola, Mesa VII “Estado vs libre mercado: crisis alimentaria, TLCAN y soberanía Alimentaria”, organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, Ciudad de México, 10 de octubre de 2008. 1 Sheila Page, Regionalism among Developing Countries, MacMillan Press Ltd., London, 2000. 2 Ibíd., p. 8-9 y ss.
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perder acceso, más que nuevo acceso. Esto se basó en la presunción de que un
compromiso de Estados Unidos con un acuerdo regional tiene mayor credibilidad
con sus contrapartes comerciales que uno del GATT/OMC. Por otra parte, México
quería “amarrar” su política de apertura comercial por medio del compromiso del
TLCAN. Con el TLCAN, Estados Unidos buscó un seguro contra futuros cambios
de política de México, ganando Estados Unidos ciertas relaciones especiales en
comercio e inversión.3
Guadalupe González, en un texto sobre la política exterior de México en la etapa
de vigencia del TLCAN4, sostiene que en los años noventa del siglo XX el
gobierno federal mexicano buscó institucionalizar una asociación económica con
los Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte e
instrumentó reformas económicas que vinieron acompañadas de mayores
disparidades en la distribución del ingreso, una economía segmentada y una
sociedad dividida con una democracia frágil que enfrenta serios problemas de
inestabilidad y gobernabilidad.
El pensamiento neoliberal dominante en la administración pública insistió en la
necesidad de profundizar la apertura comercial, desregulación financiera y de
inversiones, flexibilización laboral y privatización de energéticos, pensiones y
otros.
La citada autora expone que los esfuerzos gubernamentales de adaptación a la
globalización han sido de carácter reactivo, desigual, parcial y contradictorio. La
liberalización fue desigual, existe una crisis de credibilidad inherente al régimen
3 Ibíd., p. 16. 4 Guadalupe González González. “Las estrategias de la política exterior de México en la era de la globalización”, en: Humberto E. Garza, “ Entre la globalización y la dependencia”. El Colegio de México y Tecnológico de Monterrey. México, 2002, pp. 27-79.
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político en transición y los dirigentes políticos intentaron una apertura comercial al
mismo tiempo que pretendieron y un aislar al régimen político de las nuevas
tendencias internacionales promotoras de los valores democráticos y los derechos
humanos. Considera que en la posguerra fría existe una unipolaridad estratégica y
militar y una multipolaridad económica que origina una creciente inestabilidad del
sistema internacional. Esto abre opciones a países como el nuestro mismas que,
sin embargo, no han sido aprovechadas por los gobiernos mexicanos de las
últimas décadas que, en aras de una “asociación estratégica” con los Estados
Unidos han profundizado la dependencia y subordinación, acentuando las
asimetrías e incrementado la vulnerabilidad de su economía ante los ciclos
económicos de ese país en virtud de que el 89% de sus exportaciones se orientan
al vecino del norte y se ha caminado en dirección opuesta a la diversificación del
comercio exterior.
Después de hacer un detallado recuento de la evolución de la política exterior y la
apertura comercial, resalta la otra cara del proceso, bajo crecimiento económico:
apenas 1.4% de crecimiento promedio del PIB de 1985 a 1998, tasa inferior a la
obtenida en tres décadas anteriores y menor al crecimiento demográfico, con el
consiguiente estancamiento, e incluso reducción, del producto interno bruto per
cápita. Resultado: la asimetría de poder con respecto a Estados Unidos no ha
cambiado; la economía estadounidense era y sigue siendo 25 veces mayor que la
mexicana y la diferencia de ingreso per cápita es todavía de 1 a 8. Concluye: la
dependencia mexicana respecto a EU es hoy más profunda que nunca.
Esta visión crítica de la política económica instrumentada en el período de
vigencia del TLCAN es coincidente con las tesis de Víctor Soria cuando sostiene
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que: “Con el advenimiento de la globalización, el Estado del bienestar se ha visto
desplazado por el Estado neoliberal, cuyas derivaciones económicas y políticas
han sido diseminadas de manera eficaz por el Estado nación estadounidense,
apoyado por los organismos financieros internacionales, a través del llamado
Consenso de Washington. A su vez, el Estado periférico mexicano, de carácter
dependiente, ha sido proclive a la ideología neoliberal desde la crisis de los años
ochenta, presentando una peculiar dualidad: por una parte se ha mostrado muy
dinámico al servir como vector de la expansión del capital internacional a través de
las reformas estructurales que operaron la apertura económica, la privatización de
empresas paraestatales, la desnacionalización del sistema bancario y la
eliminación de restricciones a la inversión extranjera, lo cual ha transformado el
patrón de acumulación. Por otra, ha sido extremadamente pasivo e impotente para
aplicar medidas que atenúen el desmantelamiento industrial, la caída del mercado
interno, el desempleo disfrazado y el creciente empobrecimiento de la población
mexicana”5. Además, sostiene que esta estrategia del gobierno mexicano acentuó
la dependencia financiera y las empresas transnacionales (ET) se consolidaron
como el centro del nuevo patrón de acumulación secundario-exportador,
rompiendo cadenas productivas y maquilizando la economía.
Políticas de ajuste estructural e impacto macroeconómico del TLCAN en México.6
5 Soria, Víctor; “Algunas implicaciones teórico empíricas del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica”, en México en la región de América del Norte problemas y perspectivas; Vidal, Gregorio (coordinador), UAM-Miguel Ángel Porrúa, México, 2004.., p. 42. 6 Este apartado es un resumen del capítulo tercero de la primera versión de mi tesis de Doctorado en Ciencias Sociales. Área de Relaciones Internacionales. Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco: “Evaluación de l impacto macroeconómico del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en México.” México D. F. Diciembre de 2007.
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El TLCAN consolidó y fortaleció las políticas de ajuste estructural instrumentadas
desde 1982 y marcó el inicio de una nueva etapa de profundización de la
transnacionalización de la economía mexicana. A partir de su entrada en vigor, se
aceleraron los procesos de privatización de empresas públicas y apertura
comercial profundizando la dependencia económica respecto de la dinámica de la
economía internacional, y, particularmente, de la estadounidense, subordinando el
entorno macroeconómico a los ciclos económicos de Estados Unidos. El TLCAN
fortaleció la política de desregulación de la inversión extranjera y otorgó un trato
aparentemente de iguales a países con profundas asimetrías.
El TLCAN permitió un auge en los intercambios comerciales de los tres países
miembros, sin embargo, su impacto en términos de generación de empleos,
mejoramiento salarial y condiciones sociales de vida ha sido limitado, entre otras
razones, por la alta concentración de los flujos comerciales en empresas
monopólicas, especialmente corporaciones transnacionales y en ciertas regiones
del norte del país.
En los últimos 15 años, la economía mexicana mantiene un dinamismo desigual e
inestable. En parte esto es consecuencia de impactos del TLCAN y,
simultáneamente, es resultado de decisiones internas de política económica. En
los primeros años del siglo XXI México ha tenido una relativa estabilidad
macroeconómica. Sin embargo, aunque la inflación ha disminuido respecto a los
niveles medios de la década anterior, las condiciones macroeconómicas
generales, como los salarios reales, el tipo de cambio, la tasa de interés, que
ejercen una fuerte influencia en las decisiones de asignación de recursos y de
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inversión, han sido negativas. Ello se debe en parte a la inestabilidad de la
balanza de pagos y la vulnerabilidad externa asociadas a los choques comerciales
y financieros, y en parte a una pérdida de autonomía de la política
macroeconómica debido a la rápida liberalización y la estrecha integración a la
economía estadounidense.
La política económica instrumentada por el gobierno federal de México en el
período del TLCAN no ha logrado producir un entorno macroeconómico apropiado
para la creación y expansión de la capacidad productiva y el mejoramiento de la
productividad y de la competitividad internacional. Tampoco ha dado lugar a la
aplicación de medidas de política económica eficaces a nivel sectorial o
microeconómico como las que se emplean en el Asia Oriental (medidas
diferenciadas de apoyo y protección).
En los años del TLCAN, el comercio de México con Norteamérica pasó de
representar 78.7% a casi el 85 por ciento, y en el caso de las exportaciones
alrededor del 90 por ciento se destinan a la zona TLCAN. México, pese al
superávit comercial con Estados Unidos, tiene un déficit comercial global y se ha
convertido en el país con el mayor crecimiento de importaciones en América
Latina.
Desde la entrada en vigor del TLCAN, el comercio (importaciones y exportaciones)
de México con sus contrapartes norteamericanas se multiplicó. Sin embargo, su
impacto en términos de balance global de generación de empleos, mejoramiento
salarial y condiciones de vida ha sido limitado; entre otras razones, por la alta
concentración de los flujos comerciales y la política de ajuste estructural aplicada
por el gobierno mexicano en los años de vigencia del TLCAN.
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El aumento de las entradas de capital ha permitido un persistente superávit de la
balanza de capitales que han permitido cubrir el déficit comercial. Sin embargo, a
la larga esto ha contribuido, a su vez, a incrementar el déficit de la balanza de
servicios, no sólo por el mayor servicio de la deuda sino también por el efecto
negativo de las remesas al exterior por concepto de utilidades de la IED y el pago
de dividendos que se reflejan en las transacciones de las empresas extranjeras,
todo lo cual origina una tendencia deficitaria en la balanza en cuenta corriente.
Esto ha obligado a dirigir constantemente la política económica a conseguir
importantes corrientes de financiamiento exterior, más que a estimular la
formación interna de capital y el crecimiento de la productividad para mejorar la
base productiva y acrecentar la competitividad internacional.
En los años de vigencia del TLCAN la ausencia de una política pública de fomento
industrial, aceleró la pérdida relativa de participación de la industria nacional de
manufacturas. Esto propició que continuara la ruptura de cadenas productivas
iniciada con la crisis de 1983. La dinámica expuesta se acentuó por la ausencia de
un plan nacional para el financiamiento del desarrollo y de apoyo a la reconversión
productiva. En el momento en que era vital para la adecuada inserción de México
en un entorno de alta competencia internacional contar con fondos a bajo costo
para impulsar la renovación y el cambio tecnológico se redujo la inversión pública,
la banca de desarrollo disminuyó el financiamiento a las empresas mexicanas y el
crédito bancario se limitó de manera significativa en un entorno macroeconómico
caracterizado en los años noventa del siglo XX por elevados niveles de inflación,
alto costo del crédito, procesos devaluatorios, inestabilidad financiera y fuga de
capitales.
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La ausencia de políticas públicas activas en materia de reconversión industrial y
cambio tecnológico, dificultaron un reajuste ordenado de la planta productiva del
país. Además, la desregulación de la inversión extranjera y la adopción, en el
TLCAN, del principio de trato nacional, unida a que la insolvencia de numerosas
empresas duramente golpeadas por la recesión de la década perdida (los años
ochenta) y la crisis de 1995-1996 aceleraron la desnacionalización del aparato
productivo interno. La ausencia de una estrategia nacional de reconversión
productiva dificultó la adaptación e innovación tecnológica de la planta productiva
nacional, limitando su acceso y elevando sus costos.
La desregulación de la inversión extranjera propició el incremento del control
extranjero en el sector financiero de México y en general de empresas industriales
y de servicios. Sin embargo es fundamental resaltar que los límites a la inversión
foránea de los socios comerciales del TLCAN en sectores como la banca y las
finanzas fueron totalmente eliminados por modificaciones a la legislación interna
realizados en 1999, a seis años de la entrada en vigor del TLCAN, lo que dejó sin
efectos las disposiciones gradualistas del TLCAN. De ahí que, el control externo
de más del 80% del sistema financiero es, ante todo, resultado de políticas
públicas adoptadas por el poder ejecutivo y el bloque mayoritario de legisladores
mexicanos (Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional). En
suma, de haber prevalecido las normas del TLCAN la participación de bancos de
EU y Canadá no habría rebasado el 25 % del total.
Desarrollo rural y ajuste estructural
A partir de 1983 el sector agrícola inició la transición hacia un nuevo esquema de
desarrollo caracterizado por una menor intervención del Estado en las actividades
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productivas, la apertura comercial externa, la desregulación de economía y el
equilibrio en las finanzas públicas. Según sus impulsores, las políticas de ajuste
estructural debían generar un crecimiento del sector en su conjunto mayor que el
registrado históricamente (3% anual entre 1950 y 1980, y 3.5% entre 1970 y
1980). Asimismo, debían llevar a una reorientación de los recursos para
aprovechar mejor las ventajas comparativas de la región (atenuadas por las
políticas de intervención de los países desarrollados)7.
Sin embargo, el repliegue del Estado de la agricultura dejó vacíos institucionales
que el sector privado no ha colmado o en las que únicamente ha creado
monopolios locales. La retirada del Estado, y la reestructuración y la liquidación o
contracción de las instituciones públicas, otrora muy presentes e interventoras,
han tenido efectos adversos, en especial para los pequeños y medianos
productores, en el acceso al crédito, a la asistencia técnica agrícola (incluso se
observa una regresión tecnológica de la agricultura campesina.), a los mercados y
a los centros de acopio, y también en la investigación científica y tecnológica8,
situación que ha debilitado los mercados de crédito, seguros, servicios
agropecuarios y productos finales.
La aplicación de estas políticas ha originado la disminución drástica de los
subsidios a la producción, la eliminación de los precios de garantía, el retiro del
Estado de la compra de cosechas y el abandono de su papel como administrador
de empresas que intervienen directamente en el proceso productivo. La apertura
comercial y la disminución del rol estatal han creado un marco desfavorable para
7 CEPAL “Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina, julio de 1999. Davis, Benjamín. “Las políticas de ajuste de los ejidatarios frente a la reforma neoliberal en México”, Revista CEPAL núm. 72, diciembre 2000, p. 98 8 Dirven, Martine. “El papel de los agentes en las políticas agrícolas: intenciones y realidad”, Revista CEPAL núm. 68, agosto 1999, p71. Banco Interamericano de Desarrollo. “Evaluación del Programa de País (CPE): México, 1990 – 2000”, BID, 2001.
10
la producción agropecuaria. La importación de alimentos y materias primas
baratas ha reducido la rentabilidad y ha agudizado la competencia en los
mercados domésticos de granos, oleaginosas, lácteos y carnes. Al mismo tiempo,
los apoyos y subsidios gubernamentales a la producción han descendido en
términos generales, reforzando el descenso de la rentabilidad del sector. El
impacto de las políticas públicas sobre el empleo, los salarios y el ingreso familiar
ha sido negativo. Se han puesto en marcha programas sociales orientados a
compensar la disminución del ingreso real por habitante, pero han sido
insuficientes. El resultado neto ha sido un aumento de los niveles de pobreza rural,
que eran ya altos, durante los últimos años. La mayoría de los indicadores
sociales muestra un deterioro en el sector rural. Los subsidios a la producción
mediante la venta de fertilizantes y agua de riego, a precios inferiores a sus costos
de producción, de crédito subsidiado y de servicios técnicos gratuitos, han sido
drásticamente disminuidos, cuando no cancelados. Diversas empresas
paraestatales, que antes tenían una participación importante en la compra y
distribución de insumos y productos, han desaparecido dejando vacíos que no ha
llenado rápidamente el capital privado. Algo similar ha sucedido con instituciones
de financiamiento y aseguramiento agrícolas. Estas políticas se tradujeron en
aumentos de los costos de producción superiores a los precios de los productos
agrícolas, en la mayoría de los casos, lo cual ha provocado una caída en la
rentabilidad de las actividades agropecuarias9.
Si bien durante la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988) se comenzaron
9 CEPAL “Efectos sociales de la globalización sobre la economía campesina, julio de 1999.
11
a aplicar las políticas de ajuste estructural, es durante la presidencia de Carlos
Salinas de Gortari (1988-1994) cuando éstas se profundizan. En el sexenio 1988-
1994 las reformas sectoriales se centraron en la liberalización del comercio, la
reducción del papel del Estado en la agricultura y la ganadería y la disminución y
reorientación de los subsidios, particularmente el crédito y la asistencia técnica.
Este programa suponía la eliminación de las restricciones cuantitativas y el
sistema de licencias, así como la reducción de aranceles, la desregulación de los
mercados de insumos y productos y la eliminación de los precios de garantía,
salvo los del maíz y los frijoles.
Asimismo, se efectuó la reforma del artículo 27 de la Constitución, aprobada en
1991, que formalmente ponía término al proceso de reforma agraria en México.
Esta reforma disponía un proceso legal, el Programa de Certificación de Ejidos
(Procede), por medio del cual se delimitan derechos territoriales dentro del ejido y
se emiten títulos de dominio y propiedad plena, de modo que los ejidos pueden
privatizar las parcelas y, con el tiempo, alquilarlas o venderlas.10
Por otra parte, la apertura comercial unilateral y abrupta, que de manera
recurrente se ha combinado con una política de peso fuerte que utiliza el tipo de
cambio como ancla antiinflacionaria y desemboca en sobrevaluaciones crecientes
de nuestra moneda, provocó —conjuntamente con la supresión del sistema de
precios de garantía o soporte, que había sido instituido en nuestro país bajo el
gobierno de Lázaro Cárdenas (poco después de ser instituido en Estados Unidos
mediante la Ley Agrícola de 1933, cuyo contenido se mantiene esencialmente
10 Davis, Benjamín. “Las políticas de ajuste de los ejidatarios frente a la reforma neoliberal en México”, Revista CEPAL núm. 72, diciembre 2000, p. 98
12
vigente en la Ley Agrícola 2002-2007)— un abrupto descenso de los precios
reales de los productos agropecuarios en los que México tiene notorias
desventajas competitivas (los cuales pasaron a regirse por los precios
internacionales).
En el sector agropecuario, los promotores de este programa liberalizador —que
dejaba a los agentes privados y a las fuerzas espontáneas del mercado la libre
asignación de los factores productivos— afirmaron que conduciría al incremento
de las inversiones de capital en la agricultura, a la elevación de la eficiencia y al
desarrollo de la producción de alimentos y materias primas agropecuarias.
Ninguna de estas previsiones se cumplió.
Políticas públicas para el sector agrícola de México11
El presupuesto de la SAGARPA muestra una caída en términos reales a partir de
1995, la cual empieza a revertirse hasta 2001. Es decir, durante los primeros años
de la transición del TLCAN, el sector contó con transferencias fiscales menores,
no mayores. El presupuesto sectorial programado en 2003 fue 41,6% superior en
términos reales al ejercido en el año 2000, con lo cual se acercó al nivel
correspondiente a 1994 (49.847 millones de pesos de 2003), cuando entró en
vigor el TLCAN.
Desde la entrada de México al GATT y más aún con la firma del TLCAN,
numerosas voces expresaron su temor de que la apertura comercial podría sacar
del mercado a muchos pequeños productores, reducir la producción nacional y
aumentar la dependencia alimentaria nacional. En general, se observa que la
superficie sembrada de alimentos y materias primas básicas, en particular la
11 Rosenzweig, Andrés. “El debate sobre el sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, CEPAL, 2005.
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sembrada con granos, no disminuyó, sino que se mantuvo estable en el período
1980-2000. Los rendimientos por hectárea quedaron estancados, con excepción
del maíz y el arroz. Ambas cosas explican que la producción nacional de estos
cultivos haya crecido ligeramente, a ritmos inferiores al crecimiento de la población
y la demanda interna. Como consecuencia, los déficit se han cubierto con
importaciones de granos básicos, las cuales han crecido durante todo este
período, pero especialmente en el lapso 1995-2000, lo cual confirmaría las
predicciones.
El resultado de la política económica instrumentada en el sector agropecuario fue
que se consolidó y amplió el control de Estados Unidos sobre los mercados
agropecuarios mexicanos. Esto fue resultado de decisiones adoptadas por el
gobierno federal mexicano que de 1994 a 2006 no aplicó la reducción gradual de
aranceles que estableció el TLCAN para productos sensibles como el maíz y el
frijol y en los hechos, aceptó desde el primer día de su entrada en vigor
importaciones de estos productos libres de aranceles eliminando las barreras
existentes, lo que afectó a los productor de maíz y fríjol que tenían rezagos
tecnológicos; Además, EU mantuvo los subsidios a sus productos agropecuarios y
a la exportación.
Situación actual de la agricultura mexicana12.
El comercio exterior agropecuario de México ha crecido durante los últimos años
en forma vertiginosa, sobre todo en el periodo que comprende el TLCAN. Además,
este dinamismo ha tenido un profundo y negativo impacto sobre la población que
12 Los datos estadísticos que se presentan en este apartado han sido tomados del anexo estadístico del I Informe de Gobierno, Gobierno Federal, México, septiembre de 2007
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depende de estas actividades ya que el mal manejo que ha hecho el Gobierno
Federal de los instrumentos que contemplaba el TLCAN para dosificar el acceso
de las importaciones a nuestro mercado ha ocasionado que sean los precios
internacionales de estos productos –la mayoría de las veces distorsionados por los
subsidios y apoyos que reciben de parte de sus gobiernos—los que rijan en el
mercado interno, sin que de manera paralela y equivalente sean aplicados dichos
apoyos por nuestro gobierno, y sin que éste, emplee los esquemas y las
facultades que cualquier acuerdo comercial ofrece a sus integrantes.13
Ciertas naciones han logrado mantener un índice de producción per cápita
razonable a través del incremento de la productividad. Desgraciadamente, este no
es el caso de nuestro país. México producía 29 millones 640 mil toneladas de
granos en 1985, 28 millones en 1994 y en el año 2005 produjo 30 millones 415 mil
toneladas. Paralelamente, de 1980 al 2005 la población se incrementa en 37
millones de habitantes, al pasar de 67 a 104 millones de personas. La producción
de los diez granos básicos (arroz, frijol, maíz, trigo, ajonjolí, cártamo, algodón,
soya, cebada y sorgo) no se ha incrementado en los últimos 20 años.
Si observamos solamente la producción de maíz, frijol, trigo y arroz la crisis es aún
más nítida: en 1985 la producción fue de 21 millones de toneladas, en 1995 se
producían 23 millones 459 mil toneladas, mientras que en el año 2005 se
produjeron 23 millones 657 mil toneladas.
El caso del maíz, las importaciones se duplicaron en el período 1995-2000 y el
coeficiente de dependencia pasó de 15% a 23%. El consumo por habitante de
13 Bautista Enrique. ”Los tratados de Libre Comercio y la Agricultura Mexicana”. Ensayo publicado en el libro: “Estudios de eva luación del TLCAN”. Jorge A. Calderón, Coordinador. Editorial Praxis, México, 2000. P. 148.
15
maíz creció de 175 kg en el período 1990-1995 a 200 kg en 1995-2000. Esto
significa que la producción doméstica crece, pero no tan rápido como la demanda,
de tal manera que los déficit se tienen que cubrir con importaciones. El maíz es un
producto altamente sensible para México y fue protegido con contingentes
arancelarios y plazos de desgravación de 15 años. Pero entre 1995 y julio de 2001
—salvo en 1997— el gobierno mexicano eliminó unilateralmente la protección al
autorizar importaciones fuera de cuota sin arancel o con aranceles muy bajos.
Actualmente, un cuarto del consumo nacional de maíz proviene de importaciones
que el gobierno estadounidense estimula a través de subsidios.14
En 1994 la producción de maíz era de 18 millones 235 mil toneladas. En el año
2005 la producción fue de 19 millones 529 mil toneladas. En una década, la
producción interna sólo aumentó en 1.3 millones de toneladas. Frente al
estancamiento de la producción y el incremento de la demanda, la importación
legalmente registrada de maíz aumenta de 2 millones 660 mil toneladas en 1995 a
5 millones 743 mil toneladas en el año 2005.
Las importaciones de maíz se duplicaron en el período 1995-2005 y el coeficiente
de dependencia pasó de 15% a 23%. La producción doméstica se estancó de tal
manera que los déficit se tienen que cubrir con importaciones.
En donde la dependencia alimentaria adquiere proporciones dramáticas es en el
sector de oleaginosas ya que en 2005 más del 95% del consumo interno fue
cubierto con importaciones.
En el año 2005 se importó el 55.2% del trigo consumido en el país cuando antes
14 Trápaga, Yolanda y Rello, Fernando. “Libre mercado y agricultura: Efectos de la Ronda Uruguay en Costa Rica y México” Serie Estudios y Perspectivas núm. 7, CEPAL, México, 2001.
16
del TLC dichas importaciones eran inferiores al 10%. Los datos confirman que
esta dependencia se ha incrementado en los últimos años. Las importaciones se
incrementaron más rápidamente en el período 1995-2005. En 1995 se produjeron
3 millones 468 mil toneladas producidas en 1995 contra 3 millones 10 toneladas
en el año 2005. Esto también se refleja en una importación de trigo de 1 millón
200 mil toneladas en 1995 y una importación triguera en el año 2005 de 3 millones
717 mil toneladas Los Estados Unidos han logrado capturar una buena parte de
las importaciones mexicanas gracias al TLCAN y a los créditos garantizados para
promover exportaciones de trigo.
Las actuales importaciones no sólo están creciendo para complementar la
producción decreciente sino que en ciertos casos tienen un carácter especulativo y
provocan la imposibilidad de vender la producción nacional debido al diferencial de
precios.
El resultado global de ello es que hoy aproximadamente el 30 por ciento del
consumo alimentario del país es cubierto con alimentos provenientes del exterior,
principalmente de los Estados Unidos.
Eliminar la protección arancelaria de los granos y oleaginosas debilitó aún más la
competitividad de la agricultura mexicana. En particular, el maíz, junto con el frijol,
son los perdedores netos de la negociación del TLCAN en la agricultura.15
Estados Unidos está captando una porción cada vez mayor del mercado mexicano
al desplazar a otros países competidores, gracias a los beneficios en la
eliminación de los aranceles y su agresiva política de fomentar las exportaciones a
través de programas de apoyo y de crédito, aumentando su participación en las
15 Ibíd. P. 147
17
importaciones mexicanas sobre todo en cereales, oleaginosas, productos
cárnicos, carnes preparadas, frutas y hortalizas, azúcar y edulcorantes y arroz y
mantiene su tradicional posición predominante en maíz y sorgo, donde cubre
prácticamente el 100% de las importaciones mexicanas y, en soya y harina de
soya con una aportación de más del 90%.
La importancia de Estados Unidos como destino de las exportaciones mexicanas
no solamente es relevante, también es conveniente destacar que es ese país
quien ha sabido aprovechar mejor al TLCAN al desplazar a un gran número de
competidores del mercado mexicano. Esta situación permite concluir que la
dependencia de México hacia Estados Unidos en la cuestión alimentaria se ha
profundizado con el TLCAN vulnerando aún más la soberanía alimentaria del
país.16
Las importaciones de México se concentran en bienes alimenticios básicos para la
nutrición de la población: cereales (maíz y trigo), leche en polvo (para hidratar y
distribuir entre sectores de bajos ingresos), soya y sorgo (forrajes para producir
carnes) y preparados alimenticios. Estos productos representan el 43% de las
importaciones agroalimentarias. Las tres cuartas partes de las importaciones
agroalimentarias provienen de los Estados Unidos, lo que refleja la dependencia
de México con respecto a este país 17.
Exportar más hortalizas y frutas, e importar más granos y oleaginosas, vuelve al
país más vulnerable. La soberanía y la seguridad alimentaria del país se han
deteriorado durante la vigencia del TLCAN por las importaciones crecientes de
16 Ibíd. P. 146. 17 Trápaga, Yolanda y Rello, Fernando. “Libre mercado y agricultura: Efectos de la Ronda Uruguay en Costa Rica y México” Serie Estudios y Perspectivas núm. 7, CEPAL, México, 2001.
18
granos. La seguridad alimentaria puede muy bien aumentar con una mayor oferta
y menores precios de alimentos. Antes de entrar en aplicación el TLCAN, el sector
agroalimentario representaba el 25,5% de la ocupación. Al entrar en vigor el
acuerdo comercial, dicha proporción se redujo a 23,2% en promedio durante 1995
a 2001, para al fin del período rondar el 19%.
Al respecto es válido preguntarse: ¿la profundización de la crisis agrícola
mexicana es consecuencia directa del TLCAN? Nuestra hipótesis es que, en parte,
la respuesta es afirmativa; pero, visto desde una perspectiva de conjunto, también
es en gran medida consecuencia de la política económica instrumentada durante
los años de vigencia del tratado; es más, de manera compleja podría afirmarse
que es resultado de años de vacíos y ausencias de políticas, de la acción no
regulada ni controlada de un mercado oligopólico actuando sin controles que
permitieran modificar el curso de los acontecimientos.
Crisis Alimentaria
De acuerdo con datos de la FAO existe un aumento ponderado de 57% en los
precios internacionales de alimentos de Abril 2007 a abril 2008.
Particularmente preocupante resulta que de enero a marzo de 2008 tres productos
básicos de la alimentación mundial aumentaran de manera significativa:
maíz 110% trigo 136% soya128% Para José Graziano da Silva, representante regional de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para América Latina y
el Caribe, los altos precios siguen siendo un motivo de preocupación para este
19
organismo internacional.18
El funcionario, advirtió que en las últimas semanas se ha detenido el aumento de
precios pero advirtió sobre el riesgo que representaría una segunda ola de alzas,
pues podría ser tan devastadora como el fenómeno original, que elevó en 50
millones el número de hambrientos en el mundo en 2007.
Afirmó que los incrementos tuvieron un fuerte impacto, ya que en los últimos 12
meses la inflación de los productos alimentarios en la mayoría de los países de la
región subió por lo menos 50 por ciento más que la inflación general.
Lamentó que para enfrentar el alza, algunos bancos centrales estén subiendo las
tasas de interés, como en Brasil y en Chile, sin tomar en cuenta que intereses más
altos significan un crecimiento económico menor y se traducen en menos
oportunidades de trabajo.
José Graziano dijo que lo preocupante en América Latina y el Caribe es que el
problema del hambre está relacionado con el acceso y no con la disponibilidad de
comida, ya que se produce lo suficiente para alimentar a toda su población.
A su juicio las medidas que restringen el crecimiento económico deberían ser
acompañadas de mayor protección social para los más pobres, mediante acciones
tales como el refuerzo de los programas de transferencia condicionada de renta,
que ya existen en más de la mitad de los países del área.
Aunque los precios de los alimentos dejaron de subir, no se han reducido para los
consumidores finales.
Lo anterior se debe a que los agentes económicos están previendo el fin de las
medidas temporales que muchos gobiernos adoptaron para contener el alza en los
18 Héctor A. Chávez Maya, El Financiero, Economía del martes 2 de septiembre de 2008.
20
alimentos.
El resultado es que el costo de la comida se mantiene alto y la tregua anunciada
por la estabilización de precios puede llegar a su fin en cualquier momento.
Para el representante de la FAO, en el mediano plazo otro problema que ya se
vuelve evidente es el incremento en los costos de producción, ya que los precios
de algunos fertilizantes elaborados a partir de gas natural y del petróleo
aumentaron proporcionalmente más que los alimentos.
Así, hoy los productores compran insumos agrícolas a un costo mayor. Por otra
parte, advirtió, los precios más altos que se pagan por la comida en el
supermercado, frecuentemente no llegan hasta el productor.
El hecho de que los precios subieron no significa necesariamente una mayor
ganancia para los productores, lo que afecta principalmente a los agricultores
familiares, cuya renta dependen en mayor medida o de manera exclusiva de la
propia producción
En el año 2007 y el primer semestre de 2008 se ha producido un importante
aumento del precio de los alimentos comercializados en el mercado interno de
México. Este proceso tiene múltiples causas. Entre ellas se puede resaltar el
efecto en el mercado mundial del aumento de los precios internacionales del
petróleo factor que, por medio de las cadenas productivas agroindustriales y
agrocomerciales de la agricultura tecnificada, genera un incremento del costo de
insumos agrícolas e impacta los costos de producción. Adicionalmente, es
conveniente destacar que en fecha reciente se ha intensificado la especulación en
el mercado mundial de alimentos y entidades financieras han intensificado la
manipulación de los mercados a futuros de productos básicos y el ocultamiento y
21
manipulación de las reservas de granos y otros productos. Sobre este aspecto,
Nora Lusting en un reciente artículo19 sostiene lo siguiente:
“El aceleramiento del aumento de los precios de los alimentos (al igual que el de
los metales, minerales y energéticos) es consecuencia de dos fenómenos
macroeconómicos que se manifiestan en plenitud a partir de mediados del año
pasado: las presiones inflacionarias a nivel global ocasionadas por un aumento de
liquidez y la devaluación del dólar y las respuestas nacionales para defenderse de
los incrementos de precios”.20
“Ante la turbulencia de los mercados de crédito de Estados Unidos (ocasionada
por la crisis de hipotecas de baja calidad, o subprime como se les llama en ese
país), una de las respuestas más importantes del gobierno norteamericano han
sido las fuertes inyecciones de liquidez y su consecuente reducción de la tasa de
interés de Estados Unidos. Esto, a su vez, ha tenido como consecuencia la
devaluación del dólar que impacta el precio de los alimentos de manera directa
porque el dólar es la denominación utilizada a nivel internacional para cotizarlos.
Pero hay otro mecanismo que se ha desencadenado a raíz de la baja en las tasas
de interés de Estados Unidos, que tal vez esté afectando los precios de los
alimentos: una presión inflacionaria a nivel global que se manifiesta primero en los
precios de las materias primas por ser más flexible que otros precios”.21
Y añade: “Ciertos analistas también consideran que la aceleración del aumento de
precios es producto de la reasignación de capital financiero de, por ejemplo, la
19 Lustig, Nora “¡Las papas queman!. Causas y consecuencias de la carestía del os alimentos”, artículo publicado en la Revista
NEXOS No. 367, julio de 2008. México, D. F., pág. 32-38 20 Ibíd. Pág. 34 21 Ibíd. Pág. 34
22
bolsa y Bonos del Tesoro estadunidense o simple efectivo hacia inversiones más
lucrativas. Dadas las condiciones estructurales mencionadas arriba, entre esas
inversiones están los instrumentos financieros vinculados a los precios futuros de
los productos agrícolas. Esta reasignación –que, por cierto, no necesariamente es
especulativa—puede haber contribuido a la exacerbación de la presión sobre los
precios de los productos agrícolas básicos y otras materias primas22 este último
mecanismo es objeto de debate, sin embargo, ya que un conjunto de los llamados
analistas de los mercados considera que no hay evidencia de que dichos
movimientos de capital financiero puedan impactar los precios.
El segundo factor coyuntural que está presionando los precios a la alza es la
respuesta defensiva que gobiernos nacionales han adoptado frente al incremento
de los precios de los productos agrícolas básicos”.23
Adicionalmente, aunque esto no es un factor aislado, en cierto grado las prácticas
especulativas de las grandes transnacionales agroalimentarias se han reforzado
con la creciente demanda de alimentos proveniente de algunos mercados
emergentes. Si México tuviera un bajo coeficiente de dependencia alimentaria
estos factores no afectarían de manera significativa su situación interna; sin
embargo, en virtud del elevado nivel de importaciones agrícolas y considerando
que más de un tercio de la alimentación nacional se cubre con importaciones, los
22 Si bien no se conoce el orden de magnitud de la reasignación de capital financiero y menos aún su impacto preciso sobre el precio del os alimentos, la información sobre los volúmenes de transición es indicativa de que un proceso de esta naturaleza está en marcha. Según la Chicago Board of Trade, por ejemplo, el volumen de instrumentos futuros (futures) de granos básicos aumentó en 32% durante el primer trimestre de 2008 y el mismo periodo de 2007. Se estima que la inversión de fondos indexados en materias primas subió de 13 mil millones de dólares en diciembre de 2003 a 260 mil millones de dólares en marzo de 2008. También hay analistas que sugieren que el componente especulativo de esta reasignación de capitales es el que ocasiona los disparos y la volatilidad de los precios, y que esto es consecuencia de un proceso de desregulación de los mercados de futuros de las materias primas que empezó en Estados Unidos a principios de los años noventa y se intensificó recientemente. Periódico canadiense The Globe and Mail, mayo 31 de 2008. P. B1.(nota de Nora Lusting en el citado artículo) 23 Ibíd. Pág. 35
23
efectos en el nivel interno de precios han sido significativos y todo parece indicar
que esta situación no cambiará en lo que resta de 2008 y en 2009.
Además, el incremento de precios internacionales impacta el costo interno de los
alimentos en virtud de la creciente dependencia alimentaria que se refleja en las
importaciones agrícolas de México.
En México el aumento de precios de los alimentos de junio de 2008 fue del 9.6%.
Este es un dato ponderado y refleja un promedio de incrementos; sin embargo, si
observamos datos de ciertos productos y tomamos como base de comparación el
período junio 2007 a junio de 2008 los datos resultan altamente preocupantes:
Aumento del precio al consumidor en México de junio 2007 a junio 2008: Aceite comestible: 57% harina de trigo 32% arroz 53% pan blanco 19% Pastas 17% leche 9.6% mantequilla 19% pollo 9% huevo 22% El impacto de estos aumentos en hogares con un salario mínimo es de: 10.4%.
En un reciente artículo24José Luis Calva expone que: “De acuerdo con la primera
encuesta sobre seguridad alimentaria que se realiza en México a nivel nacional
utilizando el método de percepción directa de los hogares –como parte de la
Escala Latinoamericana y del Caribe sobre Seguridad Alimentaria--, solamente
48% de los adultos vive en condiciones de seguridad alimentaria y 52% padece
inseguridad alimentaria. Entre quienes sufren en grado “leve” (30%), 32% afirmó
que “se quedaron sin dinero para una alimentación sana y 77% “se preocupó de
24 El Universal 4 de septiembre de 2008, p. A15
24
que la comida se acabara.
Dados nuestros graves problemas de desigualdad y pobreza, los hallazgos
anteriores no son sorprendentes. De hecho, según las mediciones –más bien
conservadoras—de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política Social, 14
millones 428 mil 236 mexicanos viven en la indigencia, también denominada
“pobreza alimentaria”, que es definida como el segmento social “cuyo ingreso es
menor del necesario para cubrir las necesidades alimentación establecidas en la
canasta alimentaria básica del INEGI-Cepal.
Además, otros 30 millones 249 mil 448 mexicanos padecen pobreza no extrema,
formando un total de 44 millones 677 mil 884 mexicanos en pobreza.
Por eso, el encarecimiento de los alimentos ha agravado dramáticamente la
inseguridad alimentaria crónica que padece la población pobre de México. Si para
los indigentes cualquier carestía alimentaria no compensada por un incremento
equivalente en los ingresos por definición repercute directamente en un menor
consumo de comida en cantidad o calidad, para los pobres no indigentes, la
carestía afecta también su consumo de alimentos, porque otras partidas del gasto
familiar son irreductibles (renta de vivienda, costo del transporte, etcétera).
De hecho, según las mediciones de Anita Regmi, economista senior del USDA-
ERS, incluidas en la ponencia que presentó en el Foro Global Agroalimentario
2008, organizado por el Consejo Nacional Agropecuario, cuando los precios de los
alimentos aumentan 10% en México, los hogares reducen sus compras de comida
en 6% (www.foroglobalagroalimentario.org.mx).
Ahora bien, entre la primera quincena de agosto de 2006 e igual periodo de 2008,
los precios de los alimentos crecieron 17.05% pero los salarios mínimos sólo
25
crecieron 8.06%. entre junio de 2006 e igual mes de 2008, los salarios
contractuales se incrementaron 9.18% y los manufactureros 10.58%, pero en ese
lapso los precios de los alimentos crecieron 16.58% en promedio, con la
particularidad de que los precios de los alimentos que consume la población que
gana hasta un salario mínimo crecieron 18.22% y los que consume la población
que gana entre uno y tres salarios mínimos crecieron 17.56%”.
Política económica y crisis alimentaria
Las llamadas “políticas de estabilización” aplicadas por numerosos gobiernos han
provocado un descenso del ingreso real de los trabajadores que ven así reducido
su acceso a los alimentos. Así, el hambre tiende a afectar una capa creciente de
la población debido al drástico descenso de su poder adquisitivo de bienes y
servicios, especialmente alimentos.
Puesto que los alimentos se compran y se venden en el mercado y en ellos gastan
gran parte de sus ingresos los sectores económicamente más débiles, es por tanto
evidente que el hambre se debe no sólo a la escasez de alimentos sino,
fundamentalmente a la insuficiencia de ingresos. La existencia, en los países
periféricos, de un elevado nivel de desempleo y de subempleo tiene, en este
contexto, una estrecha relación con los elevados índices de desnutrición que los
caracteriza. Lo más grave, sin embargo, es que estas tendencias se han visto
reforzadas por los procesos de modernización capitalista en el campo que ha
expulsado gran cantidad de fuerza de trabajo sin que el sector urbano-industrial
tenga el dinamismo necesario para absorberla. Así, se han roto en muchos casos
las antiguas estructuras agrarias de autosubsistencia y no se han creado formas
alternativas para alimentar a una creciente población.
26
Por tanto, aunque parezca axiomático, debe resaltarse que, ante todo, es el
ingreso real el elemento clave para determinar quienes tienen la posibilidad de
acceder a un consumo suficiente de los alimentos y quienes no la tienen.
Además, para determinar en cada país el poder adquisitivo real, debe analizarse la
correlación entre el nivel de precios y el nivel de ingreso.
En suma, el que una persona sea capaz de obtener una cantidad suficiente de
alimentos depende de las características del conjunto de la estructura social en la
que está inserta y no sólo de la disponibilidad per cápita de los mismos.
Al respecto, siguiendo el punto de vista de Amartya Sen25 es útil hacer algunas
referencias sobre ciertas experiencias concretas de hambre y escasez de
alimentos en el mundo moderno:
En la gran escasez de Bengala, India, en 1943, cuando murieron alrededor de tres
millones de personas, la disponibilidad de alimentos por unidad de población no
era especialmente baja, de hecho era uno por ciento más alta que en 1941,
cuando no se dio ese problema. Las víctimas (trabajadores rurales sin tierra,
pescadores) sufrieron una caída drástica en su poder adquisitivo debido a que sus
salarios e ingresos en dinero fueron insuficientes frente a un alza de precios de los
alimentos ocasionada por una inflación que generaba el conflicto bélico mundial.
La demanda urbana se satisfizo mediante racionamiento de alimentos a precios
controlados, aislando a los compradores del alza de los precios de los alimentos.
En las zonas rurales, en cambio, no se aplicaron estas medidas. Además, hubo un
aumento en el precio del arroz causado por la especulación de un puñado de
comerciantes y una política objetivamente inepta del gobierno, que contribuyó a
25 Amartya, S. “Los bienes y la gente”. Comercio Exterior. Diciembre 1983 p. 1122. México.
27
aumentar el pánico.
Durante la hambruna en Wollo, Etiopía, en 1973, la disponibilidad de alimentos per
cápita era en general normal. Aunque la producción en Wolllo fue mucho más
baja a causa de una sequía, no se llevaron alimentos de otras partes del país e
incluso algunos se sacaron de Wollo, lo que produjo una gran escasez y a pesar
de que los precios se mantuvieron estables la capacidad de la población de Wollo
para comprar alimentos había caído con la baja de la producción agraria,
originándose situaciones de hambre masiva.
En Harerghe, Etiopía, en 1974, el grupo más afectado fue el de los pastores,
quienes no solamente perdieron sus animales por la sequía, sino
fundamentalmente por el cambio en los precios relativos de animales y productos
derivados respecto a los cereales. Esto los obligó a vender sus hatos para
comprar granos, que en condiciones normales eran calorías baratas.
El mecanismo de mercado desempeñó en este caso un papel destructivo: la caída
general del ingreso en la agricultura y la ganadería provocó que los consumidores
de productos animales los sustituyeran por cereales básicos elevando así los
precios relativos de estos últimos. Además, el desarrollo de una agricultura
capitalista afectó la disponibilidad de buenas tierras que los pastores pudieran
utilizar.
En Bangladesh, en 1974, la disponibilidad de alimentos per cápita era la más alta
del periodo 1971-1975. Las inundaciones de ese año redujeron la producción que
se cosecharía pero antes provocaron una pérdida de empleo que afectó a los
trabajadores rurales y redujo de inmediato su poder adquisitivo. Además, éste se
vio aún más mermado por un alza en precio del arroz debido a presiones
28
inflacionarias generalizadas.
En el mundo globalmente hablando, la producción de alimentos creció con mayor
rapidez que la población en los últimos 30 años, pero, al igual que en la mayor
parte del tercer mundo, esto no ha puesto fin al hambre y la desnutrición. Incluso
en aquellos años en que el abastecimiento de alimentos fue adecuado, siguió
existiendo una porción sustancial de población desnutrida. Evidentemente, la
causa de ello reside en que tanto los alimentos como el ingreso no se han
distribuido en forma equitativa.
Propuestas de políticas de seguridad alimentaria y desarrollo rural
La eliminación del hambre, sigue siendo un objetivo urgente para la humanidad y
para México. Sin embargo, para lograr este objetivo no basta que los alimentos
sean producidos a un nivel igual o superior de la tasa de crecimiento demográfico
sino que además, es preciso que las personas que los necesitan tengan suficiente
capacidad de compra. La erradicación de la pobreza es una condición
indispensable para la erradicación del hambre. Esta sólo se logra si cada familia
dispone de un empleo estable y con remuneración suficiente para cubrir sus
necesidades básicas.
Así, el problema del hambre debe ser analizado no sólo desde el punto de vista de
la correlación entre el aumento de la producción mundial de alimentos y el
incremento de la población mundial; es decir, desde el punto de vista de la
producción alimentaria per cápita a nivel mundial sino que exige evaluar la
distribución del ingreso y sus tendencias en cada país. Exige analizar también el
balance nacional entre alimentos y población, ya que si bien la producción
alimentaria per cápita ha ido aumentando en todo el mundo, ha disminuido en
29
algunos países, especialmente en México. Sin embargo, lo decisivo es analizar si
la estructura de distribución del ingreso permite a los grupos de menores recursos
adquirir los alimentos necesarios para su subsistencia.
Una política alternativa para hacer frente a la crisis alimentaria debe apoyarse en
la expansión de la producción de alimentos y la reorientación de la estructura
productiva nacional hacia un desarrollo capaz de romper la especialización
productiva impuesta por el mercado mundial y, simultáneamente, debe orientarse
hacia una elevación estable del ingreso real de toda la población y
particularmente, el de los grupos más pobres y vulnerables.
Por razones de interés nacional y preservación de la paz pública, es imperativo
que el Congreso de la Unión aumente el presupuesto del sector agropecuario,
particularmente incrementando la inversión pública en desarrollo rural, en
infraestructura hidroagrícola y los recursos para comercialización, Procampo,
Alianza para el Campo y los créditos canalizados a través de la nueva Financiera
Rural y otros programas. Y, lo fundamental, asegurar que este gasto público se
ejerza de manera efectiva impidiendo la nociva y reiterada práctica del subejercicio
presupuestal.
Es tarea impostergable construir una política agropecuaria de Estado basada en el
respeto al orden jurídico nacional y el derecho internacional e instrumentar un
desarrollo rural justo y equitativo. Sólo así se podrá dar plena vigencia a los
derechos humanos y los derechos sociales del pueblo mexicano, preservando la
soberanía nacional, la independencia y la integridad de la República.
En materia de política financiera y de comercialización, desde hace años los
productores han planteado la necesidad de mantener y fortalecer la banca de
30
desarrollo y los mecanismos de comercialización, cuestionando la disminución de
las facultades de la banca de desarrollo en materia de financiamiento al campo. Es
necesario aumentar sustancialmente su cartera de crédito a productores,
buscando combatir corrupción y elevando eficiencia y productividad. Además, se
requiere, mediante fideicomisos como el FIRA del Banco de México y a través de
la adecuada regulación de la banca privada, fortalecer el financiamiento a la
agricultura y la ganadería. Es preciso defender a los productores, protegiéndolos
de las eventualidades que puedan generarse como el embargo por efecto de la
cartera vencida.
Es necesario que México cuente con un órgano público de regulación y
comercialización de granos como lo fue Conasupo, cuya desaparición fue
ampliamente rechazada, combatiendo la corrupción y las prácticas indebidas
generadas al interior de esta institución pública, pero preservando el papel
regulador del mercado de granos básicos que históricamente jugó. Dicha entidad
pública nacional debe impedir que los costos de producción sean superiores a los
precios a los que se comercializan. Restablecer precios de garantía para el maíz,
el frijol y otros granos básicos.
Particularmente, en el caso del maíz y el frijol se requiere renegociar el TLCAN
para eliminar las importaciones libres de arancel que a partir de 2008 son de
observancia obligatoria. Desde la puesta en vigor del TLCAN, en 1994, — antes
SECOFI, hoy la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda — hasta
2007 se autorizaron importaciones de maíz, frijol y otros granos básicos por
encima del arancel cuota. Es decir, se permitió que estos granos entren a México
sin pago de los impuestos correspondientes. En casos específicos, se autorizaron
31
esas importaciones en momentos en que se están levantando las cosechas
afectando, precisamente, a los productores mexicanos. Por tanto, se deben
cancelar las importaciones de maíz y frijol sin arancel.
La renegociación del capítulo agropecuario del TLCAN, es una tarea de enorme
trascendencia para recuperar la soberanía alimentaria y defender el interés de la
nación; sin embargo, es importante tener conciencia de que constituye un proceso
largo ya que requiere el consenso de los Estados Unidos de América. En el corto
plazo, apoyados en la ley de comercio exterior de México y en las disposiciones
del tratado mundial de comercio que prohíben las prácticas desleales de comercio
practicadas por EUA para promover sus exportaciones agrícolas se requiere
establecer salvaguardas y aranceles compensatorios a la importación de granos
proveniente de ese país. Por otra parte, es imperativo que se haga efectiva la
disposición establecida en la Ley de desarrollo rural sustentable a fin de que
auténticos representantes de los agricultores participen en los comités que
deciden los cupos de importación. Otra vía de protección de nuestra agricultura
sería que amparados en el capítulo octavo de TLC, particularmente en el artículo
801, párrafos tercero y cuarto, se establezcan salvaguardas a un conjunto de
productos agropecuarios para aumentar los impuestos a la importación
regresando su nivel al existente antes de entrar en vigor el TLCAN.
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