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Poder Judicial de la NaciónTRIBUNAL ORAL FEDERAL DE FORMOSA

FRE 9481/2017/TO1

Sentencia n°_344/18. En la ciudad de Formosa, capital de la provincia

del mismo nombre, a los tres (03) días del mes de septiembre del año

dos mil dieciocho (2018), se constituye el Tribunal Oral en lo Criminal

Federal de Formosa, en modo unipersonal por el juez de cámara Dr.

José Luis A. Aguilar subrogante, Secretaria Leila Teresita Iza, para

suscribir la sentencia en esta causa registro FRE 9481/2017/TO1

caratulada “González Benítez Lorenzo S/ Contrabando de

estupefacientes arts. 863, 864 inc. d), 866, 2º párrafo del Código

Aduanero”, seguida contra Lorenzo González Benítez, de

nacionalidad paraguaya, C.I. (Py) Nº 3.768.831, nacido el día 10 de

agosto 1983 en Asunción, República del Paraguay, de estado civil

soltero, de ocupación fabricante y vendedor de hoyas, hijo de Eusebio

González (f) y de Margarita Cayetana Benítez (v), domiciliado en calle

15 de agosto esquina Taboada de Capiatá – Rep. del Paraguay, por el

delito de contrabando de importación de estupefacientes en grado de

tentativa.

Se pusieron a consideración y tratamiento las siguientes

cuestiones:

1°) ¿Está probada la materialidad del hecho ilícito y

la responsabilidad por parte del imputado?

2º) ¿Qué calificación legal corresponde asignar al

hecho?

3°) ¿Qué sanción corresponde imponerle?

4°) ¿Qué corresponde resolver sobre las demás

cuestiones incidentales?

Fecha de firma: 03/09/2018Firmado por: JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: LEILA IZA, Secretaria

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Primera cuestión:

Llegan estas actuaciones a mi conocimiento precedidas

por el acuerdo de juicio abreviado formalizado a fs. 406/408 entre la

Sra. Fiscal General Subrogante, Dra. Marisa Vázquez, y el procesado

Lorenzo González Benítez debidamente asistido por la Defensoría

Publica Oficial ante este Tribunal, cuyos términos fueran cohonestados

por el imputado en la audiencia llevada a cabo conforme lo previsto

por el art. 431 bis inc. 3º del C.P.P.N., y declarada formalmente su

admisibilidad, toda vez que reúne los estándares de suficiencia

probatoria, encuadre penalmente típico y no se requiere un mejor

conocimiento de los hechos.

En tal orden de ideas, se ha acreditado plenamente el

hecho que se atribuyó a González Benítez, descripto de la siguiente

manera: “Las presentes actuaciones se iniciaron el día 02 de agosto del

año 2017, en el paso fronterizo argentinoparaguayo “Puente

Internacional San Ignacio Loyola”, jurisdicción de la Aduana de

Clorinda. Momento en que se presentó ante el servicio aduanero

Lorenzo González Benítez, paraguayo, C.I. Nº 3.768.831 y Ediltrudis

Díaz Ramos, paraguaya, C.I. Nº 5.526.161, con el fin de ingresar a la

República Argentina a bordo de un vehículo marca Fiat, modelo

Strada – tipo camioneta, dominio colocado BEG438.

Con posterioridad, el personal actuante realizó el

correspondiente control documentológico y notó la ausencia de marcas

de agua que debe tener la cédula del automotor. Seguidamente,

continuó con la inspección del rodado y sus ocupantes, cuando advirtió

una señal de alarma en el can de servicio “Totem”.


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Por tal motivo, dicho personal convocó a dos testigos

hábiles y optó por hacer pasar al vehículo en cuestión por el escáner de

revisión, constatándose un bulto en el sector de guardabarros trasero

lado izquierdo. Ante tal evento, los agentes actuantes retiraron los

tornillos de sujeción del neumático en cuestión y realizaron el

correspondiente control –no intrusivo con el equipo SCANVAN

dominio HJJ121, arrojando como resultado la presencia de

mercaderías ocultas sin declarar, las cuales se trataban de treinta y tres

(32) panes típicos de sustancia estupefaciente similar a la marihuana.

Que, practicada la prueba de campo (narcotest) sobre los

paquetes identificados con los números 12 y 23, la misma arrojó

resultado positivo ante la presencia de los reactivos químicos de la

Cannabis SativaMarihuana y arrojó un total de veintisiete kilos con

quinientos veinte gramos (27,520 Kg).

Ante tal situación, la Aduana de Clorinda informó al

Juzgado Federal Nº 1 –en turno que el valor en plaza –respectos de la

sustancia secuestrada asciende a la suma de pesos ochocientos siete

mil setecientos cuarenta y cinco con treinta y ocho centavos

($807.745,38).

Finalmente, se realizó la correspondiente requisa

personal, se procedió al secuestro de los elementos incriminatorios y

necesarios como prueba y se notificó a Lorenzo González Benítez de

los derechos y garantías que le asistían”

La Sra. Fiscal Federal Nº 1 requirió la elevación de la

causa a juicio respecto de Lorenzo González Benítez, por considerarlo

autor del delito de contrabando de importación de estupefacientes con


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fines de comercialización en grado de tentativa, previsto y reprimido

por los arts. 863, 864 inc. d), 866 2° parte y 871 del código aduanero.

Con los elementos de juicio producidos durante la etapa

instructoria, tengo por cierto y acreditado el hecho imputado en el

requerimiento de elevación a juicio y que ha sido aceptado por las

partes en esta sede, conforme a la descripción que se efectuara

precedentemente.

Conforme la valoración de la prueba examinada a la luz

de la sana crítica racional (art. 389 del CPPN), tal aserto encuentra

fundamento, principalmente con el acta Nº 591/2017 (SECC. I.O.) AD

CLOR (fs. 02/06vta); imágenes del scanner (fs. 07/08); pruebas de

narcotest (fs. 09); pesaje de la sustancia secuestrada ante la prevención

(fs. 10); fotocopias de documentaciones varias secuestradas (fs.

12/13); movimientos migratorios (fs. 20/21); tickets, facturas y

anotaciones varias (fs. 22/24); aforo ficto de la sustancia secuestrada

(fs. 25); informe pericial médico de la prevención (fs. 27); informes

remitidos por la Aduana de Clorinda (fs. 38/38vta. y 200/201); informe

del Registro Nacional de Reincidencia (fs. 79); certificados de efectos

del expediente (fs. 80); informe de la División INTERPOL, Bs. As.

(fs. 236 y 300); elementos de juicio incautados conforme surge de fs.

02/06, 80, 178, 210, 309, 381 y 384; Tikets nros. 176577 y 176579 de

entrada al país de la D.N.Migraciones, pertenecientes a los imputados

de fs. 11; un DVD acompañado con peritaje 9382 equipo de telefonía

celular incautado; informe médico psiquiátricos realizado al imputado

(fs. 149/151); peritaje químico N° 9400, practicado sobre la sustancia

estupefaciente incautada (fs. 170/177); peritaje Nº 9382 de equipos de


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telefonía celular móvil, acompañados con un soporte magnético DVD

(fs. 202/209); explotación de la información obtenida del DVD

acompañado con la Pericia Nº 9382 de los equipos de telefonía celular

(fs. 274/291vta.); informe pericia nº 9583 –documentológica realizada

a la cedula de identificación automotor incautada (fs. 301/308).

El acta de procedimiento –de fs. 02/06vta. es un

instrumento público suscripto por la totalidad de los funcionarios

públicos intervinientes en el procedimiento, amén de los testigos de

actuación, que aparece corroborado en todas sus partes por el secuestro

del vehículo, de la droga, su pesaje, así como el resultado de la prueba

de campo de fs. 09.

En el mismo sentido, corroboran los sucesos y

complementan el cuadro probatorio adquirido, las declaraciones

rendidas en la etapa de instrucción por los testigos: Osvaldo Javier

Olmedo (fs. 117/117vta.), Salvador Cabral (fs. 116/117vta.), María

Camila Amarilla (fs. 94/94vta. y 343/343vta.) quienes en su totalidad

corroboran el hecho descripto e identifican a González Benítez como

interviniente en el hecho antes descripto.

Así, aplicando los principios de la sana crítica, evalúo

que las actas como ya mencionara anteriormente en cuanto

instrumentos públicos hace plena fe, que los testimonios fueron

prestados bajo juramento, que los informes técnicos fueron efectuados

por personal profesional habilitado y sus conclusiones se encuentran

fundadas, por lo que la incorporación de todos estos elementos al

proceso fue de manera regular conforme a la normativa vigente, y

otorgan fuerza probatoria eficaz a la plataforma fáctica enunciada que


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conduce a tener por probada la materialidad del hecho, y la

intervención del causante Lorenzo González Benítez en calidad de

autor.

Segunda cuestión:

I. En punto a la calificación, considero adecuada la

pretensión punitiva ejercida por el titular de la acción penal pública a

través del acuerdo de juicio abreviado, al calificar el hecho como de

contrabando agravado de estupefacientes en grado de tentativa previsto

y reprimido por los arts. 864 inc. d), 866 2° párrafo y 871 de la ley

22.415.

La conducta que se atribuye a Lorenzo González Benítez

presenta los requerimientos del tipo objetivo del delito de contrabando

en la modalidad prevista por el artículo 864 inc. d) del código

aduanero, pues –como se mencionó en el capítulo anterior, la maniobra

ardidosa consistió en el ocultamiento de la carga ilícita en un

compartimento ubicado en el sector de guardabarros trasero lado

izquierdo del vehículo marca Fiat, modelo Strada, dominio colocado

BEG438 en el que se desplazaba, a fin de evitar el control que ejerce el

personal del servicio aduanero en la frontera, intentando su ingreso

ilegal al territorio argentino.

Presenta además, los elementos del tipo objetivo de la

figura prevista por el artículo 866 segunda parte del mismo digesto

aduanero, porque la sustancia que se pretendió ingresar al territorio

aduanero argentino era estupefaciente cannabis sativa lineo o

“marihuana” conforme peritaje químico nº 9400 –fs. 170/177,

incluido en el Anexo I del Decreto 69/2017, al que remite el artículo


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77 del Código Penal, modificado por el artículo 40 de la ley 23.737 y

que del total de la cantidad incautada (27,520 Kg.) se podrían obtener

un total de 353.829 dosis umbrales. Sustancia toxicomanigena que

inequívocamente tenía por destino su comercialización, toda vez que la

cantidad excede cualquier tipo de demanda de carácter personal.

La maniobra delictiva emprendida por el encartado no

llegó a consumarse en razón de que los agentes del servicio aduanero

detectaron la carga que pretendía ingresarse al territorio nacional,

eludiendo ese control. Fue, entonces, interrumpida en su etapa de

tentativa.

II. Respecto a la concurrencia del tipo subjetivo de la

figura referida, la manera y circunstancias en que ha quedado

acreditado se desarrollaron los hechos investigados en la presente

causa, pone de manifiesto que tenía pleno conocimiento del material

estupefaciente que transportaba oculto en el sector de guardabarros

trasero lado izquierdo del vehículo en el que se desplazaba.

Entiendo, que concurrieron en la conducta del imputado

los elementos que integran el dolo: cognoscitivo y volitivo. Que el

acusado, con conocimiento del contenido ilícito del estupefaciente que

transportaba, asumió el ingreso ilegítimo al país, el que fue

interrumpido en las condiciones ya reseñadas.

Así Lorenzo González Benítez aparece como autor del

ilícito reseñado el que consiste en haber intentado ingresar a territorio

argentino mercadería ilícita (estupefaciente “marihuana”), mediante su

ocultamiento.

Tercera cuestión:


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I. El artículo 866 segundo párrafo del Código

Aduanero conmina con la escala penal comprendida entre los cuatro

años y seis meses a los dieciséis años de prisión para el delito por el

que se acusa a Lorenzo González Benítez.

En numerosos precedentes de este Tribunal, se ha

delineado un criterio de dosimetría punitiva que es superador del

reducido parámetro basado en la cantidad de estupefacientes

relacionada con el delito (Sentencias N° 462 del 25 de febrero de

2011: Cáceres, Orlando Ramón y otros y N° 466 del 29 de marzo de

2011: Santa Cruz, Benito).

Según esa interpretación, lo importante es verificar el

grado de efectiva afectación, por lesión o puesta en peligro, del bien

jurídico que la norma jurídica infringida pretende cautelar (artículo

41.1 del Código Penal).

Desde este punto de vista, es decir, en lo que atañe a la

magnitud del injusto (artículo 41, inciso 1º, del Código Penal), en el

caso no es posible soslayar el modo de ocultamiento de la carga ilícita,

que sólo pudo ser detectada por el control pertinente del personal del

servicio aduanero a través de la utilización tanto del scanner como del

can antinarcóticos. En tales condiciones, la puesta en peligro del bien

jurídico fue notoriamente elevada.

Resulta claro que el grado de afectación del bien jurídico

–por puesta en peligro, es menor en este caso que en el delito

consumado, dado que se desbarató la introducción al mercado y

consecuente circulación del estupefaciente decomisado, a la postre

incinerado.


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Debe computarse también a favor del encausado la falta

de antecedentes penales (ver informes del Registro Nacional de

Reincidencia de fs. 79).

Por todo ello, considero equitativo y justo, conforme a la

sana critica racional, imponerle la pena acordada de cuatro (04) años y

seis (06) meses de prisión de cumplimiento efectivo, por

considerárselo autor del delito de contrabando agravado de

importación de estupefacientes, en grado de tentativa. Debe ser

condenado, además, a cumplir inhabilitación especial por seis (6)

meses para ejercer el comercio e inhabilitación absoluta por doble

tiempo de la condena para desempeñarse como funcionario o

empleado público (todo de conformidad con los artículos 12 y 19 y art.

876 inc. e) y h) del Código Aduanero).

II. Como presupuesto del reproche penal atribuido,

tengo en cuenta que el encausado no revela patología que afecte sus

aptitudes intelectivo volitiva o condicionamiento alguno a su

capacidad de comprensión y determinación del sentido disvalioso de la

acción emprendida. Esta valoración, resulta respaldada con los

términos del informe del examen médico psiquiátrico de fs. 149/151.

Cuarta cuestión:

I. Conforme al resultado del juicio, el condenado deberá

cargar con las costas del proceso (art. 29 inc. 3 del C.P. y ccdtes., arts.

403, 531y 532 del C.P.P.N.).

II. Declarada que fue la culpabilidad del acusado y

determinada la pena que corresponde imponerle, procede dar a la

Dirección General de Aduanas la intervención que le depara el artículo


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1026, inciso 2°, del Código Aduanero y poner a su disposición el

vehículo marca Fiat, modelo Strada, dominio colocado BEG438, el

GPS marca Garmin, una cámara filmadora marca Samsung 52x y los

dos teléfonos celulares incautados (uno marca Samsung y otro marca

Huawei) utilizados en la comisión del hecho ilícito, a fin de que evalúe

sus eventuales decomisos.

III. Sin perjuicio de ello, oportunamente se deberán

restituir al condenado, los demás efectos personales no sujetos a

decomiso.

IV. Corresponde, comunicar la sentencia al Registro

Nacional de Reincidencia (artículo 2°, inciso i), de la ley 22.117), y en

atención a su nacionalidad, a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la

Cancillería Nacional y a la Delegación Formosa de la Dirección

Nacional de Migraciones.

V. Propicio regular los honorarios profesionales de la

Defensoría Publica Oficial, en mérito a la labor desempeñada en la

defensa técnica de imputado Lorenzo González Benítez, en la suma de

cincuenta UMA conforme ley 27.423.

VI. Disponer el decomiso del remanente de

estupefaciente secuestrado, encomendando su ejecución al Escuadrón

15 “Bajo Paraguay” de Gendarmería Nacional, con arreglo al

procedimiento previsto por el art. 30 de la ley 23.737.

VII. Dar cumplimiento a la Acordada 15/13 de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación sobre publicación de las resoluciones

judiciales.


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VIII. Consentido y ejecutoriado que fuere este

pronunciamiento, remitir la causa al Sr. Juez de Ejecución Penal a los

fines de su competencia.

Por todo ello,

Se resuelve:

I. Condenar a Lorenzo González Benítez, de

nacionalidad paraguaya, C.I. (Py) Nº 3.768.831, cuyos demás datos

personales obran en la presente causa, a la pena de cuatro (04) años y

seis (06) meses de prisión, por el delito de contrabando agravado de

importación de estupefacientes en grado de tentativa, previsto y

reprimido por los arts. 864 inc. d), 866 segundo párrafo y 871 de la ley

22.415 como autor materialmente responsable, más inhabilitación

especial por seis (6) meses para ejercer el comercio e inhabilitación

absoluta por doble tiempo de la condena para desempeñarse como

funcionario o empleado público (conf. arts. 12 y 19 del C. P. y art. 876

inc. e) y h) Código Aduanero); con costas (art. 29 inc. 3 del C.P. y

ccdtes., arts. 403, 531y 532 del C.P.P.N.).

II. Regular los honorarios profesionales de la

Defensoría Publica Oficial, en mérito a la labor desempeñada en la

defensa técnica de imputado Lorenzo González Benítez, en la suma de

cincuenta (50) UMA conforme ley 27.423

III. Disponer el decomiso y destrucción del

estupefaciente secuestrado, encomendando su ejecución al Escuadro

15 “Bajo Paraguay” de Gendarmería Nacional, con arreglo al

procedimiento previsto por el art. 30 de la ley 23.737.


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IV. Dar a la Dirección General de Aduanas la

intervención que le depara el artículo 1026, inciso 2°, del Código

Aduanero y poner a su disposición el vehículo marca Fiat, modelo

Strada, dominio colocado BEG438, el GPS marca Garmin, una cámara

filmadora marca Samsung 52x y los dos teléfonos celulares incautados

(uno marca Samsung y otro marca Huawei) utilizados en la comisión

del hecho ilícito, a fin de que evalúe sus eventuales decomisos.

V. Restituir oportunamente al condenado Lorenzo

González Benítez, los demás efectos personales obrantes en la causa,

no sujetos a decomiso.

VI. Comunicar la sentencia al Registro Nacional de

Reincidencia (artículo 2°, inciso i), de la ley 22.117), al Registro

Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados Durante el Proceso

Penal, y en atención a la nacionalidad del causante, a la Dirección de

Asuntos Jurídicos de la Cancillería Nacional y a la Delegación

Formosa de la Dirección Nacional de Migraciones.

VII. Dar cumplimiento a la Acordada 15/13 de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación sobre publicación de las resoluciones

judiciales.

VIII. Consentido y ejecutoriado que fuere este

pronunciamiento, se deberá practicar computo de pena y remitir los

testimonios pertinentes al Sr. Juez de Ejecución Penal a los fines de su

competencia.

JOSE LUIS ALBERTO AGUILAR

JUEZ DE CAMARA


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LEILA IZASecretaria


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