poder judicial de la nación - pensamientopenal.com.ar · 4 concebidos con previsión de...

Poder Judicial de la Nacin

///nos Aires, 20 de octubre de 2005.

AUTOS Y VISTOS:

Para resolver en la presente causa nro. 14.216/03

caratulada Surez Mason Carlos y otros sobre privacin ilegal de la

libertad . . . del registro de la Secretara nro. 6 del Tribunal y en

relacin a Samuel Miara, titular del DNI nro. 4.435.693, CIPF nro.

5.282.120, nacido el 17 de abril de 1944 en Capital Federal, hijo de

Fortunato (f) y de Irma Ros (f), de estado civil casado, de profesin

Subcomisario (R) de la Polica Federal Argentina, con ltimo

domicilio en Chubut 4437 Ciudadela provincia de Buenos Aires; Ral

Gonzlez, t itular de la L.E. nro. 4.446.544 nacido el 17 de diciembre

de 1944 en Capital Federal, hijo de Venerado y de Manuela

Rodrguez, viudo, de profesin Comisario (R) de la Polica Federal

Argentina, con ltimo domicilio en Hctor Guidi 1082, Lans Este,

provincia de Buenos Aires; Juan Carlos Avena, titular de la L.E. nro.

8.230.456, nacido el 15 de enero de 1947 en la provincia de Formosa,

hijo de Bernardo y de Tomasa Portillo, casado, de profesin oficial (R)

del Servicio Penitenciario Federal, con domicilio real en Saldn 1450

Ituzaing provincia de Buenos Aires, Eduardo Kalinec, titular del

DNI nro. 10.392.179, nacido el 22 de febrero de 1952 en Capital

Federal, hijo de Eduardo Jos y Elsa Ramos, de profesin Comisario

(R) de la Polica Federal Argentina, Juan Carlos Falcn, argentino, 59

aos, divorciado, DNI nro. 7.763.718, nacido el 17 de octubre de 1945

en Capital Federal, hijo de Jos Lisandro (f) y de Ramona Rosario

Gribel, de profesin oficial de Polica Federal Argentino (R), con

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ltimo domicilio real en Jos Mara Aguirre 80, Ituzaing, provincia

de Buenos Aires, Eufemio Jorge Uballes, nacido el 25 de abril de

1947, titular de la L.E. nro. 7.591.414, hijo de Jorge Filiberto y de Elsa

Sofa Rey, casado, de profesin Subcomisario (R) de la Polica Federal

Argentina; Gustavo Adolfo Eklund, titular de la L.E. nro. 4.379.064,

nacido el 3 de febrero de 1941 en Capital Federal, hijo Gustavo y de

Flora Gaal, de profesin Comisario (R) de la Polica Federal

Argentina, Luis Donocik, DNI nro. 5.274.922, nacido el 25 de agosto

de 1948 en Capital Federal, hijo de Juan Enrique y de Estanislava

Wicinka, casado, de profesin Comisario (R) de la Polica Federal

Argentina, con ltimo domicilio real en Honorio Pueyrredn 1047

piso 1ro. Capital Federal, Arlindo Benito Luna, titular de la L.E. nro.

7.948.614, nacido el 27 de agosto de 1946 en Jachal, provincia de San

Juan, hijo de Eleno Arlindo y de Josefa Santos, casado, de profesin

suboficial (r) de la Gendarmera Nacional Argentina, con ltimo

domicilio en Cuello 755, Jachal, provincia de San Juan; Oscar Augusto

Isidro Roln, titular del D.N.I. nro. 4.981.741, C.I.P.F. nro. 6.055.490,

nacido el 29 de diciembre de 1947 en Capital Federal, hijo de Oscar

Len Jess y Elda Mara Tarozzi, de profesin oficial de polica

retirado, con ltimo domicilio en Arcos 2400, 3er piso A de Capital

Federal , Julio Hctor Simn, alias Julin o El Turco , titular del

DNI nro. 5.482.792, CIPF nro. 4.985.217, nacido el 12 de agosto de

1940 en Capital Federal, hijo de Juan Simn (f) y de Mara Valentina

Coronel (f), de estado civil divorciado, de profesin Polica Federal

(R), actualmente alojado en el Complejo Penitenciario nro. 2 Marcos


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Paz del Servicio Penitenciario Federal, Roberto Antonio Rosa,

titular de la L.E. nro. 8.389.175 nacido el 13 de junio de 1950 en

Capital Federal, hijo de Enrique y de Haydee Carmen Sosa, de

profesin: oficial (R) de la Polica Federal Argentina; Guillermo

Vctor Cardozo, t itular de la L.E. nro.6.057.605, casado, nacido el 31

de octubre de 1944 en Rosario provincia de Santa Fe, hijo de Vctor y

Margarita Heck, de profesin Oficial (R) de la Gendarmera Nacional;

Eugenio Pereyra Apestegui, titular del DNI nro. 6.153.119, nacido el

12 de abril de 1949 en Posadas, provincia de Misiones, hijo de

Eugenio y de Martina Apestegui, casado, de profesin Oficial (R) de

la Gendarmera Nacional Argentina, y Juan Antonio del Cerro , alias

Colores, argentino, nacido el 2 de octubre de 1946, hijo de Juan Cruz

del Cerro y de Anglica Josefina Garca Mansilla, C.I.P.F. nro.

5.796.919, actualmente detenido en Unidad 2 (Devoto) del Servicio

Penitenciario Federal.

Y CONSIDERANDO.

Aclaracin preliminar e introduccin a los hechos

materia de investigacin

En la presente resolucin se observar que los acpites

referidos a las siguientes temticas:

a) Gnesis del Plan Clandestino de Represin;

b) Los centros clandestinos de detencin durante la

dictadura militar;

c) La valoracin de la prueba frente a hechos delictivos

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concebidos con previsin de impunidad y

d) La obediencia debida; resultan, en sus partes

fundamentales, similares a los desarrollados en oportunidad de dictar

el auto de procesamiento y prisin preventiva de Julio Hctor Simn

(fs. 16.303/399) y Oscar Augusto Isidro Roln (fs. 17.410/527)

quienes, recordemos, se desempearon como guardias e

interrogadores en el centro clandestino de detencin que

sucesivamente se denomin Atltico , Banco y Olimpo .

La explicacin de los puntos sealados deviene

imprescindible, por explicar el marco fctico en el cual ocurrieron los

sucesos analizados, para discernir la responsabilidad penal de las

personas cuya situacin interesa distinguir en el presente resolutorio.

Sentado ello y a continuacin, efectuar una breve

introduccin a los hechos materia de investigacin que permitir

comprender por qu durante el desarrollo del presente resolutorio se

debe considerar, nicamente en los aspectos que importan para

determinar la responsabilidad penal de las personas imputadas, las

acciones desplegadas por la ltima dictadura militar que permitieron

a miembros de las fuerzas armadas y de seguridad (en especial, al

Ejrcito Argentino, Polica Federal y Gendarmera Nacional),

secuestrar, torturar, asesinar, crear centros clandestinos de detencin,

con total impunidad y bajo la direccin de quienes controlaban -

mediante la usurpacin del poder- la totalidad de los mecanismos de

dominacin del Estado.

Durante los aos comprendidos entre 1976 y 1983 el


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gobierno de facto impuso un plan sistemtico de represin ilegal,

conforme se ha acreditado mediante diversas resoluciones judiciales,

tal el caso de la sentencia dictada por la Excma. Cmara Nacional de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en la causa nro.

13/84, entre otras.

Uno de los puntos centrales de este plan estatal de

represin -que conforme veremos a lo largo de la presente resolucin

estaba contaminado de las prcticas e ideologas propias del gobierno

nacionalsocialista de Alemania de las dcadas del 30 y 40 del siglo

XX- era el secuestro de personas, su traslado a lugares clandestinos

de detencin, su sistemtica tortura, y luego la liberacin, la

legalizacin o la muerte.

Los centros clandestinos de detencin existentes en el pas

compartan distintas caractersticas comunes, tal como funcionar en

lugares secretos, bajo el directo contralor de la autoridad militar

responsable de dicha zona, y que las personas que eran alojadas all

eran sometidas a prcticas degradantes, tales como el tabicamiento

(estar vendado da y noche y aislado del resto de la poblacin

concentracionaria), la prohibicin absoluta del uso de la palabra o de

la escritura, en fin, de cualquier tipo de comunicacin humana; la

asignacin de una letra y un nmero en reemplazo del nombre, la

tortura sistemtica, el alojamiento en pequeas celdas llamadas

tubos , la escasa comida, la total perdida de identidad, en otras.

Resulta ilustrativa la declaracin efectuada en la obra

Nunca Ms por el sobreviviente Mario Villani respecto a la vida en

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los centros de detencin: Debo decir que, desde el momento en que

alguien era secuestrado por los grupos de tareas de la dictadura, l o ella

era un desaparecido. La secuencia establecida era desaparicin-tortura-

muerte. la mayora de los desaparecidos transcurramos da y noche

encapuchados, esposados, engrillados y con los ojos vendados, en una celda

llamada tubo por lo estrecha. [.. . ] Podamos tambin volver a ser torturados

en el quirfano y, f inalmente, como todos los dems, ser ,

eufemismo que encubra el verdadero destino, el asesinato. A algunos pocos,

por oscuras razones que slo los represores conocan, se nos dej con vida.

Estas escenas, se repitieron, una y otra vez, en las

declaraciones de los sobrevivientes, variando slo en mnimos

detalles segn el centro de detencin en el que estuvieron

secuestrados.

Asimismo, la estructura jerrquica de los distintos centros

clandestinos de detencin tambin era similar.

La misma, estaba encabezada por un jefe de campo que

poda ser un militar o un polica, tal es el caso de Comisario Antonio

Benito Fioravanti respecto de Atltico , y del Mayor del Ejrcito

Argentino Minicucci respecto de Banco y Olimpo .

Por debajo de ellos, prestaban funciones un grupo de

oficiales que se ocupaban de interrogar y custodiar a los detenidos.

En los centros, tambin, actuaban grupos de tareas o

patotas las cuales eran las encargadas, en primer trmino, del

secuestro y traslado de los ilegalmente detenidos.

El rol de los integrantes de las patotas muchas veces se


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completaba con los interrogatorios y torturas que se realizaban en los

centros clandestinos de detencin.

Por ltimo, la pirmide jerrquica conclua con los que

integraban las guardias, las cuales eran generalmente rotativas,

quienes muchas veces tomaban un rol ms activo incluyendo golpes,

torturas, abusos, entre otras vejaciones.

El gobierno de facto, para cumplir estas tareas, se vali de

personal de las distintas fuerzas de seguridad, conviviendo en los

centros de detencin clandestinos -a los cuales el propio rgimen

llamaba eufemsticamenteLRD , es decir, lugar de reunin de

detenidos- policas, militares y penitenciarios, pero siempre bajo la

tutela de la estructura represiva implementada desde el Primer

Cuerpo del Ejrcito.

As en la presente resolucin se analizar la actuacin de

oficiales de la Polica Federal Argentina Samuel Roberto Antonio

Rosa, Julio Simn, Oscar Roln, Ral Gonzlez, Eduardo Kalinec, Juan

Carlos Falcn, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo Adolfo Eklund, Luis

Donocik y Juan Antonio del Cerro, de los suboficiales y oficiales de la

Gendarmera Nacional Argentina Guillermo Vctor Cardozo, Eugenio

Pereyra Apestegui, y del oficial del Servicio Penitenciario Federal

Juan Carlos Avena, quienes, conforme se determinar, eran algunos

de los encargados de realizar los secuestros y aplicar los tormentos

que se le infligan a los detenidos en el centro de detencin que

sucesivamente se denominara Atltico , Banco y Olimpo .

Las distintas personas involucradas cumplieron diversos

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roles en el plan sistemtico de represin ilegal. La importancia de

estas distintas funciones queda graficada en las palabras de Hannah

Arendt en el anlisis que se realiz del rol de Eichmann en el juicio

llevado en su contra: All escuchamos las afirmaciones de la defensa, en

el sentido de que Eichmann tan slo era una en la

maquinaria de la Solucin Final, as como las afirmaciones de la acusacin,

que crea haber hallado en Eichmann el verdadero motor de aquella

mquina. Por mi parte, a ninguna de las dos teoras di mayor importancia

que la que les otorgaron los jueces, por cuanto la teora de la ruedecil la

carece de trascendencia jurdica, y, en consecuencia, poco importa

determinar la magnitud de la funcin atribuida a la rueda Eichmann. El

tribunal reconoci, como es lgico, en su sentencia, que el delito juzgado

nicamente poda ser cometido mediante el empleo de una gigantesca

organizacin burocrtica que se sirviera de recursos gubernamentales. Pero

en tanto en cuanto las actividades en cuestin constituan un delito -lo

cual, como es lgico, era la premisa indispensable a la celebracin del

juicio- todas las ruedas de la mquina, por insignificantes que fueran, se

transformaban, desde el punto de vista del tribunal, en autores, es decir, en

seres humanos. Si el acusado se ampara en el hecho de que no actu como tal

hombre, sino como un funcionario cuyas funciones hubieran podido ser

llevadas a cabo por cualquier otra persona, ello equivale a la actitud del

delincuente que, amparndose en las estadsticas de criminalidad -que

sealan que en tal o cual lugar se cometen tantos o cuantos delitos al da-,

declarase que l tan slo hizo lo que estaba ya estadsticamente previsto, y

que tena carcter meramente accidental el que fuese l quien lo hubiese

hecho, y no cualquier otro, por cuanto, a fin de cuentas, alguien tena que


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hacerlo (cfr. Hannah, Arendt: Eichmann en Jerusaln. Un estudio sobre

la banalidad del mal, trad. de Carlos Ribalta, Editorial Lumen,

Barcelona, 2000, p. 436).

En el caso del centro clandestino de detencin

denominado sucesivamente Atltico , Banco y Olimpo el personal

que actuaba en ellos fue siguiendo la suerte de los mismos. Es decir,

cuando Atltico dejo de operar, los represores pasaron a cumplir

tareas en Banco y cuando ste fue abandonado pasaron a

desempearse en Olimpo .

De esta manera, muchos guardias, secuestradores,

torturadores e interrogadores cumplieron roles similares en los

diversos centros en los que actuaron, por ende, dichos campos de

detencin deben ser considerados como una sola unidad que fue

mutando de sede.

Descripta de manera sucinta los hechos materia de

investigacin, corresponde comenzar con el anlisis de las cuestiones

enunciadas.

Considerando Primero:

Gnesis del Plan Clandestino de Represin (remisin).

El Poder Judicial de la Nacin, a travs de diversos

Juzgados y Cmaras de Apelaciones, se aboc al conocimiento de

numerosas denuncias vinculadas con las violaciones a los derechos

humanos y a la desaparicin de personas ocurridas durante el

gobierno de facto que se extendi desde el 24 de marzo de 1976 al 10

10

de diciembre de 1983.

En este sentido, la Excma. Cmara Nacional de

Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital

Federal analiz los sucesos ocurridos en el pas durante el auto

denominado Proceso de Reorganizacin Nacional en lo atinente,

entre otros aspectos, al sistema represivo creado desde la cpula del

aparato estatal en la causa nro. 13/84 (tambin denominada Causa

originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas

Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo

Nacional); en la causa 44/86 seguida contra los ex-jefes de la Polica

de la Provincia de Buenos Aires (causa incoada en virtud del decreto

280/84 del P.E.N.), ms el trmite de las presentes actuaciones.

En dicho conjunto de actuaciones, qued acreditada la

organizacin y funcionamiento de una estructura ilegal, orquestada

por las Fuerzas Armadas, la cual tena como propsito llevar adelante

un plan clandestino de represin.

As, la Excma. Cmara del Fuero en ocasin de dictar

sentencia en la causa nro. 13/84, realiz un ajustado anlisis del

contexto histrico y normativo en el cual sucedieron los hechos que

sern objeto de anlisis en la presente resolucin:

.. .La gravedad de la situacin imperante en 1975, debido a la

frecuencia y extensin geogrfica de los actos terroristas, constituy una

amenaza para el desarrollo de vida normal de la Nacin, estimando el

gobierno nacional que los organismos policiales y de seguridad resultaban

incapaces para prevenir tales hechos. Ello motiv que se dictara una


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legislacin especial para la prevencin y represin del fenmeno terrorista,

debidamente complementada a travs de reglamentaciones militares.

El gobierno constitucional, en ese entonces, dict los decretos

261/75 de febrero de 1975, por el cual encomend al Comando General del

Ejrcito ejecutar las operaciones militares necesarias para neutralizar y/o

aniquilar el accionar de los elementos subversivos en la Provincia de

Tucumn; el decreto 2770 del 6 de octubre de 1975, por el que se cre el

Consejo de Seguridad Interna, integrado por el Presidente de la Nacin, los

Ministros del Poder Ejecutivo y los Comandantes Generales de las fuerzas

armadas, a fin de asesorar y promover al Presidente de la Nacin las

medidas necesarias para la lucha contra la subversin y la planificacin,

conduccin y coordinacin con las diferentes autoridades nacionales para la

ejecucin de esa lucha; el decreto 2771 de la misma fecha que facult al

Consejo de Seguridad Interna a suscribir convenios con las Provincias, a fin

de colocar bajo su control operacional al personal policial y penitenciario; y

2772, tambin de la misma fecha que extendi la accin de las Fuerzas

Armadas a los efectos de la lucha anti subversiva a todo el territorio del

pas.

La primera de las normas citadas se complement con la

directiva del Comandante General del Ejrcito nro. 333, de enero del mismo

ao, que fij la estrategia a seguir contra los asentamientos terroristas en

Tucumn, dividiendo la operacin en dos partes, caracterizndose la

primera por el aislamiento de esos grupos a travs de la ocupacin de

puntos crticos y control progresivo de la poblacin y de las rutas, y la

segunda por el hostigamiento progresivo a fin de debilitar al oponente y,

eventualmente, atacarlo para aniquilarlo y restablecer el pleno control de la

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zona. En su anexo n 1 (normas de procedimiento legal) esta directiva

cuenta con reglas bsicas de procedimiento sobre detencin de personas, que

indican su derivacin preferentemente a la autoridad policial en el plazo

mas breve; sobre procesamientos de detenidos, que disponen su

sometimiento la justicia federal, o su puesta a disposicin del Poder

Ejecutivo Nacional; sobre allanamientos, autorizndolos en casos graves,

con prescindencia de toda autorizacin judicial escrita, habida cuenta del

estado de sitio.

La directiva 333 fue complementada con la orden de personal

nmero 591/75, del 28 de febrero de 1975, a travs de la cual se dispona

reforzar la quinta brigada de infantera con asiento en Tucumn, con

personal superior y subalterno del Tercer Cuerpo del Ejrcito [ . . . ].

Por su parte, lo dispuesto en los decretos 2770, 2771 y 2772,

fue reglamentado a travs de la directiva 1/75 del Consejo de Defensa, del

15 de Octubre del mismo ao, que instrumento el empleo de la fuerzas

armadas, de seguridad y policiales, y dems organismos puestos a su

disposicin para la lucha antisubversiva, con la idea rectora de utilizar

simultneamente todos los medios disponibles, coordinando los niveles

nacionales [. . .].

El Ejrcito dict, como contribuyente a la directiva

precedentemente analizada, la directiva del Comandante General del

Ejrcito n 404/75, del 28 de Octubre de ese ao, que fijo las zonas

prioritarias de lucha, dividi la maniobra estratgica en fases y mantuvo la

organizacin territorial -conformada por cuatro zonas de defensa - nros. 1,

2, 3 y 5 - subzonas, reas y subreas - preexistentes de acuerdo al Plan de

Capacidades para el ao 1972 - PFE - PC MI72 -, tal como ordenaba el


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punto 8 de la directiva 1/75 del Consejo de Defensa [. . .].

Al ser interrogados en la audiencia los integrantes del

Gobierno constitucional que suscribieron los decretos 2770, 2771, y 2772

del ao 1975, doctores Italo Argentino Luder, Antonio Cafiero, Alberto Luis

Rocamora, Alfredo Gmez Morales, Carlos Ruckauf y Antonio Bentez,

sobre la intel igencia asignada a la dichas normas, fueron contestes en

afirmar que esta legislacin especial obedeci fundamentalmente a que las

policas haban sido rebasadas, en su capacidad de accin, por la guerrilla y

que por aniquilamiento deba entenderse dar termino definitivo o quebrar

la voluntad de combate de los grupos subversivos, pero nunca la

eliminacin fsica de esos delincuentes [. . . ].

Sostener que este concepto, insertado en esos decretos,

implicaba ordenar la eliminacin fsica de los delincuentes subversivos,

fuera del combate y an despus de haber sido desarmados y apresados,

resulta inaceptable [. . .].

En el Orden Nacional, el Ejrcito dict: a) la orden parcial

nro. 405/76, del 21 de mayo, que slo modifico el esquema territorial de la

directiva 404 en cuanto increment la jurisdiccin del Comando de

Institutos Militares; [. . . ] b) La Directiva del Comandante General del

Ejrcito nro. 217/76 del 2 de abril de ese ao cuyo objetivo fue concretar y

especif icar los procedimientos a adoptarse respecto del personal subversivo

detenido; [.. . ] c) la directiva del Comandante en jefe del Ejercito nro.

504/77, del 20 de abril de ese ao, cuya finalidad, expresada en el apartado I

fue actualizar y unificar el contenido del PFE - OC (MI) - ao 1972 y la

Directiva del Comandante General del Ejrcito 404/75 (lucha contra la

subversin); [.. .] d) Directiva 604/79, del 18 de mayo de ese ao, cuya

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finalidad fue establecer los lineamientos generales para la prosecucin de la

ofensiva a partir de la situacin alcanzada en ese momento en el desarrollo

de la lucha contra la subversin. (cfr . Causa n 13/84, de la Excma.

Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de

la Capital Federal. Sentencia de fecha 9 de diciembre de 1985, Imprenta

del Congreso de la Nacin , Tomo I, 1987, pg. 69 y sig.).

Con la toma del poder del gobierno militar dio comienzo

el fenmeno de la desaparicin de personas mediante la utilizacin de

un plan sistemtico de represin en cabeza del aparato de poder

estatal que dominaba las Fuerzas Armadas.

La desaparicin forzada de personas, tena un patrn

comn de accin que la Cmara Federal, en la sentencia sealada

precedentemente, sistematiz de la siguiente manera:

".. .1) Los secuestradores eran integrantes de las fuerzas

armadas, policiales o de seguridad, y si bien, en la mayora de los casos, se

proclamaban genricamente como pertenecientes a alguna de dichas fuerzas,

normalmente adoptaban preocupaciones para no ser identif icados,

apareciendo en algunos casos disfrazados con burdas indumentarias o

pelucas [.. .]

2) Otra de las caractersticas que tenan esos hechos, era la

intervencin de un nmero considerable de personas fuertemente armadas

[.. .]

3) Otra de las caractersticas comunes, era que tales

operaciones ilegales contaban frecuentemente con un aviso previo a la

autoridad de la zona en que se producan, advirtindose incluso, en algunos

casos, el apoyo de tales autoridades al accionar de esos grupos armados.


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El primer aspecto de la cuestin se vincula con la denominada

, que permita se efectuaran los procedimientos sin la

interferencia policial, ante la eventualidad de que pudiera ser reclamada

para intervenir [.. . ]

No slo adoptaban esas precauciones con las autoridades

policiales en los lugares donde deban intervenir, sino que en muchas

ocasiones contaban con su colaboracin para realizar los procedimientos

como as tambin para la detencin de las personas en las propias

dependencias policiales [.. . ]

4) El cuarto aspecto a considerar con caracterstica comn,

consiste en que los secuestros ocurran durante la noche, en los domicilios

de las vctimas, y siendo acompaados en muchos casos por el saqueo de los

bienes de la vivienda [. . . ] (cfr. La Sentencia , Tomo I, pg. 97 y sig.).

Una vez secuestradas, las vctimas eran llevadas de

inmediato a lugares especialmente adaptados, situados dentro de

unidades militares o policiales o que dependan de ellas, conocidos

con posterioridad como centros clandestinos de detencin .

En dichos sitios, los secuestrados generalmente eran

sometidos a largas sesiones de torturas para obtener algn tipo de

informacin.

Luego de ello, la vctima poda correr tres destinos: ser

puesta en libertad, la legalizacin de su detencin o su muerte.

Los centros de detencin, adems de servir para alojar

detenidos, eran utilizados por los grupos de tareas como base de

operaciones para realizar sus secuestros.

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As, en Banco y Olimpo funcionaba el denominado

Grupo de Tareas 2 (G.T. 2), el cual estaba a las rdenes del Capitn

del Ejrcito Argentino Enrique Jos Del Pino alias Miguel (cfr.

declaracin testimonial de Juan Carlos Guarino de fs. 21.684/6).

La primera conclusin sobre lo hasta aqu expuesto, lleva

a razonar que, bajo la existencia de un supuesto orden normativo -

amparado por las leyes, rdenes y directivas que reglaban

formalmente la actuacin de las Fuerzas Armadas en la lucha contra

el terrorismo-, en realidad las Fuerzas Armadas se conducan merced

a mandatos verbales, secretos, y en todo lo referente al tratamiento de

personas detenidas, la actividad desplegada por el gobierno militar

no responda al marco jurdico anteriormente sealado.

Todo lo contrario, se responda a directivas verbales,

secretas e ilegales que sustancialmente consistan en: detener y

mantener oculta a las personas, torturarlas para obtener informacin

y eventualmente matarlas haciendo desaparecer el cadver o bien

fraguar enfrentamientos armados como modo de justificar dichas

muertes.

En definitiva, el plan criminal de represin, llevado a cabo

durante el ltimo gobierno militar consisti en: a) privar de su

libertad en forma ilegal a las personas que considerasen sospechosas

de estar enfrentadas al orden por ellos impuesto; b) el traslado a

lugares de detencin clandestinos; c) ocultar todos estos hechos a los

familiares de las vctimas y negar haber efectuado la detencin a los

jueces que tramitaran hbeas corpus; d) aplicar torturas a las


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personas capturadas para extraer la informacin que consideren

necesaria; e) l iberar, legalizar la detencin o asesinar a cada vctima

segn criterios poco estables por los que se puso de manifiesto la ms

amplia discrecionalidad y arbitrariedad con relacin a la vida o

muerte de cada una de las vctimas.

Dentro de este sistema, se otorg a los cuadros inferiores

de las Fuerzas Armadas una gran discrecionalidad para seleccionar a

quienes aparecieran, segn la informacin de inteligencia, como

vinculados a la subversin; se dispuso que se los interrogara bajo

tormentos y que se los sometiera a regmenes inhumanos de vida,

mientras se los mantena clandestinamente en cautiverio; se concedi,

por fin, una gran libertad para apreciar el destino final de cada

vctima, el ingreso al sistema legal la libertad o, simplemente la

eliminacin fsica (al respecto, ver Captulo XX, de La Sentencia, ya

citada, donde todas estas circunstancia son explicadas en extenso).

En relacin con la organizacin del sistema represivo y el

accionar de las fuerzas armadas, Novaro y Palermo explican: "...En su

diseo como hemos dicho se prioriz ante toda otra consideracin la eficacia

de la ofensiva a desarrollar contra el enemigo que enfrentaba la nacin y las

fuerzas Armadas, cuya naturaleza era poltica e idelogica, ms que militar:

el comunismo subversivo o ms simplemente el subversivo actuaba

dentro de las fronteras y su entramado social, poda tener o no vinculacin

ideolgica, poltica y financiera con los centros mundiales de la revolucin,

y actuaba en todos los planos de la vida social, la educacin, la cultura, las

relaciones laborales, la religin. Lo que deba combatirse en l era su

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condicin subversiva que no estaba asociada solo con una prctica

revolucionaria (la lucha armada) ni con una determinada estrategia de toma

revolucionaria del poder (el modelo cubano, el vietnamita o el chileno) ni

con la pertenencia a un determinado tipo de organizacin (los grupos

revolucionarios y guerrillas) sino que se extenda mucho ms all.

Para identificar la condicin subversiva era un dato

relevante la ideologa marxista y el izquierdismo. Se entenda, entonces, que

para combatir eficientemente a la subversin haba que atacarla

especialmente, en su causa primera el virus ideolgico que es diseminado

por los marxistas, los comunistas o criptocomunistas, los izquierditas, los

revolucionarios en general. Aunque tambin los catlicos tercermundistas,

los freudianos, los ateos y en una medida considerable, los peronistas, los

liberales y los judos representaban una amenaza para el orden, ya que

difundan ideas contrarias a su preservacin, por lo que tambin deba

persegurselo. Igual que todos aquellos que, con su prdica agnstica,

igualitaria o populista atacaron las bases del orden nacional. Es as que, si

bien esas filtraciones eran datos suficientes, no eran del todo necesarias

para identificar al enemigo que poda estar solapado bajo otros disfraces y

ser inconsciente de su papel en esta guerra. Bastaba que la persona en

cuestin actuara a favor de un cambio social y en contra del orden. En

este sentido los activistas no violentos, ajenos a las organizaciones

clandestinas que desarrollaban actividades polticas sindicales, religiosas o

intelectuales legales y legtimas en cualquier sistema de derecho resultaban

a los militares especialmente intolerantes, porque solan ser los ms eficaces

transmisores del virus subversivo para la sociedad. Subversivo, en suma,

equivala a ser enemigo de la Patria, de esa Patria uniforme, integrada e


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inmutable tal como la entendan los militares. No importara, por lo tanto,

que como sucedi en muchos casos, los secuestrados resultaran ser

nacionalistas convencidos o devotos cristianos animados por sentimientos

no menos profundos que los de sus verdugos. La inclusin de entre las seas

de identidad del enemigo, de una amplia gama de delitos de conciencia y

actitudes cuestionadoras fue expresada de modo prstino y reiterado por

Videla: Subversin es tambin la pelea entre hijos y padres, entre padres y

abuelos. No es solamente matar militares. Es tambin todo tipo de

enfrentamiento social (Gente n 560, 15 de abril de 1976) [. . .] . Y tal como

haba explicado Galtieri a f ines de 1974, continuando con las metforas

mdicas frente a la subversin como con el cncer, a veces es necesario

extirpar las partes del cuerpo prximas aunque no estn infectadas para

evitar la propagacin" (Novaro Marcos, Palermo Vicente: Historia

Argentina: La Dictadura Militar 1976/1983. Del Golpe de Estado a la

Restauracin Democrtica. Ed. Paids, Bs. As., 2003, pp. 88 y sig.).

En tal sentido, se ha sealado recientemente, que El

discurso de la peste [] fue particularmente apropiado y resignificado por

el gobierno instaurado en 1976. Las epidemias, los cnceres nacionales de

todo tipo, eran los subterfugios utilizados por los militares para justificar

la erradicacin de los focos subversivos al interior del organismo

enfermo. Tambin desde 1976, con ms fuerza que nunca la metfora de la

sociedad enferma se convertira en el diagnstico oficial del gobierno para

explicar de un modo didctico y convincente el pasado inmediato de la

Repblica Argentina, para justi ficar el acceso al poder, la legitimidad de la

permanencia en l y los objetivos histricos propuestos (Melo, Adrin

Raffin, Marcelo: Obsesiones y fantasmas de la Argentina, Editores del

20

Puerto, Bs. As., 2005, p. 109, con cita de Delich, Francisco: Metforas

de la sociedad argentina , Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1986, p. 29).

Y continan los autores citados: Si el diagnstico era que

el grueso de la sociedad estaba enferma, las estrategias curativas tenan que

ser necesariamente drsticas y apuntar al l mismo donde los males tienen su

origen. El Estado autoritario impone un lema: el supuesto enfermo debe

aislarse para extirpar el mal. Las teraputicas instrumentadas fueron la

desinformacin, el congelamiento de la sociedad, la imposicin del miedo, la

desaparicin fsica de las personas, entre las de mayor peso (ob. cit., p.

109/0).

Previo a finalizar este captulo, corresponde recordar que

el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la sancin del decreto nro.

187/83, dispuso la creacin de la Comisin Nacional de Desaparicin de

Personas (CONADEP), cuyo objetivo fue esclarecer los hechos

relacionados con este fenmeno acontecido en el pas. En el informe

final presentado por la mentada Comisin se seal que:

.. .De la enorme documentacin recogida por nosotros se

infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgnica y

estatal por la represin de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera

espordica sino sistemtica, de manera siempre la misma, con similares

secuestros e idnticos tormentos en toda la extensin del territorio. Cmo

no atribuirlo a una metodologa de terror planificada por los altos mandos?

Cmo podran haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola

cuenta bajo un rgimen rigurosamente militar, con todos los poderes y

medios de informacin que esto supone? Cmo puede hablarse de excesos

individuales? De nuestra informacin surge que esta tecnologa del


21

infierno fue llevada a cabo por sdicos pero regimentados ejecutores. Si

nuestras inferencias no bastaran, ah estn las palabras de despedida

pronunciadas en la Junta Inter Americana de Defensa por el Jefe de la

Delegacin Argentina, Gral . Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de

1980: Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las rdenes

escritas de los Comandos Superiores. As cuando ante el clamor universal

por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraron los

excesos de la represin, inevitables en una guerra sucia, revelan una

hipcrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los

espantos planificados.

Los operativos de secuestros manifestaban la precisa

organizacin, a veces en los lugares de trabajo de los sealados, otras en

plena calle y a luz del da, mediante procedimientos ostensibles de las

fuerzas de seguridad que ordenaban zona libre a las Comisaras

correspondientes. Cuando la vctima era buscada de noche en su propia

casa, comandos armados rodeaban la manzana y entraban por la fuerza,

aterrorizaban a padres y nios, a menudo amordazndolos y obligndolos a

presenciar los hechos, se apoderaban de la persona buscada, la golpeaban

brutalmente, la encapuchaban y f inalmente la arrastraban a los autos o

camiones, mientras el resto de los comandos casi siempre destrua y robaba

lo que era transportable. De ah se parta hacia el antro en cuya puerta

poda haber inscriptas las mismas palabras que Dante ley en los portales

del infierno: Abandonar toda esperanza, los que entris.

De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y

miles de seres humanos, generalmente jvenes y hasta adolescentes, pasaron

a integrar una categora ttrica y hasta fantasmal: la de los desaparecidos.

22

Palabra - triste privilegio argentino! - que hoy se escribe en castellano en

toda la prensa del mundo. (cfr. Nunca Ms , Informe de la Comisin

Nacional de Desaparicin de Personas, EUDEBA, Buenos Aires, 1996).

Lo hasta aqu expuesto, nos permite conocer el marco

histrico nacional en el cual se desarrollaron los sucesos investigados

en el marco del cual se despleg el sistema represivo implementado

por las Fuerzas Armadas, consistente en la captura, privacin ilegal

de la libertad, interrogatorios con tormentos, clandestinidad y en

muchos casos, eliminacin fsica de las vctimas, que fue

sustancialmente idntico en todo el territorio de la Nacin.

Resulta relevante traer a colacin aqu los desarrollos

tericos que en el marco del discurso penal se han efectuado, a partir

de la irrupcin de estados autoritarios tanto en Europa como en

Amrica Latina, durante todo el siglo XX, desarrollos que sintetizan

las preocupaciones de los juristas y pensadores provenientes no slo

del Derecho penal sino de diversas ramas de las ciencias sociales,

como lo son la sociologa del castigo, la antropologa jurdica y la

criminologa.

Estas preocupaciones han buscado comprender la relacin

entre el poder y la legalidad (entendida esta ltima segn el modelo

kelseniano que se impuso durante las dcadas del 20 y 30 del siglo

pasado), especialmente a partir de la crisis en esta relacin, puesta en

evidencia con la irrupcin de los regmenes autocrticos de entre

guerras, en especial, el nacionalsocialismo.

De estos desarrollos tericos entre los cuales se destacan


23

los emprendidos por los juristas europeos Alessandro Baratta y Luigi

Ferrajoli y nuestro E. Ral Zaffaroni-, surge claro que hoy en da slo

es posible comprender al Derecho penal como una tcnica de

minimizacin de la violencia, con especial referencia a la violencia

estatal, que por su concentracin de poder punitivo (monopolio del

uso de la fuerza, disponibilidad de aparatos de poder, posesin de

arsenales blicos, etc.), siempre tiende al abuso y a la desproporcin

en las rplicas frente a la puesta en peligro de dicho poder que surgen

de sectores alejados del mismo.

De hecho, el Derecho penal moderno naci al calor de la

Ilustracin de fines del siglo XVIII (la obra de Beccaria, Dei delitti e

delle pene , es de 1766), precisamente a partir de la necesidad de poner

diques de contencin al despotismo que los regmenes absolutistas

ejercan sobre los sbditos, quienes hasta ese momento carecan de

todo tipo de derechos.

Pues bien, los hechos ventilados en este proceso muestran

a las claras que el supuesto progreso civilizatorio de la mano de la

modernidad y de las luces est lejos de haber alcanzado, al menos de

modo concluyente, estadios superadores en la relacin entre el Estado

y la sociedad civil.

Es a partir de este marco conceptual, que es posible

visualizar una tensin permanente entre el ejercicio de poder

punitivo (propio del Estado policial) y el Derecho penal como tcnica

proveedora de mayor paz social (propio del Estado de Derecho),

tensin que est presente en todas las sociedades, ms all de la

24

organizacin poltica que las configure (sigo aqu especialmente a

Zaffaroni, E. Ral, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro: Derecho

Penal - Parte General , Ed. Ediar, Bs. As., 2000, pp. 5 y sgts. y 38 y

sgts.).

Esta dialctica Estado de Derecho-Estado policial no se puede

concebir espacialmente como dos frentes que coliden entre s , dado

que en verdad, el primero contiene al segundo en su interior: as, el

Estado policial pugna permanentemente por su expansin en

desmedro de espacios propios del Estado de Derecho, y a su vez, el

Estado de Derecho aspira a reducir y encapsular todo lo posible los

espacios librados al Estado policial que pervive en su interior.

En tal sentido, la mayor expansin del ejercicio de poder

punitivo estatal trae como consecuencia su necesaria contrapartida, la

virtual desaparicin del Derecho penal limitador y lo que ste

presupone, el Estado de Derecho.

No es posible imaginar una sociedad en donde todo sea

Estado de libertades (un mnimo de poder de polica resulta

absolutamente necesario para la coexistencia an pacfica), as como

tampoco es concebible una sociedad con todos sus espacios de

libertades anuladas: una sociedad as, abierta y completamente

totalitaria, terminara aniquilando a todos sus sbditos a travs del

ejercicio del terror sistemtico, masivo e implacable, generando uno

tras otro, nuevos estereotipos de enemigos. Si bien han existido

regmenes que se han acercado bastante al ideal (probablemente, la

Alemania nazi en la plenitud de su poder, circa 1942), lo cierto es que


25

tambin el Estado policial puro es solamente una hiptesis de trabajo

para el cientfico social (al respecto, ver Arendt, Hannah: Los orgenes

del totalitarismo, trad. de Guillermo Solana, Alianza Editorial, Madrid,

2002, pp. 687-688).

Pues bien, lo que surge claro tanto de los elementos de

prueba colectados en la causa 13 instruida por el Superior, como por

las investigaciones histricas del perodo inaugurado con el golpe de

Estado del 24 de marzo de 1976, es que las pulsiones del Estado

policial conducido por la Junta Militar de aquel entonces- finalmente

rompieron los ltimos diques de contencin que le ofrecan

resistencia desde el Estado de Derecho, y anegaron todos aquellos

espacios de derechos y libertades a los que desde siempre apuntaron

y que hasta ese momento tenan resguardo de la Ley, mediante el

empleo de un poder autoritario y manifiestamente ilegal.

Para ello, y habida cuenta que el catlogo de respuestas

jurdicopenales que ofreca el Estado de Derecho usurpado les

resultaba manifiestamente insuficiente a los diseadores del rgimen

militar instaurado para canalizar el enorme caudal de violencia

estatal que prevean inyectar en la sociedad, frente a la disyuntiva

absolutamente factible debido a la sustitucin de la mismsima norma

fundamental del orden jurdico vigente- de cambiar a su antojo la

legalidad formal en lo referente a delitos, juicios y penas, prefirieron

una solucin an ms drstica, como lo fue la de transferir todo el

aparato blico de poder estatal a la ms pura clandestinidad, esto es,

a la ms abierta ilegalidad.

26

Y reafirmo esta nota de abierta ilegalidad, puesto que el

Estado argentino, pese a la clara dominacin del Estado policial,

mantuvo remanente ciertos espacios del Estado de Derecho en

mbitos no vitales (no debemos olvidar que el cdigo penal casi no

fue modificado, as como tampoco el derecho civil , comercial, todos

los cuales seguan siendo aplicados por jueces, etc.).

Dicho de otro modo, nos encontramos a partir de fines de

marzo de 1976 en nuestro pas con un Estado no ya constitucional sino

meramente legal de Derecho, con casi todos sus espacios internos

ocupados por un Estado policial l iberado de toda contencin y

dominado por las agencias policiales (fuerzas armadas y de

seguridad), y que para colmo de males, y como nota distintiva de la

violencia estatal que se dio en la Argentina en aquellos aos, con

todos sus aparatos verticalizados de poder (fuerzas armadas, policas,

servicios penitenciarios, servicios de seguridad del Estado) alineados

en una sola estructura al estilo del Leviatn que describe Hobbes-,

liberado de toda atadura o contencin desde la esfera de la legalidad,

aunque ms no sea la legalidad formal que regira la organizacin

poltica luego del golpe de Estado y hasta la restauracin del sistema

democrtico de gobierno.

Es ms, lo que se tuvo por probado en aquella causa 13 de

la Excma. Cmara Federal, fue que desde el Estado legal de Derecho,

la Junta Militar de gobierno que ocupaba el poder poltico del Estado

Argentino, le proporcion a los detentadores del aparato de poder

unificado que haba pasado a la clandestinidad, todo lo necesario


27

para operar impunemente y en el mayor de los secretos: en primer

lugar la asignacin de los recursos econmicos y logsticos, derivada

de fondos pblicos, sin los cuales la enorme empresa criminal jams

poda haberse llevado a cabo, y en segundo lugar, la promesa

cumplida por cierto-, de poner en funcionamiento el enorme poder

discursivo y meditico que estaba al servicio del rgimen (a travs de

rganos de informacin estatales o de aquellos privados controlados y

del silenciamiento y persecucin de los medios informativos

independientes u opositores) para negar ante la opinin pblica, los

estados extranjeros y las organizaciones de derechos humanos, todo

lo concerniente a la actuacin de aquel Leviatn desatado.

Dicho de otro modo, no fue con las herramientas del

ejercicio de poder punitivo formal que el rgimen militar en cuestin

llev a cabo la represin contra los que consideraba sus enemigos

polticos, sino que fue a travs de un premeditado y perverso ejercicio

masivo y criminal de poder punitivo subterrneo (cfr. Zaffaroni-Alagia-

Slokar, op. cit. , p. 24) que dieron cuenta de ellos, metodologa que fue

mantenida en secreto por todos los medios posibles y que, como todo

ejercicio de violencia estatal liberada de las sujeciones del Estado de

Derecho, degener en forma inmediata en terrorismo de estado.

Debemos recordar aqu que la cuestin del mantenimiento

en secreto del aparato de poder puesto al servicio de la actividad

criminal no fue algo privativo del rgimen militar aqu en estudio;

similar estrategia fue emprendida entre otros, por el nazismo y el

stalinismo, siguiendo la lgica de todo modelo autoritario de poder

28

estatal, segn la cual cuanto ms visibles son los organismos del

Gobierno, menor es su poder, y cuanto menos se conoce una institucin,

ms poderosa resultar ser en definitiva [] el poder autntico comienza

donde empieza el secreto (cfr. Arendt, Los orgenes... cit. , p. 608).

Para cumplir los objetivos propuestos, el rgimen militar

en el marco del cual se desempearon los aqu juzgados, extrajo por

la fuerza a los supuestos enemigos polticos de sus mbitos de

pertenencia, ya sea familiares, sociales, culturales, y de los circuitos

de comunicacin social, despojndolos de este modo de toda

significacin socio-jurdica: el primer paso esencial en el camino hacia la

dominacin sostiene Arendt- es matar en el hombre a la persona

jurdica (Los orgenes.. . cit. , p. 665).

Ello se logra colocando a ciertas categoras de personas

fuera de la proteccin de la ley: el hasta entonces ciudadano, con

nombre y apellido, profesin, etc. , con derechos y obligaciones de

diversa ndole, pasa a ser una no-persona , alguien de la cual slo

queda pendiente un cuerpo vital, lo que Agamben ha llamado la nuda

vida del homo sacer , el cual est enteramente en manos del Estado

policial subterrneo, no slo para torturarlo, negarle alimento, agua o

condiciones sanitarias mnimas, sino adems para disponer

definitivamente de esa vida, anulndola en cualquier momento

impunemente, sin necesidad de razn o justificacin alguna ms all

del puro acto de poder, negndole inclusive, los rituales debidos a

toda muerte, propios de la condicin humana.

Seala Agamben que all cuando se desvanece la frontera


29

entre orden jurdico y estado de excepcin (como lo fue el rgimen

militar en toda su extensin), la nuda vida pasa a ser a la vez el sujeto

y el objeto del ordenamiento poltico y de sus conflictos: Todo sucede

como si , al mismo tiempo que el proceso disciplinario por medio del cual el

poder estatal hace del hombre en cuanto ser vivo el propio objeto especfico,

se hubiera puesto en marcha otro proceso [] en el que el hombre en su

condicin de [mero ser] viviente ya no se presenta como objeto, sino como

sujeto del poder poltico [] en los dos est en juego la nuda vida del

ciudadano, el nuevo cuerpo biopoltico de la humanidad (cfr . Agamben,

Giorgio: Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida , trad. de Antonio

Gimeno Cuspinera, Ed. Pre-textos, Valencia, Espaa, 2003, p. 19).

De este modo, el ciudadano, la persona fsica y jurdica,

pasaba a ser simplemente un desaparecido , sobre el cual, como bien

qued asentado en los considerandos de la causa 13, los detentadores

del aparato de poder -liberado de toda atadura por parte de las

cpulas militares gobernantes- tenan amplia disponibilidad, ya sea

para aniquilarlo, o bien para continuar su detencin pero

transfirindolo desde el sistema penal subterrneo al sistema penal

formalizado (legalizacin por parte del Poder Ejecutivo), o bien

liberndolo directamente o permitiendo su salida al exterior.

En definitiva, y en palabras de Ferrajoli:

La vida y la seguridad de los ciudadanos se encuentran en

peligro hoy ms que nunca, no slo por la violencia y los poderes salvajes de

los particulares, ni por desviaciones individuales o la ilegalidad de

especf icos poderes pblicos, sino tambin, y en medida mucho ms notable

30

y dramtica, por los mismos estados en cuanto tales: [] torturas,

masacres, desaparicin de personas, representan actualmente las amenazas

incomparablemente ms graves para la vida humana. Si es cierto, como se

dijo, que la historia de las penas es ms infamante para la humanidad que la

historia de los delitos, una y otra juntas no igualan, en ferocidad y

dimensiones, a la delincuencia de los estados: baste pensar [] todas las

variadas formas de violencia predominantemente ilegales con que tantsimos

estados autoritarios atormentan hoy a sus pueblos (Ferrajoli, Luigi:

Derecho y Razn , Ed. Trotta, Madrid, 1989, p. 936).

Considerando Segundo:

Los centros clandestinos de detencin durante la

dictadura militar .

En el marco de la poltica de terrorismo de estado

desarrollada por la ltima dictadura militar y el mecanismo de

desaparicin sistemtica de personas, los centros de clandestinos de

cautiverio, pozos, chupaderos o, l isa y llanamente, campos de

concentracin, han constituido una pieza fundamental del aberrante

engranaje represivo: sostiene Arendt que estos espacios fsicos

especialmente preparados para el cautiverio, la tortura y la muerte

son la verdadera institucin central del poder organizador en el

marco del terrorismo de estado (Arendt, Hannah: Los orgenes del

totalitarismo, trad. de Guillermo Solana, Alianza Editorial, Madrid,

2002, p. 653).

La existencia de campos de concentracin en la Argentina


31

de mediados de la dcada del 70 del siglo XX es, sin lugar a dudas, la

pgina ms negra de toda nuestra historia como pas, no solamente

por el hecho en s de su existencia, sino adems, porque estos sit ios

infernales irrumpieron en el marco de una sociedad supuestamente

civilizada, con la tasa de educacin ms alta de toda Amrica

Latina y con estndares culturales similares a los de Europa, al menos

en los grandes centros urbanos.

En s , el empleo de campos de concentracin en la

Argentina no tiene nada de original. Se inscriben en una tristemente

larga lista de sitios similares que acompaaron a casi todos los

regmenes autoritarios al menos durante el siglo XX (es recurrente la

atribucin de la idea primigenia a los colonizadores ingleses en la

guerra contra los boers en frica austral, alrededor de 1910) y que

tuvieron su punto culminante a partir de su empleo masivo por parte

del rgimen nacionalsocialista durante la Segunda Guerra Mundial.

En todos ellos y los nuestros no han sido la excepcin-

los niveles de violencia y de terror infligidos a las vctimas han sido

de tal magnitud, y la muerte ha campeado en tan alta escala, que de

ellos slo puede afirmarse, como denominador comn, que en su seno

todo era posible (as en Arendt, Los orgenes... cit . , p. 652).

En referencia a ello, podemos sealar que estos centros

clandestinos de tortura y de muerte constituyen un espacio de

excepcin, en el que no slo la ley se suspende totalmente, sino en el que,

adems, hecho y derecho se confunden por completo: por eso todo es

verdaderamente posible en ellos [] quien entraba en el campo de mova en

32

una zona de indistincin entre [] lcito e ilcito, en que los propios

conceptos de derecho subjetivo y de proteccin jurdica ya no tenan sentido

alguno (cfr. Agamben, Giorgio: Homo sacer. El poder soberano y la nuda

vida , trad. de Antonio Gimeno Cuspinera, Ed. Pre-textos, Valencia,

Espaa, 2003, p. 217).

La imagen que nos devuelve el reflejo frente a este espejo,

es la de un espectro que se acerca a la concepcin del mal ms radical.

Al respecto, seala el mismo autor que lo que tuvo lugar

en los campos de concentracin supera de tal forma el concepto jurdico de

crimen que con frecuencia se ha omitido sin ms la consideracin de la

estructura jurdico-poltica en que tales acontecimientos se produjeron. El

campo es as tan slo el lugar en que se realiz la ms absoluta conditio

inhumana que se haya dado nunca en la tierra: esto es, en ltimo trmino,

lo que cuenta tanto para las vctimas como para la posteridad (dem, p.

211).

La multiplicacin de estos lugares por todo el pas y su

permanencia en el tiempo refleja la imagen del colapso moral de una

sociedad y a la vez, del fracaso del supuesto progreso civilizatorio de

toda una Nacin.

Sobre esto ltimo, con razn sostiene Agamben que: La

pregunta correcta con respecto a los horrores del campo no es, por

consiguiente, aquella que inquiere hipcritamente cmo fue posible cometer

en ellos delitos tan atroces en relacin con seres humanos; sera ms

honesto, y sobre todo ms til, indagar atentamente acerca de los

procedimientos jurdicos y los dispositivos polticos que hicieron posible


33

llegar a privar tan completamente de sus derechos y prerrogativas a unos

seres humanos, hasta el punto de que el realizar cualquier tipo de accin

contra ellos no se considerara ya un delito (dem , p. 217/8).

Los centros clandestinos de detencin, como todo espacio

que adopta ciertas caractersticas del universo concentracionario, han

sido funcionales en ms de un aspecto al poder que los engendr.

En primer lugar, fueron sitios que reforzaron el

adoctrinamiento ideolgico de los integrantes del aparato de poder,

en el sentido de que el terror absoluto imperante en estos sit ios, y las

atrocidades cometidas, se convirtieron en aplicacin prctica del

adoctrinamiento ideolgico, de comprobacin de la ideologa (Arendt ,

Los orgenes... cit., p. 652/3).

En segundo lugar, los campos fueron concebidos no slo

para degradar a los seres humanos y eventualmente eliminarlos

fsicamente, sino adems para transformar a la personalidad humana

en una simple cosa, algo que ni siquiera son los animales (dem , p. 653).

El autntico horror de los campos de concentracin radica en

el hecho de que los internados, aunque consigan mantenerse vivos, se hallan

ms efectivamente aislados del mundo de los vivos que si hubieran muerto

[] Cualquiera puede morir como resultado de la tortura sistemtica o de la

inanicin o porque el campo est repleto y sea preciso liquidar el material

humano superfluo ( d., p. 659).

No existen paralelos para la vida en los campos de

concentracin. Su horror nunca puede ser abarcado completamente por la

imaginacin por la simple razn de que permanecen al margen de la vida y

34

la muerte [] las masas humanas encerradas son tratadas como si ya no

existieran, como si lo que les sucediera careciera de inters para cualquiera,

como si ya estuviesen muertas y algn enloquecido espritu maligno se

divirtiera en retenerlas durante cierto tiempo entre la vida y la muerte

(d. , p. 662).

Adentrndonos en las caractersticas especficas en las que

operaron Oscar Augusto Isidro Roln, Julio Hctor Simn, Samuel

Miara, Roberto Antonio Rosa Ral Gonzlez, Juan Carlos Avena,

Eduardo Kalinec, Juan Carlos Falcn, Eufemio Jorge Uballes, Gustavo

Adolfo Eklund, Luis Donocik, Guillermo Vctor Cardozo, Eugenio

Pereyra Apestegui y Juan Antonio del Cerro, las personas privadas

ilegalmente de su libertad eran conducidas de inmediato a este tipo

de lugares, situados ya sea dentro de unidades militares o policiales

con dependencia operacional de las Fuerzas Armadas, acondicionados

al efecto, distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, y cuya

existencia era ocultada del conocimiento pblico no obstante haber

superado los 340 centros: En todos estos casos, un lugar aparentemente

anodino delimita en realidad un espacio en que el orden jurdico normal

queda suspendido de hecho y donde el que se cometan o no atrocidades no es

algo que dependa del derecho, sino slo [] de la polica que acta

provisionalmente como soberana (cfr . Agamben, cit. , p 222).

Ahora bien, mientras los familiares y amigos agotaban los

recursos a su alcance para dar con el paradero de los

desaparecidos, las autoridades pblicas respondan negativamente

a todo pedido de informe vinculado a las detenciones de los buscados


35

y los recursos de habeas corpus interpuestos ingresaban en el destino

inexorable del rechazo.

Es que el mantenimiento en secreto de estos sitios es una

cuestin central para su constante reproduccin. El experimento de

dominacin total en los campos de concentracin depende del aislamiento

respecto del mundo de todos los dems, del mundo de los vivos en general,

incluso del mundo exterior (cfr. Arendt, Los orgenes.. . cit. , p. 653).

Por ltimo, entiendo acertadas las palabras de Enrique

Vzquez quien sobre los objetivos de la ltima dictadura militar

seal: A partir de la represin y la censura la dictadura busc -y en

muchos casos logr- imponer como correlato el espanto y la autocensura. De

tal modo los campos de detencin clandestina y las crceles eran un castigo

ejemplar para una parte de la sociedad pero adems significaron un espejo

donde deba mirarse el resto.

El ambicioso intento del proceso en e l mbito de la justicia-

fue barrer con el concepto de seguridad jurdica, llevndolo al limite de

relativizar el propio derecho a la libertad y a la vida.

Sin embargo, lo ocurrido en la Argentina no fue una

catstrofe natural al estilo de un terremoto: se trat del intento ms serio de

buscar cambios en las estructuras sociales y en las formas de organizacin

poltica basado en al represin violenta consiguiendo una relacin entre el

Estado y el hombre meditico por la sujecin. La manipulacin de las

conciencias a partir de su adormecimiento y de la ignorancia de la realidad

es una tcnica ya ensayada por regmenes autoritarios.. . (cfr. La ltima.

Origen, apogeo y cada de la dictadura militar, Ed. Eudeba, Buenos Aires,

1985, p. 65).

36

2.1. La tortura como actividad sistemtica en los centros

de detencin.

Sin perjuicio del desarrollo que con posterioridad se

efectuar, corresponde dejar asentado el concepto de tortura como

actividad sistemtica en los centros clandestinos de detencin.

Ello, a efectos de entender el funcionamiento de los

mismos, pues es preciso remarcar que la actividad desplegada por los

responsables de los centros clandestinos de detencin no se limitaba a

privar en forma ilegal de la libertad a una vctima, sino que a ese

injusto se le sumaba la imposicin de tormentos desde el primer

momento en que la persona era secuestrada.

La tortura era algo innato y de aplicacin sistemtica en

cada uno de los centro de detencin y era la regla de tratamiento,

siendo la excepcin el cautivo que no la padeci.

A tal fin, los campos de concentracin contaban con

personal especialmente abocado a ello, mbitos acondicionados al

efecto -los quirfanos-, una variada gama de instrumentos y

distintas tcnicas de provocar los padecimientos.

Entre las tcnicas de tortura, la ms emblemtica de ellas

la picana elctrica- venan aplicndose en actividades represivas

policiales ilegales desde haca ya varias dcadas en nuestro pas,

aunque nunca en la escala que se vio a partir del 24 de marzo de 1976

(cfr. Rodrguez Molas, Ricardo: Historia de la tortura y del orden

represivo en la Argentina , Eudeba, Bs. As., 1985, pp. 114/5 y ss.).


37

Hasta tal punto eran similares los hechos con los del pasado,

lo mismo podemos decir de la barbarie de la dcada de 1970, y a pesar de las

tcnicas distintas, que en las declaraciones y en las denuncias reaparecan

con la mejor espontaneidad las palabras de dos o tres siglos antes. No

olvidemos, siempre fue as, que en todos los casos los efectos de la aplicacin

de la tortura, el rigor de los verdugos, esa fuerza despiadada que sirve

incondicionalmente al poder, causa espanto (Rodrguez Molas, cit. , p.

116).

En rigor de verdad, estas tcnicas y metodologas

destinadas ad hoc a imponer a otro ser humano graves padecimientos

fsicos y psquicos, insoportables a los ojos de toda comunidad

medianamente civilizada, resultan tributarias de toda una cultura

autoritaria, arraigada desde los propios cimientos de nuestra Nacin:

en tal sentido, he dicho en otro lugar que slo la larga mano del

modelo inquisitivo, que cal hondo en nuestras instituciones a travs

de la influencia cultural espaola, puede explicar que recin en 1958

la Argentina contara por fin con un tipo penal que contemplara

especficamente la imposicin de tormentos a detenidos por parte de

funcionarios pblicos (vid,. Rafecas, Daniel: Los delitos contra la

libertad cometidos por funcionario pblico en: AA.VV., Delitos contra la

libertad , Directores: Stella Maris Martnez y Luis Nio, Ed. Ad Hoc,

2003, p. 200).

Ahora bien, reitero que la dimensin de lo sucedido a

partir del golpe de estado del 76 constituy un salto cuantitativo y

cualitativo nunca antes visto en nuestra historia, a tal punto que el

38

legislador nacional de la democracia restaurada en 1983, movido no

tanto por un meditado estudio de la cuestin sino ms bien por el

espanto frente a los recientes horrores del terrorismo de estado (de

los cuales los hechos aqu ventilados son una acabada muestra)

sancion la ley 23.097 por la que, como se sabe, se aumentaron las

penas drsticamente, equiparando el delito de torturas al del

homicidio simple, decisin poltico-criminal que quiso poner de

manifiesto el afn por la proteccin de los bienes jurdicos en juego

(dignidad, libertad, integridad fsica y psquica).

Traigo a colacin aqu, el mensaje del Poder Ejecutivo

Nacional en ocasin del envo del Proyecto de Ley de referencia,

fechado el 20 de diciembre de 1983, diez das despus de asumido el

nuevo gobierno constitucional: Constituye uno de los objetivos

primordiales del actual gobierno instaurar un rgimen de mximo respeto

por la dignidad de las personas [] Dado que los sufrimientos que [la

tortura y la sevicia] comportan, lesionan principios morales

fundamentales a los que el gobierno constitucional adhiere sin reservas se

introducen modificaciones al Captulo I del Ttulo V, Libro Segundo, del

Cdigo Penal.

Asimismo, este salto en la dimensin del terror desatado a

partir del 76, en lo que respecta a la calidad y cantidad de torturas

impuestas en estos centros, est condensado en estos dos pasajes de la

obra Nunca Ms:

En la casi totalidad de las denuncias recibidas por esta

Comisin se mencionan actos de tortura. No es casual. La tortura fue un


39

elemento relevante en la metodologa empleada. Los Centros Clandestinos de

Detencin fueron concebidos, entre otras cosas, para poder practicarla

impunemente. La existencia y generalizacin de las prcticas de tortura

sobrecoge por la imaginacin puesta en juego, por la personalidad de los

ejecutores y de quienes la avalaron y emplearon como medio [] qu otra

cosa sino un inmenso muestrario de las ms graves e incali ficables

perversiones han sido estos actos, sobre los que gobiernos carentes de

legitimidad basaron gran parte de su dominio sobre toda una nacin? (vid.

Nunca ms , Informe de la Comisin Nacional sobre la Desaparicin de

Personas CONADEP-, Eudeba, Bs. As., 1984, p. 26).

La comprobacin de la extensin que adquiri la prctica de la

tortura en tales centros y el sadismo demostrado por sus ejecutores resultan

estremecedores. De alguno de los mtodos empleados no se conocan

antecedentes en otras partes del mundo. Hay varias denuncias acerca de

nios y ancianos torturados junto a un familiar, para que ste

proporcionara la informacin requerida por sus captores (id . , pp. 479/0).

2.2 Acerca del centro clandestino de detencin que

funcion bajo los sucesivos nombres de Atltico , Banco y

Olimpo .

Bajo la rbita del Primer Cuerpo del Ejrcito Argentino y

acorde a la lgica del terror precedentemente explicada, funcionaron

numerosos centros clandestinos de detencin, en cada una de las sub

zonas en las cuales estaba dividido el Comando de Zona de Defensa

Primera.

En el mbito geogrfico de la Capital Federal funcion

40

desde mediados del ao 1976 hasta principios de 1979 un centro

clandestino de detencin que mut de nombre y de ubicacin, pero no

de detenidos, guardias, y elementos de suplicio.

En primer lugar, este campo de detencin se denomin

Atltico o Club Atltico , el cual funcion durante el ao 1976 y

hasta el mes de diciembre de 1977 en los stanos de la Divisin

Suministros de la Polica Federal Argentina ubicado entre las calles

Paseo Coln, San Juan, Cochabamba y Azopardo de esta Ciudad, es

decir, a pocas cuadras de la Casa de Gobierno.

Ese predio, por razones de fuerza mayor y debido a

razones absolutamente ajenas a la dinmica de la estructura de la

represin poltica liderada por el rgimen, tuvo que ser abandonado,

debido a su inevitable demolicin al encontrarse en el rea de trazado

de la autopista 25 de Mayo que se estaba construyendo en aquellos

aos a instancias del intendente de facto Cacciatore, impuesto por el

mismo gobierno militar, obra que se materializ meses despus y que

en la actualidad se encuentra erigida sobre el lugar, conforme pudo

verificar in situ el suscripto en el reconocimiento judicial l levado a

cabo das atrs. A tal punto esto es as que un enorme talud de tierra,

materiales y escombros, a la vez que sirve como soporte a la autova

que atraviesa exactamente el predio, simultneamente impide el

avance de las excavaciones para recuperar los espacios en donde

funcionaba el centro clandestino, ms precisamente, fue erigido justo

encima del rea en donde se encontraban la mayora de las celdas

individuales (tubos) y las salas donde se aplicaba la tortura en


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forma sistemtica (quirfanos), ello conforme a los planos existentes

desde la poca de la CONADEP y las descripciones efectuadas por las

dos sobrevivientes que participaron del reconocimiento judicial antes

sealado, quienes fueron contestes en sealar estas precisiones de

lugar.

El personal del centro, al igual que muchos detenidos

mientras se terminaba de acondicionar un nuevo campo de detencin

(al respecto cfr. manifestacin de Isabel Fernndez Blanco en ocasin

de realizacin la inspeccin ocular de Olimpo) se traslad

transitoriamente a un predio ubicado a doscientos metros del cruce de

la Autopista General Ricchieri y el Camino de Cintura (Puente 12),

partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, donde con

posterioridad funcion la XI Brigada Femenina de la Polica de la

Provincia de Buenos Aires, al cual se lo denomin El Banco .

Al respecto, Mario Csar Villani, en oportunidad de

testimoniar ante la Excma. Cmara Federal de la ciudad de la Plata,

manifest al referirse al centro de detencin Banco : este lugar en

realidad fue para los secuestrados que all estbamos y para el Grupo de

Tareas que manejaba el lugar, un lugar provisorio porque estaban

construyendo otro campo en la Capital Federal, un campo que se llam (cfr. fs. 20.081/96).

Una vez concluida la construccin del nuevo centro de

detencin, el cual funcion en la Divisin de Automotores de la

Polica Federal, ubicada en la calle Lacarra y Ramn L. Falcn de la

Capital Federal, al cual, efectivamente, se lo denomin El Olimpo ,

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los guardias, torturadores y los detenidos fueron all trasladados, esta

vez, desde el asiento provisorio conocido como Banco .

El Olimpo dej de funcionar a fines de 1979, en forma

coincidente con la baja de Carlos Surez Mason como titular del

Primer Cuerpo del Ejrcito, lo cual aparej el comienzo del fin de

aquel grupo de militares que bajo el amparo del nombrado, alias

Pajarito, se hacan llamar Los Halcones .

La reconstruccin fctico-jurdica de estos tres lugares

como un nico centro de detencin que traslad su base operativa por

razones de fuerza mayor, se refuerza tambin al verificar quines

ejercieron sus Jefaturas.

En efecto, el responsable de Club Atltico fue el fallecido

Comisario de la Polica Federal Argentina Antonio Benito Fioravanti,

alias Tordillo, Coronel o De Luca, quien hasta mediados de

1978 detent el mismo cargo en El Banco , poca en la que fue

reemplazado por el fallecido Mayor (R) del Ejrcito Argentino

Guillermo Antonio Minicucci, alias Petiso Rolando u Odera,

quien, bajo una lnea de continuidad, ejerci primero la jefatura de

Banco y luego de Olimpo , desde su apertura en agosto de 1978

hasta su cierre en enero de 1979.

En definitiva el Atltico , principal centro clandestino de

detencin que oper bajo la rbita del Primer Cuerpo del Ejrcito, a

raz de la construccin de uno de los emblemas de la ltima dictadura

militar, como lo fue la autopista 25 de Mayo, debi ser trasladado

precariamente a otro sitio, Banco , hasta que estuviera construido un


43

nuevo campo de detencin, Olimpo .

A continuacin, efectuar una descripcin de cada uno de

los lugares mencionados bajo los nombres de Atltico , Banco y

Olimpo , sin perjuicio que debe enfatizarse el concepto por el cual

estos tres lugares, no son ms que un nico centro clandestino de

detencin en el cual se repetan los detenidos, los guardias y los

interrogadores.

2.3. El centro clandestino de detencin denominado El

Atltico, El Club o El Club Atltico .

2.3.1 Caractersticas.

El Atltico estuvo instalado en un predio ubicado entre

las calles Paseo Coln, San Juan, Cochabamba y Azopardo, de Capital

Federal, siendo fuerzas pertenecientes a la Polica Federal las

encargadas del lugar.

En dicho sitio, habra funcionado anteriormente el

Departamento Abastecimiento y la Divisin Almacenes, dependientes

de la ex-Superintendencia de Administracin de la Polica Federal.

Este centro de detencin oper desde mediados del ao

1976 hasta el mes de diciembre de 1977, siendo demolido poco

despus a raz de la construccin de la autopista 25 de Mayo que

actualmente pasa por el lugar.

Las personas alojadas en dicho centro llegaban

tabicadas -una especie de anteojo de vendas sucias que impeda casi

totalmente la visin-, en el interior de vehculos particulares. Al

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arribar, se abra un portn donde eran ingresadas violentamente por

una escalera pequea hacia un lugar subterrneo que careca de

ventilacin. Los cautivos eran desnudados sin excepcin, mientras

eran empujados y maltratados. Se les retiraban todos sus efectos

personales y se les impona una identificacin consistente en una letra

y un nmero que pasaba a ser su identidad de all en ms.

El centro presentaba un primer nivel donde haba un saln

azulejado, con puertas de vidrio, y dos escritorios, uno grande y otro

pequeo; en ellos se identificaba y asignaba el nmero a cada

detenido. Desde all, se acceda disimuladamente al subsuelo.

Prcticamente sin excepciones, los recin llegados eran

llevados al quirfano o sala de torturas donde se les propinaba una

primera sesin de ablande , algunos eran llevados a la rastra a la

enfermera y luego, a la leonera -celda colectiva de ingreso o de

amanse a los recin llegados-, o directamente a los tubos . En los

tobillos se les colocaban unas cadenas o grillos, cerrados con

candados.

El subsuelo no presentaba ningn tipo de ventilacin ni

luz natural. La temperatura oscilaba entre los 40 y 45 grados, en

verano y era extremadamente fro en invierno. El lugar era

marcadamente hmedo y las paredes y el piso destilaban agua en

forma continua. La escalera conduca a una sala provista de una mesa

de ping pong que usaban los represores. Al costado, haba una sala de

guardia, dos celdas para incomunicados y una sala de torturas y otras

para enfermera, una cocina, lavadero y duchas.


45

Las celdas se presentaban con tabiques bajos que

separaban espacios mnimos de 1,60 m. por 0,60 m. En un sector,

haba 18 celdas; del otro lado, 23.

Existan, al menos, tres salas de tortura, cada una con una

pesada mesa metlica a la cual se ataban las vctimas y colchones

pequeos de goma espuma, manchados de sangre y transpiracin. El

aire se tornaba irrespirable en una mezcla de olor a carne quemada,

excrementos y suciedad.

El campo tena lugar para alrededor de doscientas

personas, y segn refieren los liberados, durante su funcionamiento

habra alojado a ms de 1.500 personas. Este dato es deducido de las

letras que precedan al nmero, cada letra encabezaba una centena.

Por los testimonios asentados ante la CONADEP, se lleg a la letra X

en noviembre de 1977.

El centro, tena dos secciones de celdas, que estaban

enfrentadas en un pasillo muy estrecho: de un lado los pares y del

otro los impares.

La alimentacin de los cautivos se produca, por lo

general, dos veces al da y consista en un plato de agua con fideos

crudos, harina de maz sin coccin suficiente o pasta con vsceras

sucias de animal.

Las condiciones de higiene eran crticas. Los detenidos

eran sacados tres veces al da para ir al bao en fila india y, la

mayoras de las veces, el tiempo era insuficiente para que atendieran

sus necesidades fisiolgicas, sumado a ello los golpes que reciban

46

aleatoriamente.

En cuanto a la posibilidad de baarse, esto ocurra, en el

mejor de los casos, una vez por semana y en baos grupales donde

gozaban a tal fin de menos de un minuto, debiendo compartir trapos

que servan de toallas. Se trataba de un episodio no carente de

degradacin, puesto que muchas veces eran hostigados y vejados por

los guardias mientras los detenidos intentaban limpiarse.

Los grupos de tareas con base en este centro de detencin

operaban fundamentalmente en Capital y Gran Buenos Aires. El

personal integrado por las fuerzas de seguridad actuaba en contacto

con otros lugares de detencin, como la ESMA y Campo de Mayo.

El promedio de ingresos de secuestrados era de 6 7 por

da, pero hubo oportunidades en que ingresaban hasta 20 personas.

Peridicamente, un grupo importante de detenidos parta con destino

desconocido, eran trasladados en una mezcla de expectativa e

incertidumbre.

Los detenidos que permanecan en este lugar fueron

llevados provisoriamente al centro de detencin El Banco y

posteriormente a El Olimpo . Incluso, partes de la estructura y

mobiliario (puertas metlicas de acceso a las celdas, por ejemplo),

comprendiendo hasta los instrumentos de tormento del Club

Atltico fueron utilizados para la instalacin del Olimpo .

En oportunidad de realizar una inspeccin ocular en el

lugar, el suscripto cont con la presencia de las sobrevivientes de

dicho lugar Delia Barrera y Ana Mara Careaga.


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Del acta labrada en dicha oportunidad (fs. 21.693/5) se

desprende que el predio se encuentra protegido con rejas color rojo, y

ya ingresando al mismo se advierte que se estn realizando

excavaciones. Sobre el lugar pasa la autopista 25 de Mayo y se

indica en un principio que al nivel de la calle se ven baldosas grises y

blancas, las cuales refiere la testigo Barrera que habran pertenecido a

lo que era la planta de Polica Federal que all funcionaba.

En el acta de referencia, consta que bajando por la

escalera de metal puesta en el lugar para los trabajos de excavacin, se

arriba a un sitio en el cual segn Careaga habran estado dos celdas, las

cuales se dividan por una pared. Careaga refiere haber estado en una de

esas celdas [. . .] Seala la testigo que en las celdas y en todo el centro estaba

prohibido hablar, rer, llorar, como expresar cualquier tipo de sentimiento,

que si los represores escuchaban a alguien rer o llorar, o incluso hablar, o

si levantaban la mirilla de la celda y vean que estaba el detenido

destabicado, entonces lo sacaban y lo torturaban. Que si haba dos detenidos

alojados juntos, tampoco podan hablar entre ellos, que no poda haber

expresin humana, se tenda a la despersonalizacin y a la

deshumanizacin, es decir, apuntaban a la prdida de toda entidad humana.

Aclara la testigo que a veces slo sacaban de las celdas a los judos, que les

preguntaban el apell ido y el que era judo, era sacado de la celda y se lo

torturaba. Que cuando salan al bao, lo hacan en fila, que caminaban con

las cadenas puestas en los pies y que los represores en esos momentos

aprovechaban para manosear a las mujeres.

A su vez en la inspeccin ocular se pudo verificar, merced

a los trabajos de excavacin realizados, una puerta que segn indic

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Careaga sera la entrada al Consejo , o sala donde estaban los

detenidos que estaban destabicados con los represores y que all

escriban a mquina.

Muy cerca de la entrada a este ambiente, y del otro lado al

cual se hallan las celdas, se encuentra lo que -conforme informa Careaga- se

trataba del ascensor montacargas. Se visualiza su puerta de metal plegable,

cables, reja y dems elementos de su estructura, la cual se encuentra

sumamente deteriorada. Hace saber la citada testigo que debajo del

montacargas se encontr la pelotita de ping pong que usaban los represores

para jugar, recordando tanto Careaga como Delia Barrera que en este centro

se los escuchaba jugar al ping pong .

Asimismo se pudo observar una estructura compuesta por

cimientos de paredes, que permiten determinar la existencia de lo que

las testigos indican que era la enfermera, en la cual haba boxes con

camas donde se internaba a los detenidos.

La testigo Delia Barrera record que cuando ingresaban

eran alojados en la leonera -lugar al cual todava no se ha llegado

con la excavacin-, que cuando sta se colmaba se producan

traslados y as se descomprima el centro. Que luego pasaban a la

tortura y despus a celdas, que eran todas iguales y que estaban en un

sitio que todava no fue excavado.

Tambin recuerda Delia Barrera cuando uno de los

compaeros se suicid ahorcndose con una camiseta que at a un ventiluz,

y que a raz de ello, los hombres estuvieron una semana con el torso

descubierto. Tambin record cuando el represor apodado Dr. K o


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Kalinec, le dijo que no poda enyesarla porque tena rotas unas costillas, y

cuando el represor Kung Fu consideraba que no le pegaban fuerte y entonces

comenz a pegarle ms .

A continuacin el Tribunal se traslad al Archivo donde la

Subsecretara de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires

conserva los objetos encontrados durante las excavaciones del centro

de detencin Atltico

En dicho lugar se observan partes de colchones, una

pelotita de ping pong, una plantilla de zapato, una moneda, una parte

que habra sido el sector interno de una gorra de represor, donde se

ve la inscripcin nasista (l iteral) y luego una svstica; unas medias

rojas tres cuartos, unos prendedores y una cachiporra con un nro. de

identificacin.

Por ltimo se advierten escombros de una pared que

pertenecen a la que existiera entre las dos celdas a las cuales se refiri

Careaga y se inform que una de ellas posee una inscripcin que dice

Dios aydame .

Ubicacin geogrfica de Atltico:

50

2.3.2. Acreditacin de la existencia de Atltico .

Dan cuenta de la existencia de este centro, su

conformacin, funcionamiento y ubicacin, entre otros, los dichos de

Ana Mara Careaga (cfr . fs. 245/262, 394/430 del Legajo 120 y Legajo

158), Miguel ngel DAgostino (fs. 433 del Legajo 120 y Legajo 224),

Marcelo Gustavo Daelli (fs. 437/8 del Legajo 120; ante Conadep -

Legajo 7314- y Legajo 225), Delia Barrera (fs. 439/440 del Legajo 120 y

Legajo 233); Carlos Pacheco (fs. 472/4 del Legajo 120 y Legajo 219),

Fernando Jos ngel Ulibarri (fs. 475/6 del Legajo 120 y Legajo 220),

Daniel Eduardo Fernndez (fs. 477/9 y 717/9 del Legajo 120 y Legajo

84), Nora Strejilevich (fs. 480 del Legajo 120), Gerardo Silva (fs. 481/2

del Legajo 120), Carmen Elina Aguiar de Lapac (fs. 483/4 del Legajo

120 y Legajo 231), Gabriela Beatriz Funes de Peidro (fs. 488 del Legajo

120), Ricardo Hugo Peidro (fs. 489/490 del Legajo 120), Luis Federico

Allega (fs. 492/4 del Legajo 120 y Legajo 234), Roque Enrique Alfaya

(fs. 495 Legajo 120), Zulema Isabel Sosa de Alfaya (fs. 496 del Legajo

120), Fermn Gregorio lvarez (fs. 513/6 del Legajo 120); Jorge

Alberto Allega (ante Conadep, glosada a fs. 527/534 y fs. 552/4 del

Legajo 120 y Legajo 234); Adolfo Ferraro (fs. 537 Legajo 120 y Legajo

228); Pedro Miguel Antonio Vanrell (ante Conadep, glosado a fs.

539/546; fs. 871/876) y 649/654 Legajo 120 y Legajo 84); Susana

Ivonne Copetti de Ulibarri (su exposicin ante Conadep -Legajo 2518-

y Legajo 220); Mnica Marisa Crdoba (sus dichos ante Conadep,

Legajo 4260 y Legajo 264).


51

Asimismo, sustentan ello: el informe de la Conadep de fs.

467/70 del Legajo 120; informe y planos sobre demolicin y

construccin Autopista 25 de Mayo de fs. 574/5; informes de fs. 932

donde se agrega el informe requerido a la MCBA sobre planos del

edificio de Paseo Coln 1266, los planos y croquis de Paseo Coln

-Atltico- e informe del Ingeniero Salomn Herman de fs. 1003/1017,

declaracin testimonial del mencionado profesional que estima que

existen concordancias entre los planos acompaados por la

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y Obras Sanitarias y los

confeccionados por los testigos y la Comisin Nacional Sobre la

Desaparicin de Personas.

2.4 El Centro Clandestino de Detencin El Banco .

2.4.1. Caractersticas.

Como ya se sealara al comienzo de este captulo, este

centro estuvo instalado en cercanas de la interseccin de la Autopista

Ricchieri y Camino de Cintura (Ruta Nacional N 4), en Puente 12,

Partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires. All , funcion con

posterioridad la XI Brigada Femenina de la Polica de

poder judicial de la nación - pensamientopenal.com.ar · 4 concebidos con previsión de...

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