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Después de décadas de ocultar datos patrimoniales, el gobierno de la provincia de Buenos Aires publicó ayer por primera vez las declaraciones juradas de bienes de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo. En general, se nota un tono más austero que el del Gobierno nacional, empezando por la gobernadora María Eugenia Vidal, que es una de las funcionarias más pobres de su gabinete, según se desprende de su declaración jurada. En tanto sus ministros de Trabajo, Marcelo Villegas; de Infraestructura y Servicios Públicos, Edgardo Cenzón, y de Seguridad, Cristian Ritondo, son algunos de los que más patrimonio declararon. Vidal declaró la mitad de una casa en Castelar, valuada en 372.000 pesos, y la mitad de un automóvil Sedan valuado en 210.000 pesos: un patrimonio de 582.000 pesos, a medias con su ex marido Ramiro Tagliaferro. No obstante, parte de este patrimonio está hipotecado: unos 155.000 pesos corresponden a un crédito o una prenda. Declaró, además, ser titular de la mitad de una cuenta corriente por 111.000 pesos y otra mitad de una caja de ahorro por 148.000 pesos. No tiene dólares ni ahorros en moneda extranjera. Aseguró tener ingresos mensuales por 68.000 pesos, pero la remuneración mensual es de 57.800 pesos. El vicegobernador Daniel Salvador declaró un patrimonio mucho más abultado que Vidal: ocho propiedades, dos de las cuales las habría heredado: tres en San Fernando, que totalizan 939.000 pesos; y dos propiedades en Mar del Plata (una por 1.794.544 y otra por 128.488 pesos). Las otras propiedades son una en Pinamar, por valor de 103.958 pesos, otra en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una última que en rigor es un porcentaje mínimo de otra propiedad en la misma ciudad. El patrimonio total declarado apenas supera los tres millones de pesos. Salvador declaró, además, tener cuatro cuentas con dinero en pesos. Todas ellas suman un monto superior a los 360.000 pesos. Declaró tener - hasta diciembre- un sueldo de 35.000 pesos, una jubilación de 36.000 pesos y percibir unos 50.000 pesos mensuales por alquileres. El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, declaró un patrimonio por algo más de 12 millones de pesos: cuatro inmuebles (uno en Martínez, dos en la ciudad de Buenos Aires y otro en Exaltación de la Cruz), además de depósitos bancarios por 232.920 dólares. El titular de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos, Edgardo Cenzón, acumula un total de 10.010.629 pesos, y 90.000 dólares en efectivo. En el ítem Inmuebles, el funcionario declaró la posesión de un total de ocho viviendas (dos en la ciudad de Buenos Aires, cinco en la localidad cordobesa de Marcos Juárez, y una en Asunción del Paraguay). Cristian Ritondo, ministro de Seguridad, declaró 7.501.073 pesos, destacándose su participación en cuatro firmas como accionista, mientras consignó 96.349 dólares.

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El ministro de Coordinación y Gestión Pública, Roberto Gigante, declaró seis propiedades. Tres son cien por ciento suyas, por un valor fiscal superior a 1,2 millones de pesos. Otras tres propiedades por un valor total de 289.000 pesos le corresponden en un cincuenta por ciento. Pero el ministro declaró además unos 240.000 pesos y créditos prendarios o hipotecarios por unos 400.000. Este ministro es uno de los que declaró uno de los mayores sueldos: 91.000 pesos. El ministro de Economía, Hernán Lacunza, declaró una propiedad por 996.000 pesos, un auto valuado en 422.000, títulos públicos por 1,2 millones y 178.000 pesos en acciones. Dispone además de cuentas y plazos fijos por más de 1,4 millones de pesos. Y 150.000 dólares. El director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, declaró 1.484.750 pesos y 70.000 dólares en efectivo, mientras que su cónyuge citó un inmueble en Capital, valuado en 490.887 pesos. El ministro de Gobierno, Federico Salvai, declaró 986.443 pesos, y un crédito hipotecario por 790.881 pesos, mientras que su esposa (Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social de la Nación) citó un inmueble en la ciudad de Buenos Aires valuado en 514.835 pesos, 60.600 dólares en efectivo y tres cajas de ahorro por casi un millón y medio de pesos. Entre los ministros con menos bienes, se destaca el de Ciencia y Tecnología, Jorge Elustondo. No tiene propiedades, apenas acciones por 50.000 pesos y una participación societaria por 61.500 pesos. Pero, en cambio, su esposa tiene tres propiedades: por un valor fiscal superior a los 300 mil pesos.

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La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, afirmó tener media casa, medio auto, otros bienes y ahorros que en total suman casi 800 mil pesos, y no poseer acciones en empresas ni tenencias en moneda extranjera, según su declaración jurada correspondiente a 2015. Vidal declaró en ese documento que cobra por su trabajo un sueldo de 68.535 pesos, según la información publicada en la página web de la Escribanía General de Gobierno, que recoge las presentaciones juradas de 12.360 funcionarios del Poder Ejecutivo sobre un total de poco más de 12.500. Las declaraciones patrimoniales anuales en el gobierno provincial tienen carácter de obligatorio de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 116 firmado por la propia gobernadora. Según se desprende de la información correspondiente al año 2015, Vidal asegura disponer un total de 797.296,81 pesos, entre ahorros y propiedades. La mandataria dice, además, que no atesora moneda extranjera ni tiene acciones en empresas y gran parte de su patrimonio y ahorros los comparte con su ex esposo, el intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. En la presentación se indica que la mandataria cuenta con un inmueble en Castelar, valuado en 372.539 pesos que comparte en un 50 por ciento con su ex cónyuge; también comparte un

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automóvil de 210.000 pesos; una cuenta corriente con 111.149 pesos y una caja de ahorro con 148.056 pesos. Por otra parte, precisa tener un sueldo de 68.535 pesos; 250.000 en efectivo de ahorros, ingresos por trabajo en relación de dependencia de 57.889,81 y una deuda hipotecaria de 155.538 pesos. MINISTROS Los patrimonios fueron subidos a la página de la Escribanía General de Gobierno en un hecho que sienta precedente ya que ninguna administración anterior lo había hecho, pese a los reiterados pedidos y proyectos de ley. Entre los funcionarios con mayor patrimonio figuran el titular de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (Arba), Gastón Fossati con 23 millones de pesos. En su declaración jurada consigna que posee el 100 por ciento de cinco propiedades, en la Ciudad de Buenos Aires, en Vicente López, en Tucumán y en el departamento de Maldonado, Uruguay. En ese ranking, Fossati es seguido por el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, con unos 16,4 millones de pesos de patrimonio, que incluye dos propiedades (en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Campana), además de un vehículo valuado en 450 mil pesos. Además, Ferrari dijo tener en efectivo más de 770 mil dólares. El ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, declaró bienes por con 15,4 millones de pesos, con seis propiedades y dos vehículos. El ministro de Infraestructura, Edgardo Cenzón, presentó también su declaración jurada en la que consigna poseer unos 10,6 millones de pesos entre bienes y ahorros. El titular de la cartera de obras públicas informó ocho propiedades y, curiosamente, ningún auto, aunque sí dos motos. En tanto, el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo con 9,5 millones de pesos. Más atrás se ubican el ministro de Economía, Hernán Lacunza con activos por 5,7 millones de pesos; su par de Coordinación y Gestión, Roberto Gigante con 4,3 millones y el vicegobernador Daniel Salvador con 3,5 millones de pesos. En el caso del radical, su declaración jurada está compuesta por ocho bienes inmuebles -tres de ellos en San Fernando-, además de propiedades en Pinamar, Mar del Plata y dos en territorio porteño. Además se destacan una cuenta corriente de 151.140 pesos, un plazo fijo de 211.861, una jubilación de 36.339 y un sueldo de 35.582 pesos. Entre los ministros que presentaron los papeles completan el Gabinete figuran también Alejandro Finnochiaro (Educación) con activos por 2,6 millones de pesos y Zulma Ortiz (Salud) con 2,3 millones. También Leonardo Sarquis (Agroindustria) (970 mil pesos), Santiago López Medrano (Desarrollo Social) 932 mil; Federico Salvai (Gobierno) 809 mil pesos y Jorge Elustondo (Ciencia, Tecnología e Innovación) 490 mil pesos.

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María Eugenia Vidal y sus principales colaboradores atesoran, en total, $104.645.700. De las máximas 17 figuras del staff bonaerense, con casi $ 588 mil, compartidos aún con su ex marido, el intendente de Morón Ramiro Tagliaferro, la propia gobernadora es una de las más austeras de su equipo. No obstante, su patrimonio creció un 1447% comparado con lo que poseía en 2008, cuando era ministra de Desarrollo porteña. El más acaudalado del team Cambiemos provincial es, por lejos, el dueño de la lapicera: su secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand quien declaró un patrimonio de $ 29,7 millones. Los bienes del gobierno bonaerense de 2015 fueron publicados ayer, al alcance de cualquiera, en la web de la Escribanía General provincial, cumpliendo con la promesa de Vidal. Como contraste, durante ocho años el mismo organismo no difundió la de su antecesor, Daniel Scioli. También fueron dados a conocer los bienes de la fuerza policial. Un ministro ausente es el reciente incorporado Joaquín de la Torre (Producción), al igual que el renunciado Alberto Mahíques (Justicia). El patrimonio de la mandataria consta de las mitades de la casa de Castelar de la que se mudó hace poco (valuada en total en $ 372 mil y adquirida con un crédito del Banco Ciudad); de un automóvil ($ 210 mil); de una cuenta corriente de $ 110 mil y una caja de ahorro de $ 148 mil; todos activos compartidos con su ahora ex esposo. Como propio, Vidal anotó una cuenta sueldo con $ 68 mil y $ 250 mil en efectivo. En 2008, su primer año como ministra de Mauricio Macri en la Ciudad, había declarado un auto de $ 75 mil y $ 45 mil cash, pero con una deuda de $ 38 mil del plan Rombo. Con un portfolio en un banco en el exterior de casi u$s 2 millones (pesificados a valor del 31 de diciembre para calcular el patrimonio 2015), Conte Grand es el más rico. El ex Telecom, ahora ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, es el segundo funcionario con más millones, más precisamente unos 14. Es seguido por el titular de Justicia, Gustavo Ferrari, que declaró bienes por $ 13,4 millones, explicados en parte por u$s 770 mil declarados en efectivo. Con dos inmuebles en Pinamar y poco más de $ 6 millones en acciones (Emprendimientos Rivadavia, Agrolinks, Bull Bussiness y Waterford), el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, posee unos $ 8 millones. A unos pocos centenares de pesos lo sigue el Secretario General de la Gobernación, el ex Poliaquía, Fabián Perechodnik. En el fondo de la tabla, el radical Jorge Elustondo (ahora Ciencia luego de que le dividieran el ministerio) no declaró tener inmuebles, ni autos, ni muebles, Con acciones y u$s 20 mil, alcanza un patrimonio de $ 374 mil. Pero, para un contador, no sería el más pobre. El ministro de Gobierno, Federico Salvai, declaró un patrimonio negativo de $ 53 mil, al cotejar sus activos ($ 737 mil) menos la deuda de un crédito hipotecario. Compensa la economía familiar con su esposa, la ministra nacional Carolina Stanley (Desarrollo Social). A diferencia de las presentaciones ante la Oficina Anticorrupción (OA), en las bonaerenses constan los bienes de los cónyuges. Curio so: Salvai estimó en $ 514 mil un inmueble porteño que su mujer, ante la OA, declaró por 948 mil.

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MINISTERIO COMPRA 120 CAMIONETAS POR $ 96 MILLONES El ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia convocó a la presentación de ofertas para la compra de 120 camionetas 4x4 doble cabina. Según se desprende de los documentos oficiales, se prevé invertir en esa operación 96 millones de pesos. Sin embargo, la compra puede ser mayor: en el llamado a cotizar se establece que la provisión podrá ser ampliada hasta un 100% “en las mismas condiciones originales de contratación”. De acuerdo a lo establecido por la cartera que conduce Edgardo Cenzón, las propuestas deberán presentarse el 7 de este mes.

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En la zona de Olmos y Etcheverry, los vecinos y comerciantes insisten con que se avance en el proyecto vial que conectaría la ruta provincial 6 con la zona portuaria de la Región a través de la avenida 90. Aunque la obra se anunció en numerosas oportunidades, recalcaron en ese sector del oeste platense, los trabajos se han visto “largamente postergados”. El tema fue analizado por los dirigentes del centro comercial Oacis, quienes apoyaron la iniciativa del gobierno provincial para que la empresa estatal Aubasa - operadora de la autopista La Plata - Buenos Aires - tome a su cargo la ruta 6, con la instalación de tres estaciones de peaje, igual número de puestos policiales y cámaras de seguridad en la actual traza. Las medidas, indicó el presidente de la entidad, Hugo Mollo, “servirán para su mejoramiento”.

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No obstante, durante la reunión se señalaron algunas inquietudes respecto del proyecto de completamiento de la ruta, pues como han habido marchas y contramarchas en el desarrollo de la iniciativa, a los dirigentes del centro comercial de Olmos les preocupa que no se prevean medidas frente al colapso que generaría el incremento del tránsito de camiones por ese sector. “Sabemos que dicha traza es viable; sabemos que hay un proyecto serio; y lo sabemos porque en mas de una oportunidad nos reunimos con el ingeniero Claudio Velazco, quien fuera Coordinador de dichos proyectos en representación de Vialidad Provincial, el cual por estar comprometido con la Región escuchaba nuestros reclamos, y a su vez nos transmitía los ejes de trabajo y las premisas en las que venía trabajando”, dijeron. Por su parte, quién también se refirió al tema fue el ex concejal Hugo Mársico, quién aseguró: “Hace muchísimos años que se viene planteando esta cuestión, con proyectos de distintos gobiernos, pero ninguno se concretó”. Mársico puntualizó la necesidad de avanzar con la traza de 90 porque, resaltó, “la 44 podría ser la más afectada, pero la 520 y la 66, tampoco están en condiciones de recibir semejante flujo de tránsito pesado: se construyó el puerto, se reconstruyó la ruta 6, pero no hicieron el acceso a la zona portuaria que en gran medida pasa por La Plata”. EL PROYECTO Considerado esencial para impulsar el desarrollo de la Región y despejar un poco los recargados accesos a la Ciudad, por lo general de intenso tránsito vehicular, el corredor vial proyectado sobre la avenida 90 es, según se subrayó oportunamente desde la actual gestión municipal, una “prioridad” en la agenda de obras. De acuerdo al proyecto, la avenida 90 será el futuro acceso a la terminal de contenedores del Puerto La Plata. Bajo la forma de una autovía conectará el extremo de la ruta 6, que desemboca en la ruta 215 entre las localidades de Etcheverry y Gómez (Brandsen), con la ribera de Berisso y sus instalaciones portuarias. Se trata de un tramo de unos 30 kilómetros que se encuentra ocupado por asentamientos precarios, antiguas instalaciones ferroviarias y quintas de producción hortícola. Se cruza con rutas y avenidas troncales y hasta arroyos. Los trabajos, una vez avanzados, contemplarán la construcción de distribuidores de tránsito en las intersecciones con las rutas 215, 2 y 36, y todos los cruces viales de magnitud que empalman con la calle 90. REUBICACIONES En los últimos años, barrios enteros se han levantado sobre la avenida 90, incluso donde la cartelería colocada por la dirección provincial de Vialidad advertía que se trataba de una franja de tierra reservada para las obras. Hay grandes asentamientos de familias en 90 entre 2 y 117 - a la vera del arroyo Maldonado -; en 90 entre 4 y 5, entre 6 y 7, y entre 16 y 25. Son, en realidad, varias hectáreas ocupadas por esas urbanizaciones precarias. Para llevar adelante el proyecto vial las autoridades han pensado en la reubicación de estos asentamientos con estrategias similares a las utilizadas para despejar las riberas del arroyo El Gato, con motivo de su reciente ensanchamiento.

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La empresa ABSA informó que por tareas de reparación que se realizarán mañana se deberá interrumpir el bombeo a red de la planta potabilizadora y en la Estación elevadora de Ensenada. Por tal motivo, indicaron, “los usuarios de Berisso, Punta Lara y Ensenada podrán registrar disminución de presión y/o falta de agua, entre las 8 y las 16 de ese día”. Según se detalló, en Berisso se realizará la reparación de una cañería de acero de 800 milímetros sobre la calle Almafuerte entre Canal de Reunión y Curva Varadero. En Ensenada, se realizará el cambio de la pieza de derivación de cañerías y sus respectivas válvulas, que se encuentran obsoletas. Dichas tareas serán en la Planta potabilizadora. Absa señaló que dispondrá camiones cisterna como puntos de apoyo, priorizando hospitales y centros de salud. Se encontrarán en: Cestino y Moreno, Ensenada y en Montevideo y 32 en Berisso. Una vez culminados los trabajos el servicio se normalizará paulatinamente.

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Nuestra ciudad sigue sometida desde hace demasiado tiempo al flagelo de las usurpaciones de tierras, en una situación que ocurre ante la inacción, desinterés y permisividad de los poderes públicos que parecen ignorar la esencia del problema, consistente en que la usurpación es un delito que afecta siempre un derecho real de las personas, como lo es el de la posesión y que, además, vulnera en forma sistemática las reglamentaciones, siempre rígidas para el resto de la población, que el Estado impone para viabilizar cualquier asentamiento de viviendas. Pero no se está sólo frente a ejemplos de visibles de inactividad administrativa o judicial por parte de los poderes públicos –siempre remisos a la hora de resguardar los distintos derechos desbordados por los eventuales intrusos- sino que se ha llegado a estructurar una política sistemática de legitimación de estos actos de arrebato de tierras, ya que los cuerpos legislativos suelen cerrar el círculo al sancionar leyes expropiatorias, que le dan legitimidad a las ocupaciones de hecho. Por cierto que estas convalidaciones legislativas, votadas muchas de ellas sin atender a pautas objetivas y, en cambio, subordinadas a especulaciones de tipo electoralista, han venido fomentando el fenómeno de las usurpaciones. A lo largo de los últimos dos años se han registrado usurpaciones de tierras, por ejemplo, en el barrio San Carlos -donde los vecinos se vieron sorprendidos primero por un movimiento inusual de vehículos y, luego, por un virtual desembarco de personas que ocuparon rápidamente un predio tenía dueño conocido. Sin embargo, usurpaciones similares se registraron, en indefinida sucesión, en Los Hornos, City Bell, José Hernández y La Granja. Ahora, en las últimas semanas se registraron ocupaciones de tierras en Melchor Romero, Villa Elvira, El Retiro y otros barrios. Un rápido repaso de las crónicas permite, asimismo, comprobar que no sólo ha imperado un manifiesto desinterés de organismos del Estado para prevenir y rechazar las usurpaciones de tierras, sino que se advierte en ellas la presencia de grupos perfectamente organizados que, en forma expeditiva, comienzan a levantar casillas precarias en esos predios, suscitándose a partir de allí controversias de toda índole. Los pobladores dijeron muchas veces haber escuchado algunos ruidos por la noche y, al amanecer, observaron que las motosierras talaban los árboles del predio ocupado ya por numerosas personas, que habían ya demarcado los nuevos lotes. Se ha dicho siempre que tales ocupaciones -además de implicar una violación de la propiedad privada y de estar impulsadas, muchas veces, por organizaciones mafiosas que buscan su propio provecho- tienen un fuerte impacto en la calidad de vida de los vecinos de aquellos barrios en los que se instalan los intrusos y suelen generar, por ejemplo, no sólo trastornos, sino, en ocasiones, hasta un rápido colapso de los servicios esenciales. Desde esta columna se ha enfatizado, también, que es incontrastable que las demandas habitacionales de familias indigentes deben ser respondidas desde el Estado. Pero lo que no puede admitirse en modo alguno es la usurpación sistemática de tierras o de inmuebles particulares o fiscales impulsadas por grupos que actúan con fines de lucro, ya sea en la periferia como en las zonas urbanas, tal como viene ocurriendo en nuestra zona. Por supuesto que esta situación se inscribe en una compleja y dolorosa realidad social en la que los niveles de pobreza e indigencia se mantienen altos. Como se dijo, el Estado debe llegar con su asistencia a esos sectores agobiados por la exclusión y la marginación. Y desde luego que esa ayuda también debe ser oportuna y eficiente. El problema habitacional es, sin duda, uno de los prioritarios. Se está frente a un problema complejo -nutrido de diversas urgencias- que demanda políticas rápidas, equilibradas y justas, defendiéndose a la vez el derecho a la vivienda digna y el del respeto a la propiedad de todas las personas, pues ambos se encuentran tutelados por la sabia letra de la Constitución.

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Un mañoso dirigente radical sorprendió hace unos años a El Cronista con una confesión políticamente incorrecta, de esas que sólo se dicen en voz baja. Corría el año 2010 y la UCR no tenía candidato a gobernador bonaerense para enfrentar a Daniel Scioli en su reelección de 2011. O, mejor dicho, ninguno de los dirigentes del partido quería ponerse ese traje. El correligionario lo explicó sin ruborizarse: "La provincia de Buenos Aires es una papa caliente. ¿Qué hacemos si ganamos? Hace 50 años, los negocios de la Policía eran los prostíbulos, pero desde hace rato se instaló el narcotráfico en el corazón del poder. Nadie quiere agarrar la Provincia porque es inmanejable". El viejo radical no fue el único en augurar un futuro ominoso para el sucesor de Scioli. A los padres de María Eugenia Vidal se les subió el corazón a la garganta cuando su hija les comunicó que se postularía como gobernadora en suelo bonaerense. No hay que ser muy brillante para imaginar los pensamientos que cruzaron la cabeza del señor y la señora Vidal. ¿Cómo haría Mariú para domar la Provincia? ¿Cómo podría desentrañar la compleja maraña jurídico-policial que mantiene el cóctel explosivo de inseguridad, crimen y narcotráfico en el mayor distrito electoral del país y salir indemne? "No se preocupen -les dijo ella- No voy a ganar las elecciones".El deseo de los bonaerenses de un cambio institucional sobre la cultura política corrupta -y el curso mismo de las cosas- se encargaron de demostrar lo contrario. Vidal no sólo venció en la Provincia sino que la diferencia que obtuvo en los votos sobre el candidato K, el híper-cuestionado Aníbal Fernández, colocó a Mauricio Macri en el sillón de Balcarce 50.El de Vidal fue el único presagio que no se cumplió. El pavor de su familia y los reparos del radicalismo se materializan cada día con las incesantes amenazas que sufre la Gobernadora, quien además debe lidiar con una Provincia en quiebra, devastada en su infraestructura, con un sistema de corrupción aceitado, y demandas sociales crecientes. Por caso, la mandataria recibió la semana pasada una retahíla de hechos intimidatorios, desde llamados telefónicos con amenazas sobre su pellejo y cartuchos de bala en el garage de su anterior domicilio hasta la denuncia de un agente de Asuntos Internos que alertó sobre un plan orquestado en La Matanza por un grupo de policías exonerados, denominado "Operación Talonario", que tenía el objetivo de "hacer boleta" a Vidal, al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, y al director de Asuntos Internos, Guillermo Berra.

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En la Provincia creen que las amenazas provienen de distintas ciénagas. "Son tantos los ámbitos donde se han cortado las cajas millonarias de la corrupción que las provocaciones pueden venir de cualquier lado. Como dice la gobernadora, pisamos muchos callos. La hipótesis puede incluir también a aquellos que todavía no se fueron y se la ven venir", dice a El Cronista 3Días el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari. Según enumeran en el entorno de Vidal, "entre los negocios que se terminaron" con la llegada de la gobernadora al poder figuran: 1) El del juego clandestino y los casinos ilegales sostenidos por parte de la Policía y la política; 2) el sistema ilegal de recaudación policial, sumado a la obligación de los jefes de la fuerza a presentar sus declaraciones juradas; 3) los sobreprecios en las compras de alimentos o los cobros internos a familiares y presos por parte de Servicio Penitenciario; 4) la metodología direccionada a defraudar al IOMA, la obra social provincial, en donde se involucra al ex titular del organismo, el sciolista Antonio La Scaleia, por supuesto enriquecimiento ilícito, y a la conducción del gremio UPCN; 5) el sistema de corrupción de la obra pública y la pérdida de privilegios de algunas empresas. A esto se suma el plan integral de reforma penitenciaria, presentado la semana pasada en la Legislatura. La iniciativa, que cuenta con varias etapas a cumplirse a lo largo de diez años, se basa en dos pilares: el fortalecimiento del Servicio Penitenciario y la mejora de las condiciones de habitabilidad y reinserción social de los presos. Arriba en las encuestas Vidal dijo esta semana que no es una víctima y que ya sabía al postularse la carga pesada que debía levantar. Jura que sigue siendo la misma persona de siempre y que no cambió demasiado el protocolo de seguridad, más allá de tomar la decisión de vivir en una base militar, la ex VII Brigada Aérea de Morón, para que su familia esté tranquila. Jamás nos enteraremos si maldice cada noche el momento en que se le ocurrió aceptar la candidatura. Pero algo es claro; pese a los males y dolencias que aquejan a la Provincia, la Gobernadora sigue en estado de gracia. "Todos lo sondeos de opinión conocidos en agosto muestran que Vidal es la figura política con mejor imagen, no sólo en la provincia que gobierna sino también en el promedio nacional", remarca Rosendo Fraga, director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría. Una explicación posible es que, a diferencia del gobierno nacional, Vidal está más enfocada en la gestión que en la comunicación. Podría decirse que Mariú hace más política y menos marketing, pregonado por el asesor ecuatoriano del Presidente, Jaime Durán Barba. Con todo, la duda es pantagruélica. ¿Podrá lidiar con las mafias enquistadas en la Provincia? Diego Gorgal, especialista en Seguridad del Frente Renovador, cree que la mandataria es capaz de enfrentar a estas mafias, pero duda respecto de si lo es su Gobierno. "Tener buenas intenciones es condición necesaria pero no suficiente cuando se llega al poder", afirma. Y agrega: "Aún es muy temprano para juzgarla por sus resultados, pero está siendo tarde para juzgarla por los planes de reforma en serio que todavía no se han presentado". ¿Qué debería hacer? Gorgal enumera una serie de propuestas: "Llevar adelante una reforma institucional de la policía, la administración de Justicia y el régimen penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Eso significa cambiar la ley de seguridad pública, la ley orgánica de la Policía, el Código Procesal Penal y la ley orgánica del Servicio Penitenciario". Según su criterio, "los objetivos principales que deben guiar a todas estas reformas son las ideas de profesionalización, meritocracia y rendición de cuentas". No es todo. El dirigente massista cree que, en paralelo, hay que promover una reforma política en serio. "Las mafias en la provincia de Buenos Aires se originan en la acción u omisión de la política", agrega. El diputado de Cambiemos, el radical Luis Petri, considera que Vidal está haciendo un buen trabajo, tras la gestión de Scioli, "que dejó una Provincia quebrada, con profundas deudas económicas y sociales". "Está claro que las amenazas tienen la finalidad de impedir los cambios y mantener el statu quo que por años imperó en la Provincia. Pero María Eugenia ha demostrado que si creen que a través de las amenazas van a amedrentarla, se equivocan", afirma. Según el especialista en Seguridad, se trata "de mafias vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico que hasta ayer gozaron de impunidad y hoy se sienten afectadas por el gobierno de Vidal". Fraga, por su parte, destaca la gran eficacia en la gestión política de la estrella del PRO, "sobre todo para manejarse con sectores del peronismo y generar con ellos una coalición parlamentaria y política". Pero agrega: "Donde no ha logrado avances es en la seguridad pública, salvo el hecho de que más del 90% de los jefes policiales y sus mandos medios hayan presentado su declaración de bienes". Este mismo tema le juega en forma

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ambivalente. "La gente reclama por la falta de seguridad, pero la ve a ella también como una víctima más del problema". En cambio, el analista político minimiza las amenazas difundidas por el Gobierno. Son -dice- un caso clásico de la política argentina. "Darlas a conocer desde el Estado las puede terminar potenciando. Es evidente que ella ha tenido dificultades y limitaciones para desarrollar una política de seguridad pública eficaz y algunas de las amenazas pueden vincularse a ello y en esta categoría pueden inscribirse los hechos en su domicilio y los de otros funcionarios. Pero las llamadas anónimas y las que se realizan mediante redes sociales son algo más difuso y multicausal. Es posible que policías exonerados tengan que ver con algunas de las intimidaciones, pero también se está verificando que las realizan bromistas", afirma. El ministro Ferrari piensa distinto. Insiste en que la intención del Gobierno no es victimizarse sino que la ciudadanía sepa contra los intereses que se está luchando. "La gestión de Vidal es de información abierta. Queremos ser transparentes en todo", insiste. La pregunta central es si la Gobernadora va a poder tener un control efectivo de la Policía para mejorar la seguridad pública de los bonaerenses. En esa línea, Fraga remarca que "hay que tener presente que la seguridad no sólo depende de la presencia y eficacia policial sino también del funcionamiento de la justicia penal y procesal penal, del sistema penitenciario, los servicios de inteligencia y la participación de la ciudadanía". "La articulación de todas estas variables, es lo que termina determinando la eficacia del Estado para enfrentar las amenazas en materia de seguridad", destaca. Está claro que las mafias están enquistadas en todo el país. Basta con mirar la crisis que se generó en la Aduana con Juan José Gómez Centurión. Pero el tamaño de la provincia de Buenos Aires, que representa casi el 40% del padrón electoral y del Producto Bruto Interno, hace que los problemas tengan mayor visibilidad. "La aparición de las mafias en el distrito obedece a muchos motivos, algunos de los cuales empiezan y terminan con la política bonaerense. Pero la escala del distrito amplifica las consecuencias que el deterioro institucional implica para la convivencia pacífica y la gobernabilidad democrática", dice Gorgal. Fraga coincide: "Muchas veces, la cantidad de habitantes perjudica a las cifras de la Provincia, en comparación con el resto del país. Es claro en el ámbito global que a mayor población de un centro urbano, es mayor la inseguridad. Los ejemplos de México DF, Sao Pablo, Río de Janeiro y Caracas son elocuentes. En esta categoría entre el conurbano bonaerense". En el gobierno bonaerense afirman que el resultado de las reformas llevará tiempo. Resolver el alarmante panorama de la Provincia parece ser el nudo gordiano del cambio en el país y "la madre de todas las batallas" para los comicios legislativos de 2017, cruciales para que el Gobierno conserve la gobernabilidad.

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Al momento de presentarla, tres gobernadores y dos legisladores de cinco partidos elogiaron la coherencia, la ética y el coraje de Margarita Stolbizer. Pero lo primero que se le ocurrió decir a la líder de GEN, ayer, al presentar su libro "Yo acuso", no fue gracias, sino otra palabra: esperanza. "Esta convocatoria tan plural y diversa me genera esperanza en la Argentina", señaló, para desatar la primera tanda de aplausos. La cita, en un Palacio San Miguel que desbordó de dirigentes políticos, intelectuales y periodistas, convocó sobre el escenario a los gobernadores María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Miguel Lifschtiz (Santa Fe) y Gerardo Morales (Jujuy), además del diputado Sergio Massa y la legisladora porteña Graciela Ocaña. Pero la foto que demandaba la ansiedad electoral, con Stolbizer en medio de Vidal y Massa, dos que se la disputan como aliada para 2017, nunca sucedió: el ex candidato presidencial llegó tarde y la gobernadora ya había partido. Ajena a todo eso, la atención de Stolbizer estuvo puesta en reflejar que su libro, que indaga en la trama, los orígenes y consecuencias de la corrupción del kirchnerismo, y que se centra en la figura de Cristina Kirchner, no se reduce a una descripción de investigaciones. "Es una convocatoria a reflexionar sobre lo que nos pasó, porque los que nos pasó es una vergüenza, un genocidio social. Hay que mirar la corrupción con los ojos de María Luján Rey [la madre de Lucas Menghini, muerto en la tragedia de Once], con los ojos de los inundados de La Plata, con los ojos de los que todavía esperan su vivienda o perdieron una vida en una ruta. El libro busca conmover el corazón para que esto no vuelva a pasar", resumió la diputada. Pidió Stolbizer no equiparar corrupción con política, no sólo por los políticos que son honestos, sino "por los elefantes que se esconden" en esa generalización. Y pidió reivindicar a la vicepresidenta Gabriela Michetti, luego de que se equiparara el dinero que fue robado de su casa con los bolsos con dólares de José López. Pero aclaró, con la mirada en Cambiemos: "Esto no quiere decir que no exijamos transparencia. Los que gobiernan deben ser no sólo no corruptos, también deben ser prolijos, austeros y, sobre todas las cosas, ejemplares". El cierre, que pudo ser el principio, fue para plantear su libro como una suerte de "Nunca Más" de la corrupción. "Este libro no es un relato, es una convocatoria a un pacto contra la corrupción, cerró. Bajo el mismo signo lo colocó Luis Majul, editor de la publicación (Margen Izquierdo-Planeta): "Los políticos escriben libros para la campaña. Malos, impublicables. Este es el mejor libro que publiqué. Es un libro para la historia". Los invitados se enfocaron más en la figura de Stolbizer. Ocaña, en su "sencillez". Morales, en su "coraje". Lifschitz, en su ejemplaridad "ética y moral". Vidal fue un poco más allá: habló de "dar juntos las mismas peleas que todos estamos danto". Massa parafraseó el saludo que Stolbizer le ofrendó anteayer, cuando ambos compartieron su primera cita partidaria: "No estoy acá de casualidad: estoy convencido de que estás poniendo un mojón en la historia".

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La taquilla del Palacio San Miguel reflejó la centralidad de Stolbizer en los últimos meses y el respeto que genera en otras fuerzas, pero también la apetencia por seducirla para 2017: aunque hubo mayoría del GEN, el socialismo y Libres del Sur, los diputados, senadores y referentes del massismo superaron en número al resto. Vidal llegó con cuatro ministros: Federico Salvai (Gobierno), Cristian Ritondo (Seguridad) Joaquín de la Torre (Producción) y Leonardo Sarquís (Agroindustria), además del intendente Jorge Macri. Elisa Carrió, enemistada con Stolbizer desde hace años, envió una carta que Majul presentó como un saludo a la líder del GEN. Pero la escueta misiva ni mencionaba a Stolbizer. Con cálculo preciso en cada palabra, Lilita expresó "alegría" porque "se sigan sumando" investigaciones.

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Una de las declaraciones juradas de bienes sobre las que recayó mayor atención fue del jefe de la Policía Bonaerense, Pablo Bressi, quien fue apuntado por las denuncias que lanzó Elisa Carrió en su contra por supuestos vínculos con bandas de narcotraficantes. Sin embargo, el jefe de la Policía parece no tener un alto patrimonio, comparado con ministros y funcionarios del gabinete provincial. Su patrimonio está compuesto por una vivienda ubicada en Ramos Mejía (municipio de La Matanza), valuada en 62.647 pesos, de la que posee el 100 por cientyo, y un 50 por ciento de otra vivienda en esa misma localidad y valuada en 80 mil pesos. Además, el superintendente general de la Policía de la Provincia tiene un cuatriciclo de 100.000 pesos, un plazo fijo de 270.000 y ahorros en dólares por 20.000. DENUNCIAS Las propiedades del jefe de la Policía venían siendo fruto de especulaciones luego de que la diputada nacional y líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió saliera a denunciar que mantenía vínculos con bandas de narcotraficantes que operan en distintos puntos del Conurbano, como la del detenido Gabriel “Mameluco” Villalba. Las acusaciones de “Lilita”, que fueron presentadas a través de una carta dirigida a Vidal, generaron un fuerte sacudón político. En ese marco, Vidal y el ministro de Seguridad Cristian Ritondo salieron a respaldar a Bressi en el cargo.

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LA PLATA.- Cuando ya venció el plazo para presentar las declaraciones juradas todavía hay 199 jefes y subjefes de la policía bonaerense que no presentaron la documentación y que en los próximos días comenzarán a ser sancionados por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad. Entre ellos no figura ningún integrante de la cúpula, pero la mayoría son uniformados con jerarquía que trabajan en puestos claves en la provincia de Buenos Aires. Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que están trabajando con la Unidad de Información Financiera (UIF) para saber si estos uniformados están involucrados en algún caso de lavado de dinero. En total son 6341 policías, de los 94.000 uniformados que tiene la fuerza provincial, los que debieron presentar su declaración de bienes ante Asuntos Internos y en la Escribanía General de Gobierno. El jefe de la bonaerense, Pablo Bressi, cuestionado por la diputada Elisa Carrió por supuestos vínculos con el narcotráfico, se adelantó y fue uno de los primeros en presentar la documentación. En su declaración jurada sobresale que declara no tener automóvil propio para movilizarse. Eso sí, tiene una casa comprada con fondos propios y otra heredada. También cuenta con un cuatriciclo valuado en $ 100.000. Y declara, además, poseer $ 270.000 en un plazo fijo y 20.000 dólares en efectivo. Quizá la mayor sorpresa de las declaraciones juradas presentadas por los 23 superintendentes que integra la cúpula de la policía bonaerense es la del Superintendente de Coordinación Administrativa, Néstor Martín. El jefe, cuya tarea es manejar la caja interna de la fuerza (entre la que figura la distribución de las horas adicionales) declaró tener siete propiedades, un helicóptero experimental, más de $ 2 millones en efectivo, 18.000 acciones de una cooperativa, electrodomésticos valuados en $ 100.000 y otro inmueble a nombre de su señora. Martín, junto a otros cinco jefes de menor jerarquía, está bajo la lupa de la Auditoría General de Asuntos Internos por el posible delito de enriquecimiento ilícito. Click Aqui El resto de los integrantes de la cúpula presentaron sus declaraciones y, en general, informaron que tienen casa propia, son deudores de créditos y préstamos personales que oscilan entre $ 20.000 y $ 300.000, algunos no tienen automóvil y la mayoría posee sumas de dinero en efectivo, que van desde $ 600.000 a casi $ 1 millón. En tanto, el máximo responsable del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, declaró que posee nueve propiedades, entre ellas una heredada, un auto valuado en $ 151.500, dinero en efectivo por $ 44.500 y US$ 3320. Su sueldo, según informó en la declaración jurada, es de $ 45.374 por mes.

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La gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal lamentó anoche que los penitenciarios que fueron apartados de la Fuerza por la fuga de los hermanos Lanatta todavía estén libres por la demora en el accionar judicial. La mandataria dijo que “hay un trabajo de la Justicia que tiene que seguir”, en relación a los funcionarios que fueron apartados del Servicio Penitenciario y que ahora “están libres”, tras la fuga de Victor Schillaci, Martín y Cristian Lanatta, condenados por el Triple Crimen en General Rodríguez. En tanto, sobre las amenazas que recibió, Vidal reconoció que su familia está “preocupada”, aunque aclaró que “tomaron precauciones desde diciembre”. La mandataria admitió que “la deuda social es enorme, pero empezamos un camino distinto. Queremos estar presentes”. Luego, agre-gó que “si podemos recuperar el Fondo del Conurbano, lograremos que el próximo gobernador tenga autonomía con respecto al Poder Ejecutivo Nacional”. En relación la inseguridad en el distrito, Vidal ratificó la continuidad del jefe de la Policía bonaerense, Pablo Bressi, pero advirtió que si descubre al uniformado en la comisión de un delito, lo separará de su cargo. Sobre el proyecto para dividir el partido de La Matanza que se presentó en la Legislatura bonaerense, la gobernadora confirmó que su gestión “analiza esa propuesta”. Por último, Vidal observó que en la Provincia, “los médicos, policías y maestros ganan poco, tienen razón en reclamar. Hay un retraso salarial muy grande, pero no daremos aumentos que no podemos pagar. Tenemos que tener recursos. Además, debemos diferenciar a la gente que trabaja de la que no lo hace”, puntualizó. En ese marco indicó que destinará más de 1.200 millones de pesos para remodelar hospitales, entre ellos el de Melchor Romero y el Sor María Ludovica.

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Las Achiras se parece bastante a la 1-11-14. Calles angostas, vías de acceso dificultosas y una altísima densidad demográfica transforman a este asentamiento donde habitan miles de familias humildes y trabajadoras, en un lugar ideal para encubrir las actividades de grupos delictivos ligados al mundo narco. Ubicada detrás del predio del Mercado Central, en pleno territorio matancero, esta villa también alberga a muchos habitantes oriundos del Perú. Once de ellos eran integrantes de una banda -compuesta, además, por tres argentinos, un paraguayo y un boliviano- que fue desbaratada el martes en el marco de una operación denominada Callao, efectuada por efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La investigación -a cargo de la fiscal general de La Matanza, Patricia Ochoa- llevó más de seis meses y se inició a partir de una denuncia anónima recibida en el 911 que activó las alertas de la UFI de Estupefacientes. Una minuciosa pesquisa -que incluyó tareas de inteligencia, filmaciones, toma de placas fotográficas, seguimientos y observaciones- permitió establecer el modus operandi del grupo, que comercializaba estupefacientes en la zona y protegía a los dealers y sus "tienditas" con soldados fuertemente armados. En los catorce allanamientos realizados, de los que participaron unos 300 efectivos policiales, se secuestraron 30 mil dosis de cocaína, pasta base, 14 kilos de marihuana y alita de mosca, además de una ametralladora AK47, dos fusiles de asalto, uno de ellos con mira láser, cinco pistolas 9 milímetros y una gran cantidad de municiones de diferentes calibres, entre ellas, varias de teflón utilizadas para perforar chalecos antibalas. El dato que distinguió este operativo de otros tantos que semanalmente presentan las autoridades bonaerenses con la pomposa denominación de "golpe al narcotráfico" fue que "entre los detenidos habría sicarios de la organización Oropeza de Perú, e integrantes de la megapandilla criminal Mara Salvatrucha, (MS13) que llegaron a la Argentina con el objetivo de instalar el narcomenudeo", señaló a Radio 10 la fiscal Ochoa. Se trata de "El Mocosón", "El peruano Jesús" y "El Cojo", que fueron presentados por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, como la prueba empírica de que "los maras tienen actuación en territorio argentino". ¿Son maras? En rigor de verdad, los detenidos eran pistoleros ligados a un empresario peruano llamado Gerald Oropeza López -hijo de un conocido dirigente aprista asesinado- que tendría vínculos con una organización delictiva dedicada al tráfico de drogas que enviaba drogas desde la región del Callao hacia Europa, razón por la cual se encuentra detenido. La extravagante vida de Oropeza se desarrollaba entre autos Ferrari, Audi y Porsche, fiestas en mansiones, chicas bellas y derroche de dinero, razón por la cual se granjeó el apodo de "Tony Montana", en alusión al célebre personaje encarnado por Al Pacino en la película "Scarface". El escándalo desatado tras su detención alcanzó a la Policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el puerto del Callao e incluso la política. "Es muy común que se ligue a los maras con los carteles narco, pero en realidad se trata de un grupo delincuencial e hipersanguinario que opera centralmente en México, Centroamérica, Estados Unidos y algunas zonas de Perú y que no siempre están ligados al tráfico de estupefacientes", asegura Carlos García, periodista especializado en maras y pandillas americanas. "La falta de información precisa sobre las actividades de esta organización trasnacional permite que se le atribuyan ligazones equivocadas con otros grupos delictivos", finaliza el experto.

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El ministerio de Seguridad iniciará un proceso de capacitación para el personal policial que cumple tareas operativas en grupos antidisturbios, equipos tácticos y que actúan en caso vinculados a la toma de rehenes y situaciones de crisis. Así lo dispone una resolución de la cartera que conduce Cristian Ritondo conocida en las últimas horas, que establece que esa capacitación será obligatoria. “El personal convocado cursará de conformidad con las previsiones legales vigentes, debiendo arbitrar las áreas respectivas los medios tendientes a lograr el presentismo de los cursantes”, se indica en la misma. La capacitación incluirá a los integrantes de los denominados Grupos de Apoyo Departamental (GAD), y se anuncia en medio la creciente inquietud oficial por posibles desbordes sociales hacia fin de año a raíz de la difícil situación económica que atraviesa el país. La actividad estará destinada a efectivos que tienen a su cargo “la intervención en eventos con situaciones de crisis”. “El propósito es llevar adelante un curso de capacitación con contenidos teóricos y prácticos dónde se logre trabajar en forma coordinada con distintos actores sociales que intervienen en la resolución de conflictos, a fin de lograr un trabajo metódico para que el incidente no cambie de escena o se incorporen nuevos actores al conflicto”, se indica en el plan oficial a cargo de la subsecretaría de Planificación, Gestión y Evaluación del ministerio de Seguridad. La capacitación incluye el “uso de elementos logísticos (bastón, escudo y cinturón)” y el “manejo de estrés en situaciones reales (utilización de disuasivos químicos)”. Los policías también recibirán capacitación en despeje de edificios, manejo de armas cortas y largas en formación y en binomio y tiro nocturno, entre otras técnicas. NARCOTRAFICO Por otra parte, el senador por Cambiemos Marcelo Pacífico destacó la importancia del Plan Argentina sin Narcotráfico anunciado por el Presidente Mauricio Macri, y remarcó la decisión de convocar a la Corte Suprema de Justicia, al arco opositor, a la Iglesia y a Organizaciones no gubernamentales para terminar, de manera conjunta, con “uno de los mayores problemas que padece la sociedad argentina en la actualidad”. Pacífico, quien preside la Comisión de Seguridad en el la Cámara Alta bonaerense, resaltó que “este anuncio cumple con una de las premisas de campaña, que es la de derrotar el narcotráfico” y que al mismo tiempo manifiesta “la voluntad del Presidente de conciliar las diferencias –de color político- para enfrentar un delito complejo, que, por su naturaleza, genera otros, no menos graves”. “El Plan anunciado, implica un gran trabajo de coordinación a todos los niveles territoriales, de inteligencia, que requiere inversión en tecnología pero, sobre todas las cosas, de una indeclinable decisión política para ponerle fin”, resaltó el legislador provincial por Cambiemos. Por último, el senador por la segunda sección electoral destacó la condición federal que requiere el acuerdo “Argentina sin Narcotráfico”, y se comprometió a trabajar desde el Senado bonaerense en la creación de políticas de prevención en la lucha de las adicciones y en la penalización para “quienes buscan enriquecerse con el dramático negocio del narcotráfico”.

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Con casi un tercio de las exportaciones totales, Buenos Aires es la provincia que más ingresos por ventas al exterior reportó en el primer semestre del año. De los u$s 27.706 millones de toda la Argentina, el distrito gobernado por María Eugenia Vidal exportó por u$s 8827 millones, 31,9% del total. Le siguieron en peso Santa Fe, que con u$s 6827 millones que representaron un 24,6% del total; y Córdoba, que exportó por u$s 4373 millones que implicaron un 15,8%. De esta manera, la pampeana gana, por lejos, el ranking de entre las regiones: sus ventas al exterior representan 75,9% en el total del país, según un análisis detallado elaborado por el Indec, porcentaje que equivale a exportaciones por u$s 21.021 millones. Por regiones, en segundo lugar figura Patagonia, por u$s 2281 millones, que implicaron 8,2% de las exportaciones totales. Después se ubicaron Noroeste, con 5,8%; Cuyo, 5,4%; y, por último, el Noreste, con sólo 1,5%. Los datos por regiones confirman que los planes de promoción industrial puestos en práctica en algunas provincias no tuvieron tanto efecto en las ventas al exterior: San Luis exportó sólo por u$s 263 millones (0,9% del total); Tierra del Fuego, por u$s 82 millones (0,8%) y Catamarca, por u$s 331 millones (1,2%). Las ventas de manufacturas de origen agropecuario (MOA) y los productos primarios, principales rubros de exportación del país, son las que más se pesaron en la región pampeana. Sin embargo, en esta zona geográfica las ventas al exterior cayeron 1,9% en el primer semestre del año respecto a igual período de 2015. Pese a respresentar un porcentaje menor del total país, ocho provincias registraron un incremento en sus exportaciones en el primer semestre respecto a igual período del año pasado: en Jujuy aumentaron 52,9%; en Catamarca, 43,9%; en La Pampa, 27,5%; en Corrientes, 17,1; en Salta, 16,8%; en Tucumán, 8,2%; en Santa Fe, un 6,3%; y en Chaco, un 2,8%. En Buenos Aires, el principal rubro de exportación fue material de transporte terrestre (que implicaron 19,4% de las ventas al exterior de la provincia), dentro de los que se destacan los vehículos automóviles terrestres con exportaciones por u$s 1.659 millones. En segundo lugar se ubicó cereales, como trigo, maíz y cebada, entre otros. El complejo oleaginoso, que incluye soja, aceite, harina y pellets, exportó un valor cercano al 22% del total de las exportaciones bonaerenses. En Santa Fe, se destacaron las exportaciones de residuos y desperdicios de la industria alimenticia principalmente harinas y pellets de soja con 45,7%, con un incremento de 4% respecto al mismo período de 2015. Le siguieron las exportaciones de grasas y aceites 21,9% (principalmente aceite de soja) y cereales (maíz y trigo) 6,8%. Córdoba posee una estructura de exportaciones muy diversificada, detalla el Indec. Los principales productos exportados fueron: residuos y desperdicios de la industria alimenticia (harinas y pellets de soja) 25,8% del total, le siguieron los cereales 21,6% (principalmente maíz y trigo).

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Con la mira puesta en las elecciones legislativas del año que viene, Cambiemos comienza a diagramar una serie de encuentros que tiendan a la convergencia de acciones comunes entre todos los miembros de la alianza gobernante. En ese sentido, el próximo jueves 8 de septiembre se llevará adelante en nuestra ciudad un encuentro de la máxima cúpula del espacio, que será coordinada por la gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, donde se ideará un mapa de actividades a seguir hasta fin de año. La intención de la mandataria provincial y del propio Presidente Mauricio Macri, según lo expresado a través de la palabra de dos de sus máximos referentes, es tender lazos hacia sus socios políticos de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la Coalición Cívica-ARI, y comenzar a hablar provisoriamente de cómo podrían llegar a ser las listas para las elecciones de 2017. Como antesala a esta reunión grupal, el ministro de Gobierno bonaerense, Federico Salvai, se reunirá en el día de hoy con la plana mayor del radicalismo provincial en la sede porteña del Banco Provincia. Al cónclave asistirán el vicegobernador Daniel Salvador, los diputados Ricardo Alfonsín, Carlos Fernández, Jorge Silvestre y los intendentes David Hirtz, Miguel Gargaglione y Franco Flexas, quienes componen la mesa provincial de la UCR dentro de Cambiemos.

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Agentes de Gendarmería Nacional realizaron ayer un allanamiento en la municipalidad de Berazategui para secuestrar información relacionada con el Plan Argentina Trabaja. El allanamiento se realizó en la mañana de ayer en el edificio de Av. Rigolleau 3150 por orden del juez federal del Tribunal Nº 1 de Quilmes Luis Antonio Armella y se originó tras una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el intendente Patricio Mussi y otra por malversación y defraudación sobre los Planes Argentina Trabaja que coordinaba el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de la gestión anterior. El magistrado dijo que “la denuncia provino de un médico de apellido Nadaz y la radicó en el Tribunal de Cuentas de la Provincia” y aclaró que es posible que realicen otros operativos para hallar información. Según fuentes municipales consultadas “dieron vuelta todo buscando papeles de manera brusca y rompiendo cajones” y analizaron que “ya realizaron este año dos allanamientos por un tema relacionado con el agua. Es evidente que es una persecución política”. El intendente Juan Patricio Mussi (Frente para la Victoria) no se encontraba en el palacio municipal ya que está de viaje, pero sí el jefe comunal interino Juan Carlos Valor, a cargo de la comuna. “ES LLAMATIVO” El padre del jefe comunal, el diputado provincial y ex intendente Juan José Mussi, criticó con dureza el operativo. “Me dicen que rompieron cajones de escritorios, que hicieron bajar un techo para investigar, todo muy desprolijo”, afirmó. Y agregó: “Es todo muy llamativo, parece más un caso de persecución política que una investigación judicial real”. “Hablé con Patricio, estaba muy preocupado, y ahora verán los abogados de la Municipalidad de que se trata todo esto”, señaló. En tanto, el concejal oficialista Fernando Tévez afirmó que “se trata de una búsqueda desesperada por ensuciar la imagen de una administración intachable como la que tenemos en mi ciudad con una gestión que sólo ha hecho de Berazategui un pueblo Próspero y a su gente digna”.

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La diputada nacional del Frente para la Victoria, Cristina Alvarez Rodríguez, encabezó ayer en La Plata un acto en respaldo al proyecto de ley denominado “Una y Uno” que apunta a que las listas de candidatos se integren con igual número de hombres y mujeres. La iniciativa es impulsada justamente por Alvarez Rodríguez, quien en el marco de su actividad visitó EL DIA junto a la dirigente local Victoria Tolosa Paz. “Somos el 51 por ciento de la población pero eso no se refleja en la distribución de poder”, dijo la legisladora, quien indicó que “Una y Uno será otro logro más en un camino en el que el peronismo siempre fue protagonista de avances: el voto femenino, la legislación social y laboral, el cupo del 30 por ciento y ahora la paridad”. La diputada nacional trazó además un diagnóstico crítico sobre la marcha del gobierno nacional. “Desde que Macri asumió, las tres consignas con las que llegó que fueron pobreza cero, combatir el narcotráfico y unir a los argentinos están todavía en etapa de consignas”, dijo, para añadir que “las medias que toman van en detrimento de los sectores más desfavorecidos como las Pymes o de los trabajadores que tienen paritarias más bajas que la inflación que acumulada es del 47%”.

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El presidente Mauricio Macri arribó anoche pasadas las 23 (hora de Argentina) a la República Popular China, donde hoy mantendrá un encuentro bilateral con su par de ese país, Xi Jinping, tras lo cual habrá una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el marco de su participación en la cumbre del G20. El vuelo que trasladaba al presidente aterrizó en el aeropuerto de Hangzhou, una importante ciudad y capital de la provincia de Zhejiang, China, procedente de Qatar, donde Macri mantuvo ayer un encuentro con el emir de ese país, Tamim bin Hamad Al Thani. Acompañado por la primera dama, Juliana Awada, el primer mandatario fue recibido por una comitiva especial que encabezó Diego Guelar, embajador argentino en el país asiático. El embajador chino en la Argentina, Wan Ming Yan, también se hizo presente en el lugar. Según confirmaron fuentes oficiales, Macri tiene previsto un encuentro bilateral con su par de la República Popular China, Xi Jinping, que se llevará a cabo hoy en la Casa de los Huéspedes del Estado del Lago Oestei. Durante su estadía en China, que se extenderá hasta el lunes, el Presidente tiene previsto reunirse el sábado con su par de Rusia, Vladimir Putin. También, Macri tiene agendado encuentros con los primeros ministros de la India, Narendra Modi; de Corea del Sur, Hwang Kyo-ahn; con la canciller alemana Angela Merkel, y con el presidente australiano, Malcolm Turnbull, según consignaron las fuentes.

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En la que fue la primera celebración del Día de la Industria del gobierno de Mauricio Macri, los ministros con el Presidente en China, se enfrentaron a la disyuntiva de dividir el Gabinete para los dos actos de ayer. A juzgar por lo que se vivió en el festejo que había organizado Osvaldo Cornide, el titular de CAME, en el monumental y recién refaccionado edificio que perteneció a la Marina Mercante; la Casa Rosada decidió enviar sus bastiones a la más modesta sede de la UIA, con manchas de humedad en el lobby, un salón de actos de estrechas dimensiones, sillas de varias décadas, pero con asistencia perfecta de lo que Macri suele llamar el círculo rojo. En CAME quedaron los granaderos de guardia a la espera de Gabriela Michetti que se disculpó. Cornide pasó factura. “Es el día de la industria justo cuando la actividad cayó 7,9%”. Lo escuchaba el jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta. Y en un rincón, el filósofo que escribe discursos presidenciales, Alejandro Rozitchner, leía a Alan Miller. Eso sí, las primeras filas desbordaban de dirigentes sindicales. Unas cuadras más allá, en la UIA, el presidente de la entidad y frente a los ministros Marcos Peña, Francisco Cabrera, el vice jefe de Gabinete, Mario Quintana y los secretarios Miguel Braun, Martín Etchegoyen y Mariano Mayer; se ocupó de recordar los problemas en la competitividad y la alta presión impositiva: “El crecimiento de las importaciones en un contexto global caracterizado por la competencia desleal, la caída de la actividad, las altas tasas de interés, la presión tributaria y la falta de competitividad sistémica, son problemas que están hoy frente a nosotros”, dijo Kaufmann. Cabrera no lo evitó. Y en el que fue un golpe de efecto extrajo de su bolsillo las 20 medidas que la UIA le había pedido cuando Macri era candidato a la presidencia. Así, enumeró desde el fin del cepo, la salida del default, la eliminación de las retenciones hasta las facilidades para exportar. “Lo hicimos. Ahora les toca a ustedes, invertir y creer en el país. Necesitamos que se comprometan y que protagonicen este cambio de la Argentina invirtiendo, generando empleo, urgió el ministro. No hubo sindicalistas en la UIA. Y los industriales al saludarse decían, “acá estoy sobreviviendo”, mientras los mozos repartían pequeñas porciones de tortilla de papa. Algunos contaban que están manteniendo su lugar en el mercado con uñas y dientes, frente al avance de los importados. Y muchos estaban inquietos por las declaraciones del embajador en Beijing, Diego Guelar. Sostuvo que había que reconocer a China como economía de mercado. Kaufmann no lo dejó pasar en su discurso. Marcos Peña detalló que de una población económicamente activa de 19 millones de personas, apenas 6 millones están ocupadas en el sector privado formal. Apeló a generar empleo de calidad. Y se preguntó, “si estamos en el camino de salir de la crisis o de entrar en una crisis más profunda”. La respuesta la dio al bajar del escenario Cabrera. “China no me preocupa tanto, lo central es la actividad y con la inflación en baja, la cosecha récord, Brasil que comienza a reaccionar, los jubilados que comienzan a cobrar y la puesta en marcha de la obra pública, ya estamos saliendo”, aseguró a Clarín. Paolo Rocca era uno de los más requeridos. Se le acercaban para presentarle dirigentes como el flamante jefe de la UIA bonaerense. Cerca suyo, José Urtubey abrazaba a Alejandro Bulgheroni y Teddy Karagozian ampliaba sobre la presión impositiva: “Duplica a los países de la región”. Gustavo Béliz y Juan Carr rodearon a Carlos Accaputo, presidente de la Pastoral Social y considerado “un operador político” del Papa. Cristiano Rattazi volvía a insistir en que el dólar sigue atrasado y José Nogués ( Ledesma) contaba que por primera vez en 20 años perdieron plata. Más allá estaban dirigentes de otras entidades, Adrián Werthein (CicyP), Adelmo Gabbi (Bolsa), Jaime Campos (AEA), Gustavo Weiss (Construcción) que hablaban con Laura Alonso (Oficina Anticorrupción). Al jefe del Nación, Carlos Melconian, varios quisieron sacarle alguna definición económica. Raro en él, hizo mutis por el foro.

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Para la Justicia, la casa donde vivía José López hasta la madrugada del 14 de junio era suya. El supuesto contrato de alquiler con otro empresario era una pantalla para encubrir al verdadero dueño. Por ese emotivo, el juez federal Daniel Rafecas amplió ayer el procesamiento del ex secretario de Obras Públicas, y además procesó a su esposa, Maria Amalia Díaz, y a dos empresarios que actuaron como sus testaferros, Eduardo Gutiérrez y Andrés Galera. Además, ordenó investigar si hubo desvío de fondos desde el Ministerio de Planificación al Arzobispado de Mercedes Luján, a cargo del fallecido Obispo Rubén Di Monte, algo que quedará a cargo de otro juez. López ya estaba procesado por los bolsos con casi 9 millones de dólares que intentó esconder en el monasterio de General Rodríguez. Ahora, Rafecas le amplió el procesamiento por la casa del Dique Luján, valuada en 700 mil dólares, y le subió el embargo a 220 millones de pesos. A la esposa, la procesó en calidad de partícipe necesaria del enriquecimiento, ya que "participó activamente en la incorporación del inmueble al patrimonio" de su marido, desde que ambos vivieron en el lugar a partir del 2011 "a sabiendas de que los recursos destinados al efecto eran injustificables a partir del salario de su esposo y del patrimonio familiar previo". A los empresarios de la construcción, Galera y Gutiérrez, a quienes López dijo conocer solo por reuniones sociales, Rafecas los acusó por actuar como testaferros de la vivienda. "El verdadero dueño de la misma sería desde un comienzo" López, quien "dio innumerables muestras de actuar siempre como 'propietario' y no como 'inquilino'", sostuvo Rafecas. El fallo asegura que López y su mujer participaron activamente de la refacción de la casa, tal como había declarado el arquitecto que participó de la obra, Federico Curcio. Y destaca la similitud entre el contrafrente de esa vivienda y una casa que tienen en Río Gallegos (Santa Cruz). Es más, ese mismo testigo aseguró que la cuña que caracteriza la fachada de la casa de Tigre no fue un diseño propio sino "una sugerencia de María Amalia Díaz". En cambio, el juez dictó falta de mérito para la hermana Celia Inés Aparicio, quien ayudó a López a ingresar los bolsos al convento. Rafecas pidió nuevas medidas de prueba para poder determinar si realmente encubrió a López esa madrugada, La causa sigue adelante para intentar demostrar el origen del dinero. En su indagatoria, López dijo que provenía de "la política". Fue un mensaje con muchos destinatarios, pero todavía no aportó más datos.

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El fiscal Guillermo Marijuán le pidió al juez federal Sebastián Casanello que solicite a Presidencia de la Nación los números de los teléfonos que usaba la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la época en la que los fondos buitre acumulaban información en sus litigios por la deuda pública. Así lo dijeron ayer fuentes judiciales a Clarín. El pedido de Marijuán se enmarca en la nueva investigación abierta dentro de la causa madre conocida como "ruta del dinero K". Marijuán había reclamado la semana pasada la declaración indagatoria de la ex presidenta por este tema. El fiscal imputó a Cristina Fernández por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y "omisión de denuncia" a raíz de la información que habría llegado a su conocimiento sobre los datos reunidos por los abogados de los fondos buitre sobre movimientos de dinero de firmas vinculadas al detenido "empresario" Lázaro Báez. Sin embargo no se formuló denuncia alguna y el tema recién se conoció tras el recambio de autoridades de diciembre pasado. La información había sido remitida por el estudio de abogados que representaba en los Estados Unidos a la Argentina en los juicios de los tenedores de bonos impagos a la entonces procuradora del Tesoro, Angelina Abbona. Y ésta comunicó las novedades al Ministerio de Economía, de acuerdo con la pesquisa judicial. Marijuán ya le había pedido a Casanello indagar en los teléfonos que usaba Abbona para esa época, así como los de su segundo, Horacio Diez, y los del entonces secretario de Legal y Técnica de la cartera económica, Federico Thea. Esos listados con las llamadas entrantes y salientes de esos teléfonos ya están en poder de la Justicia. Ahora el fiscal quiere cruzarlos con los de la ex presidenta para saber si hubo comunicaciones entre ellas para esa época. El fiscal también buscaría lo mismo respecto del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y los secretarios privados que trabajaban junto a la ex presidenta. Será la segunda vez que la Justicia pretende de la Casa Rosada información sobre los teléfonos que usaba Cristina Fernández. La semana pasada fue la jueza de instrucción Fabiana Palmaghini quien requirió lo mismo, en el marco en este caso de la causa que investiga la muerte del fiscal Alberto Nisman. Los contactos por correo electrónico surgieron de los servidores de la Procuración del Tesoro ya que las computadoras de Abbona y el último subprocurador, Javier Pargament, habían sido retirados días antes del cambio de autoridades y, ante la intimación, entregaron otros discos. Por ello, la Procuración del Tesoro formuló una denuncia penal que está en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Abbona y Pargament fueron denunciados por hurto, violación de los deberes de funcionario público y violación de documentos. Los discos serán sometidos a una pericia en los próximos días.

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La AFIP ratificó la denuncia penal sobre operaciones de importaciones simuladas durante 2012 y 2015, durante la vigencia del cepo cambiario, para girar dólares al exterior al tipo de cambio oficial, que había formulado el suspendido titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. Son 55 casos por U$S 300 millones en los que no hay constancia de que haya ingresado la supuesta mercadería importada de un paquete total de operaciones irregulares o inconsistentes por u$S 14.173 millones que involucra 17.495 personas físicas y jurídicas con CUIT. Comprende a poco más del 20% de los operadores registrados para operar en comercio exterior y fue durante el gobierno de Cristina Kirchner. "El martes 30 de agosto se ratificó la denuncia que se realizó el 16 de agosto, el Juzgado Penal y Económico 8 - Fiscalía 10 ya se encuentra trabajando en ella", dijo Abad en conferencia de prensa Por este procedimiento esos operadores obtenían dólares al tipo de cambio, cuando por el cepo no hubieran podido adquirirlos, con una enorme ventaja porque el dólar blue o paralelo llegó a cotizar en esos años con una brecha de más del 50%. El mecanismo era el siguiente: una empresa lograba la autorización o una DJAI (Declarada Jurada Anticipada de Importación ) para importar cierta mercadería y pedía al Banco Central las divisas para pagarla. Luego la operación no se realizaba o dicha DJAI se reutilizaba varias veces. El importador así sacaba al exterior los dólares que había comprado al valor oficial. Las DJAI las manejaba el ex secretario de Comercio K, Guillermo Moreno. La denuncia, que comprende delitos cambiarios y aduaneras, fue hecha a mediados de agosto por el titular de la AFIP, Alberto Abad en una conferencia de prensa junto al entonces director de la Aduana, Juan José Centurión, y el subgerente de Operaciones de Control Aduanero, Pablo Allievi. Ayer, en rueda de prensa al dar a conocer las cifras de recaudación de agosto, Abad dijo que la denuncia sobre los 55 casos había ingresado en el Juzgado Penal y Economico 8- Fiscalía 10. En relación al resto de los casos, Abad señaló que del total de U$S 14.173 millones : * hay 499 casos por US$ 8.133 millones que tendrán inspecciones directas en los domicilios de las personas o empresas. * los otros 16.941 casos tendrán requerimientos electrónicos para que justifiquen un total de operaciones por U$S 6.040 millones. Abad explicó que las inconsistencias detectada son por los giros al exterior de dólares que no coinciden con las declaraciones juradas que autorizaban las importaciones y el ingreso de las mercaderías. En otros casos hubo operaciones en que la importación se efectivizó pero el giro de dólares se hizo por montos superiores a los aprobados en las Declaraciones Juradas o con una misma DJAI se hicieron varias transferencias al exterior. Las irregularidades comprenden al 8% de las importaciones de esos años y alcanzan a más del 20% de los operadores habilitados en el registro de comercio exterior, que son alrededor de 80.000 y a casi la mitad de los operadores activos ( unos 35.000).

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Abad explicó que los operadores que van a ser inspeccionados deberán justificar los giros al exterior y que si se comprueban que las inconsistencias fueron maniobras serán denunciados por los delitos cambiarios e impositivos. De todos modos, el titular de la AFIP también aclaró que esos operadores podrán ingresar al blanqueo que exime a los que blanqueen de los delitos vinculados a esas maniobras. La posibilidad de que esos fraudes puedan quedar blanqueados motivó muchas preguntas de los periodistas que asistieron a la rueda de prensa. Abad dijo que la ley de blanqueo engloba esos casos. Distinto es, aclaró, si se comprueban delitos vinculados al lavado de activos. La ley de blanqueo dice que quienes blanqueen ”quedan liberados de toda acción civil y por delitos de la ley penal tributaria, penal cambiaria, aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren voluntaria y excepcionalmente y en las rentas que éstos hubieran generado”. Especialistas del sector dicen que también la UIF (Unidad de Información Financiera) debería haber alertado por estas operaciones sospechosas, lo mismo que muchos bancos privados que actuaron de intermediarios.

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"Fue increíble. Teníamos todo arreglado para que desalojaran y diez minutos antes del plazo convenido llegaron los gendarmes. Nadie sabía nada, menos mal que no hubo víctimas", relató a LA NACION un alto funcionario bonaerense en referencia al violento operativo, el miércoles 24, en la autopista Buenos Aires-La Plata, tomada durante horas por piqueteros de la CTD Aníbal Verón y Barrios de Pie. La confesión del funcionario dejó en evidencia la grieta que sacude al oficialismo en relación con el siempre esquivo control de la calle. Mientras el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, sostiene la vigencia del protocolo antipiquetes y propone aplicar sanciones inmediatas a aquellos que corten calles y accesos, otros sectores del gabinete y las administraciones de María Eugenia Vidal (provincia de Buenos Aires) y Horacio Rodríguez Larreta (ciudad de Buenos Aires) se inclinan por soluciones de "consenso" que eviten la confrontación. La tensión de aquella y otras manifestaciones violentas generaron un debate que aún no se ha saldado del todo en el seno del Gobierno. Aquella batahola del miércoles en plena autopista, en la que las fuerzas federales utilizaron balas de goma y los manifestantes dañaron vehículos mientras agredían a los automovilistas, dejó algunos detalles sin contar. Según pudo saber LA NACION, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; su par provincial, Santiago López Medrano, y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, monitoreaban el precario acuerdo alcanzado con los piqueteros, que incluía un desalojo pacífico de la autopista (bloqueada totalmente) a las 15. El teléfono de la gobernadora Maria Eugenia Vidal permanecía abierto. "Podía haber salido mal si alguien se golpeaba en la carrera, o si alguien se excedía en el procedimiento. No pasó nada, pero se actuó en un lugar sin jurisdicción", afirmaron desde la sede gubernamental de La Plata. Desde la Casa Rosada apoyaron el accionar de Bullrich y la Gendarmería. "Los grupos que estuvieron en la autopista violaron todas las reglas: no avisaron que iban a cortar, no dejaron un carril libre, tuvieron problemas con los autos que circulaban", afirmaron desde la jefatura de gabinete. Y agregaron: "Hay una fantasía generada que supone que esta situación se puede arreglar de un día para otro. Va a llevar tiempo", agregaron desde el equipo del jefe de gabinete, Marcos Peña. En territorio bonaerense, la política de Stanley (apoyada por la gobernadora Vidal) se basa en la necesidad de generar confianza con los movimientos sociales a fin de morigerar el tono de sus demandas. Pero en este caso también se vieron sorprendidos por la virulencia del reclamo. "Nuestro capital político es la cercanía, el de ellos es el conflicto", reconoció a LA NACION Matías Kelly, funcionario del Ministerio de Desarrollo, a cargo del diálogo con las organizaciones sociales. Desde ese ministerio reconocieron que el diálogo, que incluye a notorios dirigentes como Emilio Pérsico (Movimiento Evita) y Daniel Menéndez (Barrio de Pie), no alcanzó en esa oportunidad. "Queremos diálogo, sí, pero tenemos un límite, no puede ser que vengan a tomar mate al ministerio y al otro día corten una calle o se instalen en algún lugar sin siquiera avisar", afirmaron cerca de Stanley. Bullrich, en ese punto, tiene otra postura: anunció el día del corte de la autopista que iniciaría acciones legales contra los manifestantes por "robos, destrozos de bienes y ataques a los automovilistas presentes". En su Twitter, dejó un mensaje claro: "Lo advertimos y lo hicimos. Liberamos la autopista con @gendarmeria. Denunciaremos penalmente a todos los que cometieron delitos", escribió la ministra.

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La situación planteada en la provincia de Buenos Aires se da, con asiduidad, en la ciudad de Buenos Aires. También allí se plantearon, en más de una oportunidad, distintas posturas entre la Casa Rosada y la gestión de Rodríguez Larreta. "La diferencia entre ellos y nosotros es que a la provincia esto le ocurre de vez en cuando, a nosotros nos pasa casi todos los días", afirmaron cerca del jefe de gobierno. Ayer, de hecho, cooperativistas cortaron la mayoría de los puentes que unen Puerto Madero como "previa" de su participación en la Marcha Federal contra el Gobierno, sin que nadie los desaloje. El ministro de Justicia porteño, Martín Ocampo, polemizó más de una vez en estos meses con Bullrich por el control de los piquetes, más allá del acuerdo al que llegaron en mayo para traspasar la policía a la órbita porteña. La relación entre ambos mejoró en las últimas horas, cuando firmaron un convenio para el traspaso de los fondos destinados a la jubilación de policías federales transferidos a la ciudad. "A Ocampo le conviene no aparecer, no generar tensiones ni grandes conflictos para acelerar los cambios que lleva adelante. Bullrich, en cambio, piensa en instalar cada día un tema vinculado a la seguridad en los medios", afirmaron desde la sede porteña de Parque Patricios. ¿Cómo se resuelven estas diferencias? Nadie duda en la Casa Rosada que Bullrich tiene el aval del presidente Mauricio Macri, más allá de las críticas en voz baja a su estilo de alguno de sus compañeros. Pero ni Vidal ni Rodríguez Larreta tienen previsto por el momento aplicar el protocolo que prevé desalojar las manifestaciones por la fuerza salvo en casos muy puntuales. "El debate va a seguir, porque los piquetes, manifestaciones y acampes también van a seguir", afirmaron en Balcarce 50.

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El humo de las ollas populares se mezcla con el de los caños de escape. Algunas carpas se alzan sobre cartones para tratar de aislar el frío y de fondo se escuchan bombos y cantos para animar la noche. Ayer, desde las 13 unas 2000 personas pertenecientes a varias organizaciones sociales cortaron cinco puentes de acceso a Puerto Madero como antesala de la Marcha Federal que llega esta tarde a la Plaza de Mayo y que buscará ser la medida de fuerza más significativa en lo que va del año contra el gobierno de Mauricio Macri. La consigna, que se replicó mediante banderas en los puentes de Avenida Córdoba, Presidente Perón, Belgrano, Estados Unidos y Brasil, fue: "Más impuestos a los ricos. Trabajo de verdad. Basta de represión a los que luchan". La elección del lugar no fue casual, sino que se identificó a Puerto Madero como un bastión de la "oligarquía", contra la que protestan. Anoche permanecían cortados los puentes de Belgrano, Córdoba y Estados Unidos, en donde unos 600 manifestantes se preparaban para pasar la noche y esperar hasta las 17 de hoy, horario en el que confluirán con la Marcha Federal, frente a la Casa Rosada. Las organizaciones que encabezaron el acampe fueron: la Federación de Organizaciones de Base, Votamos Luchar, Agrupación Clasista de Lucha y Trabajo, Movimiento Resistencia Popular, Corriente de Organizaciones de Base La Brecha y la Asociación Gremial de Trabajadorxs Cooperativxs Autogestivxs y Precarizadxs. Una procesión de tres días El acampe fue tan sólo la previa de la Marcha Federal, una reedición de una similar en 1994, que llega esta tarde a plaza de Mayo. La movilización partió el miércoles de cinco puntos del interior, organizados en agrupación NOA, NEA, Cuyo, Patagonia este y Patagonia oeste. Esta mañana las columnas del noreste y noroeste del país se unificarán en el partido bonaerense de La Matanza, en donde se agregarán organizaciones sociales del conurbano. Allí, a las 9, celebrarán un acto en Ruta 3 y Germán Abdala y reanudarán la marcha hacia plaza Once. Finalmente emprenderán un último tramo a Plaza de Mayo. En paralelo, las dos columnas patagónicas y la cuyana preparan un acto para las 11 en Avellaneda, en plaza Alsina. Subirán luego al puente Pueyrredón y caminarán por la autopista hasta desembocar en Diagonal Sur, para allí emprender un último tramo de procesión a las puertas de Casa Rosada. En todo el trayecto que recorran las columnas se prevé corte total, incluso en la autopista y accesos a la ciudad. Además, las zonas lindantes a la Plaza de Mayo se verán afectadas desde las 14 aproximadamente, hasta las 20. Según consultó LA NACION, la CTA de Hugo Yasky, uno de los principales organizadores de la medida, espera una participación de 100.000 personas en la plaza. El acto central tendrá lugar a las 17. Habrá tres escenarios: uno central, en donde los referentes de las principales organizaciones, partidos y sindicatos que orquestaron la medida leerán un documento que sintetiza el leitmotiv de la convocatoria: "Contra los tarifazos, los despidos y el ajuste". Los otros dos estarán apostados a los costados y dará lugar a las Madres de Plaza de Mayo, políticos y actores que adhieran a la medida.

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Más allá del operativo que está preparando el Ministerio de Seguridad, y que representará un nuevo desafío para el protocolo antipiquete del Gobierno (ver aparte), los propios organizadores de la marcha aseguraron a LA NACION que no buscan generar disturbios, sino manifestarse pacíficamente. "Tenemos un vallado propio para toda la plaza y unos 1500 compañeros armarán un cordón de seguridad alrededor de los manifestantes para contener cualquier imprevisto", comentó uno de los organizadores. Entre los participantes se encuentran las dos CTA; sectores de la CGT que acaten la medida, como Camioneros; partidos de izquierda; el Frente Para la Victoria y organizaciones sociales como la CTEP, Miles, de Luis D'Elía, y el Movimiento Evita. La medida será acompañada además por un paro de docentes y estatales en varias provincias. Si la convocatoria es exitosa, los organizadores apuestan a reproducirla más adelante nuevamente como una medida de presión hacia el gobierno de Macri.

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A menos de dos semanas de su conformación, la CGT unificada será recibida hoy por un grupo de ministros del Gabinete de Mauricio Macri . El primer paso será intentar avanzar en una agenda temática común e intercambiar preocupaciones y prioridades respecto de la situación del empleo, el rumbo de la economía y el reintegro de los millonarios fondos a las obras sociales sindicales. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, será el anfitrión. Junto a él, estarán sus pares Francisco Cabrera (Producción), Jorge Lemus (Salud) y el coordinador del gabinete económico, Mario Quintana. En el piso 13 de Alem 650 recibirán al flamante triunvirato cegetista, integrado por Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, quienes asistirán con otros miembros del consejo directivo. Si bien la agenda de temas a abordar parece idéntica, no lo son así las prioridades. El Gobierno intentará buscar respaldo sindical para avanzar en el corto plazo en su plan sobre "Primer Empleo", un proyecto de ley destinado a favorecer el acceso al primer empleo entre los jóvenes de 18 a 24 años y que supone exenciones y subsidios para las empresas que den esa primera oportunidad laboral. El acuerdo con la CGT no será sencillo. "Nos vamos a oponer si no contempla que los trabajadores estén incluidos en el convenio colectivo de cada actividad y si significa una reducción de los aportes.No queremos distinciones entre trabajadores caros y baratos", argumentó Daer a LA NACION. Daer ya había dado ayer una pista sobre el tono con el que asistirá la CGT: "Este Gobierno fue contrario a los trabajadores". Hay otros dos temas que Triaca pondrá sobre la mesa con algo menos de urgencia. El primero es dar algunos detalles sobre el proyecto oficial para modificar el impuesto a las ganancias. El Gobierno se comprometió a enviar su iniciativa al Congreso en los próximos días, junto con el presupuesto de 2017. El otro asunto será el rechazo a la reapertura de las paritarias. "No están dadas las condiciones para que eso suceda", dijo Triaca a LA NACION. Fue seco y tajante. Sí, en cambio, el jefe de la cartera laboral habilitaría a los gremios para que desde ahora comiencen a negociar con las cámaras empresariales por un bonus salarial a fin de año. La preocupación sindical está centrada en la caída del empleo. A los sindicalistas, la última estadística oficial los dejó helados: se perdieron 115.281 empleos privados en el primer semestre. Argumentarán que esa baja responde a la "apertura indiscriminada" de las importaciones. Ejemplificarán con casos de diferentes industrias, para escenificar que es una política que golpea por igual a todos los sectores. El segundo tema que más inquieta es la inflación. Si bien el Gobierno afirma que la tendencia está en baja, en la CGT no son muy optimistas en el largo plazo. Será clave en este punto el inminente desenlance de dosparitarias semestrales: las de Comercio y Uocra. La CGT también planteará su preocupación por otro proyecto que la Casa Rosada tiene en carpeta: la ley de ART, una reforma del régimen de las aseguradoras de riesgos de trabajo por el que el Gobierno busca reducir la cantidad de juicios laborales. En este punto las diferencias son política e ideológicas. Vislumbra difícil un acuerdo. Más allá del tono del encuentro de hoy, en la CGT no se hablará de plan de lucha ni de protestas hasta por lo menos el 23 de septiembre. Ese día, la nueva conducción convocará a su primer congreso confederal. Será una suerte de cabildo abierto en el que los representantes de los 124

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gremios que integran la central obrera debatirán sobre el rumbo político y económico, y evaluarán el resultado de lo que fueron las reuniones con los funcionarios macristas. Después de años de atomización sindical, el Gobierno se encuentra con un único interlocutor cegetista, algo que no sucedía desde 2008. Además, el hecho de recibir al flamante triunvirato será un mensaje para echar por tierra la impugnación de la elección que había presentado el ruralista Gerónimo Venegas.

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Juan José Gomez Centurión tiene quien lo defienda. La diputada Elisa Carrió, alida del Gobierno, presentó -a traves de una abogada- un escrito en los tribunales, en el que señala que las denuncias contra el suspendidio titular de la Aduana son una venganza por sus denuncias en las que había involucrado a ex agentes de inteligencia, como Antonio Stiuso, y mencionó de soslayo al presidente de Boca, Daniel Angelici, y a Hugo Moyano. Carrió hizo blanco en sus enemigos de siempre, esta vez para sostener que no hay evidencias contra Gomez Centurión, de quien dijo que es víctima de una "operación de inteligencia" de "mafias enquistadas" en ese organismo y relacionadas con "contrabando, tráfico de efedrina, financiación ilegal de la política y negociados vinculados con el mundo del fútbol". El escrito firmado por Carrió fue presentado en los tribunales por la legisladora Paula Olivetto, ante los fiscales Guillermo Marijuan, quien investiga a Gómez Centurión por una denuncia de Patricia Bullrich, y Franco Piccardi, quien impulsó una denuncia también contra Gómez Centurión, presentada el mismo día que la otra, por el abogado Maxiliano Rusconi, que defiende a aduaneros investigados por delitos. La legisladora de Cambiemos dijo que la terminal de cargas donde tiene intereses un ex jugador de Boca es investigada por contrabando y que este jugados apoya la línea de Angelici en el club. Un ex empleado de Ricardo Echegaray, ligado a un depósitio fiscal, es socio de un empresario que, a su vez, es socio de Moyano, dice Carrió. Destacó que Ibar Pérez Corradi declaró ante la Justicia que en depósitos fiscales se ocultan contenedores usados para tarficar efedrina. Nada de eso se encontró. Establecer roles Carrió pidió al fiscal Marijuan establecer "el rol en la Aduana del grupo liderado por Carlos Odemar Barreiro Laborda y sus relaciones por dentro y por fuera" del organismo. Para Gómez Centurión, este empresario era un informante que le daba datos sobre el submundo aduanero, que el ex militar carapintada desconocía. "Es Gómez Centurión el que debe explicar su relación con Barreiro Laborda.No obstante, estamos en presencia de una burda operación de inteligencia, que excede la responsabilidad administrativa de un funcionario con la única finalidad de volver a instalar en la Aduana esa matriz mafiosa, en la que participaban en connivencia empresarios, funcionarios, contrabandistas, miembros de las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia", agregó. Dijo que el ex funcionario buscaba "denunciar a estas mafias". La AFIP ratificó una presentación El titular de la AFIP Alberto Abad, informó que se ratificó la denuncia por irregularidades en importaciones que había realizado Juan José Gómez Centurión. La investigación, que incluye inconsistencias en importaciones por valor de 14.000 millones de dólares, fue realizada 48 horas antes del desplazamiento de Gómez Centurión. Hay 55 casos denunciados.

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El gobierno de Mauricio Macri comenzó en estas horas una dura negociación con la Cámara Nacional Electoral (CNE), que preside Alberto Dalla Vía, sobre la gestión y el control del escrutinio provisorio de las elecciones legislativas de 2017 y por la auditoria y aprobación del futuro sistema de Boleta Única Electrónica (BUE). Este sistema se estrenará el año próximo, aunque no sería en todo el país y aún no se sabe en cuántas provincias. En la nueva ley de reforma política, cuyo proyecto se dictaminará el martes próximo en la Cámara de Diputados, se consignará que la CNE gestionará y controlará el escrutinio provisorio y auditará y homologará el sistema de BUE. El escrutinio provisorio es el que se hace la misma noche de los comicios y se difunde como primer resultado público de las urnas. Sin embargo, ahora la pelea se profundizó por la negociación del presupuesto que los jueces exigen. La Casa Rosada sostiene que la CNE debe calcular el personal y los recursos para auditar y homologar todos los sistemas y, sobre la base de ello, proponer el presupuesto. La CNE está en favor de establecer un porcentaje sobre el gasto total. Según pudo saber LA NACION, los jueces aceptaron ayer que el recuento de votos provisorio se haga con el centro de cómputos que se formaría con el data center de la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales SA (Arsat), que proveerá el Estado, tal como tenía previsto el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien gestiona el sistema de BUE. El data center de Arsat tiene gran capacidad y no significaría una erogación adicional porque es estatal. Por ahora, se sabe que la BUE se podría aplicar en 2017 en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma (CABA), Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Salta, Chaco y en algunos otros distritos, aunque no hay certezas de cuántos. En CABA, Salta y Chaco se usó ya el sistema electrónico en las elecciones de 2015. "Se definirá el martes, cuando el Congreso termine el dictamen del proyecto de ley de reforma política", señalaron a LA NACION fuentes de la Casa Rosada. El costo de la votación Según altos funcionarios, se necesitarían 120.000 computadoras para cubrir todo el país y cada una costaría 500 dólares. En ese caso, la compra del hardware insumiría US$ 60 millones ($ 900 millones). "Pero si sólo se hace en algunas provincias, comenzaremos comprando unas 40.000 o 50.000 máquinas para 2017, lo que costaría entre US$ 20 millones y US$ 25 millones", señaló un funcionario que trabaja en ello. También subrayó que las mismas máquinas tendrán otras aplicaciones para el Estado en tiempos no electorales. Habrá tres grandes licitaciones: una para las computadoras (hardware), otra para el programa informático (software, aunque se evalúa desarrollar un programa en el Estado) y otra para las boletas de papel que llevarán un chip. "Pero el grueso del costo estará en las máquinas", señalan en la Casa Rosada. Habrá, luego, pequeñas licitaciones en montos menores vinculadas a la conectividad, las redes de comunicación, la logística, el mantenimiento y al manejo del data center de Arsat.

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La más fuerte pelea se produjo por la gestión y control del centro de cómputos. ¿Quién hará el escrutinio provisorio, qué dirá la ley, y con qué centro de cómputos? La CNE y la oposición en el Congreso (el PJ, el Bloque Justicialista, el Frente Renovador y la izquierda) exigieron que el escrutinio lo gestione la CNE para sacarlo de la esfera del ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, y la Dirección Nacional Electoral (DINE). El macrismo estuvo de acuerdo y modificó el proyecto. "La gestión del escrutinio es la recepción y difusión de datos", señaló una fuente de la CNE. Como los jueces no tienen centro de cómputos, estarían de acuerdo con usar el data center de Arsat. "Queremos un organismo público estatal", señaló uno de ellos. En medio de esta discusión, el martes último hubo una reunión clave entre Ibarra, Adrián Pérez y Dalla Vía. Y ayer Dalla Vía y Santiago Corcuera, el otro juez de la CNE, estuvieron con el jefe del bloque de la UCR Cambiemos, Mario Negri. Hubo acuerdo en todo. El ministro de Modernización, Ibarra, sostiene que la CNE debería relevar todas las necesidades de la auditoría, del control y de la homologación del proceso (técnicos, perfiles y horas de trabajo). Y sobre ello deberían proponer un presupuesto, que sería asentado en la nueva ley del Congreso. En la CNE señalaron que se discutiría un porcentaje, de entre el 4 y el 6%, sobre el costo total de la operación. También tienen objeciones sobre el sistema de BUE y señalan que en el dictamen no está asentado que los jueces gestionarán el escrutinio ni el presupuesto. En el Gobierno dijeron que los jueces tendrán acceso a todo el sistema y que todos sus requerimientos estarán escritos en la ley.

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Las negociaciones por la reforma electoral quedaron empantanadas ayer en la Cámara de Diputados, después de que Sergio Massa advirtió al oficialismo que no va a apoyar el proyecto si no se aplica la boleta única en todo el país en las elecciones del año que viene, ya sea en su versión electrónica o en papel. La clave del conflicto radica en la provincia de Buenos Aires, dado que, según admiten en el oficialismo, la gobernadora María Eugenia Vidal pretende que se mantenga el actual sistema en los comicios de 2017. Las versiones difieren sobre los motivos: hay pedidos de los intendentes y también especulaciones sobre qué sistema le sería más conveniente a la cada vez más firme precandidatura de Jorge Macri como senador por la provincia. "No nos vamos a mover en este punto. No podemos tener elecciones con sistema electorales diferentes. Tampoco condicionar el modelo a las conveniencias partidarias del oficialismo. Si cambiamos, cambiemos", le transmitió ayer Massa al jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri. El cortocircuito se produce a cinco días de la reunión de comisión en la que el oficialismo pretende emitir dictamen. La advertencia fue al término de una reunión en el despacho del presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, que tuvo como invitados especiales a los integrantes de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera. Del encuentro también participaron Massa; Negri; el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli; el massista Juan Brugge, y Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica. Por gestión de Negri, los jueces acudieron al Congreso para reclamarles a los diputados que la reforma les diera mayores garantías para ejercer el control previsto sobre todo el proceso electoral. Insistieron en que el escrutinio provisorio quedara íntegramente en poder de la justicia electoral y que se les asegure el presupuesto necesario para cumplir de manera adecuada con los controles. En principio, se fueron satisfechos, aunque faltan detalles por definir. En cambio, parece lejana la solución al planteo de Massa. Por lo bajo, los radicales coinciden con el reclamo del Frente Renovador. También la Cámara Electoral es partidaria de implementar la boleta única papel en los distritos donde no se aplique la boleta única electrónica. En la disputa bonaerense de Cambiemos, los radicales desconfían del manejo que pueda hacer el Pro del aparato estatal, si se mantiene el actual sistema de votación. En el bloque de diputados de Pro se mostraron sorprendidos por la objeción de Massa, a la que consideran una forma sutil de mover el arco, justo antes de que se patee el penal. La Casa Rosada ya había aceptado los pedidos para que la aplicación de la boleta electrónica sea gradual, pero el borrador de dictamen prevé que donde no se avance con la reforma se mantenga el sistema actual.

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Gran parte del recorte de gasto público previsto para este año iba a darse a partir de los aumentos de tarifas. Y, pese a haber sido postergados y con topes más bajos a los planteados, el Gobierno asegura que no tomará más deuda para compensarlos. "El plan financiero no se modificará, lo venimos cumpliendo a rajatabla", aseguró a LA NACION el secretario de Finanzas, Luis Caputo, que hoy está cerrando una nueva colocación de Bonar 18. "Además lo de tarifas no es tanto, y están los fondos del blanqueo que van a ayudar", afirmó. Según anticipó Caputo, ya incluso han habido suscripciones del bono a 3 años de plazo, con cupón cero, que ofrece el Gobierno como alternativa para quienes quieran exteriorizar capitales sin tener que pagar la penalidad del 10 por ciento. De acuerdo con la normativa vigente, los que quieran participar del blanqueo tienen hasta el 30 de septiembre para hacerlo mediante la suscripción del bono a 3 años. Luego, para quienes elijan algunas de las otras opciones del menú, el plazo puede extenderse hasta el 31 de marzo del año que viene. Aunque Caputo evitó dar cifras de cuánto se había suscrito ya del bono, se mostró confiado en que existe gran interés del mercado por comprar estos títulos, aun a pesar de que los bancos del exterior, que son quienes gestionan hoy gran parte de los capitales que podrían exteriorizarse, los están desalentando. "Sabemos que hay bancos que hasta ofrecen financiar el pago del impuesto del 10%, porque no quieren perder la administración de los fondos", dijo Caputo. El Secretario de Finanzas, que participó esta mañana del seminario organizado por la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro (Avira), pidió a los ejecutivos de las compañías que le tengan "paciencia" al Gobierno. "Imaginémonos si siguiéramos por dónde veníamos; valoremos a dónde llegamos. Recibimos un país sin reservas, cepo, el problema de los holdouts. Detengámonos un segundo en eso: cuánta gente pensaba que lo íbamos a poder resolver todo esto, y en los primeros meses. Hoy la Argentina se puede financiar a 30 años al 6,5%. Si alguno le hubieran dicho esta frase hace 9 meses lo hubieran declarado insano", subrayó Caputo. "Hay mucho más para hacer, obviamente. Téngan paciencia. Los problemas que enfrentamos son infinitos, y el tiempo es finito. Sabemos perfectamente a dónde queremos llegar. No sólo a nivel Gobierno, sino también en Finanzas, en la Comisión Nacional de Valores y en la Superintendencia de Seguros", sentenció. Caputo confirmó que en los próximos días el Gobierno espera presentar un proyecto para reformar la ley del mercado de capitales y además otro que apunta a modificar la ley de fondos comunes de inversión. Para el Gobierno, dijo, el desarrollo del mercado de capitales doméstico es fundamental para poder crear una fuente de financiamiento en pesos de largo plazo, tal como sucede en Perú, donde se existe la posibilidad de financiarse en moneda local a 30 años de plazo, a una tasa de poco más del 6,6 por ciento. "Queremos que todos tengan acceso a financiamiento barato, por es es indispensable desarrollar el mercado de capitales local. Vamos a poner enorme foco para que esto pase. Es una oportunidad histórica para que logremos. Un mercado de capitales desarrollado también atrae mas inversiones. Es un círculo virtuoso. Y no es un slogan, estamos trabajando desde el día uno para que esto pase", aseguró Caputo. El secretario también dejó entrever que el Gobierno avanzará en incentivos para el desarrollo de la industria del seguro, aunque también aprovechó para pedirles a los ejecutivos cooperación y criticó aquellos que siguen "en la vieja Argentina, tratando de lobbear para que su sectorcito tenga un beneficio adicional"."El canal (de diálogo) está abierto, estamos encantados de juntarnos cuantas veces sea necesario. Pero tiene que ser con responsabilidad", deslizó.?

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El director de la Anses, Emilio Basavilbaso, firmó ayer convenios con 13 bancos para la implementación del plan "Procrear Solución Casa Propia", en el que se inscribieron 113.838 personas para obtener un crédito hipotecario y comprar una vivienda. Los acuerdos fueron suscriptos por los bancos Provincia, Ciudad, Córdoba, HSBC, Itaú, Macro, Patagonia, Santander, Supervielle, Credicoop, BBVA Francés, Hipotecario y Galicia. "A partir de la firma, quien acceda al programa podrá elegir la entidad bancaria entre todas las que forman parte del convenio", indicó el organismo. Anteayer finalizó el plazo de inscripción al plan para la compra de casas usadas o nuevas, con préstamos ajustables por el índice de inflación, con subsidios de capital de hasta $ 300.000, y que apuntó a las familias que tengan ingresos de entre 15.000 y 30.000 pesos, y se otorgarán préstamos de hasta 1,5 millones. Una vez que la Anses dé a conocer las personas que fueron seleccionadas, éstas tendrán 60 días para hacer el trámite bancario y 6 meses para concretar la operación

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Gran parte del recorte del gasto previsto para este año iba a darse en los subsidios a los servicios, a partir de los aumentos de tarifas. Pese a que estos fueron postergados y con topes más bajos a los planteados, el Gobierno asegura que no tomará más deuda para compensar el bache fiscal. "El plan financiero no se modificará, lo venimos cumpliendo a rajatabla", afirmó a LA NACION el secretario de Finanzas, Luis Caputo, que cerró ayer la colocación de Bonar 18. "Además, lo de tarifas no es tanto, y están los fondos del blanqueo, que van a ayudar", afirmó. Según anticipó Caputo, ya incluso ha habido suscripciones del bono a tres años de plazo, con cupón cero, que ofrece el Gobierno como alternativa para quienes quieran exteriorizar capitales sin tener que pagar la penalidad del 10 por ciento. Aunque Caputo evitó dar cifras de cuánto se había suscripto del bono, se mostró confiado en que existe gran interés del mercado por comprar esos títulos, aun a pesar de que los bancos del exterior, que son quienes gestionan hoy gran parte de los capitales que podrían exteriorizarse, los están desalentando. "Sabemos que hay bancos que hasta ofrecen financiar el pago del impuesto del 10%, porque no quieren perder la administración de los fondos", dijo Caputo. El secretario de Finanzas, que participó ayer del seminario organizado por la Asociación de Aseguradoras de Vida y Retiro (Avira), pidió a los ejecutivos de las compañías que le tengan "paciencia" al Gobierno. "Imaginémonos si siguiéramos por dónde veníamos; valoremos a dónde llegamos. Recibimos un país sin reservas, cepo, el problema de los holdouts. Detengámonos un segundo en eso: cuánta gente pensaba que íbamos a poder resolver todo esto, y en los primeros meses. Hoy la Argentina se puede financiar a 30 años al 6,5%. Si a alguno le hubieran dicho esta frase hace nueve meses lo hubieran declarado insano", subrayó Caputo. "Hay mucho más para hacer, obviamente. Tengan paciencia. Los problemas que enfrentamos son infinitos, y el tiempo es finito. Sabemos perfectamente a dónde queremos llegar. No sólo a nivel gobierno, sino también en Finanzas, en la Comisión Nacional de Valores y en la Superintendencia de Seguros", sentenció.

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La Bolsa porteña comenzó el nuevo mes en alza, sostenida por el impulso que mostraron las acciones eléctricas, ya que se considera que el Gobierno debe definir en breve una nueva ruta para la actualización de las tarifas con que se manejará el sector y se confía en que, esta vez, será "viable". La relocalización de inversiones hacia ese sector bastó para definir la rueda y se definió nuevamente desde el exterior, ya que las mejoras fueron resultado de la adecuación a los valores a los que se operaban sus respectivos ADR en Wall Street, donde cerraron con alzas de hasta 3,35%, como en el caso de Pampa Energía. Aun así, los resultados que reportó el panel líder de acciones fueron mixtos: Edenor, Pampa, Transener (también Central Costanera, aunque no forma parte del él), cerraron con mejoras, en una jornada en que un nuevo reacomodamiento a la baja del crudo condicionó el desempeño de las acciones ligadas a esa actividad (cedió 1,2% Tenaris y cerró neutra YPF, por caso). Los que volvieron a cerrar en baja fueron los bonos de la deuda en dólares, al confirmarse las señales de debilidad que vuelve a emitir el billete en la plaza local, donde se vio presionado por el ingreso de fondos del exterior para apostar a la renta local en pesos, dado que ayer el Gobierno emitió un bono a un año y medio y logró captar los recursos a una tasa del 22,75% anual, que se ubica entre 7 y 11 puntos inferiores a las validadas hace sólo 4 meses o hace un año. A nivel global, las bolsas extendieron en el exterior su cautela a la espera de los datos sobre empleo que se conocerán hoy en Estados Unidos. No es para menos: se cree que ellos definirán los plazos con que se manejará la Fed para subir la tasa.

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A todos les quedó claro que el objetivo fue doble: despegarse a la vez del kirchnerismo y del Gobierno y exponer su poder territorial como principal músculo de la reconstrucción del PJ para impulsar la vuelta al poder. Los peronistas que miran el intento de reordenar el peronismo desde afuera (y no tanto) hicieron lecturas dispares sobre la foto que anteayer generaron los gobernadores e intendentes que pretenden liderar la mentada "renovación" del peronismo. Por ahora, cada uno atiende su juego. El kirchnerismo, alineado con los sectores que "resistieron" al gobierno de Mauricio Macri la semana pasada en la Plaza de Mayo, procuran no tirar de la cuerda. Saben que, con Cristina Kirchner acorralada por las causas judiciales y con todo el espacio salpicado por denuncias de corrupción, se estrechó el margen para jugar fuerte en la coyuntura. "Estoy absolutamente convencida de que la unidad [del peronismo] se va a dar por la confluencia en torno a un proyecto nacional y popular", dijo a LA NACION en clásico léxico kirchnerista la diputada Diana Conti. En esa línea, buscó restarle trascendencia (rupturista, al menos) al encuentro de anteayer en la Casa de Chaco. "Es un momento para cuidarnos. No hay que herirse", deslizó, conciliadora. Cerró con una sentencia que no contempla la orfandad de conducción que hoy aqueja al PJ. "Cuando hay unidad de conducción, aparece la unidad de acción", aseguró. Eso sí, evitó opinar sobre una eventual candidatura legislativa de Cristina Kirchner, que sería un cimbronazo para el tablero que hasta hoy imaginan los "renovadores". "Cristina seguirá siendo militante y con eso nos basta", esquivó. En las filas de Sergio Massa las miradas sobre cómo debería ser el vínculo del tigrense con el peronismo siguen siendo por lo menos dos. En el Frente Renovador conviven quienes creen que, al menos por ahora, Massa debe seguir cultivando su perfil "no peronista" con movidas como el acercamiento a Margarita Stolbizer. En este grupo está Graciela Camaño y otros defensores de la mentada "ancha avenida del medio": inclusión amplia, pero lejos (o al menos no muy visiblemente cerca) del peronismo. Pero hay otra facción que imagina a Massa como candidato del peronismo en 2019. Convencidos de que ese es el mejor camino para el jefe del FR, ven con buenos ojos que el PJ esté rearmándose sin incluir al kirchnerismo en sus planes. Advierten que con un peronismo fracturado el escenario electoral del año que viene podría quedar dividido en cuatro (PJ tradicional, massismo, kirchnerismo y Cambiemos), y que esa fragmentación favorecería al Gobierno. La incipiente alianza con Stolbizer podría volverse un obstáculo para tender puentes con el PJ, admiten en este otro sector en el que se cuenta Felipe Solá, entre otros. Como era de esperar, tanto José Luis Gioja como Daniel Scioli, que son las máximas autoridades del PJ y no fueron invitados al mitín del miércoles, minimizaron su ausencia obligada. "Me parece perfecto [que se reúnan]. Mientras más ancha sea la avenida, mejor", planteó Gioja a LA NACION en sintonía con la figura que Massa acuñó en la campaña del año pasado. "Lo peor que nos puede pasar es la paz de los cementerios. No me molesta que no me inviten. Además, el ocio es el que genera los quilombos", añadió. En sintonía con el sanjuanino, Scioli celebró el "estado de ebullición y movilización" del PJ y le restó importancia a que los gobernadores e intendentes -muchos de ellos son sus pares en la mesa nacional del partido-, lo hayan dejado afuera de la cita y de la foto. "La nuestra es una conducción colectiva. Con Gioja alentamos que se multipliquen estos movimientos. Además, hablo permanentemente con todos los que estaban ayer [por anteayer]", afirmó el bonaerense a LA NACION.

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La recaudación impositiva registró en agosto un crecimiento de 25,1% respecto de igual mes de 2015, al sumar ingresos por 165.763 millones de pesos, informó esta tarde el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Alberto Abad. Al igual que los meses anteriores, la suba de la recaudación se ubicó por debajo de la inflación proyectada en igual período, calculada en torno al 45% interanual. Abad, durante un contacto con la prensa, dijo que "la recaudación respondió razonablemente" en agosto y que la suba no fue mayor debido a que a diferencia de igual mes del año pasado, este período refleja la baja por derechos de exportación -por la quita de retenciones a las ventas de granos- y porque ya no corre la percepción a cuenta de Ganancias por compra de moneda extranjera. Entre enero y agosto, la recaudación fiscal marcó un acumulado de 1.273 millones de pesos, con una mejora de 27,7% respecto de igual período de 2015. En agosto, la recaudación del IVA consumo registró una suba inferior al promedio, al crecer 22,3%, mientras que el IVA aduanero avanzó 9,3%. Ambos tributos totalizaron 50.846 millones de pesos. En concepto de Impuestos a las Ganancias los ingresos sumaron 34.679 millones de pesos, con una mejora de 7,3% respecto de doce meses atrás. En tanto, por Derechos de Exportación o retenciones la recaudación retrocedió 32,4% interanual, con un monto de 4.454 millones de pesos.

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y varios bancos privados, comenzaron ya a ponerse en contacto directo con los potenciales "interesados" en sumarse al blanqueo de capitales que impulsa el Gobierno. Por ahora, tal como adelantó este diario, la prioridad es "convencer" a los pequeños y medianos tenedores de dólares colchón (hasta 305.000 pesos) para que se sumen al régimen. El tiempo apremia. El llamado vence el 31 de octubre y hasta esa fecha no deberán pagar multas. Lo que busca el Gobierno es que ese dinero refuerce el sistema financiero, acelere las primeras operaciones del blanqueo; para luego concentrarse en lo más importante: los grandes contribuyentes que tienen sus dólares fuera del sistema financiero argentino, en mercados del exterior; y que en teoría deberían blanquear no sólo sus depósitos o inversiones no declaradas sino además sus bienes inmuebles. Es la mayor esperanza del oficialismo para lograr la meta de hasta u$s40.000 millones blanqueados (o hasta u$s60.000 millones, según las visiones más optimistas). Para el primer grupo, los tenedores de hasta aproximadamente 20.000 dólares, la AFIP ya diseñó un mensaje particular que será enviado directamente a los domicilios fiscales y que desliza que la situación declarada de la personas podría no ser del todo sólida y que para el organismo que maneja Alberto Abad habría, eventualmente, bienes que declarar. La carta, a la que accedió este diario, comienza asegurando que "desde el lunes 8 de agosto, hemos puesto a tu disposición el Servicio Web denominado -Nuestra parte- relacionado con el Sinceramiento Fiscal" e invita a los contribuyentes a consultarlo. Luego recomienda que "queremos ayudarte a decidir qué parte del Sinceramiento es para vos: la exteriorización, en caso de que tengas bienes no declarados, la regularización, en caso de que tengas deudas, o el beneficio, en caso de que hayas cumplido con todas tus obligaciones tributarias. Para ello, vamos a comentarte algunas consideraciones sobre la información que te mostramos en el Servicio "Nuestra Parte - Sinceramiento Fiscal", para evitar confusiones". Menciona que todos los datos que maneja la AFIP "son aportados por terceros, tales como el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, escribanos, entidades financieras, entre otros"; y que hay "activos no declarados" que "no aparecen en tu Declaración Jurada" Habla también de los "autos" que están a nombre del contribuyente y no estarían declarados, los plazos fijos, y otras tenencias financieras. Aclara la AFIP que su intención no es perseguir "ni generarte la obligación de hacer trámites ante las agencias o distritos de la AFIP", sino que "dispongas de todos los elementos para que tomes la decisión adecuada frente al Sinceramiento". El mensaje que para la AFIP quiere quedar en claro, es que para el organismo existen elementos concretos para sospechar que esas personas tienen bienes por declarar. Y que, en consecuencia, cuando venza el llamado a fines de marzo del año próximo, serían los primeros en ir a visitar por los agentes impositivos. No sólo la AFIP es la que se está moviendo para tomar contacto con los potenciales "interesados". Muchos bancos privados ya instrumentaron comunicaciones directas con alguno de sus clientes, o levantaron links en sus páginas de home banking para explicar las opciones de blanqueo con las que pueden operar desde la entidad financiera. Las entidades explican "cómo abrir una cuenta especial", cómo iniciar el trámite ante la AFIP, que se puede sincerar (efectivo -pesos o moneda extranjera-; inmuebles, muebles -acciones, títulos y similares-. Además de los bienes declarados por el cónyuge, parientes (ascendientes o descendientes en primer o segundo grado, y terceros). En el caso de que estén en el exterior, no se aceptan cuando el país se considere de Alto Riesgo o No Cooperante. Esto es, los estados que no estén habilitados por laGAFFI (Afganistán, Bosnia Herzegovina, Corea del Norte, Irak, Irán, Guyana, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen). Los bancos recomiendan también las diferentes inversiones posibles ( hasta el 30/09/2016 Bono a 3 años, cupón 0%, intransferible y no negociable -Bonar 0% 2019-; hasta el 31/12/2016 Bono a 7 años, cupón 1%, intransferible y no negociable por los primeros 4 años -Bonar 1% 2013-; Adquisición o Suscripción de Fondos Comunes de Inversión por un plazo mínimo 5 años, abiertos o cerrados con el objeto de inversión en instrumentos destinados a proyectos de infraestructura, inversión productiva, inmobiliarios, energías renovables, Pymes, préstamos hipotecarios UVI, economías regionales y demás objetos vinculados con la economía real).

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El dossier de la familia Macri en el escándalo Panamá Papers sumó esta semana nuevas denuncias que podrían complicar más a la famila del Presidente. El senador nacional Fernando "Pino" Solanas y el historiador e investigador de la deuda externa, Alejandro Olmos, aportaron a la Justicia información clave sobre el "modus operandi" del clan Macri durante la época de la estatización de los créditos del sector privado tomados en el exterior, que se vincula directamente a la denuncia con sociedades offshore destapadas con los Panamá Papers. Solanas y Olmos se presentaron este miércoles ante el fiscal federal Federico Delgado en condición de "amicus curiae" del expediente que lleva adelante Sebastián Casanello. El juez busca dilucidar si los Macri incurrieron en el pasado en maniobras de lavado de dinero, delitos tributarios o para ocultar bienes. Los nuevos datos echan luz sobre lo que Olmos describe como un "procedimiento habitual" de Franco y Mauricio Macri en el mundo de los negocios en los años ochenta y noventa. Por una parte refieren a la empresa Isin S.A., la protagonista de un "enmarañado entramado societario estructurado para beneficiarse con los seguros de cambio", y por otro, a Grumafra Inversosa S.A., que tuvo nexos directos con la offshore Fleg Trading Ltd, con sede en Bahamas. "A los efectos de poner en marcha los mecanismos habituales, que tienen muchos grandes empresarios para apropiarse de fondos públicos, es necesario que puedan contar con una arquitectura societaria que les permita eludir cualquier posible investigación. De allí que se constituyan empresas fantasmas, sociedades off shore, y otras de actuación pública conocida, como una forma de evitar que lleguen al conocimiento público desde operaciones irregulares, hasta la comisión de delitos en perjuicio del Estado", sostuvieron Solanas y Olmos en la presentación judicial a la que tuvo acceso ámbito.com. La historia de Isin S.A. fue descubierta y revelada por un grupo de auditores de Banco Central, que en 1983, por orden del expresidente Raúl Alfonsín, se abocaron a indagar en los orígenes de la gigantesca deuda externa heredada de la dictadura. El líder radical creía que el Estado no debió hacerse cargo de las acreencias en el exterior de las empresas argentinas. Sospechaba falta de legitimidad en las maniobras. Los seguros de cambio eran acuerdos con el Central por el cual a los Macri y otros empresarios se les garantizaban pagar en pesos sus créditos internacionales tomados en dólares, evitando pérdidas por posibles devaluaciones. En pocos años, por esta práctica se transfirieron al Estado acreencias por más de u$s 23.000 millones. Según la información de los peritos del Central, una de las primeras actividades de Isin S.A. a pocas semanas de su constitución fue recibir un préstamo de Impresit Sideco, una empresa del Grupo Macri. Ese dinero de Isin S.A., del que no trascendió el monto, se utilizó para realizar una autocompra de acciones de Impresit Sideco. "Resulta una operatoria inusual y fuera de las prácticas habituales del mercado", alertó Olmos. Esa experiencia serviría para elevar la cotización de las acciones, en una eventual salida a la Bolsa, que en el universo Macri luego se convirtió en habito. En marzo de 1982 la operación se reiteró, pero con fondos obtenidos en Europa. "Un préstamo del Banco del Gotardo (Lugano- Suiza) por u$s 15.300.000 fue utilizado en comprar nuevas acciones de Impresit Sideco, resultando extraño que una empresa sin capital, ni avales ni garantía alguna y recientemente constituida recibiera semejante crédito", detalló Olmos. Y como era de esperar, para garantizar el pago del préstamo en pesos se firmó un pacto de seguro de cambio con el Central por el total de la suma adeudada.

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Sin embargo, esas acciones supervaluadas y compradas con el crédito del banco suizo fueron transferidas completamente a Franco Macri el 31 de diciembre de 1982. En total, embolsó u$s 15.750.000. "Es decir, a través de Isin S.A. Macri (padre) vendía por un lado y compraba por el otro las mismas acciones, sin otra actividad que el negocio accionario", afirmó Olmos. El perjuicio hasta aquí fue para el Estado nacional por las pérdidas ejecutadas con los seguros de cambio tras las devaluaciones postdictadura y para los otros inversionistas de las empresas del Grupo Macri, a quienes les modifican el precio de las acciones a piacere con las autocompras. La fuga de capitales y presunta evasión o elusión de impuestos llega de la mano de las offshore. En septiembre de 1982 el Banco del Gotardo transfirió la deuda de Isin S.A. a Compañía Americana de Obras Civiles S.A.(CADOCSA), una firma con sede en Panamá, que forma parte del Grupo Impresit Internacional BV. En paralelo, Isin S.A. cedió a la empresa Fiat Concord (de los Macri) el crédito a su favor que tenía con Franco Macri por la anterior venta de las acciones de Impresit Sideco, pero al mismo tiempo Fiat se hizo cargo de la deuda que Isin S.A. tenía con CADOCSA por los u$s 15.300.000 suizos iniciales. De esta manera, Fiat tuvo que afrontar el "activo inexistente de la empresa fantasma (Isin S.A.), que fue creada deliberadamente para beneficiarse del seguro de cambio que había contratado, cuando tomó el préstamo del Banco del Gotardo", alertó el historiador. Las pruebas documentales que comprueban la maniobra fueron recolectadas por los auditores del Banco Central, a pedido de Alfonsín, y ya están en poder de la Justicia. Los auditores encontraron que: - CADOCSA, a través del Grupo Impresit Internacional BV, ofreció a la compañía Fiat Bonos externos un préstamo, sin cobrar intereses, en dos operaciones, por u$s 6.339.101. - CADOCSA y otra empresa del grupo Fiat, Marketing and Management Services Corp (MMS), compartían el mismo domicilio offshore: Apartado 850, Panamá 1, República de Panamá. Ese dato surge de una presentación de Fiat Diesel ante el Central. - Fiat Concord tenía el 99% de las acciones de Fiat Diesel. - Existen vínculos documentales probados entre Isin S.A., Fiat Diesel y Fiat Concord. - Dos directores de Fiat, Pablo María Sabatini y Ángela Machi de Afeltra, también eran directores de Isin S.A., donde también figuraba Cristiano Ratazzi. - El síndico de Isin S.A. , Alfredo Lisdero, era síndico de Fiat y de otras empresas del Grupo Macri. El caso Gramufra y el nexo Fleg Trading Gramufra Inversora S.A. fue creada por los Macri el 3 de julio de 1985. Ese mismo día constituyeron Mainfra inversora S.A.. Los directorios eran iguales: Franco, Mauricio, Gianfranco, Mariano y Sandra Macri. También aparecían Adolfo Lazara, José Haiek, Justo Solsona, Jorge Blanco Villegas y el síndico Lisdero. En la IGJ Grumafra fue anotada con el número 7.033, en el libro 100 de Sociedades Anónimas, Tomo "A". Dos días después los Macri anotaron Socma Americana S.A., que recibió el número 7.034. Una década más tarde, el 9 de octubre de 1995, Grumafra y Socma Americana crearon la empresa brasileña Owners do Brasil, con sede en San Pablo. El 99% de la participación accionaria la integró Grumafra, mientras que Socma Americana se quedó con 1% restante. El capital inicial fue de apenas $ 1.000 reales. Pero tiempo después, Socma Americana elevó el capital de Owen hasta 11.360.000 reales a través de la firma Sielin do Brasil S.A.. En mayo de 1996 Grumafra cambia de nombre y pasa a denominarse Socma S.A y le otorga un poder especial a Norberto Jannuzzi Raffo, quien a la vez es el apoderado de la sociedad offshore Fleg Trading Ltd., que salió a la luz con el escándalo de los Panamá Papers. Los "amicus curiae" recuerdan en su escrito que Fleg Trading Ltd. fue la que compró acciones de Owners do Brasil por u$s 9.340.000. "Esto hace suponer que su capacidad económica y sus actividades venían desarrollándose exitosamente al tener el dinero suficiente para tal compra accionaria. Esto vuelve a desmentir la supuesta inacción de Fleg Trading, tal como sostuviera el Presidente", expresaron Solanas y Olmos.

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Sin aportar hipótesis sobre los posibles delitos aquí cometidos, el senador y su estrecho colaborador no encuentran explicaciones lógicas a estos movimientos de fondos. "No existe ninguna explicación verosímil sobre el hecho de que una sociedad, que no tuvo actividad como Fleg Trading, y con un capital exiguo, haya podido contar con más de u$s 9.000.000, para hacer una triangulación de compra de acciones entre los mismos participantes societarios", sostuvieron. Y recomiendan seguir "investigando a los fines de desentrañar el objeto de tales negocios, y ver qué existe atrás de tales combinaciones que el Presidente Macri no ha declarado, como tampoco la existencia de un importante capital en la empresa que le permitió efectuar una compra accionaria". A pesar de las advertencias planteadas por los investigadores del Central, sus conclusiones no fueron tenidas en cuenta. En 1986 el exgerente de Investigaciones Económicas de la entidad, Carlos Melconian, firmó el informe 480/161 donde pedía anular la investigación con seguros de cambio. "Con otra resolución desarticulan el cuerpo de investigadores, dejan sin efecto la investigación y mandan a los peritos a diversos rincones del Banco par que no sigan con esto", dijo Olmos a ámbito.com. Con la decisión del actual titular del Banco Nación se sepultó definitivamente la investigación. "Esta investigación se perdió, pero yo tuve acceso a uno de los peritos, quien me confesó que tenía duplicados de los informes, los llevé a los tribunales, al juzgado federal número 2. Dos peritos declararon, dijeron lo que sabían, pero la causa la mandaron al archivo ¿por qué? Porque toca a muchos de los grandes empresarios. La semana que viene voy a intentar reactivarla", alertó Olmos al abrir esta nueva puerta del capítulo Macri en el escándalo de los Panama Papers.

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Los sindicatos le sumarán una preocupación más al Gobierno con la renegociación de las paritarias cortas, que apuntarán a superar el 40% de aumento por todo el año. Por arriba de ese límite irá el gremio más numeroso del país, el de Comercio, así como el de los albañiles (Uocra) y otros que optaron por una discusión semestral en la primera etapa del año. Esas discusiones agregarán otro factor de inquietud al Gobierno al de las organizaciones que amenazan con reabrir sus discusiones frente al desfase entre los sueldos y la inflación acumulada. El jefe del sindicato mercantil, Armando Cavalieri, anunció ayer que pedirá un 25% de aumento salarial para el período de octubre a marzo de 2017, como complemento del 20% acordado en el semestre anterior con las cámaras del sector. Se trata de la mayor paritaria del país con un universo cercano al millón de empleados. También la Unión Obrera de la Construcción irá por una suba semestral similar, tras haber obtenido en la primera parte del año un 22% de incremento para unos 380 mil afiliados, le adelantó a este diario Gerardo Martínez. En el Ejecutivo advirtieron que operarán por bajar las expectativas en esas negociaciones. La preocupación central en el Gabinete económico es que un eventual cierre de paritarias por arriba del 40% podría incitar a otros sindicatos a reabrir sus pactos anuales, que cerraron en casi todos los casos en valores de entre el 31 y el 38 por ciento. Es, en el sector laboral, el escenario más temido por la administración de Mauricio Macri: parte del enfriamiento de la economía y de la eventual reducción del ritmo inflacionario se basa, para los funcionarios, en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios frente a los precios y en la mejora de la competitividad relativa de las empresas. Una potencial renegociación del grueso de las paritarias pondría en riesgo ese escenario. "Queremos recuperar la inflación anual", dijo ayer Cavalieri a la agencia Télam, al participar de la conmemoración del Día de la Industria en la Confederación de la Mediana Empresa (CAME). El pedido será elevado a esa entidad patronal y a la Cámara de Comercio (CAC), las que llevan el mayor peso del sector empleador en la paritaria. El Gobierno deseaba que en la negociación mercantil, la mayor de la actividad privada, el pedido gremial estuviera más cerca del 10% que del 20% para el segundo semestre. Los funcionarios del Ministerio de Trabajo consultados admitieron cierta preocupación por las declaraciones de Cavalieri. Y afirmaron que intentarán convencerlo de reducir esa expectativa con el argumento de que la inflación entró en un sendero de desaceleración. De todos modos, Gerardo Martínez afirmó que seguirá los pasos de su colega mercantil. "Vamos a pedir lo mismo (25% para el segundo semestre de acuerdo salarial) como aumento, al menos como un principio de negociación", explicó el dirigente a este diario. La Uocra había pactado para el semestre abril-septiembre un 22% de suba que llevó el salario inicial arriba de los 10 mil pesos. De conseguir lo reclamado, el gremio obtendría un aumento nominal anual de 47%, aunque una medición más precisa dependerá de si la segunda etapa será o no acumulativa respecto de la primera. Entre los gremios que pactaron por un semestre también se encuentra la Federación Gráfica Bonaerense (FGB), que obtuvo entonces un 25% de aumento más una suma fija de 2.000 pesos. Héctor Amichetti, jefe del sindicato, adelantó que estudia reclamar un porcentaje similar por entender que "la inflación de este año va a cerrar más cerca del 50 que del 40 por ciento".

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En una virulenta medida que volverá a dejar a cerca de 9 millones de alumnos como virtuales rehenes, los gremios docentes con representación federal dispararán hoy otro paro nacional de 24 horas en escuelas públicas y privadas, en reclamo al Gobierno de Mauricio Macri de la reapertura de la negociación en pos de una nueva suba del salario mínimo del sector a nivel país. Se trata de la segunda semana consecutiva de medidas de fuerza tras la huelga del miércoles 24, que golpeó a la educación pública y profundizó la brecha con la privada. Desde los sindicatos alertan que la de hoy tendrá una mayor contundencia. El paro -el tercero en la era de Macri presidente- será llevado adelante por la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA), la Unión Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de la Educación Argentina (CEA) y Docentes Argentinos Confederados (DAC), mientras que esta vez será de la partida además el Sindicato de Docentes Privados (SADOP), que no había parado el 24. La protesta se hilvana con la llegada hoy a Plaza de Mayo de la Marcha Federal, motorizada por la Central de Trabajadores de la Argentina y la CTA Autónoma -lideradas por Hugo Yasky y Pablo Micheli- y que arrancó el pasado miércoles (ver aparte). Esta semana, Macri salió a cuestionar la conflictividad del sector docente. "Nos cuesta entender cuando los gremios prefieren caer en paros que lo único que hacen es afectar más ese compromiso de generarles herramientas a nuestros chicos para que realmente tengan acceso a un mejor futuro", aseguró, en La Matanza. Los sindicatos nacionales exigen al ministro de Educación, Esteban Bullrich, reabrir la discusión para definir una nueva suba del piso salarial de los maestros, que desde julio es de 8.500 pesos. Sin embargo, Bullrich insistió en las últimas horas en que no habrá una nueva negociación y argumentó que el incremento sellado a principios de año -del 40,3% en ese mínimo- no se vio opacado aún por la marcha de la inflación. El ministro -quien hoy encabezará un acto en Jujuy junto a la vicepresidente Gabriela Michetti y el gobernador radical Gerardo Morales- también resaltó que se activará este mes la cláusula que ordena que ese piso debe estar 20% por encima del salario mínimo, vital y móvil. Por eso el mínimo se elevará -dijo- a $9.072 este mes y a $9.672 desde enero, con "una suba del 50%". El paro busca, además, apuntalar los reclamos de los docentes locales a los gobernadores, también con la exigencia de reactivar las negociaciones. Por caso, en tierra bonaerense, se plegarán Suteba, Feb, Sadop, Uda y Udocba, luego del rechazo del Gobierno de la macrista María Eugenia Vidal a reabrir el round salarial tras la suba en cuotas del 34,6% acordada a fin de febrero. Con la Marcha Federal como telón de fondo, ayer la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, salió al cruce de las críticas de Macri. "No es la primera vez que el Presidente fustiga a los trabajadores y ensalza a los empresarios", dijo, además de advertir que la Casa Rosada tiene "entre sus planes impulsar una reforma laboral con un contenido flexibilizador para los trabajadores". Por su parte, el titular de Suteba, Roberto Baradel, anticipó "una fuerte movilización, con miles y miles de trabajadores, que va a dar que hablar" y aclaró: "No somos desestabilizadores; somos trabajadores y defendemos nuestros derechos", sostuvo. Asimismo, el secretario general de UDA, Sergio Romero, remarcó que esperan "otra medida de alto acatamiento porque hay un gran descontento entre los docentes, que han visto un fuerte deterioro de su poder adquisitivo en estos últimos meses y la plata ya no les alcanza para gastos elementales".

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La Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto que propicia un sistema de fomento para la adquisición de viviendas, con el cual se busca incorporar otro mecanismo de otorgamientos de créditos más accesibles y con menores requisitos de los que actualmente ofrece el mercado bancario. La iniciativa fue aprobada por 123 parlamentarios que fueron aportados por Cambiemos, Frente Renovador y el bloque Justicialista, mientras que fue rechazada por 38 diputados del Frente para la Victoria y del Frente de Izquierda y los Trabajadores, aunque con diferentes fundamentos. El proyecto establece la creación de un instrumento de ahorro, préstamo e inversión denominado "Unidades de Vivienda" (UVI) para "captar el ahorro de personas humanas y jurídicas y destinarlo a la financiación de largo plazo de la adquisición o construcción de viviendas". De acuerdo a esta propuesta el valor de una UVI es cercano a diez pesos y mil UVI representa el valor del metro cuadrado de vivienda, aunque el valor definitivo según el proyecto será establecido por el Banco Central. Los instrumentos denominados en UVIs serán cuentas de ahorro, que permitirán la disponibilidad de sus fondos con una periodicidad mínima de 180 días desde la fecha de su depósito; depósitos a plazo fijo, por plazos no inferiores a 180 días, préstamos hipotecarios, títulos valores, con o sin oferta pública, por plazos no inferiores a dos años. Para atesorar una unidad de medida que mantenga su valor a lo largo del tiempo, la UVI se actualizará constantemente por la variación del costo de la construcción. Si hoy se adquieren diez metros cuadrados, en cinco, diez, veinte años, por ejemplo, se sigue teniendo diez metros cuadrados.

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La gran marcha de Caracas convocada por la oposición para exigir la fecha del referéndum revocatorio del presidente Nicolás Maduro fue histórica y multitudinaria y marcó un fuerte contraste con la movilización convocada por el chavismo. Si la idea fue medir fuerzas, la alianza opositora logró con creces superar el volumen de manifestantes, de una proporción de 100 a 1, que presentó la movilización del chavismo. Las avenidas Francisco de Miranda, Río de Janeiro y Libertador llenaron sus 18,7 kilómetros de manifestantes. Eran tres ríos de gente vestida de blanco. Más de un millón de personas, según la encuestadora Datincorp. “Acudió más de un millón”, aseguró el gobernador de Miranda y líder opositor, Henrique Capriles. Todo fue tranquilo y sin disturbios, apenas con unos incidentes menores. Agentes de la Policía y la Guardia Nacional lanzaron gases lacrimógenos contra un grupo de manifestantes que les tiraron piedras. “¡Atentos! Denunciamos la presencia de infiltrados (...) pidiendo la toma de la autopista en Las Mercedes”, denunció la alianza MUD en Twitter, que había celebrado que la marcha transcurriera de forma pacífica. Rosana González, una anciana de 84 años, veía desfilar a los manifestantes. A su lado mecía un cochecito con su última nieta, en la acera de la Torre Cristal de la avenida Francisco de Miranda. Con su bastón al aire les recordaba a los jóvenes que se portaran bien y que regresaran a sus casas al terminar la manifestación, satisfecha de que todo transcurriera en santa paz. Mientras en el otro lado de céntrica Bolívar, la tradicional avenida que utilizaba el fallecido ex presidente Hugo Chávez para sus mitines, Maduro se tuvo que conformar con una desnutrida manifestación de camisas rojas, según las imágenes de planos cerrados y cortos. Dijo que a él no lo revoca nadie y se mantendrá en el poder por muchos años más. En la céntrica Plaza Venezuela ordenó acantonar las

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tropas y tanquetas para que le sirvieran de protección Maduro estimó que la oposición reunió entre 25.000 y 30.000 personas, a las que envió un saludo “revolucionario, bolivariano y chavista”. A las 14 horas, la hora final de la gigantesca concentración opositora en la Libertador, frente al liceo Gustavo Herrera, la plana mayor de la Mesa de la Unidad Democrática leyó el manifiesto de “La toma de Caracas” en el que anunciaron los pasos inmediatos de su agenda política. “Hoy 1-S a las 8 de la noche cerramos con un cacerolazo nacional que celebrará el éxito de la Toma de Caracas y marcará el inicio de esta nueva y definitiva etapa de lucha. El próximo miércoles 7 de septiembre iremos a las oficinas del Consejo Nacional Electoral en todo el país a ratificar nuestras exigencias sobre las condiciones y la fecha para la consulta nacional del 20%”, explicó Jesús “Chúo” Torrealba, vocero de la coalición opositora. La MUD reclama al Consejo Nacional Electoral –al que acusa de chavista– que fije la fecha de recolección de cuatro millones de firmas necesarias para convocar el referendo, pues considera que sólo cambiando al gobierno y su modelo socialista se acabará la crisis. Ocho de cada 10 venezolanos quieren un cambio de gobierno, según la firma Datanálisis. Golpeada por la caída de los precios del petróleo, Venezuela sufre una escasez de alimentos y medicinas del 80% y una inflación que el FMI proyecta en 720% para este año. Pese al descontento popular, la oposición no había convocado multitudes desde 2014, según analistas en parte por el miedo a la violencia de aquellas marchas que exigían la salida de Maduro y dejaron 43 muertos. Pero esta vez, la MUD se tomó casi tres semanas para organizar la manifestación, con seguidores de todo el país, aunque por el momento no estiman la concurrencia. “El siguiente miércoles 14 de septiembre se realizará una Jornada Nacional de Movilización de 12 horas de duración en todas las capitales de estado, en respuesta a lo que el CNE ha dicho anunciará el día 13 de septiembre y para llevar el llamado del pueblo venezolano a los gobiernos que ese día estarán reunidos en Venezuela en la Cumbre de los Países No Alineados”. “Al día siguiente del 20% convocaremos la Toma de Venezuela, de 24 horas de duración, exigiendo la realización inmediata del Referendo Revocatorio”. Jesús “Chúo” Torrealba leyó el comunicado a viva voz: “Somos el pueblo soberano, reunido en masiva, pacífica y épica movilización, tanto los que logramos llegar a Caracas como los que fuimos detenidos en ilegales bloqueos de carreteras, y aun los que sólo pudimos protestar desde el frente de nuestras casas y desde las ventanas de nuestros apartamentos”. “Somos la ciudadanía movilizada, somos la Nación puesta en pie para decir ¡Ya basta! ¡Hay que rescatar al país! Rescatarlo de la escasez de alimentos y del exceso de balas, rescatarlo de la falta de medicinas y del exceso de angustia”, dijo. Y agregó que en una Venezuela en la que “sólo abunda la violencia y la muerte es nuestro deber rescatar la convivencia y la esperanza. Estamos exigiendo el revocatorio presidencial”.

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Los acordes del bellísimo himno de Brasil, cantado a capella por los senadores cuando se anunció la victoria del impeachment contra Dilma Rousseff, resonaron por muy poco tiempo. “El día después” llegó puntual y, si no fuera por el viaje que emprendió el presidente Michel Temer a China, donde se encuentra para asistir a la cumbre del G–20, el político sentiría el impacto de las intrigas que ya se cruzan, como balas, entre los distintas facciones del oficialismo. Esto es lo que miran ahora “los mercados”, según afirman analistas políticos y económicos. Se interrogan cuál será la fortaleza real del flamante mandatario, a quien reclaman cumplir los compromisos por los que le dieron su apoyo los grandes grupos económicos. Quieren que Temer demuestre su capacidad para regimentar el Congreso detrás de iniciativas consideradas claves. Hay tres inmediatas: la nueva ley presupuestaria, que debe imponer un ajuste interanual de gastos –exceptuados los servicios de la deuda pública—que serían aumentados apenas por el índice inflacionario. La reforma previsional, que busca aumentar la edad jubilatoria y restringir pensiones por invalidez; y la reforma laboral, son las otras medidas estructurales que deberían ser iniciadas a más tardar a fines de octubre. Fueron esas promesas de Temer, anunciadas mientras ocupaba interinamente el Palacio del Planalto las que entusiasmaron a inversores de adentro y afuera de Brasil. Ocurre que, aun cuando el nuevo presidente no tenga aspiraciones electorales para 2018 –donde eventualmente podría presentarse como candidato a elecciones presidenciales– su preocupación, por cierto, será llegar efectivamente al fin del mandato, es decir, al 31 de diciembre de ese año. Nadie duda, entre políticos, economistas y sociólogos, que Temer debe sufrir una presión gigantesca de los distintos frentes de poder. En el caso de las nuevas leyes previsionales y laborales deberá enfrentar una corriente poderosa: la Fuerza Sindical. Su dirigente, el diputado Paulo Pereira da Silva, un amigo personal de Temer, ya avisó que su respaldo a esas reformas tendrá “un límite” que no podrá ser transpuesto, so pena de quitar el apoyo. Los economistas advierten, también, que la coyuntura internacional influye mucho en el ánimo de los inversores, a quienes el presidente brasileño aguarda como la “salvación” de su mandato de 28 meses. En los dueños del dinero, dicen los técnicos, influye mucho la coyuntura internacional, que viene a sumarse a la doméstica. Ven que el mundo todavía acusa una depreciación del valor de las commodities y que el crecimiento de China no es tan impactante como en décadas pasadas. Si a esto se suma las tasas de interés vigentes en los Estados Unidos –cuando suben, aspiran capitales de todo el mundo–, es fácil entrever que no se está frente a un momento de buen humor de los propietarios internacionales de la plata.

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No es un detalle lo que puede ocurrir en este contexto. Según afirman los especialistas, sin dinero que llegue de afuera para grandes inversiones productivas, continuará la depresión económica y la pérdida de empleos. En esas condiciones, hay que esperar nuevas caídas de la recaudación impositiva –que siempre tiene como lastre el consumo y la producción. El camino que le restará al ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, es aquel que siempre rechazó la Cámara de Diputados: la creación de nuevos impuestos. Algunos observadores sostienen que el “cheque en blanco” concedido a Temer por los mercados tiene vencimiento en noviembre. Si se quiere, es demasiado pronto. A esto se le suman las inmensas dificultades políticas que empiezan a aparecer en el horizonte presidencial. La más nueva, e importante, son las desavenencias creadas entre los dos grandes partidos que constituyen la base oficialista. El PMDB, de Temer, y su aliado íntimo del momento, la socialdemocracia. La pelea estalló públicamente el día del impeachment de Rousseff. Y las razones fueron la decisión de dividir en dos la sentencia, por un acuerdo que habrían alcanzado los del PMDB con los del PT al margen de los tucanos: la preservación de los derechos políticos de la ex jefa de Estado.