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PLAN NACIONAL DE GARANTÍAS ELECTORALES 2019 “POR UNAS ELECCIONES LEGALES, SEGURAS Y TRANSPARENTES” ELECCIONES ORDINARIAS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2019
DE AUTORIDADES Y CORPORACIONES PÚBLICAS TERRITORIALES Y LOCALES DE ELECCIÓN POPULAR (GOBERNADORES, ALCALDES, MIEMBROS DE ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES,
CONCEJOS DISTRITALES, MUNICIPALES Y/O JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES)
En desarrollo de la función encabezada por el Ministerio del Interior de “Coordinar con las
demás autoridades competentes el diseño e implementación de herramientas y
mecanismos eficientes en materia electoral que busquen garantizar el normal desarrollo
de los procesos electorales”1, la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de
los Procesos Electorales creada mediante el Decreto 2821 de 2013, en adelante Comisión
Nacional, presenta el Plan Nacional de Garantías Electorales para los comicios del 27 de
octubre de 2019 para elegir Autoridades y Corporaciones Públicas Territoriales de Elección
Popular: Gobernadores, Alcaldes, Miembros de Asambleas Departamentales, Concejos
Distritales y Municipales y/o Juntas Administradoras Locales. En las elecciones ordinarias
de autoridades y corporaciones públicas territoriales y locales 2019, se elegirán 32
Gobernadores, 418 Diputados, 1.101 Alcaldes, aproximadamente 12.061 Concejales y
4.958 miembros de Juntas Administradoras Locales.
La construcción del Plan Nacional de Garantías Electorales “POR UNAS ELECCIONES
LEGALES, SEGURAS Y TRANSPARENTES” se hizo a partir de reuniones bilaterales
adelantadas entre el Ministerio del Interior y las entidades integrantes e invitadas a la
Comisión Nacional. De igual forma fueron incluidas las propuestas que las entidades
presentaron en desarrollo de las jornadas de trabajo que se realizaron en el marco de las
cinco Subcomisiones electorales establecidas en el Decreto 2821 de 2013. Así mismo, el
Plan recibió los insumos de las Comisiones Departamentales y Distritales, priorizadas, para
la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. En suma, se trata de un Plan
ampliamente reflexionado, concertado y construido democráticamente.
1 Artículo 2, numeral 15 del Decreto 2893 de 2011. “Coordinar con las demás autoridades competentes el diseño e implementación de herramientas y
mecanismos eficientes en materia electoral que busquen garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales”.
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Con el Plan Nacional de Garantías Electorales la institucionalidad del país se compromete
a fomentar y a garantizar la participación electoral de los colombianos, la legalidad y la
transparencia como sustento básico de la construcción del poder político en los
departamentos y municipios, así como la seguridad en el territorio nacional. En ese orden,
la Comisión Nacional hace un llamado para que las autoridades territoriales convoquen a
las Comisiones departamentales y municipales, y pongan en marcha las acciones que les
competan y que se encuentran incluidas en este Plan y en la normatividad electoral vigente.
El Plan Nacional atiende las consideraciones descritas en el Sistema Integral de Seguridad
para el Ejercicio de la Política, estipuladas en el Decreto Ley 895 del 29 de mayo de 2017.
En el marco de este Plan, en materia de riesgos, también se contemplará el relacionado a
la seguridad digital conforme a la Política Nacional de Seguridad Digital (CONPES 3854 de
2016), de manera transversal a cada uno de los objetivos identificados.
Para estos efectos, Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de
Defensa Nacional, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Registraduría Nacional del
Estado Civil, Consejo Nacional Electoral, Procuraduría General de la Nación y Dirección
Nacional de Inteligencia, serán las instituciones responsables de disponer de sus
capacidades especializadas en materia cibernética para trabajar de manera articulada, con
el propósito de prevenir la materialización de posibles riesgos y mitigar sus posibles
impactos.
1. COMISIONES NACIONALES, DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES
PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ELECTORALES
Como complemento a la labor que desarrollan la Registraduría Nacional del Estado Civil y
el Consejo Nacional Electoral, la Comisión Nacional propone implementar, como estrategia
de Estado, las acciones que se encuentran en este Plan, con el fin de garantizar las
condiciones para el desarrollo de un proceso electoral legal, seguro y transparente, en el
que se pueda expresar la voluntad de la ciudadanía al derecho a la participación, y del
derecho a elegir y ser elegido. Las sesiones de la Comisión Nacional, se realizarán
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periódicamente y su convocatoria estará en cabeza de la Ministra del Interior, quien la
presidirá, conforme al artículo 2 del Decreto 2821 de 2013.
Para garantizar la coordinación interinstitucional y la colaboración armónica entre los
distintos niveles territoriales, se activarán las Comisiones para la Coordinación y
Seguimiento de los Procesos Electorales en los ámbitos nacional, departamental, distrital y
municipal, creadas en este Decreto.
El Ministerio del Interior por intermedio de la Comisión Nacional, prestará los apoyos que
requieran las autoridades electorales e impartirá instrucciones a los gobernadores
departamentales y a los alcaldes distritales y municipales, para que colaboren con la
organización electoral en la consecución de sitios de votación que reúnan las condiciones
de amplitud, acceso y seguridad necesarios para el ejercicio del sufragio. De igual manera,
el Ministerio del Interior acompañará a las Comisiones Departamentales para la
Coordinación y el Seguimiento Electoral.
El propósito fundamental de la Comisión Nacional, en el marco del proceso electoral, es
avanzar en el diseño y la definición de una estrategia que tenga en cuenta la problemática
de cada región, con el fin de que se adelanten las acciones preventivas contra los
principales riesgos que podrían presentarse para las elecciones de 2019.
En el orden nacional la Comisión está conformada por:
La Ministra del Interior, quien la presidirá o uno de sus Viceministros
➢ El Ministro de Relaciones Exteriores o uno de sus Viceministros
➢ El Ministro de Hacienda y Crédito Público o uno de sus Viceministros
➢ El Ministro de Defensa Nacional o uno de sus Viceministros
➢ El Ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o uno de sus
Viceministros
➢ El Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República o su delegado
➢ El Comandante General de las Fuerzas Militares o su delegado
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➢ El Director General de la Policía Nacional o su delegado
➢ El Director de la Unidad Nacional de Protección o su delegado
➢ El Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF o su
delegado
➢ El Superintendente Financiero o su delegado
➢ El Director de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y de
Aduanas Nacionales – DIAN o su delegado
➢ El Director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia o su
delegado
➢ El Director de la Autoridad Nacional de Televisión o su delegado.
Actuará como Secretario Técnico de la Comisión, el/la Director/a para la Democracia, la
Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior.
Serán invitados permanentes:
➢ El Fiscal General de la Nación o su delegado
➢ El Presidente del Consejo Superior de la Judicatura o su delegado.
➢ El Procurador General de la Nación o su delegado
➢ El Contralor General de la República o su delegado
➢ El Defensor del Pueblo, o su delegado.
➢ El Presidente del Consejo Nacional Electoral o su delegado
➢ El Registrador Nacional del Estado Civil o su delegado.
En el orden departamental estará integrada así:
➢ El Gobernador del departamento, quien la presidirá
➢ El Comandante de Policía del departamento
➢ El Comandante de las Fuerzas Militares en la respectiva Jurisdicción de
departamento
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El Secretario de Gobierno Departamental, será el Secretario Técnico de la respectiva
Comisión.
Serán invitados permanentes:
El director seccional de Fiscalías
El Director del cuerpo técnico de la Fiscalía seccional de la Nación
El Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial
El Procurador Regional
El Contralor Departamental
El Presidente de la Colegiatura del Contralor General de la República en el
departamento
El Defensor Regional del Pueblo
Los Delegados del Registrador Nacional en el orden Departamental
En el orden distrital estará integrada así:
➢ El Alcalde Distrital, quien la presidirá
➢ El Comandante de Policía de la respectiva jurisdicción o su delegado
➢ El Comandante de las Fuerzas Militares de la respectiva jurisdicción militar o
su delegado.
Serán invitados permanentes:
➢ El Procurador Distrital El Personero Distrital
➢ El Contralor Distrital
➢ El Director Seccional de Fiscalías
➢ El Director del Cuerpo Técnico de Investigación – CTI de la Fiscalía General de
la Nación
➢ El Presidente del Tribunal Superior del Distrito Judicial
➢ El Registrador Distrital
Actuará como Secretario Técnico el Secretario de Gobierno Distrital.
En el orden municipal estará integrada por:
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El Alcalde del municipio, quien la presidirá
El Comandante de Policía del municipio
El funcionario de la Fiscalía General de la Nación de mayor jerarquía en el
respectivo municipio
El Personero Municipal
El Contralor Municipal cuando su asiento principal esté domiciliado en el
respectivo municipio
El Defensor Regional del Pueblo cuando su asiento principal esté domiciliado
en el respectivo municipio
El Registrador Municipal
El Secretario de Gobierno Municipal, será el Secretario Técnico de la respectiva Comisión.
Las Comisiones en sus diferentes niveles invitarán a los voceros de los partidos y
movimientos políticos con personería jurídica vigente, de los movimientos sociales y grupos
significativos de ciudadanos que postulen candidatos, promotores del voto en blanco o a
quienes promuevan algún mecanismo de participación ciudadana según sea el caso, para
que participen en la Comisión y formulen sus inquietudes en relación con el proceso
electoral y así garantizar el normal desarrollo de los comicios.
A su vez, se invitará al Director Ejecutivo de la Federación Colombiana de Departamentos,
a la Federación Colombiana de Municipios y a la Misión de Observación Electoral – MOE,
con el fin de plantear y desarrollar alternativas en materia electoral, sin perjuicio de que
las comisiones atiendan las peticiones y consultas que de acuerdo con la Ley se les
formulen.
Enlaces electorales departamentales
El Ministerio del Interior designará funcionarios del más alto nivel para que ejerzan las
funciones de “Enlaces Electorales”, con el objetivo de acompañar y brindar apoyo a las
autoridades departamentales, cuya misión girará en torno a dos grandes propósitos:
1. Acompañar y participar en la Comisión Departamental para la Coordinación y
Seguimiento a los Procesos Electorales presidido por el señor Gobernador con la
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presencia de las entidades electorales, organismos de control y Fuerza Pública, para
socializar la importancia de ejercer el derecho al voto y el impacto que genera sobre
la sociedad la legitimación del sistema democrático y las instituciones que la
soportan.
2. Realizar pedagogía electoral, con el fin de concientizar a todas las fuerzas vivas de
la región y a la ciudadanía en general, sobre los incentivos electorales contemplados
en las Leyes 403 de 1997 y 815 de 2003, los delitos electorales establecidos en la
Ley 599 de 2000 modificada por la Ley 1864 de 2017, la reforma política Acto
Legislativo 01 de 2009 y la Ley Estatutaria 1475 de 2011, etc. Para tal efecto, los
Enlaces Electorales del Ministerio del Interior, contarán con la capacitación
impartida por el Ministerio del Interior y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
1.1. Subcomisiones de la Comisión Nacional
De conformidad con el artículo 11 del Decreto 2821 de 2013, entre septiembre de 2018 y
octubre de 2019 se reactivarán las cinco (5) Subcomisiones Nacionales. En desarrollo de las
reuniones de cada subcomisión, se hará seguimiento a las acciones establecidas en el Plan
Nacional de Garantías Electorales 2019, se adoptarán las acciones que mitiguen el riesgo
electoral, se identificarán quiénes y de qué manera pueden incidir en el proceso electoral,
mediante un constante intercambio de información entre los delegados de las entidades
integrantes e invitadas.
Las subcomisiones están integradas por los miembros e invitados de la Comisión Nacional
y de ser necesario, se podrán invitar las instituciones que se consideren pertinentes. Entre
las diferentes entidades que asisten a las subcomisiones se acordarán las acciones a
desarrollar por cada una de ellas y la periodicidad de las reuniones conforme el desarrollo
del proceso electoral. En cada reunión de las subcomisiones se hará un seguimiento a los
compromisos establecidos, y se rendirán informes a la Comisión Nacional.
Las cinco (5) subcomisiones son:
1. Subcomisión de Indebida Participación en Política.
2. Subcomisión de Financiación de Campañas.
3. Subcomisión de Riesgos del Proceso Electoral.
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4. Subcomisión de Orden Público.
5. Subcomisión de Protección.
La secretaría técnica de las subcomisiones será ejercida por la Coordinadora del Grupo
Asuntos Electorales de la Dirección para la Democracia la Participación Ciudadana y la
Acción Comunal del Ministerio del Interior.
a. Subcomisión No. 1. Indebida Participación en Política
Está integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la
República, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Secretaría
de Transparencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional,
Comando General, la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el
Ministerio del Interior, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la
Misión de Observación, Voceros de veedurías ciudadanas registrados ante el CNE.
Objetivos de la Subcomisión:
● Sugerir acciones preventivas sobre indebida participación en política por parte de
los servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas transitorias.
● Formular y coordinar acciones dirigidas a prevenir que los recursos públicos sean
utilizados con fines electorales.
● Promover el control social respecto a la indebida participación en política de
servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas transitorias.
Acciones:
o Recomendar a las entidades integrantes de la subcomisión la emisión de
actos administrativos, comunicaciones oficiales y divulgar material
pedagógico como función preventiva.
o Promover una estrategia de comunicación interna en las entidades públicas
exponiendo las limitaciones de los servidores públicos en época electoral.
Debe incluir las circulares de advertencia del Ministerio Público y las
recomendaciones de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la
República y ser difundida a través del canal institucional. Los mensajes
deben contener lenguaje incluyente y accesible.
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o Crear mesa de trabajo interinstitucional de comunicaciones con
representantes de las entidades de la Comisión Nacional para definir la
estrategia, el mensaje y las piezas para la prevención de posibles riesgos. En
sitios de difícil acceso a medios de comunicación comerciales, la estrategia
se apoyará en medios de comunicación públicos, comunitarios y/o
universitarios que permitan cobertura en territorios rurales y/o apartados.
o Facilitar canales de comunicación directa entre la Misión de Observación
Electoral y las entidades públicas responsables de atender y dar trámite a
las quejas ciudadanas.
o Identificar y realizar el seguimiento por parte de los organismos de control
competentes a las entidades y a los programas de los gobiernos (en cada
ámbito) susceptibles de ser aprovechados con fines electorales. En el caso
de la Contraloría General de la República este control será posterior y
selectivo.
o Recomendar la expedición de una circular dirigida a las entidades
territoriales, referente al buen manejo de los programas de gobierno que
corresponden a la entidad territorial, por parte de todas las entidades
públicas de acuerdo a sus competencias misionales.
o Recomendar la expedición y difusión de circulares de la Procuraduría
General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación frente a la
normatividad de indebida participación en política, y socializar el respectivo
instructivo a través de los servidores públicos del orden nacional,
departamental, municipal y local.
o Incluir en las capacitaciones un módulo específico para los jurados de
votación, testigos electorales y los miembros de las comisiones
escrutadoras, por su ejercicio de funciones públicas transitorias.
o Capacitar a las agrupaciones políticas y veedurías ciudadanas para el buen
ejercicio del control social en la vigilancia de los recursos públicos en época
electoral, en cabeza del Ministerio del Interior o de la entidad competente
de acuerdo a la temática.
o Entre la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y la
Procuraduría General de la Nación se elaborará una comunicación dirigida a
las Personerías con el fin de informar sobre los riesgos y sanciones por la
indebida participación en política, para que esta sea replicada en territorio.
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o Realizar mesas de trabajo encabezadas por la Procuraduría General de la
Nación con personeros municipales, distritales y locales con el fin de
instruirlos sobre las actividades para el control electoral.
o Elaborar un cronograma de capacitaciones para los alcaldes, gobernadores,
así como para los miembros que hagan parte de las comisiones de
seguimiento electoral departamentales, distritales y municipales, y las
demás instancias que integran el Sistema Integral de Seguridad para el
Ejercicio de la Política, con el fin de que estos servidores públicos conozcan
las conductas que son consideradas de “indebida participación en política”.
Estas capacitaciones serán responsabilidad de la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia, la Procuraduría General de la Nación,
Ministerio del Interior y la Misión de Observación Electoral.
o El Ministerio Público con apoyo del Ministerio del Interior creará una
estrategia de comunicación en la que se expliquen las acciones prohibidas y
los sujetos con restricciones, y realizará acciones preventivas en territorios
que sean identificados con posibles riesgos de indebida participación en
política.
o Socializar la nueva plataforma URIEL con la ruta para la denuncia electoral.
Divulgar la cartilla de delitos e irregularidades que afectan la transparencia
electoral URIEL (edición 2017) con las modificaciones y adiciones realizadas
al Código Penal vigente, por medio físico a través de una circular emitida por
el Ministerio del Interior y por medio digital a través de correos electrónicos
a las alcaldías y gobernaciones.
o Sugerir la expedición de una circular del Ministerio Público frente a la Ley de
Garantías e instructivo de visitas, y programación que realizará el Ministerio
Público.
o La Procuraduría General de la Nación suministrará datos estadísticos sobre
las quejas recibidas a través de la URIEL en el marco del proceso electoral.
b. Subcomisión No. 2. Financiación de Campañas.
Está integrada por el Ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación, la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Superintendencia
Financiera de Colombia, la Dirección de Impuestos y de Aduanas Nacionales, la Unidad de
Información y Análisis Financiero- UIAF, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía
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Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el
Consejo Nacional Electoral, la Contraloría General de la República, Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, la Junta Central de Contadores y la Misión de Observación Electoral.
Objetivos de la Subcomisión:
● Sugerir acciones conjuntas para prevenir la utilización de recursos públicos con
fines electorales, y/o la financiación prohibida de campañas, tanto de partidos
y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos
sociales y comités promotores del voto en blanco.
● Coordinar acciones para fortalecer los controles y los reportes, las fuentes de
financiación y los gastos de las campañas electorales.
● Hacer seguimiento para que las disposiciones legales vigentes relacionadas con
financiación de campañas, se cumplan.
● Promover el control social a la financiación de las campañas electorales.
Acciones:
o Proponer al Consejo Nacional Electoral que expida un acto administrativo que
permita vigilar los ingresos y los gastos de los precandidatos que van a consultas
internas de partidos y consultas interpartidistas.
o Sugerir al Consejo Nacional Electoral que solicite a las campañas políticas
(candidatos y colectividad política) el registro de los ingresos y los gastos en los
libros contables a más tardar 8 días después de su realización.
o Recomendar al Consejo Nacional Electoral que contraste la información reportada
en la herramienta Cuentas Claras por parte de las campañas políticas con la
información contenida en los libros contables.
o Solicitar al Consejo Nacional Electoral que optimice el acceso de la ciudadanía a los
reportes del aplicativo Cuentas Claras o de la herramienta que haga sus veces, con
el fin de garantizar el acceso a la información sobre los ingresos y gastos de
campañas reportados ante la entidad.
o Proponer al Consejo Nacional Electoral que solicite rendición de cuentas a los
grupos significativos de ciudadanos y establecerá parámetros claros para su
financiación, desde la recolección de firmas hasta el periodo de campaña electoral.
o Sugerir al Consejo Nacional Electoral que establezca un procedimiento de selección
que garantice la idoneidad de los miembros de los Tribunales Seccionales de
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Garantías Electorales, con el fin de que estos actúen con independencia,
transparencia e imparcialidad.
o Proponer al Consejo Nacional Electoral que presente oportunamente ante el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la solicitud de asignación de recursos para
la conformación de los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral.
o Recomendar al Consejo Nacional Electoral que presente de manera oportuna, la
solicitud de asignación de recursos al Ministerio de Hacienda, para la entrega de los
anticipos de campaña a los partidos y movimientos políticos, grupos significativos
de ciudadanos, movimientos sociales y comités promotores del voto en blanco.
o Solicitar al Consejo Nacional Electoral la creación oportuna de los 32 Tribunales
Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral en los departamentos para velar por
el cumplimiento de las normas establecidas para las agrupaciones políticas, en
especial, con su deber de realizar el registro contable en los libros de ingresos y
gastos de campaña en tiempo razonable, verificación de todos los datos que
reporten las campañas políticas, candidatos, gerentes, contadores y agrupaciones
políticas a la Organización Electoral.
o Recomendar al Consejo Nacional Electoral que realice capacitaciones a los
miembros de los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral,
candidatos, gerentes, tesoreros y auditores de campañas, partidos, movimientos
políticos, grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores
del voto en blanco, en asuntos relacionados con la financiación de campañas y con
el aplicativo cuentas claras.
o La DIAN emitirá un documento escrito para ser distribuido a los Tribunales
Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral, candidatos, gerentes, tesoreros y
auditores de campañas, partidos y movimientos políticos, grupos significativos de
ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco, donde se les
informe aspectos tributarios tales como: requisitos de los documentos soportes de
gastos de campaña (facturas, documentos equivalentes), tratamiento fiscal de las
donaciones a partidos políticos, obligaciones formales de los partidos políticos,
entre otros.
o Solicitar información al Consejo Nacional Electoral, sobre acciones adelantadas por
los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral en el marco de sus
responsabilidades legales.
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o Promover en la ciudadanía la calidad de la denuncia a través de la herramienta
URIEL y del sistema PILAS CON EL VOTO sobre posibles casos de financiación
prohibida de campañas, partidos, movimientos políticos y grupos significativos de
ciudadanos.
o Realizar jornadas de pedagogía a los partidos, movimientos políticos y a las
autoridades electorales para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de
transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Esta acción
la adelantará la Secretaría de Transparencia en coordinación con el Ministerio del
Interior y el apoyo de la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
o Realizar acciones pedagógicas por parte del Ministerio del Interior y la MOE para
formar a los alcaldes y funcionarios de las alcaldías en temas relacionados con la
Ley 140 de 1994 sobre el número permitido de publicidad y publicidad
extemporánea.
o Sugerir al Consejo Nacional Electoral, se divulgue la normatividad aplicable a la
financiación de las campañas electorales, a través de las páginas web institucionales
y medios masivos de comunicación.
o Socializar circulares sobre la apertura de cuenta única para el manejo exclusivo de
los recursos destinados a la financiación de las campañas políticas y la emisión de
las pólizas de seriedad y cumplimiento para los grupos significativos de ciudadanos.
Acción a cargo de la Superintendencia Financiera, apoyada por el Ministerio del
Interior.
o Realizar reuniones presididas por el Consejo Nacional Electoral con la participación
de la Registraduría Nacional del Civil, Ministerio del Interior y la Superintendencia
Financiera, con los partidos, movimientos políticos, movimientos sociales, grupos
significativos de ciudadanos y comités promotores del voto en blanco, para revisar
el tema de la financiación de campañas, apertura de cuenta única y resolver
inquietudes al respecto. De igual manera sería procedente hacer sugerencias y
recomendaciones pertinentes, con el fin de implementar las acciones
correspondientes. Socializar e implementar las medidas, en el cumplimiento de
dicho mandato legal.
o Proponer al Consejo Nacional Electoral, efectuar reuniones con la UIAF, con el
objeto de compartir información sobre el origen y manejo de los recursos
destinados a la financiación de las campañas políticas.
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o Recomendar al Consejo Nacional Electoral, que implemente programas de auditoría
y demás herramientas necesarias, para obtener la información que se requiera, las
cuales se pondrán en práctica, mediante visitas a las sedes de las campañas
políticas. Igualmente celebrar convenios con ONG´s, universidades públicas o
privadas para desarrollar tareas de apoyo y observación, destinadas a contribuir en
la labor de vigilancia del Consejo Nacional Electoral.
o La Junta Central de Contadores verificará que quienes firmen Estados Financieros,
o certifiquen hechos económicos sucedidos durante las campañas electorales
deben tener registro como Contador vigente, y además no deben estar
inhabilitados para ejercer la profesión de acuerdo con la Ley 43 de 1993, en sus
artículos Nos. 47 al 49 o suspendidos profesionalmente.
o El Ministerio de Hacienda y Crédito Público adoptará las medidas necesarias para
garantizar el desembolso oportuno de los recursos solicitados por la organización
electoral para el certamen democrático, de acuerdo con los procedimientos y
normativa vigente.
c. Subcomisión No. 3 Riesgos del Proceso Electoral
Está integrada por el Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, la
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Unidad de Información y
Análisis Financiero, Agencia de Renovación del Territorio -ART, el Ministerio de Defensa
Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Consejería
Presidencial para los Derechos Humanos, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría
General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, la
Registraduría Nacional del Estado Civil, la Misión de Observación Electoral, Unidad Nacional
para la Gestión de Riesgo de Desastres- UNGRD, Ministerio de Transporte, Fundación para
la Libertad de Prensa en Colombia- FLIP y Ministerio de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.
Objetivos de la Subcomisión:
Sugerir acciones preventivas para reducir las conductas que puedan constituirse en
delitos electorales o que puedan implicar riesgos al proceso.
Formular y coordinar acciones que faciliten la sanción de los delitos electorales.
Prevenir situaciones que puedan amenazar el normal desarrollo del proceso
electoral.
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Acciones:
o Promover la transparencia en la selección y otorgamiento de avales de
candidatas/os a través de reuniones del Ministerio del Interior con las agrupaciones
políticas como preámbulo a las consultas realizadas a través de la Ventanilla Única
Electoral Permanente.
o Verificar los antecedentes disciplinarios, fiscales, penales y pérdidas de investidura
de los ciudadanos que deseen obtener un aval para participar en la contienda
electoral que son consultados por los partidos, movimientos políticos y grupos
significativos de ciudadanos a través de la Ventanilla Única Electoral Permanente
del Ministerio del Interior.
o Mantener actualizado el reporte de las denuncias y/o quejas que se presenten ante
la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral – URIEL, por parte
del Ministerio del Interior.
o Presentar informe final de resultados o del estado de las quejas y/o denuncias URIEL
por parte de cada entidad de acuerdo a su competencia, al término del proceso
electoral.
o La Misión de Observación Electoral socializará los mapas de riesgo electoral en el
marco de las sesiones de las subcomisiones y la Comisión Nacional.
o Presentar informes con mapas de riesgo y alertas tempranas por parte de la
Defensoría del Pueblo y hacer las recomendaciones pertinentes a adoptar por cada
entidad competente.
o La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD presentará
informes de alertas sobre fenómenos naturales con base en los reportes del IDEAM
y las recomendaciones pertinentes a adoptar por cada entidad del SNGRD a la
Comisión Nacional.
o Realizar vigilancia, control e intervención por parte del Ministerio Público a la
organización electoral en las etapas preelectoral, electoral y postelectoral.
o La Registraduría Nacional del Estado Civil deberá presentar con la debida antelación
la solicitud de asignación de recursos al Ministerio de Hacienda y Crédito Público
para la organización y logística del proceso electoral. El Ministerio del Interior
expedirá una circular dirigida a las autoridades territoriales, en la cual les solicitará
la apropiación de presupuesto para los gastos del proceso electoral.
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o Elaborar un protocolo conjunto entre la Fuerza Pública y la Registraduría para el acompañamiento a los delegados de la Registraduría encargados del material electoral.
o Elaborar un protocolo para el acompañamiento y la custodia de pliegos por parte
de las Fuerza Pública y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
o El Ministerio del Interior junto con la Misión de Observación Electoral trabajarán en
el fortalecimiento de la URIEL, mediante el intercambio de conocimientos asociados
a la gestión de la información.
o La Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Ministerio del
Interior construirán una estrategia pedagógica sobre el derecho a votar, ser elegido
y de respeto a la diferencia.
o Brindar una capacitación interinstitucional a los miembros de la Policía y las Fuerzas
Militares a nivel nacional, departamental, distrital y municipal; fiscales destacados
para delitos electorales y Policía Judicial en aspectos básicos del proceso electoral y
la herramienta URIEL. La capacitación estará a cargo de la Organización Electoral,
Ministerio del Interior y Procuraduría General de la Nación, de acuerdo a sus
competencias.
o Expedir circulares por parte de las entidades correspondientes, con el fin de que los
funcionarios que tienen tareas electorales expongan si tienen algún conflicto de
interés y manifiesten su impedimento de cumplir sus funciones.
o Promover en la ciudadanía la calidad de la denuncia a través de la herramienta
URIEL y del sistema PILAS CON EL VOTO sobre posibles irregularidades que atenten
contra el certamen democrático en los territorios a través de la articulación entre
el Ministerio del Interior, la organización electoral, los organismos de control, la
fuerza pública y la MOE.
o Designar enlaces electorales para acompañar las Comisiones de Seguimiento
Electoral de los departamentos, por parte del Ministerio del Interior, con el fin de
conocer en tiempo real las dificultades en relación con el desarrollo de la jornada
electoral e impulsar la articulación institucional. De igual manera, socializarán la
herramienta URIEL en el marco de las comisiones que acompañen.
o Presentar un informe sobre los delitos electorales o conexos más concurrentes en
pasadas elecciones por parte de la Fiscalía General de la Nación.
o Brindar todas las garantías electorales a las personas con discapacidad para que
ejerzan su derecho al sufragio, por parte de la Organización Electoral.
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o Continuar con las reuniones de la mesa de trabajo entre el Consejo Nacional de
Discapacidad, Ministerio del Interior, Procuraduría, Defensoría, Instituto Nacional
para Sordos – INSOR e Instituto Nacional para Ciegos – INCI, para escuchar las
sugerencias que permitan mejorar la accesibilidad en el contexto electoral y los
derechos electorales de las personas con discapacidad.
o Brindar todas las garantías electorales a los adultos mayores para que ejerzan su
derecho al sufragio La Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría
General de la Nación y el Ministerio del Interior.
o El Consejo Nacional Electoral remitirá la invitación de los Observadores
Internacionales al Ministerio de Relaciones Exteriores, para su presentación formal
ante la Organización Internacional correspondiente.
o Propiciar las condiciones para el ejercicio de los observadores internacionales, de
acuerdo con las solicitudes realizadas previa y oportunamente, con el fin de
establecer aspectos logísticos. Acción a cargo del Ministerio del Interior y la
organización electoral.
o Durante la jornada electoral se activará un PMU en el marco del programa de
Seguridad de Carreteras Nacionales liderado por el Ministerio de Transporte, con el
fin de realizar el seguimiento en tiempo real e identificar cualquier imprevisto que
pueda limitar la movilidad terrestre. Lo anterior, en apoyo con la sala de crisis de la
Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres instalada para ese día.
o La Registraduría Nacional del Estado Civil generará un plan de difusión oportuno y con alcance territorial con la información de las fechas establecidas en el calendario electoral.
o La Registraduría en coordinación con Migración Colombia harán vigilancia especial a los Registradores que se encuentran en las zonas y los municipios de frontera.
o Realizar un monitoreo permanente de la inscripción de cédulas por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Misión de Observación Electoral que permita generar alertas a las entidades competentes (Fiscalía General de la Nación, Consejo Nacional Electoral y Ministerio Público) frente a los comportamientos atípicos que se evidencien en este procedimiento.
o Se recomienda adoptar una acción en relación al acceso de puestos de votación para todos los ciudadanos colombianos. Lo anterior en razón a la necesidad urgente de mejorar el cubrimiento en 360 municipios que se caracterizan por dificultades para ejercer el derecho al voto en sus zonas rurales. Debe recordarse que con este fin fue creado el “Comité técnico de acceso a puestos de votación” en el Congreso de la República, dentro del cual se encuentra la Registraduría Nacional del Estado
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Civil, la Policía Nacional, la Misión de Observación Electoral, entre otras entidades y organizaciones que actualmente hacen parte además de la Comisión Nacional de Garantías para la Transparencia Electoral.
o Articular mesas de trabajo permanentes en el marco de la ciberseguridad lideradas por el Ministerio del Interior y en colaboración con las siguientes entidades: Consejería de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, Consejería Transformación Digital de la Presidencia de la República, Gerencia de Informática de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Centro Cibernético Policial de la PONAL, para mitigar el riesgo de la infraestructura critica cibernética.
o El Ministerio de TIC constituirá una mesa de control de comunicaciones conformada por la Registraduría Nacional del Estado Civil, proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones involucrados y la fuerza pública, entre otros, con el objeto de procurar la calidad, oportunidad, seguridad y disponibilidad de las telecomunicaciones para la transmisión de datos electorales con los planes de contingencia y demás mecanismos de actuación y respaldo para tal fin.
o En cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil con la participación la Policía Nacional, la Misión de Observación Electoral y otras entidades y organizaciones que conforman la Comisión Nacional, se mantendrá activo el “Comité técnico de acceso a puestos de votación” con el fin de mejorar el cubrimiento en 360 municipios que se caracterizan por dificultades para ejercer el derecho al voto en sus zonas rurales.
Riesgos por irregularidades a través de registradores, jurados, testigos y otros actores del
proceso electoral
Acciones:
o La Registraduría Nacional del Estado Civil propiciará el traslado de delegados
departamentales del Registrador Nacional, registradores departamentales,
distritales y municipales para prevenir irregularidades
o El Ministerio del Interior expedirá una circular sobre la conformación y las funciones
las Mesas de Justicia. Información que será socializada con las entidades.
o El Ministerio Público socializará en las comisiones departamentales, distritales y
municipales las funciones de las Mesas de Justicia para conocimiento por parte de
los actores implicados en el proceso electoral.
o Emitir una circular desde el Ministerio del Interior dirigida a los gobernadores y
alcaldes del país, con el fin de solicitar se inviten a las Comisiones Departamentales,
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Distritales y Municipales de Seguimiento Electoral a todos los actores del proceso y
a los miembros de los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral.
o Tratar el tema de inscripción de cédulas en las Comisiones Departamentales,
Distritales y Municipales de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales
con el fin de encontrar posibles situaciones de trashumancia electoral.
o Propiciar el trabajo armónico entre el Consejo Nacional Electoral, las Alcaldías y la
Policía Nacional para cumplir con el desmonte de publicidad extemporánea.
o Sugerir al Consejo Nacional Electoral, a través de sus Tribunales Seccionales de
Garantía y Vigilancia Electoral, medidas preventivas y de control respecto a la
propaganda electoral extemporánea, de expectativa o publicidad política no
permitida, realizada por las organizaciones políticas, precandidatos, gerentes de
campaña o simpatizantes.
o Implementar mejoras en la entrega de acreditaciones de los testigos electorales por
parte de las agrupaciones políticas y la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Informar por escrito los procedimientos para la inscripción de testigos electorales
a los partidos políticos, movimientos sociales, grupos significativos de ciudadanos y
promotores del voto en blanco, incluido el mecanismo de ingreso de la información
a la plataforma desarrollada por la Registraduría.
o Establecer mecanismos de auditoría al software de inscripción de ciudadanos,
asignación de jurados, inscripción de testigos, pre conteo y escrutinios, permitiendo
que este ejercicio sea realizado por observadores electorales y colectividades
políticas.
o Actualizar las capacitaciones a jurados de votación, partidos políticos, movimientos
sociales, grupos significativos de ciudadanos, promotores del voto en blanco y
testigos electorales por parte de la Organización Electoral.
o Suscribir pactos de transparencia y de buenas prácticas entre los diferentes actores
políticos durante el proceso electoral a nivel nacional, departamental, distritales y
municipal. Responsabilidad a cargo del Ministerio del Interior y de la Secretaría de
Transparencia de Presidencia de la República.
o Presentar informe histórico en donde se expongan las dificultades de tipo logístico,
por parte de Registraduría para determinar acciones oportunas.
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d. Subcomisión No. 4 Orden Público.
Está integrada por el Ministerio del Interior con la Dirección para la Democracia, la
Participación Ciudadana y la Acción Comunal, la Dirección de Derechos Humanos y la
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, el Ministerio de Defensa Nacional,
Comando General de Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Consejería Presidencial para
los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Observación Electoral y la
FLIP.
Objetivos de la Subcomisión:
Sugerir acciones preventivas para evitar situaciones que atenten contra el orden
público, provenientes de grupos armados organizados (GAO) y grupos
delincuenciales organizados (GDO) y grupos armados organizados residuales
(GAOR) y otros actores armados interesados en incidir en los resultados electorales.
Sugerir acciones dirigidas a garantizar el normal desarrollo del orden público y la
seguridad ciudadana durante el proceso electoral.
Sugerir acciones dirigidas a proporcionar los medios y mecanismos eficaces para
que se garanticen las manifestaciones públicas y pacíficas, con ocasión del proceso
electoral, a efecto de garantizar el derecho a la libertad de expresión, de reunión y
el ejercicio de los derechos políticos.
Acciones:
o Emitir la Directiva Plan Democracia 2019 a cargo del Ministerio de Defensa
o El Ministerio del Interior expedirá los actos administrativos en materia de orden
público.
o Emitir y socializar oportunamente la normatividad relacionada con el orden público
por parte del Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.
o Aportar la información actualizada y oportuna sobre la división política electoral
por parte de la Registraduría, labor coordinada con el Ministerio de Defensa.
o En caso de requerir apoyo de transporte por parte de la Fuerza Pública y/o
entidades del Sector Defensa, se deberán suscribir contratos o convenios
interadministrativos con sujeción a la normatividad vigente.
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o Cubrimiento del 100% de los puestos de votación de acuerdo a la misionalidad y a
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Defensa.
o Fortalecer medidas en materia normativa que contribuyan a garantizar el orden
público para el ejercicio de la política durante el proceso electoral. Responsabilidad
del Ministerio del Interior y de las Entidades Territoriales.
o Realizar ejercicio de sensibilización con la Fuerza Pública sobre las garantías a la
libertad de prensa, a cargo de la FLIP (Fundación para la Libertad de Prensa). Se
trabajará entre Ministerio del Interior y FLIP, y se priorizará la participación de los
miembros que harán parte de los operativos relacionados con el proceso electoral
2019.
o Actualizar y enviar información a la instancia del alto nivel del Sistema Integral de
Seguridad para el Ejercicio de la Política y la Gerencia del Plan Democracia, para
conocimiento de la Fuerza Pública:
Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
Recomendaciones de la CIPRAT
Informes de Unidad de Gestión del Riesgo
Informe de violaciones a los derechos humanos durante procesos
electorales del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la
República.
Mapas de Riesgo Electoral e informes de violencia política de la MOE
Observatorio de Derechos Humanos de la FLIP
Informe URIEL
Plan de atención, seguimiento y prevención de la criminalidad electoral
(Policía Nacional y Fiscalía).
Informe del Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida (Decreto
2124 de 2017).
o Focalizar los municipios que se encuentren en la ponderación en seguridad
prioritario y de atención según el Mapa de prevención y seguridad electoral
(documento reservado) emitido por parte del Ministerio de Defensa Nacional, para
brindar acciones oportunas que garanticen el orden público, por parte de la Fuerza
Pública.
o Las entidades y la MOE informarán oportunamente de las posibles situaciones de
alteración del orden público, con el fin de que las autoridades en el marco de la
instancia que sea pertinente, tomen las medidas necesarias. Coordinar con
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anterioridad el cierre de fronteras y los pasos fronterizos para el día de las
elecciones a través de la articulación entre Ministerio de Relaciones Exteriores y
Migración Colombia.
o Priorizar por parte de las entidades competentes el trámite de las quejas
presentadas por la violación de derechos humanos o violaciones a las libertades
políticas en relación con el proceso electoral.
o Hacer las recomendaciones que se estimen pertinentes, coordinadas entre el
Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de
Defensa y el Ministerio de Transporte para la activación de la cláusula de cobertura
de la póliza antiterrorismo con relación al proceso electoral.
o Recomendar a los comandantes de Policía de departamentos y metropolitanos, el
incremento de medidas de seguridad para prevenir hechos de alteración del orden
público y delitos electorales, según lo establezca el Plan Democracia.
o En caso de una afectación a sujetos individuales o colectivos contra la vida,
integridad, libertad y seguridad de las personas como consecuencia del ejercicio de
sus actividades, la UNP iniciará la ruta de protección individual o colectiva activará
el trámite de emergencia si la situación lo amerita.
o Articular a las entidades pertinentes para prevenir posibles alteraciones durante el
cierre de inscripción de candidatos, cierre de campañas y en escrutinios en los
niveles nacional, departamental y local.
o Brindar las directrices necesarias para la implementación de planes integrales de
prevención y contingencia destinados a mantener la seguridad y el orden público
durante el proceso electoral en los municipios, e informar al Ministerio del Interior
cada vez que sea necesario.
o El Ministerio del Interior junto con la organización electoral y la Fuerza Pública,
adelantarán acciones para garantizar el trabajo de observadores electorales
o El Ministerio del Interior junto con la organización electoral periodistas y veedores
en el marco del proceso electoral.
o Recomendar a la Fuerza Pública, el incremento de medidas de seguridad para
prevenir hechos de violencia según lo establezca el Plan Democracia.
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e. Subcomisión No. 5 Protección
Está integrada por el Ministerio del Interior – Dirección para la Democracia, la Participación
Ciudadana y la Acción Comunal, la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial-
Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Dirección de Derechos Humanos,
Ministerio de Defensa Nacional, Comando General de las Fuerzas Militares, Policía Nacional
Defensoría del Pueblo, la Unidad Nacional de Protección, la Consejería Presidencial para los
Derechos Humanos, Fiscalía General de la Nación, Alta Consejería para el Postconflicto.
Objetivo de la subcomisión:
• Estudiar y recomendar a las instancias definidas por el Sistema Integral de
Seguridad para el Ejercicio de la Política, acciones encaminadas a la prevención,
protección y seguridad de los precandidatos, candidatos, actores involucrados
en las campañas políticas y servidores públicos, sedes de campaña que hagan
parte del proceso electoral en el marco legal vigente.
Acciones:
o Recomendar medidas necesarias de autoprotección para contribuir con la
seguridad de los candidatos por parte de la UNP y la Policía Nacional.
o Propiciar la articulación entre el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio
de la Política contemplado en el Decreto 895 de 2017, con la Comisión Nacional.
o Implementar una estrategia de comunicaciones y de pedagogía con los partidos,
movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y promotores del
voto en blanco, sobre la ruta de protección y las medidas de autoprotección
para contribuir con la seguridad de los candidatos y de los que han sido sujeto
de amenazas, con los teléfonos de contacto en caso de emergencia a través de
redes sociales y medios institucionales de las diferentes entidades. Labor
coordinada entre el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Unidad
Nacional de Protección.
o La UNP implementará la ruta de protección individual y/o procedimiento
pertinente, según cada caso, durante el proceso electoral 2019.
o Promover la suscripción de un pacto nacional por la tolerancia, la no agresión y
el respeto hacia nuevas colectividades políticas en el marco de las Comisiones
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Nacional, Distritales y Departamentales. Acción a cargo del Ministerio del
lnterior y Secretaría de Transparencia.
o Contribuir en materia de prevención con la seguridad de las sedes de campañas
políticas por parte de Fuerza Pública.
o Elaborar informes periódicos desde la URIEL frente a las amenazas de sedes,
candidatos, partidos, movimientos y activistas políticos, grupos significativos de
ciudadanos y promotores del voto en blanco.
o Establecer las medidas preventivas de control por parte de la Fuerza Pública,
que contribuyan al desarrollo del derecho al ejercicio de la política durante el
proceso electoral.
o Realizar en cada uno de los municipios, iniciando en los de mayor población
Consejos de Seguridad, Comités de Orden Público y Comités de Justicia
Transicional para analizar y realizar una evaluación de riesgo local, identificar
posibles amenazas y factores de riesgo de los dirigentes, activistas políticos y
líderes de organizaciones sociales, teniendo en cuenta los Informes de Riesgo
de la Defensoría del Pueblo y de la MOE. La UNP se rige en el tema de protección
a colectivos por el decreto 2078 de 2017.
2. TRANSPARENCIA ELECTORAL
Para garantizar la transparencia de las acciones que cumple la Comisión Nacional, de
conformidad con el Decreto No 2821 de 2013, se presentará un informe de su gestión al
Gobierno Nacional, a los partidos y movimientos políticos y a los grupos significativos de
ciudadanos y a la opinión pública en general dentro de los sesenta (60) días siguientes a la
elección, recogiendo en éste, los informes de las Comisiones Departamentales, Distritales
y Municipales que deberán remitir los Gobernadores y los Alcaldes Distritales y Municipales
dentro de los treinta (30) días siguientes a la elección.
2.1. Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral – URIEL
En virtud del artículo 10 del Decreto 2821 de 2013 “Por el cual se crea y reglamenta la
Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales”, se creó la Unidad
de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral – URIEL, con el fin de fomentar la
transparencia y legalidad de los procesos electorales en sus diferentes etapas, mediante la
articulación de acciones interinstitucionales conjuntas encaminadas a promover la
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participación ciudadana e incentivar la cultura de la denuncia frente a los delitos
electorales, las conductas y las irregularidades que afecten las elecciones.
La URIEL permite la articulación de las instituciones competentes en el tema electoral, para
que en el marco de sus competencias funcionales, se realicen las acciones requeridas para
vigilar, investigar y sancionar las conductas que afecten la transparencia y las garantías del
proceso electoral. La sede nacional de la URIEL está ubicada en las instalaciones del
Ministerio del Interior, en Bogotá y estará integrada por servidores públicos [1] del
Ministerio y por servidores públicos delegados de los miembros e invitados permanentes
de la Comisión Nacional.
Así mismo, el Ministerio del Interior podrá establecer la estructura y demás aspectos
operativos de la URIEL fundamentados en los principios de coordinación y colaboración.
Para lograr cobertura y efectividad la URIEL cuenta con tres canales oficiales de denuncia:
el sitio web: uriel.mininterior.gov.co, el correo electrónico
[email protected] y la línea nacional gratuita 01 8000 91 2005. La
ciudadanía podrá acceder a estos canales para instaurar su denuncia o queja, con la
posibilidad de adjuntar documentos, datos, imágenes, grabaciones de audio y video que
contribuyan con la calidad y la eficacia de la denuncia.
La Unidad también posee un aplicativo software para el registro y seguimiento en tiempo
real de la información entregada por la ciudadanía y donde se podrán presentar quejas y
denuncias vía web. A esta herramienta tienen acceso todas las instituciones competentes
para adelantar las investigaciones del caso. Allí podrán hacer seguimiento y control a las
denuncias tanto en el nivel central como en el descentralizado, atender las consultas de la
ciudadanía y de otros entes de control para facilitar el intercambio de información y
garantizar la trazabilidad de las actuaciones de la URIEL. La ciudadanía puede ingresar al
aplicativo desde la página web del Ministerio del Interior para instaurar la denuncia
respectiva.
2.2. Ventanilla Única Electoral Permanente – VUEP
El Gobierno Nacional con el fin de brindar garantías a los partidos, movimientos políticos y
los grupos significativos de ciudadanos, de conformidad con el artículo 107 de la
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Constitución Política y la Ley Estatutaria 1475 de 2011, dispone mediante decreto la
creación de la Ventanilla Única, para recibir, tramitar y suministrar información frente a las
solicitudes de antecedentes e informaciones disciplinarias, judiciales y fiscales que los
partidos y movimientos políticos con personería jurídica, los movimientos sociales y los
grupos significativos de ciudadanos, presenten sobre sus posibles candidatos para que
puedan avalarlos e inscribirlos para cargos y corporaciones de elección popular a las
elecciones ordinarias y atípicas, para las consultas internas de los partidos y movimientos
políticos en la escogencia de sus candidatos, para la elección de las directivas de los
partidos y para la presentación de ternas de alcaldes y gobernadores por suspensión o falta
absoluta.
Dicha función es asignada al Ministerio del Interior, a través de la Dirección para la
Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.
La Ventanilla Única ante el Ministerio recibe, tramita y recopila los antecedentes judiciales
e informaciones disciplinarios, judiciales y fiscales emitidos por la Procuraduría General de
la Nación, Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República, Policía
Nacional, la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal y Cancillería para ser
remitida a los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos.
Así mismo, será permanente, servirá para cualquier clase de elección y en cualquier época
tanto para elecciones ordinarias como para elecciones atípicas, para las consultas
populares internas e interpartidistas de los partidos, movimientos políticos con personería
jurídica y los grupos significativos de ciudadanos, para la toma de decisiones y la escogencia
de sus candidatos, para la elección de las directivas de los partidos, movimientos políticos
con personería jurídica y/o grupos significativos de ciudadanos y para la presentación de
ternas de alcaldes y gobernadores por suspensión o falta absoluta.
La Ventanilla Única asegura el trámite prioritario de los antecedentes disciplinarios,
judiciales y fiscales que solicitan los partidos, movimientos políticos con personería jurídica
y los grupos significativos de ciudadanos, antes de otorgar los avales a los candidatos.
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2.3. Observación Electoral Internacional
El Gobierno Nacional y la Organización Electoral adelantarán los trámites correspondientes
para invitar a misiones de observación electoral internacional con el fin de que éstas
observen el proceso electoral colombiano.
3. SEGURIDAD DE LAS ELECCIONES
La Fuerza Pública tomará las medidas necesarias para que en todo el territorio nacional se
garantice el libre ejercicio del derecho al voto, adoptando los dispositivos necesarios,
expidiendo la directiva para ser difundida entre sus miembros y demás organismos de
seguridad del Estado, que contiene las instrucciones y procedimientos a realizar por parte
del Comando General de las Fuerzas Militares, los comandantes del Ejército Nacional, la
Fuerza Aérea Colombiana y la Armada Nacional, así como del Director General de la Policía
Nacional en coordinación con las autoridades civiles, los directores de campaña,
precandidatos y candidatos y todos aquellos aspirantes, a fin de conocer y establecer
factores de riesgo en cada región del territorio nacional para su valoración
correspondiente.
El Gobierno Nacional, previo estudio realizado por las autoridades competentes,
diseñará mapas de prevención y adoptará los dispositivos necesarios para prevenir
cualquier manifestación de violencia o acto delictivo atentatorio contra la integridad de los
líderes políticos, precandidatos, aspirantes a la Presidencia y vicepresidencia de la
República y el Congreso de República.
La coordinación de este aspecto compete a los Consejos de Seguridad, que deberán
convocar el Ministro del Interior a nivel nacional, los gobernadores a nivel departamental
y los alcaldes a nivel municipal, de cuyas deliberaciones se mantendrán informadas las
Comisiones para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales de los
respectivos niveles territoriales. En todo caso, el Ministerio del Interior coordinará los
Consejos Regionales de Seguridad en todo el país, tema que corresponde adelantar a la
Dirección de Gobierno y Gestión Territorial en coordinación con la Dirección para la
Democracia la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.
En la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior, funcionará una
vez por semana el Observatorio de Orden Público Electoral, para monitorear y evaluar la
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situación de seguridad para los próximos comicios donde actuarán como integrantes los
miembros delegados para el proceso electoral del Comando General de las Fuerzas
Militares, el Comando del Ejército Nacional, el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, el
Comando de la Armada Nacional, la Dirección de Investigación Criminal - DIJIN -, la
Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, la Dirección de Seguridad Ciudadana - DISEC
y la Unidad Nacional de Protección.
El observatorio consolidará información en la que se discriminen los homicidios,
secuestros, liberaciones, amenazas y atentados producidos en relación con funcionarios de
elección popular, candidatos, personal perteneciente a partidos y movimientos políticos y
funcionarios públicos en ejercicio, autoridades electorales que cumplen funciones
transitoriamente y amenazas a la ciudadanía para el libre ejercicio del voto. Asimismo, se
discriminarán los sitios de votación e inscripción teniendo en cuenta las entidades
territoriales o localidades.
A partir de esta información se propondrán análisis, discriminando la incidencia de grupos
al margen de la ley por zonas clasificadas en bajo, mediano y alto riesgo, elaborando
cuadros comparativos de elecciones anteriores (2010-2011-2014-2015) y elecciones
atípicas.
El observatorio permitirá identificar las tendencias de las amenazas criminales contra el
proceso electoral y los mapas de riesgo, según los lineamientos adoptados en la Comisión
Nacional. Su evaluación se coordinará con la Presidencia de la República, el Ministerio del
Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional.
De todo lo anterior, se informará a la Comisión Nacional.
Finalmente, se adelantarán acciones preventivas y correctivas con relación a la seguridad
de los candidatos, las sedes de las campañas, los comicios y la seguridad y libertad de los
electores, tal y como se plantea a continuación:
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3.1. Seguridad de los candidatos
Tanto el análisis del nivel de riesgo de los candidatos como la protección personal de los
aspirantes a cargos de elección popular, será coordinada por la Policía Nacional –DIPRO- y
la Unidad Nacional de Protección- UNP.
Los candidatos o dirigentes políticos que por la situación de orden público estén
amenazados podrán hacer uso de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 93 del
Código Electoral para inscripción sin presencia del candidato.
Dicho artículo señala: “Cuando los candidatos no se encuentren en el lugar donde la
inscripción deba hacerse, prestarán juramento ante el Registrador del Estado Civil o
funcionario diplomático o consular del lugar donde estuvieren, y de ello se extenderá
atestación al pie del respectivo o respectivos funcionarios, que deberán enviar
inmediatamente esos funcionarios, así como comunicar por escrito tal hecho a las
autoridades electorales ante las cuales deban hacerse las inscripciones”.
Se deben contemplar las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva de los
miembros del partido FARC, que por su nivel de vulnerabilidad asociado al proceso de
desmovilización y reinserción, son sujetos de medidas de protección.
3.2. Seguridad de las sedes políticas
La seguridad de las sedes políticas cuando se requiera, será atendida por la Policía Nacional,
previa en el marco del servicio de seguridad y convivencia ciudadana, mediante
mecanismos que estime pertinente (rondas policiales, revistas a sedes, verificación de
seguridad, etc.).
3.3. Seguridad de los comicios
Con relación a los comicios corresponde a la Fuerza Pública, desplegar las actividades de
inteligencia y protección del proceso electoral conforme al plan que éstos definan, en
coordinación con los Ministerios de Defensa Nacional y del Interior.
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3.4. Póliza
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suscribirá con una compañía de seguros
legalmente reconocida, una póliza de seguros para amparar todos los vehículos
automotores terrestres de transporte público, que sufran pérdidas parciales o totales, por
los daños generados con ocasión de cualquier acto terrorista cometido por grupos o
movimientos al margen de la Ley, ésta se activará con cobertura total durante las 72 horas
anteriores y durante las 48 horas posteriores, a las jornadas electorales del año 2019.
De conformidad con lo dispuesto por la ley 418 de 1997 y subsiguientes de prórroga y
modificación, ley 548 de 1999, ley 782 de 2002, ley 1106 de 2006, ley 1421 de 2010, ley
1738 de 2014 relacionado con la póliza de automóviles terrorismo, el Ministerio del Interior
solicitará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la debida anticipación, la
activación de la condición de circunstancias especiales de dicha póliza, con una cobertura
de 72 horas incluido el día inmediatamente anterior a la fecha programada de la jornada
electoral y un día más posterior a dicha jornada.
3.5. Seguridad de Comunicaciones
Como se señaló en la subcomisión de riesgos del proceso electoral, se conformará una
mesa de control de comunicaciones bajo el liderazgo del Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y la Registraduría Nacional del Estado Civil, que involucre
al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares, a la Policía Nacional, y a los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones PRST contratados por la
Registraduría Nacional del Estado Civil - RNEC, y los PRST subcontratados por éste.
Esta mesa de control de comunicaciones procurará, catalizará y propenderá por la calidad,
oportunidad, confiabilidad y disponibilidad de las redes y los servicios de
telecomunicaciones para los comicios, y en especial, para las fases previas, durante y
posteriores a la transmisión de resultados electorales desde toda la geografía nacional
donde estén ubicados los puestos de votación. De esta manera garantizará que todos los
involucrados en tales servicios tengan sus planes de contingencia, sus protocolos de
escalamiento y sus medidas de confiabilidad y disponibilidad, antes, durante y luego de la
jornada electoral. La red de telecomunicaciones de la fuerza pública será el último recurso
para poder transmitir resultados electorales cuando el servicio principal y los alternos de
contingencia para telecomunicaciones fallen o no estén disponibles.
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3.6. Seguridad y libertad de los electores
Se adoptarán medidas de seguridad, para garantizar que los electores puedan circular
libremente por el territorio nacional y cuenten con los medios de transporte, para acudir a
los puestos de votación. De igual manera las autoridades velarán para que los ciudadanos
tengan la posibilidad de votar libre y secretamente en los cubículos individuales que se
dispongan para ello.
3.7. Seguridad cibernética
Teniendo en cuenta la posible vulnerabilidad cibernética, en el ejercicio de las acciones que se desarrollarán en cada una de las subcomisiones, se contemplará el riesgo concreto en materia de seguridad digital (Conforme a la Política Nacional de Seguridad Digital. CONPES 3854 de 2016) de manera transversal a cada uno de los objetivos identificados.
Para estos efectos, Presidencia de la República, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, Fuerzas Militares, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Registraduría Nacional del Estado Civil, Consejo Nacional Electoral, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo serán las instituciones responsables, quienes dispondrán de sus capacidades especializadas en materia cibernética para trabajar de manera articulada, con el propósito mitigar los posibles riesgos.
Todo ello sin perjuicio de las medidas de seguridad física, logística, y de defensa cibernética que deben tener todas las instituciones involucradas en el proceso electoral en sus plataformas tecnológicas y sitios web.
4. COMUNICACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL
Se desarrollarán acciones de comunicaciones y pedagogía electoral dirigidas a las
autoridades, partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos,
promotores del voto en blanco, candidatos, periodistas y votantes con amplia difusión en
medios de comunicación, en los que se divulguen aspectos generales y de interés de las
elecciones territoriales 2019, permitiendo una cobertura nacional y regional a través de
medios masivos, de interés público y comunitarios, en concordancia con lo estipulado en
la Ley 1475 de 2011.
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Estas acciones tendrán como objetivos: la articulación entre el Gobierno y la ciudadanía
frente a los temas electorales, acercar a los ciudadanos y ciudadanas a la prevención de
delitos electorales a través de un lenguaje sencillo y promover la participación electoral
como reflejo de una democracia perfeccionada por medio de pedagogía electoral.
Cada una de las entidades integrantes de la Comisión Nacional, destinará recursos
humanos, físicos o presupuestales necesarios para adelantar los programas de capacitación
y divulgación de los temas electorales según corresponda el calendario electoral.
El Ministerio del Interior, la Alta Consejería Presidencial para los Derechos Humanos,
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Autoridad Nacional
para la Televisión dentro de sus competencias, apoyarán la estrategia de comunicación que
realizará la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos
Electorales tal como la difusión de un instructivo que contenga los derechos y deberes del
ciudadano en relación con el voto, los delitos electorales y los incentivos concedidos por el
Estado a los ciudadanos por ejercer el derecho al sufragio.
De igual manera se realizará la difusión por los medios masivos de comunicación de los
canales oficiales de denuncia URIEL:
Portal web: uriel.mininterior.gov.co
Correo electrónico: [email protected]
Línea nacional: 01800912005.
De igual forma, a través de la colaboración armónica entre las entidades integrantes e
invitadas se desarrollarán espacios pedagógicos en universidades, entidades públicas y
privadas, en organizaciones civiles y para medios de comunicación.
De esta manera la Comisión Nacional aprueba el Plan Nacional de Garantías Electorales
2019.
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ANEXOS
NORMATIVIDAD
El Gobierno Nacional, adoptará oportunamente las medidas policivas y expedirá los
decretos, directivas y circulares que conforme a la regulación electoral deban emitirse para
la celebración de los comicios. De igual manera se pronunciarán las autoridades
territoriales, quienes promulgarán los actos administrativos necesarios para asegurar el
normal desarrollo del proceso electoral, sin perjuicio de las decisiones que se adopten en
el mismo sentido, por parte de los Organismos de Control.
Para mayor conocimiento de la ciudadanía en general, toda la información necesaria sobre
la normatividad aplicable durante el proceso electoral que se llevará a cabo en el año 2019,
podrá encontrarse en un link expuesto en el portal web del Ministerio del Interior
www.mininterior.gov.co.
Para obtener mayor información se podrá consultar la siguiente normatividad:
✓ Constitución Política de Colombia.
Leyes
✓ Decreto Ley 2241 de 1986, (Código Electoral).
✓ Ley 130 de 1994
✓ Ley 163 de 1994
✓ Ley 403 de 1997
✓ Ley 599 de 2000
✓ Ley 734 de 2002
✓ Ley 815 de 2003
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✓ Ley 996 de 2005
✓ Ley 1475 de 2011
✓ Ley 1864 de 2017
Decretos
✓ Decreto 2821 de 2013
✓ Decreto 2786 de 2013.
✓ Decreto 0513 de 2015
✓ Decreto 1066 de 2015.
✓ Decreto 567 de 2016.
✓ Decreto 895 de 2017.
Otra normatividad
✓ Acuerdo Final para la Terminación Del Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera.
✓ Acto Legislativo 01 del 7 de julio de 2017.
✓ Estatuto de la oposición
✓ Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) -
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Delitos electorales
Se acordará a través de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los
Procesos Electorales, que la investigación de las denuncias sobre posibles delitos
electorales o contra el sufragio se hará de manera prioritaria por parte de la Fiscalía General
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de la Nación a través del Eje Temático de Protección a los Mecanismos de Participación
Democrática.
La Constitución Política en sus artículos 40, 100, 108, 110, 258, 293 y 316 señala que los
ciudadanos tienen derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político. En consecuencia y con el propósito de proteger estos derechos se han establecido
en los Códigos Penal2 y Electoral3 las sanciones correspondientes a:
1. Pena privativa de la libertad.
2. Arresto.
3. Multas
4. Destitución del cargo
Ahora bien, independientemente de los preceptos penales, el legislador también ha
expedido algunas normas, para castigar la violación de normas en la que puedan incurrir
algunos ciudadanos, sean servidores públicos o trabajadores particulares, por no
acompañar la labor estatal en los procesos democráticos como jurados electorales.
Por lo anterior, el presente Plan de Garantías Electorales señala lo establecido sobre el
particular, en los parágrafos del artículo 5 de la Ley 163 de 1994 así:
“Artículo 5. Jurados de votación. Para la integración de los jurados
de votación se procederá así:
(…)
Parágrafo 1. Los nominadores o Jefes de personal que omitan
relacionar los empleados o trabajadores aptos para ser nombrados
como jurados de votación, serán sancionados con la destitución del
cargo que desempeñan si son servidores públicos y, si no lo fueren,
con multas equivalentes hasta de diez (10) salarios mínimos legales
2 Artículos 386 al 396. 3 Decreto 2241 de 1986
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mensuales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las
funciones de jurado de votación o las abandonen, serán sancionadas
con la destitución del cargo que desempeñen, si son servidores
públicos. Si no lo son, a la multa prevista en el inciso anterior.
Parágrafo 2. Las actas de escrutinio de los jurados de votación serán
válidas cuando estén firmadas, al menos, por dos (2) de ellos.
A los jurados que no firmen las actas respectivas, se les impondrá
una multa equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría
Nacional del Estado Civil, que se hará efectiva mediante resolución
dictada por los Registradores Distritales o Municipales.”
● Perturbación del certamen democrático.
● Constreñimiento al Sufragante.
● Fraude al Sufragante.
● Fraude en inscripción de cédulas.
● Elección ilícita de candidatos.
● Corrupción al Sufragante.
● Tráfico de votos.
● Voto fraudulento.
● Favorecimiento de voto fraudulento.
● Mora en la entrega de documentos relacionados con la votación.
● Alteración de resultados electorales.
● Ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédulas.
● Denegación de inscripción.
● Financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
● Violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales.
● Omisión de información al aportante.
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En concordancia con esta normatividad, el Procurador General de la Nación y el
Registrador Nacional del Estado Civil expedirán de manera conjunta una circular sobre la
materia.
Es necesario hacer una amplia difusión para que el ciudadano conozca la normatividad
vigente y sus consecuencias, porque si bien es cierto que la ignorancia de la ley no sirve de
excusa4, es mejor conocer a tiempo las conductas que tipifican los delitos y las
contravenciones antes mencionadas para conceder mejores garantías de transparencia y
legalidad en los próximos comicios electorales del año 2019.
4 Artículo 9 del Código Civil