REPÚBLICA DE COLOMBIA

PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD 2002-2006

Informe del Gobierno Nacional

Bogotá D.C., abril 6 de 2006

TABLA DE CONTENIDO

Introducción……………………………………………………………………………………………………...3 1. DERECHO A LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL: ................................................................. 5

1.1Programas para promover los entornos protectores y prevenir las causas que generan o aumentan la discapacidad: .............................................................................................................. 7

1.1.1 Diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad en el país.......................... 7 1.1.2 Elaboración de Mapas de riesgo y promoción de entornos saludables............................ 10 1.1.3 Promoción de la Salud Ocupacional y Prevención de riesgos profesionales ................... 12 1.1.4 Prevención de la accidentalidad vial ................................................................................ 13 1.1.5 Prevención y atención de accidentes de minas antipersona........................................... 15

1.2Oferta de servicios de rehabilitación integral ............................................................................ 16 1.2.1 Mejora de la calidad de los servicios de rehabilitación..................................................... 16 1.2.2 Rehabilitación profesional ................................................................................................ 19 1.2.3 Manual de calificación de invalidez .................................................................................. 20 1.2.4 Rehabilitación Basada en la Comunidad – RBC ......................................................... 20 1.2.5 Servicios de Rehabilitación en las Fuerzas Militares: .................................................. 21 1.2.6 Pensiones de invalidez en las Fuerzas Militares:

1.3 Suministro de ayudas técnicas ............................................................................................ 232. DERECHO A LA EDUCACIÓN: .................................................................................................... 24

2.1 Sistema de información - educación....................................................................................... 24 2.2 Ampliación de Cobertura en educación: .................................................................................. 24 2.3 Fortalecimiento de la oferta educativa para la integración educativa ...................................... 25

3. DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO................................................................................... 30 4. DERECHO A LA CULTURA. ........................................................................................................ 36 5. DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE ....................................................................... 38 6. DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN ...................................................................................... 40 7. DERECHO A LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN ................................................................ 44

7.1 Tecnologías para el acceso a la información:.......................................................................... 44 7.2 Servicio de intérpretes para el acceso a la información de la población sorda:....................... 47 7.3 Portal de discapacidad ............................................................................................................ 47

8. DERECHO A LA VIVIENDA.......................................................................................................... 48 9. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD CON DISCAPACIDAD: ..................... 49 10. ESTRATEGIAS PARA PROMOVER Y HACER VISIBLES LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ................................................................................................. 54

10.1 Formulación de una Convención internacional para la protección de los derechos de las personas con discapacidad en las Naciones Unidas.................................................................... 54 10.2 Estrategia de Comunicaciones ...................................................................................... 5510.3 Gestión de recursos de cooperación internacional........................................................... 56 10.4 Articulación con otras políticas sociales: ............................................................................... 58

10.4.1Política de infancia: ......................................................................................................... 58 10.4.2 Política de equidad de género:....................................................................................... 59

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Informe del Gobierno Nacional

PLAN NACIONAL DE DISCAPACIDAD 2002-2006 En desarrollo de los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2003- 2006 “Hacia un Estado Comunitario” 1 y dando continuidad al proceso de formación de una política pública en discapacidad iniciado hace varios años, las entidades que integran el Gobierno Nacional2 han implementado acciones sectoriales e intersectoriales orientadas al respeto y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad mediante estrategias de Promoción y Prevención, de Equiparación de Oportunidades y de Atención Integral a esta población, conforme a las Normas Uniformes de las Naciones Unidas. 3 La situación de discapacidad es actualmente entendida no sólo desde una perspectiva médica en la que se tienen en cuenta la funcionalidad del individuo, sino también desde un modelo social que hace referencia a la integración y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. La discapacidad no es un atributo de la persona, sino un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales son creadas por el ambiente social. Por lo tanto, el manejo del problema requiere la actuación social y responsabilidad colectiva de la sociedad para hacer las modificaciones ambientales necesarias con el fin de garantizar la participación plena de las personas con discapacidad en todas las áreas de la vida social. 4 En la medida que el tema de discapacidad sea un tema transversal, es decir, que exiga una intervención integral frente al individuo y a su entorno para su efectiva integración y participación, es preciso la articulación de los diferentes actores y entidades que integran el Estado, tanto en sus niveles de descentralización:

1 Para atender la situación de Discapacidad en el país se desarrollará el Plan Nacional de Intervención en Discapacidad, dentro del marco de la Política Pública, con el fin de garantizar los programas y estrategias intersectoriales que prevengan las situaciones de discapacidad. Propenderá por el respeto y el reconocimiento de las diferencias que de la condición de discapacidad se derivan, así como proveer las condiciones para lograr la mayor autonomía y participación de las personas con discapacidad en los espacios cotidianos y de vida ciudadana, con la participación, compromiso y solidaridad de la familia, la comunidad y el Estado”. 2 Entre otras: Consejería Presidencial de Programas Especiales, Consejería Presidencial para la Política Social-Red de Solidaridad Social, Vicepresidencia de la República, Ministerio de la Protección Social- ICBF, SENA, Ministerio de Educación- INCI; INSOR, DANE, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Comunicaciones – Agenda de Conectividad, Ministerio de Transporte, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Cultura – Coldeportes. 3 Normas Uniformes de Naciones Unidas Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de sesiones, mediante resolución 48/96, del 20 de diciembre de 1993. 4 Ver Clasificación internacional del Funcionamiento y la discapacidad - CIF. - OMS. Ginebra, 2000

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nacional, departamental y municipal, como desde los distintos sectores: salud, educación, empleo, cultura, transporte, etc.; desde la sociedad civil: instituciones prestadoras de servicios, lideres comunitarios, empresarios, gremios, y en general la ciudadanía. En esa medida, bajo la coordinación del Ministerio de la Protección Social, desde su Dirección de Promoción Social5, con el acompañamiento del Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación,6 se ha buscado permanentemente articular las acciones entre las entidades que integran el Gobierno en el nivel nacional, las instancias territoriales y la comunidad, en aras de construir la Política Nacional de Discapacidad que permita consolidar la articulación del tema de discapacidad dentro del Sistema de la Protección Social y su plena coordinación con los demás sistemas y políticas públicas sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de los colombianos en condiciones de equidad. Ahora bien, es importante comprender que la construcción de una “política pública social” más que un documento, un plan o una matriz, supone un “conjunto de acciones colectivas orientadas a garantizar los derechos sociales, las cuales configuran un compromiso público para lograr un fin determinado” 7 Este fin, para el caso concreto de la Política Nacional de Discapacidad, no es otra cosa distinta a lograr la máxima autonomía y la plena participación de la persona con discapacidad en el desarrollo humano y social del país. En este sentido, a partir de las recomendaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social, contemplados en el Documento Conpes 080 de 20048 bajo el enfoque del manejo social del riesgo, se ha venido construyendo un Plan de Acción Nacional que busca dar respuestas transversales e integrales a las principales necesidades de las personas con discapacidad, aspirando a establecer políticas de Estado a partir de una visión integrada que permita dar soluciones estructurales para el manejo de la situación de Discapacidad en un marco de derechos y deberes ciudadanos, con descentralización y participación de la comunidad. Es así como el Ministerio de la Protección Social con el apoyo de la Consejería Presidencial de Programas Especiales y de la Vicepresidencia de la República, realizó el diseño y la construcción del Plan Nacional de Intervención en Discapacidad con los sectores y entidades del orden nacional. De manera conjunta trabajó con los diferentes actores que conforman el Comité Consultivo Nacional de las Personas con Limitación, el Comité Técnico Nacional de

5 Decreto 205 de 2002. Por el cual se determinan los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio de la Protección Social y se dictan otras disposiciones. 6 Ley 361 de 1997 y decreto 276 de 2000. Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 7 Guareschi, Comunello, Nardini & Hoenisch, 2004, pág. 180 8 DNP-DDS-SS. “Documento Conpes Social 80” 26 de julio del 2004, Bogotá Colombia. http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/Subdireccion_Conpes/Social080.pdf

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Discapacidad y los Grupos de Enlace Sectorial9, con el propósito de coordinar las acciones para el desarrollo de dicha Política. Igualmente apoyó en la definición del nivel de compromiso y grado de participación de los diferentes departamentos en la formulación y planificación del proceso del desarrollo del Plan. Dentro de las acciones gubernamentales realizadas en dicho contexto durante este gobierno, dirigidas a materializar los derechos humanos de la población con discapacidad en el país y avanzar en los mecanismos de planeación y participación social de este sector de población, encontramos:

1. DERECHO A LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL De acuerdo con la Organización Mundial de Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades10. Igualmente nuestra Constitución Política define la salud como un derecho fundamental y un servicio público que debe ser garantizado a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos en condiciones de vulnerabilidad manifiesta como es el caso de las personas con discapacidad. 11. A partir de la Ley 100 de 1993 se creó en el país el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), con el objetivo entre otros, de alcanzar la cobertura universal en salud, mejorar el flujo de recursos hacia el sector y brindar una mayor asistencia en salud pública a todos los colombianos. Estó comprendido dentro de Sistema de la Protección Social, establece las obligaciones del Estado y la sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura en salud, pensiones y riesgos profesionales y otros servicios complementarios para asegurar el bienestar, la calidad de vida y la salud pública de todas las personas sin ningún tipo de discriminación. De acuerdo con la información del Registro – DANE, se está evidenciando una cobertura del 62%, es decir están por fuera del sistema aproximadamente el 38% de las personas con discapacidad, situación que es más crítica en unas regiones.12 En particular, las personas con discapacidad deben no solo poder acceder a este Sistema de Salud sin ningún tipo de discriminación frente a los demás ciudadanos, sino además recibir efectivamente los servicios de rehabilitación integral y demás

9 El objetivo de esta instancia es la de servir de enlace entre los entes públicos y las organizaciones no gubernamentales para la planeación en el nivel nacional y territorial y el apoyo técnico a diferentes sectores. 10 Principios básicos de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, adoptada en la Conferencia Sanitaria Internacional. Celebrada en Nueva York entre el 19 de junio y 22 de julio de 1946 y suscrita el 22 de julio por los representantes de 61 Estados. 11 Constitución Política de Colombia Art. 13 y 47. 12 DANE. Dirección de Censos y Demografía. Aplicación del Registro Único para la Localización y caracterización de personas con discapacidad. 2002-actual.

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recursos que les permitirán alcanzar y mantener su mayor grado de autonomía e independencia. Para asegurar el acceso y la cobertura de servicios en el Sistema de Salud y Seguridad Social de las personas con discapacidad en Colombia, el Consejo Nacional de Seguridad en Salud y Seguridad Social (CNSSSS),13 ha incluido dentro de los Planes de Atención Individual Obligatorios, tanto en el Régimen Subsidiado como en el Contributivo14, acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y recuperación de la salud, particularmente servicios de atención en rehabilitación y suministro de ayudas técnicas para las personas con discapacidad, sin ningún tipo de discriminación. Se contemplan acciones de promoción y prevención para la atención comunitaria, en los Planes de Atención Básica (PAB) dentro de las políticas de atención en Salud Pública. 15 De igual forma, el Ministerio de la Protección Social, ha transferido recursos de la Nación a las entidades territoriales responsables, para la atención de las necesidades de las personas con discapacidad en sus respectivas comunidades, así: Mediante la Resolución 2529 de 2003, se asignaron recursos de $2.500’000.000 a 17 departamentos: Antioquia, Boyacá, Bolívar, Caquetá, Caldas, Cauca, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Sucre y Tolima. Mediante la Resolución 1834 del 16 de Junio de 2004, se asignaron recursos por $2.650’000.000 a los siguientes 15 departamentos del país: Amazonas, Arauca, Atlántico, Casanare, Chocó, Córdoba, Guainía, Guaviare, Magdalena, Putumayo, San Andrés, Santander, Valle, Vaupés y Vichada y a la ciudad de Bogotá D.C. Así mismo, a través de la Resolución 000746 del 18 de marzo de 2005, se asignaron $2.800’.000.000 a 15 departamentos: Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Guajira, Nariño, Sucre, Tolima, Valle y a 3 Ciudades: Barranquilla, Cartagena y Santiago de Calí. de 2005 13 Organismo que tiene a su cargo la concertación de elementos de regulación para el SGSSS en todo el territorio nacional. (Departamento Nacional de Planeación. http:// www.dnp.gov.co/paginas_detalle.aspx?idp=609.) 14 Ver entre otros: Acuerdo 000306 de 2005 del Ministerio de la Protección Social y CNSSS, Resolución 5261 de 1994, 15 La Salud Pública debe ser entendida como el conjunto de políticas públicas, acciones y servicios que buscan mejorar las condiciones de vida y el bienestar del individuo y las colectividades, bajo la rectoría del Estado y la participación responsable de la comunidad, los particulares y todos los sectores. Ésta incluye las intervenciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, el control de los factores de riesgo biológicos, la vigilancia epidemiológica y las acciones en patologías de interés de la salud pública.

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Para el año 2006, se asignarán recursos por valor de 2.940’000.000 al D.C. de Bogotá y a los siguientes departamentos: Amazonas, Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Guainía, Guaviare, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander, Vaupés y Vichada. Los recursos transferidos a los departamentos buscan apoyar la cofinanciación de las siguientes acciones:

• Registro y Caracterización de la Población con Discapacidad acorde a los lineamientos establecidos por el Departamento Nacional de Estadística - DANE.

• Implementación de metodologías y estrategias de Rehabilitación Basada en la Comunidad.

• Fortalecimiento de Bancos de Ayudas Técnicas. • Mejoramiento de Centros y Unidades de Rehabilitación. • Fortalecimiento de Comité Técnicos Territoriales. • Apoyo a la implementación de proyectos productivos.

Por otra parte, el Ministerio realizará este año un estudio de costos de actividades de rehabilitación en discapacidad del Plan Obligatorio de Salud POS y del Plan Obligatorio de Salud - Subsidiado POSS, por un valor de $ 80’000.000, con el fin de determinar el costo y los requerimientos técnicos de las actividades y servicios que conforman el proceso de habilitación y rehabilitación integral, en el marco del Sistema de salud y seguridad social para la para atención de las personas con discapacidad y que actualmente no se encuentran incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud -POS. Lo anterior, con miras a definir el contenido legal y técnico que se propondrá al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSSS) para incluir en los Planes de Beneficios y de Salud Pública del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), que sirvan de referencia para la planeación del gasto de subsidios a la oferta de servicios por parte de las direcciones territoriales de salud.

Así mismo, dentro de las estrategias implementadas por el Gobierno Nacional para la realización de este derecho, encontramos:

1.1 Programas para promover los entornos protectores y prevenir las causas que generan o aumentan la discapacidad:

1.1.1 Diagnóstico de la situación de las personas con discapacidad en el país Frente a la sentida necesidad de que el país pudiera conocer la verdadera dimensión de la situación de discapacidad, para hacerla visible y tener una oferta

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de programas acordes con las necesidades de esta población, el Gobierno Nacional asumió el compromiso de apoyar la conformación de un Sistema de Información en discapacidad para conocer las condiciones de vida, las características de las personas con discapacidad en el país y la disponibilidad de servicios para satisfacer sus necesidades. Así, el DANE, entidad competente para generar información estadística nacional para la planeación socioeconómica y la toma de decisiones públicas, con el apoyo de la Vicepresidencia de la Republica, incluyó en el Censo de 2005 una pregunta sobre discapacidad, que permitirá conocer cuántas personas con discapacidad existen en Colombia, qué tipo, y en qué municipios y departamentos. Adicionalmente, el DANE, contando con la activa participación de algunos representantes de organizaciones de y para la población con discapacidad, creó el Formulario Único de Registro para la Localización y Caracterización de las personas con discapacidad. Este Registro es un instrumento que le permitirá a las autoridades locales conocer en detalle las características, condiciones y necesidades de las personas con discapacidad en un determinado municipio y departamento, para que, con base en ella, se puedan establecer planes y programas acordes con estas necesidades capaces de brindar una atención integral y oportuna a las personas con discapacidad, administrando eficientemente sus recursos públicos. Varias entidades del Gobierno Nacional han apoyado con gestión y recursos al DANE para que pueda brindar asistencia técnica a los departamentos en la implementación del Registro. Entre ellas, se destacan: el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de la Protección Social, la Consejería Presidencial de Programas Especiales, y la Vicepresidencia de la República. Las acciones van desde la convocatoria y sensibilización de alcaldes y gobernadores sobre la importancia de contar con esta información en sus territorios, hasta la aplicación y actualización continua de esta información. El Ministerio de Educación mediante convenios interadministrativos durante los años 2002, 2004, 2005 ha invertido en el proyecto un total de $327.000.000 de pesos de su presupuesto. Hoy en día, el DANE dentro de su presupuesto cuenta con una línea propia para cofinanciar el Registro continuo, si bien no son suficientes $300’000.000, se ha permitido brindar el apoyo técnico que los entes territoriales solicitan. Hasta el momento 18 entidades territoriales están participando en el proceso de implementación del Registro continuo. 406 municipios, incluido Bogotá, han enviado 345.658 formularios diligenciados al DANE, logrando un 76.66% de la meta proyectada y se tienen datos procesados de 248.670 personas. Los resultados generales se pueden apreciar en la siguiente tabla:

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DEPARTAMENTO MUNICIPIOS PERS / DISCAPAC

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Meta Formularios

a Diligenciar

FORM RECIBIDOS

DANE

% ENVIOS / META

FORM PROCESADOS

ANTIOQUIA 49 28 646 42 996 26 472 0,61568518 21 420 ATLANTICO 22 24 733 37 142 14 389 0,38741031 14 379 BOGOTA 1 63 372 95 058 88 759 0,93373519 30 772 BOLIVAR 1 357 536 329 0,61437908 - BOYACA 40 8 573 14 321 12 473 0,87095873 10 984 CALDAS 2 1 370 2 055 1 323 0,64379562 1 323 CAUCA 36 20 731 31 215 21 490 0,68845107 15 064 CESAR 12 6 956 10 434 14 888 1,42687368 13 656 CORDOBA 28 18 177 27 266 25 044 0,91852341 24 794 CUNDINAMARCA 30 6 572 10 144 7 817 0,7706413 7 769 HUILA 37 18 682 28 044 26 497 0,94483669 25 994 LA GUAJIRA 15 6 058 9 087 9 490 1,04434907 2 144 NARIÑO 43 17 601 26 546 26 169 0,98581681 14 352 SANTANDER 3 3 142 4 719 4 089 0,86649714 3 897 Tolima 46 18 968 28 604 31 211 1,09116017 31 195 VALLE 15 50 164 75 246 25 931 0,34461633 24 619 ARAUCA 7 2 354 3 644 2 855 0,78358721 - CASANARE 19 2 156 3 828 6 432 1,68025078 6 308 TOTAL 406 298 612 450 882 345 658 76.66% 248 670

Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía Los departamentos de Arauca, Bogotá, Casanare, Huila, La Guajira y Córdoba, cuentan con esta valiosa información en el 100% de sus municipios, se espera que durante 2006 lo logren los departamentos del Tolima y Atlántico. Durante el 2006 el Ministerio de Protección Social apoyará esta estrategia con la asignación de recursos para el desarrollo de programas de atención en discapacidad a 17 departamentos. La asignación de recursos a los entes territoriales por parte de las entidades del orden nacional, estará condicionada a que los respectivos alcaldes y gobernadores implementen el registro de información y caracterización de personas con discapacidad en sus comunidades, de tal manera que todos sus programas y proyectos sociales tengan como base las necesidades reales de las personas con discapacidad. Para el año 2006 el DANE inicia procesos de implementación del Registro continuo en los departamentos de:

Departamento Total de

municipios Municipios con

registro Cobertura geográfica Registros esperados

Amazonas 11 0,0% 1 721 Caldas 27 2 7,4% 23 310 Guainía 9 0,0% 360 Guaviare 4 0,0% 758 Quindío 12 0,0% 13 182

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Risaralda 14 0,0% 22 125 TOTAL 77 2 2,6% 61 456 Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía Igualmente el DANE realizará el mantenimiento y actualización de las bases de datos de todos aquellos municipios que reporten nueva información, se prestará apoyo técnico a los departamentos que así lo soliciten y participará en el diseño del subsistema de información sobre oferta de bienes y servicios de acuerdo con lo establecido en el CONPES 80/2004. Es indispensable que las entidades territoriales, con el acompañamiento del DANE y demás entidades del Gobierno Nacional, continúen implementando y actualizando el Registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad en sus respectivos municipios y departamentos, para asegurar el Registro en todo el territorio nacional. Igualmente, el DANE diseñará y avanzará en la oferta de información sobre principales causas de mortalidad a nivel territorial, en la elaboración de estrategias de sensibilización sobre captura y utilización de información estadística sobre discapacidad, tanto de la que proviene del registro como la de los censos nacionales de población, tarea que se desarrollará en coordinación con las demás entidades del Comité Técnico Nacional de Discapacidad.

1.1.2 Elaboración de Mapas de riesgo y promoción de entornos saludables Con el objetivo que las entidades territoriales responsables construyan mapas de factores de riesgo relacionados con discapacidad que les permitan a las personas, la familia y la comunidad identificar, prevenir y mitigar los riesgos que producen discapacidad, y desarrollar el autocuidado, las entidades del Gobierno nacional buscan definir orientaciones y brindar asistencia para que las autoridades departamentales y municipales elaboren mapas de riesgo para la prevención de discapacidad y el desarrollo de entornos protectores. En este sentido, el Ministerio de la Protección Social realizará este año el diseño y la divulgación de la Metodología para la elaboración de mapas de riesgos para la prevención de discapacidades, la cual permitirá que los entes territoriales en desarrollo de sus competencias en materia de salud, implementen programas de promoción y prevención en sus comunidades frente a la situación de discapacidad. En el marco del proyecto de Prevención en salud auditiva y Comunicativa el Instituto Nacional para Sordos, INSOR (entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional) realizó una inversión de $75.000.000. Se destacan entre otras acciones el diseñó del documento "Pautas para el Diseño de estrategias de Comunicación para la Movilización social", enfocado hacia la salud auditiva y

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comunicativa. El Insor cuenta con un resumen ejecutivo de la experiencia "Validación del Instrumento de Tamizaje para la Detección Temprana de Deficiencias Auditivas” Igualmente, el INSOR apoyó la elaboración del apartado Derechos y Deberes dentro del documento "Lineamientos de Política para la Promoción de Entornos Protectores y Prevención de la Discapacidad”, y ha brindado asesorías y capacitaciones a los diversos entes territoriales en promoción y prevención de la salud auditiva, en las cuales se beneficiaron 13.488 personas de Bogotá, Cartagena, Meta, Caquetá, Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Quindío, Cundinamarca, Tolima, Guaviare, Boyacá, Putumayo, Risaralda.. Finalmente, esta entidad hizo entrega del video "Pare Oreja " para su respectiva divulgación en las regiones. En el marco de estudios e investigación en el área de salud auditiva comunicativa el INSOR realizó la producción técnica de documentos de orientación “Guía Sobre la Organización de servicios de Audiologia”. Finalizó la investigación criterios básicos para orientar la toma de decisiones sobre elegibilidad de candidatos para implante coclear. Realizó la divulgación de materiales en salud auditiva comunicativa como publicaciones y videos. Se brindó asesoría y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos de promoción y prevención de los departamentos de Tolima, Guaviare, Boyacá y Cundinamarca, así mismo para el “Programa Colombia Oye” en los componentes de diagnostico, selección y adaptación de audífonos, desarrollo de jornadas de capacitación y talleres teóricos prácticos hacia la identificación de la población escolar con deficiencia auditiva. En trabajo conjunto con entes territoriales se promovió la integración de acciónes multisectoriales en salud y educación. Para el 2006 el INSOR espera fortalecer los programas de promoción y prevención implementados en algunos departamentos y realizar seguimiento al uso del material “Pare Oreja” a la salud auditiva de los colombianos que fue entregado a las regiones- Igualmente hará la publicación y divulgación del material actualizado sobre "Uso, Mantenimiento y Cuidado del Audífono. De igual manera, el Instituto Nacional para Ciegos –INCI desarrolló programas de prevención orientados a la detección de problemas visuales y oculares de la población escolar, en coordinación con entidades de salud y educación. Se capacitó a 4.884 personas entre docentes, profesionales de crecimiento y desarrollo, optómetras y oftalmólogos, coordinadores y profesionales del Plan de Atención Básica –PAB, Jardineras del ICBF y del DABS, líderes y madres comunitarias para la detección de alteraciones visuales y oculares en los

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Departamentos de Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Córdoba, Guainía, Guajira, Guaviare, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés y el Distrito Capital. Como soporte a la temática, se realizaron dos videos; el primero denominado “Una mirada al ojo” sobre anatomofisiología ocular, y el segundo “Ojo con tus ojos” sobre acciones de prevención. En éstas acciones se invirtió un presupuesto de $52.600.489, lo que corresponde al 3.3% del presupuesto de inversión del Instituto en los últimos tres años. Con la Fundación Oftalmológica Nacional – FUNDONAL, se dio inicio en el año del 2005 a la investigación en salud visual denominada “Prevalencia del Glaucoma en la Raza Negra Nativa del Chocó”, con una inversión de $50’000.000. El estudio obedece a que alrededor de 5.000 personas en ese departamento tienen ceguera, de las cuales el 15 % tendrían la limitación visual ocasionada por el Glaucoma. Los resultados aportarán información para diseñar un sistema de evaluación de riesgo de la presencia del Glaucoma en la población nativa del Chocó y plantear estrategias para intervenir en la historia natural de la enfermedad en comunidades afrocolombianas en el resto del país. Para el año 2006 el INCI asesorará en 10 departamentos (Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Sucre y Tolima) a entidades competentes en prevención de la ceguera y baja visión, para fortalecer la cultura de la salud visual y ocular en la población en general. El DANE espera igualmente diseñar y avanzar en la oferta de información sobre principales causas de mortalidad a nivel territorial y en la elaboración de estrategias de sensibilización sobre captura y utilización de información estadística proveniente de los Censos Nacionales de Población, en coordinación con demás entidades del Comité Técnico Nacional de Discapacidad.

1.1.3 Promoción de la Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Profesionales

Como parte de los objetivos del Plan Nacional de Salud Ocupacional y como estrategia que garantice la cobertura de las prestaciones asistenciales y económicas de los trabajadores que sufran discapacidad como consecuencia de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, la Dirección de Riesgos Profesionales del Ministerio de Protección Social, desarrolló campañas publicitarias para promover la afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales, campañas publicitarias para disminuir la evasión y elusión "Evasión y Elusión una Mala Decisión", se reglamentó a través de los Decretos 2800 de 2003 y 3615 de 2005, la afiliación de trabajadores independientes. La afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales se incrementó de 4.164.950 en el 2002, a 5.104.050 al finalizar el 2005.

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Así mismo, se desarrollaron campañas pedagógicas a través de medios de comunicación en: prevención del síndrome del túnel del carpo a través de la campaña "Que no se le Vaya la Mano"; sobre los derechos de los trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Profesionales; la campaña "Cuida tu Salud en el Trabajo", dirigida a poblaciones vulnerables e informales (artesanos, campesinos, metalmecánica). Además se realizaron en cada año 34 eventos en cada Dirección Territorial, para conmemorar el “Día Nacional de la Salud Ocupacional en el Mundo del Trabajo". En estos eventos se abordan temas relacionas con la promoción de la salud ocupacional y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Como estrategia para promover la cultura en salud ocupacional para involucrar otros sectores como el académico, el Ministerio de la Protección Social firmó un convenio interinstitucional con la Universidad Industrial de Santander cuyo objeto es diseñar y validar el programa nacional de promoción de una cultura en salud ocupacional en el marco de la estrategia de “Escuela Saludable” a través de una prueba piloto. Este proyecto se llevará a cabo en el transcurso del 2006.

1.1.4 Prevención de la accidentalidad vial El Ministerio de Transporte ha llevado a cabo medidas preventivas para reducir el número de accidentes de tránsito que traen como consecuencia la discapacidad. Una de las acciones más representativas frente a este tema es el “Plan Nacional de Seguridad Vial 2004 – 2008” el cual ha contribuido a la reducción de los índices de accidentalidad, de personas lesionadas y de muertes ocasionadas durante el 2005. Los programas y acciones desarrolladas dentro del Plan, han contribuido a la reducción de estos índices del año 2004 al 2005 donde las cifras estimadas demuestran que de 229.184 accidentes de tránsito paso a 180.000 con una disminución del 21%; de 5.483 muertos a 5.418 con un decrecimiento del 1.2 % y de 35.914 heridos por accidente a 34.660 con una reducción del 3.5%.

Para continuar con esta labor y como una estrategia para reducir los riesgos de adquirir una discapacidad, el Ministerio de Transporte con el Fondo de Prevención Vial, organizó la socialización del “Plan Nacional de Seguridad Vial 2004 – 2008” al interior del Ministerio de Transporte a sus respectivas Direcciones Territoriales y a las Secretarías de Tránsito, bajo el marco de las Mesas Regionales de Trabajo de Seguridad Vial llegando al 90% de los organismos de tránsito del país con cubrimiento de todo el territorio nacional. Igualmente, con la colaboración del Fondo de Prevención Vial se ha trabajado en diversas campañas en los medios de comunicación tendientes a prevenir la

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accidentalidad vial, como caso especial la campaña “Al discapacitado y al aciano dale tiempo dale la mano” y en la parte de capacitación para niños de primaria, profesores, juego rueda la rueda, caperucicla roja y el lobo veloz, redacción Manual Pedagógico Interinstitucional del Ministerio de Educación Nacional – Ministerio de Transporte. De igual manera, se desarrolló el Programa de instrucción en comportamiento seguro en el tránsito por medio del Parque Didáctico Infantil de Tránsito “Ciudad Vital” Otras de las acciones encaminadas a la prevención de la discapacidad y la generación de entornos saludables es la Implementación del Programa SALVAVIAS, en las principales carreteras de Colombia a cargo de la Nación, cuyo propósito fundamental es establecer la presencia real del Estado a través de sus entidades para el control del tránsito de vehículos de pasajeros y así reducir la accidentalidad vial. Igualmente se expidió un conjunto de reglamentación relacionada con la seguridad vial y prevención de la accidentalidad, tales como:

1. Manual de Señalización Vial, dispositivos de Regulación del Tránsito en Calles, Carreteras y Ciclo rutas en Colombia.

2. Plan Nacional de Seguridad Vial. 3. Resolución de uso obligatorio de luces medias encendidas durante las 24

horas del día para la circulación de todos los vehículos en carretera. 4. Resolución de uso de dispositivos de velocidad en vehículos de transporte

intermunicipal de pasajeros y de transporte especial. 5. Resolución para el Transporte de mercancías peligrosas. 6. Participación en la elaboración de Normas ICONTEC en accesibilidad y

riesgos. 7. Resolución de reglamentación de la habilitación y funcionamiento de

Centros de Enseñanza Automovilística. 8. Reglamentación de los exámenes teórico-prácticos y psicosensométricos

para la expedición de la licencia de conducción de vehículos automotores. 9. Resolución para la autorización del transporte de cargas extradimensionada

y extrapesada por las vías del país. 10. Resolución del vehículo accesible

Por último, se suscribió un convenio entre el Ministerio de Transporte y Colciencias por valor de 200 millones de pesos para la investigación sobre las verdaderas causas de la accidentalidad en los corredores viales de alta accidentalidad y la implementación de un piloto de intervención para reducir la accidentalidad.

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1.1.5 Prevención y atención de accidentes de minas antipersonal Colombia ocupa el tercer lugar en el mundo, después de Afganistán y Angola, en cuanto a número de víctimas causadas por las Minas Antipersonales (MAP) y es el único país de América Latina en donde aún se siembran Minas Antipersonales y donde la población se ve expuesta a Municiones Sin Explotar (MUSE) de manera alarmante. Uno de cada dos municipios se ve afectado por la presencia o sospecha de un campo minado que alcanza una vida útil de hasta medio siglo. En 31 de los 32 departamentos nacionales la población está en riesgo por la presencia de campos minados y municiones abandonadas sin detonar, o en peligro ante la sospecha de que el fenómeno pueda estar a su alrededor. No son sólo las víctimas directas de estas armas quienes se ven afectadas: sus familias y sus comunidades también, cuando deben, abruptamente, modificar su forma de vida pues se trata de una amenaza de alto riesgo para la población civil. A nivel colectivo, las comunidades pierden la confianza en sus territorios, y les restan tan sólo dos alternativas: Convivir con ello o huir dejándolo todo. El territorio “contaminado” por minas antipersonales afecta la movilidad de las gentes, la productividad de los predios y la gobernabilidad de los mismos. En Colombia el 92% de los casos se presenta en áreas rurales. El total de víctimas registradas durante 2004 fue de 812 y desde 1990 hasta la fecha es de 3404. En promedio, se presentan dos víctimas diarias, 40% de las cuales son civiles, la mitad de ellas niñas y niños. El 48% de las niñas y niños víctimas han sufrido el accidente al momento de manipular artefactos abandonados, generalmente granadas. La problemática del desplazamiento forzado crece donde hay peligro de campos contaminados por minas antipersonales. En el momento de la huída se enfrentan también al riesgo de las municiones sin explotar que quedan después de un enfrentamiento. Los actores armados ilegales utilizan el minado indiscriminado en corredores estratégicos y campamentos. En lugares sagrados como los alrededores de escuelas, fuentes de agua, áreas comunales y de vivienda, zonas de cultivos y caminos de acceso a las comunidades. Un alto porcentaje de la población ignora las señales de peligro, las medidas de seguridad y protección, localización de los campos minados y los mecanismos para solicitar protección del Estado. El desarrollo económico se ve afectado, pues el 88% de las víctimas son jóvenes y adultos en edad productiva.

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Ante esta crítica realidad, el Gobierno nacional apropió los recursos necesarios para dar cumplimiento a los compromisos asumidos en la Convención de Ottawa, asignando del Presupuesto General de la Nación los siguientes montos: a. Para la vigencia 2004, por medio de la Ley 848 de 2003, la suma de $2.500’000.000, valor para ser ejecutados entre julio de 2004 y junio 2005. El presupuesto de inversión corresponde al siguiente proyecto: “Implantación del Programa Nacional de Prevención de Accidentes por Minas Antipersonales y Atención a Víctimas”. b. Para el año 2005 de conformidad con la ley 921 de 2004 se asignaron $571.000.000, los cuales se ejecutarán durante el periodo comprendido entre julio 2005 y junio 2006. El presupuesto de inversión corresponde al siguiente proyecto: “Implantación del Programa Nacional de Prevención de Accidentes por Minas Antipersonales y Atención a Víctimas. En desarrollo de su misión, el Observatorio de Minas Antipersonal del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, desarrolla estrategias para Promover una cultura de seguridad y protección contra las minas antipersonales y los artefactos explosivos abandonados no detonados, desarrollando la línea estratégica de información y educación, a través de un proceso participativo, masivo y sostenible. Igualmente, promueve una respuesta oportuna para garantizar la vida, la integridad, la salud, la convivencia y la seguridad de la población civil “más vulnerable” víctima del conflicto armado interno, respondiendo oportunamente a Emergencias Humanitarias. A través de la gestión de información en el tema, se ha conformado un Sistema información para la detección de zonas afectadas por minas antipersonales y artefactos explosivos no detonados y se ha generado conocimiento para facilitar la toma de decisiones en prevención, señalización, elaboración de mapas, remoción de minas, atención a víctimas y monitoreo. Igualmente se ha generado conocimiento para facilitar la toma de decisiones en prevención, señalización, elaboración de mapas, remoción de minas, atención a víctimas y monitoreo

1.2 Oferta de servicios de rehabilitación integral

1.2.1 Mejora de la calidad de los servicios de rehabilitación La rehabilitación integral se define como “el conjunto de acciones sociales, terapéuticas, educativas y de formación, de tiempo limitado, articuladas, definidas y conducidas por un equipo interdisciplinario, en el que se involucra al usuario como sujeto activo de su propio proceso, a la familia, a la comunidad laboral y la comunidad social, en el cumplimiento de los objetivos trazados, que apunten a

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lograr cambios en el trabajador y en su entorno, y que conduzcan a una reincorporación al desarrollo de una actividad ocupacional satisfactoria y a una experiencia de vida con calidad.” 16

Sólo mediante el reconocimiento de la importante contribución que las personas con discapacidad aportan a la sociedad, y entendiendo que la asignación de recursos para su rehabilitación es una inversión para el desarrollo, es posible superar el círculo vicioso entre pobreza y discapacidad. En efecto, tradicionalmente las instituciones de rehabilitación no han prestado servicios exclusivos de educación, salud o protección, sino varios de ellos. Para aquellas que ofrecen servicios de salud, ya sea de manera exclusiva o con algún otro servicio, “es incuestionable el deber de cumplir con los requerimientos mínimos que garantizan la salud y seguridad de los individuos que atienden y de enmarcarse en los preceptos del Sistema de Garantía de Calidad, para asegurar que las condiciones bajo las cuales proporcionan la atención, sean las más propicias para lograr que el paciente reciba una atención de calidad, entendida como el mayor beneficio, al menor riesgo y costo”. 17

Con este objetivo y teniendo en cuenta las necesidades y características de la oferta de los servicios de rehabilitación en el país, el Ministerio de la Protección Social18 adelantó en el año 2004 mediante contrato con el Centro de Gestión Hospitalaria, el Estudio para el establecimiento de estándares de acreditación de prestadores de servicios de salud de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad física, mental, cognitiva o sensorial en el territorio nacional, en el marco del Sistema de Garantía de Calidad de la Atención en Salud, con un valor de $80'000.000 (recurso de vigencia 2004). A través de este estudio, se definen los procesos básicos para garantizar la calidad de la atención de la institución de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad física, mental, cognitiva o sensorial, en la prestación de los servicios de salud, independientemente de su tamaño y nivel de complejidad, de tal manera que se brinde una atención centrada en el usuario o paciente, y el mejoramiento continuo de la calidad. Con base en el anterior soporte técnico, el Ministerio de la Protección Social expedirá durante el primer semestre de 2006 una norma legal que establece los 16 Lineamientos de Política de Habilitación/Rehabilitación Integral. Ministerio9 de la Protección Social. 2004 17 Estudio para el establecimiento de estándares de acreditación de prestadores de servicios de salud de habilitación y rehabilitación para personas con discapacidad física, mental, cognitiva o sensorial en el territorio nacional. 18 Mediante el Decreto 2309 del 15 de Octubre del 2002 se estableció la Acreditación, como un instrumento destinado a “mejorar la gestión por calidad de las organizaciones de salud, mediante un proceso voluntario de autoevaluación y evaluación externa, con unos estándares óptimos factibles, para mejorar la salud de los colombianos”. Como parte del componente operativo del Sistema Único de Acreditación, mediante la Resolución 1474 del mismo año, se pusieron a disposición de las instituciones de salud (prestadoras de servicios y promotoras de salud) los estándares para llevar a cabo la autoevaluación y la evaluación externa que permitan la acreditación

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estándares de habilitación y acreditación de prestadores de servicios de habilitación y rehabilitación de personas con discapacidad. Con base en este marco conceptual es necesario que las entidades con responsabilidad en el tema, tomen conciencia de la necesidad de garantizar una óptima calidad en los servicios de salud y rehabilitación de las personas con discapacidad así como del costo social y económico que implica su exclusión de la sociedad. De otra parte, el Ministerio de la Protección Social coordinó la elaboración y publicación del documento "Lineamientos de Política de Habilitación y Rehabilitación Integral para el Desarrollo Familiar, Ocupacional y Social de las personas con discapacidad", el cual fue realizado en el marco del trabajo del Grupo de Enlace Sectorial -GES de Rehabilitación y por el cual se busca ofrecer lineamientos técnicos a las Organizaciones Gubernamentales, Organizaciones No Gubernamentales y a la comunidad en general para facilitar los procesos de rehabilitación de las personas con discapacidad. La publicación de este documento tuvo un costo de $9'800.000 (recurso de vigencia 2004). Adicionalmente, este Ministerio realizó el Primer Encuentro Nacional Sobre Políticas, Planes y Programas de Atención Integral a la Discapacidad adelantado en diciembre de 2004 con un costo de $10'000.000. Igualmente, para el año 2006 se desarrollará un estudio técnico con su respectivo análisis de costos que permitirá el análisis de los procesos normativos necesarios para mejorar la calidad y oportunidad de acceso a los servicios de habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad, en función del logro de su autonomía para el desarrollo de actividades cotidianas, de acuerdo con sus características personales y de su entorno cercano. Un avance en este sentido lo constituye la expedición y difusión de una circular externa dirigida a Gobernadores, Alcaldes, Directores Departamentales, Distritales y Municipales de Salud, Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud, Gerentes de Empresas Sociales del Estado, ESE, Directores y Representantes Legales de Entidades Promotoras de Salud, EPS, IPS y de Administradoras del Régimen Subsidiado de Salud, ARS suscrita por el Señor Ministro de la Protección Social, mediante la cual se determina el carácter obligatorio de la prestación de Servicios de Rehabilitación a la población con y en situación de Discapacidad.

Lo anterior pretende analizar y proponer los elementos necesarios para ajustar las normas legales y técnicas para la prestación de servicios de rehabilitación en el Marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud- SGSSS. Por su parte, el Instituto Nacional para Ciegos – INCI- entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, desarrolló servicios de asesoría y acompañamiento a entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud para la

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implementación de servicios de rehabilitación. De esta manera brindó capacitación a 40 Entidades ubicadas en los Departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Sucre, Tolima y los Distritos Bogotá, Barranquilla y Cartagena. De igual forma, el INCI desarrolló estrategias para promover el servicio de rehabilitación funcional a través de un seminario internacional en baja visión, evento que contó con la participación de 16 profesionales de 6 países de Centroamérica y el Caribe y de 5 departamentos del País. A lo anterior lo acompañan la realización de 6 eventos cuyo objetivo consistía en la promoción del servicio de rehabilitación funcional en las ciudades de Barranquilla, Cartagena, Fusagasuga, Pasto, Medellín y Yopal. Participaron 163 personas entre directivos, administradores y profesionales de Instituciones Prestadoras de Salud-IPS, Entidades Promotoras de Salud-EPS, Empresas Sociales del Estado- ESE, Secretarías de Salud, Asociaciones de Limitados Visuales y comunidad en general. El presupuesto invertido en estas áreas ascendió a $52.155.795. En el presente año el INCI asesorará la organización e implementación de servicios de salud visual a la población en general y de rehabilitación para la población con limitación visual en los siguientes 10 departamentos: Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Sucre y Tolima. Para ello realizará una inversión de $37.600.000.

1.2.2 Rehabilitación profesional En el marco del Sistema General de Riesgos Profesionales- SGRP, el Ministerio de Protección Social, diseñó y difundió el Manual Guía de Rehabilitación que brinda orientaciones y lineamientos en el proceso de rehabilitación integral a los administradores del Sistema y sus usuarios. Además incluyó dentro del sistema de información del SGRP todas las variables del proceso de rehabilitación, para hacerle seguimiento a la gestión que las administradoras de riesgos profesionales realizan en este tema. En concordancia con esta estrategia, con el objeto de contar con un soporte técnico para la orientación laboral y la rehabilitación profesional el INCI elaboró un documento sobre perfiles ocupacionales basado en actividades económicas, buscando generar respuestas positivas de las entidades de formación para el trabajo así como de empresarios frente a las demandas de personas con limitación visual tanto de capacitación como de ubicación laboral.

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1.2.3 Manual de calificación de invalidez Con base en lo solicitado en el documento CONPES 80 de 2004 y lo Planteado en el Plan Nacional de Salud Ocupacional 2003 – 2007, la Dirección General de Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social, tiene previsto para el año 2006, la realización de un contrato cuyo objeto será: “Revisión y Actualización del Manual Único de Calificación de Invalidez (Decreto 917 de 1999). Este Manual contiene los criterios técnicos que permiten que las entidades de la Seguridad Social y las Juntas de Calificación de invalidez determinen el origen de los accidentes y enfermedades califiquen y revisen la pérdida de capacidad laboral a las personas con discapacidad bajo los mismo parámetros objetivos.

1.2.4 Rehabilitación Basada en la Comunidad – RBC La metodología de Rehabilitación Basada en la Comunidad -RBC es un importante mecanismo para la inclusión de personas con discapacidad cuyo principal aporte es la adaptación de la comunidad a las necesidades de estas personas, de tal manera que se garantice el máximo desarrollo de las capacidades de las personas con discapacidad, su igualdad de oportunidades y su participación para que se conviertan en miembros activos de sociedad mediante la transformación de la comunidad. El Ministerio de la Protección Social, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud- OPS brindará soporte técnico a todos los entes territoriales a través de esta metodología, debidamente validada y complementada con manuales teórico-prácticos. Así mismo, con base en un proyecto piloto adelantado durante el año 2004 en Córdoba, Sucre y Chocó, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF adelanta desde noviembre de 2005 en las Regionales y Agencias ICBF de Guainía, Guaviare, Quindío, Risaralda y Putumayo el proyecto “Fortalecimiento de Redes Comunitarias para la prevención e integración de personas con discapacidad, desde un enfoque de Rehabilitación Basado en la Comunidad -RBC”. Con el desarrollo de este proyecto se espera contar con cinco nuevas redes de agentes comunitarios ICBF que articulen su trabajo con el de los comités departamentales y municipales de discapacidad, mejore la detección, prevención y atención de discapacidad en la región. Para el desarrollo de este proyecto el ICBF contó con un presupuesto de $214.889.724. Como principal contribución de esta institución al fortalecimiento de la atención a la situación de discapacidad de la región y a la descentralización de la Política Pública de discapacidad; el ICBF tiene programado para el segundo semestre del

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2006, expandir este proyecto a los departamentos de Magdalena, Boyacá, Atlántico y Casanare. Por su parte, el INCI elaboró el modelo de intervención institucional en Rehabilitación con Base Comunitaria –RBC- para incluir el componente de limitación visual como una solución de atención a la población ciega y con baja visión menos favorecida por los servicios de salud.

1.2.5 Servicios de Rehabilitación en las Fuerzas Militares: El Ministerio de Defensa Nacional a través de la Dirección General de Sanidad Militar ha venido participando en el Plan Nacional de Discapacidad 2002 –2006, desarrollando dos proyectos muy importantes en cuanto a fortalecimiento institucional. En primer término se aprobó la Directiva Ministerial de Políticas en discapacidad para el personal de la fuerza Publica No 23 del 10 de Octubre de 2005, actualmente en implementación. En igual forma se esta desarrollando el Programa de Rehabilitación Integral del cual ya se han cumplido las fases iniciales como son la capacitación en rehabilitación profesional de los integrantes de las Unidades de Rehabilitación Integral que tendrán a cargo la fase de evaluación y orientación. Esta capacitación se llevo a cabo en diciembre del 2004, posteriormente en el 2005 se continuo con la fase de estructuración de estas URIS, mediante la Directiva 110101 para la Creación y Funcionamiento de las Unidades de Rehabilitación Integral URIS, en la actualidad esta Directiva esta en proceso de implementación por parte de las Direcciones de Sanidad de Ejercito Armada y Fuerza aérea. Actualmente se esta llevando a cabo el proyecto piloto en la URIS del Batallón de Sanidad. Con el personal de Soldados con discapacidad de esta unidad con el fin de evaluar los resultados y poder replicarlo en las otras URIS. La meta de este proyecto es lograr la capacitación y ubicación laboral efectiva del personal militar con discapacidad a consecuencia del combate. Dada la situación del país y el aumento de los combates, esta población desafortunadamente mantiene una tendencia al incremento lo cual se evidencia en las siguientes estadísticas comparativas por años del personal lesionado por minas antipersonales:

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CUADRO COMPARATIVO MILITARES ASESINADOS Y CUADRO COMPARATIVO MILITARES ASESINADOS Y HERIDOS CON MINAS Y A.E.I EN LOS ULTIMOS 5 AÑOSHERIDOS CON MINAS Y A.E.I EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS

370

13 1

2 3 7

131

432380

127 130

29 76

0

100

200

300

400

500

ASESINADOS HERIDOS

20022003200420052006

Buscando el fortalecimiento institucional, la Dirección General de Sanidad Militar emite la Resolución numero 1434 del 27 de diciembre de 2005, por la cual se conforma el Área de Rehabilitación y Discapacidad, encargada de liderar estas actividades, y propone el programa de rehabilitación militar 2002-2006. Esta entidad tiene como metas para el 2006, el desarrollo de la Directiva Ministerial de Políticas de Discapacidad de las Fuerzas Militares, avanzar en el programa de rehabilitación profesional desarrollando la Directiva Unidad de Rehabilitación Integral de Sanidad -URIS-, continuar con la organización del programa de amputados, así como también participar en la organización del primer Congreso Internacional de Rehabilitación y Discapacidad.

1.2.6 Pensiones de invalidez en las Fuerzas Militares: En el tema de pensiones de invalidez para los integrantes de la Fuerzas Militares FFMM, el Ministerio de Defensa Nacional expidió durante el 2004 la Ley 923 de 2004 19 que reformó el antiguo régimen de pensiones, en cual los soldados profesionales no poseían categoría alguna y no obtenían reconocimiento o 19 Ley 923 de 2004 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución Política.

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remuneración por sus servicios realizados a la patria. Uno de los mayores avances consiste en la rebaja del 75 al 50 por ciento la incapacidad para acceder a la pensión.

1.3 Suministro de ayudas técnicas El acceso a las ayudas técnicas, servicios de apoyo y recursos auxiliares hacen parte fundamental del proceso de rehabilitación de las personas con discapacidad. Gracias a este apoyo la población con discapacidad tiene la posibilidad de aumentar su nivel de autonomía en la vida cotidiana y a ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. En desarrollo de este compromiso, el Ministerio de la Protección Social ha apoyado a las entidades territoriales para que organicen Bancos de Ayudas Técnicas en diferentes departamentos. En este sentido y en desarrollo de un proyecto de cooperación internacional con la Embajada del Japón, se llevó a cabo con el IDREC en el Departamento del Cesar el suministro de ayudas técnicas para población con discapacidad de los municipios del magdalena medio. Es necesario que las autoridades competentes, en este caso las Secretarás de Salud, tengan en cuenta que los Bancos de Ayudas Técnicas tienen como objeto apoyar la prestación de los servicios de salud en el área de Rehabilitación, mediante el suministro de ayudas técnicas. Dichas ayudas deben darse dentro de un proceso continúo de atención que se inicia en el momento del diagnóstico de la patología y termina con la integración de la persona con discapacidad a su medio familiar, social y laboral. Es muy importante que la comunidad organizada establezca procesos de veeduría y seguimiento a la asignación de este tipo de ayudas para impedir que estas donaciones se conviertan en actividades de proselitismo político. Contribuyendo a este objetivo, la Consejería Presidencial de Programas Especiales –CPPE- a través de su programa de Apoyo a la Discapacidad ha entregado más de 3900 ayudas técnicas por un valor de $ 3434´.000.000 durante este gobierno, gracias a la cooperación de gobiernos e instituciones privadas del nivel internacional. Durante el 2005, la Consejería realizó la entrega de 1788 ayudas técnicas en donación a los municipios a través de los Bancos de Ayudas Técnicas, superando así la meta planteada por el CONPES en el 2005 de entregar 700 ayudas. Las ayudas entregadas a los municipios en el año 2005 abarcaban, entre otros: 110 Audífonos, 1554 Sillas de Ruedas, 12 Bastones Canadienses, 26 Bastones, 32 pares Muletas Adultos, 10 pares, Muletas Niños, 25 Caminadores Fijos y 19

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Caminadores plegables, en ésta entrega se beneficiaron 27 departamentos y 86 municipios del país. Para el año 2006, la Consejería Presidencial de Programas Especiales –CPPE espera hacer entrega de aproximadamente 1000 ayudas técnicas entre los meses de enero y agosto gracias a una nueva donación de sillas de ruedas que posiblemente recibirá antes de marzo del presente año.

2. DERECHO A LA EDUCACIÓN Todas las personas, incluyendo naturalmente las personas con discapacidad tienen derecho a recibir educación de calidad en los niveles primario, secundario y superior con la cual puedan acceder al conocimiento, y al pleno desarrollo de su personalidad y sus capacidades. El Ministerio de Educación Nacional junto con las Secretarias de educación departamental y municipal, y las instituciones educativas son los responsables de asegurar la materialización de este derecho. 20

A través de la política de integración educativa de las personas con discapacidad al Sistema de educación formal del país, se busca generar una educación inclusiva que respete y valore las diferencias entre las personas, y les brinde las mismas oportunidades de desarrollo humano y social. En aquellos casos donde no es posible esta integración, igualmente el Estado, debe garantizar el acceso a programas de educación especial con la misma calidad, durante todo el ciclo de vida de la persona.

2.1 Sistema de información - educación En el marco de convenio con MEN-DANE, por valor de $323’000.000 se adelantó el Registro para la Localización y Caracterización de la población con discapacidad en 280 municipios y 4 localidades de Bogotá, seleccionadas para tal fin, el cual generó el registro de 214.372 personas. Esta información, ha facilitado la identificación del nivel de cobertura educativa de las personas con discapacidad, y la necesidad de organizar y ampliar la oferta en materia de educación inclusiva.

2.2 Ampliación de Cobertura en educación: Se destinaron $5.505 millones de pesos para la ampliación de la cobertura educativa para 7.702 nuevos estudiantes con discapacidad en 21 Entidades territoriales.

20 Ley 115 de 1994. Ley general de educación.

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Así mismo, el MEN amplió su cobertura con una inversión de $ 7.000 millones de pesos logrando de esta forma que 6.139 (que corresponden al 20%) establecimientos educativos reporten matrícula de Necesidades Educativas Especiales –NEE-. Allí se encuentran matriculados 131.000 estudiantes con discapacidad. Se han aprobado 32 proyectos para la contratación del servicio por Recursos Adicionales y otros 7 aprobados por el Fondo Nacional de Regalías –FNR-.

Se han otorgado subsidios a 980 personas con discapacidad por valor de $468.400.000, desde el Fondo MEN-ICETEX.

2.3 Fortalecimiento de la oferta educativa para la integración educativa Durante el 2005 el Ministerio de Educación Nacional –MEN- realizó varios avances, uno de ellos corresponde a la organización de la oferta educativa cuyo presupuesto fue de $1.500.000 de pesos más el costo del Recurso Humano docente y administrativo con los cuales se logró la elaboración y publicación de Lineamientos de política con Orientaciones pedagógicas para la integración educativa de niños y niñas y jóvenes con discapacidad o limitaciones, así como la capacitación de 1.682 docentes. Además, el diseño de un programa de Formación de Formadores que se pondrá en marcha a partir del 2006 y la publicación de más de 5000 documentos con dichas orientaciones.

Mediante la Resolución 166 de 2003 se estableció entre otros, la obligación de las entidades territoriales de realizar el Reporte de matrícula oficial de las personas con discapacidad.

Se han entregado más de 250 canastas con materiales didácticos a 250 instituciones educativas que están integrando estudiantes con discapacidad en 31 Entidades territoriales y se han dotado 16 secretarías de educación con instrumentos de caracterización de la población y bibliografía especializada por un valor de $500 millones de pesos Se diseñaron 2 estrategias virtuales para el acercamiento a la Lengua de Señas Colombiana –LSC- y el conocimiento y manejo del Braille-ábaco, en el marco del convenio con INCI, y FENASCOL por valor de $20 millones. Se contrató la elaboración de tutoriales sobre las orientaciones pedagógicas y se logró elaborar en convenio con la Corporación Síndrome de Down por valor de $100 millones, una herramienta de Indicadores de Propuestas de Educación Inclusiva instrumento, único en Latinoamérica. (www.colombiaaprende.edu.co).

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También se realizó la capacitación a más de 275 docentes de instituciones que atienden estudiantes con discapacidad visual, en el marco del Convenio con el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos, CRAC, por valor de $758 millones.

Además de lo anterior el Ministerio ha brindado acompañamiento a las entidades territoriales para organizar la oferta, proceso que ha permitido avanzar de forma importante en este aspecto. Al finalizar el 2005, 24 Entidades Territoriales tienen un proceso de organización de oferta educativa en nivel alto (31%), 29 Entidades Territoriales en nivel medio (37%) y 25 Entidades Territoriales en bajo (32%.) En este momento se les está brindando asesoría y acompañamiento a las que están en un nivel medio y bajo. De acuerdo con los avances realizados hasta la fecha en materia del derecho a la educación para las personas con discapacidad, el Ministerio de Educación tiene como metas para el año 2006 continuar fortaleciendo las instancias responsables del tema de educación y discapacidad en las entidades territoriales, para ello brindará apoyo técnico y pedagógico para su fortalecimiento, como también asesorará el proceso de organización de la oferta y el programa de Formación de Formadores y elaborará lineamientos los lineamientos necesarios para la atención de la población con discapacidad que debido a su condición no participa en las propuestas de educación formal. En el área de acceso, permanencia y promoción, sus acciones estarán dirigidas al desarrollo del Programa Nacional de Formación de Formadores, a la realización de programas departamentales para la capacitación a docentes que atienden estudiantes con limitación visual, y la difusión de las Orientaciones para la atención de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales –NEE- y tutoriales sobre el tema, mediante la distribución de materiales impresos y digitales. De otra parte, el Ministerio orientará a las Secretarías de Educación en la asignación racional del recurso humano, brindando a las Secretarías de Educación Departamental - SED y a las Secretarías de Educación Municipal – SEM, elementos y criterios para la asignación y mantenimiento de los recursos humanos adecuados y necesarios para la atención de la población con discapacidad y apoyando la preparación y aplicación de evaluación para ingreso de docentes y profesionales de apoyo gracias al respaldo del INCI y el INSOR. De otra parte, mediante proyectos de cooperación internacional con la OEA en el año laño 2006 y con la UNESCO en el año 2007 se implementarán nuevas tecnologías para promover la inclusión educativa en instituciones educativas de diferentes municipios del país. Finalmente, con el apoyo de la Vicepresidencia de la República y la Universidad Nacional, se trabajará en el Proyecto de Universidad Accesible para establecer los lineamientos de política que orienten y exijan a las universidades el acceso de

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este servicio a la comunidad con discapacidad desde el mismo proceso de admisión hasta la graduación y los planes de postgrado. En cuanto a las acciones realizadas por los Institutos Nacional para personas ciegas INCI, y para personas sordas, INSOR, con miras a materializar el derecho a la educación de estas personas y su integración educativa, encontramos: El INCI fortaleció la atención educativa a la población ciega y con baja visión para incrementar el acceso, permanencia y promoción de esta población en el Servicio Público Educativo, en condiciones de calidad y equidad, mediante acciones de asesoría y asistencia técnica en el Modelo de Atención Educativa compuesto por los Módulos de baja visión, conceptualización, tecnologías y tiflología. Para ello la entidad capacitó a 1.379 docentes y directivos de las Secretarias de Educación de los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Guajira, Huila, Norte de Santander, Tolima, Valle y Bogotá. Se efectuaron encuentros para el intercambio de experiencias y conocimientos, que enriquecieron el debate en torno a temas pertinentes para el mejoramiento de la atención a la población con limitación visual. De esta forma, se coordinó con el Ministerio de Educación Nacional 4 eventos regionales en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, contando con la participación de representantes de 23 Secretarias de Educación Departamentales, donde se dieron orientaciones generales en el Modelo de Atención Educativa. Se realizaron 2 Foros en las ciudades de Barranquilla y Armenia, contando con la participación de 136 personas, entre docentes y padres de familia, donde se presentaron ponencias y experiencias significativas en el tema de la integración educativa de población con limitación visual. Se elaboraron documentos que soportan el proceso de formación y la pedagogía como área de conocimiento donde se inscribe la atención de la población con limitación visual. De esta forma, se prepararon 3 documentos: el primero que contempla las temáticas “Adecuaciones curriculares, Evaluación y Formación de docentes”. El segundo que contiene los “Lineamientos de Educación Superior “ y el tercero “Orientaciones para la atención del menor de cinco años”. Se llevaron a cabo 5 talleres en coordinación con el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe-CERLALC dirigidos al fomento de la lectura, contando con la participaron de 110 personas entre bibliotecarios, docentes, profesionales de las Unidades de Atención Integral –UAI, promotores de lectura y padres de familia, en las ciudades de Bogotá, Barranquilla Cali, Medellín y Neiva. En las anteriores actividades educativas el INCI invirtió $160.297.078, lo que equivale al 10,13% de su presupuesto de inversión en los últimos tres años.

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Igualmente, realizó la publicación de 64 títulos en sistema macrotipo -braille y tinta integrados- de los cuales se imprimieron 4’051.678 páginas, 42 títulos en sistema braille con un total de 1’053.880 páginas impresas y 147 títulos en tinta para un total de 2.249.132 páginas impresas, contando con una inversión total de $338.377.552, lo que corresponde al 21.4% de los recursos de inversión del INCI en los últimos tres años. El material producido en la Imprenta Braille se distribuyó a un total de a 61 Instituciones durante el año 2003, a 446 Instituciones durante el año 2004 y a 286 Instituciones en el año 2005, ubicadas en todo el país y 5 de ellas en países latinoamericanos, el presupuesto invertido fue de $24.000.000. Adicionalmente, el INCI cuenta con un estudio de grabación de voz donde se produce en Disco Compacto – CD, mediante un sistema digital la edición de diferentes clases de libros, textos, normas y documentos de interés general, denominado Sistema Libro Hablado Digital, del cual se produjeron 285 títulos representados en 3.105 horas de grabación, con una inversión de $146.974.237, lo que corresponde al 9.3% de los recursos de inversión. El catálogo de libros hablados se encuentra disponible en la dirección www.inci.gov.co y cuenta con 700 libros de los cuales 378 están en medio digital (CD). Así mismo, el INCI efectuó seguimiento al proyecto de Aulas Informáticas recuperando 51 software JAWS y 39 Magic Vision, en aquellos centros educativos que no utilizaban esta tecnología y de esta manera ser reubicados en Instituciones que integran a personas con discapacidad visual en seis departamentos del país. Durante el 2006, el INCI asesorará la organización e implementación de programas de atención a la población con limitación visual en 10 entidades territoriales de las siguientes ciudades: Bogotá, Magdalena, Nariño, Norte de Santander (Ocaña), Risaralda, Sucre, Tolima, Córdoba, la Guajira y Huila y distribuirá textos y material tiflológico a 250 entidades. En materia de nuevas tecnologías desarrollará 2 software especializados para la población con limitación visual (Software de Musicografía -Etapa I, Multimedia sobre tecnología) y perfeccionará el programa Syncalc. Así mismo producirá 1.000 horas de libro hablado en formato digital daisy y realizará la adaptación de 5 textos escolares (química 11, ciencias 7 y 8, sociales 7, física 11) y 3 paquetes de láminas (ciencias naturales, geometría y estadística y ciencias sociales). Por su parte, el Instituto Nacional para Sordos –INSOR- ha apoyado y asesorado permanentemente a las Secretarías de Salud de las entidades territoriales en los 32 departamentos del país, en los 4 distritos y en 64 municipios, con el fin de mejorar la calidad de los servicios educativos ofrecidos a las personas con discapacidad auditiva. En este proyecto se beneficiaron 3.767 personas sordas escolarizadas o vinculadas a básica primaria, secundaria y media.

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Con el propósito de mejorar la calidad de los servicios educativos y ampliar cobertura para las personas con discapacidad auditiva se realizaron diferentes estrategias como: asesoria , asistencia técnica, capacitación, visitas técnicas, que beneficiaron a funcionarios, docentes, y demás profesionales de los departamentos de Sucre, Santander, Atlántico, Tolima, Norte de Santander, Bolivar, Cordoba, Huila, Caqueta, Meta y Cauca. Igualmente se realizaron seminarios y eventos a nivel nacional con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional como: El “Seminario Taller Nacional Cualificación de Interpretes en el Contexto Educativo “ y “Hacia una Evaluación de Calidad en las Aulas para Sordos”. Se socializaron estrategias metodológicas a docentes para la enseñanza del Castellano escrito como segunda idioma para los sordos de instituciones educativas de los entes territoriales de: Arauca (Saravena, TAME, Fortul, Arauca y Arauquita), Cundinamarca (Puerto Salgar)., Quindío (Calarca, Montenegro, La tebaida, Circacia), Valle (Palmira), Maddalena, Meta (Acacias). Desde la línea de investigación en Educación y pedagogía, el INSOR continuo la implementación de la propuesta educativa bilingüe básica primaria, la cual permite reflexionar y validar procesos pedagógicos desde un enfoque practico descriptivo e interpretativo y generar orientaciones pedagógicas. Esta propuesta se ha consolidado como un proyecto piloto demostrativo con rigor científico para los entes territoriales a los que se les brinda asesoria y asistencia técnica para mejorar los servicios de atención a la población con discapacidad auditiva. En lo que respecta a la línea de investigación en comunicación y lenguaje se destaca la culminación del proceso de elaboración del diccionario de Lengua de Señas Colombiana, el cual se realizó en alianza entre el INSOR y el Instituto Caro y Cuervo y actualmente se encuentra en proceso de publicación. Como resultados de las investigaciones para el mejoramiento de la calidad de la educación el Insor elaboró diversos materiales dirigidos a docentes de la educación básica primaria, entre los cuales se destacan: Documento a publicar “educación bilingüe bicultural para sordos – etapa escolar orientaciones pedagógicas”; documento: ”Hacia una educación de calidad en las aulas para sordos”. El INSOR, durante el 2006 continuará realizando el acompañamiento técnico a las instituciones y entes territoriales con el fin de potenciar las alternativas educativas para sordos en condiciones equitativas, fortalecerá y cualificará los servicios educativos ofrecidos a personas sordas. Además continuará brindando asesoría técnica a las Secretarias de Educación a nivel departamental, municipal y Distrital para la organización de la oferta educativa y realizará eventos con el propósito de cualificar la educación de esta

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población que será dirigido a todos los departamentos del país con especial asistencia técnica en Magdalena, Huila, Córdoba, Bolivar, Nariño, Valle, Sucre, Tolima, Atlántico

3. DERECHO AL TRABAJO Y AL EMPLEO Las personas con discapacidad tienen derecho a elegir un trabajo, profesión u oficio que les permita acceder, en igualdad de oportunidades, a un empleo productivo y remunerado en el mercado laboral con el cual puedan mejorar su nivel de vida y ser protegidos de la vulnerabilidad y la pobreza. Durante este gobierno, a través de la Dirección General de Promoción del Trabajo del Ministerio de Protección Social y del SENA y de la Vicepresidencia de la Republica ha impulsado en el sector empresarial, las normas relacionadas con incentivos para la contratación de personas con discapacidad en espacios regionales y locales, y ha promovido la generación de proyectos productivos para personas con discapacidad y sus familias. En efecto, la Dirección de Promoción del Trabajo ha acompañado a los Comités Departamentales de Discapacidad de la Guajira, Chocó, Barranquilla, Norte de Santander y Manizales, para promover la generación de proyectos productivos o de innovación productiva. Lo anterior, como parte del fortalecimiento del componente de integración laboral en el marco de la Ley 361 de 1997. En desarrollo de esta estrategia, promocionó ante los empresarios, sindicatos y trabajadores la normatividad relacionada con los beneficios laborales y económicos de vincular a personas con discapacidad en sus organizaciones. Ésta información también fue divulgada en las Direcciones Territoriales del Ministerio de la Protección Social, en algunos Comités Departamentales de Discapacidad y en cuatro localidades de Bogotá, con el fin de prepararlos como multiplicadores de este tema en sus regiones. Igualmente, promovió el acceso de personas con discapacidad y sus familias a fuentes de financiación, a través de la identificación de portafolios de servicios y directorios de programas que serán próximamente publicados. En lo relacionado con los programas de subsidio al empleo y desempleo en los departamentos, se entregaron 112.294 subsidios a través de las cajas de compensación para la población desempleada. Con el fin de sensibilizar y divulgar los elementos de política de integración laboral y las normas que benefician la vinculación de esta población al mercado de trabajo, se elaboraron las Cartilla: “Hacía una Política Sociolaboral Integral para Población con Discapacidad” y “Normas de Integración Laboral de Personas con Discapacidad”, que se encuentran en proceso de publicación.

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Para el desarrollo de este objetivo con el fin de generar proyectos productivos que den continuidad a procesos educativos, el Ministerio de Educación Nacional destinó $103.000.000 en el año 2005, para que en 3 municipios se encuentren desarrollando proyectos productivos con 161 personas vinculadas y 490 familias involucradas en el proceso, con el apoyo del FONDO EMPRENDER del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, UMATAS, RESA y el Ministerio de Comercio. En este mismo sentido, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- entidad adscrita al Ministerio de Protección Social encargada de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, atendió a 11.207 personas con discapacidad, en todas las Regionales del SENA durante el año 2005, se espera que para el año 2006 aumente la cifra a 11.543 personas atendidas a través de los Centros de Formación del SENA. El siguiente cuadro, presenta las estadísticas de atención a través de acciones regulares de los Centros del SENA a la población en situación de discapacidad, durante los años 2002, 2003, 2004 y 2005.

AÑO ATENCION A 31 DE DICIEMBRE

2002 795 2003 1.527 2004 1.875 2005 11.207 TOTAL PERSONAS ATENDIDAS 15.404

Otro de los avances presentados por esta institución son los convenios con otras entidades del gobierno y de la sociedad civil que trabajan en torno al tema de la discapacidad, como el Instituto Nacional para Ciegos -INCI-, Instituto Nacional para Sordos- INSOR, Observatorio Minas Antipersonal de la Vicepresidencia de la República, la Corporación Matamoros, San Felipe Nery y las alianzas estratégicas con la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial -FIDES, la Asociación Colombiana de Padres con Hijos Especiales -ACPHES y la Fundación Granahorrar, todas estas actividades se realizan a través de las acciones regulares de los Centros de Formación. Dentro de las actividades realizadas en estos convenios se destacan: la capacitación de personas sordas en cursos de formación titulada de mantenimiento de Hardware de 24 estudiantes sordos y 25 oyentes que se encuentran trabajando para la construcción de una cooperativa multiactiva para el mantenimiento de hardware y digitalización.

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Así mismo, el INCI en convenio con el SENA -Regional Bogotá Distrito Capital, han realizado actividades en el marco del proyecto @lis desarrollado con la Fundación Once para América Latina -FOAL y la Unión Europea, mediante el cual se busca generar accesibilidad a los servicios de formación técnica del SENA para las personas con limitación visual. Hasta la fecha se han formado 598 personas con limitación visual en informática básica y mentalidad empresarial, y se consolidaron programas con el SENA en las Regionales de Atlántico, Chocó y Boyacá con un presupuesto ejecutado de $68.583.200 de la Unión Europea. El SENA en el segundo semestre de 2004, se formaron 18 jóvenes en condición de discapacidad Mental en culinaria y panadería, en el 2005 se formaron 20 jóvenes en emprendimiento y empresarismo en la localidad de Usaquén en Bogotá de la Asociación Colombiana de Padres con Hijos Especiales (ACPHES). Durante el segundo semestre de 2005, el SENA capacitó en emprendimiento y asociatividad a 3 precoperativas de la Fundación Granahorrar (Vigías ambientales-manejo de residuos sólidos, Jardinería y panadería). La Regional Distrito Capital suscribió un convenio con la Fundación Misioneros Divina Redención – San Felipe Nery, durante el año 2005, se capacitaron 2.631 personas con limitación física, sensorial y/o cognitiva, para el año 2006 se tiene proyectado atender 3.700 personas con limitación. En la Regional Antioquia durante el 2005, se destacan las siguientes acciones:

• Centro Nacional de la Madera: trabajo con 290 personas no videntes, no oyentes como terapia para su rehabilitación

• Centro de Confecciones: 150 jóvenes con limitaciones cognitivas en

operación de máquina plana y fileteadora.

• Centro Nacional del Calzado: 18 soldados de mi pueblo con mutilación de extremidades inferiores en montaje de calzado

• Centro Metalmecánico: capacitación 250 de personas no oyentes en

joyería, emprendimiento en convenio con el INSOR.

• Centro de Construcción: capacitación a no videntes con software procesador de palabra suministrado por el INCI

• Centro de Servicios de Salud: proyecto de rehabilitación basada en la

comunidad • Centro de Servicios y Gestión Empresarial: capacitación en cocina,

pastelería, belleza a personas con limitaciones cognitivas.

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• Centro de Comercio: capacitación en informática a personas con

limitaciones auditivas • Se atiende a través de las acciones regulares de los Centros a personas

con limitación. Mediante el convenio con la Corporación Gustavo Matamoros D`Acosta, el SENA ha realizado acciones, cursos y programas de Formación Profesional dirigido a Militares de todas las fuerzas y policía, Personal discapacitado por causa del servicio, núcleo familiar de personal fallecido, secuestrado y discapacitado, personal Interno de los Centros de Reclusión. Durante el 2005, se capacitaron 182 personas en Joyería, Proyecto de Vida, Metalmecánica, Mesa y Bar, Manipulación de Alimentos, Informática Básica, Seguridad y Vigilancia y Mecánica Automotriz Con la Alianza SENA-FIDES, la Dirección General del SENA, expidió la circular 5052- 001238, del 2 de septiembre de 2005, enviada a todas los Directores Regionales, Subdirectores de Centros y Coordinadores de Formacion Profesional para el trabajo, para se que permita la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad de las Regionales de FIDES a las acciones de Orientación y Capacitación que brinda la Entidad. A través del Centro Nacional de Hoteleria, Turismo y Alimentos en Bogotá, se brinda capacitación en Arreglo de Habitaciones a jóvenes de FIDES y con el Programa de Jóvenes Rurales se capacitó en el segundo semestre de 2005 a un grupo de niños con retardo mental en el manejo de la huerta casera o escolar en el Departamento del Tolima. La Direccion General del SENA expidio la Circular No. 5052-001053 del 2 de agosto de 2005, enviada a todos los Directores Regionales, Subdirectores de Centro y Coordinadores de Formacion Profesional para el trabajo, para que adelanten las acciones y gestionen los medios que estén a su alcance para la contratación de interpretes para la formación y asistencia en materia de información a personas con limitación auditiva. El SENA, a través de la Dirección de Empleo y Trabajo, viene liderando la suscripción de una Alianza público - privada, para promover la inclusión productiva de las personas con limitación, cuyo objetivo es aunar esfuerzos entre las diferentes entidades para contribuir a la construcción de una mayor equidad en el acceso de oportunidades generadoras de ingresos, empleo, desarrollo humano y organizacional, de personas con discapacidad y en condiciones vulnerables, proporcionando la formación, capacitación y asesoría necesaria para ello, a fin de vincularse a actividades productivas. Dicha Alianza tiene los siguientes objetivos:

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1. Crear una red nacional permanente que propenda por la asistencia y

desarrollo integral de la población con discapacidad y sus familias. 2. Realizar una campaña permanente de sensibilización alrededor de las

potencialidades de la persona con discapacidad para su integración laboral. 3. Promover el acceso de las personas con discapacidad a programas de

Formación y Capacitación. 4. Ofrecer y desarrollar programas de capacitación técnica para las personas

con discapacidad. 5. Promover estrategias de inclusión laboral de las personas con

Discapacidad con base en las necesidades del mercado. 6. Promover la participación del SENA en los Comités Departamentales

liderados por el Ministerio de Protección Social. 7. Proponer y promover proyectos de Ley que contribuyan a mejorar o

diversificar estímulos tributarios o administrativos a los empresarios que contraten personas con discapacidad o miembros de su familia.

En el desarrollo de proyectos productivos para la integración laboral, el INCI asesoró la formulación de propuestas a organizaciones de ciegos en los Departamentos de Boyacá y Casanare y en Bogotá con un presupuesto de $6’477.541. Por su parte, el INSOR ha realizado promoción de los derechos laborales de las personas con discapacidad auditiva brindando asesoría y asistencia técnica al SENA en el desarrollo del proyecto piloto de formación profesional de los sordos Entidades Territoriales de Bogota, Medellin, Barranquilla y Cali, con lo cual se ha realizado la implementación de un modelo práctico de inserción para la integración sociolaboral. El SENA tiene como metas para el año 2006, realizar seguimiento a la Regional Atlántico en los dos cursos de Formación titulada en febrero, evaluación de la etapa lectiva y la etapa productiva y el montaje de la cooperativa de la Regional Valle. Así mismo, espera construir una propuesta de discapacidad en la ciudad de Calí junto con la alcaldía, e inaugurar el Centro de Teleinformática y Mercadeo y Centro de Artes Gráfica en la Regional Distrito Capital donde se ofrecerán cursos de Instalación de Redes y procesos de pre-impresión y se creará una cooperativa de trabajo asociado por Regional con proyección a presentar plan de negocios al Fondo Emprender. Así mismo, en el año 2006 se fomentará el ingreso de la población con limitación visual a los cursos de formación profesional en 7 regionales del SENA Antioquia, Atlántico, Boyacá, Bogotá, Choco, Casanare y Tolima y se desarrollarán acciones que permitan la inclusión laboral de la población con limitación visual en Bogotá y en 6 departamentos. El SENA y el INCI, vienen gestionando 2 proyectos para personas limitadas visuales a través de la Fundación Once para América Latina –ONCE y la

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Fundacion Centro de Iniciativas e investigaciones Europeas en el Mediterráneo – CIREM. El primero busca mejorar el nivel de la empleabilidad de las personas ciegas y con baja visión en Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Meta, Quindío y Valle, mediante acciones de orientación, capacitación e inserción laboral, así como la creación de iniciativas microempresariales. Los Objetivos específicos del proyecto son:

• Capacitar a la población con limitación visual en áreas de teletrabajo, emprendimiento y masajes (se incluye en todos el módulo de informática básica).

• Fomentar la inclusión laboral de la población con limitación visual mediante la capacitación, la información para el empleo y la intermediación laboral.

• Desarrollar en la población con limitación visual las capacidades para la implementación de unidades microempresariales.

El segundo busca fomentar la asociatividad a través de proyectos productivos de personas con limitación visual en las Regionales Antioquia, Casanare, Meta, Norte de Santander, Quindío y Tolima, entre el SENA y el INCI y tiene como objetivos específicos los siguientes:

• Capacitar a la población con limitación visual en áreas de emprendimiento, administración y mercadeo para generar en ellos capacidades empresariales.

• Orientar y acompañar la formulación de proyectos productivos de acuerdo con las características socioeconómicas de cada uno de los departamentos.

• Constituir un Fondo Económico que sea utilizado como capital semilla para la puesta en marcha de proyectos productivos.

• Crear o fortalecer unidades productivas que permita la integración laboral de personas con limitación visual y sus familias.

Por su parte, el INSOR realizará gestiones para promover la apertura de cursos cortos en diversas regiones del país como Valle, Antioquia, Atlántico y Bogotá y producirá materiales dirigidos a empresarios hacia la integración laboral personas sordas. De igual manera, el ICBF, adelanta desde febrero del 2006 en Bogotá el proyecto piloto “Formación Integral para la Productividad y el Trabajo”, dirigido a 100 jóvenes mayores de 14 años, bajo medida de protección, de instituciones que atienden a niños con discapacidad en las modalidades de externado, seminternado e internado en la ciudad de Bogotá. El proyecto en referencia será desarrollado en tres fases, las cuales tendrán una duración de dos años. Para el desarrollo de la primera fase del proyecto, la cual tiene una duración de cuatro meses, el ICBF ha invertido $126.000.000.

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Finalmente, vale la pena destacar el ejemplo de inclusión laboral para personas con discapacidad que ha dado la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil -AEROCIVIL- adscrita al Ministerio de Transporte- mediante la contratación con diferentes instituciones y cooperativas de personas con discapacidad física, cognitiva y sensorial, para desarrollar actividades de aseo de los baños de los aeropuertos. Este es un ejemplo de equidad social, donde el Gobierno Nacional hace la apertura, propicia que todos los entes públicos generen mayor participación, sensibilice a la Comunidad en general y a su vez contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de esta población, lo que indirectamente beneficia aproximadamente a más de 100 familias de personas con discapacidad en el país.

4. DERECHO A LA CULTURA

La cultura y el arte hacen parte fundamental de la integración de las personas con discapacidad, con el cual pueden desarrollar su potencial artístico, creativo e intelectual contribuyendo de esta manera a su beneficio y al de la comunidad. Garantizarle este derecho a la población con discapacidad es reconocer la diversidad cultural existente en nuestro país. Para el tema de acceso a la cultura y el arte, en el año 2005 el Ministerio de Cultura realizó actividades bajo el componente de formación del Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas, en el cual ejecutó un taller de sensibilización a los capacitadotes del Plan, quienes a su vez lo replicaron con los bibliotecarios municipales, con el propósito de favorecer la atención y motivación a las personas con discapacidad para que participen de los servicios bibliotecarios. De otro lado, la resolución del Museo Nacional emitida en Mayo de 2004, autorizó la entrada libre y gratuita de la población que presenta discapacidad a las exposiciones realizadas por los Museos que pertenecen al Ministerio de Cultura de todo el país. El Programa Nacional de Concertación, aprobó 13 proyectos departamentales que incluyen a la población con discapacidad, de los cuales 9 fueron presentados en la línea de Promoción y Equiparación de Oportunidades Culturales para la Población que presenta Discapacidad, con el fin de apoyar Proyectos Culturales que incluyan la participación en el desarrollo cultural, de población con discapacidad, y los 4 restantes en la Línea 3 Formación Artística y Cultural. Estos proyectos tuvieron un valor de $ 118’ 100.000. De otra parte, el Ministerio de Cultura en compañía de la Universidad Pedagógica, diseñaron un proyecto que permitirá recoger un directorio e iniciar el contacto con las entidades culturales que incluyen en sus programas a población con

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discapacidad. Además, la oficina de Infraestructura inició el inventario de accesibilidad de las entidades culturales de Bogotá, que pertenecen al Ministerio de Cultura. Para garantizar el pleno disfrute del derecho a la cultura y al arte para las personas con discapacidad, el Ministerio de Cultura realizará varias acciones durante el 2006, entre las se encuentran: Incentivar a la población con discapacidad para que haga presencia en los Consejos Departamentales de Cultura, aumentar la participación de la población con discapacidad en los procesos culturales locales, difundiendo la Línea del Programa Nacional de Concertación y continuar el proceso de reconocimiento y caracterización de las instituciones culturales que incluyen en sus procesos a la población con discapacidad. Con el fin de facilitar la participación en el desarrollo cultural y posibilitar el ejercicio de los derechos culturales de la población colombiana en situación de discapacidad, el Ministerio de Cultura enfatiza los siguientes aspectos: 1) Programa Nacional de Concertación

Es la herramienta a través de la cual el Ministerio de Cultura apoya las iniciativas artísticas y culturales de las regiones del país, contribuyendo así al rescate, defensa y promoción del talento nacional, la democratización del acceso a los bienes y servicios culturales, y el fortalecimiento de las instituciones culturales. Su finalidad es apoyar proyectos de interés público que desarrollen procesos culturales, y que contribuyan a brindar espacios de encuentro y Convivencia en sus comunidades. El programa realiza una convocatoria nacional anual y para fomentar la participación de la población en situación de discapacidad, abrió la Línea de Promoción y Equiparación de Oportunidades Culturales para la Población con Discapacidad que comprende proyectos encaminados a fomentar el reconocimiento, la inclusión social y la participación de la población con discapacidad a través de proyectos artísticos y culturales, la información ampliada puede ser consultada en la página Web del Ministerio de Cultura: www.mincultura.gov.co Programa Nacional de Concertación e mail: concerttacion@mincultura.gov.co 2) Consejos de Cultura

La Ley 397 de 1997, Ley General de Cultura, en su Título IV, artículo 57 define el Sistema Nacional de Cultura como el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación e información articulados entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad los bienes y servicios culturales según los principios de descentralización, participación y autonomía.

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Dos de los integrantes fundamentales de este Sistema son: el Consejo Nacional de Cultura y los Consejos Departamentales, Distritales y Municipales de Cultura. En la conformación de estos consejos debe estar presente "un representante de las agremiaciones culturales de personas con discapacidad físicos, psíquicos y sensoriales". Se recomienda a las instancias interesadas promover la representación de La población en situación de discapacidad en dichos Consejos en acuerdo a los principios de equidad, inclusión y participación. 3) Salas Concertadas

La estrategia de Salas Concertadas, que se enmarca dentro del Plan Nacional de cultura 2001 - 2010 y que hace parte de los apoyos del Programa Nacional de Concertación que adelanta esta cartera, busca fortalecer la infraestructura teatral del país mejorando la oferta de obras escénicas (teatro, danza o música), las cuales sean representadas en un espacio apto y seguro. En ese sentido se apoyan un conjunto de actividades conformadas por la programación artística, la divulgación y comunicación de la misma, formación de públicos y adecuación técnica, de seguridad, y de accesibilidad a público con discapacidad. Estas salas, una vez aprobada su concertación establecen con el Ministerio de Cultura un Contrato en el cual como una de sus cláusulas contractuales aparece la responsabilidad de " otorgar descuentos especiales o tarifas preferenciales a la Población Infantil, Juvenil, Tercera edad y Población en situación de discapacidad física, psíquica y sensorial". Se recomienda a las instancias interesadas promover la participación de la población en situación de discapacidad en la vida cultural de su municipio, en cumplimiento de esta responsabilidad. Para el debido cumplimiento de estas acciones se cuenta con un presupuesto de $25.000.000. Igualmente es necesario mencionar que el presupuesto del Programa Nacional de Concertación, depende del número de proyectos municipales aprobados, el cual, una vez conocidos los proyectos aprobados se sumará a dicho presupuesto básico. .

5. DERECHO A LA RECREACIÓN Y AL DEPORTE El deporte y la recreación son derechos que garantizan la formación integral y el desarrollo de habilidades y potenciales de las personas con discapacidad, es necesario garantizar el pleno goce de este derecho en condiciones de igualdad para que tengan acceso a todo tipo de programas, planes y eventos.

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Dentro de los logros durante este Gobierno para asegurar este derecho a la población con discapacidad tenemos de una parte la realización de los Primeros Juegos Paralímpicos Nacionales en el año 2004, establecidos por la ley Ley 582 de 2000, en los que participaron 28 territorios de Colombia y 1213 deportistas con limitaciones físicas, visuales y auditivas. El valor de la inversión para la realización de este evento fue de $1.900 millones de pesos. Así mismo, el Gobierno ha cofinanciado proyectos del Sistema del Deporte Paralímpico en el año 2004 por valor de $288’000.000., Dé los cuales el Comité Paralímpico Colombiano ha ejecutado $238’000.000; y la Federación Colombiana de Deportes para Personas con Limitaciones Físicas $50’000.000. En el año 2005 en el marco del Sistema del Deporte Paralímpico se han cofinanciado proyectos por un valor de $563’000.000, ejecutados por el Comité Paralímpico Colombiano ($458’000.000); la Federación Deportiva de Sordos ($65’000.000); y la Federación de Limitados Visuales ($40.000.000) Durante ese año, Coldeportes expidió la Resolución 741 de 2005 para el Programa “Apoyo al Deportista Paralímpico Colombiano” que arrojó 131 postulaciones, 48 deportistas apoyados durante el transcurso del año, 13 deportistas terminaron incluidos al mes de diciembre, con una inversión de $35’670.250. Así mismo, Coldeportes aprobó el Acuerdo 000012 del 1 de diciembre de 2005 “Carta Deportiva Fundamental II Juegos Paralímpicos Nacionales 2008, los cuales se llevaran a cabo en el Valle del Cauca, específicamente en Santiago de Cali. Para el cumplimiento de esta meta, se apoyo y asesoro el proceso de fortalecimiento del Sistema del Deporte Paralímpico en los Departamentos de Santander, Casanare, Boyacá, Cundinamarca. Para asegurar la planeación de ejecución de los Juegos, se realizarán dos censos; el primero de ellos sobre implementación deportiva y el segundo accesibilidad en los escenarios de recreación y deporte. Al respecto, en coordinación con el Dane, Coldeportes adelantó el conteo general de los escenarios dispuestos para la actividad física, inicialmente en las capitales de departamento. Allí se analiza también su aprovechamiento, condiciones, dotación, infraestructura y demás elementos que sirvan para el deporte de las personas con discapacidad. En convenio con la Universidad Manuela Beltrán, Coldeportes adelantó el diseño del Diplomado en Planeación y Organización de la Actividad Física para Personas Discapacitadas, el cual ya ha capacitado a 100 personas, en temas de administración deportiva, deporte Paralímpico Nacional e Internacional, Clasificación deportiva, iniciación y formación deportiva y proyección hacia el alto logro deportivo.

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Los logros del año 2005, dejaron evidencia del proceso de preparación de 1300 deportistas con discapacidad que participaran en los II Juegos Paralímpicos 2008, la cofinanciación de los organismos pertenecientes al sector del deporte Paralímpico, el apoyo a 13 deportistas con discapacidad, 6 convenios firmados. Para el año 2006, el proceso de planeación de los II Juegos dejará evidencia de la preparación de 1400 deportistas con limitaciones físicas, mentales, visuales y auditivas, la cofinanciación de actividades del Comité Paralímpico Colombiano y sus Federaciones; el fortalecimiento del Deporte Departamental, a través de convenios de cofinanciación, el apoyo a 20 deportistas con discapacidad de altos logros, la estructuración y funcionamiento de 30 escuelas de formación e iniciación deportiva, 250 personas capacitadas, 2 convenios firmados, 200 niños participantes en las escuelas de formación. En el año 2006, el Instituto Colombiano del Deporte “COLDEPORTES” en coordinación con el Ministerio de la Protección Social y gracias a la aprobación por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) se suscribió un convenio cuyo propósito es que los deportistas de los niveles uno, dos y tres del Sisben, junto con sus grupos familiares, sean afiliados al Régimen subsidiado de salud. El cupo será para 10 mil personas, incluidos los deportistas con discapacidad y sus grupos familiares. Los beneficiarios, deben estar afiliados a una liga deportiva con antelación de por lo menos un año y además cumplir los requisitos. Este programa se desarrolla en cumplimiento de la ley 100 de 1993, la cual establece que los deportistas que carezcan de recursos para afiliarse al régimen contributivo tendrán prioridad para ser afiliados al subsidiado y a la ley 181 de 1995 en donde uno de los objetivos es fomentar la seguridad social de los deportistas.

6. DERECHO A LA LIBRE CIRCULACIÓN Ante la eminente necesidad de garantizar el acceso al espacio público y la libre circulación de las personas con discapacidad, que les permita disfrutar de los diferentes bienes y servicios sociales en igualdad de condiciones, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial han realizado programas de acción que contribuyan a garantizar la accesibilidad del entorno físico, el transito y el trasporte. Es así como durante este Gobierno se han tomado las medidas reglamentarias para asegurar la accesibilidad a los espacios públicos y al transporte. En materia de transporte accesible, mediante el Decreto N° 1660 de 2003 del Ministerio de Transporte se reglamentó la accesibilidad en los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad.

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Adicionalmente se ha logrado que la infraestructura del sector de transporte y transito siga parámetros para asegurar la accesibilidad física, particularmente bajo la coordinación de la Dirección Administrativa de la Aeronáutica civil se ha buscado adaptar los aeropuertos a las necesidades de esta población. Y de igual forma se solicitó a los Directores Territoriales la realización del inventario de los terminales de transporte terrestre de pasajeros, indicando el cumplimiento del decreto 1660 de 2003 en lo referente a la accesibilidad y la coordinación con los Gerentes de los mismos para hacer las adecuaciones necesarias. De otra parte, en desarrollo de su labor de apoyar a las entidades territoriales, el Ministerio de Transporte, brindó asesoría al departamento de Boyacá, en la constitución del Comité Departamental de Seguridad Vial que ya se encuentra en operación y en proceso de construcción del Plan Departamental de Seguridad Vial. Así mismo, el Ministerio ha asesorado a los Directores Territoriales de Antioquia y Meta (Meta, Guaviare, Vichada y Guainía) en la organización y gestión para la formulación de los Planes Departamentales y Regionales de Seguridad Vial. Otra de las actividades realizadas por el Ministerio de Transporte en el transcurso del 2005, consiste en la divulgación del Plan Nacional de Discapacidad a través de conferencias y talleres en las entidades pertenecientes al sector transporte como lo son: la Superintendencia de Puertos y Transporte, los Directores Territoriales e Inspectores Fluviales del Ministerio de Transporte y con los coordinadores encargados del tema de transporte en la con cubrimiento de todo el país, Coordinadores del tema en las entidades: Instituto Nacional de Concesiones- INCO-; Aeronáutica Civil de Colombia –AEROCIVIL-; Instituto Nacional de Vías –INVIAS- y el extinto Fondo Nacional de Caminos Vecinales. Así mismo, realizó la divulgación interna y externa del Decreto 1660 de 2003 “Por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos de transporte de la población en general y en especial de las personas con discapacidad”, gracias a las visitas realizadas por el Ministerio de Transporte en los siguientes departamentos: Nariño, Valle; Cundinamarca–Bogotá, Casanare, Boyacá, Antioquia, César, Santander y Tolima. Otro avance a resaltar con la colaboración de la Vicepresidencia de la República el Decreto 1660 de 2003, y los avances en materia de normatividad de vehículos accesibles, la cual se ha divulgado en espacios estratégicos en el gremio del diseño y la construcción como lo fueron, la Bienal Colombiana de Arquitectura 2004 realizada en Cartagena y el Congreso Nacional de Arquitectos realizado en el 2005 en Medellín. A estos espacios asistieron arquitectos, diseñadores, estudiantes de arquitectura y autoridades regionales y locales encargadas del planeamiento y control urbano. Dentro de las reglamentaciones adoptadas por el Ministerio de Transporte para eliminar las barreras de acceso para las personas con discapacidad se destacan

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la Resolución No. 3636 de noviembre 24 de 2005 “Por la cual se establecen los parámetros mínimos para vehículos de transporte colectivo terrestre automotor de más de 20 pasajeros que permita la accesibilidad de personas con movilidad reducida y la participación en la elaboración de Normas ICONTEC en accesibilidad y riesgos. Para lograr el diseño y difusión de los anteriores planes y acciones el Ministerio de Transporte ha ejecutado recursos superiores a los $160’000.000. El Ministerio viene trabajando en la norma técnica de accesibilidad para los vehículos tipo taxi, la cual esta en proceso de elaboración En materia de accesibilidad al espacio físico, uno de los mayores logros fue la expedición del Decreto 1538 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 361 de 1997”, por parte Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el apoyo del Ministerio de Transporte. En este decreto se establecen las condiciones básicas de accesibilidad al espacio público en edificaciones de uso público y de vivienda de tal manera que toda nueva construcción respete las normas de accesibilidad y diseño universal. Con la colaboración de la Vicepresidencia de la República este Decreto se ha divulgado en espacios estratégicos en el gremio del diseño y la construcción como lo fueron el Foro Internacional de Accesibilidad al Espacio Público y al Transporte realizado en Bogotá 2004 con la participación de expertos nacionales e internacionales, la Bienal Colombiana de Arquitectura 2004 realizada en Cartagena, o el Congreso Nacional de Arquitectos realizado en el 2005 en Medellín. A estos espacios asistieron arquitectos, diseñadores, estudiantes de arquitectura y diseño de varias universidades, Secretarios de Planeación, Infraestructura y Transporte de 12 ciudades. También se difundió a los Comités Departamentales de Discapacidad y a los miembros del comité Consultivo Nacional de Discapacidad, y este año se llevará a cabo una presentación del modelo español de accesibilidad y el marco normativo nacional este la Bienal Colombiana de Arquitectura que se realizará en el mes de octubre en Bogotá. Para el año 2006 el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial realizará la “Guía de Accesibilidad al Espacio Público” que se entregará en el mes julio y se publicará en agosto, con un valor de $ 20.000.000, también se continuará con la divulgación del decreto 1538 de 2005 en el marco del "Programa de Fortalecimiento del Espacio Público Accesible y de Calidad" con que cuenta el Ministerio para adelantar asistencia técnica en los municipios del país, a través de la participación activa de las oficinas de Planeación y en general las entidades que intervienen en los procesos de gestión del espacio público. El ICBF ha iniciado un proceso de sensibilización a funcionarios pertenecientes al grupo de Infraestructura y al grupo de Planeación Administrativa, con el fin de que las remodelaciones y nuevas construcciones cumplan con la normatividad de accesibilidad vigente.

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Ahora que tenemos una completa reglamentación sobre la materia, es indispensable que la comunidad conozca y exija a los alcaldes, curadores, constructores, transportadores y otros responsables, el respeto de estas normas de accesibilidad de tal suerte que cualquier intervención en el espacio público y en transporte tengan en cuenta la necesidad de garantizar el acceso y permanencia de las personas con movilidad reducida, entre ellas, las personas con discapacidad.

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7. DERECHO A LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

7.1 Tecnologías para el acceso a la información: Las personas con discapacidad tienen derecho a solicitar y recibir información pública, a través de formatos accesibles, texto electrónico, lenguaje de señas, Braille, servicios de intérprete, entre otros servicios de apoyo dependiendo el tipo de discapacidad, que les permita participar en diferentes procesos sociales en igualdad de oportunidades frente a los demás ciudadanos. Para garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar del acceso a todo tipo de información pública, el Ministerio de Comunicaciones en el año 2004 estructuró el Proyecto Comparte Accesible que tiene como objetivo adquirir cien licencias de JAWS, software especializado que permite la interacción entre personas ciegas o con baja visión a equipos de cómputo. En el año 2005 se implementó este proyecto, a través del cual la población con discapacidad visual ya puede acceder a la información y a la comunicación en cien (100) municipios del país en donde se encuentra la mayor densidad de población discapacitada. Estas licencias han sido instaladas en Centros de Internet Social del Programa Comparte para que la comunidad ciega del país utilice este servicio para el desarrollo de sus actividades educativas y laborales, y para el mejoramiento general de su calidad de vida. Para maximizar su impacto, el Proyecto Compartel Accesible contempló una estrategia de socialización y de divulgación, que permitió dar a conocer este nuevo servicio en la población ciega y con baja visión. Así mismo, desarrolló un componente de capacitación en cada uno de los municipios que hacen parte del proyecto de cobertura del proyecto, para enseñar a la población ciega, administradores de los puntos Compartel, personal que labora en los centros Compartel, personas con discapacidad visual y con baja visión, familiares y allegados a la población discapacitada interesados en conocer y utilizar esta herramienta. Adicionalmente se realizaron jornadas de retroalimentación que implique la atención a las dudas que se han presentado durante los primeros meses de funcionamiento del proyecto y como resultado de la primera fase de la capitación. En el 2006 se hará el debido seguimiento al proyecto “Compartel Accesible”. El valor de la inversión del proyecto fue de $500 millones de pesos. Con el propósito de facilitar el acceso a la información de personas ciegas o con baja visión, el Instituto Nacional para Ciegos -INCI adquirió equipos como máquinas inteligentes de lectura, lectores de pantalla, magnificadores de texto y lectores de libro hablado digital, entre otros.

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Este equipo se entregó a 32 entidades ubicadas en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Cesar, Choco, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Santander, Valle y Bogotá Distrito capital. Las entidades dotadas han sido bibliotecas públicas, regionales del SENA, organizaciones de ciegos y entidades de rehabilitación. El valor del equipo entregado en los últimos tres años asciende a la suma de $217’737.433. En materia de tecnología para el acceso a la información el INCI ha venido perfeccionando el software INCISOFT21 - Dicson, Syntext, Syncalc, INCIReader, TifloBrowser y Rehabilitación - los cuales constituyen una solución para resolver necesidades básicas en el manejo del computador por parte de personas ciegas. Dentro de la actividad de socialización y divulgación de este tipo de herramientas se realizó un evento de lanzamiento del INCISOFT, con la asistencia de 130 personas, donde se entregaron más de 320 discos compactos de los programas, contando con una inversión de $48.302.727. Con el apoyo del Grupo INTEL Colombia se implementó y dio apertura de una sala de tecnología en la sede del INCI, en la cual se brinda el servicio de capacitación y entrenamiento en nuevas tecnologías a usuarios con limitación visual. Con el propósito de facilitar y fomentar el uso de material tiflológico entre la población con limitación visual, el INCI cuenta con un punto de venta denominado Tienda “TifloColombia”, a través del cual se subsidia el 20% del costo de los productos. En Tiflocolombia se comercializan elementos que posibilitan el desempeño de las personas ciegas o con baja visión en las actividades cotidianas de manera autónoma e independiente, tales como ábacos, bastones, ayudas ópticas no convencionales, pizarras, papel braille, libros en CD, balones sonoros, libros y naipes en braille, entre otros elementos. La venta de este material en los últimos tres años ascendió a $122’771.285. Así mismo, en el año 2005 el Ministerio de Comunicaciones estructuro el proyecto “Telefonía Accesible”, cuyo desarrollo e implementación será adelantado a partir del primer trimestre de 2006 por la Empresa Colombia Telecomunicaciones. A través de este proyecto se busca que las personas con discapacidad auditiva puedan acceder al servicio de telefonía mediante la creación de un centro de relevo y el montaje de una red de acceso que permita la utilización de este servicio. Este proyecto tiene como antecedentes los centros de relevo de las ciudades de Bogotá y Medellín. El primero, se encuentra en funcionamiento desde el año 2001, con la financiación del Ministerio de Comunicaciones. La Federación Nacional para Sordos de Colombia, FENASCOL, ejecutó la primera fase, la cual se incorporó después a la Línea Bogotá 195 del “Programa Servicio al Ciudadano”

21 INCISoft es un paquete de programas desarrollado por INCI que cuenta con Procesador de Texto con Voz, Diccionario sonoro, Lector de documentos en audio, Aprendizaje de Braille y Ábaco y Evaluación del funcionamiento visual.

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de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con la participación de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB. El segundo centro de relevo funciona en Medellín desde 2002, mediante un convenio entre el Fondo de Comunicaciones y Empresas Públicas de Medellín, EEPPM. Componentes del Proyecto:

• Montaje de un Centro de Relevo en el cual se puedan procesar las llamadas de y para personas sordas en todo el país.

• Implementación de una Red de Acceso al servicio.

• Divulgación y Socialización, para dar a conocer el servicio entre la

población sorda.

• Capacitación, para enseñar a la población sorda a utilizar el servicio. La red de acceso estará compuesta por:

• Acceso desde los puntos Compartel de Internet Social y desde cualquier computador a través de Internet, mediante un esquema un Chat.

• 228 puntos de acceso adicionales, que serán ubicados de acuerdo con la

densidad de población sorda (1 punto de acceso por cada 600 habitantes con discapacidad auditiva), beneficiando a un total de 51 municipio a través de equipos de computo o teléfonos de texto.

Inversión del Proyecto es de $2.700.000.000 De otra parte en el 2006, el Ministerio de Comunicaciones desarrollará la investigación de “Impacto sobre el acceso de la población con limitación auditiva a la información a través de programas de televisión” con el INSOR de acuerdo con lo establecido en la Resolución 1080 /02. El valor de la inversión será de $150.000.000. Por otra parte, el INSOR en el marco del proyecto de “implementación de servicio de comunicación accesible a los sordos en el proceso de educación permanente a nivel nacional, brindó asesoria y asistencia técnica sobre los sistemas de acceso a la información en televisión en eventos académicos e intersectoriales en Bogotá, Risaralda, Boyoca, Anioquia y Arauca. En el apoyo a la implementación de la tecnología de Closed Caption (CC) se elaboró el CC en Vivo y en pregrabado a 385 programas trasmitidos por el canal privado de televisión. Además divulgó las respectivas normas sobre los sistemas

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de acceso y aplicaron encuestas a un grupo de personas sordas para conocer la opinión de las personas sordas respecto a los sistemas de acceso a la Televisión. Actualmente la Agenda de Conectividad con el apoyo de la Vicepresidencia de la Republica y el Departamento Administrativo de la Función Pública se trabaja en una directiva que ordenará a las entidades públicas de la rama ejecutiva, la adaptación de sus portales y paginas web a los estándares internacionales de accesibilidad y diseño universal. También en la puesta en marcha de un centro de atención telefónica call center – operado con un 25% de personas con discapacidad- que dará información sobre la oferta de programas y servicios de las instituciones del gobierno nacional a través de servido telefónico, e-mail y fax,

7.2 Servicio de intérpretes para el acceso a la información de la población sorda: La interpretación se define como un mecanismo surgido como alternativa de comunicación al enfrentarse individuos pertenecientes a dos o más grupos lingüísticos y culturales. Concebida así, la interpretación es indispensable en un sin número de circunstancias, dentro de las cuales se cuenta el intento de por comunicarse uno o mas individuos sordos o sordociegos con una o mas personas oyentes. Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF contrató con la Federación Nacional de Sordos de Colombia – FENASCOL, el servicio de interpretación de lengua de señas, con el objetivo de permitir la plena participación de personas sordas y sordociegas en procesos que adelanten los Centros Zonales del Instituto, en los cuales estas personas se encuentren involucradas. Igualmente, en desarrollo de este compromiso, el SENA, profirió la Circular interna No. 5052-001053 del 2 de agosto de 2005 con orientaciones generales a los directores regionales, subdirectores de centro y coordinadores de formación profesional, empleo y Sistema nacional de formación para el trabajo, autorizando la contratación de servicios de interpretación de lenguaje de señas para asegurar el acceso de personas sordas a programas de formación titulada y a programas de formación técnica y profesional.

7.3 Portal de discapacidad Otro de los mecanismos que el Gobierno nacional ha puesto al servicio de la comunidad para asegurar el acceso a la información en materia de discapacidad es el portal institucional www.discapacidad.gov.co elaborado por el Programa de Derechos Humanos y Discapacidad de la Vicepresidencia de la República.

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En este portal especializado en el tema de discapacidad, se publica permanentemente información sobre los derechos de esta población, cifras estadísticas, casos de jurisprudencia, temas de política pública e instrumentos para facilitar la participación ciudadana y realizar control social, entre otros. Este espacio, busca mantener información relevante en el tema, particularmente con la publicación de contenidos nuevos, de información sobre las acciones del Gobierno y de las entidades responsables en Colombia, y con un carácter pedagógico busca que los funcionarios, las instituciones y organizaciones de la sociedad civil y las personas con discapacidad, conozcan participen, y controlen los diversos planes, programas y servicios que se ofrecen a la comunidad.

8. DERECHO A LA VIVIENDA Para promover el acceso de las personas con discapacidad a las oportunidades de acceso de vivienda, en condiciones de equidad, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, adoptó mecanismos de discriminación positiva ordenando mediante el Decreto 975 de 2004, que en los puntajes para la calificación de postulaciones para acceder al Subsidio Familiar de vivienda, se diera una calificación especial las poblaciones vulnerables, entre ellas, a las familias en las que uno de sus miembros esté en condición de discapacidad. De otro lado, este mismo Ministerio mediante el decreto el Decreto N° 1538 de 2005 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997” estableció condiciones básicas de accesibilidad a la vivienda, obligando a los constructores que las zonas de copropiedad o de propiedad horizontal sean accesibles para las personas con movilidad reducida.

Por último, En el caso del acceso a la vivienda para los miembros con discapacidad de la Fuerzas Militares FFMM, el Ministerio de Defensa expidió la Ley 973 DE 200522 que permite la afiliación de soldados a la Caja Promotora de Vivienda Militar a partir del año 2005. Otro de los beneficios para ésta población es cotizar y ser parte de la Caja para acceder a los subsidios de vivienda y el manejo de cesantías.

Para mejorar este servicio, el Ministerio ha anunciado que para los próximos meses propenderá por realizar acciones que brinden una solución más efectiva para el acceso a la vivienda como es el caso de los fondos que se constituyen para la entrega de los subsidios de vivienda, se les permita participar por ser soldados heridos en combate en una bolsa abierta especial con las mismas características de la población afectada por la violencia.

22 Ley 973 DE 2005. por medio de la cual se unifican en la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, los fondos que tenía cada fuerza y que velaban por garantizar una solución de vivienda a sus miembros.

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Para cumplir con esta labor el Ministerio de Defensa incluirá esa propuesta en el proyecto de ley de presupuesto de 2007 que se presentará al Congreso en el mes de julio, asignándose algo de los 350 mil millones de pesos que se dedicarán a subsidios de vivienda a una bolsa especial para ellos.

9. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD CON DISCAPACIDAD

Para el gobierno nacional es necesario contar con la efectiva participación de la comunidad con discapacidad en los espacios de construcción de política pública, planeación y toma de decisiones. Esta participación política implica de una parte la previa organización y capacitación de la sociedad civil y la transparencia y responsabilidad en su gestión. De otra parte, supone el fortalecimiento de los procesos de descentralización previsto en la Constitución de 1991 para fortalecer la autonomía regional y local, lo que significa desconcentrar el poder tradicionalmente en cabeza de un nivel nacional para pasarlo a los departamentos y municipios que son hoy en día las instancias directamente responsables de administrar eficientemente los recursos que les son transferidos para garantizar una oferta programática que responda efectivamente a las necesidades de su comunidad.23 De ahí la responsabilidad de las comunidades para organizarse, conocer sus derechos, y asumir un papel activo en la planeación local. Con base en estos objetivos, se han adoptado medidas para crear y reactivar escenarios de participación política y de planeación social. Frente al derecho al voto, como forma básica de la participación política, este año, durante las elecciones para elegir los miembros del congreso y el Presidente de la República, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto la impresión de 61.334 Tarjetones Braille para garantizar el ejercicio de los derechos civiles de la población con limitación visual en las próximas elecciones del 12 de marzo. El tarjetón Braille impreso en la editorial del Instituto Nacional para Ciegos-INCI, estará disponible en todos los puestos de votación, viene en cuadernillos de 12 páginas para Senado y 8 para Cámara, impresos tanto en braille como en tinta (Macrotipo para las personas con baja visión) y básicamente contiene la misma información de los tarjetones impresos para las personas que ven. Por otra parte, frente a otras formas de participación política existe el Comité Consultivo Nacional de Personas con Limitación, en el nivel nacional, que fue 23 Ver Ley 715 de 2002 por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

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creado por la ley 361 de 1997 y reglamentado por los decretos Decreto 1068 de 1997, 276 de 2000 con el objetivo de asesorar al Gobierno para el seguimiento y verificación de la puesta en marcha de las políticas, estrategias y programas que garanticen la integración social de la persona con discapacidad. No obstante lo anterior, dificultades logísticas y de convocatoria, hicieron que en el nivel nacional ese Comité Consultivo no sesionara hasta el año 2002, fecha en la cual, el Ministerio de la Protección Social, hizo una nueva designación de sus miembros en aras de reactivar esta instancia de participación política de la comunidad con discapacidad y de los demás actores involucrados en la intervención de la situación de discapacidad. A nivel territorial, tendiendo en cuenta el principio de descentralización administrativa, el Gobierno Nacional ha promovido la conformación de Comités departamentales y municipales de discapacidad y los Grupos de Enlace Sectorial. Para fortalecer la participación de la comunidad con discapacidad en los espacios locales de planeación y gestión local. Estos Comités deben estar integrados por representantes de organizaciones de personas con discapacidad, funcionarios públicos de los sectores de salud, educación, planeación, recreación, etc., representantes de las autoridades territoriales correspondientes (nacionales, departamentales o municipales, instituciones publicas y privadas prestadoras de servicios, y otros actores sociales (empresarios, universidades, etc.) Su misión es la de definir de manera concertada las prioridades para mejorar la calidad de vida y la inclusión social de la comunidad con discapacidad, e incidir efectivamente en la planeación y gestión social de la comunidad. Actualmente, se han conformado cerca de 25 comités departamentales de discapacidad o redes de apoyo a la discapacidad y existe el compromiso del gobierno nacional de fortalecer progresivamente estas instancias territoriales y la organización de la comunidad con discapacidad, de tal manera que sus representantes puedan ejercer su rol de manera eficiente y transparente en los escenarios de concertación y toma de decisiones públicas. También, para asegurar que tales instancias interactúen entre si y trasciendan a otros escenarios de participación y planeación social. En efecto, el Ministerio de Protección Social y la Red de Solidaridad Social –RSS- Acción Social, realizaron capacitaciones para el fortalecimiento de las instancias consultivas y técnicas nacionales y territoriales que participan en la estructura organizativa y operativa de la Política Pública y en el Plan Nacional de Discapacidad. A través de eventos de formación, talleres, encuentros, congresos y acompañamiento directo en los diferentes procesos de construcción y gestión de la Política y del Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad, se buscó el fortalecimiento de las competencias y funciones de las entidades

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correspondientes, capacidad resolutiva de los territorios, mejorar los procesos de descentralización, formación de las personas con discapacidad, planificación participativa, entre otros aspectos, que conlleven a la construcción de la Política Pública. Las instancias fortalecidas gracias a este proyecto fueron el Comité Consultivo Nacional de Personas con Discapacidad, seis Grupos de Enlace Sectorial a nivel nacional, quince Comités Departamentales de Discapacidad de las regiones de Atlántico, Bolívar Boyacá, Caldas, Casanare, Cauca, César- Córdoba, Chocó, La Guajira, Huila, Nariño, Sucre, Tolima y el Valle. Así mismo, se capacitaron a 219 organizaciones para personas con discapacidad y 32 representantes de la sociedad civil de los 32 departamentos y el Distrito Capital. Para el desarrollo de este proyecto se realizó la contratación del Comité Regional de Rehabilitación de Antioquia, por un valor de $200.000.000.00 durante el segundo semestre del año 2004 y el primer semestre del año 2005. Igualmente, la Consejería Presidencial de Programas Especiales –CPPE- trabajó en el transcurso del 2005 en el proyecto Fortalecimiento a las Redes Sociales de Apoyo a la Discapacidad con enfoque de Rehabilitación en Base a la Comunidad – RBC- , a nivel municipal y departamental reforzando el proceso en los 7 departamentos iniciados en 2004. Para 2006 se espera acompañar el proceso en cuatro departamentos que lo han solicitado: Casanare, Atlántico, Boyacá y Córdoba y se están gestionando recursos con el BID para el cubrimiento de 40 municipios adicionales. Con el fin de facilitar la ampliación de cobertura, la Consejería elaboró el manual metodológico “Pa´to´el mundo: guía para la construcción de Política Pública en Discapacidad desde lo Local”24, que es la sistematización del proceso de fortalecimiento de redes en 7 departamentos. Esta metodología basada en el modelo de Rehabilitación Basada en la Comunidad de OPS, permite guiar a los actores municipales en la construcción de política pública en lo local; fue validada por el Ministerio de la Protección Social y el Comité Consultivo Nacional y se plantea como el instrumento que aplicarán los municipios para construir las instancias mínimas locales para el trabajo en discapacidad que son: las asociaciones de personas con discapacidad, las redes de apoyo, los comités municipales, los planes de acción y los proyectos. De otro lado, y también con el propósito de capacitar a los diferentes miembros de los Comités de discapacidad en los niveles departamentales y nacional en asuntos relacionados en la construcción de política pública en discapacidad y la gestión social, el Programa de Derechos Humanos y Discapacidad de la Vicepresidencia de la República de Colombia, con el apoyo del Ministerio de la Protección Social- ente coordinador de la política en discapacidad- y el Servicio Nacional de 24 Ver numeral 10.b de este documento

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Aprendizaje -SENA, realizó la capacitación con miras al fortalecimiento de estos comités. En este escenario de capacitación gratuita se realizaron 11 sesiones con expertos invitados en cada uno de los temas tratados por un espacio de 55 horas en 18 departamentos del país. Gracias al apoyo del Servicio de videoconferencia del SENA se beneficiaron más de 350 personas en el país, entre ellos, lideres de la comunidad con discapacidad, funcionarios públicos, instituciones prestadoras de servicios, etc. Dentro de los temas tratados se destacan: política social, estructura del estado colombiano, participación en la planeación y gestión local, control social ciudadano, calidad en los servicios sociales, formulación de proyectos de cooperación y marco lógico, entre otros. Así mismo, este año, con miras a asegurar la participación y representatividad de la comunidad con discapacidad en el Comité Consultivo Nacional de Discapacidad, así como su capacidad de gestión e incidencia política, el Ministerio de la Protección Social adelantará el Diseño y difusión de la propuesta metodológica de la estrategia de funcionamiento del Comité Consultivo de las Personas con Limitación. Con el fin de promover los derechos a la participación de la población con limitación visual, el INCI prestó asesoría a los grupos asociativos en 16 departamentos para elevar su nivel de participación y su capacidad de interlocución ante las autoridades e instancias locales, con una inversión de $33’695.834. Para tal fin se promovió la vinculación de personas en espacios de participación ciudadana como los Consejos Departamentales de Política Social y los Comités Departamentales y Municipales de Discapacidad; así mismo con las regionales de la Defensoría de Pueblo se cualificó 66 personas con limitación en temas de liderazgo y derechos humanos. En igual sentido, se realizó un encuentro Nacional de Organizaciones de Limitados Visuales en Bogotá, donde se intercambió información acerca de experiencias productivas, mecanismos de participación, liderazgo y redes organizacionales, contando con la participación de treinta (30) representantes de veintitrés (23) asociaciones a nivel nacional. Se desarrolló un proyecto de Sistematización de Experiencias con 4 organizaciones de personas con Limitación Visual con el fin de interpretar los procesos de participación y de asociación e identificar los factores que han permitido la sostenibilidad de las entidades; se trabajó con organizaciones del Valle, Meta y Bogotá D.C. Se contó con un presupuesto de $ 19.900.919. Para enriquecer el conocimiento sobre temas científicos respecto de la limitación visual el INCI programó y desarrolló, con la participación y colaboración de otros organismos de nivel regional, ejercicios investigativos dando como resultado la generación de conocimientos aplicables en la atención integral de las personas

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ciegas o con baja visión y oportunidades para su acceso y participación en los diferentes ámbitos del contexto nacional. En este sentido se desarrollaron las siguientes investigaciones:

• Papel de la Familia en el desarrollo psicosocial del niño(a) con limitación visual

en 10 municipios de los Departamentos de Boyacá, Caldas y Santander. • Estudio acerca de las características individuales, sociales y económicas que

inciden en la participación de los jóvenes con limitación visual en procesos de integración laboral en 10 municipios de los Departamentos de Boyacá, Caldas y Santander.

Representaciones Sociales en torno a la ceguera de diferentes actores de la Ciudad de Cali, en cooperación con la Universidad del Valle con un costo de $20’000.000.

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10. ESTRATEGIAS PARA PROMOVER Y HACER VISIBLES LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

10.1 Elaboración de Convención internacional para proteger los derechos de las personas con discapacidad El Gobierno colombiano ha apoyado desde su inicio la iniciativa de la sociedad civil y del gobierno mexicano de iniciar un proceso para formular una Convención amplia e integral para promover y proteger los derechos humanos y la dignidad de las personas con discapacidad, en el seno de la Organización de las Naciones Unidas. La participación del gobierno colombiano en este escenario internacional en las Naciones Unidas, liderado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Vicepresidencia de la Republica, se ha caracterizado por la amplia participación de las organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos expertos en el tema. Esta participación se ha logrado no sólo a través de un proceso interno de construcción de política pública nacional de discapacidad en el que han participado organizaciones de y para personas con discapacidad de todo el país y entidades responsables de los diferentes niveles territoriales, y que ha sido recogido en las propuestas llevadas por Colombia, sino también, a través de reuniones periódicas con un grupo de trabajo integrado por entidades públicas, representantes de la academia y de organizaciones de sociedad civil nacional. Incluso, para algunas de las sesiones realizadas en sede de las Naciones Unidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha gestionado el apoyo de organizaciones internacionales y nacionales para garantizar la participación de representantes de la sociedad. En las diferentes rondas de negociación que se han realizado en este escenario internacional, el Gobierno ha dado la instrucción a los miembros de la Delegación oficial del país, favorecer el consenso y facilitar el proceso de negociación para lograr adoptar una convención favorable a los intereses y derechos de las personas con discapacidad. Una vez se suscriba y ratifique este instrumento no solo entrará a integrar el bloque de constitucionalidad que define el contenido de las obligaciones a cargo del estado frente a la situación de discapacidad y los mecanismos para su protección25, sino que además servirá para unificar conceptos y contenidos

25 Este bloque de constitucionalidad define el contenido de las obligaciones del Estado para la realización de cada uno de los derechos humanos de las personas, y está integrado por la Constitución Política, lso tratados internacionales ratificados por Colombia, las leyes, los decretos reglamentarios, y la jurisprudencia dela Corte Constitucional.

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básicos sobre las acciones afirmativas que permiten la realización de cada uno de los derechos. Igualmente la Convención Internacional de derechos humanos de las personas con discapacidad que espera ser aprobada este año por la Asamblea General de la ONU servirá de referente en el proceso de construcción de la política pública de discapacidad en Colombia y permitirá identificar vacíos legislativos o de reglamentación en la materia.

10.2 Estrategia de Comunicaciones Es una prioridad para la equiparación de las oportunidades de las personas con discapacidad en Colombia, desarrollar una estrategia que permita promover los derechos y deberes en torno a la situación de discapacidad, cambiando el imaginario que existe frente a esta situación y a las capacidades de esta población, también, comprometiendo a todos los actores sociales responsables de asegurar su inclusión social. Ante esta sentida necesidad, el Grupo de Enlace Sectorial –GES de equiparación de oportunidades (que cuenta con la participación de entidades del gobierno y la sociedad civil) ha planteado el desarrollo de una estrategia de comunicación y sensibilización frente a la discapacidad la cual se encuentra actualmente en construcción. Hasta la fecha, la Consejería Presidencial de Programas Especiales impulso la estrategia denominada: “Pa´to´el mundo una muestra de capacidad”. En esta estrategia ya se cuenta con una identidad gráfica y sonora validada por el Grupo de Enlace Sectorial de Equiparación de oportunidades, para lograr la identificación del trabajo conjunto para la integración social de las personas con discapacidad y la sensibilización de la población en general hacia el tema de la discapacidad: Los productos que integran hasta ahora, esta estrategia de comunicación son: 1 3 vídeos de 3 minutos sobre la accesibilidad física. 2 3 presentaciones en animación de 3 minutos sobre la recreación de un mundo

incluyente 3 3 audios para radio de 3 minutos sobre experiencias de vida de personas con

discapacidad. Los recursos invertidos en esta estrategia durante el año 2005 ascienden a los $50.000.000 por parte de Consejería, y los cuales incluyen el diseño de identidad gráfica y sonora, y su validación en aproximadamente 15 municipios. También el iseño de videos, audios y presentaciones en flash. d

El ICBF por su parte, capacitará a servidores públicos de regionales que manejan instituciones con niños, niñas y jóvenes en condición de discapacidad.

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Igualmente, el INCI produjo piezas de comunicación como dos comerciales de televisión y una cuña radial para ser difundidos a través de medios masivos, con el fin de propiciar el cambio de imaginarios hacia la población con limitación visual buscando la inclusión de éstas personas como sujetos activos en la sociedad. La producción de dicha piezas tuvo un valor de $14’000.000 y hasta el momento se viene difundiendo por los canales de televisión nacionales y regionales a través de un convenio interinstitucional con la Comisión Nacional de Televisión. En cuanto a las cuñas radiales se han emitido a través de emisoras comunitarias del país.

10.3 Gestión de recursos de cooperación internacional Dentro de la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional elaborada por el Gobierno nacional con la participación de la sociedad civil, se identificaron diferentes líneas estratégicas de cooperación que resultan prioritarias para el país. En esta Estrategia, dentro de la Línea de Estado Social de Derecho y Derechos Humanos, se incluye la necesidad de gestionar recursos de cooperación internacional para desarrollar acciones afirmativas para la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad en Colombia. 26

En este contexto, el gobierno nacional ha gestionado ante diferentes cooperantes internacionales recursos de cooperación internacional para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad en el país. Entre las donaciones más representativas, tenemos En materia de prevención y protección a las Victimas de Minas Antipersonal, la embajada del Japón donó $1,537,819,007.00, con el objetivo brindar rehabilitación integral de manera directa en el sur occidente colombiano al 100% de las víctimas de minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar, al 80% de las personas con discapacidad generada por la violencia que actualmente vive el país e indirectamente al 20% de población en situación de discapacidad de causa distinta a la generada por la violencia en el sur occidente del país mediante el fortalecimiento de los servicios del Hospital del Valle. Las obras concluyen en el mes de marzo a finales del mes. Está igualmente en proceso de perfeccionamiento la donación de recursos U$25.000 por parte de de la OEA para financiar el traslado, la alimentación y el alojamiento de los sobrevivientes de minas que requieren recibir tratamiento de rehabilitación integral en otras ciudades diferentes a su domicilio.

26 Para mayor información consultar página web: http://www.acci.gov.co/Programas/Cooperación_Internacional/Cooperacion_Internacional_Colombia.htm

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Con el convenio suscrito con el Gobierno Suizo a través de COSUDE y con UNICEF se busca el fortalecimiento de los servicios de atención integral a las víctimas en diferentes regiones del país. Las entidades ejecutoras de estos recursos serán Handicap Internacional y el CIREC. De otra parte, tal y como se mencionó anteriormente la Consejería Presidencial de Programas Especiales en su propósito de apoyar el fortalecimiento institucional y la posibilidad de acceso a las ayudas técnicas gestionó ante diferentes cooperantes, como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, La Wheelchair Foundation, la Fundación United For Colombia, la Embajada de Corea, la Agencia de Adopciones de Dinamarca, Siemens y Unitrón. Estas instituciones han hecho posible que se hayan entregado ayuda técnicas por un valor estimado para el año 2003 de $ 630´200.000 pesos; para el año 2004 de $1117´800.000; y en el año 2005 de $ 1686´.000.000, para un total de: $ 3434´.000.000 pesos. Con la Fundación Once para America Latina, FOAL y el respaldo del Programa de Cooperación @lis-Alianza para la Sociedad de la Información de la Unión Europea, el SENA y el INCI lanzaron el Proyecto “Red Social Colombia para la integración Socio- Laboral de las personas con limitación visual, cuyo objetivo es integrar social y laboralmente a este grupo poblacional mediante un programa de formación basado en el conocimiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Este proyecto tiene una duración de tres años, y cuenta con 72.571 euros como aporte de la Unión Europea y 16.250 euros en recursos de contrapartida de Colombia. Hasta la fecha se han formado 598 personas con limitación visual en informática básica y mentalidad empresarial, y se consolidaron programas con el SENA en las Regionales de Atlántico, Chocó y Boyacá con una ejecución de $ 24.494 euros del aporte de la Unión Europea. Así mismo la FOAL aprobó la ejecución del proyecto “Desarrollo de material didáctico para procesos de integración educativa de la población con limitación visual” con un aporte de $14.038 euros, con el propósito de elaborar láminas en alto relieve con información esencial en las áreas de matemáticas básica y media, ciencias básicas y media, símbolos patrios de Colombia y geografía de los entes territoriales.. Ante la UNESCO, el Ministerio de Educación Nacional con el apoyo de la Vicepresidencia de la República presentó recientemente un proyecto piloto para generar modelos de escuelas integradoras en 4 municipios de Colombia. Igualmente el Ministerio de la Protección Social ha presentado ante la Agencia Española de Cooperación Internacional –AECI un proyecto que busca la integración laboral de las personas con discapacidad mediante alianzas estratégicas con el sector privado e intercambio de experiencias con empresarios españoles.

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10.4 Articulación con otras políticas sociales:

10.4.1 Política de infancia: Los derechos de los niños, niñas y adolescentes priman sobre los derechos de los demás27 . Esto implica la responsabilidad y el compromiso del Estado, la familia y la sociedad en general para asegurar su integridad física y mental, su dignidad y su pleno desarrollo. En el caso de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad este compromiso debe ser aun mayor en la medida que deben poder disfrutar de los mimos derechos y libertades fundamentales sin ningún tipo de discriminación de tal manera que se les asegure el acceso efectivo a los servicios de educación, salud, recreación, cultura, entre otros, y se garantice su pleno desarrollo, inclusión y participación social. Con este compromiso, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF coordina el Sistema Nacional de Bienestar Familiar y lidera las políticas de atención y protección integral a la infancia, la juventud y la familia.28 En dichas políticas se incluye la atención integral al menor con discapacidad a travpes de los diferentes planes y programas de la Entidad. Así mismo, para garantizar los derechos de este grupo en el marco normativo en materia de infancia y juventud, se ha conformado un Grupo de trabajo en el que participan el Ministerio de la Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Vicepresidencia de la República, con las entidades no gubernamentales que integran la Alianza por la Infancia, entre ellas, UNICEF, la Fundación Restrepo Barco, y otras, para impulsar la construcción del Proyecto de Ley de Infancia y adolescencia que cursa actualmente en el Congreso, y cuya finalidad es abordar adecuadamente los derechos de la infancia en esta iniciativa, y particularmente el respeto y la plena realización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con algún tipo de discapacidad. En el año 2006 el ICBF tiene proyectada la organización de un grupo de trabajo intra e interinstitucional para la construcción de guías de orientación pedagógica para la atención de niños y niñas con discapacidad menores de 6 años, en hogares infantiles, hogares comunitarios y FAMI. 27 Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 28 Para mayores informes puede consultar la página: www.icbf.gov.co

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10.4.2 Política de equidad de género: Consientes de que las personas con discapacidad pueden también ser discriminadas o excluidas por razón de género , surge la necesidad de coordinar planes y programas transversales con las instituciones responsables de la construcción de estas políticas. Por esta razón, se ha contado con el apoyo de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer CPEM- y la Vicepresidencia de la Republica en la construcción de una Agenda Conjunta Intersectorial entre la construcción de la Política Nacional de Discapacidad y la política “Mujeres constructoras de paz y desarrollo” liderada por esta entidad. Con esta agenda se pretende beneficiar a toda la población con discapacidad y de manera especial a las mujeres con discapacidad y madres de niños con discapacidad, mediante estrategias para la promoción de sus derechos, particularmente sus derechos a la educación, al empleo, y la salud sexual y reproductiva, entre otros. Igualmente, para promover la participación política de estas personas en los Comités de discapacidad y de Mujeres que existen en los diferentes departamentos y municipios del país, en la Feria de Mujer Empresaria que se realiza anualmente, en los programas de apoyo a los proyectos productivos y a otras serie de acciones tendientes a asegurar la igualdad y no discriminación de este grupo poblacional.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: Las entidades que integran el Gobierno nacional han logrado avanzar en el proceso de construcción de una política nacional en discapacidad que supere la visión asistencialista o puramente médica con la que anteriormente se trabajada esta situación para pasar a un enfoque de respeto hacía los derechos humanos de esta población. A partir del esfuerzo que supone la permanente coordinación intersectorial entre las entidades, el Gobierno nacional ha logrado consolidar un manejo transversal de la condición de discapacidad, entendiendo que ésta es una situación compleja en la que participan las condiciones individuales de la persona, las condiciones ambientales y sociales, y una pluralidad de actores del Estado, la familia y la sociedad, y que por lo tanto, exige una atención integral desde los diferentes sectores para prevenir adecuadamente los riesgos que generan dicha condición y dar soluciones estructurales a las necesidades de esta población en un marco de desarrollo humano y social. En los últimos años se presentó un gran avance en el nivel de participación de la comunidad con discapacidad en los escenarios de participación social en los niveles nacional, departamental y municipal, mediante la conformación del Comité Consultivo Nacional de Discapacidad y los Comités de Discapacidad o los grupos de trabajo equivalentes, los cuales requieren fortalecerse para garantizar una legitima representación de la comunidad, su efectiva participación y su incidencia en la toma de decisiones públicas. En este contexto, la participación y el fortalecimiento de la sociedad civil adquieren cada vez más, una mayor importancia en la medida que solo una comunidad organizada, coordinada e informada podrá incidir en la planeación y gestión local, y velar por el reconocimiento de sus derechos y el cumplimiento de la ley. Así mismo, es indispensable comprender las implicaciones de la descentralización del Estado contemplada en la Constitución de 1991 y la cual supone la responsabilidad y autonomía de los entes territoriales para planear y decidir a través de sus consejos de política social y los planes de desarrollo, la política y el gasto en materia social en cada una de sus comunidades bajo los lineamientos de política publica social del nivel nacional. En este contexto, la competencia de las entidades del orden nacional está orientada a brindar apoyo y soporte a dichos entes mediante directrices, metodologías, normatividad, estandarización, o acciones de seguimiento, evaluación, asesoramiento, apoyo a la organización local, articulación de redes, articulación de las dinámicas locales de desarrollo, entre otras. Con base en estas precisas competencias de las entidades del gobierno nacional y tendiendo en cuenta la estructura del Estado colombiano y su organización sectorial y descentralizada, es fundamental revisar el marco conceptual y los

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lineamientos en materia de política social y gasto publico social, con miras a orientar esta dinámica hacia la construcción de un modelo de atención integral a las diferentes necesidades de la población vulnerable, entre ellas, las personas con discapacidad. Este modelo exige la identificación y el aprovechamiento de las diferentes redes de servicios sociales públicas y privadas disponibles para atender las necesidades de la población colombiana con calidad y eficiencia en materia de salud, educación, capacitación, empleo, y demás aspectos necesarios para la realización de los derechos de todos los ciudadanos en condiciones de equidad. Lo anterior, también supone superar la creencia de que el Estado debe resolver todos los problemas de la sociedad. Si bien es cierto que el Estado debe asegurar el respeto a los derechos humanos de la persona, también lo es que éste no es el único responsable de su realización. Los empresarios, las universidades, los medios de comunicación, las instituciones prestadoras de servicios, la familia y la misma la persona con discapacidad están llamados a valorar y respetar la diferencia y a ofrecer soluciones para asegurar la plena y efectiva participación de esta población. Es preciso entonces la coordinación de acciones entre los actores y la articulación de las diferentes políticas sociales, sean de tipo poblacional, como la de discapacidad, etáreas, de los grupos indígenas o negritudes, las asociadas al conflicto como las de los desmovilizados o la de desplazados, o las que buscan superar los niveles de pobreza en el país, de tal manera que se permita la construcción de ese modelo de desarrollo social incluyente de todos los ciudadanos y se optimicen los escasos recursos del gasto social que deben atender tantas y tan variadas necesidades sociales en el país. De ahí la necesidad de enmarcar este proceso de construcción de una política nacional de discapacidad con los actores y recursos del Sistema de Protección Social en el país (en el que se incluyen los sistemas de atención en salud, pensiones, riesgos profesionales y asistencia social), del Sistema de Bienestar Familiar, del Sistema de educación nacional y con objetivos macros como los de las Metas del Milenio para la reducción de la pobreza y con el Proyecto Colombia 2019 con miras a atender de manera sostenible y permanente, a todos los ciudadanos colombianos en condiciones de justicia y equidad social.

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