EL PACTO MENEM-KIRCHNER

Suiza y los secretos del dinero negro de la política y los negocios

JUAN GASPARINI

EL PACTO MENEM-KIRCHNER

Suiza y los secretos del dinero negro de la política y los negocios

EDITORIAL SUDAMERICANABUENOS AIRES

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ISBN 978-950-07-3051-8

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en el mes de abril de 2009.

Gasparini, JuanEl pacto Menem-Kirchner. - 1ª ed. - Buenos Aires : Sudamericana, 2009.192 p. ; 23x16 cm. - (Investigación periodística)

ISBN 978-950-07-3051-8

1. Investigación Periodística. I. TítuloCDD 070.4

A Reynaldo y su jefe, a los viejos militantes de la JUP, Diego y Germán, y al patriota Eduardo,

por haberme ayudado en esta inolvidable aventura periodística

“Todo lo interesante ocurre en la sombra, no cabe duda. No se sabe nada

de la historia auténtica de los hombres.”

LOUIS-FERDINAND CÉLINE, Viaje al fin de la noche

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PRÓLOGO

“El campo del intelectual es por definición la conciencia.Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo

y en su país es una contradicción andante, y el quecomprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología

del llanto pero no en la historia viva de su tierra.”

RODOLFO WALSH, Diario de la CGT de los Argentinos, número 1, mayo de 1968

¿Qué pueden tener de similar escándalos co-mo los de Thales, Skanska, Siemens, Alstom y el“tren bala”, la cuenta suiza de Carlos Menem, elValijagate, o los fondos de Santa Cruz? ¿Existeun patrón de comportamiento entre las empre-sas, los actores políticos y del ámbito judicial,muchas veces con secuelas en Suiza? ¿Son todosellos piezas de un sistema coercitivo que hacen ala impunidad argentina en estos veinticinco añosdemocráticos, debida en gran parte a la falta devoluntad institucional para ir a fondo contra lacorrupción?

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La vigencia del aparato de espionaje domésticode la SIDE en favor de intereses nefastos, hereda-do de gobiernos precedentes, confirma la decisiónde preservar un Estado inquisitorial, policíaco e in-justo, pero al servicio de nuevos inquilinos en laCasa Rosada. La Argentina 2008 ha sido designa-da por la Organización Internacional del Trabajo(OIT) líder mundial en desigualdad de salarios. Susniveles de exclusión, mortalidad infantil, trata depersonas y extrema miseria siguen siendo alar-mantes. La dictadura se ha enquistado en los tri-bunales, paralizando varias centenas de causaspenales, con más de un millar de militares y civilesimplicados en la represión ilegal, fortaleciendo laimpunidad para con crímenes de lesa humanidad.

A los militantes de los 70 se les reserva bregarpor los derechos humanos. Algunos han sido rele-gados a puestos intrascendentes. Otros resistenal binomio presidencial que prioriza los negocios;hacer “caja”, como se estila decir en la jerga polí-tica de este siglo. Disimulada por la retórica de in-negables aciertos económicos y sociales, y en lospliegues de las banderas de un capitalismo nacio-nal de Estado, la dinastía gobernante conserva eltrabajo informal, la subocupación y la desocupa-ción plena, el hambre, la indigencia y la enajena-ción de los recursos naturales. ¿Para esto dejaronsus vidas 30 mil desaparecidos? ¿De qué gobiernode los Montoneros nos habla la derecha crítica alos Kirchner, incapaz de conformar una oposiciónseria y democrática, con un proyecto alternativode poder?

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¿Pueden Carlos Menem y Néstor Kirchner, quese aborrecen y detestan, capaces de todo con talde aventajarse, sellar un armisticio en Suiza, don-de convergen las pistas de capitales que los com-prometen? Estudiando las desventuras cruzadasde ambos ex mandatarios en la banca helvética,este libro pone en escena los acontecimientos e in-térpretes de un acuerdo furtivo. Aquí se restauranlos decorados y el guión de una pieza de teatro.Sus penumbrosos entretelones asocian a estos dospersonajes en imprevistos silencios compartidos.Han detentado el máximo poder de la República, einciden sin tregua en los acontecimientos políti-cos. Kirchner delega la presidencia de la Naciónen su esposa, Cristina Fernández, y aparenta vol-ver al llano, donde ha resucitado al Partido Justi-cialista (PJ), capturando su liderazgo. Menem haconseguido un escaño de senador hasta 2011, im-poniendo a su secretario, Ramón Hernández, enla plantilla de empleados a sueldo del Congreso.Desde su banca hostiga la supremacía de Kirch-ner en el PJ, en sintonía con el gobernador punta-no Alberto Rodríguez Saá, y con el ex presidenteEduardo Duhalde, mientras anuncia la creaciónde un nuevo partido político, “Lealtad y Dignidad”,para presentarse en las próximas elecciones pre-sidenciales. En definitiva, la contienda entre losdos acérrimos adversarios no amaina. Trasciendecoyunturas electorales. Poco los une; mucho lossepara. Dan la impresión de querer aplastarse mu-tuamente. Sin embargo, la temática de los depósi-tos en Suiza que los culpabilizan ha sido excluida

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de la agenda beligerante. La siguiente investiga-ción periodística lo prueba, destapando un ace-zante concurso de personas y circunstancias.1

El hallazgo en Suiza hace siete años de lascuentas bancarias de Carlos Menem y Ramón Her-nández hizo pensar que tal vez Kirchner se emplea-ría a fondo para traer a la Argentina las pruebasdocumentales de sus extractos y ofrecerlas a laJusticia, amén de repatriar el saldo de sus acti-vos, calculado en siete millones de dólares. Gran-de fue el desengaño. Esas cuentas sólo figuran enla prensa, pues no han sido declaradas en los tri-bunales federales de Buenos Aires por la Confede-ración Helvética. Para entender las razones de loocurrido, esta crónica alumbra sucesos de 2004,año clave en el que las dos partes bajaron las ar-mas. Depusieron hostilidades a la postre de unproceso ganado por Menem en un juzgado de Gi-nebra, que Kirchner digirió sin protestar, declinan-do revertir lo resuelto, y desechando firmar un Tra-tado de Asistencia Judicial con Suiza en materiapenal. Estos hechos sentaron las bases que hicie-ron funcional la conducta de Kirchner de obturaruna fuente de problemas judiciales para Menem.

Desmenuzando las vicisitudes de la megacoi-ma de veinticinco millones de dólares cobrada porel clan Menem a través de la banca suiza cuandose privatizó el espacio radioeléctrico nacional en1997, entregado al grupo francés Thales, este li-bro rescata las confesiones de Lionel Queudot, elintermediario en Ginebra que pagó los sobornos.Su testimonio, notificado oportunamente a los tri-

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bunales argentinos en 2004, se apila en un suma-rio que yace en la jurisdicción federal de BuenosAires. La virulencia de Kirchner para con los esta-mentos del poder judicial que presuntamente sesustrajeran a la ley y pasaran por alto asumir susresponsabilidades soslayó ese fuero. No le infligiósu impronta de reforma, como promoviera en laCorte Suprema de la Nación y en la Cámara Na-cional de Casación Penal.

En similitud con el príncipe de Salina, don Fa-bricio Corbera, el Gatopardo, que presenciando conmelancolía el fin de un ciclo en Italia ensalzaracínicamente “que todo cambie para que todo per-manezca igual”, la divisa de Kirchner, en las his-torias aquí examinadas, se acomodó a lo advertidocon Menem: las grandes denuncias de corrupciónno se juzgan en la Argentina. En ese plano, conlos Kirchner no hubo transgresión para un cam-bio de época. Nada indica que Cristina Fernándezromperá con el principio observado en las causasemblemáticas: cuando la investigación se acercaverdaderamente al núcleo del delito y se aproximaal poder, automáticamente y por cualquier razónoportunista, se interrumpe la pesquisa. Se aleganinsolventes garantías individuales o falaces faltasde pruebas y se archivan los expedientes o se lospostra en el inútil letargo.

¿Por qué los Kirchner se plegarían a esa nor-ma? Quizás lo elucide el azar del destino, alrede-dor de los indicios congregados en Suiza. Los 520millones de dólares de Santa Cruz que se demora-ran en volver desde Zurich se habrían duplicado

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en un largo deambular fuera de la Argentina. Porlo pronto retornaron sólo 390 millones, una ope-ración sobre la que las autoridades nacionales yprovinciales no exhibieron documentación algu-na, sin tampoco dar cifras oficiales, archivando elexpediente judicial e impregnando de sospecha lafortuna del matrimonio que gobierna el país. Todoesto afecta a la Justicia Federal argentina, juris-dicción competente para indagar, amueblando es-pacios presidenciales reservados que los hermanancon Menem. Acaso porque los sobornos aceitan laslicitaciones de obras públicas, motivo de la deser-ción del núcleo de confianza presidencial de Ser-gio Acevedo en marzo de 2006, quien pilotearala Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) ysubstituyera a Kirchner en la gobernación de San-ta Cruz. Reportajes periodísticos singularizan pre-suntos venales adictos a la sociedad conyugal quedetenta el control del Estado por casos que englo-ban la evasión impositiva, la cartelización de obraspúblicas, el lavado de dinero, la defraudación, lossuntuosos gastos del Poder Ejecutivo, el favori-tismo palaciego en aras de un capitalismo nacio-nal de amigos presidenciales, y el discutido finan-ciamiento de la campaña electoral de Cristina,adicionando la presunción del aporte clandestinode petrodólares venezolanos. Lo reiteraría el es-cándalo Skanska, la tercera constructora mundialde origen sueco que, para obtener el contrato deampliación de un gasoducto en Córdoba —y aligual que otras doce empresas del ramo en otrostantos casos—, pagara comisiones “indebidas” a

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una banda presuntamente apañada por el actualgobierno, reproduciendo los cócteles del pasado:sobreprecios, facturas falsas y empresas fantas-mas. El sistema vendría a ser ratificado por lascoimas de la multinacional alemana Siemens, ini-ciadas bajo la administración Menem por la digi-talización de los documentos de identidad (DNI),que se extenderían con los Kirchner en el coman-do de la Nación, y en virtud de licitaciones por em-prendimientos de electroingeniería, adquisición decentrales térmicas y pertrechamiento ferroviario,que alcanzan los 3.400 millones de dólares. Lasombra de corrupción se ampara de la transna-cional francesa Alstom, que impulsa tres proyec-tos de trenes de alta velocidad para unir BuenosAires con Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar delPlata. Copiando el prototipo instaurado por Tha-les y reproducido por Siemens para el pago de lossobornos intercontinentales, de recurrir a un agen-te externo a la empresa inserto en la banca suizapara agilizar el cohecho, Alstom hizo también cir-cular dinero en ese sentido por conducto de com-pañías y bancos helvéticos.2

La difusión de estas noticias dejó en claro có-mo funciona, dentro y fuera del país, la globali-zación de las coimas para pervertir a dirigentesnacionales y socios empresarios en contratos as-tronómicos que se reproducen como un espejo enhoras de capitalismo casino. La matriz de la co-rrupción extranjera y sus complicidades vernácu-las no se ha alterado en los veinticinco años dedemocracia. Por encima de convenciones interna-

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cionales, y reglamentos de órganos planetarios decontrol como los del Grupo de Acción Financiera(GAFI) y la Organización para la Cooperación y elDesarrollo Económicos (OCDE), las firmas trans-nacionales no han abandonado la estrategia desobornar para competir en los mercados, pese aque sus contabilidades centrales han comenzadoa delatarlos en procedimiento penales ya bastan-te avanzados en Alemania, Francia y Suiza.

El inventario que la pareja presidencial hacesobre su balance al frente de la Nación no le bastapara cantar una victoria inapelable contra Menem,quien evidentemente no morirá en la cárcel. Lacruzada de liberalismo corrupto y antipatrióticoque le enrostran sus detractores reñiría con ladoctrina del peronismo tradicional. Pero escuchan-do a los críticos y desencantados con los Kirchner,su ambigua identidad peronista se habría desba-rrancado en un conservadurismo popular de sesgoautoritario. Cristina aspira a coronar la ambiciónde su marido, cuyo discurso demanda pasar a lahistoria por salvar al país del infierno en que lo su-miera Menem. No obstante, el modelo bicéfalo delos Kirchner obliga a silenciar de una vez y parasiempre a Carlos Menem. Para borrarlo del planis-ferio político, deberían acatar la principal regla dejuego: con las historias de peculios y caudales enSuiza, sean de quien fueren, nadie se mete.

¿Qué es lo que impide llegar a la verdad sobrelos responsables del atraco del Estado? Los con-flictos planteados en el gobierno a principios delmandato en 2003, y su punto de inflexión al año

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siguiente, dieron marcha atrás con las reformasjudiciales y de seguridad, que parecieron despun-tar con la renovación de la Corte Suprema de Jus-ticia. Su reacondicionamiento democrático trajoaparejada la nominación de magistrados indepen-dientes, e hizo pensar que continuaría en promo-ver una Justicia Federal autónoma y desembara-zada de antiguas lacras. Fue brutal la interrupciónde los significativos cambios que se iban a operaren los tribunales, en los organismos de seguridady en la diplomacia, para luchar eficazmente con-tra la corrupción y el lavado de dinero. He queridoponer al lector sobre la pista de futuras repercu-siones de un mismo modus operandi en Suiza conpresuntas terminales en la privatización del espa-cio radioeléctrico, el proyecto del “tren bala”, losDNI, las usinas hidroeléctricas, la amnistía paracapitales que podrían emanar de la corrupción, yen los fondos de Santa Cruz nunca rendidos encabal transparencia. Narrativa de pasado y pre-sente, anticipa lo que vendría si, alguna vez, la co-rrupción actual terminara de descorrer su velo deocultamiento.

Juan Gasparini, Ginebra - Buenos Aires, 15 de marzo de 2009.

NOTAS

1 Clarín, 21 de noviembre de 2007; Infobae, Argentina, 28 demayo de 2008; La Nación, Buenos Aires, 21 de junio de 2008.

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2 Pablo Abiad, Club K de la Obra pública Skanska, uncaso, Planeta, Buenos Aires, diciembre de 2007. Diego Cabot yFrancisco Olivera, “Hablen con Julio.” Julio De Vido y las histo-rias ocultas del poder kirchnerista, Sudamericana, Buenos Ai-res, diciembre de 2007. La Nación, 25 de marzo, 12 de abril,18 de mayo, 21 de junio de 2008, 4 de enero y 22 de febrero de2009, Clarín, 22 de enero y 24 de agosto de 2007, 21 y 26 demarzo, 4 de mayo, 10 y 16 de agosto, 17 de octubre y 4, 13 y16 de noviembre, 21 de diciembre de 2008 y 20 de febrero de2009, Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Zurich, 6 de abril de 2008.Perfil, Argentina, 22 de noviembre de 2006, 10 y 16 de agosto,14 de septiembre, 1 y 2 de noviembre de 2008. Crítica, 14 y 21de diciembre de 2008, 18 de enero de 2009. Los empresariosque integrarían el “círculo virtuoso” de los negocios bendeci-dos por el actual gobierno serían Lázaro Báez, Sergio Gotti,Cristóbal López, Gerardo Ferreyra y Rudy Ulloa Igor, junto alas sociedades Austral Construcciones, Palma, Badial, Inver-nes, Electroingeniería, Gotti y Casino Club.

I

LA CONFESIÓN DE BERNA

“La verdad está en las cosas, no en nosotros.”

ARTURO PÉREZ-REVERTE, El pintor de batallas

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A media mañana del 30 de abril de 2004, elhilo conductor de este libro ocupaba el asiento tra-sero de un Volvo azul con chapa diplomática. Via-jaba en el coche del embajador argentino en Ber-na, Guillermo González, quien enviara su auto conchofer para recogerlo en Ginebra. El pasajero seaproximaba a los 53 años. Estaba casado, teníados hijos y no hablaba ni una palabra de castella-no. Su pasaporte de la Unión Europea exponía quese llamaba Lionel Gabriel Michel Queudot, nacidoel 4 de junio de 1955 en Montreuil, Francia. Alcuerpo menudo, con pelo rubio, lo arropaba untraje azul, camisa blanca y corbata oscura. De suescueta biografía resaltaba que en 1976 había sidovoluntario en las milicias cristianas de los herma-nos Gemayel en el Líbano, hasta que en 1981 se“exilara” voluntariamente en Suiza. Para escapardel triunfo socialista de François Mitterrand enFrancia, fijó residencia en Ginebra. Y se puso aejercer de broker en la jungla bancaria helvética,tenida por la más sofisticada del mercado financie-ro internacional, actuando de fiduciario.1

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El trayecto automovilístico a Berna acaso letrajo a la memoria que Finego, la compañía queutilizaba en Ginebra, había sido declarada en quie-bra el 3 de febrero de 2003. Queudot proseguíatrabajando como freelance en esa ciudad, com-partiendo un despacho en la gestoría de servicios,Algest, Rue de Zurich 38, pero su reputación esta-ba mancillada. Desde hacía cuatro años se conocíapor la prensa que había sido testaferro del dicta-dor congolés Pascal Lissouba. En 1997 se consti-tuyó en su comisionista financiero, fundando unasociedad casi gemela a la suya, fingiendo diferen-ciarla con las abreviaturas en inglés de las empre-sas comerciales en una de las antillas británicasdel Caribe. A esa Finego Inc-BVI, el broker le abrióuna cuenta en Suiza, donde la justicia confiscómás de cinco millones de dólares en enero de 1999.Era el saldo de cuarenta millones de dólares pro-venientes de sobornos pagados a Lissouba por elgigante petrolero francés ELF, ulteriormente ab-sorbido por Total.2

Aquellos malos recuerdos le humedecían lafrente y fumaba con desgano, arrastrando sus pe-nas por la cinta asfáltica rumbo a la capital suiza.Tenía al alcance de su mano derecha una carterapara guardar papeles. En su interior esperaba re-velación un texto de carilla y media. El documen-to traslucía su participación, entre 1997 y 2000,en el pago de una coima de veinticinco millonesde dólares a personeros del otrora presidente Car-

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los Menem. La dádiva retribuía la concesión por elcontrol del espacio radioeléctrico argentino al gru-po francés Thales. Anteriormente llamada Thom-son, la firma fue creada en 1893. Sigue siendouna de las más poderosas del planeta en el ramode la electrónica militar y de seguridad. Referen-cia ineludible en las tecnologías espaciales y deinformación, con una participación del Estado, quedetenta el 27% del capital, sus acciones se cotizanen bolsa. La rodea una aureola de corrupción quetrastorna fronteras. Hoy envuelve al flamante lí-der del ANC, Congreso Nacional Africano, y virtualfuturo presidente de África del Sur, Jacob Zuma,denigrado por el tráfico de comisiones ocultassurtidas por Thales.3

Aparentemente concentrado en la planicieinhóspita que transcurría a la vera de la autopis-ta, Queudot pudo evocar el móvil que lo impulsa-ba a denunciar una serie de actos instigados porla multinacional francesa que lo contratara a finde triangular el soborno. No lo había hecho conTotal y el congolés Lissouba, quienes le retribu-yeron durante dos años con tres mil dólares men-suales por disimular una coima de cuarenta mi-llones de dólares, y lo preservaron en el anonimatohasta que los sorprendiera la Justicia de Ginebra.Pero lo iba a hacer con Thales.

A veces, para salvarse, hay que destruirse, de-bió pensar Queudot en el interior del Volvo conpatente diplomática que lo transportaba a Berna.El gesto que se aprestaba a realizar había sidoprovocado por la publicación de una nota en el

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semanario francés Le Point del 3 de octubre de2003. La crónica relataba sus andanzas, en el mar-co de lo ejecutado entre Carlos Menem y Thales.Dibujaba un circuito opaco para cuajar el cohe-cho en Ginebra, ciudad donde él vivía y se locali-zaba la suiza Finego. Los envíos de dinero se des-tinaban con predilección a distintas cuentas en losEstados Unidos, una operación que para el brokerhabría tenido por artífice a Jorge Justo Neuss, unlobbista argentino espasmódicamente afincado enParís. Entre sus credenciales, brillaba la Legiónde Honor en Francia con el grado de oficial. Ladistinción fue conferida el 21 de septiembre de1999, una vez consumado el presunto arreglo pa-ra delinquir. Objeto de una venganza de génesisinfausta que lo sacrificara en el tabernáculo de larevista Le Point, por desquite y para cubrirse,Queudot replicaba aportando su testimonio a lasautoridades argentinas del nuevo gobierno presi-dido por Néstor Kirchner.4

En la Jungfraustrasse 1 de Berna, la ceremo-nia había sido preparada minuciosamente. El fi-duciario iba a efectuar una declaración consularespontánea, prevista por la ley de servicio exteriorde la Argentina. Al recibirlo, el embajador Guiller-mo González le presentó a la cónsul, Ana Berta deAlberto, y frente a ambos suscribió la confesión.Queudot conocía a González por haberlo saludadofugazmente el mes anterior en Ginebra, al salir deuna reunión con el ministro argentino de Justicia,Gustavo Beliz, quien lo convenció de que valía lapena confiar en los tribunales federales de Bue-

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nos Aires y testificar sobre la corrupción. La con-versación tuvo lugar el 17 de marzo de 2004, fe-cha en que el ministro del presidente Kirchner in-terviniera ante la Comisión de Derechos Humanosde la ONU que sesionaba en la ciudad suiza. Elbroker fue invitado a entrevistarse con Beliz, aler-tado por una fuente periodística de la predisposi-ción del agente financiero a dar su versión de loconvenido entre Thales y Menem. En ese cóncla-ve, concretado en la mansión privada del jefe dela misión argentina ante los organismos de la ONUen Ginebra, también estuvieron Daniel Morin, res-ponsable de la Oficina Anticorrupción (OA) de laArgentina, y un traductor.5

Morin no vivía de fantasías. Con la aplicaciónartesanal de un tipógrafo, se encargaba de perse-guir judicialmente las infracciones cometidas porfuncionarios gubernamentales. Era subordinadode Beliz en el Ministerio de Justicia y se había re-cibido de abogado en 1985, pasando a ser profe-sor adjunto de Derecho Penal en la Universidadde Buenos Aires y, desde 1992, Fiscal Nacionalde Instrucción en la Capital Federal. Visitaría denuevo a Ginebra al caer abril de 2004. Se alojó enel Hotel Bernina, donde conversó con Queudot lasformalidades de su declaración, y concurrió en trena la audiencia de Berna, permaneciendo en la an-tesala. Después acompañó al broker hasta el co-che que lo devolvería a Ginebra por la tarde.

El folio y medio redactado por Queudot esque-matizaba las modalidades del soborno. La estra-tagema para esconder la procedencia y el destino

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del dinero, y el encubrimiento de los incentivospara la realización de un delito económico, calza-ba con lo que se denomina lavado de activos o decapitales. El broker sabía de lo que se trataba por-que, como se viera, había sido detectado hacía cin-co años enmascarando fondos ilegales en Ginebravinculados al régimen congolés de Lissouba. Losorprendieron apañado por su compatriota AlfredSirven, en fuga y luego detenido, mandamás de lapetrolera de bandera francesa ELF antes de quefuera adquirida por Total, un sistema de financia-miento clandestino y paraestatal que fuera san-cionado por la Justicia de París.6

Con la vista perdida en la ruta que lo restituíaa Ginebra, Queudot repasó con prolijidad docentelos hechos que graficaran la declaración de Ber-na. Admitía que sus relaciones con Jorge Neussarrancaban en la década de los 80, antes de inde-pendizarse con Finego, y durante su trabajo parala financiera Gold Hill de Nyon, próxima a Lausa-na. El tándem captaba depósitos de particulareslatinoamericanos que se invertían en Suiza, y co-nectaba negociantes de gas argentino o especula-dores de metal plata del Perú. Jorge Neuss erauno de los nietos del fundador de la embotellado-ra de jugos de pomelos que ostentara su apellidoy se movía internacionalmente con un pasaportealemán. Jugaba al golf con Carlos Menem y Geor-ge Bush senior. Tenía un piso amueblado lujosa-mente en el 12 de la Avenue Montaigne de París,cuyo valor superaba el millón de dólares. Variasfuentes dicen haberlo visto por allí en tiempos de

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la dictadura militar 1976-1983, señalando que ha-bría intercedido para obtenerle misiles francesesen los fragores de la Guerra de Malvinas. A Neussy Queudot los presentó el financiero helvético Pie-rre Ivan Kern, cercano al primero y socio del se-gundo, en tanto accionista minoritario de Finego.7

La monotonía del camino sumía a Queudot enuna lacerante penitencia. No encontraba forma deeludir el castigo por las cargas del pasado. Si hu-biera sido otro, le habría llamado la atención querecurrieran a él en 1997 para enmarañar el pagode una comisión ilícita por mandato de Thales. Esfactible que ese tipo de transacciones formen par-te del oficio de los fiduciarios, pero al broker no sele pasó por la mente negarse. Era el propietario deuna sociedad instrumental apta para ello, Finego,y estaba acostumbrado a disfrazar gestiones ban-carias de sus clientes, al estilo de la ramificacióncongolesa del caso ELF-Total. El paseo automovi-lístico suizo hacía recapitular al broker lo aprendi-do en las guías fiscales y bancarias del orbe. Dadaslas características de la Confederación Helvética,podía llegar a ser fácil que las transacciones querealizaba Queudot consiguieran infiltrarse dentrode los perímetros de la legalidad. Debe tenerse pre-sente que en Suiza la evasión impositiva no es unainfracción penal sino una falta administrativa re-dimible por multa. Cualquier acopiador de dinerolícito que eludiere el fisco en el extranjero puededepositarlo en los bancos locales al abrigo de unainvestigación judicial porque este país prescindede cooperar en ese plano por lo que pudiere acon-

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tecer en el exterior, siempre que fueran hechosdesvinculados de la corrupción y que su legisla-ción no reprima internamente. La excepción queconfirma esta regla se verifica al cometerse fraudefiscal, cuando para perpetrar la sustracción, elevasor desborda la negligencia o el olvido y recu-rre a las estratagemas de la estafa, el engaño, latrampa y la falsificación de documentos. En esaatmósfera permisiva de volubles fronteras paracon el delito, la mentada discreción implícita en elquehacer de los negocios por la conquista de losmercados encuentra un espacio altamente pro-picio para extremar las ganancias; el de un paíspolíticamente estable con siete siglos de historia,rico y pacífico, plurilingüístico y multiconfesio-nal, cuya infraestructura tecnológica es excelen-te, y su moneda, el franco suizo, un refugio antelas fluctuaciones que pudieran aquejar al dólar oal euro. El modelo helvético de secreto bancarioviene de comenzar un proceso de mutación, debi-do a las presiones de Estados Unidos y la UniónEuropea contra los paraísos fiscales, por las ne-cesidades de fondos para saciar la crisis finan-ciera internacional, pero el sistema resiste al cabode casi un siglo de existencia: mantiene su tradi-ción de confidencialidad, protección de los clien-tes de los abusos del Estado, y eficacia en laadministración de capitales. Del mismo secretosuelen aprovecharse los titulares de cuentas queesconden haberes originados en la criminalidadeconómica, aunque los tribunales logran desente-rrar ocasionalmente los excrementos. El broker

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temía pagar las consecuencias de uno de esosraros casos, hirviendo en los rescoldos de la des-dicha.8

Huelga explicar que de no haber sido por larepulsa que irradiara la publicación de Le Point, lahojarasca bancaria helvética habría continuadotapando el tránsito sigiloso de los veinticinco mi-llones de dólares procedentes de Thales en direc-ción a cuentas del cortejo que rodeaba a CarlosMenem. Queudot no podía saber todavía que cua-tro años más tarde la metodología que aplicarapareció duplicarse con la firma alemana Siemens.En noviembre de 2008, el Tribunal Supremo deEspaña hizo cosa juzgada la condena de dirigen-tes socialistas durante los gobiernos de Felipe Gon-zález, quienes en 1991 cobraron seis millones dedólares de estipendios por otorgar a Siemens elAVE, el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla. Enfechas aledañas, la prensa sacó a relucir el meaculpa de la empresa por haber sobornado en 332contratos por 1.400 millones de dólares, enhebran-do a Irak, Bangladesh, Brasil, Venezuela, China,Rusia, México, Israel y Vietnam. También en laArgentina por el supuesto pago a través de la com-pañía Mfast Consulting, domiciliada en Nidau,Cantón de Berna, de sobornos por 80 millones dedólares para que en 1998 le fuera adjudicado alconglomerado alemán la licitación por 1.260 mi-llones de dólares de la digitalización de los docu-mentos nacionales de identidad en la Argentina

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(DNI). Lo habría consumado en presunto favor deCarlos Menem, de dos de sus acólitos, Carlos Co-rach y Hugo Franco, y del directivo argentino deSiemens, Carlos Raúl Sergi. El titular de MfastConsulting en Suiza es el ciudadano alemán Mi-guel Alejandro Czysch, otro broker en los veri-cuetos fiduciarios helvéticos, que indica una “des-graciada coincidencia que nos relaciona sin razónalguna” con las coimas de Siemens. En el sumarioargentino, Czysch aparece como director suplentede la sociedad argentina Mailfast, propuesta porSiemens para encargarse de la logística en el en-sobrado y la entrega a domicilio de los DNI. Czyschrepresentaba en Buenos Aires a la compañía In-vercasa —que tenía acciones de Mailfast y se aso-ciaba con la empresa Vanguardia para garantizarel servicio logístico ofrecido— y cuyo fundador fueel antes citado Sergi, cerrando así el círculo áuli-co de la presunta corrupción. Como en una espe-cie de continuidad de prontuarios por encima delos gobiernos, ese mismo Sergi de los DNI con Sie-mens, pero ahora con la sociedad intermediariaTraktel, en nombre de la estadounidense North-rop, postula para quedarse con la radarización delterritorio nacional, una licitación de 2.000 mi-llones de dólares lanzada por Néstor Kirchner en2004.9

Es más: aquellas coimas de Siemens que remi-ten a Menem y los suyos habrían renacido con elgobierno de Néstor Kirchner, manteniéndose has-ta enero de 2007. Bajo el aluvional equipamiento,desde usinas térmicas hasta trenes, los 80 millo-

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nes de dólares por los DNI subieron a un total de105 millones. En diez años, Siemens pagó 15 mi-llones de dólares a “entidades controladas por elgobierno” de Menem, 35 millones a un “grupo con-sultor”, y 54 millones a “otras entidades”. Su com-petidora francesa Alstom —en similitud con Tha-les, que triangulara el cohecho vía una sociedadintermediaria suiza— se apropiaría igualmente delarquetipo. A instancias de Bruno Kälin, ejecutivode su filial suiza en Baden, pero con funcionesautónomas de broker en Cegelec, una sociedad deutilería en Ginebra, se blanquearon 500 millonesde francos suizos a partir de 1995, especialmen-te gracias al Tempus PrivatBank de Zurich, comi-siones ocultas distribuidas para conseguir ile-galmente ventajas y penetrar mercados en Brasil,Singapur, Venezuela, Indonesia, México, Italia yZambia. Según la prensa brasilera, las sospechasse prolongan hasta mediados de 2008 y conta-minan a la Argentina. Alstom apuntaba a firmarcontratos con el gobierno de los Kirchner que as-cenderían a veinte mil millones de dólares paraconstruir tres ramales del Tren de Alta Velocidad(TAVE), más conocido como el “tren bala”, que uni-rá Buenos Aires con Rosario-Córdoba, Mendoza yMar del Plata, contratos sobre los que pesan de-nuncias judiciales por presunta defraudación a laadministración pública.10

De exactitud clínica, las revelaciones de Queu-dot frente a la autoridad diplomática argentina enSuiza pueden dividirse en dos capítulos. El prime-ro de esos capítulos relataba que, en 1997, Jorge

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Neuss le había presentado a un amigo, Jean-Ni-colas Rostan d’Ancezune, con quien aquel com-partía una cuenta en el banco Piguet de Ginebra,donde el broker tenía cuenta. Se trataba de unaristócrata francés casado con una peruana, ads-cripto a la central de Thales en París y enviado aBuenos Aires para desempeñarse en el ramal ar-gentino del consorcio. Sin pedir mayores explica-ciones, Queudot aceptó el encargo con que lo ten-tara el funcionario del prestigioso grupo francés,volcado en un contrato fiduciario elaborado el 1°de noviembre de ese año 1997. Remunerada poruna comisión del 3%, Finego se ocupó de expediralrededor de un millón de dólares provenientes deuna filial holandesa de Thales. Las transferenciasarrancaban del banco ABN/AMRO de Ámsterdam,siendo ingresadas en una cuenta de Ginebra de lasociedad Serba, compañía fundada en 1996 porRostan d’Ancezune en la Isla de Sark, Irlanda,luego establecida en Dublín. Con un poder de ges-tión sobre dicha cuenta, durante 1997 y 1998,Queudot retransfería prontamente el dinero se-gún ordenes que le impartía Rostan d’Ancezunepor fax desde la representación de Thales en Mon-tevideo. Los giros en dólares se acreditaban encinco cuentas, cuatro en los Estados Unidos y unaen Francia.11

El segundo capítulo de las revelaciones delbroker en Berna daba continuidad al anterior,alargando la marejada de capitales hasta el 31de marzo de 2001. Bajo el paraguas de un nuevocontrato de vaga consultoría, seguía la actividad

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emprendida por Serba. Firmado en abril de 1999,el compromiso de Finego había sido amañado conun apéndice internacional de Thales, afincado enel cuartel general de la multinacional en el Boule-vard Haussmann de París. Tres millones de dóla-res más procedentes de la misma boca de expen-dio en Holanda, aterrizaron al ritmo de 135 mildólares por mes en otra cuenta de Ginebra, a ma-no de Queudot en la UBS (Unión de Bancos Sui-zos). Obedeciendo religiosamente las instruccio-nes escritas de Rostan D’Ancezune, expedidas porfax desde Uruguay, y siempre cobrando la comi-sión del 3% por las sumas transferidas, los desti-natarios finales a quienes se remitieron los fondosfueron las ya consignadas cinco cuentas en losEstados Unidos y Francia.12

Los pensamientos de Queudot anidaban enuna telaraña de nebulosos intereses. Empezaba asentir que el tiempo se le echaba encima. Su es-trella sin sustancia agonizaba. La Justicia podíaencontrar que en dos remesas complementariasde diez millones de dólares cada una, cumplió elgrueso de su misión, cobrándose invariablementeel 3% de honorarios sobre los montos triangula-dos. La primera se giró el 7 de noviembre de 1998.Gracias a un contacto personal en el ámbito fi-nanciero anglosajón, solicitó a la sociedad Wingo,radicada en la isla británica de Man, entre Irlan-da y el Reino Unido, que le prestara una cuentaen la sucursal Londres del Barclays Bank, pararecibir los depósitos de Thales. Los diez millonesde dólares fueron debitados instantáneamente en

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favor de una de las cuentas estadounidenses an-tes mencionadas. El segundo giro tuvo lugar el 24de enero de 1999, haciendo vértice en la ya citadacuenta del broker en el banco Piguet de Ginebra,pero nada de todo esto lo hacía pensar que pudohaber violado las leyes en Suiza. Para asombro desus interlocutores en Berna, subrayó que no creíahaber participado en un episodio delictivo. Menosaún cuando los jerarcas de Thales lo convidaranen 1998 a una cena con el presidente Carlos Me-nem, Jorge Neuss y el embajador argentino enFrancia, Juan Archibaldo Lanús, posteriormentecandidato no elegido a senador por la formula Al-berto Rodríguez Saá-Héctor Maya. La celebraciónfue en el Museo del Louvre en París, mientras sedisputaba la Copa Mundial de Fútbol.13

Lionel Queudot habrá tal vez considerado in-necesario explayarse ante los diplomáticos argen-tinos sobre el brazo holandés de Thales que lebombeara los veinticinco millones de dólares, cu-yo ADN fuera tinta del semanario Le Point cuandosalió a la luz el incidente. Esa filial fue parida enAmsterdam el 15 de agosto de 1996 bajo la razónsocial de Thomson Spectrum International NV(TSI), con el propósito de encuadrar la penetra-ción de la casa matriz en la Argentina. El 64,8%de sus acciones eran propiedad de la central deThales en Francia, que colocó en el directorio ados de sus funcionarios franceses, Roger Chevrely Guillaume Dehollain. Los rodeaban Jorge Neussy Rostan d’Ancezune, quienes tenían domiciliosen Buenos Aires. Eran secundados por una dupla

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de abogados, tal vez en representación de clientesque preferían sustraerse de la nómina pública dela sociedad. Estaba el francés Philippe JacquesSaigne, relacionado con Jean-Louis Borloo, futu-ro ministro de Trabajo de Francia bajo la segun-da presidencia de Jacques Chirac, y luego en doscarteras sucesivas de Economía y Ecología con Ni-colas Sarkozy. Les iba a la par el suizo DominiquePerceval Barth. Hoy fallecido, el helvético no eraun actor de reparto. Fue el suegro del antes men-cionado Pierre Ivan Kern, quien presentara Neussa Queudot. A todo esto, el broker estaba al tantode que, vertiginosamente, Neuss, Dehollain y Ros-tan d’Ancezune participarían de la creación de unasubsidiaria de la holandesa TSI en Buenos Aires,Thales Spectrum de Argentina SA (TSA). La corpo-ración ganaría la licitación para administrar el es-pacio radioeléctrico nacional. Abierta en septiem-bre de 1996, entraría en vigor el 1° de julio del añosiguiente, poco antes de que comenzaran a rodarpor Ginebra las grageas del cohecho por veinticin-co millones de dólares.14

Rasgando una cortina invisible, Queudot faci-litó en Berna copia del contrato que soterraba lacoima. Su contenido delineaba una “prestación deasistencia” de Finego a TSA, documento ratificadopor Thales International. En ese texto, el brokerera convocado a “informar regularmente” sobre “ne-cesidades, decisiones y proyectos” de la ComisiónNacional de Comunicaciones (CNC), dependientedel Ministerio de Economía, organismo que dis-pensara la concesión del espacio radioeléctrico.

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Por el 75% de la recaudación de lo que pagabanlos usuarios de las ondas electromagnéticas quepermiten la transmisión de señales de televisión,radio AM y FM, teléfonos celulares, radiotelefoníarural, servicios satelitales y radiomensajes, TSA vi-gilaba su utilización y asesoraba a la CNC, a laFuerza Aérea y al Comité Federal de Radiodifusión(COMFER). El contrato daba cabida a que Finegoterciara ficticiamente y aprovisionaba de la docu-mentación pertinente a TSA sobre la evolución tec-nológica y legislativa, y la relativa a las inversionesy regímenes de propiedad intelectual.15

Volviendo de Berna, a Queudot lo angustiabael desamparo. Nada era seguro ni para siempre.Parecía mermado por el pánico de caer en prisión.Los antecedentes del caso decoraban diarios y re-vistas. TSA velaba por los derechos y deberes delos usuarios y estaba facultada para otorgar lasfrecuencias y fiscalizar su uso. Debía impedir lasinterferencias que pudieran perturbarlas, fijabanormas y tasas, prohibía el aprovechamiento clan-destino de esas ondas, y cuidaba que las fuerzasde seguridad y supervisión aérea tuvieran sus zo-nas reservadas en el cielo. Gendarme financierode un negocio cuya finalización contractual esta-ba prevista para el 1° de julio de 2012, TSA mo-vía sesenta millones de dólares por año. No hacíafalta ser un detective para conjeturar que con esaregularidad se amasaría fácilmente un total de no-vecientos millones de dólares, cifra de la que po-día holgadamente desgajarse la coima trasvasadaen Suiza.

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Como si las situaciones confusas requirieransoluciones confusas, el convenio de Thales con elbroker adelantaba que tres meses antes del 31 demarzo de 2001 en que se preveía su finalización,las partes debían “reencontrarse para definir elfuturo de las relaciones contractuales”. En su es-crito consular, Queudot trajo a colación que lamarejada de dólares fue interrumpida antes y sinaviso, exactamente el 17 de octubre de 2000. Aña-dió que el 11 de enero de 2001 recibió un fax delmismo número que Rostan d’Ancezune utilizabaen Uruguay para darle las órdenes que moviliza-ban el soborno. Produjo copia del mismo, extendi-da en papel membretado de Thales Latin AmericaServices, con oficinas en Montevideo y firmado porsu presidente, Guillaume Dehollain, a quien se vie-ra precedentemente integrar los directorios de TSIy TSA. La posdata del fax urgía comunicar copia aFinego de Ginebra, “casa madre” de una ignota Fi-nego Consulting, a la que se dirigía el mensaje,con sede en Tortola, situada en las británicas Is-las Vírgenes (BVI). El mensaje pronunciaba la rup-tura de un contrato que vinculaba a Thales con lasucursal caribeña de Finego, fechado el 17 de oc-tubre de 2000, día en que según el broker se detu-viera el tropel de los dólares en Ginebra, riada quea continuación presumiblemente se hundiera enlas cloacas del Caribe. Dehollain justificaba el ul-timátum del fax por las noticias de prensa queaparecieran en Francia, reflotando la implicación

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de Queudot en la corrupción achacada a la petro-lera francesa ELF, y sus tentáculos en Suiza yÁfrica, lo cual fuera hilado al principio de este ca-pítulo.16

Queriendo cauterizar la herida del malévolofax, Queudot acusó recibo velozmente. Se le anto-jó un equívoco y, en el acto, lo reafirmó en Berna.Con ahínco pasó de largo los motivos expuestosen el ríspido mensaje y alegó desconocer a FinegoConsulting. Acentuó pedidos de aclaraciones cru-zados con Dehollain, sin obtener nada satisfacto-rio. Acongojado, interpretó que se le hacía saberde un contrato que no le concernía, amarrado asus espaldas entre una sociedad pantalla de Tha-les que le era extraña y otra prácticamente similara la suya de Ginebra, instalada en uno de los cen-tros off-shore que proliferan hasta en los zócalosde las antiguas colonias británicas. Pero su pliegode descargo no ha sido confirmado por los juecesen Buenos Aires, París y Ginebra, agravado por-que, como también se viera al comienzo de este ca-pítulo, en esas mismas islas del Caribe el brokercreó una sociedad a medida para el dictador con-golés Pascal Lissouba. La hizo coagular mediantela denominación Finego, con la adenda de la siglainglesa para las sociedades comerciales (Inc.) y elacrónimo BVI de las British Virgin Islands, todauna incógnita.17

La ponencia de Queudot el 30 de abril de 2004en Berna epilogó el polémico mandato escorado porThales. Con elocuencia de púlpito, arguyó que tresaños antes intentó vanamente alcanzar un acuer-

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do con Dehollain, Rostan d’Ancezune y Neuss, reu-niéndose tres veces en Ginebra. Buscando la admo-nición de la Justicia argentina, el broker entregó,a título complementario, unas veinte fotocopias.Además del fax de Dehollain y el contrato quesuscribiera con Thales, proporcionó un muestra-rio de transferencias bancarias de las que fueramentor, cuya autenticidad sería desmentida porJorge Neuss, quien clama su inocencia y tilda aQueudot de “siniestro” chantajista, por más quedesista de querellarlo, y no lo desafíe a un careojudicial en Buenos Aires, Ginebra o París. A juiciodel broker, en esa documentación se ejemplifica-ban algunas identificaciones de los bancos y lascuentas adonde fueron a parar los veinticinco mi-llones de dólares de esta coima radioeléctrica. Peroa decir verdad, su expiación sólo podrá redimirseen una epopeya judicial intercontinental e incon-clusa. Será propicio desenredarla en los capítulossucesivos, para saber si Lionel Queudot tenía ra-zón, que el movimiento se demuestra huyendo, noandando.18

NOTAS

1 Certificado de la oficina cantonal de la población en Gi-nebra sobre Lionel Queudot, del 7 de enero de 2008, y entre-vistas con el autor, marzo y abril de 2004. Le Figaro, Francia,12 y 14 de diciembre de 2000 y 22 de diciembre de 2001.

2 Le Figaro antes citado y expediente de la quiebra 2003000151 de la sociedad Finego, decretada el 3 de febrero de2003 (Registro de Comercio de Ginebra, http://rc.ge.ch).

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3 Juan Gasparini, El Periodista, Chile, 8 de abril de 2004,El Periódico de Catalunya, Barcelona, 22 de abril de 2004, LaNación (“Enfoques”), Buenos Aires, 16 de diciembre de 2007 yPerfil (“El Observador”), Argentina, 19 de octubre de 2008. ElPaís, España, 2 de enero de 2008, Le Temps, Suiza, 29 de di-ciembre de 2007, 5 y 6 de agosto de 2008, cables de la agenciaFrance Presse del 6 de octubre y 3 de noviembre de 2008,http://fr.wikipedia.org/wiki/Thales_(entreprise).

4 Laurent Léger, Le Point, París, 3 de octubre de 2003. LeTemps, Suiza, 29 de diciembre de 2007 y El País, Madrid, 2 deenero de 2008.

5 Entrevistas con Gustavo Beliz, Daniel Morin y GuillermoGonzález, Ginebra, marzo y abril de 2004.

6 Entrevistas con Lionel Queudot ya citadas. Le Figaro,Francia, 22 de diciembre de 2001. Le Monde, Francia, 2 de fe-brero de 2007.

7 Entrevistas con Lionel Queudot antes citadas. Dos fuen-tes periodísticas en París, Francia, y una fuente empresarialen Buenos Aires, Argentina, que requirieron el anonimato.Gold Hill, fundada en 1982 por el francés Pierre Laconte, que-bró el 2 de mayo de 2001 (Registro de Comercio del Cantón deVaud, Suiza, http://www.rc1.vd.ch).

8 Declaración consular de Lionel Queudot del 30 de abrilde 2004, y sus entrevistas con el autor antes citadas. Le Temps,Suiza, 19, 20, 23 y 24 de febrero, y 7 de marzo de 2009; Le Ma-tin Bleu, Suiza, 20 de febrero, 2 y 3 de marzo de 2009. Agenciasuiza ATS, 5 de marzo de 2009.

9 La Nación, Clarín y Página/12, 20 de abril de 2008 yfuente confidencial del Ministerio de Justicia de Argentina. ElRegistro de Comercio de la Confederación Helvética certificaque el dueño de Mfast Consulting, domiciliada en 115 Haupt-strasse, 2560 Nidau, Cantón de Berna, es el ciudadano ale-mán Miguel Alejandro Czysch, nacido el 29 de enero de 1932;su curriel del 23 de mayo de 2008, en respuesta a un pedido deentrevista del autor. Quizás sin vinculación con Siemens, elprocurador alemán de Rottwil, consiguió que el Tribunal Fede-ral de Suiza le entregara en 2004 una cuenta en la UBS de Ar-mando Gostanian, colaborador de Menem, acusado de corrup-ción por un millón y medio de marcos en un caso relacionado

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con la empresa alemana Atlantic Zeiser (entrevista telefónicacon Folco Galli, portavoz de la Oficina Federal de Policía enBerna, 12 de noviembre de 2008). La justicia alemana calculaque Siemens pagó dos mil millones de dólares en coimas en loque va del siglo en la Argentina, Alemania, Grecia, Italia, Nige-ria, Turquía y ex repúblicas soviéticas, debiendo pagar unamulta en los Estados Unidos de ochocientos millones de dóla-res para frenar procesos judiciales. Perfil, 10, 16 y 31 de agos-to, 6 de septiembre de 2008. Crítica, 29 de mayo, 31 de octu-bre y 14 de diciembre de 2008. El Mundo, Madrid, 13 denoviembre de 2008. Clarín, 22 y 27 de abril, 4 y 10 de mayo,6 y 13 de julio, 5, 6 y 16 de agosto, 28 y 31 de octubre, 6 denoviembre, 18, 19 y 21 de diciembre de 2008. Cable de laagencia France Presse del 15 de diciembre de 2008. Le Temps,Suiza, 16 de diciembre de 2008. La Nación, Buenos Aires, 16y 26 de diciembre de 2008. Ministerio de Justicia de los Esta-dos Unidos, http://www.usdoj.gov/opa/pr/2008/December/08-crm-1105-spanish.htm y http://www.usdoj.gov/opa/do-cuments/siemens-argentina-info.pdf.

10 Comunicado de prensa del Ministerio Público de la Con-federación Helvética del 22 de agosto de 2008, informando demúltiples allanamientos y la detención preventiva en Suiza deBruno Kälin, dirigente de Alstom, inculpado de gestión desleal,corrupción y blanqueo de dinero, liberado en espera del juiciooral el 10 de octubre de 2008. Sentencia del Tribunal Penal Fe-deral de Suiza sobre Alstom del 13 de octubre de 2008. Denun-cias judiciales en Buenos Aires del abogado Ricardo MonnerSans, 13 de mayo, 13 de julio, 8 y 15 de agosto y 16 de diciem-bre de 2008, copias en el archivo del autor. Clarín, La Nación yPágina/12 citados en el punto anterior. Le Temps, Ginebra, 7de mayo, 2 de julio y 23 de agosto de 2008. Tribune de Genèvey Le Figaro, Suiza y Francia, 23 de agosto de 2008. Perfil, 14 deseptiembre de 2008, lanacion.com del 29 de agosto de 2008,http://www.lanacion.com.ar/nota.asp? nota_id=1044497). LeMonde, París, 29 de agosto de 2008 y agencia de prensa suiza,ATS, 13 de octubre de 2008. O Estado de São Paulo, 1 y 14 deseptiembre y 1° de noviembre de 2008.

11 Le Point del 3 de octubre de 2003, geopolitique.com del4 de diciembre de 2003, declaración consular de Queudot, en-

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trevistas con el autor ya mencionadas y sus notas de prensaantes citadas.

12 Contrato entre Finego y Thales International, copia enel archivo del autor, menos la página 9, declarada confidencialentre las partes. Declaración consular de Queudot antes cita-da y entrevistas ya mencionadas. En la quiebra de Finego figu-ra que la sociedad tenía la cuenta D1-130034.0 en la UBS deGinebra, amén de otra cuenta en el banco Diner’s Club de Bel-grado, Serbia.

13 Declaración consular de Queudot antes citada y entre-vistas ya mencionadas en la que reconoció haber afectadopara esta operación, una cuenta en la UBS, otra en el bancoPiguet, y subcuentas de la Lloyds Bank radicadas en la finan-ciera Sujet y en la fiduciaria Société Financière Privé, todas deGinebra. La Nación, 9 de septiembre de 2007.

14 Extracto del Registro de Comercio de Ámsterdam, copiaen el archivo del autor. El domicilio de Neuss en Buenos Airesdeclarado en Holanda se encontraba en la calle Corrientes222, piso 12, y el de Rostan d’Ancezune en la avenida Alvearpiso 13, departamento B.

15 Contrato entre Finego y Thales International y publica-ciones de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), edi-tadas por Thomson Spectrum de Argentina (TSA), con domici-lio en Perú 143, piso 12, (1067) Buenos Aires, cuadernillos dedifusión pública sin fecha, archivo del autor.

16 Contrato entre Finego y Thales International. Fax deGuillaume Dehollain a Finego Consulting, con copia a Finegode Ginebra del 11 de enero de 2001, copia en el archivo delautor.

17 Documentos de la quiebra de Finego en Ginebra antescitados.

18 Las cuentas receptoras de las transferencias de losveinticinco millones de dólares gestionados por Queudot, se-gún las pruebas documentales que confiara al Consulado ar-gentino en Berna fueron cuatro: cuenta 558-3174 de la MainSaving Corporation en el Brown Brother Harriman de NuevaYork (59, Wall Street, New York, N. Y. 10005, U.S.A.), usufruc-tuada por Jean Nicolas Rostan d’Ancezune; cuenta 8900170646de la Forex Assoc. Inc., subcuenta IFO., 11022 PLAN del Bank

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of New York; cuenta 36072583 de la Financiera Meridional S.A. en el Citibank de Nueva York (111, Wall Street. New York, N.Y.); y cuenta 03050159032/13 de Jorge Neuss en la SociétéGénérale de Francia (29, Boulevard Haussmann, B. P. 614-09,75421, París Cedex 09). En las entrevistas con el autor, Queu-dot agregó otra cuenta en el First Union National Bank, de Fi-ladelfia, en los Estados Unidos (actualmente Wachovia Bank),la cual fue publicada en los artículos de prensa ya menciona-dos de El Periodista, Chile, y en El Periódico de Catalunya, deBarcelona, España. Entrevista telefónica con Jorge Neuss, 21de noviembre de 2008, sus curriels de esa fecha y del 3 de di-ciembre de 2008.

II

EL CÓDIGO CLEARSTREAM

“Comprendí lo lejos que habían ido las cosas, lo terriblemente confuso que todo era ahora

y la manera en que la calamidad, cuando llega, lo hace a toda prisa.”

PHILIP ROTH, La conjura contra América

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El viernes 30 de abril de 2004, mientras Lio-nel Queudot rubricaba en Berna su denuncia so-bre las coimas vertidas por Thales en las alforjasdel club Menem, una velada conferencia transcu-rría en París, cerca del parque Monceau. El jovenabogado Thibault de Montbrial, 34 años, organiza-ba en su estudio un encuentro confidencial entreRenaud van Ruymbeke, la estrella de los juecesanticorrupción en Francia, y Jean-Louis Gergorin,uno de los vicepresidentes de la European Aero-nautic Defense and Space Company (EADS), gi-gante aeronáutico y militar franco-alemán, fabri-cante de bombas y satélites, y de los aviones depasajeros Airbus. El trío no debió reparar en eladagio que dice que las desgracias son inoportu-nas y caen sin avisar. Ni que protagonizaban elacto fundacional de un cinematográfico ajuste decuentas sobre evanescentes razones de Estado enFrancia. Porque cuatro años después de lo que seoriginaría en aquella cautelosa cita de París, el exprimer ministro Dominique de Villepin sería en-viado a juicio oral. En filigrana latía el modelo pa-

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ra sobornar adoptado por Thales en el capítuloanterior, pero ahora con el presidente Nicolas Sar-kozy en el rol de testigo de cargo.1

La legítima obsesión por encontrar la verdaden un procedimiento a su cargo, y la credibilidadque emanaba de la investidura de quien pidieraverlo en la absoluta discreción, punzaron a VanRuymbeke. El magistrado intimaba con la celebri-dad por haber desnudado el financiamiento ocul-to de los partidos Socialista (PS) y Republicano(PR), y destripado el sistema de corrupción erigidopor el Estado francés a partir de su compañía pe-trolera nacional, ELF, una maquinación que arras-trara en el desprestigio a Lionel Queudot, como secontemplara en el capítulo precedente. Lo curiosoera que Gergorin no ofrecía revelaciones atinentesa EADS, cuya jerarquía trajinaba, sino sobre 500millones de dólares de comisiones ilegales paga-das en 1991 por el grupo Thales (ex Thomson), co-rolario de seis fragatas francesas Lafayette vendi-das a Taiwán. El receptor de la coima en Suiza eraAndrew Wang, alias Shampoo, un broker oriundode Hong Kong. El contrato por 2,5 billones de dó-lares, que catapultara el soborno, daba cauce auna instrucción penal confiada a Van Ruymbeke.El sumario, iniciado en junio de 2001, imputabaabuso de bienes sociales y encubrimiento. Para eljuez ir a entrevistarse con una potencial fuente deinformación fuera de su despacho por un tematan importante, no dejaba lugar a dudas, y se lar-gó a explorar la contingencia en las fronteras dela ley.2

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El juez archivaba la copia del contrato queprohibía explícitamente a Thales el pago de comi-siones, las que sin embargo cuajaron impúdica-mente en la banca helvética. Una vez escurridasen las 46 cuentas helvéticas de Shampoo (por esoquizás el seudónimo), los fondos se habrían bifur-cado hacia funcionarios chinos (de modo que Pe-kín no se opusiera a la venta), y de Taiwán (paraque Taipei aceptara el precio de compra que asi-milaba el monto del cohecho). Pero la mitad de ladescomunal coima habría vuelto subrepticiamen-te a Francia, transfigurándose en lo que la jergade la criminalidad económica bautiza como retro-comisiones, y esto en beneficio de personalidadesgalas que influyeran en la fabulosa negociación. Elriesgo para la República Francesa era colosal por-que, al ser garante de la exportación, y de probar-se la infracción, París debía indemnizar a Taiwán.Van Ruymbeke seguía afanosamente todos los ves-tigios y sabía que esa práctica criminal de Thalesno era una excepción. Conocía desde octubre de2003 por medio de la prensa que, en la impunidadreinante a fines del siglo pasado en Francia y laArgentina con la delincuencia económica, lo suce-dido en Asia había sido calcado para corromper laestirpe del sudamericano Carlos Saúl Menem: unintermediario externo y autónomo de las partescontractuales, un broker implantado en la bancasuiza, sería el comisionista de las dádivas.

Thibault de Montbrial daba seguridades a losprotagonistas convocados en su estudio, al mar-gen de que oficiara de asesor jurídico de EADS.

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Trataba a Van Ruymbeke por haberse presenta-do en el expediente de las fragatas defendiendo ala viuda del capitán de la marina taiwanesa YinChing-feng, uno de los varios asesinados que hanjalonado este “escándalo de los escándalos”, co-mo el agente secreto francés, Thierry Imbot, quiencumpliera misiones en Taiwán, despeñado de uncuarto piso en París el 10 de octubre de 2000, yJacques Morisson, ex dirigente de Thales en Tai-wán y oficial de la Marina francesa, quien cayó deun quinto piso en París el 18 de mayo de 2001. Asu vez, Thibault de Montbrial disfrutaba de laconfianza de Gergorin, reemplazante en 1979 desu padre, Thierry de Montbrial, a la cabeza delCentro de Análisis y Prevención (CAP), una célulade reflexión estratégica operativa en el Ministeriode Asuntos Exteriores de Francia, el Quai d’Orsay.Es oportuno saber que, por esa célula, se abriópaso al comienzo de su carrera política quien has-ta un mes antes de la entrevista de aquel 30 deabril de 2004 estuviera temporalmente al frentede ese ministerio: Dominique Galouzeau de Ville-pin, agente polifuncional del presidente JacquesChirac.3

Thibault de Montbrial estaba al tanto de queGergorin rumiaba que lo liquidarían y no le extra-ñó que llegara a la cita con Van Ruymbeke escol-tado por dos guardaespaldas. Acarreaba varios te-léfonos celulares de los que extrajo las baterías,no porque temiera que lo molestara algún llama-do, sino por miedo a que lo escucharan o lo si-guieran intangibles enemigos. En su monólogo

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desgranó que se había enterado de informaciónprivilegiada y que, gracias a un técnico informáti-co que trabajaba para EADS, podía hackear elbanco de compensaciones luxemburgués Clear-stream (“torrente de agua clara”), propiedad delbanco Julius Baer de Ginebra y de la Bolsa deAlemania. Dicho establecimiento es el “banco delos bancos” de las finanzas privadas occidentales,centro neurálgico que acoge una especie de cáma-ra de clearing en la cual una multitud de bancosintercambian virtualmente valores y ajustan elec-trónicamente sus cuentas de banco a banco, envez de hacer circular dinero en efectivo. Pero loque Gergorin pretendía haber hackeado era algoasí como la “caja negra” de Clearstream, en la quecada banco podía gestionar paralelamente cuen-tas no declaradas de sus clientes, sustrayéndolosde que aparecieran como dueños ante el fisco desus propios países. De esos evasores suministróuna lista en la que destacaban quienes habríancobrado comisiones por la exportación de las omi-nosas fragatas de combate: Alain Gomez, presiden-te de Thomson, que devendría Thales, la sociedadque vendiera los navíos de guerra a Taiwán y sealzaría con la privatización del espacio radioeléc-trico en la Argentina; Philippe Delmas, vicepresi-dente de Airbus, y varios dirigentes políticos, en-tre ellos, Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de NagyBocsa, conocido políticamente como Nicolas Sar-kozy, adversario de Villepin en el seno de la dere-cha francesa para suceder a Chirac en la presi-dencia de Francia en 2007.4

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Nacido en 1946, hijo de inmigrantes rusos,Gergorin era tenido por un espíritu brillante enlas esferas económica y diplomática. Había egre-sado de la encumbrada Escuela Nacional de Ad-ministración (ENA), y obtenido un diploma en laUniversidad de Stanford. Como se viera, fue jefedel CAP en el Quai d’Orsay, hasta que en 1984 locaptara Jean-Luc Lagardère, un ingeniero que loungió coordinador internacional estratégico enMatra, su fábrica de misiles y de automóviles decompetición. Matra había sido parcialmente na-cionalizada por el gobierno socialista de FrançoisMitterrand, quien mantuviera a Lagardère al fren-te de su directorio. En tales fechas, Mitterrandhabía asimismo nacionalizado la compañía Thom-son, luego Thales, que también producía arma-mento, y era comandada por Alain Gomez.

Siguiendo el derrotero de Gergorin y los indi-cios de las coimas de Thales, viene a cuento quela predecesora Thomson quisiera disciplinar a Ma-tra bajo su hegemonía en el mercado asiático. Laimposición hizo crisis en Taiwán, uno de los rarosEstados solventes del planeta, afiebrado por uneventual ataque de China continental, de la quese separara en 1949, poniéndose al abrigo del co-munismo. Ansiosa de comprar al contado la tec-nología militar necesaria para disuadir a Pekín, aTaipei le estaba vedado adquirir materiales béli-cos ofensivos en Washington, dados los acuerdosde reconocimiento mutuo con Mao Tse Tung que

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firmara el presidente Richard Nixon. Para esqui-var ese obstáculo, Taiwán efectuó dos enormescompras en Francia: las famosas seis fragatas La-fayette armadas por Thomson en el puerto fran-cés de Lorient —en la denominada “OperaciónBravo”— y cincuenta bombarderos Mirage 2000-E, aviones Dassault. Los aparatos eran pertrecha-dos por Matra con 1.500 millones de dólares enmisiles. La venta terminó enemistando a Gomez yLagardère por razones todavía inextricables.

La hostilidad entre los dos empresarios reciéntuvo su desenlace en 1996. Al privatizarse Thom-son, Lagardère desplegó su capacidad de lobbypara que se pusiera fin a la trayectoria de Gomez.Como la influencia suele ejercerse mejor a travésde terceros, escogió a Gergorin, quien compusoun papel decisivo ante la presidencia de JacquesChirac (cuyo secretario era el antes mencionadoDominique de Villepin), acelerando el retiro anti-cipado de Gomez.5

El rencor entre estos dos ejecutivos del arma-mento y la aeronáutica en Francia redundaría enaltercados que afligirían a la clase empresaria. Loscelos personales venían fomentados por el proce-so de convergencia empresarial europea, al calorde la mundialización de la economía, y del roce deafinidades y discordias en la alternancia de los go-biernos de la izquierda o la derecha parlamentariaen Francia. Por más que Gomez no fuera designa-do para continuar gobernando Thomson al priva-tizársela en 1997, Lagardère no pudo incorporar-se a la conducción de la sustitutiva Thales, dado

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que el primer ministro socialista, Lionel Jospin,optó por la oferta de los grupos Dassault y Alcatel.Para tomarse revancha con el Estado, que le re-taceara una mayor injerencia en los procesos deapertura al capital privado de las compañías es-tatales, Lagardère tuvo que esperar a 1999. Fuecuando Matra logró asociarse con la Aeroespacial,que ponía en orbita los satélites Ariane lanzadosdesde Guyana. Esa asociación precedió a la gesta-ción en 2000 de la citada EADS, en cuyo directorioLagardère ubicaría, además de a Gergorin, a otro desus lugartenientes de confianza, Philippe Camus.6

Pero el 14 de marzo de 2003, el patrón de Ma-tra sucumbiría de una extraña enfermedad inmu-nológica, el síndrome de Hurst, motivo de falleci-miento en el mundo de unas cincuenta personaspor año. Desposeídos de su padrinazgo, Camus yGergorin debían afrontar el fin de sus mandatosen el sector francés del directorio de EADS, previs-tos para 2005. Ahí cohabitaban con dos aspiran-tes a desalojarlos, Noël Forgeard, consejero indus-trial de Jacques Chirac en 1986, que se marcharade Matra para convertirse en manager de Airbus;y su adjunto, Philippe Delmas, egresado de la ENAy jefe de misión en el Quai d’Orsay durante el pe-ríodo de Roland Dumas como ministro de AsuntosExteriores de Mitterrand. Es difícil pensar en la ca-sualidad al ver que Alain Gomez y Philippe Delmascapitanearan el listing de titulares de cuentasopacas en el extranjero de la confabulación Clear-stream, enunciada por Gergorin al juez Van Ruym-beke el 30 de abril de 2004.

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Apelar a Van Ruymbeke era, para Gergorin, elfin del camino, no el debut. Recurría a la Justiciadespués de haber complotado infatigablementedentro del EADS y con los diversos estamentos delos servicios de Inteligencia franceses. Era pez enel agua de esos mares embravecidos desde quecondujera el CAP en el Quai d’Orsay. Pero su em-pecinamiento trasuntaba una voluntad conspi-rativa, quizás apuntalada solapadamente desde elgobierno por Dominique de Villepin, proclive a queun aura de corrupción tiñera la imagen de la mis-teriosa red de Clearstream, con miras a incitar laapertura de una causa penal que desluciera la tra-yectoria de Sarkozy, su contradictor en el recorri-do hacia la primera magistratura del país. Domi-nique Galouzeau de Villepin culminaba su carrerasecundando a Jacques Chirac, de quien fuera se-cretario general de la Presidencia de la República,ministro de Asuntos Exteriores y de Interior. Espe-raba ascender a primer ministro y, en el camino,conquistar la candidatura de la derecha parlamen-taria en el poder para las elecciones presidencialesde 2007. Esa derecha dominante en el tablero po-lítico se aprestaba a elegir al líder de su partido, laUnión para un Movimiento Popular (UMP), antela vacante dejada por el ex primer ministro AlainJuppé, sancionado judicialmente por corrupción.Todo indicaba que, en la elección interna de laUMP prevista para el 28 y 29 de noviembre de2004, no se impediría el triunfo de Nicolas Sar-kozy. Hasta tanto ministro multiuso de esa forma-ción en el gobierno, de cuyas ambiciones a la pre-

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sidencia de la República hiciera alarde pública-mente, Sarkozy incordiaba a De Villepin, quien em-pero gozaba de la preferencia de Chirac.

Alegando la necesidad de proteger su vida,Gergorin hizo que el abogado Thibault de Mont-brial aportara los datos por escrito en forma dedenuncia anónima, ensobrada y entregada en ofi-cinas de Van Ruymbeke el lunes siguiente al 30de abril de 2004. Pero las verificaciones ordena-das inmediatamente por el magistrado empaña-ron la veracidad del contubernio bancario anida-do en Clearstream. El 7 de mayo de 2004, el juezmandó detener e indagar a Philippe Delmas, unode los empresarios estigmatizados por Gergorin,quien fue liberado en un santiamén. Carecía decuentas en el exterior y el scanner de sus teléfo-nos y computadoras era incuestionable. Las comi-siones rogatorias cursadas por la Justicia a Lu-xemburgo, Italia y Suiza para corroborar el nexode ciertas cuentas de Clearstream con los bancosclientes señalados por Gergorin tuvieron por res-puesta que la identificación de las numeracionesen clave de algunas de ellas correspondía a la rea-lidad, aunque los titulares fueran o hubieran sidodiferentes. En los apartados de los exhortos judi-ciales algunos de los casilleros de los organigra-mas de Gergorin daban la sensación de existir,pero no coincidían los nombres o las fechas.

Sin saberlo, el juez obtenía los equivalentes ylos magros resultados que con antelación consi-guiera el general de división Philippe Rondot, unconsejero de seguridad en el Ministerio de Defen-

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sa, quien a fines de los 70 y comienzos de los 80compartiera con De Villepin y Gergorin el CAP,aquel observatorio de “análisis y prevención” en elQuai d’Orsay. En noviembre de 2003, Gergorin lehabía pedido a Rondot que husmeara expresa-mente en la trastienda de Clearstream, y De Ville-pin lo urgió a proseguir en ese cometido en enerode 2004, pero como este general no encontró nadaconsistente, Gergorin terminó irrumpiendo en elvestíbulo de Van Ruymbeke.

Nicolas Sarkozy no daba signos de saber queera uno de los nautas en los CDROM de Gergorinque electrizaban la cooperación judicial entreFrancia, Luxemburgo, Italia y Suiza. Rondot noparecía ser consciente de la instrumentalizaciónde la que era o había sido evidentemente objeto.Fue despertado por los jueces Henri Pons y Jean-Marie d’Huy, quienes le allanaron domicilio y ofi-cina en el Ministerio de Defensa. Le confiscarontodos sus papeles y el 28 de marzo de 2004 lo in-terrogaron sin cesar durante catorce horas. El dúojudicial había sido designado para instruir la que-rella por denuncia calumniosa que formulara Phi-lippe Delmas el 3 de septiembre de 2004, una vezexculpado por Renaud Van Ruymbeke al cabo desu detención preventiva y de la exhumación de suscuentas bancarias.

Bordeando la jubilación y al filo de los 70 años,Rondot era uno de esos raros militares francesesque han ocupado funciones en las dos grandes di-visiones de los servicios de Inteligencia, la acciónexterior en la DGSE, y la faena interna en el con-

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traespionaje, la DST. Habituado a dejar notas detodas sus actividades en las misiones que le eranencomendadas, sus archivos personales permiti-rían a los magistrados Pons y d’Huy completar lareconstrucción de esta saga de las luchas ferocespor el poder, teniendo a las coimas de Thales co-mo telón de fondo.

Gergorin no estaba contento con los resulta-dos que acopiara en sus gestiones con Rondot yVan Ruymbeke. De inmediato, su banco de datosfue puesto al servicio de la prensa. El impacto quetuvo en los medios enviaba una advertencia a laJusticia, alentando a los magistrados de turno aque inculparan a los integrantes del notable lista-do Clearstream, a pesar de que el examen judicialde su denuncia anónima ya empezaba a ser cues-tionado. El primer artículo estalló el 8 de julio de2004 en el semanario Le Point, casualmente elmismo, como se viera, que el 3 de octubre de 2003sacara a luz el negociado de Thales con la Argen-tina. Entre los firmantes de la nota de portada de-dicada a Clearstream, figuraba Laurent Léger, ver-dugo periodístico de Menem en la privatización delespacio radioeléctrico nacional.7

La revista Le Point sacudió a Nicolas Sarkozy,a la sazón ministro de Economía, tal vez ajeno a loque se fraguaba a su alrededor. El artículo no lomencionaba, pero se adivinaba su fisonomía, bajoel eufemismo de ministro de la “derecha liberal”.Lo habían alertado de lo que se publicaría su co-lega de Justicia, Dominique Perben, y Pierre deBousquet de Florian, director de la DST, presupo-

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niendo que en ámbitos del gobierno estaban enautos de la intriga con nombres y señales.

Es de rigor cronológico apuntar que, por enro-que decidido a instancias del presidente Chirac el31 de marzo de 2004, Sarkozy traspasó el Ministe-rio del Interior a Dominique de Villepin, a cambiode la cartera de Economía. La medida podía ser in-terpretada como un ardid para entorpecer la esca-lada de Sarkozy para controlar la UMP pues iba se-cundada de la exigencia, también auspiciada por elpresidente Chirac, de que debía cesar toda funcióngubernamental si ganaba el escrutinio por la jefa-tura del partido mayoritario a fines de ese año. Vade suyo que Sarkozy renunciaría al Ministerio deEconomía el 30 de noviembre de 2004, el día des-pués de haber vencido en la elección interna de laUMP. Pero es también entendible que luego, hen-chido por la victoria, recuperara el Ministerio delInterior el 31 de mayo de 2005, quitando de su pa-so la incompatibilidad entre la presidencia parti-daria y una cartera gubernamental. En trueque,aprobó que Chirac aupara a su delfín De Villepin aprimer ministro.8

Al poco tiempo, Sarkozy cortó sagazmente to-do debate sobre el affaire Clearstream en el terre-no político que pudiera ambicionar su adversario.Fue a tribunales y se subió al tren encarrilado porla querella que presentara oportunamente a Phi-lippe Delmas. Sarkozy compareció el 9 de mayo de2006, reclamando el esclarecimiento judicial de lamaniobra que intentó encajarle cuentas banca-rias ilegales en el extranjero. En ese mismo mes,

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Gergorin renunció a su puesto en EADS y, a ren-glón seguido, reconoció haber sido el autor de lasdenuncias anónimas, pero adujo haber actuadode buena fe, rehusando aceptar que sabía de lafalsedad de los datos con que intoxicara a la Jus-ticia y a la opinión pública. El 1° de junio de 2006fue inculpado de denuncia calumniosa y falsifica-ción, y el 22 de marzo de 2007, de encubrimiento,de abuso de confianza y robo, bagaje delictivo queno le hizo perder su libertad.9

Destino parecido se les deparó a los demás es-labones en el encadenamiento de complicidades:Imad Lahoud, el matemático que compaginara laorquestación de Gergorin; Florian Bourges, audi-tor de Arthur Andersen en Clearstream, quien ob-tuvo ilegalmente los datos y nutrió el mapa infor-mático del plagiado catálogo de cuentas, y DenisRobert, periodista que hizo circular el ficticio cen-so bancario, editando varios libros. Convocado nue-vamente por los jueces d’Huy y Pons, el generalRondot se resistió inicialmente a declarar, mien-tras que el primer ministro, Dominique de Villepin,excluyó cualquier implicación en la manipulación.Se querelló contra cuatro periodistas que escribie-ron sobre el caso, y se impugnó toda influencia enel tumulto que hizo vacilar la estabilidad institu-cional de Francia en este comienzo de siglo.10

Un cruce de peticiones inverosímiles para anu-lar la causa, y los reparos de Gergorin e Imad La-houd sobre la responsabilidad penal de haber fo-mentado una gresca delirante en el corazón delEstado, avisaron que el alboroto distaba de aca-

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llarse. La componenda no disuadió a Nicolas Sar-kozy, elegido presidente de Francia el 6 de mayode 2007. Y dos meses después, un análisis técni-co ordenado por el tribunal arrancó notas com-prometedoras, durmientes en el disco duro de lanotebook del general Rondot. En confesiones ines-peradas ante los jueces Pons y d’Huy, el espíaaceptó enseguida que el primer ministro Domini-que de Villepin fue el instigador para que Gergorintrasmitiera información falsa a la Justicia paraperjudicar a Sarkozy, un extremo confirmado a suturno por el propio Gergorin. El 27 de julio de2007, De Villepin fue inculpado de “complicidadde denunciación calumniosa y en el uso de falsifi-caciones”, contra el actual presidente de la Repú-blica, Nicolas Sarkozy, derramando la sospechasobre su predecesor en el Palacio del Eliseo, Jac-ques Chirac. El 19 de noviembre de 2008, el su-mario fue enviado a juicio oral. No debe pasar inad-vertido en medio de semejante bullicio que lascoimas de Thales por las fragatas a Taiwán, sur-can los océanos de la impunidad. El juez que lasinstruía, Renaud van Ruymbeke, decretó el sobre-seimiento el 1° de octubre de 2008 y ha quedandoparadójicamente a la espera de que el Consejo Su-perior de la Magistratura se pronuncie acerca desi quebrantó deberes profesionales buscando laverdad fuera de la sede judicial. Pero tal decisiónrecién se producirá una vez dictada sentencia porel caso Clearstream, hipotecando quizás por añosla trayectoria de uno de los más destacados ma-gistrados franceses de los últimos tiempos. En las

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antípodas, el Ministerio Público de África del Surpersiste en acusar al líder del partido mayoritario,el Congreso Nacional Africano (ANC), Jacob Zuma,virtual sucesor en 2009 del actual presidente,Thabo Mbeki, por haber exigido a Thales el equi-valente de 600 mil dólares, con el objeto de garan-tizarle que no sería enjuiciada por el pago de so-bornos al gobierno para conseguir contratos dearmamento en 1999. Ajenos a estos enjuagues,los tribunales suizos impulsan la restitución a Tai-pei de los peajes bloqueados en los bancos hel-véticos. Alrededor de 520 millones de dólares seencaminan hacia las arcas de Taipei, en cuya ju-risdicción hay más de 30 procesados por corrup-ción, entre ellos el broker Andrew Wang.11

NOTAS

1 Airy Routier, Le complot des paranos, Albin Michel, Pa-rís, 2006. Cable de la agencia France-Presse del 19 de no-viembre de 2008. El avión de pasajeros Airbus ensamblado enToulouse, Francia, es construido por la British Aerospace, delReino Unido, Dasa de Alemania, Casa de España, y la france-sa Aerospatiale, bajo la égida del EADS.

2 Agathe Duparc y Juan Gasparini, L’Hebdo, Suiza, 30 deoctubre de 2003. Cables de la agencia France-Presse, Ginebra,7 de diciembre de 2003 y 14 de mayo de 2004. Le Figaro, Fran-cia, 28 de enero de 2004. Tribune de Genève, Ginebra, 15 y 16de mayo de 2004. Le Temps, Suiza, 15 de mayo de 2004.

3 Le Point, París, 8 de julio de 2004. Dictamen de sobresei-miento por el caso de las fragatas vendidas por Thales a Tai-wán del juez Van Ruymbeke, París, 1° de octubre de 2008, co-pia en el archivo del autor.

4 Jean-Marie Pontaut y Gilles Gaetner, Règlement de comp-

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tes pour l’Élysée, Éditions OH!, París, 2006. El País, Madrid,22 de diciembre de 2006.

5 Factótum de Matra, Lagardère era también amo del selloeditorial francés Hachette, y de una galaxia de medios de pren-sa, con 261 títulos en 41 países, un negocio que movía casi2.000 millones de euros al año (El País, Madrid, 16 de sep-tiembre de 2006).

6 EADS, concebida en julio de 2000 como una sociedadholandesa, reúne a la filial Dasa del grupo alemán-estadouni-dense Daimler-Mercedes Benz/Chrysler, (15%), a un consorciode capitales públicos y privados alemanes (7,5%), al holdingdel Estado español Sepi (5,5%), a Rusia (5,2%), al emirato deDubai (3,12%) y a la francesa Aerospatiale (30%), fusionadapreviamente con el grupo privado Matra, de donde emergieraGergorin (Le Temps, Suiza, 16 de septiembre de 2006 y 10 defebrero de 2007, agencia France-Presse, 5 de julio de 2007).

7 Le Point, París, 3 de octubre de 2003 y 8 de julio de 2004.Liberation, París, 1° de diciembre de 2006.

8 Nicolas Sarkozy, Témoignage, XO Éditions, France, 2006y Pierre Defrance y Jean-Luc Gonneau, Sarkozy, l’avenir d’uneillusion, Éditions de l’Aube, París, 2006.

9 Cables de la agencia France-Presse, París, 21 de junio, 7y 27 de julio, 5 de agosto, y 22 de marzo y 1° de abril de 2007.

10 Le Monde, París, 13, 24 y 25 de octubre de 2006 y Le Fi-garo, París, 22 de diciembre de 2006.

11 Le Monde, París, 2, 4, 5 13, 21 y 23 de diciembre de2006, 2 y 4-5 de febrero y 6 y 28 de julio de 2007, 7 de octu-bre y 20 de noviembre de 2008. Liberation, París, 1° de diciem-bre de 2006 y Le Figaro, París, 3 de febrero, 7, 27 y 28 de julioy 13 de septiembre de 2007; 3 de enero y 24 de abril de 2008.Paris Match, número 3036, del 26 de julio de 2007. Cables dela agencia France-Presse, París, 12 de octubre de 2006, 30 demarzo, 13 de junio, 4 y 5 de julio, 25 de octubre, 20 de no-viembre de 2007, 6 de agosto, 6 de octubre, 3 y 19 de noviem-bre de 2008. El País, 3 de enero y 8 de octubre de 2008. Co-municado de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, 13 dejunio de 2007. Le Temps, Suiza, 11 de abril de 2008. Dictamende sobreseimiento en el caso de las fragatas vendidas por Tha-les a Taiwán del juez Van Ruymbeke antes citado.

III

EL TEOREMA ARGENTINO

“Son increíbles los mecanismos de defensa que ingeniamos para esconder nuestros trapos sucios.”

JUAN MANUEL DE PRADA, La vida invisible

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El terremoto del 3 de octubre de 2003 con epi-centro en el semanario Le Point de París sacudióla modorra imperante en la Argentina. La prensanacional desconoció un arrollador informe de laAuditoria General de la Nación (AGN), emitido tresmeses antes, sobre el primer lustro de TSA en elcumplimiento de “los compromisos contractualesexigidos al concesionario del espectro radioeléctri-co”. El colofón era lapidario: Thales no había res-petado las condiciones por las que le adjudicaranun servicio que nadie en el mundo privatizarahasta entonces. El examen del “beneficio neto so-cial a favor del Estado y del público en generalque se derivó de la ejecución del contrato entre ju-lio de 1997”, cuando se inició la concesión, “y di-ciembre de 2001”, al cerrarse el lapso auditado,exhibía un sonoro descalabro. La frustración per-judicaba a la República Argentina, cuyo anhelo demejorar la explotación de un recurso nacional lahiciera delegar su autoridad de policía de la bóve-da atmosférica, suponiendo que el país no pudieradesempeñarlo autónomamente. A TSA se le confió

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monitorear a los 30 mil usuarios de frecuenciasde las radios, los canales de TV, radioenlaces, sincontar la telefonía celular y el trunking (telefoníamás radio). Se le encomendó también mantenerdespejado de ondas el sector celeste correspon-diente a las fuerzas de seguridad y contralor aé-reo, pero la rapacidad de quienes usufructuaronla concesión fue devastadora.1

Según lo inspeccionado por la AGN, las costu-ras del cepo económico eran crueles. Cediendo aTSA el 75% de lo que se recaudara en concepto dearanceles, el Estado aguardó cándidamente queThales correspondiera perfeccionando el servicio.Endosado el cobro a nombre de la Comisión Na-cional de Comunicaciones (CNC), la multinacionalfrancesa debía proveer elementos vitales de losque carecía la Nación por su escaso nivel tecnoló-gico para aprovechar un preciado valor inmersoen el cosmos, descartando conseguirlos indepen-dientemente. Contraviniendo toda la normativaeconómica del gobierno argentino, Thales se lasarregló para que los ingresos por el alquiler delespectro a los consumidores se depositaran enuna cuenta única, donde el banco tenía una auto-rización para que le derivaran automática y dia-riamente los porcentajes de las tasas que le co-rrespondían, con lo cual la empresa se cubría dela tradicional morosidad en el pago de la adminis-tración pública, y evitaba toda posibilidad que elEstado quisiera retener por cualquier concepto. Elembrollo desilusionó a la AGN. Constató que, peseal oprobioso pincelado del contrato, TSA no había

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robustecido el patrimonio federal, retribuyendomaterialmente en personal, conocimientos e in-fraestructura, sin olvidar que sus balances arro-jaban “un beneficio total excedente de lo normalde 100 millones de dólares”. El nivel de rentabili-dad anual rondaba el 114%, contra un 10% depromedio para el conjunto de las privatizadas. Elperjuicio para el Estado fue evaluado en 300 mi-llones de dólares.2

La reforma constitucional de 1994 confirió ala AGN emblemas integrales de inspección técnico-jurídica externa del sector público, siendo forjadacomo un ente autárquico. Su mandato consiste enayudar al Congreso para que el Parlamento lleveadelante el control del gobierno, según la divisiónde poderes. La Constitución Nacional le asignaatributos específicos tocantes a la legalidad, lagestión y la auditoría de “toda la actividad de laadministración pública, centralizada y descentra-lizada, cualquiera que fuera su modalidad de orga-nización”, sobre todo la aprobación de las cuentasde percepción e inversión de los fondos públicos.La AGN legitima su competencia mediante el ar-tículo 85 de la Carta Magna, con arreglo al carác-ter autónomo de su plantilla y a la proyección so-cial y política de su imagen. La ley habilita queun miembro de la oposición institucional ocupesu presidencia, hoy en manos del dirigente radi-cal Leandro Despouy, a su vez relator especial delConsejo de Derechos Humanos de la ONU para laindependencia de jueces y abogados. De no cum-plimentar TSA lo plasmado en el convenio de la

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concesión e inversamente acaparando gananciasexorbitantes, se agigantaba el fantasma de la coi-ma de los veinticinco millones de dólares apuradapor el broker Lionel Queudot. El significativo con-traste fue relevado por Despouy, quien envió elexpediente a la Justicia, procurando que se inves-tigara. Las irregularidades debían ser escrutadaspor los tribunales para delimitar si las utilidadesde TSA, que aparentaban haber sido engullidaspor la casa matriz de Thales en París, “podrían ha-ber tenido otras rutas”.3

La acusación de la AGN denunciaba una seriede anomalías de la concesionaria TSA. En seisaños de labor faltaba la entrega de un sistema in-formático acorde con la magnitud del “organismoauditado”, que colmara “la ausencia” de una enu-meración exhaustiva “de usos y usuarios”, fuerano no “autorizados”. La práctica de TSA en “rela-ción a la programación” era “inadecuada”, y defi-ciente la puesta a punto “de tareas programadas”,atentando contra la eficacia del proceso de “com-probación técnica y de facturación y cobranza”. El“régimen de penalidades” se aplicaba escasamen-te y el Estado no podía resarcirse “de los daños yperjuicios” ocasionados por la negligencia del con-cesionario. En sus análisis de prestación no seveía “una información íntegra, oportuna y veraz”,tanto contable como la deducida de la “comproba-ción técnica de emisiones del espectro radioeléc-trico”, y en armonía “con las metas o estándaresde calidad, de eficiencia y de eficacia” vigentes in-ternacionalmente. Thales tampoco había satisfe-

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cho la provisión de “centros de control, estacionesfijas remotas o móviles y portátiles, y la incorpo-ración y el reemplazo de equipos, instrumentos yaccesorios”. Los defectuosos “indicadores cuan-titativos y cualitativos” dificultaban observar la“evolución mensual de la cantidad de usuarios,composición de la recaudación devengada y perci-bida, cantidad mensual de tipo de servicios suje-tos a facturación”. Los parámetros para valorar“la cuantificación y precisión de la evaluación cos-to-beneficio y la rentabilidad de la concesión parael Estado” devinieron obsoletos.4

Tamaño desbarajuste tecnológico abrevaba enla codicia política que minara la presidencia deCarlos Menem. La ley 23.696 de 1989 para trans-formar el Estado, la privatización de ENTEL en1990 y la creación de la Comisión Nacional deTelecomunicaciones (CNT) como resorte depen-diente de la Secretaría de Obras Públicas y Comu-nicaciones del Ministerio de Economía y Obras yServicios Públicos, disolvieron la anterior Secre-taría de Comunicaciones de la Nación. Dos de susnáufragos, los ingenieros Miguel Ángel Pesado yGuillermo Amuy, se pusieron a trabajar por cuen-ta propia como consultores, y cristalizaron en elgrupo Macri, la idea de que el espacio radioeléc-trico podía ser privatizado. A Mauricio Macri selo alineaba con la UCD, donde militaba GermánKammerath, un abogado de Córdoba oriundo deLa Rioja, donde su padre tuviera un estudio jurí-dico en el que Carlos Menem realizó sus primerospasos como abogado. Nombrado subsecretario de

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Comunicaciones en 1991, Kammerath recibió a laCNT en su regazo. Sin demoras encomendó al in-geniero Manuel Solanet un estudio de viabilidadpara el plan de Macri, que en el camino sumará elpotencial interés del grupo de Benito Roggio, estu-dio pagado por el Estado y realizado por la firmaestadounidense Lucas Zeta. En 1992, Menem de-cretó la preparación “del Pliego de Bases y Condi-ciones destinado a la concesión de los servicios deadministración, gestión y control del espectro ra-dioeléctrico”.5

La CNT pasaría a llamarse CNC (Comisión Na-cional de Comunicaciones). Era gobernada por undirectorio elegido inicialmente por concurso pú-blico, contando con una Secretaría General. En1993 dirigía esa Secretaría el doctor Alberto JesúsGabrielli, alias Piqui, un abogado que fungiera deempresario periodístico en la revista Primera Pla-na, tenido por hombre de confianza de EduardoBauzá, ministro del Interior, de Salud y AcciónSocial, secretario de la Presidencia y jefe de Gabi-nete de Carlos Menem. A la CNC la conduciríansucesivamente los doctores José Luis Palazzo,Reinaldo Antonio Colomé y Oscar González, el se-gundo un cordobés que fuera profesor de Domin-go Cavallo, a la sazón ministro de Economía. Es-tos cambios dejaron en minoría la predisposicióna efectuar la licitación dispuesta por decreto des-de 1992, coincidiendo con el desplazamiento deKammerath de la Subsecretaría de Comunicacio-nes por tres años, hasta su retorno en 1996. Ga-brielli permanecería como secretario general de la

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CNC, conservando el expediente interno de priva-tización del espectro, pero sin la suficiente in-fluencia para implementarlo. La actitud mayorita-ria de no hacerlo fue sostenida por otro de losintegrantes del directorio, el doctor Henoch Do-mingo Aguiar, quien años más tarde y durante lapresidencia de Fernando de la Rúa sería secreta-rio de Comunicaciones, pero pasándose al bandode la postura contraria, como se irá desbrozandoen los próximos párrafos.6

La vuelta de Kammerath a la Subsecretaría deComunicaciones en 1996 encontró recién lanzadoel proceso de privatización del espectro del quefuera inspirador junto a Gabrielli en 1992. Entreel 22 de febrero de 1996, en que la Secretaría deEnergía, Transporte y Comunicación llamó a con-curso, y el 11 de junio de 1997, en que se adju-dicó a Thales la concesión, Gabrielli desempolvóel plan, estacionado desde hacía tres años en laCNC, que pasó a ser presidida por el doctor Ro-berto Catalán —otro riojano como Menem—, y vi-cepresidida por el contador Roberto Eliseo Uanini.Se sabría que el desarrollo del pliego fue obra delingeniero Luis Alberto Romero, quien luego de re-vistar en la CNC y supervisar la privatización delespectro, saltó a gerente de operaciones de Tha-les, la empresa que no obstante sus inexistentesantecedentes en el ramo, quedaría sola en carrera,y ganaría la licitación, acontecimientos que debie-ron bastar para anularla y convocar a un nuevollamado. Lo sorprendente fue el acto de aperturadel sobre con la oferta económica de Thales, pre-

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sidido por el doctor Gabrielli. Los porcentajes dela facturación que cobraría la empresa estabanescritos a mano, dejando planear la sospecha deque Thales subió las cifras al 75% para los prime-ros tres años de la concesión, y al 47% para losaños subsiguientes, tras enterarse in extremis queera la única retenida por el gobierno, dado el mé-todo de puntaje y clasificación.7

Kammerath se mantuvo incólume hasta el 7de julio de 1999, cuando renunció para ir a con-quistar la intendencia de Córdoba. Lo sucedióAlejandro Bernardino Cima, para concluir la ad-ministración del gobierno de Menem el 9 de di-ciembre de 1999, mientras que Catalán y Uaninifinalizaban la suya al frente de la CNC. Todosdesoyeron las voces de alarma por las cifras pac-tadas, desorbitadas en proporción a los costos, yen similicandencia con las inversiones de Thales,que fueron casi nulas en el primer año. Había de-moras en la instalación del control técnico de lasemisiones, y retrasos en la presentación de infor-mes sobre inversiones, la red informática, y “elestado operativo de los bienes afectados”, cuyosplazos debieron renegociarse. La Cámara de Infor-mática y Comunicaciones de la República Argen-tina (CICOMRA) y la Cámara de Comercio America-na (AMCHAM) reclamaron una adecuación de losderechos y los aranceles radioeléctricos, mientrasque el concesionario presionaba por aumentar elrégimen de cobro de tasas, lo cual golpeaba dura-mente a las empresas, particularmente a las mó-viles. Amenazas contra funcionarios de las com-

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pañías díscolas y familiares terminaron acallán-dolas, pero la acumulación de despropósitos pul-verizó un fusible y la Oficina Anticorrupción (OA)acusó a Kammerath y Cima por tópicos conexos alespectro radioeléctrico, como la adjudicación irre-gular de bandas de alta intensidad. Presentadael 6 de diciembre de 2000, la denuncia cayó en eljuzgado de María Servini de Cubría, quien dictóuna falta de mérito en 2004, confirmada por laCámara Federal en 2005. Los imputados fueronsobreseídos. La OA recurrió a la Camara Federalen junio de 2008, tal vez el preludio antes de abis-mar en el archivo.8

Como se anticipara, en diciembre de 1999 elpresidente Fernando de la Rúa designó a HenochDomingo Aguiar como secretario de Comunicacio-nes, quien se desprendió de Gabrielli. Carlos For-no fue elegido presidente de la CNC. La Comisiónde Seguimiento y Control del Concesionario delServicio de Comprobación Técnica de Emisionesdel Espectro Radioeléctrico (COMSEGUI), creadaen 1997 aunque prácticamente inactiva en la ges-tión anterior, descubrió que con Menem presiden-te se convalidaron actos o se realizaron verifica-ciones de las que surgieron advertencias que nuncafueron revisadas nuevamente. Tampoco se aper-cibió o sancionó a Thales pese a las grandes de-ficiencias que se habían encontrado. Al sistemainformático, que debía estar en funcionamientodesde el 30 de septiembre de 1999, le faltaba in-corporar correcciones formuladas oportunamen-te, que no se chequeó si se hicieron. En febrero de

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2000 se le imputó a Thales una presunta infrac-ción en el procedimiento de “Cobro de DeudasMorosas” por haber trasladado su estructura ad-ministrativa concebida para esos fines, sin autori-zación de la CNC. Para recaudar las intimacionesde pago, se le reprochó también la sustitución dellogotipo y el domicilio de la CNC por los del conce-sionario, modificando así el modelo acordado, for-zando a Thales a remediar las faltas. En marzo de2000, el directorio de la CNC terminó multando aThales por “la inejecución completa e irremedia-ble” de tareas programadas. No se trataba de mo-ras en respetar una obligación, sino del entrela-zamiento de irregularidades e incumplimientos.Había una base suficiente para que Aguiar cance-lara el contrato, conocida su animadversión a laprivatización apuntada anteriormente, cuando sela encaminara en el gobierno precedente, pero unavisita a Francia lo desvió por otro sendero. En si-metría con Thales, le pidió a Guillermo Klein, unode los vocales de la CNC, un estudio del valor dela tasa radioeléctrica. Luego quiso elevarla. Empe-ro, la resistencia de las empresas, las denunciasque habían alimentado las acusaciones de la OA yla desintegración de la presidencia de Fernandode la Rúa en diciembre de 2001, astillaron su ob-jetivo.9

No bien asumió la presidencia en el año 2002,Eduardo Duhalde designó secretario de Comuni-caciones al licenciado Jorge Sarghini, su ministrode Economía en la provincia de Buenos Aires ymalogrado candidato a gobernador por esa pro-

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vincia bajo la fórmula presidencial Roberto Lavag-na-Gerardo Morales. En un breve plazo, a Sarghi-ni lo sucedió el contador Marcelo Kohan, siendointerventor en la CNC el ingeniero Adolfo Italiano,ex director de Telecomunicaciones de la provinciade Neuquén. Las presiones de Thales para aumen-tar las tasas prosiguieron, teniendo en la prácticacomo vocero oficioso al hoy senador nacional JoséJuan Bautista Pampuro, primer ministro de De-fensa de Néstor Kirchner, quien fuera segundo enla fórmula con Cristina Fernández de Kirchnerque accedió a la Cámara Alta en 2005. Pampuroes ahora primero en la línea de sucesión presiden-cial en caso de acefalía detrás del vicepresidenteJulio Cobos. La inobservancia de los deberes delconcesionario se agravaron en los dos ejes sensi-bles: el sistema informático y las tareas progra-madas. El contrato estipulaba que un incumpli-miento de su 35% era causal de caducidad. Sebordeó la rescisión con dos multas que Thalesabonó el 17 de diciembre de 2002. Estas sancio-nes echaban las bases para cancelar el contrato,que era leonino, fraudulento en contra del Estado,y demostraban rotundamente que Thales no rea-lizaba las inversiones ni honraba las obligaciones,mientras seguía cobrando las tasas. Julio de Vidoy Guillermo Moreno, ministro de Planificación y se-cretario de Comunicaciones del presidente Kirch-ner, respectivamente, heredaron por escrito undiagnóstico de sus predecesores, junto a un planpara nacionalizar la empresa privatizada, pero de-sistieron de romper la impunidad tras asumir fun-

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ciones el 25 de mayo de 2003. Moreno defendió elstatus quo con Thales, y firmó otro contrato paracolocar en órbita un satélite de la multinacionalTelesat, apoyado en un decreto de Néstor Kirch-ner, Alberto Fernández y Julio De Vido, que lo ha-bilitaba a tomar “todas las medidas necesarias”,que “impliquen erogaciones” y “adecuaciones pre-supuestarias”, conducentes a preservar “la posi-ción orbital 81 de longitud Oeste”. Para salva-guardar esa posición orbital conseguida por laArgentina en la Unión Internacional de Telecomu-nicaciones (UIT), y por 2.100.000 dólares, se al-quiló a Telesat un satélite casi en desuso, el AnikE2, rebautizado PP (Pueblo Peronista), condicio-nando la capacidad del satélite definitivo que po-dría colocar nuestro país en el futuro. Se empeñóa la compañía nacional Arsat, concediendo a Tele-sat “la opción de compra por todo el tiempo dehasta 500 Mhz en la capacidad de la banda KUdedicada a Norte América en cualquier satéliteque la Argentina ponga en esa posición”, una cláu-sula de entrega del patrimonio nacional. El preciode esa capacidad satelital en el mercado estadou-nidense es de cinco mil dólares el Mhz, pero More-no, en nombre del gobierno, se avino a rebajarleTelesat el Mhz a 2.500 dólares, es decir una pér-dida para el erario público de quince millones dedólares anuales. Como la vida útil de un satéliteronda los diez años, se le obsequiaron a Telesat150 millones de dólares. A su vez, y en cuanto a laevolución del precio del Mhz, Telesat por el con-trato firmado se avino “a los cambios del índice de

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precios del Producto Bruto Interno, según publi-cación del Departamento de Comercio de EstadosUnidos, Oficina de Análisis Económico”. Esta fór-mula consagra el modelo de ajuste inflacionariopor el dólar en concordancia con los contratos deservicios públicos concesionados bajo la presiden-cia de Carlos Menem en los años 90. Moreno seplegó además a las imposiciones de Telesat, consede en Canadá, cuyas leyes se aplicaran a un tri-bunal arbitral de Nueva York para resolver los di-ferendos. Se reiteró así el criterio de extraterrito-rialidad adoptado por Menem con Thales, quienaceptó al CIADI para solucionar litigios. En laCNC, a Moreno lo secundó Fulvio Madaro, quienenfrenta acusaciones judiciales por sus funcionesposteriores en Enargas, adquiriendo renombrepor el caso Skanska.10

Se ha repasado que el expolio había sido fla-grante pero hizo falta que un canal de televisiónargentino se uniera a la revista francesa Le Point,reventando el forúnculo de la coima, para que elinerte gobierno reanimara el sumario de la AGN,pasivo en los anaqueles de la administración delEstado. En tiempo récord, la CNC salió de la in-dolencia. El 29 de octubre de 2003, en el progra-ma Zona de Investigación de Canal 9, los perio-distas Dolores Cahen d’Anvers y Raúl Kollmannensancharon la pista del cohecho mostrando endirecto la prueba documental que pasaba a ocu-par el vacío que dejaría Lionel Queudot a partirdel 17 de octubre de 2000, acabando el suminis-tro de los 135 mil dólares mensuales que alimen-

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taban el caudal del soborno en Ginebra. Canal 9difundió que el abastecimiento de dádivas prosi-guió luego de esa fecha por otros andariveles.Trepó a 154 mil dólares mensuales a consecuen-cia de un nuevo contrato con actores homólogosa los ya conocidos. Dicho compromiso fue pauta-do por TSI, basada en Holanda, pero lo imple-mentó su apéndice latinoamericano, Thales In-ternational Latin America Services. A efectos deseguir aprovisionando la coima se agenció de losservicios de Finego Consulting, creada en las bri-tánicas Islas Vírgenes del Caribe. Debe recordar-se que una sociedad con esa entidad había sidomencionada por el broker en su declaración con-sular de Berna, pero desmintiendo conocerla. Apropósito dijo que recién supo de ella el 11 deenero de 2001, al llegarle un fax derogando elcontrato que lo ligaba con un apéndice diferentede la matriz francesa de Thales.11

En Zona de Investigación se revelaba que unaanáloga de la Finego inscripta en Ginebra, con eladitivo Consulting y nacida en un paraíso fiscalingles del Caribe, captaba un mandato de Thalesequivalente al de Queudot en Suiza para activar elsoborno. Con la firmas del francés Guillaume De-hollain, cuyas señas de identidad se repitieran enla cúpula de TSI en Amsterdam y de TSA en Bue-nos Aires, y de María Elena Viera, representantede Finego Consulting, la coima que cesara en Gi-nebra reaparecía en las pantallas de Canal 9. De135 mil dólares mensuales en Suiza, subía a 154mil dólares mensuales en las Antillas Británicas,

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y ensartaba una nueva cuenta estadounidense enla red tejida por Queudot, la obrante en el Stan-dard Chartered Bank de Nueva York. De conti-nuar in crescendo tres años más a ese calibre, lacifra se habría incrementado en cerca de seis mi-llones de dólares adicionales. La efusión de losveinticinco millones de dólares que imprimieransu huella en la contabilidad del broker en la hel-vética Finego, inundaba París, Montevideo y Tór-tola, urbe mayor de las islas del Reino Unido en elmar Caribe.12

El 26 de enero de 2004, el presidente NéstorKirchner se avispó. En pleno debate tarifario conlas privatizadas, ordenó al santacruceño FulvioMadaro, interventor en la CNC, que hiciera cadu-car la concesión a TSA. Las imputaciones llovie-ron, calculadas en base al informe de la AGN, alque se adjuntaron los de la propia CNC, y otros dela Sindicatura General de la Nación (SIGEN) quefueran inexplicablemente ignorados: el Estado ha-bía sido esquilmado en cien millones de dólares,además de otros cien millones de dólares queThales se abstuvo de invertir en seis años. Conva-lidada por un decreto de Carlos Menem del 28 deenero de 1998, TSA se había quedado con el 75%del peaje y las multas por los abusos del éter du-rante los primeros tres años, un porcentaje queluego se redujo al 47%. Ese canon debía financiarla dotación de doce estaciones detectoras “fijas”(plantas con empleados permanentes), enlazadascon diez estaciones “móviles” (camiones debida-mente pertrechados) y con diez más “remotas”

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(automatizadas). Pero TCA había violado el “70%”de sus obligaciones contractuales de abasteci-miento y amortización, sin contar el estrago fiscalpor el cobro de las tasas y las multas a infracto-res. Dicha recaudación era objeto de puja entre laArgentina y el tercer pulpo mundial del armamen-to, la aeronáutica y la electrónica, presente en 48países del globo. Con 55.000 empleados estables,Thales movía diez mil millones de euros por año,que le dejaban ganancias de casi 600 millones deeuros. El contrato rescindido duraba hasta el2012, prorrogable cinco años suplementarios derespetarse las cláusulas, una licitación deslucidapor las quejas de los demás candidatos aspirantesal pliego, que protestaron por haber sido apar-tados injustamente: Roggio (Argentina), Rhode &Schwarz (Alemania), Tadirán (Israel), Indra (Espa-ña) y TRW (EE.UU.).13

El 19 de marzo de 2004, dos meses despuésde que Madaro declarara la caducidad de la con-cesión, el presidente Kirchner respaldó por decre-to la reestatización anunciada con bombos y pla-tillos, autorizando a emprender “acciones” parareparar el agravio. Había dicho que el servicio nosería reprivatizado por tratarse de una “funciónindelegable del Estado” de índole “estratégica”, eimpulsaba litigar en tribunales para “resarcir alerario público” de la “estafa”. Pero la resoluciónde la CNC que rescindió el contrato de privatiza-ción se basó en el rechazo de Thales a modificarsu política de concesionario, un juicio de valor enorden a una temática opinable que se debía argu-

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mentar con dictámenes técnicos específicos de losque se carecía, cuando el contrato era espúreo y,según lo ya visto, agravado por violaciones con-tundentes. El ejercicio del derecho a la caducidadera legítimo para el Estado. Sin embargo, la CNCno le dio vista a Thales del expediente para tomarnota de los fundamentos de la medida, violando lalegislación y su derecho a la defensa, como si seabrieran las puertas ex profeso para que se plan-teara un reclamo internacional. Tal fue lo que su-cedió en París el 8 de abril de 2005 ante el CentroInternacional de Arreglo de Diferencias Relativasa Inversiones (CIADI), institución del grupo delBanco Mundial encargada de litigios entre inver-sores extranjeros y Estados nacionales medianteprocedimientos de conciliación y arbitraje, unainstancia donde la Argentina enfrenta querellaspor diecisiete mil millones de dólares. Thales de-mandó una indemnización de 600 millones de dó-lares. Acudieron en su defensa, Jorge Neuss, conoficinas de la empresa que luce su apellido enBuenos Aires, Jean-Nicolas Rostan d'Ancezune, aquien le faltaba muy poco para fallecer en Monte-video el 16 de octubre de 2008, y Eduardo AguirreObarrio, ministro de Defensa del presidente defacto Alejandro Lanusse, inauditos testigos contrael país, cuyas pretensiones fueron desestimadaspor el CIADI el 22 de diciembre de 2008. La incu-ria o intención nefasta que dejara originariamen-te desguarnecida a la República Argentina anteese tribunal con sede en Francia durante tres añosfue responsabilidad del antes mencionado Fulvio

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Madaro, un contador santacruceño promovido adedo por el presidente Kirchner a la Aduana Na-cional, quien subiera a interventor en la CNC. Alos pocos meses fue mudando a Enargas, el enteregulador del suministro de gas en el territorionacional, “sin tener la menor idea de cómo funcio-na la actividad gasífera”, impericia relatada por elperiodista Pablo Abiad en su libro El club K de laobra pública. Suspendido por el caso Skanska,Madaro volvió como si nada a sus iniciales funcio-nes porteñas en plantilla de la Aduana Nacional.14

El Juzgado Federal Nº 7 de Buenos Aires tomócartas en el asunto. Abrió un procedimiento parainvestigar las irregularidades en la aplicación delcontrato detectadas por la AGN, y allanó la sedede TSA en busca de muestras que corroboraran loanticipado por Le Point y Canal 9. Se practicaronpericias para saber si los intereses nacionales ha-bían sido perjudicados en el tratado con Thales, siésta gozó de algún desatino del gobierno, y si entodo ello mediaron sobornos. El ministro de Jus-ticia, Gustavo Beliz, reforzó el arsenal incorporan-do a Daniel Morin, fiscal de control administrativode la Oficina Anticorrupción (OA), organismo com-ponente de su ministerio y capacitado para incur-sionar en causas penales que infectaran a funcio-narios de Estado. A mediados de marzo de 2004,ambos fueron a Francia, donde hablaron con Pa-trice Hubert, viceministro de Justicia, en el afánde tender los puentes políticos necesarios a la

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cooperación judicial internacional que la OA im-plantaría en el sumario. En París, Beliz sondeóabogados franceses que pudieran representar a laArgentina en eventuales procesos locales, que in-cluso podrían auxiliar en los trámites de las comi-siones rogatorias que se librarían “para esclarecerlos hechos”. Definió el de Thales como un caso“emblemático”, inherente a un “capitalismo pira-ta”, abroquelado “en el corazón del sistema de co-rrupción en la Argentina”. Luego se desplazó a Gi-nebra. En la sede europea de la ONU de la ciudadsuiza, hilvanó la nueva estrategia nacional propi-ciada por el presidente Néstor Kirchner para conlas preocupaciones de la Comisión de DerechosHumanos de la ONU, pero en rueda de prensamachacó contra los “bucaneros” de Thales. En lospasillos del Palais des Nations, manos amigas ges-taron la cita secreta con Lionel Queudot.15

Su confesión de Berna fue introducida en lacausa instruida por el Juzgado Federal Nº 7 deBuenos Aires, subrogado por Jorge Urso. El 15 dejunio de 2004 se introdujo un regimiento de pa-peles de la OA que pasaba revista al concurso decoincidencias que aderezara la coima de veinticin-co millones de dólares. La cronología ponía de re-lieve el parto de TSI en Ámsterdam el 15 de agostode 1996, cinco días antes de que tres de sus fun-dadores, Neuss, Rostan D’Ancezune y Dehollain,copatrocinaran el nacimiento de TSA en BuenosAires, supeditada a la holandesa y depositaria dela concesión del espectro radioeléctrico argentino.El terceto había sido prolijamente ubicado por

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Queudot en el tablero del soborno, destacándoseNeuss, titular de una de las cuatro cuentas identi-ficadas en su declaración consular, quien ademásposeía una sociedad como único accionista en elmismo domicilio de TSI en los Países Bajos. En esemarco, la OA arremetió sin piedad. Fundamentóque se prohibiera salir del país a los escrachadospor el broker, abriendo interrogantes sobre losdestinatarios del botín, abarcando a las cúpulasde TSA, CNC y Carlos Menem, presunto padrinodel cohecho. Y pidió se libraran exhortos simultá-neos a los Estados Unidos, Francia, Irlanda, Uru-guay, Holanda e Islas Vírgenes, esas solicitudestambién se llaman comisiones rogatorias, que unjuzgado de un país hace a su homólogo de otropara recabar datos y obtener información oficial.16

Sin embargo, los periodistas argentinos del dia-rio Clarín, Pablo Abiad y Mariano Thieberger, ensu jugoso libro sobre la Justicia en la “era Kirch-ner”, escribieron que el juez Urso, quien debíapropulsar esos exhortos, descollaba en su malaconfección. Hipotéticamente se comportaba de talmodo para inducir a que se trabaran o los recha-zaran, o para que se demoraran en una pérdidade tiempo que inutilizara la acción judicial. Enre-dadas en una polémica indescifrable, esas comi-siones rogatorias languidecieron. Urso no esperóa que fueran respondidos. A fines de septiembrede 2004, sobreseyó a los cuatro inculpados arra-cimados en la causa: Neuss y Juan Carlos Cas-sagne, de TSA, y a Roberto Catalán y Roberto Ua-nini, de CNC. Menem salió ileso. Hizo falta que la

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OA y el Ministerio Público apelaran el dictamenabsolutorio, y que la Cámara Federal de BuenosAires aceptara los recursos, para que a fines de2005, el mismo Juzgado Federal Nº 7, pero almando de Guillermo Montenegro desde octubrede 2004, fuera reconvocado a empezar todo denuevo. El 30 de enero de 2006 el magistrado de-cidió que Menem fuera citado en audiencia inda-gatoria. Recién le fijó fecha para el 11 de julio de2007. De entrada, el ex presidente no asistió. Mon-tenegro pudo haber avanzado hacia el procesa-miento, y pedido el desafuero a la Cámara Alta,dejando al ex mandatario en pie de igualdad con elresto de los imputados, pero no lo hizo: renuncióel 28 de septiembre de 2007. Menem fue indagadodos meses después. Rechazó que a su actuaciónpudiera juzgársela en el ámbito penal, aduciendoque los actos de gobierno no son judiciables. Loescuchó el juez federal Sergio Torres, sucesor in-terino de Montenegro, quien no se pronunció. El27 de febrero de 2008 pospuso “la resolución dela situación procesal del ex presidente Menem”, aligual que “confirmar o descartar” si hubo sobor-nos contra la entrega a una multinacional france-sa del espacio radioeléctrico nacional.17

Inalterable, Thales persistió en desmentir elpago de estas coimas. También otras que le acha-cara el arrepentido francés, Michel Josserand, unantiguo director general de su filial, Thales Engi-neering & Consulting (THEC). Expulsado por laempresa en enero de 2004, fue acusado de actosirregulares. Estuvo encarcelado durante tres me-

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ses en Niza a raíz de su intromisión para que Tha-les consiguiera el abastecimiento de tranvías adicha ciudad. El 27 de septiembre de 2005 sequebró. Admitió una serie “montajes ilícitos” de lacompañía. Refrendó ante un fiscal de París quehasta el 2% de la cifra global de negocios del gru-po se destinaba a la corrupción, cerca de 200 mi-llones de euros por año. Aseguró que el despachode un experto jurídico entretejía la abarrotada redde intermediarios para desdibujar la autoría de lasociedad en el pago de los sobornos. Josserandarrimó pruebas documentales y dio pormenoressobre una centena de contratos obtenidos conesta metodología. Habló de la negociación paraexportar radares a Arabia Saudita, del aprovisio-namiento de material militar a Irak violando elembargo de la ONU, y de la participación en losJuegos Olímpicos de Atenas. También de hospita-les en las ciudades de Tours y Papeete, de planesde ayuda al desarrollo y de infraestructuras le-vantadas en Corea del Sur, Togo, Camboya, Italiay África. Y de la construcción de una usina paradestruir armas químicas en Francia, conocida co-mo “proyecto Secoia”. Por este último, la juez Xa-vière Simeoni, presentida como heredera del caídoen desgracia, Renaud van Ruymbeke, entendió quecorrespondía inculpar a un agente del Estado dela dirección del armamento en Francia, por favo-ritismo en beneficio de Thales. Le imputó “tráficode influencias” al broker francés, Gérard Bertinet-ti, otro que debió matizar una actuación similar oequiparable a la de Lionel Queudot en Suiza.18

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Conocedor de la inconmensurable omertà deThales, Josserand no olvidó mencionar las coimasdistribuidas por el contrato del espectro radioe-léctrico argentino. Probablemente, sus declaracio-nes decidieron a la Justicia francesa a separar unsumario específico por ese caso. Incoado el 2 demayo de 2006 y asimismo bajo instrucción de lajuez Xavière Simeoni, quien secunda al venido amenos Van Ruymbeke, su evolución progresa sub-terráneamente. Invitado en marzo de 2007 porFrancia a cooperar como testigo mediante comi-sión rogatoria, para comprobar las declaracionesdel 30 de abril de 2004 volcadas en Berna, el juezde Ginebra, Jean-Bernard Schmid, tomó declara-ción a Lionel Queudot, quien seguía residiendo enesta ciudad. Los bancos helvéticos involucradosentregaron los extractos de las cuentas incrimina-das, cuyos contenidos fortalecieron la confesiónde Berna. Habrían también reafirmado la implica-ción de Jorge Neuss en la ingeniería del cohecho.Y de sus intersticios salió a relucir una vieja alha-ja del blanqueo de dinero en las asignaturas pen-dientes de la Argentina: la sociedad Delbote. Lacuenta suiza de esta compañía se injertaba comointermediaria en manejos de corrupción. Aparecióen el pago de veintidós millones de dólares de so-bornos endosados al contrato informático IBM-Banco Nación, y en la causa del contrabando de6.575 toneladas armas a Ecuador y los Balcanes,por la que Carlos Menem enfrenta actualmentejuicio oral en Buenos Aires. Ejecutada entre 1991y 1995, pese a los embargos decretados por la OEA

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y la ONU, esa venta venta ilegal de armas bajo co-bertura del Estado fagocitó dieciocho millones dedólares en coimas.19

Desde diciembre de 2006 hasta su dimisión enseptiembre de 2007, el juez Montenegro faltó dosveces a las citas con sus colegas Simeoni, VanRuymbeke y Schmid para coordinar una estrategiacomún. En Francia ya tienen probado que Thalespagó las gratificaciones ilegales por testimonioscontrastados de ciertos directivos galos, aunqueestos se disculpen en el supuesto de inverosímilesgastos de lobby. Ratificados los dichos y los docu-mentos aportados por Lionel Queudot, y debida-mente legitimada su colaboración con los tribuna-les de Suiza y Francia, sólo restaría establecer eldestino final de los veinticinco millones de dólares,haciendo escala o terminando en las cuentas ser-vidas por Finego en los Estados Unidos y París. Elgobierno argentino no se presentó para defendersus intereses en las geografías extranjeras dondela rapiña ramificó su retaguardia. Al concluir 2007,Ginebra entregó las pruebas a París, y en octubrede 2008 comenzó las diligencias para transmitirlasa la Argentina. Jorge Neuss compareció en Fran-cia. Reafirmó su negativa proferida en sede judi-cial argentina de que pudiera ser autor o cómplicede infracciones, difuminando una visión pasteuri-zada de tanto jaleo. Con premura, Lionel Queudotse mudó de Ginebra sin dejar rastros. El 26 de fe-brero de 2008, el juez subrogante federal, SergioTorres, procesó por defraudación al Estado sin pri-sión preventiva a diez funcionarios del área guber-

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namental de comunicaciones, y a tres directivosde Thales. Los acusó de “irregularidades en la con-cesión del control del espacio radioeléctrico”, peroaplazó para “más adelante” resolver si hubo cohe-cho, una cuestión que pasó a manos de su sucesordesde el 11 de abril de 2008, Norberto Oyarbide.Todos los imputados apelaron a la Cámara Federalde Buenos Aires, que preanunció el juicio oral con-firmando los procesamientos el 29 de diciembre de2008, salvo el de Rostan D’Ancezune muerto tresmeses antes. Por lo visto, los cuatro magistradosque se sucedieran al frente de la causa han dejadoen el limbo a Carlos Menem, quien, hacia el centrodel escenario, danza la música de crímenes econó-micos al filo de la prescripción, y disfruta imperté-rrito de su escaño de senador nacional hasta di-ciembre de 2011.20

NOTAS

1 Auditoría General de la Nación (AGN), 10 de julio de2003 (www.agn.gov.ar). El Cronista, Argentina, 25 de septiem-bre de 1998 y Clarín, Argentina, 3 y 12 de octubre de 2003.

2 Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), resolu-ción 716/97, publicada en el boletín Oficial el 30 de junio de1997. Informe de la AGN ya citado y Clarín, Argentina, 3 y 12de octubre de 2003 y 28 de febrero de 2008.

3 AGN, su portal de Internet: www.agn.gov.ar. La Nación,Argentina 28 de enero de 2004.

4 Informe de la AGN ya citado.5 Ley 23.696 de reforma del Estado y decreto 1185/1990.

Decreto 1185 del año 1990, que creó la CNT. El decreto 1073/92

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ordenó a la Subsecretaría de Comunicaciones la confeccióndel Pliego, cuyo proyecto debía ser elevado al Ministerio deEconomía, Obras y Servicios Públicos en el plazo de 45 días.El Pliego definitivo fue recién remitido el 18 de junio de 1996,después de dejar atrás objeciones de distintos sectores, espe-cialmente de la Cámara de Informática y Comunicaciones dela República Argentina (CICOMRA). Dos ex funcionarios de laCNT, y dos directivos del sector empresario de las telecomuni-caciones que solicitaron la confidencialidad.

6 Decreto 660 del 27 de junio de 1996 que creó la CNC.Cuatro fuentes confidenciales citadas anteriormente en el pre-sente capítulo y http://www.magicasruinas.com.ar/reviste-ro/esto/revdesto170.htm.

7 El 22 de febrero de 1996, la Secretaría de Energía,Transporte y Comunicación llamó a concurso público nacionale internacional para el Proyecto Espectro Radioeléctrico. Reso-lución 176/96 de la Secretaría de Energía, Transporte y Co-municaciones, que creara en el ámbito de la Subsecretaría deComunicaciones la Comisión de Evaluación y Preadjudicacióndel Concurso Público Nacional e Internacional para el Desa-rrollo de un Sistema informático de Apoyo a la Gestión del Es-pectro Radioeléctrico e Instalación y Operación de un sistemade Comprobación Técnica de Emisiones con Cobertura Nacio-nal, presidida por el ingeniero Carlos M. Bastos. Resolución11/SC/96 del 19 de abril de 1996 (aunque fuera publicada re-cién el 8 de mayo), que prorrogara los plazos establecidos en elPliego de Bases y Condiciones. Resolución 163/SC/96, queaprobara el Reglamento General de Administración, Gestión yControl del Espectro Radioeléctrico. Decreto 28.431 del 8 dejulio de 1996, designando a Kammerath secretario de Comu-nicaciones de la Nación. Resolución 522/SC/96 del 24 de ju-lio de 1996, que prorrogara los plazos establecidos en el Pliegode Bases y Condiciones. Resolución 1076/CNT/96, que sus-pendiera la realización del concurso. Carta del 14 de marzo de1997, firmada por Bernard M. Favre d’Echallens en nombre dela hoy llamada Thales, para concursar por la Concesión delServicio de Comprobación Técnica de Emisiones del EspectroRadioeléctrico. Resolución 716/CNC/97, que ratificó lo actua-do por la Comisión de Evaluación y Preadjudicación y adjudicó

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a Thompson Spectrum de Argentina la concesión de los obje-tos de la licitación. El 11 de junio el presidente de la ComisiónNacional de Comunicaciones suscribió el contrato el que entróen vigencia el 1° de julio de 1997. Decreto 127/98, mediante elcual el Poder Ejecutivo aprobó y convalidó los actos cumplidosdurante el concurso.

8 Nota de Thales al doctor Gabrielli del 15 de septiembrede 1997, recibida por su secretaria privada, Dora González, quese plasmó en el trámite interno de la CNC TRECNC 1118/98,ingresado en mesa de entradas el 19 de enero de 1998. O seaque una nota solicitando algo tan importante como una repro-gramación de plazos de un contrato millonario, con alto gradode incumplimiento, tardó cuatro meses en llegar del piso 15 dela CNC al 4. Al finalizar la presidencia de Carlos Menem en1999, y no teniendo cumplidos los requisitos de la Concesióndel espacio radioeléctrico, se le reprogramaron las obligacio-nes contractuales a Thales, según Resolución 83 de la CNC.Cuatro fuentes confidenciales antes citadas en el presente ca-pítulo. Denuncia de la Oficina Anticorrupción del 6 de diciem-bre de 2000, y correos electrónicos de su vocero, Juan PabloUrfeig, del 5, 6 y 12 de julio de 2007, 19 de febrero y 10 deseptiembre de 2008.

9 Resoluciones CNC 83/98, 2/2000 y 101/2000, 2662/99,R 01/2000, 533/01, y nota de la COMSEGUI del 1-02-2000.Decreto 27/99 de Fernando de la Rúa. Cuatro fuentes confi-denciales antes citadas en el presente capítulo. En 1996 y 1997,Gabrielli ascendió a interventor y después fue vocal del Direc-torio de la CNC, pero cesó al iniciarse la presidencia de Fernan-do de la Rúa (decretos del PEN 249/96 y 8/97 y Resolución dela Secretaría de Comunicaciones 2/1999). Según el servicio deprensa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de laONU en Ginebra (UIT), de 1998 a junio 2004 Gabrielli repre-sentó al gobierno argentino presidiendo un “grupo de estudio”en la “Oficina de Desarrollo” de esta agencia de Naciones Uni-das. Actualmente dirige el Instituto de Derecho de las Comuni-caciones de la Facultad de Derecho de la UBA (http://www.de-recho.uba.ar/rev_comunicaciones/ed010/editorial.htm).

10 Resoluciones CNC 1315/02 y la 1310/02 por 216.601.Cuatro fuentes confidenciales antes citadas en el presente ca-

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pítulo. Análisis de alternativas para la toma de decisiones,Contrato de Concesión, CNC-Thales Spectrum de Argentina(TSA), documento de la CNC, agosto de 2003. Página/12 e In-fobae del 17 de mayo de 2007, Clarín 16 de junio de 2007, Per-fil, 20 de enero de 2008. Página/12, 28 de febrero de 2008.Diego Cabot y Francisco Olivera, El buen salvaje. GuillermoMoreno. La política del garrote, Sudamericana, Buenos Aires,2008.

11 Video de Zona de Investigación, copia en el archivo delautor e Infobae, Buenos Aires, 29 y 30 de octubre y 25 de no-viembre de 2003 y 26 de enero de 2004. El domicilio de ThalesInternational Latin America Services en Uruguay, estaba si-tuado en la oficina 705 del World Trade Center de Montevideo,en la calle Luis Herrera 1248.

12 Video de Zona de Investigación y notas de Infobae ya ci-tadas.

13 Clarín, 25, 26 y 27 de enero de 2004. La Nación, 25 deenero de 2004. El Cronista Comercial, Buenos Aires, 26 de ene-ro de 2004. Resolución 242/2004 de la CNC, Boletin Oficialdel 27 de enero de 2004. Informes de la SIGEN, octubre de 2001y mayo de 2003 (http://www.sigen.gov.ar/documentacion/informes_sigen/odme030501.pdf). Courrier International, Fran-cia, 28 de enero de 2004, http://fr.wikipedia.org/wiki/Thales_(entreprise).

14 Notas de Clarín, La Nación y El Cronista Comercial deenero de 2004 antes citadas. Cuatro fuentes confidenciales yareferidas en el presente capítulo. Decreto 340/2004 firmadopor el presidente Néstor Kirchner y Julio de Vido, ministro dePlanificación Federal, Inversión Pública y Servicios, BuenosAires, 19 de marzo de 2004. Pedido de informes del Congreso,Orden del día 179 de la Cámara de Diputados de la Nación, se-siones ordinarias 2004, 26 de abril de 2004. Expediente en elCIADI, TSA Spectrum de Argentina, S.A. v. Argentine Republic(Case No. ARB/05/5), y su fallo adverso a Thales del 22 de di-ciembre de 2008. Página/12 e Infobae del 17 de mayo de 2007,Clarín 16 de junio de 2007, 31 de agosto y 23 de diciembre de2008, Perfil, 19 de octubre de 2008, avisos fúnebres sobre elfallecimiento del conde Jean Nicolas Rostan d’Ancezune en LaNación, 23 y 24 de octubre de 2008, y Página/12, 15 de marzo

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de 2009. Entrevista telefónica y curriels antes citados de JorgeNeuss. Antes de ser interventor de la CNC, Fulvio Madaro,contador público de 52 años, ocupó varios puestos relati-vamente importantes en Santa Cruz. Entre 1986 y 1992 fuesíndico del Banco de la Provincia, subsecretario de Política yAdministración Tributaria, secretario de Hacienda y subsecre-tario de Asuntos Marítimos. Y también tuvo un cargo en Servi-cios Públicos Sociedad del Estado, la empresa provincial deenergía y saneamiento. En su última declaración jurada reco-noció un 4x4 modelo 97 y cuatro inmuebles: Villa Elisa, CityBell, Río Gallegos y 2.018 metros cuadrados en Calafate (LaPolitica On line, newsletter del 22 de junio de 2007, lapolitica@fibertel.com.ar, teléfono 1560932372, Clarín, 19 de julio de2007 y 4 de mayo de 2008, y libro antes citado de Pablo Abiadsobre el caso Skanska).

15 Clarín, 18 de marzo y 22 de abril de 2004. Cable de agen-cia France-Presse, Ginebra, 18 de marzo de 2004.

16 Oficina Anticorrupción (OA), “Aporta Prueba - Solicitamedidas”, Buenos Aires, 15 de junio de 2004 (la sociedad deJorge Neuss en Holanda citada por la OA es TH Operations In-ternational N. V. S. A). Cable de la agencia Télam, 31 de mayoy 16 de junio de 2004, Clarín, 22 de abril, 16 de junio de 2004.Página/12, 16 de junio de 2004.

17 Pablo Abiad y Mariano Thieberger, en Justicia eraKirchner. La construcción de un poder a medida, Colección his-toria urgente, Marea Editorial, Buenos Aires, 2005, inventa-riaron unos diez exhortos internacionales mal confeccionadospor el juez Urso. Oficina Anticorrupción (OA), “Solicitan decla-raciones indagatorias”, Buenos Aires, 25 de noviembre de2005. Clarín, 2 de octubre de 2004 y 6 de febrero de 2006.Sala II de la Cámara Federal de Buenos Aires, resolución del15 de noviembre de 2005. Cable de la agencia de noticias EFEdel 30 de enero de 2006. Consultas por correo electrónico conla OA, 11 de julio de 2007 y 28 de febrero de 2008. La Nación,28 y 29 de septiembre de 2007 y 28 de febrero de 2008, Cla-rín, 29 de septiembre de 2007 y 28 de febrero de 2008. Télam,27 de febrero de 2008. Procesamiento dictado por el juez fede-ral Sergio Torres, 26 de febrero de 2008, copia en el archivodel autor.

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18 La Nación, 15 de junio de 2006. Le Monde, 26, 27 y 28de septiembre de 2005. Página/12, 27 de septiembre de 2005.Clarín, 17 de febrero de 2006. Le Figaro, 23 de septiembre y 11de octubre 2005. Canard Enchaîné, París, 12 de octubre de2005. Cables de la agencia France Presse, 23 y 26 de septiem-bre de 2005, 31 de enero, 17 de febrero, 2 de mayo y 13 de di-ciembre de 2006. Le Point, Francia, 29 de septiembre y 13 deoctubre de 2005.

19 Testimonio del autor sobre el caso Thales, ante la con-vocatoria del juez de Ginebra, Jean-Bernard Schmid, del 9 demarzo de 2007, y entrevistas telefónicas con ese magistradodel 29 de marzo, 24 de abril de 2007 y 14 de octubre de 2008.Clarín y La Nación, 8 de septiembre de 2007. Clarín, 13 demayo, 16 de agosto, 12 y 19 de octubre de 2008. La sociedadDelbote, con cuenta en la UBS de Zurich, fue vehículo de lacoima cobrada por Aldo Dadone, presidente del Banco Nación,por la informatización de ese banco a cargo de IBM. Los due-ños de Delbote declarados en la banca suiza fueron Pedro Stier(titular de la financiera Multicambio), José Shayo, RaimundoShayo, René Sergio Matalon y Víctor Mangieri (Clarín, 2 de di-ciembre de 1999, 2 de abril y 18 de mayo de 2000, La Nación,11 de abril de 2001, y declaración del autor ante la ComisiónEspecial Investigadora de Delitos Vinculados al Lavado de Di-nero de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, Bue-nos Aires, 29 de mayo y 13 de junio de 2001).

20 Entrevistas con el juez Schmid y con Jorge Neussantes citadas y Bakchich Info, París, 19 de febrero de 2008(www.bakchich.info/article2707.html). Cable de la agenciaFrance Presse, 30 de octubre de 2007. Carta del autor a LionelQueudot del 10 de enero de 2008, con devolución del correosuizo revelando su partida del domicilio legal declarado en Gi-nebra. Entrevista telefónica con Jorge Neuss antes citada. Cla-rín, y La Nación, 29 de septiembre de 2007, 28 de febrero y 29de diciembre de 2008 y notas del autor en La Nación, 16 de di-ciembre de 2007 y Perfil, 19 de octubre de 2008. Los procesa-dos sin prisión preventiva por defraudación al Estado inculpa-dos por el juez Torres y confirmados por la Cámara Federal deBuenos Aires son: Germán Kammerath, Alejandro BernardinoCima, Roberto Catalán, Roberto Uanini, Hugo Zothner, Patri-

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cio Feune de Colombi, Pablo Arancedo, Alberto Gabrielli, LuisAlberto Romero, Matías Bourdieu, Juan Carlos Cassagne, Jor-ge Neuss y Jean Nicolas Rostan D’Ancezune (Télam, 27 de fe-brero de 2008, resolución de procesamiento dictada por el juezTorres el 26 de febrero de 2008 y ratificación de la CámaraFederal de Buenos Aires del 29 de diciembre de 2008, Info-bae.com, cables de DyN y AFP, y Crítica del 30 de diciembre de2008).

IV

LA ECUACIÓN MENEM

“Todo el mundo quiere ser otro en algún momento de su vida.”

JOHN LE CARRÉ, La canción de los misioneros

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El 29 de abril de 2004, víspera del desembar-co de Lionel Queudot en la embajada argentina enBerna, el ministro de Justicia, Seguridad y Dere-chos Humanos de la Argentina, Gustavo OsvaldoBeliz, terminaba de redactar con Suiza un Trata-do de Asistencia Judicial en Materia Penal. Elconvenio fue inicialado en el Palacio Federal hel-vético, sede conjunta del Ejecutivo y del Parla-mento en Berna. Los diez integrantes de las de-legaciones de los dos gobiernos, seis argentinos ycuatro suizos, culminaron una ardua negociación,emprendida poco después de que, el 25 de mayode 2003, Néstor Kirchner se hiciera con el bastónde mando de la República. El histórico documen-to actualizaba una vetusta convención bilateralrelativa a la extradición, vigente desde 1912 y queno contempla los considerados delitos modernos,como el fraude o la estafa fiscal. Pero lo sustancialde los 35 artículos del proyecto preparaba el ca-mino de la cooperación entre las capitales paraluchar “contra el crimen internacional”, en parti-cular “el lavado de dinero, el tráfico ilegal de estu-

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pefacientes, la corrupción y el terrorismo”. Insti-tuía que “una autoridad central en cada uno delos Estados contratantes”, estableciera lazos es-trechos “con vistas a la tramitación de los exhor-tos, lo cual facilitará el procedimiento de asisten-cia judicial”. El instrumento ajustaba los principiosde colaboración común. Incorporaba “la transmi-sión espontánea de información, aun sin solicitudde asistencia judicial alguna” para los estamentosinstitucionales, es decir juzgados y fiscalías, inclu-yendo las videoconferencias. El texto, escrito encastellano y francés, quedaba listo para la firmade los ministros o presidentes en las ceremoniasprotocolares, y el posterior “mecanismo parlamen-tario de ratificación”. Sin embargo, a Beliz lo defe-nestraron, liquidando sus pretensiones de abatirla criminalidad organizada. Y el Tratado con Sui-za fue arrumbado por sus sucesores, Horacio Ro-satti, Alberto Juan Bautista Iribarne y Aníbal Fer-nández.1

El proyecto era revolucionario para la Argenti-na, que no había suscripto la Convención Inter-nacional contra la Corrupción de la ONU. Firma-da por una mayoría de naciones en octubre de2003, ésta recién se incorporó al bagaje legislati-vo nacional el 6 de junio de 2006. Según los ín-dices de corrupción adjudicados a la centena depaíses del mundo escrutados por TransparencyInternational, la organización no gubernamental(ONG) señera en el ramo, de 2002 a 2003 la Ar-gentina había descendido del puesto 70 al 93,rodando al 108 en 2004, por detrás de Uruguay y

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Chile. Hundida en los guarismos de los gobiernosde Carlos Menem y Fernando de la Rúa, la Argen-tina no remontaba de la aplastante invasión deldelito en las esferas pública y privada. Pero acor-dando un dispositivo con el país que albergaba labanca más atractiva para lavar el fruto de la cri-minalidad económica, se aprestaba a dar una se-ñal inequívoca, que la hubiera acoplado al movi-miento continental anticorrupción. Suiza ya habíaadoptado tratados similares con Brasil, Perú yEcuador, prolongando en 2006, 2007 y 2008 conMéxico, Chile y Colombia, según el esquema delConvenio Europeo vigente, al que la Confedera-ción Helvética adhiere pese a no formar parte dela Unión Europea. América latina se hallaba enebullición: dos ex presidentes de Costa Rica en de-tención preventiva (Rafael Ángel Calderón y el exsecretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodrí-guez), el ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Ale-mán, condenado a veinte años de cárcel, y su su-cesor, Enrique Bolaños, vapuleado en el Congresopor recibir prebendas del extranjero, y las cuentasde Augusto Pinochet adornando el informe anualdel Senado de los Estados Unidos. Los pedidos deextradición contra los ex presidentes de Bolivia,Gonzalo Sánchez de Lozada, y de Perú, AlbertoFujimori, quienes huyeron a los Estados Unidos yJapón perseguidos por atrocidades de la repre-sión, se ampliarían en 2004 a infracciones de co-rrupción.2

Sería evidente que para Beliz dar este pasosignificaba proseguir con sus planes de moderni-

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zación del Estado en el área que le competía, don-de la guerra contra la corrupción era preponde-rante. El entendimiento con Suiza se intercalabaen el diseño de dotar al país de una Agencia Fede-ral de Seguridad, que aplastara las bandas poli-ciales, interrumpiera el ejercicio arbitrario de lainteligencia en la SIDE, y recuperara los botinesdel saqueo con que se menoscabara la economíaen los gobiernos precedentes. Asimismo iba en lí-nea con la nueva normativa para limitar el uso decompañías off-shore dispuesto por la InspecciónGeneral de Justicia, también del Ministerio a sucargo. Aprontadas en el extranjero, dichas so-ciedades se volvieron epidemia, comprando ma-sivamente bienes comerciales e inmuebles peroescondiendo a sus dueños en el exterior o consa-grando su irresponsabilidad, vehículos para traersin transparencia fondos negros antes evadidos,una plaga de violaciones sistemáticas de las leyesnacionales. Todo esto era coherente con el procesoparticipativo y de amplio escrutinio popular pre-vio al nombramiento de los jueces de la SupremaCorte de Justicia de la Nación, decretado en juniode 2003 por Kirchner con la firma de Beliz. Esa fi-losofía proseguía con la reforma del fuero penalde la Capital Federal, que aspiraba a disolver losprivilegios de los doce jueces federales que desdeBuenos Aires habían ofrecido magros resultados yno pocas señales de connivencia con el poder po-lítico de turno en los últimos quince años. Se lesiba a licuar la franquicia en una jurisdicción pe-nal común de 57 jueces, eliminando así un corro-

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sivo monopolio. A la par se instauraban los juiciospor jurados populares que se les reservarían a losdelitos graves, trasladando a la sociedad civil laentera garantía de juzgar la corrupción y aventan-do cualquier susceptibilidad de indulgencia paracon los gobiernos. Esa simbólica docena de magis-trados se abigarraban en el núcleo de plomo delos denostados “jueces de la servilleta”. Algunos desus nombres jalonaban una lista que empapelarala prensa a fines del siglo pasado. Varios estabanaún en funciones y con émulos en los tiempos deKirchner, y se les arroga una supuesta capacidadde chantaje para preservar la impunidad engen-drada por la corrupción que hiciera metástasis enel reinado de Carlos Menem.3

Justamente en Menem se cimentaba el an-damiaje que intentaba erigir Beliz, por cuantoabundaban indicios de fondos del ex presidentedepositados ilegalmente en Suiza. Por la ley anti-blanqueo de 1998 que obliga a los bancos suizosa “comunicar” cuentas sospechosas, y al prome-diar 2001, el Ministerio de Justicia y Policía enBerna había admitido la denuncia de una cuentadel ex presidente argentino en la UBS de Ginebra.También otra de su secretario privado, Ramón Her-nández, en la sucursal de Zurich del Banco delGotardo, bajo la piel de Spark Foundation, unasociedad de Liechtenstein. Las cuentas fueron de-latadas por los propios bancos y, en total, abriga-ban alrededor de siete millones de dólares, sin sa-ber lo que recibieran y movieran anteriormente. Eldescubrimiento se debió a la detención preventiva

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que se le dictara a Menem el 7 de junio de 2001por las presuntas responsabilidades en el tráficoilegal de armas a Ecuador y Croacia durante susmandatos. Es costumbre que las instituciones fi-nancieras suizas escarben en su clientela cuandolos diarios pregonan casos de corrupción, y escu-driñen cuentas para informarlas a las autorida-des gubernamentales.4

En menos de un año el soplo bancario consti-tuyó una bola de nieve judicial, más bien una mez-colanza entre agentes estatales de los dos paísesque el ministro Beliz se puso a desmalezar no bienasumió. Como en cualquier país, en la Confedera-ción Helvética hay funcionarios favorables a quelas cosas mejoren, tanto como los que las obsta-culizan para mal. En cuanto al secreto bancario yel combate contra la corrupción, existen aquellospartidarios de la concepción de “no escupir en lasopa”, o sea evitarle dolores de cabeza a la indus-tria bancaria, fuente de ingresos, gestación de em-pleos y de financiamiento de la actividad económi-ca, de gran peso en las finanzas suizas. Pero hayotros que piensan lo contrario, afirmando que eldinero sucio es prescindible para seguir amasan-do ganancias en la banca, reforzando la condenamoral por acoger capitales al margen de la ley. Enesta segunda vertiente se enrolan quienes se em-peñan en tomar decisiones, como ejemplificó laacusación por parte de los bancos de las cuentasde Menem y Hernández.

Es imperativo saber que la noticia la filtró unimportante funcionario estatal suizo en agosto de

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2001. Simpatizante de la corriente de sus compa-triotas que deseaban se conociera que a Menem lohabían denunciado los bancos, su actitud conver-gía con el criterio político de que los bancos suizosdejen de ser guarida de tiranos militares y de per-vertidos líderes democráticos. El dato fue confir-mado por un fax reservado del juez de Ginebra,Claude François Wenger, inicialmente al frente delsumario incoado tras el aviso bancario, manifes-tando que Carlos Menem había abierto una de lasdos cuentas, compartiendo la titularidad con Zu-lema Yoma y su hija Zulemita, mientras que la se-gunda cuenta estaba a nombre de una “funda-ción”, conociéndose posteriormente que su dueñoera Ramón Hernández. Enterados varios juecesargentinos de la existencia de esas cuentas, envia-ron comisiones rogatorias en procura de que seinvestigara a Menem y a varios de sus allegados,con la intención expresa de que las mismas se no-tificaran para incorporarlas como pruebas docu-mentales en los sumarios que se instruían enBuenos Aires. Una transmisión de informaciónbancaria suiza tocante a sobornos había tenidolugar con anterioridad en el caso IBM-Banco Na-ción, mediante la remisión a la Justicia Federal deBuenos Aires de la documentación sobre el cobrode coimas. En 1999, el juez de Ginebra, Michel-Alexandre Graber restituyó cuatro millones y me-dio de dólares. Dicha causa penal aguarda toda-vía su juicio oral en Buenos Aires.5

Antes de la llegada de esas comisiones rogato-rias por Menem y Hernández, la Oficina Federal

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de Policía en Berna había otorgado la competen-cia a Ginebra como cantón director de los proce-dimientos, una medida que designa al tribunalde una ciudad para coordinar el trabajo judicialcuando hay varias cuentas coligadas en distintoscantones. Ginebra inició un sumario penal nacio-nal suizo por presunto blanqueo de dinero contra“Menem y otros” en donde, como se ha dicho, eljuez Wenger investigaba esas dos cuentas. Conco-mitantemente, Berna ordenó comenzar un expe-diente de ayuda judicial a la Argentina para res-ponder a las comisiones rogatorias antes aludidas,provenientes de cinco jueces federales de BuenosAires: Gabriel Cavallo, María Romilda Servini deCubría, Jorge Urso, Norberto Oyarbide y Juan Jo-sé Galeano. Casado en esas fechas con una ciu-dadana argentina, el juez Wenger abandonó o fuerelevado de su responsabilidad en los sumariospara disolver suspicacias de colusión. Luego depasar fugazmente por el juzgado de su colega PaulPerraudin, los expedientes anclaron donde la juezChristine Junod, quien el 26 de agosto de 2002confirmó por carta a la Oficina Anticorrupción (OA)de la Argentina que investigaba a Carlos Menem yRamón Hernández, y al secretario de este último,Héctor Fernández. La juez Junod había empezadola carrera judicial en 1990, siendo en algún lapsopresidenta del colegiado de los jueces de instruc-ción de Ginebra. Estaba casada con un encum-brado policía local, y en 2002 vio esfumarse suambición de ocupar el puesto de Procurador Ge-neral de Ginebra, a propuesta del Partido Liberal.

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Cuando los partidos políticos cantonales con re-presentación parlamentaria no coinciden en uncandidato único para conducir el Ministerio Pú-blico durante la legislatura, llaman a la ciudada-nía para dirimir preferencias por el voto. En 2002Christine Junod perdió la elección popular paradirigir la fiscalía cantonal ante el actual Procura-dor General Daniel Zappelli, postulado por el Par-tido Radical.6

Descartando las comisiones rogatorias de losjueces federales Gabriel Cavallo y Servini de Cu-bría, quienes desistieron rápidamente de perse-guir en Suiza, respectivamente, al secretario de laPresidencia y al ministro de Economía de Menem,Alberto Kohan y Domingo Cavallo, los otros tresmagistrados mencionados precedentemente cur-saron comisiones rogatorias sucesivas, aportandoinformes de sus actuaciones para fundamentarlos exhortos. Fue así que el 2 de agosto de 2002,Oyarbide mandó a Suiza una petición para inves-tigar a Menem por cuatro delitos de corrupción:violación de los deberes de funcionario público,cohecho y/o tráfico de influencias, enriquecimien-to ilícito y encubrimiento agravado. Y el 29 de esemismo mes y año envió un complemento de comi-sión rogatoria, haciendo hincapié en una entre-vista televisiva a Carlos Menem realizada pocassemanas antes por la CNN, en la cual el ex presi-dente admitió tener una cuenta en Suiza.7

Al agotar su turno y finalizando 2002, Ursosumaba ocho pedidos de asistencia a Berna. Soli-citó investigar al séquito de Menem y a su parien-

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te, el narcoterrorista sirio con cuentas en Suiza,Monzer Al Kassar, en falta por haberse naturaliza-do argentino de manera irregular, que espera des-de hace 15 años condena por ese delito. Mercaderresbaladizo, Al Kassar es una espina clavada enlos aún no aclarados atentados antijudíos de Bue-nos Aires y en la venta ilegal de armas a Ecuadory a los Balcanes, sin que todavía ningún tribunallo procesara. Fuentes de las Naciones Unidas es-tablecieron que pertrechaba militarmente a la gue-rrilla islamista en Somalia, violando el embargodecretado por la ONU en 1992. Fue también de-nunciado por aprovisionar logísticamente al terro-rismo sunita en Irak, según una lista de buscadospublicada por el gobierno hoy imperante en Bag-dad. Residente en Marbella, Al Kassar pidió final-mente la nacionalidad española, pero el 7 de juniode 2007 fue detenido preventivamente en Madrid,y requerido por los Estados Unidos, que consiguie-ron extraditarlo un año más tarde. En febrero de2009 fue condenado en Nueva York a treinta añosde prisión por haber participado en un “complot”para entregar una provisión de seis a ocho millo-nes de dólares en armas rumanas a las FuerzasArmadas Revolucionarias de Colombia (FARC).8

Del juzgado de Galeano, se sucedieron cincoexhortos. Quería verificar en Ginebra las alegacio-nes de un arrepentido iraní, Abolghasem Mesbahi,alias el “testigo C”, quien acusó a Menem de habercobrado a través de una cuenta en Suiza diez mi-llones de dólares del régimen de Teherán parafrenar las investigaciones por los ataques a la Em-

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bajada de Israel y la AMIA. El último de esos do-cumentos fue entregado en mano a las autori-dades helvéticas el 11 de septiembre de 2002 porEamon Mullen, uno de los fiscales de la causaAMIA, cuya explosión en 1994 causara 85 muer-tos y 200 heridos. Mullen lo presentó en Bernaante funcionarios federales y jueces suizos espe-cializados en terrorismo, reunión de la que noparticipó la juez, Christine Junod.9

Ante la acumulación de comisiones rogato-rias, el 27 de agosto de 2002, la Oficina Federal deJusticia en Berna emitió un comunicado en lastres lenguas oficiales, reproducido en castellanopor la embajada suiza en Buenos Aires. Manifes-tó, en sustancia, que los exhortos arribados ado-lecían de lagunas y errores. En consecuencia, lasautoridades helvéticas invitaban a los magistra-dos argentinos concernidos, a una rueda en Ber-na fijada para el siguiente mes de octubre, dondeasistiría la juez Junod, y en la que se disiparíanlos interrogantes y compaginarían las exigenciaslocales con las necesidades argentinas. El encuen-tro se postergó para el 7 y 8 de noviembre de 2002.Ningún magistrado argentino acudió a la cita, pe-ro Suiza no esperó para resolver. El 28 de octubreanterior, Folco Galli, el portavoz de la misma Ofi-cina Federal de Justicia que venía de tachar dedefectuosos a los exhortos, declaró a la prensaque la juez Junod había acordado entrar en mate-ria, sin dar ninguna precisión esclarecedora porescrito. La noticia se vinculaba con dos escuetasnotas diplomáticas confidenciales de dicha Ofici-

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na a la Embajada argentina en Berna. Vagas ensu formulación y desprovistas de elementos con-cretos sobre el alcance de la decisión, esas comu-nicaciones hacían flotar la ambivalencia en unacuestión de criminalidad económica grave que nodebió dejar espacio a ninguna duda.10

Los jueces porteños no recibieron notificacio-nes oficiales directas de magistrado a magistrado,las cuales podrían haberles explicitado lo resuel-to en Ginebra. La simplificación, que hacía conocerla noticia de manera incompleta y por una vía ses-gada, parecía encubrir su real propósito. La ins-talación del anuncio en la opinión pública, su im-plícito doble sentido, podía dar pie a suponer quelo zanjado sobre la admisibilidad de las comisio-nes rogatorias y exhortos argentinos abarcaba to-dos los delitos invocados desde Buenos Aires; unafalsedad. La inconducente cooperación judicial eraobviamente infructuosa, pero la jugada mediáticasuiza llevó a los dos principales diarios argentinosa creer lo que no era cierto. El cotidiano Claríndijo que la juez Junod “daría informes sobre lascuentas de Menem”, mientras que La Nación titu-ló que Suiza “aceptó investigar a Menem”.11

El 30 de enero de 2003 la prensa desenmara-ñó que, a ciencia cierta, la magistrada había con-sentido, en un auto del 28 de octubre de 2002, lacooperación con la Argentina “exclusivamente”por el presunto nexo de Menem con el atentado dela AMIA. La decisión tomaba a su vez tintes par-ciales y relacionados con el terrorismo de las co-misiones rogatorias de Galeano y Oyarbide, pero

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rehusaba investigar a Menem a secas por el con-trabando de armas a Ecuador y Croacia, y poníade costado los delitos de corrupción esgrimidospor el juez Oyarbide. Era menester inferir que lamedida limitaba la colaboración judicial con la Ar-gentina porque, si no se establecía una conexiónbancaria entre la voladura de la AMIA y las cuen-tas de Menem y Hernández informadas por losbancos, el procedimiento de cooperación judicialcon la Argentina se desvanecería, lo que finalmen-te sucedió.12

En los meses siguientes se agregaría la no-vedad, también develada por la prensa, de que lajuez Junod había desistido de llevar a Ginebra alarrepentido iraní para que identificara el bancodesde el que se le habrían transferido fondos auna cuenta asignada a Menem. Se trataba de losdiez millones de dólares que supuestamente de-sembolsara Irán para atajar las incriminacionesjudiciales en la Argentina sobre la voladura de lamutual judía AMIA. La juez no podía ignorar lacredibilidad que se le otorgaba en la opinión públi-ca a las declaraciones de este ex agente de los ser-vicios de inteligencia iraníes, quien antes de todoesto testimoniara voluntariamente en la Justicia,según lo exhibido por la propia cadena estatal detelevisión helvética de habla francesa. El 15 de ju-nio de 2003, en efecto, y en una de sus emisionesde mayor prestigio, se resumió lo que ya tributaraAbolghasem Mesbahi a los tribunales en Alemaniay Suiza. La prensa había puesto en conocimientoque años atrás, cuando el “testigo C” anduviera

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por Europa como espía de Teherán, frecuentó lapolicía de Ginebra, en cuya jerarquía se encontra-ba el marido de Christine Junod. Se supo que alpedir en 1996 el asilo en Alemania, Mesbahi habíarevelado que Leon Jové era su contacto en la poli-cía de Ginebra, y que Françoise Spindler presun-tamente informaba desde ahí a los tenebrosos co-mandos iraníes que en aquella época cometieranalrededor de 400 atentados por medio mundo, en-tre ellos dos asesinatos en Ginebra.13

La cuenta bancaria de Ginebra mediante lacual se le habría pagado a Menem para neutrali-zar las imputaciones contra Irán en los atentadosantiisraelíes de Buenos Aires era, siempre segúneste arrepentido iraní, la misma que financiarasus andanzas de agente secreto y que servía tam-bién para que el régimen por el que había espiadoconsumara centenas de mortíferos atentados enEuropa. El problema consistía en que Mesbahi norecordaba precisamente dónde estaba el banco, nisu denominación exacta. Lo ubicaba en las cerca-nías del Hotel du Rhône, en el cual solía alojarseen Ginebra. La fracción del nombre que le venía ala memoria daba lugar a confusión, haciendo im-prescindible convocarlo físicamente al lugar de loshechos para disipar la duda. Sin embargo, en fe-brero de 2003 y aduciendo contratiempos, la juezJunod ordenó que dos policías suizos fueran a in-terrogarlo a Alemania, su domicilio de refugiadopolítico, en vez de afrontar llevarlo a Ginebra.14

Cuando se supo la noticia, dos hipótesis aflo-raron en la prensa. En la primera germinaba una

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“razón de Estado” para que el “testigo C” no vol-viera a pisar Ginebra. Entrañaba el peligro —quesería insoportable para Suiza— de descubrir queen su territorio se afincaba una oficina bancariaque habría financiado numerosas operaciones te-rroristas durante los años 80 y 90. El cuadro clí-nico del planeta hacía imposible no percibir quedesde el 11 de septiembre de 2001 trascurríanhoras amargas. Muchos dirigentes occidentalesalentaban la lucha contra el terrorismo interna-cional. Eran urgidos por el Consejo de Seguridady por la Asamblea General de Naciones Unidaspara impedir su financiamiento.15

No era menos sugestiva la segunda hipótesis.Insinuaba que por ser esposa de un importantedignatario de la policía de Ginebra, la juez Junodtenía quizás la propensión de ser potencialmenterefractaria a llevar a declarar a Mesbahi, cuyasconfidencias pretendían que durante sus activida-des de espionaje ligadas al terrorismo se concertóalguna clase de acuerdos con esa policía. La com-parecencia entrañaba el riesgo de reabrir un es-cándalo que podía salpicar a su marido, que erauno de los jefes de dicha institución, la cual eraacusada de acoger en sus filas a una infiltrada delterrorismo iraní, identificada con nombre y apelli-do y que continuaba en la repartición. Folco Galli,vocero del Ministerio Federal de Justicia, y Chris-tine Junod desmintieron que estas elucubracio-nes pudieran ser ciertas, pero el “testigo C” noapareció por Suiza hasta mucho después que, enseptiembre de 2004, se archivaran los sumarios

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atinentes a Menem en Ginebra. Recién en febrerode 2006, pero acotado a otra causa, el arrepenti-do estuvo en Ginebra convocado por otro juez ydebido a razones que nada tenían que ver con Me-nem. Lo hizo en relación al homicidio de KazemRadjavi, un opositor iraní acribillado a balazos enlas afueras de Ginebra en 1990, un sumario porel que ya compareciera luego de exilarse en 1996en Alemania. Sin embargo, lo recabado en 2006puso en relieve que Junod cerró la pesquisa enfalso en 2004. Se apoyó en una falible deduccióndel interrogatorio que, en febrero de 2003, le man-dara hacer en Alemania: rastreó la cuenta en unbanco equivocado, y le erró por unos diez años alas fechas de las actividades clandestinas de Mes-bahi en Ginebra.16

Mantener en Alemania al “testigo C” hastacuando se pudiera, y atenuar allí el estrépito desus afirmaciones, lejos de los lugares de los crí-menes sobre los que testimoniaba, no fue una ex-clusividad de la juez Junod en Suiza. La tácticahabía sido explotada antes y desde Buenos Airespor la SIDE, el servicio civil de Inteligencia que re-porta a la Casa Rosada y que goza de rango minis-terial. El 15 de diciembre de 2002, en las afuerasde Berlín, los custodios germanos de Mesbahi fa-cilitaron que lo visitara Horacio Antonio Stiuso,alias Jaime, también conocido como Aldo Stiles,un espía de cuyo influjo en las adyacencias delpoder presidencial argentino se podrá tomar debi-da nota en el próximo capítulo. Semanas más tar-de, las redacciones de los diarios porteños cono-

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cieron una misiva del “testigo C”, dirigida al jefede la SIDE, Miguel Ángel Toma, quejándose deque se alteraran sus tres declaraciones judicialesprevias en la causa AMIA. La misiva morigeraba lacomplicidad de Menem en el atentado. “¿El ‘testi-go C’ se había dado vuelta? Parecía increíble. De-masiado sorprendente para ser cierto. Algo rarohabía”, se preguntaba el periodista Gerardo Young,en su impecable libro sobre la SIDE que monitore-ara a Stiuso. “¿Cuánto pagó por ese servicio? Im-posible saberlo, porque hay cosas que no tienenprecio en la SIDE. Mil dólares, cien mil, un millón,es lo mismo cuando el objetivo lo amerita. Y ésteera uno de esos casos.” Los familiares de las vícti-mas repudiaron la participación de Stiuso en lasinvestigaciones del atentado contra la AMIA.17

Beliz anhelaba que la verdad resplandecieraen la coyuntura y tal vez presintiendo lo que podíasobrevenir, a los pocos meses de ser nombradoministro se animó a jugarse personalmente. Rea-lizó una visita a Suiza el 12 y 13 de noviembre de2003. Se entrevistó con su homóloga helvética,Ruth Metzler, con la ministra de Asuntos Exterio-res, Micheline Calmy-Rey, y con el procurador ge-neral de Suiza, Valentín Roschacher. A trío le pro-metieron que si perduraban los inconvenientes conla juez Junod, podían anular la competencia can-tonal y trasladar la ejecución de las comisionesrogatorias a la jurisdicción federal. De paso, Belizconfirmó el anticipo que hiciera el embajador ar-gentino en Suiza, Guillermo González. Dos mesesantes, y apuntalando un reclamo del juez Galeano

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por la ausencia de respuesta a sus exhortos, el di-plomático aprovechó una audiencia con el gobier-no helvético, adelantando públicamente que sugobierno nombraría a un abogado suizo para querepresentara al gobierno argentino.18

El letrado escogido fue Paolo Bernasconi, aquien el procurador del Tesoro, Horacio Rosatti, ledio investidura de abogado del Estado el 20 deagosto de 2003, siendo luego ungido por decretode Beliz. Eso suponía que Bernasconi tendría ac-ceso al sumario nacional suizo sobre “Menem yotros”. Y que también podría intervenir en el ex-pediente paralelo de cooperación judicial con laArgentina sobre esto mismo. El Estado argentinoentendía que se consideraba indudablemente afec-tado en sus intereses por haber surgido cuentasde uno de sus ex presidentes y de su secretarioprivado, en las que se acreditaban siete millonesde dólares, depósitos a todas luces injustificables.Enseguida, y por si las autoridades suizas que-rían demostrar que cumplían con la palabra dadaa Beliz, el diputado federal por Ginebra, ChristianGrobet, servía la ocasión en la bandeja de una in-terpelación parlamentaria escrita. Sometida el 2de octubre de 2003, la prerrogativa instaba al Eje-cutivo a que cumpliera las comisiones rogatoriasprocedentes de la Argentina. Y pedía que se hi-ciera ir al “testigo C” a Ginebra para dilucidar siexistía o había existido una cuenta que financióel terrorismo iraní, cuenta a su vez implicada en elsupuesto pago de diez millones de dólares al expresidente Menem.19

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El 19 de noviembre de 2003, el gobierno suizorespondió a la interpelación parlamentaria del di-putado Grobet. El documento condensaba la posi-ción oficial del Consejo Federal, el colegiado desiete ministros que gobierna Suiza, integrado porlas titulares de Justicia y Policía y Asuntos Exte-riores, Ruth Metzler y Micheline Calmy-Rey, quie-nes se habían entrevistado previamente con suinterlocutor argentino, Gustavo Beliz. En aquellarespuesta se leía por primera vez en un documen-to oficial de Estado a lo largo de dos años de in-fructuosas gestiones de un escándalo tan sensiblecomo éste, que al margen del sumario nacionalsuizo por presunto blanqueo de dinero contra “Me-nem y otros”, había además dos procedimientos“distintos” en curso para saldar los exhortos y lascomisiones rogatorias argentinas, sin mencionarinfracciones y/o hechos de corrupción. Decía eldocumento que uno de esos procedimientos era“contra Menem y otras personas de su entorno,bajo la sospecha de contrabando de armas haciaEcuador y Croacia”, al tiempo que, añadía, habíaun segundo procedimiento dirigido sólo contra Me-nem, “sospechoso de haber recibido diez millonesde dólares del gobierno iraní para excluir cual-quier implicación de las autoridades iraníes en elatentado cometido en 1994 contra los centros ju-díos de la DAIA y la AMIA en Buenos Aires”. Estaversión, que podría interpretarse como un recha-zo a investigar la corrupción a solas, subordinán-dola a que se conectara con el tráfico de armas ocon el atentado antijudío de la AMIA, se hizo pú-

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blica y la difundió la agencia gubernamental denoticias suiza ATS. De este modo indirecto, la juezJunod, con el respaldo de la institucionalidad po-lítica, confirmaba que no aceptaba las solicitudesdel juez Norberto Oyarbide. Su requisitoria, ya se-ñalada, abarcaba los delitos de violación de losdeberes de funcionario público, cohecho y/o trá-fico de influencias, enriquecimiento ilícito y en-cubrimiento agravado. Esas cargas pesaban sobreMenem, quien silenciara su cuenta bancaria enSuiza, siendo procesado por la Cámara Federal deBuenos Aires en diciembre de 2003.20

El hermetismo que la juez Junod mantuvo conla prensa en lo atinente a las fundamentaciones desu decisión exacerbaba las predicciones. En fuen-tes judiciales se presumía que su reticencia a con-tentar integralmente la solicitud argentina, engar-zaba con el principio de la doble incriminación.Esta pauta instaura que, para hacer funcionar lacolaboración judicial internacional, los delitos in-vocados por el país que pide deben ser reconocidospor el cuerpo legal del país que tiene que respon-der. Acontecía que la omisión maliciosa y el en-riquecimiento ilícito, presentes en la solicitud deljuez Oyarbide, no figuraban en el Código Penal sui-zo. En ese potencial contexto se argumentaba quea la juez Junod le estaba vedado otorgar la coope-ración por delitos que no hubieran sido inscriptosen la ley helvética. Profundizando esa hipótesis seestimaba que la omisión maliciosa, entendida co-mo la negativa a declarar al fisco argentino la po-sesión de una cuenta bancaria en Suiza por parte

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de Menem, podía deberse a la intención de eludirel control fiscal. Con ese designio el ex presidentepudo desviar los dineros ingresados en dicha cuen-ta, una contravención que en la Argentina es undelito, pero que no lo es en la Confederación Hel-vética, donde y como ya se dijera, es una mera fal-ta administrativa redimible por multa, a excepciónsi se incurriera en fraude fiscal.21

Con esa salvedad, a la inexistencia del delitofiscal en Suiza, que hacía improcedente la intima-ción argentina, se le incorporaba un vacío en losescritos de Oyarbide. Se decía que para enrique-cerse ilícitamente había que cometer antes otrodelito, y, desde luego, si no se explicitaba clara-mente a cuál infracción se debió tal enriqueci-miento, no podía cumplirse el encargo, un datoaparentemente faltante en los inventarios rendi-dos por Oyarbide. Pero a la inversa, se replicabaque convenía traer en auxilio la jurisprudencia so-bre esos tópicos del Tribunal Federal de Suiza,mellizo de la Corte Suprema de la Argentina. Algu-nos fallos dejaban entrever que el juez helvético noestá obligado a seguir a la letra la tipificación quele suministra el juez extranjero para conceptuarlos hechos que le pone en conocimiento. Y sobre labase de los hechos que le son expuestos desde elexterior, el magistrado local puede caratular a te-nor del Código Suizo, desestimando la calificaciónforánea. Con este razonamiento se podía canalizarla consulta argentina al amparo del delito de co-rrupción, sancionado en diferentes variantes porel artículo 322, título 19 del Código Penal de Sui-

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za, reemplazando así al enriquecimiento ilícito y ala omisión maliciosa.22

Esta modalidad de asimilar las acusacionesargentinas en el delito de corrupción explicitadopor Suiza la sustenta, en teoría, un consejerocientífico del Tribunal Federal suizo, Robert Zim-mermann, cuya obra sobre la cooperación inter-nacional en el plano penal es de lectura ineludibleen las universidades helvéticas. La posibilidad deabsorber una infracción definida en otro país se-gún el derecho vernáculo es explicada en ese librode cabecera de los estudiantes de abogacía enSuiza. Zimmermann enseña que la condición dela doble incriminación no puede confundirse conla necesidad de que las normas sean idénticas enlos dos países, porque en esa eventualidad podríarechazarse la cooperación por un delito descono-cido en derecho suizo, que dificultaría gravemen-te la cooperación internacional “al punto de ha-cerla ilusoria”, dadas las diferencias que pudierandarse entre sistemas jurídicos. Zimmermann re-calca que no tiene “importancia que el derecho ex-tranjero reprima varias infracciones distintas porhechos que, según el derecho suizo, no formannada más que una”, lo cual podía equivaler a lacorrupción en el caso que brindaban Menem yHernández. Determina que, en el examen de ladoble incriminación, la autoridad que ejecuta selimita a valorar los hechos como si estos se hubie-ran desarrollado en Suiza, y a constatar que esosactos son reprimibles en Suiza, como podía serlotoda sospecha de corrupción concerniente a los

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cuantiosos depósitos del ex presidente argentino ysu secretario privado.23

Todo esto pudo haberse debatido entre la juezJunod y la totalidad de los magistrados argenti-nos fraternizados por estos expedientes, quienes,junto con el abogado Bernasconi, la visitaron ensu despacho de Ginebra el miércoles 18 de febre-ro de 2004. La invitación, que no se concretarapor dos veces en 2002, se realizaba en una terce-ra y gracias al financiamiento suizo. Seguidos poruna estela de periodistas que aguardaron en laspuertas del Palacio de Justicia de Ginebra, asis-tieron el juez Norberto Oyarbide, quien tenía elsumario de Menem y Hernández por corrupción,el juez Julio Speroni y la fiscal Alicia Sustaita, porel contrabando de armas a Croacia y Ecuador, elfiscal federal Eamon Müllen por el atentado anti-judio de la AMIA, los secretarios de juzgado, Ro-drigo Peyró y Claudio Lamela, y el jefe de la Ofici-na Anticorrupción, Daniel Morin.24

Haciendo un corte transversal de los procedi-mientos, ya se ha explorado que, del interrogato-rio al “testigo C” realizado en 2003 en Alemania,se desglosó la tergiversación de la fecha de susmisiones encubiertas en Suiza, y el desacierto deapuntar a un banco erróneo para buscar la pre-sunta cuenta del terrorismo iraní, como se sabríados años más tarde cuando en 2006 Mesbahi con-curriera a Ginebra. La ficha clínica arrojaba, ade-más, que con el tráfico de armas y la AMIA nohabía aparentemente escollos jurídicos para queSuiza colaborara con la Argentina, pese a que los

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avances eran criticables o insignificantes. De laventa ilegal de armas a Croacia y Ecuador, la juezprometió que entregaría información sobre unacuenta en la SBC de Zurich, hoy UBS, que perte-neciera al cuñado de Diego Palleros, uno de losresponsables de la maniobra. Esa cuenta habíasido descubierta luego del levantamiento del se-creto bancario en Uruguay, donde la banda con-trabandista argentina fijara la retaguardia clan-destina para el cobro y soborno de la operación.Los datos entregados por los tribunales de Monte-video forzaron a Junod a brindar ayuda para noquedar en evidencia que la retaceaba, aunque setrató de una transacción periférica en este espino-so problema. Su escasa contribución se extendióa informar que el ex ministro de Defensa argenti-no, Oscar Héctor Camilión, tenía igualmente unacuenta en Suiza. Aunque para nada inocente, elpapel de Camilión era secundario en el meollo deesta causa, por más que revistaba en el lote de los28 inculpados junto con Menem. Pero lo único va-lioso es que el ex presidente no fue inquietado eneste sumario por la colaboración de la juez Junodcon sus colegas argentinos.25

En contraste, había trabas para cooperar enlos aspectos concernientes a la corrupción, porlas desavenencias ya analizadas sobre los delitosde omisión maliciosa y enriquecimiento ilícito, ysu falta de correlato en el derecho suizo. Para ha-cer efectivo el principio de la doble incriminación,Oyarbide conocía por escrito la concepción de Ro-bert Zimmermann, pero no quiso o no pudo sa-

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carla a relucir porque la juez Junod tenía otra re-ceta para desbloquear la situación. Le pidió enesa reunión de Ginebra que le hiciera una nuevacomisión rogatoria manifestando que los hechosimputados a Menem y sus cómplices podían com-patibilizarse con el delito de lavado de dinero, pre-sente en el Código Penal de Suiza en su artículo305. Y le agregó expresamente que en el nuevo ex-horto se incluyera asimismo una alusión al ar-tículo 317 del Código Penal suizo, que castiga conpenas de hasta más de cinco años de reclusión alos funcionarios locales que “intencionalmente”alteren documentos de alcance jurídico, “certifi-cando falsamente la autenticidad de una firma ode una marca manuscrita o la exactitud de unacopia”. La oferta se cuadraba potencialmente enla voluntad de cambiar la evasión fiscal por elfraude fiscal, presumiblemente para recalificar unafalta administrativa en infracción penal. Oyarbi-de volvió a Buenos Aires y el 2 de marzo de 2004despachó la comisión rogatoria que le pidiera Ju-nod, una docena de días después de haber conci-liado personalmente para destrabar el trámite.26

Sin embargo, su demanda fue en vano. Junodestimó que no procedía. En mayo de 2004 tras-cendió que la juez no habría encontrado vincula-ción entre Menem y Hernández con el terrorismoiraní. Se evaporaron las enmiendas a las rogato-rias convenidas con la delegación judicial argenti-na que peregrinara en su despacho, volcadas enlos escritos de Oyarbide que se acaban de eviden-ciar, relativas a la corrupción y el lavado de dine-

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ro. Por más que la asaltaran las dudas, Junod po-día haber enviado los extractos de esas cuentaspara que sus colegas argentinos valoraran si ha-bía algún indicio que sirviera a sus causas entrelos aprovisionadores o beneficiarios de aquellossiete millones de dólares, o de dineros que hubie-ran transitado antes. Así consta también en el ma-nual de Zimmermann para juristas y abogados sui-zos, pero Christine Junod dio vuelta la página.27

La transmisión de las cuentas a Buenos Airesquedó en la nada. Oyarbide no apeló. Tampoco lohicieron los demás jueces argentinos concernidospor la resolución. Beliz anunció que el gobiernoargentino obraría para hacerlo. Kirchner no le diotiempo y lo destituyó el 24 de julio de 2004. Elbrutal concurso de voluntades de una juez de Gi-nebra y el presidente de la República Argentinatorció el curso de los acontecimientos. Los únicosque articularon una protesta escrita fueron Da-niel Morin, jefe de la Oficina Anticorrupción, yAlejandro Rúa, secretario de la Unidad Especialpara investigar el atentado contra la sede de laAMIA, pero tampoco duraron en sus puestos, aligual que el embajador González, quien a fines deagosto de 2004 regresó a la Cancillería.28

El 30 de septiembre de 2004, Christine Junodtrocó de tribunal en Ginebra. Antes de mudarseliberó los fondos de Menem y Hernández. Mandóuna carta a la Oficina Federal de Policía en Bernapara que se notificara a la Argentina que la cuen-ta de Menem no había tenido movimientos duran-te su mandato presidencial. Descartó con ese plu-

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mazo toda sospecha de corrupción, negándose aentregar la cuenta como prueba documental alexpediente de Oyarbide. No se refirió al origen, elmonto, la procedencia y el destino del dinero quealimentara dicha cuenta, a la fecha en que se laabrió, ni a cómo llegaron a Suiza los fondos parala apertura, aspectos esenciales para distinguir sihubo delito de lavado de activos. Y omitió hablarde los “otros” que informara dos años antes queacompañaban también en el sumario: Ramón Her-nández y su secretario, Héctor Fernández. El fis-cal general de Ginebra, Daniel Zappelli, archivó lacausa antes de la Navidad de 2004. El abogadoPaolo Bernasconi, que representaba al Estado ar-gentino, no recurrió la decisión judicial: su con-trato se extinguió y tuvo que esforzarse para queterminaran de pagarle sus honorarios. El nuevoministro de Justicia, Horacio Rosatti, que comoprocurador del Tesoro participara en su nomina-ción, declaró que se anulaba la reforma de su pre-decesor para quitarles poder a los doce juecesfederales, señalados por no hacer frente adecua-damente a la corrupción desatada por CarlosMenem. En marzo de 2005, Rosatti pronunció eldiscurso de rutina en la Comisión de DerechosHumanos de la ONU en Ginebra e hizo turismopor sus alrededores. Eludió el interés periodísticoanulando la conferencia de prensa prevista en elPalacio de las Naciones donde podían preguntarlepor sus ardores en detrimento de la corrupción. Alos medios que desearan entrevistarlo, les pusocomo condición que lo hicieran individualmente

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para hablar en privado. Nadie aceptó el convite.Rosatti dio un garbeo por la tumba del escritorJorge Luis Borges en uno de los cementerios de laciudad, sacó fotos y se fue.29

NOTAS

1 Comunicado de prensa difundido por la Oficina Federalde Justicia en Berna, acta confidencial de la reunión en Bernade las delegaciones de la Argentina y Suiza y copia del proyec-to de tratado entre los dos países que va en el Anexo, todos del29 de abril de 2004, fotocopias en el archivo del autor. La de-legación argentina estuvo encabezada por Roberto Azaretto, enrepresentación del ministro Beliz, e integrada por Alicia Peru-gini, Agustín Flah, por el Ministerio de Justicia, Seguridad yDerechos Humanos, y Miriam Munoli, Alfredo Di Pietro y Ale-jandro Herrero, de la Cancillería (cable de la agencia FrancePresse enviado desde Suiza el 26 de abril de 2004).

2 Peter Eigen, Las redes de la corrupción, Planeta, BuenosAires, 2004. Convención de Naciones Unidas contra la Corrup-ción, publicaciones de la ONU, diciembre de 2003 y 2005, in-corporada a la legislación argentina por ley 26.097 promulgadael 6 de junio de 2006 (www.infoleg.gov.ar). El País, Madrid, 9 dediciembre de 2003. La Tercera, Chile, 17 de octubre de 2004, ElPeriódico de Catalunya, Barcelona, 17 de septiembre de 2004,El Universo, Ecuador, 6 de octubre de 2004. Entrevista telefó-nica con Folco Galli, portavoz de la Oficina Federal de Justiciaen Suiza, 12 de abril de 2007 y su curriel del 18 de agosto de2008. Clarín, 21 y 24 de octubre de 2004, 22 de julio, 22 de ju-lio y 25 de agosto de 2007, y 1° de noviembre de 2008, Pági-na/12, 6 de enero de 2008, Perfil, 8 de noviembre de 2008.

3 María Seoane, El saqueo de la Argentina, Editorial Suda-mericana, Buenos Aires, 2003. Decreto del PEN 222 del 20 dejunio de 2003. Entrevista a Ricardo Nissen, revista del ColegioPúblico de Abogados de la Capital Federal número 78, de agos-

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to-septiembre de 2004. Página/12, 30 de octubre de 2003 y 4de agosto de 2005, Clarín del 15 de febrero de 2004.

4 Le Temps, Suiza, 27 de julio de 2002. Le Courrier y laTribune de Genève, Ginebra, 7 de septiembre de 2002. Brecha,Montevideo, 9 de agosto de 2002. El Periodista, Chile, 30 deseptiembre de 2002. Veintitrés, Buenos Aires, 16 de septiem-bre de 2004. Clarín, 4 de mayo de 2007.

5 Fax del juez Wenger a la Oficina Diplomática Suiza enGinebra del 10 de octubre de 2001, copia en el archivo del au-tor, El Periódico de Catalunya, Barcelona, 22 de septiembre y26 de octubre de 2001 y 19 de agosto de 2002. Tribune de Ge-nève, Suiza, 9 de marzo de 1998 y 3 de octubre de 2001. Ca-bles de Ginebra de la agencia France Presse del 9 de septiem-bre y del 3 y 15 de octubre de 2002.

6 Carta de la juez Junod a Carlos Manoli Cariedo, de laOficina Anticorrupción de Argentina, 26 de agosto de 2002,copia en el archivo del autor. L’Hebdo, Suiza, 17 de enero de2002 y 14 de febrero de 2002. Le Courrier, Ginebra, 22 de no-viembre de 2002, 24 de enero, 6 y 11 de septiembre de 2003.La Liberté, Friburgo, y 24 Heures, Lausana, 29 de abril de2003. Tribune de Genève, Suiza, 12 de septiembre de 2003.

7 Clarín y Página/12, 17 de septiembre de 2005 y 20 dediciembre de 2006. Comisiones rogatorias del juez Oyarbide aSuiza del 2 y 29 de agosto del 2002, copias en el archivo delautor.

8 El juez Urso envió ocho exhortos a Suiza: el 9 de agosto,21 de agosto, 19 y 25 de septiembre de 2001, y el 5 y 13 de ju-nio, 17 de octubre y 11 de noviembre de 2002. Rodrigo de Cas-tro y Juan Gasparini, La delgada línea blanca, Ediciones B,Buenos Aires, 2001. La Nación, Chile, 9 de julio y 8 de octubrede 2006. Clarín, Buenos Aires, El Mundo, ABC y El País, Ma-drid, 9 de junio de 2007, El País, España, 5 y 27 de octubre de2007, 10 de mayo y 7 de junio de 2008, La Nación, Buenos Ai-res, 22 de noviembre de 2007. Critica, Argentina, 25 de febre-ro de 2009. Cables de la agencia EFE, 5, 20 y 21 de noviembrede 2008.

9 El juez Galeano mandó cinco comisiones rogatorias aSuiza: el 6 de diciembre de 2001, y el 25 de enero, 22 de mayo,21 de agosto y 29 de agosto de 2002.

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10 Portal oficial Swissinfo, 6 de noviembre 2002, artículoen italiano. Notas diplomáticas de la Oficina Federal de Jus-ticia de Suiza a la Embajada argentina en Berna del 8 deoctubre y 5 de noviembre de 2002, copias en el archivo delautor.

11 Clarín, 15 de octubre de 2002, La Nación, 7 de noviem-bre de 2002.

12 Cable de Ginebra de la agencia France Presse y revistaargentina Veintitrés, Buenos Aires, 30 de enero de 2003.

13 Mise au point, Televisión Suisse Romande, 15 de juniode 2003. Le Courrier, Ginebra, 16 de junio 2003, L’Hebdo,Lausana, Suiza, el 10 de julio de 2003 y 5 de agosto de 2004.La Liberté, Friburgo, Suiza, 11 de septiembre de 2003, Tribunede Genève, Suiza, 16 de junio y 12 de septiembre de 2003. Ca-ble de la agencia Télam del 16 de septiembre de 2003, firmadopor el periodista Horacio Raña.

14 Artículos de La Liberté, Le Courrier, L’Hebdo, 24 Heuresy Tribune de Genève antes citados y cable de la agencia oficialsuiza ATS, del 25 de septiembre de 2003.

15 Consejo de Seguridad de la ONU, resolución 1373 del28 de septiembre de 2001. La Convención Internacional parala Represión del Financiamiento del Terrorismo Internacionalentró en vigor el 10 de abril de 2002, y fue ratificada por Sui-za el 23 de septiembre de 2003. La Argentina acondicionó sulegislación mediante una ley proclamada por la Cámara de Di-putados de la Nación el 13 de junio de 2007, copia en el archi-vo del autor, y Clarín, 21 de mayo de 2007.

16 Consejo Federal suizo, 25 de agosto de 2004, cable dela agencia France Presse del 4 de septiembre de 2004 y entre-vista telefónica con el juez Antenen del 8 de enero de 2006, ElPeriódico de Catalunya, Barcelona, 29 de julio de 2004 y 21 deabril de 2006, Nueva Sión, Buenos Aires, agosto de 2004 yabril de 2006, La Liberté, Friburgo, 7 de abril de 2006 y Le Ma-tin, Lausana, 9 de abril de 2006.

17 Gerardo Young, SIDE La Argentina secreta, Planeta,Buenos Aires, 2006. Página/12, 11 de noviembre de 2003 yLa Nación, 21 de enero de 2004.

18 Entrevista a Gustavo Beliz, La Nación, 9 de noviembrede 2003. Noticias, 15 de noviembre de 2003. Nota del juez Ga-leano a Suiza del 11 de septiembre de 2003, cables de Ginebra

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de la agencia France Presse del 18 de septiembre y 4 de no-viembre de 2003.

19 Interpelación del diputado Grobet del 2 de octubre de2003 y Nueva Sión de agosto de 2004 ya citada. L’Hebdo, Sui-za, 10 de julio de 2003 y Le Courrier, Ginebra, 18 de octubre y5 de noviembre 2003. Clarín y La Nación, Argentina, 11, 12 y13 de noviembre de 2003. Noticias, Buenos Aires, 15 de no-viembre de 2003.

20 Cable de 16 de enero de 2004 de la agencia France Pres-se, oficina de Ginebra, y cable de la agencia suiza ATS, reprodu-cido por la Tribune de Genève, Suiza, el sábado 7 de febrero de2004. Ruth Metzler sería suplantada a la cabeza de su ministe-rio por Christophe Blocher a partir del 10 de diciembre de 2003,quien a su turno sería relevado el 12 de diciembre de 2007 porEveline Widmer-Schlumpf. El País, Madrid, 20 de diciembre de2003 y Le Temps, Ginebra, 13 de diciembre de 2007.

21 Robert Zimmermann, La coopération judiciaire interna-tionale en matière pénale, Staempfli Editions, Berne, 1999, ar-tículos 352, 353 y 354, en las páginas 273, 274, 275 y 276.

22 Libro de Zimmermann ya citado. Para aplicar el artícu-lo penal sobre corrupción en un caso con un país extranjero,Suiza debía compaginarlo con la Ley Federal sobre la Coopera-ción internacional en materia penal del 20 de marzo de 1981.Dicha ley explaya las reglas de esa cooperación, en su partetercera, artículos 63 y 64 y siguientes.

23 Robert Zimmermann, su libro ya citado. Declaracióndel autor de este libro al juez Oyarbide del 16 de febrero de2004, en la embajada argentina en Berna y confirmación de lavalidez de esa declaración por la Cámara Federal de BuenosAires, 23 de septiembre de 2004 (Clarín, Buenos Aires, 24 deseptiembre de 2004).

24 Clarín, 15, 16, 17, 18 y 19 de febrero de 2004. CámaraFederal de Buenos Aires, 19 de diciembre de 2003. Tribune deGenève, 20 de febrero de 2004.

25 Cables de Ginebra de la agencia France Presse del 30de enero y del 16, 17, 18 de febrero de 2004. Exhorto del juezSperoni del 16 de mayo de 2003.

26 Exhorto del juez Oyarbide del 2 de marzo de 2004. Ca-ble de la agencia France Presse Ginebra del 24 de marzo de2004. La Nación, 28 de febrero de 2004. Le Temps, Suiza, 7 de

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abril de 2004. Nueva Sion, agosto de 2004. Codigo Penal Sui-zo, edición oficial de la Cancillería Federal de la ConfederaciónHelvética.

27 Comunicado de la Oficina Federal de Justicia del 13 dejulio de 2004. Clarín, 25 de julio de 2004 y La Nación, 7 de oc-tubre de 2004 y libro de Robert Zimmermann ya citado.

28 La denuncia elaborada por Daniel Morin, fiscal de Con-trol Administrativo de la Oficina Anticorrupción, y AlejandroRúa, secretario de la Unidad Especial de Investigación delatentado del 18 de julio de 1994 contra la sede de la AMIA, tie-ne fecha 26 de agosto de 2004, y consta de 77 paginas y unAnexo con los informes suizos remitidos por la juez Junodconcernientes al “testigo C”. La documentación fue presenta-da al juez Rodolfo Canicoba Corral, subrogante en la causaAMIA. Morin y Rúa fueron separados o debieron irse del go-bierno Kirchner bajo nutridas presiones. Rúa salió expulsadoy querellado por el ministro Iribarne, luego sobreseído de laacusación de calumnias e injurias por el juez Daniel Rafecas(La Nación, 26 de febrero, 8 de marzo, 26 de abril y 7 de sep-tiembre de 2006; y Alejandro Rúa, en Nueva Doctrina Penal,2007/A, Editores del Puerto, Buenos Aires, separata tituladaLa amenaza del tosco guante. Avatares en materia de despena-lización de la crítica política). Perfil, 29 de julio de 2007.

29 Carta de la juez Junod a la Oficina Federal de Justiciaen Berna del 30 de septiembre de 2004, y certificado de la Cor-te de Justicia de Ginebra del 29 de noviembre de 2004, notifi-cando que no hubo recursos contra la decisión de la juez an-tes indicada, documentos ulteriormente enviados al gobiernoargentino, copias y traducciones en el archivo del autor. Co-municaciones y anexos oficiales de la Cancillería argentina aljuzgado de Oyarbide sobre los trámites en curso en Suiza del24 de marzo, 15, 21, 22 y 23 de diciembre de 2004. La Nacióndel 28 y 29 de julio de 2004. Tribune de Genève, 21 de diciem-bre de 2004. Cables de la agencia France Presse, Ginebra, del14 y 19 de enero de 2005 Libro de Pablo Abiad y Mariano Thie-berger ya citado. Discurso en la ONU de Horacio Rosatti del 15de marzo de 2005.

V

EL EFECTO KIRCHNER

“Nada es nunca como se espera, nada es tan siquiera lo que parece que es.”

TOMÁS ELOY MARTÍNEZ, Purgatorio

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El 12 de agosto de 2003, el presidente y mi-nistro del Interior de la Confederación Helvética,Pascal Couchepin, hizo una oferta de esas que nose pueden rechazar. En una recepción social su-surró al oído del embajador argentino en Berna,Guillermo González, la invitación para que el pre-sidente Néstor Kirchner visitara Suiza, terruño deuna rama de sus antepasados. El jefe de Estadoargentino diagramaba una gira por Berlín, Romay Berna que los bonistas italianos querían arrui-narle. Amagaban con embargar el avión presiden-cial, y un juez alemán examinaba bloquear lascuentas diplomáticas y apropiarse del edificio dela embajada. La estratagema de Couchepin con-cebía que el Tango 01 aterrizara y permanecieraestacionado en Zurich, a resguardo de las inicia-tivas para resarcir la deuda externa, y que la de-legación argentina realizara su periplo por Italiay Alemania en una aeronave con bandera roja ycruz blanca. De retorno a Zurich, la comitiva po-día reembarcar en su propio avión, volviendo aBuenos Aires. En retribución, Kirchner haría un

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paréntesis el 8 de octubre de 2003, para que Cou-chepin lo acogiera oficialmente en la capital, Ber-na, y después ambos fueran a la ciudad vecina deInterlaken, cuna de los ancestros de la abuela pa-terna del patagónico descendiente de GuillermoTell, donde tendría lugar una gran fiesta en suhonor. Pero súbitamente y a punto de montar enel Tango 01, Kirchner canceló el viaje.1

El cortocircuito fue simultáneo al enrareci-miento de la ilación entre la Casa Rosada y Gusta-vo Beliz. El 7 de octubre de 2003, el ministro firmóel decreto nombrando al abogado Bernasconi, im-paciente por ir a Suiza a ponerlo en funciones. Alasumir el 25 de mayo de 2003, Kirchner había di-cho que “la lucha contra la corrupción y la impu-nidad será implacable”, y que reservaba “traje arayas para los grandes evasores”. Otorgó la carte-ra de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos aBeliz, quien desde el llano militaba por un castigode las empresas que abusaran del Estado, a las quese debía multar para reparar las arcas nacionales,denunciando ante la Auditoría General de la Na-ción (AGN) “el latrocinio de la Patria Contratista,de la Cámara Argentina de la Construcción y delos contratos de peajes por las autopistas”. La AGNretomaría las acusaciones en sus informes oficia-les, pero la quijotada de Beliz se haría puro humo:como supervisor de autopistas, Kirchner ubicó aClaudio Uberti, ex chofer de Julio De Vido y “re-caudador” electoral, quien fue despedido en agos-to de 2007 por la entrada ilegal de 800 mil dóla-res, provenientes del gobierno venezolano de Hugo

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Chávez y presuntamente destinados a financiar lacampaña presidencial de Cristina Kirchner. Paraese Valijagate, Uberti alquiló un charter privadoCaracas-Buenos Aires. Acogió como pasajero alportador del inconfesable maletín, probablementesu testaferro en la maniobra, Diego Alejandro An-tonini Wilson, un aventurero con nacionalidad ve-nezolana y estadounidense, cuya extradición porcontrabando de divisas y blanqueo de dinero estramitada por la Justicia argentina vía los tribuna-les de su domicilio en Key Biscayne, Miami. Uber-ti, alias “el señor de los peajes”, tiene dictada unafalta de mérito en este caso por la Justicia argenti-na, estando muy cerca del sobreseimiento. No obs-tante, ha sido luego embestido por una investiga-ción administrativa debida a la probable anulaciónirregular de multas y sanciones en la liquidación aex concesionarios viales hasta 2003; y por un su-mario abierto a fines de 2008 que puntea a NéstorKirchner como supuesto de líder de una “asocia-ción ilícita”, para presuntamente favorecer empre-sas en licitaciones de obras públicas.2

Pero en 2003, el itinerario que llevaba a Beliza Suiza engarzaba con la restitución de capitalesesquilmados al país, por la que se esforzaban enel gabinete de Kirchner. El propósito era recurren-te en la agenda con el presidente, quien empero lomantenía en un cono de sombra. Cuando Beliz leanunció que saldría de viaje en noviembre de 2003,Kirchner no se opuso. Sólo respondió: “Los mucha-chos se van a empezar a preocupar”. Era la prime-ra vez que la SIDE se descolgaba en los diálogos

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entre los dos hombres, erigiéndose en una especiede frontera intangible que era peligroso franquear.La SIDE barajaba otra opción para buscar activosilegales en el exterior: una agencia privada esta-dounidense ofertaba rastrear las cuentas en true-que por un porcentaje de lo que se recuperara. Enlos demás frentes de fricción entre los privilegiosde la SIDE y las áreas confiadas a Beliz, el choquesería igual de frontal. Y terminaría fomentando queKirchner lo expulsara del gobierno el sábado 24de julio de 2004.3

El embajador Guillermo González batalló paraque la visita de Beliz a Berna en noviembre de 2003diera resultados palpables. No fue indiferente aque, por un lado, las ministras Metzler y Calmy-Rey se comprometieran a quitarle competencia ala juez Junod si duraban los impedimentos pararepatriar los fondos de Menem y Hernández, y,por otro lado, se opuso a las demoras para inves-tigar seriamente y hasta el final al “testigo C”.Tampoco fue ajeno a que, revestida de “jornadatécnica”, se rescatara la conferencia entre magis-trados argentinos y suizos, tendiente a desagotarel embotellamiento de exhortos. González era undiplomático de carrera con tres largas décadas deexperiencia. Nunca desfalleció para que la Argen-tina se incorporara a una lucha moderna y eficazcontra la criminalidad económica y el terrorismo.Venía de dirigir la embajada en Washington conDe la Rúa, donde logró un tratado de asistenciajudicial similar al de mutuo consentimiento queno consiguió que se firmara con Suiza.4

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Anteriormente, Guillermo González ya habíasido embajador en Suiza para Menem y Duhalde,y bajo Kirchner trataba de agilizar la interlocuciónbilateral. Su voluntarismo hacía sonar la hora delos esclarecimientos y de la depuración de respon-sabilidades políticas y judiciales. Con un embaja-dor de carrera que prescindía de las chicanas pe-ronistas por ser afiliado a la UCR, y que manteníaun alto nivel de presencia en los medios de comu-nicación helvéticos, sumado a un abogado localmandatado por el Estado argentino, Suiza estabaal borde de convertirse en un campo de belicosi-dad a cielo abierto entre Kirchner y Menem. ParaBeliz la inminente refriega tenía visos de revan-cha. Como secretario de Estado de la Función Pú-blica y ministro del Interior con Menem entre 1989y 1993, había renunciado a sus funciones seña-lando la corrupción de la administración. Su cau-sa renacía con Kirchner en 2003.5

La temperatura política siguió en alza porqueBeliz trajo de Suiza más que promesas en su equi-paje. Se vino con la posibilidad de recobrar de in-mediato cinco millones de dólares maniobradospor el Banco General de Negocios (BGN), propie-dad de los hermanos Carlos Alberto y José Rohm.La quiebra —producida en enero de 2002 trasuna evasión de 200 millones de dólares en plenacrisis financiera a raíz de la caída de Fernando dela Rúa— acarreó que la juez federal María Romil-da Servini de Cubría incoara un sumario por fugay lavado de activos, y asociación ilícita para inter-mediar financieramente de forma marginal. La

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causa incluía en su carátula, además del huidopresidente, a sus ministros Christian Colombo yDomingo Felipe Cavallo. El procurador general deSuiza, Valentín Roschacher —tercer interlocutorde Beliz en Berna—, preparó sigilosamente la res-titución del dinero, guarecido en un cuenta delCredit Suisse a nombre de Carlos Félix PandoCasado, fallecido el 22 de mayo de 2003, quizáscómplice o testaferro de los Rohm, por los movi-mientos detectados en dicha cuenta, cuya heren-cia la familia tardaba en reivindicar. Acentuandola coordinación bilateral entre los dos países, ypara impedir eventuales exhortos mal hechos, se-gún creía Berna, a mediados de diciembre de 2003se acordó la visita a Buenos Aires del fiscal helvé-tico, Patrick Lamon. Consultando el expediente ensede judicial, se internó por ramales que compro-metían al Credit Suisse, inmerso en los vicios delBGN, sospechado de reconvertir capitales del nar-cotráfico y residuos de la bancarrota del BCCI deGaith Pharaon. Tal vez exhausto o intoxicado porla apabullante lectura, Lamon tuvo una grave in-disposición, debiendo ser atendido en el HospitalAlemán.6

Restablecido de su dolencia, y antes de volver,a Suiza para las Navidades de 2003, Lamon le pi-dió a Alicia López, gerente del Banco Central y,por concurso interno, promovida a la jefatura dela Unidad de Información Financiera del Ministe-rio de Justicia (UIF), que le mandara a su oficinaen Lausana una comisión rogatoria, cuyo conteni-do reflejara lo recabado en el expediente. El borra-

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dor del exhorto preparado por la jefa de la UIFabarcaba a otros dos bancos suizos, la UBS y laUnion Bancaire Privé (UBP), y a Nicolás Di Tulio,presunto testaferro argentino del Cartel de Juá-rez, quien asimismo trabajaba con la casa de cam-bios Mercado Abierto, y con un banco off-shore delCaribe que portaba las dos iniciales de la misma:MA, instituciones que el Senado de los EstadosUnidos pescara inmersas en la criminalidad eco-nómica. Pero la juez Servini de Cubría nunca diocurso al proyecto de exhorto elevado por López, yal fiscal Lamon jamás le llegó ninguna peticiónfirmada por la juez para retirar aquel tesoro decinco millones de dólares. Por consiguiente, el Mi-nisterio Público en Suiza no tuvo otra alternativaque entregarlos a los parientes del difunto, y el 12de junio de 2006 clausuró el procedimiento. Lópezse fue asqueada de la función pública, harta de lainoperancia estatal con la delincuencia económi-ca. Los hermanos Rohm, uno detenido en BuenosAires y el otro prófugo en los Estados Unidos, fue-ron eximidos de prisión y, excarcelados, otean laslejanas puertas del juicio oral.7

En tanto, Kirchner reacondicionó su agenda yviajó ulteriormente a Italia y Alemania, esquivan-do Suiza. En diciembre de 2003, su homólogo hel-vético, Pascal Couchepin, comentó su intención deir a la Argentina, donde radica la colonia de suscompatriotas más importante del Tercer Mundo.Quería llevar algún resultado que apaciguara elcontencioso por las cuentas de la tribu Menem, yque descifrara los enigmas del arrepentido iraní

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refugiado en Alemania, pero sus recados a la juezJunod, y el de sus colegas Calmy-Rey y Metzler,no vencieron la impermeabilidad. También al piede la escalerilla, el “consejero federal” suizo de-sistió de subir al avión, que en su hoja de rutaincluía un ágape en Calafate con los espososKirchner.8

De haber alzado vuelo, Couchepin quizás sehabría enterado del conflicto que oponía a la SIDEcon Beliz, autor del Plan Estratégico de Justicia ySeguridad, presentado a consideración del presi-dente el mes anterior. Como se ha dicho, Beliz pre-conizaba unificar los fueros penales en la ciudadde Buenos Aires, y quería instaurar los juicios porjurados populares para los delitos comunes másgraves, incluyendo los que afectaban a la admi-nistración pública. La arquitectura preveía el ar-mado de una agencia federal de investigaciones. Aesta “FBI argentina” se le daba rango de Subse-cretaría, dirigida por una personalidad “con títulouniversitario e idoneidad funcional y moral”, ele-gida por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Sena-do. Se la dotaba de una Dirección Nacional de In-teligencia Criminal, que vaciaba de razón de ser ala SIDE, criterios que se afirmaban con el ascen-so de civiles a puestos decisivos en la Policía Fe-deral. El megaplán de Beliz para la Justicia y Se-guridad contemplaba también la aplicación de unrégimen penal especial para menores de entre 14y 18 años, el aumento de controles en la ventade teléfonos celulares y de tenencia y portación dearmas de fuego, una limitación a las excarcelacio-

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nes y cambios en la ley de drogas, la reforma alConsejo de la Magistratura, modificaciones de laasociación ilícita y una ley para la protección detestigos.9

El bosquejo disgustaba a la SIDE, resuelta ano perder su jerarquía ministerial y a sacar prove-cho e incidir en el control y la reforma de la repre-sión interna. Entretanto, y al promediar febrerode 2004, Beliz venció las reticencias de los juecesargentinos a concurrir a Ginebra para levantar lahipoteca con la juez Junod. Tres de los siete mi-nistros del colegiado que gobierna Suiza no logra-ban trastocar un destino que parecía ineluctable.Los cinco magistrados argentinos que acaso soña-ran revertirlo, Oyarbide, Speroni, Müllen, Sustai-ta y Morin, secundados por el omnipresente abo-gado Bernasconi, tal vez creyeron en las palabrasoídas en el Palacio de Justicia de Ginebra, que nofueron labradas en acta alguna. Sin mucha pérdi-da de tiempo constatarían los escasos resultadosresumidos en el capítulo precedente. Para que re-naciera la esperanza, restaba adentrarse en labrecha abierta por Lionel Queudot, el 30 de abrilde 2004 en Berna.

A los pocos días y en una marcha contra reloj,Beliz convocó al embajador de los Estados Unidos,Lino Gutiérrez. Lo puso al tanto de las coimas conlas que Thales contaminara la banca norteameri-cana para regocijo de Menem y su cohorte. Y leinstó a una “franca colaboración”. Para sensibili-zar al personal de su delegación que diligenciaríalos exhortos que obligatoriamente debían partir

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hacia Washington, Gutiérrez aparejó una cena quetuvo ribetes de conferencia sobre los hábitos de los“jueces de la servilleta”, quienes, cuando les con-venía, hacían adrede comisiones rogatorias erráti-cas. Incluyendo a los representantes de la CIA y elFBI, un auditorio selecto fue literalmente adoctri-nado por Daniel Morin en un discurso de sobreme-sa. El fiscal anticorrupción practicó la autopsia yaseguró que esos magistrados conformaban una“trama mafiosa”, contra la que se imponía acome-ter la madre de las batallas para liberar la Argenti-na del yugo de la corrupción y la impunidad. La vi-rulencia quizás se acrecentaba porque con Thalesera indispensable contrarrestar las incongruen-cias de Jorge Urso. Inasequible al desaliento, estejuez se había negado a confrontar en Suiza su es-trategia para los exhortos. Emanaba la sensaciónde que los sometía a la ciclotimia de su tortuosoderrotero profesional, escabulléndose para no ir ala cárcel recién el 11 de septiembre de 2006, cuan-do dimitiera antes de que lo echaran, acosado pormúltiples anormalidades.10

Sin embargo, cuando Morin disertaba ante losrepresentantes de los Estados Unidos, faltabanmás de dos años para la ida de Urso. De momen-to, su jefe ministerial lidiaba con la SIDE por lasriendas de la Policía Federal. La pelea era feroz.Beliz defendía su propia depuración de la planamayor acaecida cuando asumiera, consolidadacon la expulsión del comisario Roberto Giacomi-no, a quien se le imputaran irregularidades en mi-llonarias contrataciones informáticas de la Poli-

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cía. La purificación fue ampliada en diciembre de2003 al definirse los ascensos anuales. Para co-mandar la transparencia, Beliz sostenía al comi-sario y abogado Eduardo Prados, secundado porDaniel Higinio Caruso, a quienes valoraba comoindividuos consustanciados con los valores demo-cráticos. Con esos jefes limpió de 500 oficiales ysuboficiales a la Federal, una purga sin preceden-tes. Pero Beliz también se negaba a que la SIDEdespojara a la Federal de sus posibilidades de in-tervención a lo ancho del país en los denominados“delitos complejos”, como los secuestros, el narco-tráfico, la falsificación de documentos y ciertas in-fracciones económicas. Su alternativa era otorgarese preciado monopolio de la represión interna eninfracciones tan sensibles a una Agencia Federalde Investigaciones y Seguridad Interior, vulgariza-da en tanto “FBI argentino”. Empero, hacia mayode 2004, Kirchner le tumbó el edificio. Se plegó alas recomendaciones de la SIDE y en un fin de se-mana dio de baja a veinte oficiales de la Federal,algunos con legajo impecable, por ejemplo Caru-so, como si obedeciera a un designio de debilitar aPrados frente a sus subordinados, un tiro por ele-vación contra Beliz.11

El ministro de Justicia no tuvo más remedioque aceptar la poda que le comunicara AlbertoFernández, ejecutor presidencial, quien en esosdías reconocía paradójicamente la valía del perso-nal de Beliz para misiones riesgosas. El 1° de abrilde 2004 le mutilaría su equipo, amputándole aPablo Lanusse, quien se ocupó de la intervención

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de la provincia de Santiago del Estero, devastadapor el régimen de los Juárez. Ex fiscal federal, La-nusse era secretario de Justicia y Asuntos Peni-tenciarios del ministerio, y su delegado ante lasestructuras internacionales contra el lavado dedinero. Debido a esto último, fue inicialmente res-ponsable de las gestiones en Suiza, siendo reem-plazado por el historiador Roberto Azaretto, ase-sor particular de Beliz para asuntos especiales.Con todo, el joven ministro seguía irritando a másde uno. La estampa de peronista conservador, li-derando una corriente de raigambre nacionalista,democrática y popular, pero automarginada deljusticialismo, producía escozor en algunos guar-dianes de la mística revolucionaria de los años 70.“No me importa que sean honestos e incorrupti-bles, son de derecha”, vomitaba un ministro sincartera de Néstor Kirchner.12

Fue en ese contexto que el 15 de junio de2004 Morin se presentó en el sumario de Thales ytrasmitió a Urso las confesiones de Queudot. Elmamotreto había llegado por valija diplomática,para que pudiera entrar legalmente en la causa.El fiscal anticorrupción descerrajó un escrito de25 páginas y 8 anexos documentales. Puso a dis-posición del juzgado el muestrario de las pruebascondensadas en el inicio de este libro, y solicitólas medidas desparramadas en su tercer capítulo.Legitimó su actuación para acercar a Queudot altribunal y rindió homenaje a los periodistas quevenían contribuyendo para clarificar el soborno.Disecó los testimonios y las constancias compila-

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das en Berna por el embajador González y la cón-sul Berta de Alberto, aportó fotocopia del asenta-miento de la compañía Finego en el Registro deComercio de Ginebra, y tradujo al relato los orga-nigramas societarios y el flujo del soborno.13

Convino que el firmamento de la coima lo re-corría una bandada de franceses, en cuya van-guardia se parapetaban Jean Nicolas Marie Jo-seph Rostan d’Ancezune, Guillaume EmmanuelJean Marie Dehollain y Philippe Jacques Saigne.Esas aves peregrinas habían sido presuntamenteorientadas por el lobbista argentino Jorge Neuss.El derrotero fecundaba en una conexión porteña,preñada de móviles que impregnaban el directoriolocal de Thales, con el ariete de Juan Carlos Cas-sagne, presidente de TSA. El fiscal anticorrupciónenumeró las cuatro cuentas estadounidenses,puerto de transito de las dadivas por veinticincomillones de dólares, al igual que una quinta cuen-ta de Jorge Neuss en París. Y adjuntó una sexta,arriada del programa televisivo de Canal 9 y pre-sente en el tercer capítulo de este libro, cuyashuellas iban también a los Estados Unidos. Morincompelía a que Urso le abriera las compuertas auna cascada de exhortos para obtener los titula-res y los movimientos de las cuentas en los Esta-dos Unidos y Francia, y los pormenores de laspantallas societarias en Irlanda, Uruguay, IslasVírgenes y Holanda. Urso se enfermó de retrasosy las comisiones rogatorias cayeron en una celadaburocrática. El compás de espera fue propiciopara que se dictaran sobreseimientos, en particu-

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lar a los cuatro imputados argentinos: Neuss, Ua-nini, Catalán y, sobre todo, a Juan Carlos Cassag-ne, eslabón probablemente fortuito entre Menem yKirchner.14

En ese intervalo, Beliz sintió agravarse los pro-blemas que enloquecían el sistema informático desu ministerio. Las interferencias de sus teléfonosse encadenaban con la interrupción de los corre-os electrónicos, robo de documentos de las com-putadoras, cortes y apagones inexplicables. En laOficina Anticorrupción, Daniel Morin sufría otrotanto. Al cierre de 2003, Sergio Acevedo, de mere-cido prestigio como diputado nacional por PicoTruncado, se eclipsó como Señor 5 en la SIDE, pa-ra ocupar el sillón tronal dejado vacante por Nés-tor Kirchner en Santa Cruz. Hizo el enroque conHéctor Icazuriaga, alias Papa Noel (porque es “bue-no pero no existe”), es decir, delegaba el poder ensu adjunto, Francisco Paco Larcher, el Señor 8 enel lunfardo de la Secretaría de Inteligencia de Es-tado (SIDE). Sabiendo quien era formalmente suinterlocutor, Beliz puso su descontento en negrosobre blanco y le mandó una carta a Larcher, dan-do por probado que sus lugartenientes lo acosa-ban. Le escribió: “Ustedes están para investigardelincuentes, no para cobijarlos”. Kirchner debiósentir que era el real destinatario de la misivaporque acusó recibo a los pocos minutos levan-tando furioso el teléfono. La brevedad del diálogocon Beliz quizás marcó el principio del fin. “¡Cómohiciste eso! ¿Y lo dejaste asentado por escrito?” Larecriminación fue resistida. Del otro lado de la lí-

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nea, el presidente escuchó: “Te venden que tienenla última información de todo, pero nunca te olvi-des de que estos alcahuetes que tenés hoy te vana pinchar los teléfonos a vos el día de mañana pa-ra extorsionarte”. Kirchner contemporizó: “Deja-me a mí, quedate tranquilo que yo me encargo deltema”.15

Desde noviembre de 2003 se sucedían lasreuniones en Olivos para ajustar detalles del me-gaplán trienal de Justicia y Seguridad trazado porBeliz. Compuesto por 17 proyectos de ley y 40 me-didas administrativas, y encaminado a brindar“mayor transparencia, eficacia y responsabilidadsocial al ámbito policial”, recién se lo anunció el19 de abril de 2004, para salir al cruce de las mo-vilizaciones del ingeniero Juan Carlos Blumberg,que llenara la Plaza del Congreso reclamando“mano dura” contra el delito, “orden y disciplina”.El forcejeo para redefinir los estatutos de la Poli-cía Federal y de la SIDE crispaba el debate. Elplan redoblaba la vigilancia de la función públicaen tareas de impacto militar, más allá de las com-petencias de quienes vestían uniformes. La corpo-ración se estremecía porque Beliz impulsaba unaAdministración Civil de las Fuerzas de Seguridad,poniendo sus licitaciones bajo la órbita de alguienno uniformado. Las deliberaciones se complicabandebido a que el ministro arremetía paralelamentecontra el blindaje de los “jueces de la servilleta”.Quería diluir en 57 magistrados de un fuero gene-ral para Buenos Aires a esos “inescrupulosos quese alinearon de modo funcional a la entrega y co-

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rrupción que campearon en el gobierno menemis-ta”, según la definición acuñada por el periodistaMario Wainfeld en Página/12. El saneamiento eli-minaba la competencia electoral del Juzgado Fe-deral Nº 1, en manos de María Romilda Servini deCubría, porque “la falta de transparencia en el fi-nanciamiento de los partidos políticos y sus actoselectorales” era uno de los aspectos “que explicala proliferación del delito común en la Argentina”.Por añadidura, Beliz cargaba también contra losfiscales. Pretendía aplicarles un cerrojo de doblecontrol ciudadano, imponiéndoles reválidas cadacinco años para que rindieran cuentas de su des-empeño a organismos con presencia de la socie-dad civil, y una descentralización barrial que lossacara de los palacios de Justicia y los pusieradelante de la gente con sus necesidades y proble-mas cotidianos.16

El incidente telefónico con Kirchner no habíaresuelto nada y Beliz decidió sincerarse totalmen-te. Le pidió una reunión cara a cara, pero el presi-dente lo recibió en Olivos junto a su mujer, la se-nadora Cristina Fernández, y su jefe de gabinete,Alberto Fernández. Beliz personalizó en HoracioAntonio Stiuso, director general de operaciones dela SIDE, la campaña en perjuicio de su programaministerial anticorrupción. Pintó un alma que in-fundía misterio, alias Jaime, de profesión ingenie-ro, un individuo al que se solía apodar Aldo Stiles.El ministro recordó a la audiencia el poder omní-modo de Stiuso cuando la SIDE investigara alcandidato presidencial Néstor Kirchner, hecho co-

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nocido tras una denuncia de la propia Cristina.Beliz acusó a ese “Jaime” de conducirse en tantojefe de Estado paralelo e instigar una conspira-ción para aniquilarlo políticamente. Le atribuyóvoracidad por la Policía Federal y apetito por lassubvenciones de la DEA para combatir el narco-tráfico. Trajo a colación que fuentes periodísticasle adjudicaban métodos clandestinos aberrantespara espiar y chantajear a quien se le antojara, enalianza con el sinuoso comisario antinarcóticos dela bonaerense Mario Naldi, y “con lo peor” del des-echo dictatorial. Puso en evidencia que los pro-pios familiares de las víctimas del atentado contrala AMIA le habían dicho al presidente en la CasaRosada, refiriéndose a Stiuso, que “no confiamosen que ese hombre que ensució la causa AMIApueda contribuir a esclarecerla”. Inclusive, Belizsospechaba que Stiuso acaparaba divisas en uncoto personal fuera del país, birladas de partidasoficiales. “Estamos revisando uno por uno legajosy el patrimonio de los policías, gendarmes y pre-fectos, lo cual está muy bien, y ni siquiera sa-bemos cómo se llaman realmente y cuánta platatienen tipos como éste”. Cristina saltó de la sillae increpó a su marido: “¡Te dije, Néstor!”. Pero larespuesta de Kirchner volvió a ser: “Dejalo queeso lo controlo yo”.17

En el ajedrez cuyas piezas movía el presiden-te, algunos jueces federales embarraban el table-ro. Tenían sus bazas y le pondrían a prueba elapotegma de que, para aferrar el manubrio de laNación, no hacía falta dejar “valores y conviccio-

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nes en la puerta de entrada de la Casa Rosada”.Entre los meses de mayo y junio de 2004, mien-tras Daniel Morin redactaba su acusación contraThales, dos denuncias arribaron a los juzgados fe-derales de Buenos Aires que pretendía regenerarBeliz. Las dos apuntaban a Kirchner. La primerarecayó en el incombustible Jorge Urso. Venía pro-movida por los abogados, Juan Carlos Iglesias,simpatizante de la UCR, y el peronista Juan Ga-briel Labaké. Planteaban “apología del crimen,defraudación contra la administración pública,abuso de autoridad, violación de los deberes defuncionario público y malversación de caudalespúblicos”. La sugestión debatía el uso que el go-bierno provincial de Santa Cruz “hizo de los másde quinientos millones de dólares que la Nación leconcedió por regalías petroleras mal liquidadas”,un desembolso acontecido en 1993, dineral inver-tido por el entonces gobernador Kirchner en el ex-terior, un laberinto con terminal en el Credit Suis-se de Zurich. La segunda denuncia fue a parar adominios del inmutable Juan José Galeano. Lapatrocinaba el abogado Iglesias, quien barruntabaenriquecimiento ilícito sobre el patrimonio del ma-trimonio presidencial, poniendo bajo la lupa unconglomerado de bienes inmuebles en la Patago-nia y Buenos Aires, automóviles y depósitos ban-carios en el país y en el extranjero, cuya contabi-lidad no es fácil desencriptar aún hoy, cotejandolos libros y los artículos que se han escrito. Lo im-portante no debió ser a cuánto podía ascender lafortuna, multiplicada por cinco en ocho años, sino

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el pedido de que la Justicia escrutara las declara-ciones juradas de los esposos, compulsara regis-tros de propiedad y ordenara peritajes. Aunque sefuera presidente o senadora, eran evidentes losriesgos de no salir indemnes: la discrecionalidaddel juez suele ser imprevisible y nadie está exentode un error u omisión.18

En esas horas cruciales, Beliz tendría inespe-radas noticias de otro juez federal, María Servinide Cubría, pero por boca de Alberto Fernández,jefe del gabinete presidencial. La instructora de lahecatombe del Banco General de Negocios tuteabaal primus inter pares de los ministros. El trato erade infinita confianza. Ella lo había ido a ver discre-tamente a la Casa Rosada para encomendarle quese reuniera en secreto con el pleno de los jueces fe-derales de Buenos Aires, hostiles a los planes deBeliz. “¿Que hiciste? Están que trinan”, le repro-chó sin tardar Fernández a Beliz por teléfono, lue-go de verse de incógnito con Servini de Cubría.“Duhalde y Solá también... ”, machacó. Quien vo-ciferaba así no podía ser indiferente a los interesesde los dos bandos que cohabitaban en el gobiernopues Fernández, de recaudador en la campañaelectoral de Duhalde, se había reciclado en igualcometido para Kirchner. La mensajera había sidocuidadosamente elegida. Funcionaria con autori-dad electoral, Servini de Cubría arbitraba en cues-tiones internas del peronismo, y entre su personalalistaba a la hija abogada del inconfundible Stiu-so. Beliz tenía a la magistrada en la mira. Su refor-ma judicial pregonaba sacarle jurisdicción electo-

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ral, en el marco de fundir a los 12 jueces federalesporteños en un fuero global de 57 jueces para laCapital del país, y juzgar los delitos contra la ad-ministración pública por jurados populares, con-trarrestando así toda perspectiva de arreglo im-puesto por el poder político. Hipotéticamente, eldilema de fondo podía encuadrárselo en una extor-sión. No era descabellado imaginar que si se avan-zaba en atropellar a la jurisdicción federal, even-tualmente progresarían las denuncias electoralescontra el peronismo y el gobierno de Kirchner. Elprecedente no estaba exento de envenenar las cua-renta causas por corrupción que se le habían idoconformando al gobierno, y seguramente por esoel plan Beliz no terminaba de convencer a Kirch-ner. El jefe del Estado razonaba bruscamente:“Prefiero doce delincuentes a los que les cuento lascostillas, que más de cuarenta que ni sé cómo sellaman”. En ese mar agitado navegaban los dossumarios que intranquilizaban a la pareja guber-namental. Entonces, el presidente optó. Dos añosmás tarde, Servini de Cubría enterró las denun-cias por el financiamiento de la campaña electoralde Kirchner en 2003, cuyo tesorero fuera AlbertoFernández. El Ministerio Público no apeló.19

El 22 de julio de 2004, el comisario Prados fueexonerado. Lo reemplazó Néstor Jorge Vallecca, aquien la agrupación HIJOS le reprochara haberreprimido en septiembre de 1998 una manifesta-ción estudiantil contra el represor Miguel Etche-colatz, incidente sin esclarecer totalmente. El sá-bado siguiente lo voltearon a Beliz, quien declamó

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su testamento político, reiterando ante las cáma-ras de televisión lo que les recitara a los Kirchnery a Alberto Fernández en Olivos. “Y yo me creíesto de la lucha contra la corrupción”, se repro-chó por lo bajo, divulgando por lo alto que, a los42 años, abandonaba la política para siempre. “AKirchner no le interesa la seguridad”, aseveró elsecretario de Seguridad, Norberto Quantín, en suacongojada renuncia. Corolario: se desestimaronlas 21 iniciativas del plan trienal de Seguridad yJusticia, y fue desactivado el “FBI autóctono”, quepreveía como correlato traspasar las comisaríasfederales de la capital a la ciudad autónoma deBuenos Aires. La Policía Federal paró la limpieza.Su jefatura se salvó de ceder al Ministerio de Jus-ticia el nombramiento de los jefes de las 53 co-misarías de Buenos Aires. Rindieron espacio a laSIDE para que siguiera introduciéndose subrepti-ciamente en la represión de los “delitos comple-jos”, dejándole la puerta abierta para que se aven-turara en los secuestros extorsivos contra pago derescate y en la vigilancia de personas sin controljudicial. El mensaje del poder civil al policial pudohaber sido: “Ustedes manejen la caja pero no ha-gan lío... y repartan”.20

Sin parábolas, triunfó la idea que era “incons-titucional” la unificación de fueros porteños, ven-ciendo a la utopía de expurgar la piscina dondeflotaban los “jueces de la servilleta”. Quedó en le-tra muerta el requerimiento de enjuiciamiento ydestitución para dos de los intocables de la jus-ticia federal, Gabriel Cavallo y Jorge Ballestero,

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56 páginas que iban a ser presentadas la semanaentrante al Consejo de la Magistratura por susactuaciones en el caso Blumberg. Un borrador deacusación contra Gabriel Cavallo por su instruc-ción penal en las coimas del Senado, y su ascen-so a camarista, se asfixió en los estantes de laOficina Anticorrupción (OA). También zozobró lacausa contra ese mismo Cavallo, cuestionado porel tribunal oral que juzgara la voladura de laAMIA, debido al sobreseimiento que dictara en1997 en favor del juez instructor del atentado,Juan José Galeano, destituido por haber cons-truido una hipótesis falsa de la explosión de lamutual judía. La medida absolutoria por aquelladecisión de Cavallo fue dictada por el juez DanielRafecas el 15 de diciembre de 2004. El MinisterioPúblico no apeló pese a la existencia “de una tra-ma de falsedades que afectó de lleno al procesoque instruyó el magistrado”, como lo reconocierala Cámara Nacional de Apelaciones. En un fallodel 29 de junio de 2007, declaró nula la inocenciade Galeano que firmara Cavallo en 1997 por “cosajuzgada írrita”, debido a “vicios formales y sustan-ciales que, como mínimo, hacen al error judicial,generando una solución viciada a la que se pre-tendió dar apariencia de legitimidad”. Tesitura con-descendiente perfilaría el gobierno para con sucolega Claudio Bonadío, puesto en aprietos en elConsejo de la Magistratura por derivaciones delas irregularidades de la causa AMIA.21

Kirchner se desprendió de Beliz porque era“muy conflictivo y todos los quilombos me rebotan

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acá todo el tiempo”, inconfundible mensaje parael sucesor Rosatti. Alberto Fernández forzó la re-nuncia de Prados y precipitó a Quantín y Beliz enla hoguera de los medios de comunicación. Ha-bían cumplido las consignas presidenciales de noreprimir desmanes alentados por provocadores su-puestamente no identificados, pero se hizo creer ala opinión pública que desobedecieron a Kirchner,cuando fue al revés. La piedra de la discordia ha-bía sido arrojada el 16 de julio precedente, cuan-do la protesta de unos 300 vendedores ambulan-tes, taxistas, prostitutas y travestis contra losdebates realizados en el parlamento de la ciudadde Buenos Aires para modificar el Código de Con-vivencia en ciertas zonas de la Capital, degeneróabruptamente en disturbios frente al edificio de lalegislatura porteña. La desproporcionada acome-tida duró cuatro horas. Hubo vidrios rotos a cas-cotazos, el incendio de las puertas en la fachadadel recinto, rotura de muebles y computadoras.En el desquicio del casco céntrico, el periodistaGerardo Young, biógrafo inmisericorde de Stiuso,recabó la presencia de “extraños muchachos”, pro-bablemente “agentes de la SIDE infiltrados paraarmar quilombo”.22

El 16 de septiembre de 2004, el presidenteKirchner subió al Senado los pliegos para cubrirtres años de vacíos en la justicia federal porteña.Al mes siguiente fueron entronizados cuatro nue-vos jueces. Dos de ellos interesan a este relato.Guillermo Tristán Montenegro asumió el JuzgadoNº 7, que subrogaba Urso, domicilio del sumario

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Thales, y de la causa por el botín petrolero de lagobernación de Santa Cruz, abovedado en el Cre-dit Suisse de Zurich. A Julián Daniel Ercolini letocó el Juzgado Nº 10 que substituía Galeano,lupa del supuesto enriquecimiento ilícito de losKirchner. Urso dejó por herencia una comisión ro-gatoria notificada a Suiza en septiembre 2004,cuya ejecución quedó en suspenso. Berna admitióque era posible proceder contra Kirchner por pre-sunta gestión desleal de fondos públicos, pero ne-cesitaba antes que una autoridad competente enBuenos Aires se pronunciara sobre las inmunida-des que gozan los jefes de Estado, de sinfonía enla ley argentina. Montenegro no contestó porquemiraba para Santa Cruz. Interpretó que los fon-dos en cuestión no eran federales, sino provincia-les, y se desligó del procedimiento. A principios dejunio de 2005, en los tribunales de Río Gallegos letocó sobreseer al juez Santiago María Lozada,concubino de Romina Mercado, sobrina de Kirch-ner, y la Corte Suprema de la Nación se declaróincompetente para revisar el sobreseimiento. Er-colini encaró algo semejante, aunque las casuali-dades pudieron ser trágicas. El fiscal EduardoTaiano formuló su requerimiento de instrucciónpidiendo los temibles controles de costumbre, pe-ro “el único análisis global sobre el patrimonio deNéstor y Cristina Kirchner lo realizó el contadorpuesto por el matrimonio”, narran los periodistasPablo Abiad y Mariano Thieberger, en su exhaus-tivo volumen sobre la Justicia a medida de losKirchner, libro aparecido hace tres años. Sin ese

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peritaje esencial, la resolución de sobreseimientofue dictada por Ercolini el 23 de marzo de 2005.Tal vez el fiscal Taiano sopesaba recurrir, pero eldía indicado para que desenvainara la estilográfi-ca con que debía firmar, su hijo de 17 años fueblanco de un secuestro exprés. Al chico lo rapta-ron por unas horas. El padre no apeló.23

Deslavados en tribunales, no se apaciguan losinterrogantes que socavan la fortuna bicéfala delos Kirchner. El 31 de diciembre de 2003, el Tri-bunal de Cuentas de Santa Cruz “certificó” alflamante gobernador, Sergio Acevedo, que los “lí-quidos disponibles” colocados fuera del país as-cendían a 507.420.707,21 dólares estadouniden-ses. El 1° de agosto de 2005, Acevedo prescribiósu restitución a la provincia, la cual recién finali-zó con el segundo de sus sucesores, Daniel Peral-ta. Pero lo devuelto ascendió a 390 millones dedólares, quedando sin saberse adónde fue a pararla diferencia. El 25 de marzo de 2008, ese saldode 390 millones de dólares retornó a Buenos Airesvía Basilea, para zafar de una demanda de confis-cación de la Justicia de los Estados Unidos, quebuscaba resarcirse de pasivos del Estado argen-tino relativos a sumas impagas de la deuda ex-terna, de los cuales sólo 320 de esos millones seacreditaron en una cuenta de la Sucursal Plazade Mayo del Banco de la Nación en Buenos Aires.Nunca se supo la cantidad inicial que se giró alextranjero, del total sufragado por el Ministerio deEconomía nacional quince años atrás al goberna-dor Kirchner en calidad de regalías mal liquidadas

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a la provincia de Santa Cruz. Se desconoce la fe-cha de salida del país de ese dinero y cuál fue elitinerario exacto del capital, que habría partidohacia el Morgan Stanley de Nueva York, bifurcan-do luego a Luxemburgo y la Confederación Helvé-tica, confluyendo en el Credit Suisse de Zurich.Tampoco se han identificado fehacientemente losagentes financieros que mediaron en el extensorecorrido de la inversión y sus emolumentos, y lascomisiones que suelen deducir tanto el banquerocomo el cliente. Menos aún el rendimiento del ca-pital, que debió duplicarse en diez años a unatasa normal del 6% o 7% anual, y si los interesespudieron derivar, total o parcialmente, a otrascuentas. En la documentación ventilada por laprensa surge que al menos uno de los gestores dela operación fue Aldo Luis Ducler, ex secretario dePlaneamiento y de Hacienda de la dictadura mi-litar 1976-1983, tenido por dueño de MercadoAbierto, una red para bancaria retratada en el in-forme de 2001 del Senado de los Estados Unidos,acusada por blanqueo de dinero atribuido a losnarcotraficantes del Cartel de Juárez, y mencio-nada en la bancarrota del Banco General de Nego-cios (BGN). Ciertos reportes bancarios sobre laevolución de la operación iban dirigidos a las ofi-cinas de Ducler en el 415 de la avenida Corrientesde Buenos Aires. Otros llegaron al despacho por-teño de Juan Carlos Cassagne, uno de los ideólo-gos de las privatizaciones con Carlos Menem, lue-go integrante de los directorios de algunas de lasempresas privatizadas. En los trajines de las coi-

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mas que motivan este libro, Cassagne fue alum-brado hace dos capítulos, titilando en la conduc-ción de Thales. Se vio que en 2004 lo desprocesóel juez Urso, pero al año siguiente la Cámara Fe-deral de Buenos revocó la absolución. Ese dicta-men le dio impulso al sucesor de Urso en el Tribu-nal Federal Nº 7, Guillermo Montenegro, quienrenunció en septiembre de 2007, y no se pronun-ció si Cassagne debía ser inculpado o sobreseído,o si podía gozar de una falta de mérito. Tuvo queresolver nuevamente la Cámara Federal de Bue-nos Aires en diciembre de 2008 para confirmar suprocesamiento. Los antecedentes de Ducler nadansilentes en aquel informe del Senado estadouni-dense, vulgarizado como las “cajas” que tuvierabajo custodia la diputada Elisa Carrió, monumen-tal documentación archivada sin consecuenciaspolíticas ni judiciales. Quizás Kirchner supo queBeliz acariciaba la idea de reabrir esas “cajas” yvaya a saber si también por eso lo mandó eyectardel gobierno.24

La defenestración del ministro de Justicia, Se-guridad y Derechos Humanos dejó un campo deruinas. En agosto de 2004 Daniel Morin rumiababronca y desolación. Una circular interna de suministerio lo alertaba de que Urso hacía mal lascomisiones rogatorias por Thales. Y acaso sin que-rer, Beliz venía de ponerlo en evidencia con su des-pedida televisiva. Enarbolando la foto de Stiuso,se había explayado sobre los contornos de un agu-jero de cien millones de pesos escurridos por laSIDE. Descontando sus convicciones personales,

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si Morin no salía a respaldarlo con una presenta-ción en tribunales, se derrumbaba su credibilidadcomo fiscal anticorrupción, funcionario del PoderEjecutivo obligado a denunciar cualquier ilícitoconcerniente un organismo de Estado. El 24 deseptiembre de 2004 percutió la última municiónque le quedaba del arsenal almacenado junto aBeliz. Desvistió un mecanismo de diez años de an-tigüedad, mediante el cual los gobiernos de turnoiban reorientando partidas de dinero asignadas adiferentes ministerios para que desembocaran enla SIDE por vía de créditos presupuestarios. Losagazapaban como “fondos reservados”, cuyos fi-nes permanecían en las sombras. Por las cañeríasde resoluciones administrativas y decretos confi-denciales de la Presidencia, se abultaba de formasombría el presupuesto de la SIDE. Incluso, Mo-rin desenfundó decisiones de Kirchner completan-do con cien millones de pesos el presupuesto de laSIDE para 2003. Gracias a un mecanismo de rea-signación de partidas presupuestarias, y del se-creto de las leyes regulatorias de los gastos, laSIDE había servido para lavar dinero y corromper.Amparada en lo impenetrable de su labor y en lainconsistencia de las capacidades institucionalesde las instancias de control externo e interno, laSIDE sobornaba legisladores, pagaba sobresueldosa funcionarios, financiaba irregularmente cam-pañas políticas, y compraba testigos y periodis-tas, convirtiéndose en un banco virtual que reci-claba dinero para delinquir. En procura de acabarcon esa maquinaria de gastos ilegales, Morin pro-

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puso la publicación de las medidas secretas y larevelación de los funcionarios involucrados. Fas-tidió a Alberto Fernández, quien se complació alverlo irse a los tribunales orales de Buenos Aires,el 16 de diciembre de 2004.25

Los ecos de tantos enjuagues no debieron lle-gar a los oídos de la ministra de exteriores suiza,Micheline Calmy-Rey. El 28 de febrero de 2005fue acogida por su homólogo argentino, Rafael Biel-sa. En los amplios salones del piso 13 de la Can-cillería en Buenos Aires, hablaron esencialmentede negocios, omitiendo a dignatarios argentinoscomo Menem y Kirchner, fileteados en la bancahelvética. El 15 de marzo de 2006, de forma “in-declinable”, Sergio Acevedo renunció a la gober-nación de Santa Cruz. No lo hizo por las repercu-siones de los fondos provinciales errantes en elexterior. Las presuntas irregularidades eran ante-riores a la fecha en que él asumiera y correspon-día a Kirchner desmadejarlas. Acevedo se respon-sabilizaba por la suma que le notificó el Tribunalde Cuentas de la Provincia. Decretó que esos másde quinientos millones de dólares quedaran ofi-cialmente a recaudo en una cuenta del Banco deSanta Cruz en el Credit Suisse de Zurich, y enca-ró su repatriación e inversión en capitalizar unacementera, y comprando bonos extranjeros y na-cionales. Pero esas medidas fueron difuminadaspor sus sucesores, que no hicieron nada visiblepara despegarse de Kirchner, quien las tornó aunmás efímeras afirmando en 2007, y sin pruebas,que el dinero había retornado a la provincia. Co-

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mo se ha dicho, la operación de repatriación seconcretó casi un año más tarde, forzada por unademanda de confiscación lanzada por la justiciaestadounidense: de los 529 millones de dólarescontabilizados en 2006, el saldo existente en 2008alcanzaba sólo 390 millones de dólares, pero laJusticia archivó el expediente. Entre tanto, Aceve-do dejó dicho que se iba por “razones estrictamen-te personales”, un eufemismo para no quedar pri-sionero en la “asociación ilícita de las coimas porlos contratos de obras públicas con el Estado”,frase que se le atribuye y que abrevia el motivopor el que realmente se habría ido. Su tesis ha si-do convalidada por el caso Skanska, el pago decomisiones ocultas de la multinacional sueca apersoneros al amparo del gobierno, en vista delcontrato por ampliaciones de un gasoducto enDeán Funes, Córdoba, un modelo clonado porotras doce empresas constructoras en otras tan-tas obras estatales. Fulvio Madaro, quien fuerainstalado por Kirchner como interventor de la CNCpara reestatizar Thales, fue reconducido en juniode 2004 a Enargas, el ente nacional regularizadordel gas, para ser expulsado del gobierno por lascoimas de Skanska. Casualmente responsabili-zado del sumario por ese nuevo cohecho, el juezGuillermo Montenegro le imprimió una lenta mar-cha a la causa. El 28 de septiembre de 2007, sindefinir inculpaciones, abnegó de la magistraturapara ser ministro de Seguridad y Justicia del go-bierno de la ciudad de Buenos Aires. Abandonó lacarrera judicial por “un área en la que carece de

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experiencia en una ciudad que no cuenta con po-licía propia”. Restringida “a los funcionarios me-nos importantes”, la investigación de Skanska que-dó retrasada, según el libro del periodista PabloAbiad oportunamente citado. Esa demora podríaconectársela con la de Thales, sabiendo que setrata del mismo juez, cuyo llamado a indagatoriadel ex presidente Menem, resuelto en enero de2006, se concretó recién un año y medio después,una vez que Montenegro, súbitamente, dejara lostribunales.26

La justicia federal de Buenos Aires, que Gus-tavo Beliz quisiera adecentar, lo ha procesado porviolar secretos “políticos y militares”, al haber mos-trado en televisión, cuando renunciara, el rostrode Antonio “Jaime” Stiuso, monje negro de la SIDE.El disparate de embargarle bienes y pedir seisaños de cárcel se contradice con el decreto del Po-der Ejecutivo firmado por Kirchner y Beliz en oc-tubre de 2003, relevando a Stiuso de la inmuni-dad de su función, para que compareciera comotestigo en el juicio oral de la AMIA. Las audienciasse realizaron sin ningún tipo de restricción para elacceso del público y tuvieron una amplia difusiónen los medios de comunicación. El anonimato deStiuso se fue apagando al calor de profusas inves-tigaciones periodísticas de los últimos lustros. Suprestigio se ha descoyunturado con la filmaciónde videos extorsivos, amenazas, irregularidadesen la causa AMIA, denuncias de torturas contratestigos, pinchaduras telefónicas y sospechas demezclarse con el narcotráfico. La foja de servicios

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enrama con la dictadura militar, pero no ha deja-do de cautivar a los Kirchner, que lo reafirmaranen la cúspide de la SIDE pese al discurso reivindi-cador de los derechos humanos que promueve elgobierno matrimonial.27

De una segunda inculpación penal, Beliz salióabsuelto, pero es propicio reasignarle actualidad.Se debió a que, en septiembre de 2003, resignaracriminalizar la protesta social, y no enviara tropasde Gendarmería a Neuquén para reprimir una ma-nifestación de docentes. Movilizaciones de esa cla-se en dicha provincia, se cobrarían la vida delmaestro de secundaria Carlos Fuentealba, asesi-nado por la policía en abril de 2007. Expulsado ala calle por arriesgarse con Beliz a sanear esasmalditas policías, el ex jefe de la Policía Federalcomisario Prados camina disfrazado de otro, paraevitar que los disgustados camaradas de armastramen una venganza. “Ustedes despertaron a lamafia más grande que tiene este país, la de la Fe-deral”, había profetizado cuando Beliz y su equipodecidieron barrer la escoria policial y judicial. Elazaroso Stiuso se reconvirtió en alter ego de losKirchner en la SIDE y en mayo de 2007 querellópor calumnias e injurias a Beliz por haber exhibi-do la famosa foto en la televisión, un sumario quefue a parar al juzgado de Servini de Cubría, conquien precisamente trabaja Silvia Natalia, la hijade Stiuso. El largo brazo del superespía llegó alValijagate, los 800 mil dólares aparentemente pro-vistos desde el gobierno venezolano de Hugo Chá-vez, que habrían sido enviados desde Caracas pa-

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ra financiar la campaña presidencial de CristinaKirchner. Fue precisamente con Stiuso que se co-municó el presuroso Uberti, evocado al principiode este capítulo, minutos después de que se le es-capara de control el maletín con los 800 mil petro-dólares venezolanos. Su defensa judicial recayóen el estudio jurídico de Darío Richarte, ex núme-ro 2 de la SIDE durante la presidencia de Fernan-do de la Rúa, ni que el mundo fuera un pañuelo.28

El 30 de noviembre de 2005, al concluir sumandato de jefa por concurso interno en el BancoCentral para dirigir la Unidad de Información Fi-nanciera del Ministerio de Justicia (UIF), Alicia Ló-pez no quiso renovarlo, sin duda escaldada por eldesperdicio de la oportunidad para rescatar losfondos suizos del Banco General de Negocios (BGN).Acusó “cansancio moral” por la falta de apoyo ofi-cial a su labor para luchar contra el lavado de di-nero. La juez Servini de Cubría incitó dos causaspenales federales, que fueron a parar a los juzga-dos de Jorge Ballestero y Julián Ercolini. Le recri-minaron a López encubrimiento a raíz de sus críti-cas al gobierno, e incompatibilidad con la funciónpública al postularse para capacitar funcionarios,tareas docentes y académicas que debían llevarsea cabo durante la gestión de Gustavo Beliz. Pese aque los fiscales no vieron delitos, Ballestero espe-ró hasta fines de 2007 para archivar las causas,en tanto que Ercolini mantiene abierto el sumario.El 20 de noviembre de 2006, se hizo pública unareunión del embajador de los Estados Unidos en laArgentina, John Earl Anthony Wayne, con Alberto

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Iribarne, entonces ministro de Justicia, inoxidablepor haber servido en funciones de gran responsa-bilidad tanto a Menem como a Kirchner. El comu-nicado difundió la satisfacción por “el nivel decooperación alcanzado en una amplia gama de te-mas”, pero desestimó las cuentas de Nueva York yFiladelfia, ómnibus de los sobornos por la privati-zación del espacio radioeléctrico argentino.29

El 28 de septiembre de 2007, los tribunalesde Buenos Aires anunciaron el envió a juicio oral dela causa por el ocultamiento de ciertos bienes deMenem al fisco, donde perdura en ausencia sucuenta de Ginebra, según lo observado en el ca-pítulo anterior. “¿Qué cuenta? No hay ningunacuenta mía en Suiza. Fue un invento. Fueron aSuiza (Gustavo) Beliz y el juez (Norberto) Oyarbidey no había nada”, exclamó Menem preanuncian-do su defensa. La fecha de la vista es todavía in-cierta porque en mayo de 2008 la Oficina Antico-rrupción (OA) planteó volver a hacer un exhorto aGinebra reclamando dicha cuenta, esencial parasolventar el proceso. El 12 de noviembre de 2008,el Tribunal Oral hizo lugar a la demanda, y ordenóenviar comisiones rogatorias a Suiza, por Menem,y a Liechtenstein, para verificar la titularidad deRamón Hernández en la sociedad de su cuenta enZurich. Pródiga en sorpresas, la suerte pudo habertomado un camino menos explícito, si el senadorMenem hubiera aceptado la propuesta que le ha-bría hecho llegar Kirchner. A cambio de lograr fre-nar las causas judiciales en su contra, se le pedíael voto que le faltaba al gobierno para hacer apro-

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bar en el Congreso las retenciones agropecuarias.Fue el 17 de julio de 2008 y Menem rechazó elofrecimiento porque no lo creyó realizable. Estro-peó el intento de la presidenta Cristina de subirlos impuestos a las exportaciones agrícolas, y así,todo siguió como antes. Incrustadas en la bancahelvética, las efigies de Menem y Kirchner, al igualque las coimas que dispararan este libro, se hanenmohecido por la impunidad y el olvido.30

NOTAS

1 Cable de Ginebra de la agencia France Presse del 19 deseptiembre de 2003. Fuente diplomática argentina que solici-tó el anonimato. El 12 de diciembre de 2007, Pascal Couche-pin fue reelegido Consejero Federal de Suiza por cuatro años,y presidió la Confederación Helvética en 2008 (Le Temps, Gi-nebra, 3 de enero de 2008).

2 Clarín, Buenos Aires, El País, Madrid, 26 de mayo de2003. Libro de Abiad y Thieberger antes citado y testimonioconfidencial de una fuente del Poder Ejecutivo que requirió elanonimato. La Nación 8, 9, 10, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 29, 30 y31 de agosto, 13, 14, 15, 16 y 30 de diciembre de 2007, 11 demayo, 11 de septiembre y 6 de diciembre de 2008. Página/12,23 de diciembre de 2007 y 13 de septiembre, Clarín, 24 de di-ciembre de 2007, 24 de mayo, 12 y 27 de noviembre, 7 y 24 dediciembre de 2008, Perfil, 6 de diciembre de 2008.

3 Testimonio confidencial de la fuente del Poder Ejecutivoantes citada e información especial para este libro sobre laSIDE del periodista Gerardo Young, autor de SIDE La Argenti-na secreta, Planeta, Buenos Aires, 2006.

4 Fuente diplomática ya mencionada. 5 Fuente diplomática antes citada. Gustavo Beliz se retiró

de la política luego de su renuncia en el gobierno de Kirchner.

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En marzo de 2006 ganó el concurso para Especialista en Mo-dernización del Estado y Gobernabilidad, en el Departamentode Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desa-rrollo (BID), con sede central en Washington, donde vive contoda su familia.

6 Julio Sevares, El capitalismo criminal, gobiernos, bancosy empresas en las redes del delito global, Grupo Editorial Nor-ma, Buenos Aires, 2003. Libro de Gerardo Young ya citado yfuente del Ministerio de Justicia que pidió el anonimato.

7 Correos electrónicos de Jeannette Balmer, portavoz delMinisterio Público de la Confederación Suiza, 19 y 22 de febre-ro de 2007 (www.ba.admin.ch). Entrevista con Alicia López,Buenos Aires, 24 de mayo de 2007 y su proyecto de exhorto aSuiza que no fuera retenido por la juez Servini de Cubría, co-pia en el archivo del autor. Crítica, Argentina, 4 de octubre de2008. La Nación, 8 de diciembre de 2008.

8 Fuentes diplomática y del Ministerio de Justicia antescitadas.

9 Proyectos de ley para que el Congreso creara la AgenciaFederal de Investigaciones y Seguridad Interior, y para juiciospor jurados, copias en el archivo del autor. La Nación, 29 dejulio de 2004.

10 Fuente del Ministerio de Justicia ya citada. Cámara Fe-deral de Buenos Aires, 15 de noviembre de 2005, antes citada.Clarín y Página/12, 12 de septiembre de 2006.

11 Dos fuentes confidenciales del Ministerio de Justicia ylibro de Young antes citados. Proyecto de ley para que el Con-greso creara la Agencia Federal de Investigaciones y SeguridadInterior, ya citado. Página/12, 8 de mayo y 10 de octubre de2004, y 29 de noviembre de 2007.

12 Noticias, 15 de noviembre de 2003. Dos fuentes confi-denciales del Ministerio de Justicia y libro de Young antes ci-tados. La función de Lanusse en Santiago del Estero finalizóen marzo de 2005. Desde mayo de 2005 dirige un estudio deabogados en Buenos Aires. Azaretto lo acompañó en el tramofinal de la intervención en aquella provincia como ministro deGobierno, quien antes de integrarse al equipo de Beliz fue sub-secretario de la Sala de Representantes y de Servicios Públicosde la ciudad de Buenos Aires y legislador en la ciudad.

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13 Oficina Anticorrupción a la Secretaría 14 del Juzgado Na-cional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 de Buenos Aires,15 de junio de 2004. Libro de Abiad y Thieberger antes citado.

14 Oficina Anticorrupción, 15 de junio de 2004 y 25 de no-viembre de 2005.

15 Libro de Young antes citado y fuente del Poder Ejecuti-vo asimismo ya mencionada. Perfil, 11 de mayo de 2008. Ser-gio Acevedo fue elegido intendente de Pico Truncado en 1983 y1991. Alcanzó la diputación provincial en 1987 y la de consti-tuyente provincial en 1994. Ganó las elecciones para diputadonacional en 1995 y 2001. Vicegobernador en 1999, llegó a go-bernador en 2003. Dimitió en 2006.

16 La Nación, 20 de abril de 2004. Fuente confidencial delPoder Ejecutivo Nacional y libro Young antes citados. MarioWainfeld, Página/12, 21 de enero de 2007. La Nación, 29 dejulio de 2004.

17 Carlos Dutil y Ricardo Ragendorfer, La Bonaerense.Historia criminal de la policía de la provincia de Buenos Aires,Planeta, Argentina, 1997. Página/12, 17 de mayo de 1998 y 13de febrero de 2000 y 19 de julio de 2004 y Clarín, 13 de mayode 1998, 19 de julio de 2004 y 7 de agosto de 2005. El País,España, 11 de septiembre de 2004. Declaraciones de los diri-gentes de la comunidad judía en la Argentina, Sergio Bursteiny Luis Czyzewski, reproducidas en el portal de Internet dewww.delacole.com, en La voz y la opinión, http://www.delaco-le.com/cgiperl/medios/vernota.cgi?medio=comunides&nume-ro=359&nota=359-14, en http://www.lavozylaopinion.com.ar/cgi-bin/medios/vernota.cgi?medio=lavoz&numero=septiem-bre2004&nota=septiembre2004-20, y en Nuevo Mundo Israeli-ta número 265, Semanario de la Comunidad Judía de Vene-zuela http://www.nmidigital.com/previo/articulos.asp?Opc=1&vIDArt=2620. Fuente confidencial del Poder Ejecutivo Na-cional, y libro de Young ya citados.

18 Adrián Murano, Banqueros. Los dueños del poder, comoy quienes devastaron la Argentina, Norma, Buenos Aires, 2004.Libro Abiad y Thieberger ya citado. Discurso de Néstor Kirch-ner en el Congreso al asumir la presidencia, 25 de mayo de2003. El País, Madrid, 7 de septiembre de 2003 y 23 de juliode 2004. La Nación, 12 de abril y 18 de mayo de 2008.

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19 Veintitrés, 16 de septiembre de 2004. La Nación, 1 y 2 denoviembre de 2006. María Servini de Cubría, resoluciones63/06 y 64/06, del 13 de octubre de 2006, copias en el archi-vo del autor. Fuente del Poder Ejecutivo Nacional y libro deYoung antes citados. La UCR promueve un juicio político con-tra la juez electoral María Servini de Cubría “por recibir orde-nes del gobierno” actual y haber anulado la intervención del ra-dicalismo de Mendoza, cuyo gobernador de entonces y actualvicepresidente, Julio Cobos, fuera un “aliado de Néstor Kirch-ner”; y Gerardo Morales, compañero en formula presidencialcon Roberto Lavagna de la Concertación por “Una Nación Avan-zada”, agrega que Servini de Cubría retribuye al gobierno el“nombramiento de su hijo Juan en un alto cargo del Consejo dela Magistratura”; pudiendo añadirse un hermano de la juez, elabogado Juan Carlos Servini, acusado una década atrás depresuntas irregularidades en sumarios por accidentes de trán-sito, quien accedió al gobierno de Kirchner como asesor en lapresidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) delMinisterio de Justicia de la Nación, renunció el 15 de agosto de2007, anteponiendo desavenencias “irreconciliables” con sujefa jerárquica, Rosa Falduto, en medio del escándalo por la va-lija de los 800 mil dólares que procurara entrar ilegalmente alpaís el venezolano Antonini Wilson, en relación con ClaudioUberti, titular del OCCOVI, el entre controlador de las autopis-tas nacionales (La Nación, 21 de febrero, 2 de marzo, 28 de ju-lio, 1, 15 y 16 de agosto de 2007, Clarín, 19 de abril y 4 de mayode 1996, 20 de febrero y 29 de julio de 2007, Página/12, 16 dejulio de 1997, cable de la agencia Télam y comunicado del Co-mité Nacional de la UCR del 26 de abril de 2007, www.ucr.org.ar). Silvia Natalia Stiuso, DNI 29718862, nacida el 1° denoviembre de 1982, ingresó a trabajar como contratada en eljuzgado electoral de Servini de Cubría, de la calle Talcahuanode Buenos Aires, el 3 de marzo de 2004. Su legajo es el 61767.

20 La Nación, Clarín y Página/12, 25 y 26 de julio de 2004.Veintitrés, 27 de mayo y 29 de julio de 2004. Fuente confiden-cial del Ministerio de Justicia ya citada. Clarín del 5 de mayode 2007.

21 Proyecto de requerimiento de enjuiciamiento y destitu-ción por mal desempeño de Gustavo Beliz contra los jueces

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Gabriel Cavallo y Jorge Ballestero, copia en el archivo del au-tor. Expedientes obrantes en la Oficina Anticorrupción por elconcurso 31-2000 de Gabriel Cavallo para ser camarista y porla causa de los sobornos en el Senado, copias en el archivo delautor. La Nación, 26 de febrero de 2005. Norberto Bermúdez yJuan Gasparini, La Prueba, Ediciones B, Argentina, 2001. Cá-mara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y CorreccionalFederal, Causa 39816. —AMIA. —Galeano, Juan José y otross/delito de acción pública.” Sala I ad-hoc (Juzgado 3, Sec. 8),29 de junio de 2007 (Página/12 y La Nación, 3 de julio de2007). Gabriel Cavallo anticipó su abandono la magistraturapara dedicarse a la actividad privada con fecha 31 de diciem-bre de 2007. Pasó a dirigir la empresa que edita el diario Críti-ca. Tenía pendiente en el Consejo de la Magistratura una soli-citud de juicio político presentado por el ex juez de la CorteSuprema Adolfo Vázquez (La Nación, 11 de octubre de 2007 yDyN, 18 de diciembre de 2007). Jorge Ballestero fue ascendidoa camarista el 22 de octubre de 2008. Después de haber sidoexculpado en el Consejo de la Magistratura por la denuncia dela unidad que, desde el Ministerio de Justicia, investigaba lasanomalías de la causa AMIA, firmada por su titular AlejandroRúa, el juez federal Claudio Bonadío sobreseyó a “cuatro exministros menemistas y decenas de empresarios extranjeros yargentinos”, en una causa que investigaba “posibles irregula-ridades en la venta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a la es-pañola Repsol”, entre ellos “Alessandra Miniccelli, ex síndicade la petrolera estatal y esposa del ministro de PlanificaciónFederal, Julio de Vido”. Sus abogados fueron “Ana María Gar-cía y Daniel Carral, del estudio del procurador general de laNación, Esteban Righi” (copia del dictamen de Alejandro Rúadel 29/11/2004, y Clarín, 22 de julio de 2006). El juez Bona-dío fue quien, en 2002, intento investigar al corresponsal enBuenos Aires del Financial Times, Thomas Catan, pero su abo-gados apelaron la medida y consiguieron la salvaguarda de losderechos del reportero, “invocando el artículo 43 de la Consti-tución, que protege el secreto de las fuentes periodísticas, y elartículo 18, que garantiza la privacidad de domicilios, corres-pondencia y documentos personales” (Laura Alonso, Funda-ción Poder Ciudadano, Argentina, en “Informe global de la co-

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rrupción 2004”, Transparency International, Prometeo Libros,2004, Buenos Aires).

22 Walter Curia, El último peronista. La cara oculta de Kirch-ner, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2006. La Nación yClarín de 25 y 26 de julio de 2004. Veintitrés, 27 de mayo y 29de julio de 2004. Fuente del Poder Ejecutivo Nacional antesmencionada y libro de Young ya citado.

23 La Nación, 17 de septiembre de 2004. Clarín, 6 de no-viembre de 2004 y 5 de octubre de 2005 Noticias, número1586, del 19 de mayo de 2007. Juan Gasparini, La injusticiafederal, Buenos Aires, EDHASA, 29 de marzo de 2005. Librode Abiad y Thieberger ya citado.

24 Valeria Garrone y Laura Rocha, Néstor Kirchner. Un mu-chacho peronista y la oportunidad del poder, Planeta, Buenos Ai-res, 2003. Noticias, Argentina, 11 y 18 de septiembre y 9 de oc-tubre de 2004, 3 de junio de 2006 y fascículo + DVD, ediciónespecial de abril de 2007. Decreto 2052 del gobernador SergioEdgardo Acevedo, Río Gallegos, 1° de agosto de 2005. Discursode Néstor Kirchner ante la Cumbre Extraordinaria de las Améri-cas, Monterrey, Nuevo León, México, 13 de enero de 2004. SalaII de la Cámara Federal de Buenos Aires, resoluciones del 15 denoviembre de 2005 y del 29 de diciembre de 2008. Andrés Op-penheimer, Ojos vendados, Sudamericana, Buenos Aires, 2001.Libro de Abiad y Thieberger antes citado. El 9 de noviembre de2005, el doctor Juan Gabriel Labaké elevó una denuncia a la Co-misión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA por de-negación de justicia en Argentina a causa de sus acusacionescontra el presidente Kirchner debido al caso de los fondos deSanta Cruz invertidos en el exterior. El periodista Jorge Lanataagregó entre los gestores de la expatriación de ese dinero a Eduar-do Cafaro, ahora director del Banco Central, y a Carlos SánchezHerrera como abogado de Kirchner en la maniobra (Neue ZürcherZeitung [NZZ] del 6 de abril de 2008, Página/12, 25 de mayo de2007 y Perfil, 29 de julio de 2007, 6 de abril y 26 de octubre de2008, La Nación, 25 de mayo y 28 y 29 de septiembre de 2007,Clarín, 25 de mayo de 2007, 21, 25 y 26 de marzo de 2008).

25 Escrito de Daniel Morin, 24 de septiembre de 2004. LaNación, 25 de septiembre de 2004. Clarín, 25 y 26 de septiem-bre de 2004. Libro de Juan Gasparini ya citado.

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26 Fuente del Poder Ejecutivo Nacional y un testigo políti-co de Santa Cruz, cuyas identidades se mantienen en el anoni-mato por razones de seguridad, libros de Pablo Abiad sobre elcaso Skanska, y de Diego Cabot y Francisco Olivera, antes cita-do. La Política On Line, newsletter del 3 de julio de 2007, lapo-litica@fibertel.com.ar, teléfono 1560932372 y La Nación, 23 deagosto de 2007. Tras recorrer “el espinel de sus buenos contac-tos para sondear qué chances tenía de ascender a camarista”,el juez Guillermo Montenegro desistió de postular, no presen-tándose al examen de rigor. Ex liceísta e hijo de un capitán defragata, empezó la carrera judicial en el juzgado del hoy cama-rista Martín Irurzun. La dejó por el Ministerio de Seguridad yJusticia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que asumióel 10 diciembre de 2007. En los tramos finales, su tarea másimportante fue compartir con el juez en lo Penal Tributario, Ja-vier López Biscayart, una causa por presunto pagos de coimasy evasión fiscal subyacentes a la licitación de obras públicas enun gasoducto de Córdoba, que cometiera la empresa suecaSkanska, a través, entre otras, de las sociedades fantasmas Ca-libán e Infiniti, sumarios que incriminan al ministro “Julio deVido y otros funcionarios kirchneristas”. Libro de Pablo Abiadantes citado y Perfil, 26 de noviembre, 3, 10 y 17 de diciembrede 2006, 7 de enero, 6, 20, 27 de mayo y 29 de julio de 2007 y13 de enero de 2008. Noticias, números 1571, 1583, 1585,1586 y 1587, del 3 de febrero, 28 de abril, 12, 19 y 25 de mayode 2007, Neue Zürcher Zeitung (NZZ) del 6 de abril de 2008.

27 La denuncia contra Beliz fue presentada en tribunalespor el abogado Alejandro Pérez Cárrega, ex viceministro de Se-guridad de Eduardo Duhalde en la provincia de Buenos Aires,temporada de esplendor de la “maldita policía” y del comisarioNaldi, camarada de Stiuso. Pérez Cárrega denunció además aljuez Javier López Biscayart, el magistrado que reveló el casoSkanska. López Biscayart declaró periodísticamente y denun-ció luego ante el Congreso que fue visitado por presuntos agen-tes de la SIDE, interesados porque dicha causa podía afectar alactual gobierno. Le indicaron que el sumario debía tener unrumbo concreto, al ser de “un supuesto interés del Presidentede la Nación y titular de la AFIP”. Clarín, 13 de mayo de 1998,16 de julio y 16 de diciembre de 2001, 20 de enero de 2004, 7

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de agosto de 2005, 24 de mayo de 2006, 20 y 24 de abril y 14de septiembre de 2007, Perfil, 17 de junio de 2007. Página/12,10 y 17 de mayo de 1998, 19 de abril de 1999, 13 de febrero de2000, 15 de diciembre de 2006 y 24 de abril de 2007. La Na-ción, 6, 10 y 25 de abril de 2007. Noticias, Argentina, números1607, 1608, 1609 y 1615 del año 2007. Informe de ClaudioGrossman, observador internacional de la Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos en el juicio de la AMIA, 22 de fe-brero de 2005, y entrevista con el autor en Ginebra, 20 de no-viembre de 2008. Libro de Young antes mencionado.

28 Clarín, 8 de diciembre de 2004, 19 de abril de 2005 y 4de abril de 2008. Perfil, 9 de marzo y 28 de septiembre de 2008.Dos fuentes del Poder Ejecutivo Nacional y libro de Young an-tes mencionado. La Nación, 25 de mayo de 2008. Noticias, 1°de noviembre de 2008. La querella de Stiuso contra Beliz es la9913/2007 (A-10.394/07) y se halla en trámite la recusacióndel juez instructor ante la Corte Suprema de la Nación.

29 Comunicado de la Embajada de los Estados Unidos enBuenos Aires, 20 de noviembre de 2006. Entrevista ya citadacon Alicia López, 24 de mayo de 2007 y sus declaraciones a LaNación, del 8 de diciembre de 2008.

30 Página/12, 9 y 23 de febrero de 2007, Clarín, 28 de sep-tiembre de 2007, La Nación, 6 de diciembre de 2007 y 28 deseptiembre de 2008. Ofrecimiento de pruebas de la Oficina An-ticorrupción (OA) para el juicio oral por la cuenta suiza de Car-los Menem, 14 de mayo de 2008, copia en el archivo del autory resolución del Tribunal Oral del 12 de noviembre de 2008.Fuente periodística en el Congreso de la Nación que siguió lavotación en el Senado por las retenciones agrícolas, cuyo ano-nimato se impone por razones que no vale la pena explicar.

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AGRADECIMIENTOS

De este libro soy el único responsable, pero nohabría podido escribirlo sin la ayuda y solidaridadde amigos, colegas y funcionarios, algunos de loscuales han pedido el anonimato. Pero entre ellospuedo citar, por orden alfabético, a Pablo Abiad,Alberto Amato, Jacques Antenen, Roberto Azaret-to, Peter Capella, Mirta Clara, Jamil Chade, Ale-jandro Christe, Lendro Despouy, Agathe Duparc,Lucio Fernández Moores, Bruno Franceschi, Fol-co Galli, Daniel Guebel, Guillermo González, JuanIrigaray, Steeve Iuncker, Raúl Kollmann, JuanGabriel Labaké, Pablo Lanusse, Laurent Léger,Alicia López, Claudio Mardones, Tomás Eloy Mar-tínez, Ricardo Monner Sans, Alfredo Muñoz-Unsa-ín, Adrián Murano, Abel Fleitas Ortiz de Rosas,Marcelo Panozzo, Paul Perraudin, Vanesa Petrillo,Lionel Queudot, Ceferino Reato, Laura Revelli-Beaumont, Denis Rousseau, Alejandro Rúa, Fer-nando Ruiz, Humberto Salgado, Juan Salinas,Jean-Bernard Schmid, Eduardo Soares, Maria-no Thieberger, Juan Pablo Urfeig, Jorge Urien Be-rri, Carole Vann, André Viollaz y Gerardo Young.

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ÍNDICE

Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

I. La confesión de Berna . . . . . . . . . . . . . . 21

II. El código Clearstream . . . . . . . . . . . . . . 47

III. El teorema argentino . . . . . . . . . . . . . . 67

IV. La ecuación Menem . . . . . . . . . . . . . . . 101

V. El efecto Kirchner . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179