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Público Amnistía Internacional ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS CON ARMAS PEQUEÑAS Casos ilustrativos de informes de Amnistía Internacional 2000 - 2001 Julio de 2001 RESUMEN ÍNDICE AI: POL 34/007/2001/s DISTR: SC/CO (26/01) Son miles de personas las que cada año mueren en todo el mundo a causa de las armas calificadas como «pequeñas» o «ligeras» (pistolas, fusiles de asalto, metralletas y ametralladoras, granadas, morteros y minas terrestres), y muchas más las que resultan heridas por ellas. La mayoría de las víctimas son civiles desarmados que han tenido la mala fortuna de cruzarse en el camino de ejércitos rivales o de bandas de delincuentes. Las principales figuras de los mercados de armas pequeñas son las redes transnacionales que gestionan y financian las transferencias de armas y las transportan, pero la mayoría de los Estados ni siquiera llevan un registro de los individuos que se dedican a estas actividades, y huelga decir que no les obligan a solicitar un permiso para cada una de sus operaciones. En respuesta a la magnitud del problema, las Naciones Unidas (ONU) tienen previsto celebrar, en julio del 2001, una Conferencia sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en Todos sus Aspectos. El objetivo de la conferencia es acordar un Programa de Acción que contenga recomendaciones para los gobiernos. Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta iniciativa, que debe proporcionar una oportunidad importante para desarrollar un programa internacional de acción que aborde la proliferación y el uso indebido de armas pequeñas. No obstante, en el proyecto de Programa de Acción de la ONU que se presentará a la conferencia ni siquiera se mencionan algunos de los principales contextos en los que se usan las armas pequeñas para causar sufrimiento a escala masiva. Las armas pequeñas son en la actualidad las que más se utilizan en la mayoría de los conflictos armados caracteridos por los abusos masivos cometidos tanto por fuerzas gubernamentales como de oposición. Los conflictos se prolongan y se intensifican por la entrada de estas armas. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la policía, las autoridades

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Page 1: Público Amnistía Internacionaly huelga decir que no les obligan a solicitar un permiso para cada una de sus operaciones. ... almacenamiento y distribución de armas de fuego y municiones,

Público

Amnistía Internacional

ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS

HUMANOS CON ARMAS

PEQUEÑAS

Casos ilustrativos de informes

de Amnistía Internacional 2000 - 2001

Julio de 2001 RESUMEN ÍNDICE AI: POL 34/007/2001/s DISTR: SC/CO (26/01)

Son miles de personas las que cada año mueren en todo el mundo a causa de las armas

calificadas como «pequeñas» o «ligeras» (pistolas, fusiles de asalto, metralletas y ametralladoras,

granadas, morteros y minas terrestres), y muchas más las que resultan heridas por ellas. La mayoría de

las víctimas son civiles desarmados que han tenido la mala fortuna de cruzarse en el camino de ejércitos

rivales o de bandas de delincuentes. Las principales figuras de los mercados de armas pequeñas son las

redes transnacionales que gestionan y financian las transferencias de armas y las transportan, pero la

mayoría de los Estados ni siquiera llevan un registro de los individuos que se dedican a estas actividades,

y huelga decir que no les obligan a solicitar un permiso para cada una de sus operaciones.

En respuesta a la magnitud del problema, las Naciones Unidas (ONU) tienen previsto celebrar,

en julio del 2001, una Conferencia sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en Todos

sus Aspectos. El objetivo de la conferencia es acordar un Programa de Acción que contenga

recomendaciones para los gobiernos. Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta iniciativa, que

debe proporcionar una oportunidad importante para desarrollar un programa internacional de acción que

aborde la proliferación y el uso indebido de armas pequeñas.

No obstante, en el proyecto de Programa de Acción de la ONU que se presentará a la conferencia

ni siquiera se mencionan algunos de los principales contextos en los que se usan las armas pequeñas para

causar sufrimiento a escala masiva. Las armas pequeñas son en la actualidad las que más se utilizan en la

mayoría de los conflictos armados caracteridos por los abusos masivos cometidos tanto por fuerzas

gubernamentales como de oposición. Los conflictos se prolongan y se intensifican por la entrada de estas

armas. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la policía, las autoridades

Page 2: Público Amnistía Internacionaly huelga decir que no les obligan a solicitar un permiso para cada una de sus operaciones. ... almacenamiento y distribución de armas de fuego y municiones,

penitenciarias, el ejército y las fuerza paramilitares, utilizan con frecuencia estas armas cuando cometen

diversas violaciones de derechos humanos, entre ellas tortura, «desapariciones» y homicidios.

La facilidad para conseguir estas armas se debe en gran parte a la escasa regulación de las

transferencias. La proliferación de armas resultante de ello contribuye a que se cometan graves

violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en muchas partes

del mundo.

Se adjuntan en este documento ejemplos de toda una variedad de abusos cometidos en todo el mundo

con armas pequeñas. Los casos citados se han extraído del Informe 2001 de Amnistía Internacional (Índice AI:

POL 10/001/2001/s) y de otros documentos que la organización ha publicado a lo largo de los años 2000 y

2001 (texto en letra cursiva).

Este texto resume el documento titulado Abusos contra los derechos humanos con armas

pequeñas (Índice AI: POL 34/007/2001/s), publicado por Amnistía Internacional en julio de 2001. Quien

desee más información o emprender alguna acción al respecto deberá consultar el documento completo.

Pueden encontrar una amplia selección de materiales de Amnistía Internacional sobre éste y otros temas

en <http://www.amnesty.org>, y nuestros comunicados de prensa se pueden recibir por correo

electrónico en <http://www.amnesty.org/news/emailnws.htm>. Para los documentos traducidos al

español consulten la sección «centro de documentación» de las páginas web de EDAI en

<http://www.edai.org/centro/>.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 0DW, REINO UNIDO TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA

PALABRAS CLAVE: MSP1 / REUNIONES INTERNACIONALES / ONU / INSTRUMENTOS DE

DERECHOS HUMANOS / HOMICIDIOS INDISCRIMINADOS/

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Público

Amnistía Internacional ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS

HUMANOS CON ARMAS

PEQUEÑAS

Casos ilustrativos de informes de Amnistía Internacional 2000 - 2001

Julio de 2001

Índice AI: POL 34/007/2001/s

Distr: SC/CO

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X ODW, REINO UNIDO

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TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), MADRID, ESPAÑA

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Índice

Introducción .................................................................................................................................................................. 1 Los principios que olvidó la ONU ........................................................................................................................ 2 Postura de Amnistía Internacional ...................................................................................................................... 2 ¿Qué pide Amnistía Internacional ? ..................................................................................................................... 3 Afganistán ...................................................................................................................................................................... 5 Albania ............................................................................................................................................................................ 5 Alemania ........................................................................................................................................................................ 5 Angola ............................................................................................................................................................................. 6 Argelia ............................................................................................................................................................................. 7 Argentina ....................................................................................................................................................................... 7 Austria ............................................................................................................................................................................ 7 Autoridad Palestina ................................................................................................................................................... 8 Bangladesh ..................................................................................................................................................................... 8 Belice ................................................................................................................................................................................ 9 Bielorrusia ...................................................................................................................................................................... 9 Bolivia ........................................................................................................................................................................... 10 Bosnia y Herzegovina .............................................................................................................................................. 10 Brasil ............................................................................................................................................................................. 10 Bulgaria ....................................................................................................................................................................... 12 Burundi ........................................................................................................................................................................ 12 Camboya ...................................................................................................................................................................... 13 Camerún ...................................................................................................................................................................... 13 Canadá ......................................................................................................................................................................... 13 Chad .............................................................................................................................................................................. 14 China ............................................................................................................................................................................. 14 Colombia ...................................................................................................................................................................... 15 Congo (República del) ............................................................................................................................................. 16

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Congo (República Democrática del) .................................................................................................................. 17 Costa de Marfíl ......................................................................................................................................................... 17 Ecuador ........................................................................................................................................................................ 18 Egipto ........................................................................................................................................................................... 18 El Salvador ................................................................................................................................................................. 19 Eritrea .......................................................................................................................................................................... 19 España .......................................................................................................................................................................... 20 Estados Unidos de América.................................................................................................................................. 20 Etiopía .......................................................................................................................................................................... 21 Federación Rusa ........................................................................................................................................................ 22 Filipinas ........................................................................................................................................................................ 22 Fiyi ................................................................................................................................................................................. 23 Francia ......................................................................................................................................................................... 23 Gambia ......................................................................................................................................................................... 24 Ghana ........................................................................................................................................................................... 24 Guatemala .................................................................................................................................................................. 24 Guinea .......................................................................................................................................................................... 25 Guinea-Bissau ............................................................................................................................................................ 25 Guyana ......................................................................................................................................................................... 26 Haití .............................................................................................................................................................................. 26 Honduras ..................................................................................................................................................................... 27

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India .............................................................................................................................................................................. 27 Indonesia ..................................................................................................................................................................... 27 Irak ................................................................................................................................................................................ 28 Irlanda .......................................................................................................................................................................... 29 Islas Salomón ............................................................................................................................................................. 29 Israel y los territorios ocupados ....................................................................................................................... 29 Italia .............................................................................................................................................................................. 30 Jamaica ....................................................................................................................................................................... 31 Jordania ...................................................................................................................................................................... 31 Kenia ............................................................................................................................................................................. 31 Lesoto ........................................................................................................................................................................... 32 Líbano ........................................................................................................................................................................... 32 Liberia ........................................................................................................................................................................... 32 Macedonia ................................................................................................................................................................... 33 Malaisia ........................................................................................................................................................................ 34 México ........................................................................................................................................................................... 34 Mozambique ............................................................................................................................................................... 35 Myanmar ..................................................................................................................................................................... 36 Namibia........................................................................................................................................................................ 36 Nepal ............................................................................................................................................................................. 37 Nicaragua .................................................................................................................................................................... 38 Nigeria .......................................................................................................................................................................... 38 Pakistán ....................................................................................................................................................................... 38 Paraguay ..................................................................................................................................................................... 39 Perú ............................................................................................................................................................................... 39 Reino Unido ................................................................................................................................................................ 39 República Checa ........................................................................................................................................................ 40 República Dominicana ............................................................................................................................................ 40 República Federativa de Yugoslavia (Kosovo) ................................................................................................ 40 Ruanda ......................................................................................................................................................................... 41

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Rumania ...................................................................................................................................................................... 41 Santa Lucía ................................................................................................................................................................ 42 Senegal ......................................................................................................................................................................... 42 Sierra Leona ............................................................................................................................................................... 43 Somalia ........................................................................................................................................................................ 44 Suazilandia ................................................................................................................................................................. 44 Sudáfrica ..................................................................................................................................................................... 44 Sudán ........................................................................................................................................................................... 45 Suecia............................................................................................................................................................................ 45 Tanzania ...................................................................................................................................................................... 46 Timor Oriental .......................................................................................................................................................... 46 Túnez ............................................................................................................................................................................ 46 Turquía ......................................................................................................................................................................... 47 Ucrania......................................................................................................................................................................... 47 Uganda ......................................................................................................................................................................... 47 Venezuela .................................................................................................................................................................... 48 Zimbabue .................................................................................................................................................................... 48

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ABUSOS CONTRA LOS DERECHOS

HUMANOS CON ARMAS

PEQUEÑAS

Casos ilustrativos de informes de Amnistía Internacional 2000 - 2001

Introducción

Son miles de personas las que cada año mueren en todo el mundo a causa de las armas

calificadas como «pequeñas» o «ligeras» (pistolas, fusiles de asalto, metralletas y ametralladoras,

granadas, morteros, lanzamisiles portátiles y minas terrestres), y muchas más las que resultan heridas por

ellas. La mayoría de las víctimas son civiles desarmados que han tenido la mala fortuna de cruzarse en el

camino de ejércitos rivales o de bandas de delincuentes. Las principales figuras de los mercados de

armas pequeñas son las redes transnacionales que gestionan y financian las transferencias de armas y las

transportan, pero la mayoría de los Estados ni siquiera llevan un registro de los individuos que se dedican

a estas actividades, y huelga decir que no les obligan a solicitar un permiso para cada una de sus

operaciones.

En respuesta a la magnitud del problema, las Naciones Unidas (ONU) tienen previsto celebrar,

en julio del 2001, una Conferencia sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en Todos

sus Aspectos. El objetivo de la conferencia es acordar un Programa de Acción que contenga

recomendaciones para los gobiernos. Amnistía Internacional acoge con satisfacción esta iniciativa, que

debe proporcionar una oportunidad importante para desarrollar un programa internacional de acción que

aborde la proliferación y el uso indebido de armas pequeñas.

No obstante, en el proyecto de Programa de Acción de la ONU que se presentará a la conferencia

ni siquiera se mencionan algunos de los principales contextos en los que se usan las armas pequeñas para

causar sufrimiento a escala masiva. Las armas pequeñas son en la actualidad las que más se utilizan en la

mayoría de los conflictos armados caracteridos por los abusos masivos cometidos tanto por fuerzas

gubernamentales como de oposición. Los conflictos se prolongan y se intensifican por la entrada de estas

armas. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como la policía, las autoridades

penitenciarias, el ejército y las fuerza paramilitares, utilizan con frecuencia estas armas cuando cometen

diversas violaciones de derechos humanos, entre ellas tortura, «desapariciones» y homicidios.

La facilidad para conseguir estas armas se debe en gran parte a la escasa regulación de las

transferencias. La proliferación de armas resultante de ello contribuye a que se cometan graves

violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en muchas partes

del mundo.

Se adjuntan en este documento ejemplos de toda una variedad de abusos cometidos en todo el

mundo con armas pequeñas. Los casos citados se han extraído del Informe 2001 de Amnistía

Internacional (Índice AI: POL 10/001/2001/s) y de otros documentos que la organización ha publicado a

lo largo de los años 2000 y 2001 (texto en letra cursiva).

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Los principios que olvidó la ONU

Los acuerdos existentes en la ONU sobre el uso de las armas pequeñas son escasos. Pero incluso

los que existen no aparecen mencionados en el actual proyecto de Programa de Acción de la ONU.

Según los Principios Básicos de la ONU sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por

los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, por ejemplo, los agentes de la ley deben utilizar

en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza. Sólo podrá hacerse

uso intencionado de armas de fuego letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

Estos principios son aplicables a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, es

decir, a todos los que ejercen facultades de arresto o detención. En muchos países, los funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley habitualmente violan estos principios mediante el uso de armas

pequeñas. El resultado es no sólo un enorme sufrimiento humano, sino en muchos casos un aumento de

la demanda de armas ilegales destinadas a combatir a las fuerzas del Estado.

Los Principios Básicos exigen también que los Estados establezcan normas sobre el uso de armas

de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Estas normas deben contener

directrices que:

especifiquen las circunstancias en que los agentes de policía están autorizados a llevar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego y municiones permitidos;

garanticen que las armas de fuego se usan sólo en circunstancias adecuadas y de forma tal que disminuya el riesgo de causar daños innecesarios;

prohiban el uso de armas de fuego o municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o supongan un riesgo innecesario;

regulen el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego y municiones, así como los procedimientos para garantizar que los agentes de policía responden del uso de las armas de

fuego y municiones que se les hayan entregado;

señalen los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya hacer uso de un arma de fuego;

establezcan un sistema de presentación de informes e investigación siempre que los agentes de policía recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones.

Muchos Estados no han incorporado estos Principios a su derecho interno ni los han aplicado en

la práctica. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras

proporciona un foro ideal en el que instar al cumplimiento universal de los Principios Básicos y afirmar

que no deben autorizarse las transferencias internacionales de armas pequeñas a países en los que las

fuerzas del Estado estén usando deliberada o persistentemente armas pequeñas de manera contraria a los

Principios Básicos de la ONU.

Postura de Amnistía Internacional en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el

Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras

Amnistía Internacional se opone a la transferencia de armas a fuerzas del Estado y a fuerzas de oposición armada si contribuye a que se cometan graves abusos contra los derechos humanos,

como detenciones arbitrarias, «desapariciones», torturas y homicidios políticos;

Amnistía Internacional acoge con satisfacción la decisión de la ONU de celebrar en julio del 2001 la Conferencia sobre el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos,

pero le preocupa que en el proyecto de Programa de Acción de la ONU que se estudiará en la

Conferencia no se tenga en cuenta uno de los aspectos más importantes de la ilegalidad, a saber,

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la violación de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional

humanitario al utilizar armas pequeñas;

· Amnistía Internacional insta a los gobiernos a adoptar y aplicar leyes y reglamentos en todos los

países para prohibir las exportaciones de armas si no se puede demostrar razonablemente que

éstas no contribuirán a que se cometan graves violaciones de derechos humanos, crímenes de

lesa humanidad ni crímenes de guerra. Pide también mecanismos adecuados de ámbito

internacional para ejercer un control efectivo de las armas pequeñas.

¿Qué pide Amnistía Internacional ?

Transparencia

Todas las transferencias de armas pequeñas y ligeras deben figurar en un registro de la ONU, en el caso de las transferencias internacionales, y en registros regionales, en el de las regionales.

Los Estados deben publicar informes anuales exhaustivos y detallados sobre las transferencias de armas y establecer mecanismos para el examen parlamentario efectivo de la política de

transferencia de armas en la práctica.

Se deben establecer sistemas para la marcación adecuada y fiable de las armas en la fabricación y en la importación, el debido registro de la producción, posesión y transferencia de armas, incluso

entre Estados, y disposiciones internacionales para la localización de las armas por las

autoridades competentes.

Eliminación de lagunas

Debe haber un registro nacional riguroso de todos los que se ocupan de la fabricación, gestión de transferencias, transporte y financiación de armas, incluso si sólo operan a través de terceros

países. Quienes hayan sido declarados culpables de delitos como el blanqueo de dinero, el tráfico

ilícito de armas o graves actos de violencia relacionados con éstas, serán excluidos de ese

registro.

Deben controlarse caso a caso las licencias de exportación, tránsito e importación, que deben incluir información detallada de todos los que se ocupan de la gestión y financiación de las

transferencias de armas, y del transporte de éstas. Estas licencias deben ser concedidas por los

gobiernos de los países de envío, destino y tránsito tras consultar entre ellos y con los países de

origen de los encargados de la gestión, transporte y financiación sobre si las transferencias de

armas propuestas no van a llegar a nadie que pueda violar las normas internacionales

humanitarias y de derechos humanos.

Rendición de cuentas

Las legislaciones nacionales deben ajustarse al derecho y las normas internacionales, incluidas las relativas al uso de la fuerza.

A cada cuerpo legislativo nacional se le debe comunicar con antelación toda transferencia de armas e informar de los controles de seguimiento que se lleven a cabo para determinar el uso

final de las armas transferidas a fin de impedir la comisión de graves abusos contra los derechos

humanos.

Se debe aprobar un acuerdo marco internacional basado en el derecho internacional, incluidos rigurosos criterios para las transferencias y mecanismos de examen de su aplicación, junto con

reglamentos modelo para regular la importación, exportación y tránsito de armas de un Estado a

otro.

Asistencia internacional

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Los proyectos de ayuda internacional que se emprendan para impedir la proliferación y el uso indebido de las armas pequeñas deben promover el cumplimiento estricto de las normas

internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Los proyectos deben incluir un esfuerzo concertado por aumentar la capacidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para controlar la proliferación y el uso indebido

de las armas pequeñas conforme a las normas internacionales, entre ellas los Principios Básicos

de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios

Encargados de Hacer Cumplir la Ley.

Se debe establecer un fondo internacional para proporcionar recursos con que ayudar a los países a recoger y destruir las armas pequeñas que no pertenecen legalmente a civiles o que no han sido

adquiridas para la seguridad interna y la defensa nacional legítima.

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[Nota: Los párrafos que seguidamente aparecen resaltados en negrita, y los que no están

encabezados por el título «caso ilustrativo...», han sido extraídos del Informe Anual 2001, de

Amnistía Internacional.]

Afganistán

Continuaron los informes de abusos contra los derechos humanos, entre ellos detenciones

arbitrarias y torturas, en el marco del conflicto entre las facciones en lucha. Durante la segunda

mitad del año se intensificaron los combates en las provincias septentrionales, donde las fuerzas

talibanes y las de la alianza contraria a los talibanes luchaban por conseguir el control del

territorio. Los talibanes utilizaron el desplazamiento forzado de la población civil para conseguir el

control del territorio en zonas situadas al norte de Kabul, creando una grave crisis humanitaria.

Caso ilustrativo del 2001:

Primero cercaron a la gente en las calles. Después fueron de casa en casa y arrestaron a los

hombres de las familias, excepto a los muy ancianos. Nada podía detenerles y no dejaron de lado

ninguna de las casas. En una de ellas la madre de un joven a quien los talibanes se llevaban consigo le

agarró diciendo que no permitiría que se fuera sin ella. Los talibanes empezaron a golpear a la mujer

brutalmente con las culatas de los rifles. La mujer murió. Al hijo se lo llevaron y lo mataron. Eran

nuestros vecinos. Cuando detenían a la gente le ataban las manos detrás de la espalda y se la llevaban.

Llevaban a los detenidos a zonas situadas detrás de Bazar Kona y allí los mataban a tiros. Ejecutaron a

muchas personas. 1

Albania

Caso ilustrativo del 2001:

Levanté las manos para que [los agentes de la policía] me registraran y en ese momento me

golpearon en la cabeza con la culata de sus fusiles. Uno de los agentes me preguntó mi nombre y cuando

se lo dije [...] siguieron propinándome golpes y patadas y me metieron, esposado, en uno de sus furgones

[...] me sacaron del furgón y me arrojaron a un campo, todavía esposado, donde siguieron golpeándome

con la culata de los fusiles y les oí decir que iban a matarme.2

Alemania

Se recibieron informes sobre malos tratos infligidos por agentes de policía a detenidos, y

sobre uso abusivo de técnicas de inmovilización. La policía mató a tiros a un hombre discapacitado

psíquico.

Muerte por disparos de la policía

1 Véase el documento de Amnistía Internacional Afganistán: Matanzas en Yakaolang, Índice AI: ASA

11/008/2001/s.

2 Declaraciones de Tonin Kolthi, activista de la oposición. Véase el documento de Amnistía Internacional

Albania: Torture and ill-treatment - an end to impunity?, Índice AI: EUR 11/001/2001.

El 20 de septiembre dos agentes de policía mataron a disparos a un hombre de 28 años de edad, discapacitado psíquico y de origen vietnamita, al que los medios de comunicación alemanes se

refirieron como el señor B., que se hallaba en posesión de una pistola de juguete, fabricada en

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plástico, en una zona arbolada próxima a la localidad de Ulm. Previamente, la misma tarde del

suceso, se había notificado la desaparición de dicho hombre, interno desde hacía tiempo en un

centro de discapacitados psíquicos. Según los informes, los dos agentes de policía, a los que se

había llamado a la zona tras darse parte de la presencia de un hombre armado en el bosque,

dispararon 21 veces contra él, que recibió ocho impactos de bala. Amnistía Internacional

manifestó su preocupación ante el hecho de que los agentes, al tratar de aprehender a un

sospechoso, parecieran haber abierto fuego contra él sin apenas refrenarse, a pesar de que éste no

se había defendido de los disparos policiales abriendo fuego a su vez.

Angola

Las fuerzas gubernamentales y las tropas de la Unión Nacional para la Independencia

Total de Angola (União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA) fueron responsables

de violaciones de derechos humanos a gran escala, incluidos homicidios de civiles. El conflicto

armado y la creciente inseguridad obligaron a miles de personas a desplazarse.

Caso ilustrativo del 2000:

Los atacantes habían disparado a través de la puerta cerrada de una casa habitada por Mukwata

Kolinus Faniso, maestro de enseñanza primaria de 27 años de edad, y luego habían entrado pegando

tiros. Mataron al maestro e hirieron de gravedad a su esposa. Jan Kavura Thikoko, anciano de más de

setenta años, salió de su casa para ver lo que pasaba. Según informes, los atacantes le preguntaron cómo

se llamaba y cuando respondió lo mataron de un tiro a quemarropa. En una casa cercana, otro anciano,

Kushamura Kapinga, fue abatido también a tiros, y otro maestro se libró de correr quizá la misma suerte

gracias a su esposa, que lo ocultó entre la ropa de cama. Después del ataque, los habitantes del pueblo

abandonaron sus hogares y se fueron a vivir más al sur, a una zona agreste donde había menos riesgo de

sufrir ataques, pero en la que las condiciones de vida eran precarias.3

Violaciones del derecho humanitario

Tanto las fuerzas gubernamentales como la Unión Nacional para la Independencia Total de

Angola (União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA) fueron responsables de abusos,

incluidos homicidios y mutilaciones de civiles. Seguía siendo difícil confirmar muchos de los hechos, al

igual que la identidad de los autores. No obstante, la UNITA fue responsable de la mayor parte de los

ataques y emboscadas, así como de la colocación de minas terrestres que mataron a centenares de civiles

y mutilaron a muchos más, sobre todo mujeres y niños. Los responsables gubernamentales, las

autoridades tradicionales y los miembros de grupos religiosos fueron blanco de ataques. Hubo

numerosos informes según los cuales la UNITA había matado a machetazos y quemado a cientos de

personas durante incursiones en pueblos.

· Unos testigos presenciales afirmaron que, en febrero, durante una incursión en la localidad de

Santa Clara, provincia de Cunene, la UNITA había matado a machetazos a más de 20 personas y

luego había enterrado sus cuerpos. Las víctimas eran ancianos y niños que no habían podido

escapar.

3 Véase el documento de Amnistía Internacional Angola y Namibia: Abusos contra los derechos humanos

en la zona fronteriza, Índice AI: AFR 03/001/2000/s.

· En marzo, en Tchinguvo, provincia de Lunda Norte, unos miembros de la UNITA mutilaron a 12

mineros independientes, a los que amputaron las orejas, los brazos y las piernas; además mataron

a otros 40.

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Argelia

Organizaciones armadas que se autodenominaban «grupos islámicos», fuerzas de

seguridad y milicias paramilitares mataron a más de 2.500 personas, mujeres y niños entre ellas.

Aumentó la preocupación por el problema de la impunidad al concederse a miembros de grupos

armados una amnistía o eximirlos de responsabilidad penal sin llevar a cabo las investigaciones

necesarias para determinar si eran autores de violaciones graves de derechos humanos.

Caso ilustrativo del 2001:

Las bombas y morteros usados contra mercados, cafeterías, trenes, autobuses y otros lugares

públicos han sembrado el terror entre la población civil, y la existencia de controles de carretera con

pistoleros que matan selectivamente a los ocupantes de los vehículos ha hecho temer los

desplazamientos. Los grupos armados que se definen como «islámicos» han cometido homicidios y

matanzas, y hombres, mujeres y niños de muy corta edad han sido abatidos a tiros, decapitados y

mutilados, quemados y despedazados por bombas. Muchas mujeres secuestradas por estos grupos

armados han sido violadas. Civiles desarmados han sido abatidos a tiros, a veces en su propia casa y

delante de su familia, por las fuerzas de seguridad o las milicias armadas por el Estado.4

Argentina

Siguieron recibiéndose informes de homicidios a manos de la policía y de tortura y malos

tratos a detenidos en comisarías.

Caso ilustrativo del 2001:

El 9 de marzo, un hombre del que se sabe que es agente de policía irrumpió por la fuerza y

blandiendo un arma en la casa de Mary Ortiz. Según los informes, la agredió, la amenazó y le dijo que

dejara su campaña en busca de justicia. El esposo de Mary, Pedro Ortiz, fue agredido en febrero, tan sólo

unos días después de aparecer en televisión denunciando los homicidios cometidos por la policía. Dos

hombres que afirmaban ser agentes de policía lo atacaron con un cuchillo ante su casa, le hicieron cortes

en los brazos y le dijeron: «Cállate la boca. No sigas hablando o te hacemos boleta.» La policía mató a

tiros al hijo de Ortiz, de 16 años de edad, en marzo del 2000. 5

Austria

Amnistía Internacional siguió recibiendo denuncias de malos tratos y de uso excesivo de la

fuerza por la policía contra detenidos.

4 Véase el documento de Amnistía Internacional Argelia: La verdad y la justicia en la sombra de la

impunidad, Índice AI: MDE 28/11/00/s.

5 Véase la Acción Urgente 62/01, Temor por la seguridad y amenazas de muerte, del 16 de marzo del

2001, Índice AI: AMR 13/007/2001/s.

Uso excesivo de la fuerza

Según parece, en la madrugada del 3 de marzo, el Grupo Especial de Intervención contra el

Crimen violó el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza en el transcurso de otra operación

policial llevada a cabo en Viena. En esta ocasión, dos agentes policiales enmascarados y vestidos de civil

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7

que, según los informes, no eran identificables como agentes de policía, sacaron a rastras, pistola en

mano, a dos hombres de un automóvil y los arrojaron al suelo.

Autoridad Palestina

La Intifada

En septiembre, el homicidio en Jerusalén de cinco palestinos por las fuerzas de seguridad

israelíes provocó en los territorios ocupados manifestaciones de millares de palestinos. Al concluir el año

seguían produciéndose protestas a diario. Los manifestantes arrojaban piedras y cócteles mólotov a los

soldados israelíes, y en algunos casos, palestinos armados, entre los que había miembros de las fuerzas

de seguridad de la Autoridad Palestina, dispararon contra los soldados israelíes. Las fuerzas de seguridad

israelíes respondieron abriendo fuego contra los manifestantes con balas metálicas revestidas de goma y

con munición real. Asimismo, la Fuerza de Defensa Israelí utilizó helicópteros de combate para disparar

contra ellos. Entre el 29 de septiembre y el final del año, las fuerzas de seguridad israelíes mataron al

menos a 300 palestinos, en la mayoría de los casos haciendo uso excesivo de medios letales.

Palestinos armados entre los que había miembros de los tanzimat, grupo paramilitar vinculado a

Al Fatah, principal grupo político de la Autoridad Palestina, efectuaron ataques contra soldados y civiles

israelíes en los territorios ocupados. Grupos armados palestinos perpetraron en Israel y los territorios

ocupados atentados con bomba, en los que resultaron muertos soldados israelíes y al menos seis civiles.

La Fuerza de Defensa Israelí utilizó armamento pesado, como tanques y helicópteros de combate, para

bombardear al azar zonas palestinas desde donde los palestinos armados habían disparado. También

utilizaron armamento pesado para realizar incursiones punitivas contra instalaciones de la Autoridad

Palestina en respuesta a homicidios de israelíes.

En octubre, una muchedumbre de palestinos torturó y mató a dos soldados israelíes, Yosef Avrahami y Vadim Nourezitz, que se encontraban bajo la custodia de la policía palestina. El

presidente Arafat anunció que se iba a realizar una investigación sobre los homicidios, pero al

concluir el año no parecía haberse iniciado investigación alguna.

En noviembre, dos civiles israelíes murieron en un atentado con bomba perpetrado cerca del asentamiento de Kufar Darom, en Gaza. Nueve personas más, entre ellas cinco niños, resultaron

heridas, algunas de gravedad. La Fuerza de Defensa Israelí respondió bombardeando

instalaciones de seguridad de la Autoridad Palestina y oficinas de Al Fatah en Gaza. Murió un

agente de policía palestino y, según informes, resultaron heridos al menos 30 palestinos.

Bangladesh

Siguieron recibiéndose informes de torturas, entre ellas violaciones bajo custodia, y continuó la

impunidad para las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado.

Tortura y malos tratos

Las autoridades hicieron caso omiso de los numerosos y constantes informes de torturas, entre

cuyas víctimas figuraban niños, mujeres, ancianos, disidentes políticos y presuntos delincuentes

comunes. Con frecuencia la policía agredió a los participantes en las manifestaciones y golpeó a los

periodistas que informaban sobre ellas.

Más de 50 personas murieron bajo custodia, según los informes, a causa de las torturas sufridas.

Entre los métodos de tortura mencionados en los informes figuraban los golpes con culatas de fusil,

barras de hierro y cañas de bambú, la suspensión del techo por las muñecas, la violación, el «tratamiento

con agua», consistente en introducir en cada orificio nasal de la víctima un tubo conectado a la llave del

agua y abrir ésta completamente durante dos minutos seguidos, el uso de alicates para aplastar los dedos

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y la aplicación de descargas eléctricas. Los policías torturaban a las víctimas para obtener dinero de ellas,

asegurarse de que no los delatarían por sus propias actividades ilegales y conseguir que confesaran.

También lo hacían como un favor a los políticos locales a cambio de dinero.

Caso ilustrativo del 2000:

En marzo de 1980 comenzaron las operaciones militares violentas en la zona de Chittagong Hill

Tracts, cuando se informó de que las Fuerzas de la Paz (Shanti Bahini) habían tendido una emboscada a

22 soldados en la población de Kaukhali, en el oeste de Rangamati, donde se estaba reasentando a

familias bengalíes. El ejército tomó represalias abriendo fuego deliberadamente contra dos grupos

desarmados de población tribal causando la muerte de varias personas después de haberles ordenado

ponerse en fila. A partir de ese momento, los colonos bengalíes comenzaron a atacar a la población

indígena, al parecer instigados por el ejército o de forma conjunta con éste. El conflicto duró hasta el 2

de diciembre de 1997, fecha en que se firmó un acuerdo de paz. Según los informes, durante el conflicto,

el ejército reclutó a los nuevos colonos formando grupos armados conocidos como Partidos de Defensa

de las Aldeas, a los que también se alude como «policía de defensa de las aldeas», y les suministró armas

de fuego para que opusieran resistencia a las Fuerzas de la Paz. Las cifras oficiales indican que durante

las dos décadas de insurgencia más de 8.500 rebeldes, soldados y civiles, resultaron muertos. Se calcula

que el número de civiles muertos fue de 2.500.6

Belice

Siguieron recibiéndose informes sobre torturas y disparos de la policía en circunstancias

controvertidas.

Disparos policiales

Siguieron recibiéndose informes sobre disparos realizados por la policía en circunstancias

controvertidas.

· Leslie «Mobley» Smith murió, según los informes, a manos de la policía el 19 de agosto tras un

intento de detención. Los informes de la policía indicaban que estaba armado con un cuchillo,

pero parece ser que otros testigos contradecían esta versión. La Dirección de Asuntos Internos de

las Fuerzas de Policía de Belice llevó a cabo una investigación y anunció que remitiría el

expediente al director del Departamento de Procesamientos Policiales.

6 Véase el documento de Amnistía Internacional Bangladesh: Human rights in the Chittagong Hill Tracts,

Índice AI: ASA 13/001/2000

Bielorrusia

Malos tratos policiales

Según informes, el 25 de marzo la policía detuvo durante varias horas a entre 400 y 500

manifestantes en el transcurso de una manifestación no autorizada en Minsk. Según se ha informado, los

agentes policiales emplearon la fuerza de forma innecesaria para detener a algunos manifestantes. Varias

personas denunciaron haber sido arrojadas al suelo, golpeadas con porras, insultadas y haber recibido

patadas de agentes policiales.

Bolivia

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Se recibieron informes de violaciones de derechos humanos en el departamento de Cochabamba

durante el estado de sitio. Se denunciaron violaciones de derechos humanos en la región de El

Chapare.

Tortura y malos tratos

Decenas de personas fueron detenidas en febrero; según los informes, todas ellas fueron

golpeadas por las fuerzas de seguridad. Horas antes de que se declarara el estado de sitio en abril, unos

policías encapuchados allanaron domicilios de dirigentes sindicales y miembros de la Coordinadora

Departamental de Defensa del Agua y la Vida en Cochabamba y detuvieron a los dirigentes, golpearon a

miembros de sus familias, robaron objetos de sus casas y dispararon perdigones contra sus vecinos.

Caso ilustrativo del 2000:

Los informes indican que, durante el anochecer del 7 de abril y las primeras horas del 8 de abril,

varios policías encapuchados asaltaron las casas de dirigentes sindicales y miembros de la Coordinadora

Departamental de Defensa del Agua y la Vida en Cochabamba y detuvieron a los dirigentes, golpearon a

miembros de sus familias, robaron objetos de sus casas y dispararon perdigones contra sus vecinos.

Desde entonces, otros dirigentes sindicales han optado por ocultarse.7

Bosnia y Herzegovina

Caso ilustrativo del 2001:

Según los informes, dos hombres bosnios musulmanes lanzaron una granada de mano en una

iglesia ortodoxa de Sanski Most, en la Federación de Bosnia y Herzegovina, al parecer en respuesta a

una interrupción de las ceremonias religiosas que se estaban llevando a cabo en la tarde del 7 de mayo.

Los dos hombres fueron detenidos posteriormente y se les imputaron cargos penales.8

7 Véase la Acción EXTRA 34/00 de Amnistía Internacional Temor de malos tratos y preocupación

jurídica, Índice AI: AMR 18/01/00/s.

8 Véase el documento de Amnistía Internacional Bosnia-Herzegovina: Political violence a severe setback

for minority returns, Índice AI: EUR 63/007/2001.

Brasil

Continuó el uso sistemático de la tortura y los malos tratos en comisarías, prisiones y centros de

detención de menores. Se produjo un aumento de los homicidios a manos de la policía y los

«escuadrones de la muerte» vinculados a las fuerzas de seguridad, especialmente en los núcleos urbanos.

Los defensores de la reforma agraria y los pueblos indígenas implicados en conflictos de tierras fueron

víctimas de acoso, agresiones y homicidios a manos tanto de la policía militar como de pistoleros

contratados por los hacendados locales que actuaban con la aparente aquiescencia de la policía y las

autoridades.

Ejecuciones extrajudiciales y «escuadrones de la muerte»

En Río de Janeiro murieron de forma violenta dos sobrevivientes de la matanza de Candelária,

perpetrada en 1993 y en la que ocho niños de la calle resultaron muertos a manos de un «escuadrón de la

muerte». El 12 de junio, Sandro do Nascimento secuestró un autobús en Río de Janeiro y, pistola en

mano, mantuvo como rehenes a un grupo de personas durante varias horas. La policía disparó contra él y

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10

lo hirió, y luego lo llevó al hospital en un vehículo patrulla. Al llegar al hospital se descubrió que estaba

muerto, estrangulado.

Elizabeth Cristina de Oliveira Maia fue abatida a tiros ante su casa el 26 de septiembre, justo

antes de testificar en la vista de apelación de uno de los policías militares acusados de participar en la

matanza de Candelária. Su asesinato apuntaba a la participación de un «escuadrón de la muerte» e

incrementó el temor de otros testigos de juicios similares.

La Defensoría del Pueblo para Asuntos Policiales de São Paulo publicó un estudio sobre el uso de medios letales por parte de la policía en el estado durante 1999. El documento decía, entre

otras cosas, que el 56 por ciento de los fallecidos a manos de la policía carecían de antecedentes

penales, que el 51 por ciento habían muerto de disparos por la espalda y que el 54 por ciento

eran de raza negra.

· João Elizio Lima Pessoa se dirigía el 7 de febrero en su automóvil a su casa de Aguas Lindas,

estado de Goiás. La carretera estaba bloqueada con piedras y, cuando intentó retirarlas, lo

abatieron a tiros. Su esposa también fue alcanzada por los disparos, pero sobrevivió. João Elizio

Lima Pessoa había estado trabajando con el Consejo Comunitario de Seguridad Pública en la

investigación de los homicidios cometidos por «escuadrones de la muerte» en la región.

Violencia por los derechos sobre la tierra

Los conflictos por los derechos sobre la tierra siguieron generando violencia, mientras los

activistas campesinos sufrían acoso, amenazas y homicidios a manos de la policía militar que llevaba a

cabo expulsiones o vigilaba manifestaciones. Estos activistas también sufrieron los ataques de hombres

armados contratados por los hacendados que actuaban con la aparente aquiescencia de las autoridades

policiales.

· El 9 de septiembre, Sandoval Alves de Lima murió abatido a tiros en la calle en el municipio de

Sapé, estado de Paraíba. Era uno de los líderes de una ocupación de tierras en la Hacienda Antas,

en el municipio vecino de Sobardo. El hombre que lo mató, mientras escapaba a caballo, gritó

que tenía más nombres en su lista negra.

Pueblos indígenas

Los indígenas que protestaban por cuestiones de titularidad de tierras sufrieron amenazas, acoso

y agresiones por parte de hombres armados contratados por los hacendados locales que actuaban con la

aquiescencia de la policía y las autoridades locales.

· El 13 de enero, hasta 50 hombres fuertemente armados y vestidos con uniformes militares

asaltaron el pueblo de Potrero Guaçu, municipio de Paranhos, y quemaron la mayoría de las 35

casas y muchas de las pertenencias de sus habitantes. Según los informes, violaron a varias

mujeres y golpearon a algunas personas, incluido un niño de dos años.

Bulgaria

Se recibieron numerosos informes de torturas y malos tratos infligidos por funcionarios

encargados de hacer cumplir la ley. Los agentes de la ley siguieron utilizando armas de fuego en

circunstancias prohibidas por las normas internacionales, y causaron muertes y heridas.

Uso de armas de fuego por la policía

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Las autoridades no tomaron ninguna medida para reformar la Ley sobre la Policía Nacional, que

permite la utilización de armas de fuego en circunstancias prohibidas por las normas internacionales. Las

investigaciones sobre disparos efectuados por la policía se dieron habitualmente por concluidas al

considerarse legítima la actuación policial. Las autoridades no facilitaron información relativa a la

investigación sobre la mayoría de los casos por los que Amnistía Internacional se había interesado

previamente.

En julio, una patrulla policial detuvo en Sofía a Traicho Dimitrov Lyubomirov, de 19 años de edad, cuando se hallaba en el domicilio de un amigo. Según informes, la policía lo esposó y se lo

llevó. Varias horas más tarde su cuerpo fue trasladado al depósito de cadáveres: presentaba una

herida de bala en la cabeza. Según informes, una fuente policial aseguró que el joven romaní

había sido aprehendido cuando trataba de robar un automóvil, que había agredido a un agente de

policía e intentado arrebatarle el arma, y éste la había disparado involuntariamente.

Caso ilustrativo del 2000:

Amnistía Internacional ve con preocupación el hecho de que un agente de la policía haya

disparado contra un niño romaní de 14 años de edad llamado Atanas Djambazov. Según los informes,

tras efectuar los disparos, el agente no se aseguró de que el muchacho, que estaba herido, recibiera ayuda

y asistencia médica. Se trata de un nuevo caso en el que un agente encargado de hacer cumplir la ley

búlgaro ha recurrido al uso de un arma de fuego en circunstancias prohibidas por los principios

internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego, violándose las obligaciones que

Bulgaria ha contraído en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCC), a fin

de garantizar el derecho a la vida, el derecho a no ser objeto de torturas o de otros tratos o penas crueles

o degradantes, y el derecho a la seguridad personal.9

Burundi

9 Véase el documento de Amnistía Internacional Bulgaria: The shooting of Atanas Djambazov, a

14-year-old Roma boy, Índice AI: EUR 15/01/00.

La guerra civil continuó durante todo el año 2000, pese a la firma en agosto de un acuerdo de

paz. Centenares de civiles desarmados murieron a manos de las fuerzas armadas gubernamentales y de

los grupos armados de oposición, y varias decenas más sufrieron detenciones y torturas.

Homicidios de centenares de civiles

Centenares de civiles, entre ellos numerosos ancianos, mujeres y niños, murieron a manos de las

fuerzas armadas gubernamentales.

Entre el 25 y el 28 de junio, al menos 44 civiles desarmados fueron ejecutados extrajudicialmente por soldados en la comuna de Itaba, provincia de Gitega, en represalia por las

bajas militares habidas en enfrentamientos con los grupos armados de oposición. A la mayoría de

los civiles los mataron a golpes de bayoneta. Gran parte de la población local ya había huido de

la zona; parece ser que los que se quedaron fueron considerados miembros de grupos armados de

oposición, motivo por el que los mataron.

Refugiados y desplazados internos

Alrededor de 70.000 burundeses huyeron a Tanzania. Las minas colocadas en la frontera por el

ejército burundés impidieron a muchos otros cruzarla.

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Juicios políticos

En noviembre de 1999, una granada hizo explosión en el principal mercado de Bujumbura; mató

al menos a dos personas e hirió a muchas más. El atentado se atribuyó a las Fuerzas Nacionales de

Liberación y, en las semanas posteriores, las fuerzas armadas y la gendarmería detuvieron a decenas de

personas.

Camboya

Hubo informes de torturas bajo custodia policial, y la policía fue cómplice de los homicidios de

presuntos delincuentes a manos de grupos parapoliciales. Los activistas de derechos humanos fueron

amenazados e intimidados durante su trabajo.

Camerún

De acuerdo con la información recibida, las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente a

varios centenares de personas en el contexto de la lucha contra la delincuencia. No se realizaron

investigaciones independientes sobre éstos u otros homicidios similares cometidos en el pasado.

Caso ilustrativo del 2000:

La mayoría de los detenidos en la unidad de investigación penal de la policía judicial de Yaundé

habían sido torturados en el momento de su detencion; en particular, los habían golpeado con machetes.

Seguían teniendo cicatrices, a menudo recientes, en los pies, en las piernas, en los brazos y en la espalda;

algunos tenían también heridas abiertas. A uno de los detenidos le habían arrancado hacía poco todas las

uñas de los pies y otro, a quien habían disparado en un pie y en una rodilla dos meses antes, aún no

había recibido atención médica.10

Canadá

Se recibieron informes esporádicos sobre uso de fuerza excesiva por parte de agentes de policía.

Brutalidad policial

· Ni las autoridades federales ni las de Ontario llevaron a cabo una investigación pública sobre la

muerte, ocurrida en 1995, de Dudley George, a pesar de que dicha investigación había sido

solicitada por el Defensor del Pueblo de Ontario, iglesias, sindicatos, familiares de Dudley

George, Amnistía Internacional, los medios de comunicación y el Comité de Derechos Humanos

de la ONU. Dudley George, manifestante indígena, murió por los disparos de un francotirador de

la policía durante unas manifestaciones en Ipperwash Park. En 1997, un agente de la policía

provincial de Ontario fue juzgado por este caso y condenado a dos años de prisión, con

suspensión de la pena, por «negligencia criminal». Durante el juicio, el agente dijo que había

disparado su arma porque creía que Dudley George estaba armado y amenazaba a otros agentes.

Pese a ello, el juez concluyó que el agente había disparado deliberadamente contra un hombre

desarmado.

Chad

10

Véase el documento de Amnistía Internacional Cameroon: United Nations expert confirms that torture

is «widespread and systematic», Índice AI: AFR 17/04/00.

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13

Aunque se dieron algunos pasos hacia la negociación, el conflicto armado en el norte del país

siguió constituyendo una amenaza para el gobierno de Idriss Déby. Resultaba difícil obtener información

imparcial sobre los abusos contra los derechos humanos cometidos en la zona. No obstante, se recibieron

varios informes sobre el reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos como soldados.

Tortura y ejecuciones extrajudiciales bajo custodia

En marzo, dos presos que, según informes, trataban de huir de la prisión de Abéché murieron

abatidos a tiros, a pesar de tener los pies encadenados y no representar ninguna amenaza. El 3 de abril,

un soldado llamado Yogeurna fue abatido a tiros poco después de ser detenido por la policía en Koumra,

en la región de Moyen Chari. Según parece, Yogeurna había sido detenido por intentar robar unas ramas

de mango.

China

Casos ilustrativos del 2000:

En la madrugada del 15 de enero del 2000, la policía disparó contra una pareja de jóvenes que

atravesaba el municipio de Yonghan, provincia de Guangdong, después de que dejaran atrás una barrera

improvisada que había sido levantada por agentes de la policía vestidos de civil que más tarde alegaron

haber actuado siguiendo una directiva interna de seguridad pública que les ordenaba disparar contra todo

aquél que no se detuviese.

En la provincia de Henan, un hombre de negocios procedente de la provincia de Shandong y su

guardaespaldas resultaron muertos cuando, según los informes, la policía disparó con ametralladoras

contra el vehículo en el que viajaban al detenerse en una cabina de peaje. Previamente les había dado el

alto un policía acompañado de dos trabajadores eventuales, que no iban vestidos de uniforme ni se

identificaron. El policía aseguró cuando los detuvieron, que eran un grupo provincial de prevención de

robo de automóviles «en estado de alerta grave».11

Colombia

La crisis de derechos humanos siguió agravándose en medio de un conflicto armado cada vez

más sangriento. Las partes que intervenían en el conflicto intensificaron sus acciones militares en todo el

país mediante campañas caracterizadas por las violaciones graves y sistemáticas de los derechos

humanos y del derecho internacional humanitario. Las principales víctimas de la violencia política eran

los civiles, especialmente los campesinos que vivían en las zonas que se disputaban las fuerzas

gubernamentales y sus aliados paramilitares, por un lado, y los grupos armados de oposición, por el otro.

También sufrían ataques los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los funcionarios

judiciales, los educadores, los sindicalistas y los dirigentes de las comunidades indígenas y

afrocolombianas. Más de 4.000 personas fueron víctimas de homicidios políticos, más de 300

«desaparecieron», y se calcula que unos 300.000 individuos se convirtieron en desplazados internos. Al

menos 1.500 fueron secuestradas por grupos armados de oposición y organizaciones paramilitares, a

medida que continuaban los secuestros masivos de civiles. La tortura siguió siendo una práctica

generalizada, a menudo acompañada de mutilaciones y casi siempre como preludio del asesinato cuando

los autores eran grupos paramilitares. En las zonas urbanas siguieron cometiéndose homicidios que

llevaban el sello de los «escuadrones de la muerte». Los niños fueron víctimas de graves violaciones de

derechos humanos, particularmente en el contexto del conflicto armado. Salieron a la luz nuevos indicios

sobre la constante colaboración entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares ilegales.

11

Véase el documento de Amnistía Internacional Torture in China - a growing scourge in China: time for

action, Índice AI: ASA 17/04/01.

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Grupos paramilitares

· En febrero, 200 paramilitares armados asaltaron el pueblo de El Salado, departamento de

Bolívar, y dieron muerte a 36 personas, entre ellas un niño de seis años. A muchas de las víctimas

las ataron a una mesa en el campo de deportes del pueblo y las sometieron a torturas tales como

la violación antes de matarlas a puñaladas o a tiros. A otras las mataron en la iglesia del pueblo.

Durante el ataque, que duró tres días, las unidades del ejército y la policía estacionadas en las

cercanías no hicieron ningún esfuerzo por intervenir. Es más, según los informes, una unidad de

la Infantería de Marina bloqueó la carretera de acceso a El Salado, con lo que impidió a las

organizaciones humanitarias la entrada al pueblo. A causa de esta matanza se dictaron órdenes de

detención contra 11 paramilitares, entre los que se encontraba el dirigente de las Autodefensas

Unidas de Colombia Carlos Castaño. El coronel Rodrigo Quiñones, al mando de la I Brigada de

la Armada Nacional, fue ascendido a general mientras aún estaban en curso las investigaciones

sobre la posible responsabilidad penal que pudieran tener en la matanza de El Salado las tropas

bajo su mando.

Las fuerzas armadas

Seis niños de ambos sexos, de entre 6 y 15 años de edad, murieron abatidos a tiros por el ejército durante una excursión escolar en agosto. Otros resultaron heridos de gravedad. Una patrulla del

ejército abrió fuego contra el grupo de escolares en Pueblorrico, departamento de Antioquia, al

parecer creyendo que se trataba de combatientes de la guerrilla. Al terminar el año, un tribunal

militar estaba investigando a 14 soldados, pero no se había practicado ninguna detención.

La connivencia entre las fuerzas de seguridad colombianas, en especial el ejército, y los grupos

paramilitares no sólo continuó sino que, de hecho, aumentó. La colaboración entre ambos incluía el

intercambio de información, la entrega de prisioneros, el suministro de munición por parte de las fuerzas

armadas a los paramilitares, y las patrullas y operaciones militares conjuntas en las que se cometían

graves violaciones de derechos humanos.

Plan Colombia

El gobierno colombiano presentó a la comunidad internacional un controvertido programa de

ayuda conocido como Plan Colombia. Este Plan, ideado originalmente para conseguir ayuda que

respaldara el proceso de paz, se transformó en un plan eminentemente militar supuestamente destinado a

combatir el cultivo ilegal de drogas. En julio recibió el respaldo del gobierno de Estados Unidos, que

aprobó una partida de ayuda, principalmente militar, por valor de 1.300 millones de dólares

estadounidenses. Al aprobar esta ayuda, el Congreso de Estados Unidos añadió condiciones relativas a

los derechos humanos y el requisito de que el gobierno estadounidense certificara periódicamente que las

fuerzas armadas colombianas estaban tomando medidas para castigar a los autores de violaciones de

derechos humanos y para cortar sus vínculos con los paramilitares. En agosto, el presidente de Estados

Unidos, Bill Clinton, decidió no exigir el cumplimiento de la mayoría de las condiciones relativas a los

derechos humanos aduciendo cuestiones de seguridad nacional para Estados Unidos. Amnistía

Internacional se opuso a este programa de ayuda militar, pues consideraba que intensificaría la crisis de

derechos humanos y el conflicto armado, y manifestó su condena por la decisión de dejar al margen las

condiciones relativas a los derechos humanos.

Otros miembros de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, se comprometieron a

respaldar el proceso de paz y los programas de derechos humanos y desarrollo, pero dejaron claro que

ese apoyo era independiente del Plan Colombia.

Congo (República del)

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El país recobró cierta estabilidad tras la firma, a finales de 1999, de unos acuerdos de alto el

fuego entre las milicias en conflicto. Se calculaba que durante el 2000 se habían desmovilizado

aproximadamente la mitad de los combatientes de las milicias, y muchos de ellos se habían

reincorporado al ejército. No obstante, no llegó a hacerse realidad una propuesta para entablar un diálogo

nacional entre todas las partes enfrentadas.

Desmovilización de las milicias

Tras la firma de dos armisticios en noviembre y diciembre de 1999, dio comienzo el proceso de

desmovilización de unos 25.000 combatientes de milicias. Entre éstos había miembros de los «Cocoyes»

(leales al ex presidente Pascal Lissouba), los «Cobras» (leales al presidente Dennis Sassou Nguesso) y

los «Ninjas» (leales al ex primer ministro Bernard Kolélas). El gobierno garantizó una amnistía a todos

los que se habían rendido y habían entregado las armas, incluidos los responsables de abusos graves

contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado.

En abril, según los informes, en la localidad septentrional de Owando, una milicia denominada

los «Halcones» leal al ex primer ministro Joachim Yhombi Opango, hizo entrega de 700 armas. En julio

fueron desmovilizados, según los informes, 800 miembros de los «Cocoyes» en la localidad occidental

de Mossendjo. En diciembre, el comité de seguimiento encargado de supervisar el cumplimiento del alto

el fuego anunció que durante el 2000 se habían entregado 13.000 armas y se habían desmovilizado

12.000 combatientes de milicias.

No obstante, según los informes, algunos grupos se habían negado a desmovilizarse, como la

milicia de la región de Niari, baluarte tradicional de los «Cocoyes». Muchos de los que habían sido

desmovilizados se encontraron sin hogar ni medios para subsistir dignamente. En octubre, el gobierno

anunció la apertura de un programa de reinserción, financiado en parte por la ONU, dirigido a reintegrar

a 5.000 ex miembros de milicias en la sociedad civil.

Congo (República Democrática del)

La guerra siguió devastando la República Democrática del Congo. Miles de civiles fueron víctimas

de homicidios ilegítimos y, al acabar el año, decenas de miles de personas, desplazadas de sus

hogares y lejos del alcance de la ayuda humanitaria destinada al país, corrían peligro de morir de

hambre. Decenas de miles huyeron a países vecinos. La tortura, incluida la violación, constituyó

una práctica generalizada. Todas las partes implicadas utilizaron la guerra para justificar la

represión de las discrepancias políticas, y el encarcelamiento de opositores políticos se convirtió en

algo habitual. El gobierno ejecutó al menos a 35 personas, y los grupos armados de oposición

también llevaron a cabo ejecuciones.

Tortura y malos tratos

· El 25 de mayo, Isaac Akili, ex soldado, fue detenido en Kinshasa por agentes del servicio de

seguridad y sometido a tres horas de interrogatorio, durante las que lo golpearon en la cabeza con

la culata de rifles y lo torturaron con descargas eléctricas. Además le mostraron un hoyo

excavado en el suelo y le dijeron que iba a ser su tumba. Luego lo llevaron al Centro

Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa, donde continuaba encarcelado al final del año

acusado de poner en peligro la seguridad del Estado.

Homicidios ilegítimos

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16

Las fuerzas gubernamentales mataron, según los informes, a civiles desarmados, ya fuera en

ataques directos o en bombardeos indiscriminados. No obstante, a menudo resultaba difícil conseguir

confirmación objetiva de los incidentes ocurridos en las zonas en conflicto.

· Entre el 5 y el 10 de junio murieron al menos 500 civiles a causa de los combates entre tropas

ruandesas y ugandesas en Kisangani. Algunas personas murieron abatidas a tiros, y muchas otras

perdieron la vida en bombardeos indiscriminados. Además fueron ejecutados extrajudicialmente

algunos soldados que habían sido capturados.

Costa de Marfíl

Durante el año 2000, las fuerzas de seguridad cometieron algunas de las violaciones más graves

de derechos humanos ocurridas en el país desde hacía tres décadas. Se perpetraron homicidios y torturas

con total impunidad. Según los informes, al menos 57 simpatizantes de la oposición, cuyos cadáveres

aparecieron en una fosa común de Youpougon en octubre, fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.

Se llevó a cabo una investigación para esclarecer la matanza, pero al acabar el año no se había facilitado

ninguna información sobre su naturaleza o evolución, y no había noticias de que se hubieran efectuado

detenciones ni se hubiera investigado a los agentes implicados.

Uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales

Según los informes, las fuerzas de seguridad mataron a manifestantes y ejecutaron

extrajudicialmente a opositores políticos.

El 24 de octubre, en Abiyán, la guardia presidencial del general Gueï abrió fuego contra centenares de manifestantes pacíficos que pedían al gobierno militar que respetara los resultados

de las elecciones presidenciales celebradas dos días antes. Las fuerzas de seguridad también

dispararon contra un grupo de manifestantes que, en su huida, se habían metido en una laguna de

Carena, en Abiyán. Posteriormente se sacaron de la laguna los cadáveres de más de 20 hombres y

mujeres, algunos de ellos con heridas de bala.

Caso ilustrativo del 2001:

El profesor Soumahourou describió su detención a una delegación de Amnistía Internacional:

«El 2 de mayo del 2000, llegaron a mi casa cinco soldados y comenzaron a propinar patadas a la puerta.

Uno de ellos, apostado en la entrada, me apuntó con una ametralladora y me dijo: “Abra o disparo”. Mis

hijos lloraban y los soldados me dijeron que les siguiera. Uno de ellos me acompañó al dormitorio para

impedirme que llamara por teléfono. Me vestí delante de él. Durante todo el tiempo el soldado me estuvo

apuntando con una pistola».12

Ecuador

La tortura y los malos tratos siguieron siendo motivo de preocupación.

Posibles ejecuciones extrajudiciales

Existía honda preocupación por el elevado número de posibles ejecuciones extrajudiciales

cometidas en la ciudad de Guayaquil durante el año 2000. Una sola organización de derechos humanos

documentó 18 casos de personas cuyos cadáveres habían sido hallados a las afueras de la ciudad y que

12

Véase el documento de Amnistía Internacional Cote D’Ivoire: Some military personnel believe they

have impunity above the law, Índice AI: AFR 31/03/00.

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17

habían muerto a tiros en circunstancias que sugerían que podían haber sido víctimas de ejecución

extrajudicial. La mayoría de los fallecidos tenían antecedentes penales, y muchos de los cuerpos

mostraban señales de tortura.

Caso ilustrativo del 2000:

Benjamín Álvarez, Herney Hernández, Marilú Marcillo Rivas (de 15 años de edad) José

Humberto Leal Hernández (colombiano), Rubiela Margoth Díaz Álvarez (colombiana) y un niño de un

año de edad, fueron detenidos tras un enfrentamiento con armas de fuego entre una patrulla del ejército y

un grupo armado, aparentemente recién formado, conocido como Fuerzas Armadas Revolucionarias

Ecuatorianas - Defensores del Pueblo (FARE-DP). Dos presuntos miembros del grupo armado y dos

soldados murieron en el tiroteo, que tuvo lugar en la provincia de Orellana, en la jungla amazónica

ecuatoriana, entre las localidades de Francisco de Orellana y Cononaco.13

Egipto

Grupos armados

En octubre, dos miembros de un grupo islamista armado resultaron muertos al asaltar las fuerzas

de seguridad una vivienda en Asuán. Las circunstancias en que se produjeron las muertes indicaban que

los dos podían haber sido ejecutados extrajudicialmente. No se recibieron informes de más

enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y organizaciones islamistas armadas. Los dirigentes de la

más importante de estas organizaciones, el Grupo Islámico (Al Gama‘a al Islamiya), aseguraron que

habían suspendido sus operaciones armadas.

El Salvador

La Policía Nacional Civil (PNC) fue responsable de violaciones de derechos humanos tales

como homicidios de civiles y malos tratos a manifestantes.

La Policía Nacional Civil

Algunos miembros de la policía fueron responsables de violaciones de derechos humanos tales

como abuso de autoridad, tortura, malos tratos y homicidios de civiles desarmados. En algunos casos se

iniciaron investigaciones y se presentaron cargos contra agentes. Sin embargo, las condenas impuestas a

menudo no reflejaban la gravedad de los delitos cometidos. La PNC también fue responsable de causar

lesiones a trabajadores de la salud que participaban en manifestaciones pacíficas contra la privatización

de la asistencia médica. Un periodista que informaba sobre las manifestaciones resultó herido con balas

de goma en las piernas y tuvo que recibir tratamiento hospitalario. Muchas personas, entre ellas pacientes

de hospitales vecinos, sufrieron los efectos del gas lacrimógeno lanzado por la policía.

Eritrea

Un armisticio en junio seguido de un tratado de paz en diciembre pusieron fin a la guerra

con Etiopía en la frontera. La ONU comenzó a supervisar la devolución a Eritrea de las zonas del

sur tomadas por Etiopía en intensos combates que habían estallado de nuevo en mayo. Las tropas

eritreas se retiraron de las zonas etíopes que habían ocupado en mayo de 1998. Ambos bandos se

acusaron mutuamente de cometer abusos contra los derechos humanos durante estas ocupaciones,

pero muchas de las acusaciones fueron difíciles de probar. Se recibieron informes sobre detención y

ejecución extrajudicial de partidarios de la oposición política, pero resultaron difíciles de verificar.

13

Véase la Acción Urgente de Amnistía Internacional Temor por la seguridad y tortura, Índice AI: AMR

28/11/00/s.

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18

La guerra con Etiopía

En mayo estalló de nuevo en la zona fronteriza la guerra con Etiopía, tras un año de tensa

confrontación a lo largo de los mil kilómetros de frontera. Ambos bandos habían continuado ampliando

sus fuerzas y adquiriendo armas. Eritrea continuó reclutando ciudadanos para el servicio militar, en

algunos casos, al parecer, menores de 18 años. Algunas personas intentaron eludir el servicio militar

huyendo del país y varios testigos de Jehová fueron detenidos por negarse a ingresar en las fuerzas

armadas. No había ninguna disposición legal sobre objeción de conciencia.

En mayo, Etiopía tomó amplias zonas del suroeste de Eritrea, expulsando a las tropas eritreas de

zonas que ocupaban desde el comienzo de la guerra en mayo de 1998. El Consejo de Seguridad de la

ONU instó a firmar un armisticio e impuso un embargo de armas a ambos bandos. En junio, después de

tres semanas de combates con numerosas bajas, se firmó un armisticio bajo los auspicios de la

Organización de la Unidad Africana. Las tropas etíopes se retiraron a una zona temporal de seguridad

situada a 25 kilómetros de la frontera. Unos 60.000 civiles eritreos y centenares de soldados habían

huido a Sudán y alrededor de 370.000 se habían convertido en desplazados internos a causa de los

combates. A pesar de las recriminaciones y las acusaciones mutuas se firmó el armisticio y cesaron los

combates. Los refugiados y los desplazados internos comenzaron a regresar. Casi la mitad de la

población estaba expuesta a ser víctima del hambre.

España

Continuaron los informes de malos tratos en prisión, así como las denuncias de tortura

formuladas por presuntos miembros del grupo armado vasco Patria Vasca y Libertad (Euskadi Ta

Askatasuna, ETA). ETA cometió numerosos abusos contra los derechos humanos, en los cuales 23

personas, la mayoría civiles, murieron abatidas a tiros o como consecuencia de la explosión de

coches bomba, y muchas otras, incluidos niños, resultaron heridas. Hubo un incremento de actos

de «violencia callejera» por parte de grupos, según los informes, cercanos a ETA; esos actos

incluían incendios provocados, ataques con explosivos y amenazas de muerte. El gobierno propuso

nuevas medidas penales, entre las que se encontraba un aumento de las penas para los menores

declarados culpables de actos violentos de motivación política.

Caso ilustrativo del 2000:

A las 5 de la mañana, Miriam Gómez y su amigo, Beltrán Sánchez Pérez, regresaban en un

automóvil Renault-9 a su casa de Bellavista (Sevilla) de una visita a una discoteca. Beltrán Sánchez, que

conducía el vehículo, no poseía un permiso de conducción ni la póliza de seguros necesaria y trató de

eludir una prueba de alcoholemia. Dos guardias civiles persiguieron al Renault-9 durante un trayecto de

cuatro kilómetros y uno de ellos, instructor de tiro y director de la división de tráfico de Dos Hermanas

(Sevilla), apuntó su arma a la parte de atrás del automóvil y disparó una bala que atravesó la puerta

trasera izquierda, hizo impacto en el armazón del asiento del conductor y penetró en el brazo izquierdo y

el pecho de la pasajera, causándole lesiones en los pulmones y el corazón. La muerte de Miriam Gómez

fue prácticamente instantánea.14

Estados Unidos de América

Se recibieron informes de brutalidad policial, disparos con armas de fuego en

circunstancias controvertidas y malos tratos en centros penitenciarios.

14

Véase el documento de Amnistía Internacional España: Miriam Gómez Cuadrado muerta por un

disparo efectuado por un miembro de la Guardia Civil, Índice AI: EUR 41/05/00/s.

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19

Brutalidad policial

Se recibieron informes de brutalidad policial y de disparos contra presuntos delincuentes

desarmados en circunstancias controvertidas; un número desproporcionado de víctimas pertenecía a

minorías raciales.

Continuó la investigación sobre el escándalo provocado por la comisaría de Rampart del

Departamento de Policía de Los Ángeles, a cuyos agentes se acusó de golpear, disparar, robar y tender

trampas a personas. Más de 70 agentes o ex agentes estaban siendo sometidos a investigación, y más de

100 casos de individuos declarados culpables por los tribunales habían sido anulados, mientras seguían

revisándose decenas más. En noviembre, tres agentes fueron declarados culpables de conspiración y

otros delitos relacionados con miembros de bandas a los que habían tendido trampas.

· Dos policías del estado de Nueva Jersey se enfrentaban a un procesamiento en relación con los

disparos realizados en 1998 contra tres negros y latinos desarmados, que resultaron heridos,

durante un control de tráfico en la autopista de peaje de Nueva Jersey. Los policías habían

realizado 11 disparos contra la furgoneta en la que viajaban los jóvenes camino de unas pruebas

de selección para un equipo universitario de baloncesto.

Unos estudios realizados anteriormente, y que mostraban que los policías del estado actuaban

según criterios raciales, habían obligado al departamento a reformar sus prácticas y a supervisar las

operaciones de detención y registro para evitar la discriminación étnica o racial.

En noviembre, el Departamento de Justicia estadounidense anunció que estaba investigando los abusos reiterados presuntamente cometidos por el Departamento de Policía del condado de

Prince George, en Maryland, tras la avalancha de sucesos, en los últimos años, de disparos con

armas de fuego por parte de la policía y denuncias de brutalidad policial, entre las que se

encontraban las denuncias de más de una veintena de personas que afirmaban haber sufrido

lesiones permanentes por ataques de perros policía.

Etiopía

La guerra fronteriza con Eritrea se reanudó en mayo. En junio, un armisticio puso fin a los

intensos combates y en diciembre se firmó un acuerdo de paz. Ambos contendientes se acusaron

mutuamente de someter a abusos contra los derechos humanos a los ciudadanos del bando

contrario. Dentro de Etiopía continuó el conflicto armado entre las fuerzas del gobierno y la

oposición en las regiones oroma y somalí, y, según informes, se cometieron muchos abusos y

violaciones de derechos humanos. Se detuvo a presuntos partidarios de los rebeldes que fueron

torturados o en ocasiones ejecutados extrajudicialmente.

La guerra con Eritrea

En mayo estalló de nuevo en la zona fronteriza la guerra con Eritrea, tras un año de tensa

confrontación a lo largo de los mil kilómetros de frontera. Ambos bandos habían continuado ampliando

sus fuerzas y adquiriendo armas. Se recibieron informes sobre reclutamiento forzado en el sur de Etiopía;

en algunos casos, según parece, se reclutó por la fuerza a niños.

En mayo, Etiopía atacó y se hizo con gran parte del suroeste de Eritrea, expulsando a las tropas

enemigas de zonas que ocupaban desde el comienzo de la guerra en mayo de 1998. El Consejo de

Seguridad de la ONU instó a que se firmara un armisticio e impuso un embargo de armas a ambos

bandos. En junio, después de tres semanas de combates con numerosas bajas, se firmó un Acuerdo de

Cesación de Hostilidades bajo los auspicios de la Organización de la Unidad Africana. Las tropas etíopes

se retiraron a una zona temporal de seguridad de Eritrea situada a 25 kilómetros de la frontera y

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20

administrada por la Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea. Continuaron las recriminaciones y las

denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por cada bando en su propio país contra

ciudadanos del bando contrario. Más de 300.000 etíopes se vieron desplazados por los combates.

En diciembre se firmó oficialmente un acuerdo de paz en Argelia, en presencia del secretario

general de la ONU. Se dispuso en él que la ONU supervisara la retirada de las tropas etíopes y se

ocupara de la administración provisional de la zona temporal de seguridad, la delimitación neutral de la

frontera y el examen de las reclamaciones de indemnización de uno y otro bando. El secretario general

de la ONU prometió ayuda internacional a ambas partes para ayudarlas a recuperarse de la destrucción

causada por el conflicto.

Caso ilustrativo del 2000:

Según informes, las fuerzas de seguridad etíopes han propinado golpes y patadas y han disparado

contra estudiantes, algunos de ellos adolescentes, que se manifestaban contra la brutalidad policial y que

pedían libertad política y libertad de cátedra. Los informes indican que un estudiante murió el 18 de abril

a consecuencia de los disparos, y al parecer otro más murió el 17 de abril. Según fuentes hospitalarias, el

personal apenas puede atender a tantos heridos. Miles de estudiantes y de escolares siguen causando

disturbios en las calles de Addis Abeba: causan desperfectos en bienes públicos, arrojan piedras,

bloquean carreteras e incendian vehículos. En respuesta, las fuerzas de seguridad siguen haciendo

redadas.15

Federación Rusa

Durante el año 2000 tuvieron lugar violaciones de derechos humanos graves y

generalizadas, entre ellas delitos graves a gran escala contra civiles en el transcurso del conflicto

armado que se reanudó en la República Chechena (Chechenia). Las fuerzas de la Federación Rusa

fueron responsables de flagrantes violaciones de derechos humanos contra la población civil de

Chechenia. Millares de civiles perdieron la vida en ataques indiscriminados y hubo denuncias

generalizadas de torturas, detenciones en régimen de incomunicación y ejecuciones sumarias.

El conflicto checheno

Las autoridades rusas aseguraron que la situación en Chechenia se había normalizado tras la

reducción de las actividades militares durante el primer trimestre del año. No obstante, persistió la crisis

de derechos humanos en la República Chechena. Se recibieron informes frecuentes que indicaban que las

fuerzas rusas habían atacado y bombardeado indiscriminadamente objetivos civiles. La población civil

chechena, incluido el personal médico, continuó siendo objetivo de los ataques de las fuerzas del ejército

ruso. Centenares de civiles y de prisioneros de guerra chechenos fueron ejecutados extrajudicialmente.

Se siguió denegando el acceso a Chechenia a periodistas y observadores independientes. Según informes,

los combatientes chechenos amenazaron con frecuencia, y en algunos casos causaron la muerte, a

miembros del gobierno civil designado por Rusia, y ejecutaron a soldados rusos que habían capturado.

15

Véase el documento de Amnistía Internacional Fear for safety /Use of excessive force by security

forces18 April 2001, Índice AI: AFR 25/006/2001.

Filipinas

La escalada del conflicto armado en la región central de la isla de Mindanao provocó el

desplazamiento de más de 400.000 civiles entre informes de bombardeos aéreos indiscriminados y

violaciones de derechos humanos a manos de las Fuerzas Armadas de Filipinas (Armed Forces of

the Philippines). El Frente Moro de Liberación Islámica (Moro Islamic Liberation Front) se retiró

Page 31: Público Amnistía Internacionaly huelga decir que no les obligan a solicitar un permiso para cada una de sus operaciones. ... almacenamiento y distribución de armas de fuego y municiones,

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del proceso de paz tras la toma de sus principales bases. Las tensiones en la región se intensificaron

aún más tras una serie de secuestros de civiles por el grupo armado Abu Sayyaf en el archipiélago

de Sulu. Después de prolongadas negociaciones, el ejército asaltó las posiciones de Abu Sayyaf en la

isla de Jolo, provocando el desplazamiento de millares de civiles acompañado de informes de

violaciones de derechos humanos.

Ejecuciones extrajudiciales

La policía mató en varias ocasiones a presuntos delincuentes, al parecer por «resistirse a ser

detenidos» o «intentar escapar». Según los informes, presuntos miembros del Nuevo Ejército del Pueblo

fueron ejecutados extrajudicialmente, algunos de ellos estando heridos, tras enfrentamientos con

unidades de las Fuerzas Armadas de Filipinas.

En junio se presentaron cargos de asesinato contra 10 miembros de una unidad policial que abatió a tiros a dos hombres musulmanes en Manila durante una redada contra presuntos

simpatizantes del Frente Moro de Liberación Islámica.

Fiyi

El violento intento de golpe de Estado de mayo dio lugar a abusos generalizados contra los

derechos humanos y una flagrante falta de respeto por el Estado de derecho. Hubo decenas de

heridos entre la población civil, la policía y el ejército, y varias personas murieron.

Caso ilustrativo del 2000:

Aproximadamente a la una de la tarde del 2 de noviembre del 2000, miembros de la unidad

especial del ejército Guerra Contrarrevolucionaria tomaron rehenes al menos a tres soldados de unidades

ordinarias y se los llevaron al Cuartel Reina Isabel en la capital, Suva, y dispararon, según informes a

quemarropa, contra dos soldados desarmados de otras unidades militares. Alrededor de las 6.30 de la

tarde, fuerzas militares ordinarias leales al jefe del Estado Mayor les contraatacaron, liberaron todos los

rehenes y recuperaron el control del cuartel. Al menos 30 personas resultaron heridas en los

enfrentamientos, y el jefe del Estado Mayor, Commodore Ratu Voreqe Bainimarama, estuvo a punto de

ser capturado por los rebeldes e incluso de perder la vida. Posteriormente se confirmó la muerte de ochos

soldados, cinco de ellos miembros de la unidad Guerra Contrarrevolucionaria, aunque al parecer es

posible que algunos de los miembros de la unidad especial que perdieron la vida no lo hicieran a

consecuencia de las heridas provocadas en los tiroteos. Sigue sin conocerse con claridad el objetivo de

los 20 a 40 rebeldes de la unidad Guerra Contrarrevolucionaria que según parece se amotinaron, aunque,

según los informes, algunos de ellos habían sido excarcelados sólo una semana antes. Inicialmente los

detuvieron por su presunta participación en un golpe de Estado perpetrado el 19 de mayo del 2000 en el

que se tomó rehenes a los miembros del gobierno electo y cientos de familias fiyianas de etnia india

sufrieron ataques racistas por parte de los partidarios del golpe.16

16

Véase el documento de Amnistía Internacional Fiji: Human Rights At Risk, Índice AI: ASA 18/09/00.

Francia

Continuaron las denuncias de brutalidad policial, especialmente contra solicitantes de asilo

y otras personas de origen no europeo. La policía realizó disparos, en ocasiones mortales, en

circunstancias controvertidas.

Disparos de la policía

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22

El uso de fuerza excesiva y, en ocasiones, letal, siguió siendo inquietantemente frecuente. Estos

incidentes tenían lugar muchas veces durante investigaciones policiales sobre robos de automóviles en

las aglomeraciones urbanas y barrios económicamente desfavorecidos en los que vivían numerosos

jóvenes de origen norteafricano. En abril y septiembre, tras sendos homicidios de ese tipo, estallaron

disturbios, respectivamente, en el sur de Lille y en dos zonas de Seine-et-Marne.

En abril, tras el homicidio en Lille de Riad Hamlaoui, residente francés de origen argelino, hubo tres noches de disturbios. Riad Hamlaoui, que viajaba como pasajero en un automóvil

presuntamente robado, murió por el disparo de un agente de policía. El disparo se realizó a corta

distancia, y le atravesó el cuello. Tanto Riad Hamlaoui como el conductor del automóvil iban

desarmados. El conductor salió del vehículo, pero, según se afirmó, Riad Hamlaoui, todavía en

su interior, efectuó «un gesto brusco» que, unido a la oscuridad de la noche y al vaho

condensado en los cristales, hizo que el agente temiera por su vida. El agente fue detenido para

ser investigado por «homicidio voluntario». Se llevaron a cabo dos reconstrucciones de los

hechos y, en julio, el agente quedó en libertad provisional.

Gambia

En abril perdieron la vida al menos 14 personas y decenas más resultaron heridas cuando

las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza para dispersar

manifestaciones estudiantiles. Miembros de la oposición se enfrentaron al acoso y a la detención.

Se recibieron informes frecuentes de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a manos de

las fuerzas de seguridad.

Uso excesivo e indiscriminado de la fuerza

El 10 y 11 de abril, al menos 14 personas resultaron muertas y decenas más heridas, algunas de

ellas de gravedad, cuando las fuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo e indiscriminado de la

fuerza para disolver manifestaciones de protesta. Varias de las personas que perdieron la vida eran

menores de 18 años de edad. Las manifestaciones no autorizadas habían sido organizadas por la

Asociación de Estudiantes de Gambia en Banjul, Brikama y otras ciudades para protestar por dos

sucesos ocurridos en marzo: la muerte del estudiante Ebrima Barry, al parecer tras ser torturado, y la

violación de una estudiante de 13 años de edad, Binta Manneh, por un agente de policía. La

manifestación celebrada en Banjul el 10 de abril degeneró en violencia cuando las fuerzas de seguridad

trataron de dispersar a la multitud utilizando, entre otros medios, gas lacrimógeno, porras y balas de

goma. Al parecer, algunos manifestantes arrojaron piedras contra las fuerzas de seguridad, quemaron

neumáticos y prendieron fuego a edificios, entre ellos, cuarteles de bomberos y comisarías. Según los

informes, las fuerzas de seguridad dispararon contra la muchedumbre y, al parecer, las autopsias

practicadas posteriormente confirmaron que se había utilizado fuego real. Omar Barrow, periodista y

voluntario de la Cruz Roja de Gambia, que llevaba un distintivo de dicha organización, fue una de las

personas que perdió la vida cuando se disponía a ayudar a los manifestantes heridos.

Ghana

Detenciones y presuntas agresiones por parte del ejército

Se recibieron informes de detenciones llevadas a cabo por el ejército. Algunos detenidos

sufrieron agresiones; otros estuvieron recluidos ilegalmente, sin poder comunicarse con abogados ni

recurrir a los tribunales, en lugares como «El Castillo», «Osu» (la residencia y oficina presidencial en

Accra) y la comandancia militar del Campamento Burma, en Accra. En algunos casos, la detención

obedeció a motivos políticos, como haber criticado al ejército u ofendido al presidente o a su familia.

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En enero, policías militares detuvieron pistola en mano a Kabral Blay Amihere, editor del periódico Independent, cuando conducía su automóvil a una hora avanzada de la noche. Estuvo

detenido toda la noche y fue interrogado en relación con la publicación en su periódico de un

artículo que, según se consideró, criticaba al ejército.

Guatemala

La aplicación de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera firmados en 1996 siguió siendo

lenta. No se emprendieron acciones suficientes respecto a las recomendaciones de dos recientes

informes sobre derechos humanos, y continuó la impunidad para la mayoría de las violaciones de

esos derechos cometidas durante el conflicto civil. Quienes intentaron investigar esas violaciones y

llevar ante la justicia a los responsables siguieron enfrentándose a obstáculos legales, acoso,

intimidación y ataques cada vez más intensos, entre los que hubo lo que parecían ser varias

«desapariciones» y ejecuciones extrajudiciales. Resultaron muertos varios manifestantes que

protestaban por asuntos sociales y económicos.

Ataques a defensores de los derechos humanos

En septiembre, unos hombres fuertemente armados asaltaron las oficinas compartidas por dos grupos de derechos humanos: Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala

(FAMDEGUA) e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS); esta

última está integrada por hijos de «desaparecidos» que desean esclarecer la suerte que corrieron

sus padres. Los hombres armados obligaron a sus víctimas a tumbarse en el suelo, les apuntaron

con pistolas a la cabeza y las amenazaron con matarlas; además, obligaron a los hombres a

desnudarse y robaron equipo de oficina y expedientes de casos, incluidos varios de la matanza de

Dos Erres.

Guinea

Durante la última década, Guinea ha sido un lugar seguro y de refugio para cientos de

miles de liberianos y sierraleonenses que habían huido de prolongados conflictos armados en sus

propios países. Desde septiembre del 2000 se ha convertido en un lugar de violencia, muerte y

temor para miles de refugiados y de civiles guineanos que han perdido la vida y han sido víctimas

de palizas, violaciones y secuestros a manos de grupos armados políticos. Los refugiados también

han sido objeto específico de homicidios, tortura y malos tratos, detenciones arbitrarias e

intimidación por las fuerzas de seguridad guineanas, y de hostigamiento por civiles guineanos.

Caso ilustrativo del 2000:

Unos hombres vestidos de uniforme dispararon contra Alfred Kaloko, campesino de 35 años de

edad y refugiado en Sierra Leona, y su hijo de dos años, cuando éstos trataban de escapar del asalto a un

campo de refugiados de Katkama en diciembre del 2000.17

Guinea-Bissau

Varios agentes de las fuerzas de seguridad fueron declarados culpables de cometer

violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de 1998-1999 y condenados a penas

de prisión. Varios presos políticos quedaron en libertad, en algunos casos en espera de juicio. Siete

17

Véase el documento de Amnistía Internacional Guinea: Refugees must not be forced to choose between

death in Sierra Leone or death in Guinea, Índice AI: AFR 29/003/2001.

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dirigentes políticos y unos 200 soldados fueron detenidos tras una rebelión armada. Se recibieron

informes de abusos contra los derechos humanos cometidos por soldados.

Caso ilustrativo del 2000:

El 17 de mayo, tras efectuar varios disparos, unos soldados entraron en las oficinas del periódico

Diário de Bissau, que había publicado un artículo de opinión en el que se criticaba la presunta

dilapidación de dinero público por parte de la esposa del presidente Kumba Ialá. Los soldados

interrogaron de forma amenazadora al periodista Bakary Mané, que se encontraba sólo en el local en ese

momento. Los periodistas que trabajan para el Diário de Bissau reciben amenazas con frecuencia debido

a su trabajo. El director del periódico, João de Barros, había recibido una amenaza de muerte en

diciembre de 1999, tras haber recibido quejas de soldados por la información difundida por su diario

sobre el ejército.18

Guyana

Se recibieron informes de tortura y malos tratos a manos de la policía, y de disparos

realizados por la policía en circunstancias controvertidas.

Disparos policiales

Se produjeron incidentes de disparos realizados por la policía en circunstancias poco claras;

algunos de ellos parecían ser ejecuciones extrajudiciales. Según los informes, aún no se habían llevado a

cabo investigaciones sobre numerosos homicidios cometidos por la policía.

El 7 de enero, Dexter Randolph fue herido de muerte por disparos de la policía en Tiger Bay, en circunstancias controvertidas. Los testigos presenciales afirmaron que los policías lo habían

sacado a rastras de debajo de un vehículo patrulla y le habían disparado. La policía aseguró que

iba armado.

Haití

18

Véase el documento de Amnistía Internacional Guinea-Bissau: Human rights under threat, Índice AI:

AFR 30/003/2000.

La situación de los derechos humanos se deterioró notablemente, pese a que se produjo

algún progreso en la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas en el

pasado. El periodo electoral se vio enturbiado por el asesinato de figuras públicas y por los

violentos ataques de partisanos políticos, que en su mayoría se proclamaban simpatizantes del

partido Fanmi Lavalas. Hicieron su aparición unas fuerzas de seguridad ilegales que actuaban

bajo las órdenes de las autoridades regionales y locales recién elegidas.

Violencia en el contexto electoral

Varios candidatos electorales, miembros de partidos y familiares suyos fueron asesinados durante

el año, la mayoría por agresores no identificados. Otros se ocultaron, pues temían por su seguridad. Dos

niños murieron a causa de explosiones de granadas y otros artefactos durante el periodo previo a las

elecciones presidenciales; nadie se atribuyó la responsabilidad de esos ataques.

· Jean Dominique, destacado periodista radiofónico y defensor de los principios de derechos

humanos, murió abatido a tiros a manos de agresores no identificados ante su emisora de radio,

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Radio Haiti Inter, el 3 de abril. También mataron al vigilante de la emisora, Jean Claude

Louissaint.

Aparición de fuerzas de seguridad ilegales

Algunas de las autoridades locales y regionales que resultaron elegidas en las elecciones de mayo

y su segunda vuelta establecieron fuerzas de seguridad ilegales que fueron responsables de un número

considerable de violaciones de derechos humanos. No existía base legal ni mecanismo que controlara

estas fuerzas y, por lo general, sus miembros eran simpatizantes de Fanmi Lavalas, el partido al que

pertenecían la mayoría de las autoridades elegidas. En algunos casos, las autoridades alegaron que habían

creado esas fuerzas para combatir la delincuencia y reforzar la Policía Nacional de Haití, a la que

acusaban de ineficacia; en otros casos, sus motivos eran abiertamente políticos.

El 2 de noviembre, tres participantes y dos transeúntes resultaron heridos de bala cuando unos simpatizantes de dos alcaldes afiliados a Fanmi Lavalas atacaron una reunión de la coalición de

oposición Convergencia Democrática (Convergence Démocratique) y de la organización de base

Movimiento Campesino de Papaye (Mouvman Peyizan de Papaye) en la localidad de Hinche.

Honduras

La Policía Nacional hizo un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Los

defensores de los derechos humanos se convirtieron una vez más en víctimas de ataques y

amenazas. Se cometieron graves violaciones de derechos humanos contra niños.

Niños

En enero, Edy Nahum Donaire Ortega, de 17 años, murió a manos de un agente de policía. Había

sido detenido por presunto robo y recluido en la comisaría de San Juan Antonio de la Cuesta, municipio

de San Jerónimo, departamento de Comayagua, en contra de lo establecido por la ley que prohíbe recluir

a menores en centros de detención para adultos tales como comisarías. Lo llevaron ante un juez local y,

de regreso a la comisaría, escapó. Un agente de la Policía Nacional Preventiva realizó, según él, un

«disparo de advertencia» al aire, pero la bala seccionó una arteria de la pierna de Edy Nahum Donaire

Ortega, quien murió desangrado. El agente fue detenido por asesinato.

India

En toda la India se cometieron violaciones de derechos humanos, a las que continuaron

siendo particularmente vulnerables los sectores de la sociedad más desfavorecidos desde el punto

de vista económico y social. La violencia interconfesional, entre castas y comunidades, así como la

de carácter político, se cobró muchas vidas en diversos estados, como Assam, Bihar, Gujarat,

Jammu y Cachemira, Tamil Nadu y Bengala Occidental. La preocupación del gobierno por las

cuestiones de seguridad nacional lo llevó a emprender varias iniciativas para hacer frente al

«terrorismo» en todo el país, entre ellas la de incrementar el poder de una policía que continuó

siendo identificada con prácticas de tortura, corrupción y otros abusos.

Caso ilustrativo del 2000:

El 31 de enero del 2000, dos hombres dalit (miembros de una comunidad desfavorecida)

resultaron muertos en la localidad de Jethuke, en el distrito de Bhatinda, estado del Punyab, cuando la

policía abrió fuego contra cientos de manifestantes que protestaban por el elevado precio de los billetes

de autobús y por la detención de cuatro dirigentes del Sindicato de Campesinos Indios (Bhartiya Kisan

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Union) que estaban negociando esta cuestión con la administración del distrito en representación de la

población local.19

Indonesia

Los conflictos políticos tuvieron un efecto negativo en el ritmo de las reformas. Las

iniciativas positivas, como los esfuerzos realizados para investigar algunas violaciones de derechos

humanos cometidas en el pasado, se vieron ensombrecidas por un notable deterioro de la situación

de los derechos humanos en zonas como Aceh y Papúa. Hubo informes de cientos de ejecuciones

extrajudiciales. Los activistas políticos y los defensores de los derechos humanos figuraban entre

las víctimas de violaciones de derechos humanos, como homicidios ilegítimos, torturas y

detenciones arbitrarias. Las fuerzas de seguridad también violaron los derechos humanos en otras

situaciones, como las disputas por la propiedad de la tierra y los derechos sindicales y las

manifestaciones políticas, así como en zonas de conflicto religioso o étnico, como las Molucas.

Caso ilustrativo del 2000:

Tres miembros de una organización humanitaria radicada en Aceh fueron torturados y murieron

por heridas de bala cerca de Kadang, en Lhokseumawe, Aceh del Norte, el 6 de diciembre del 2000. Una

cuarta persona, Nazaruddin Abdul Gani, logró escapar y ha abandonado el país ya que temía por su

seguridad. Existen indicios contundentes de que entre los autores directos de los homicidios había

miembros del ejército y de que otros miembros de las fuerzas de seguridad fueron cómplices de las

violaciones de derechos humanos. Las autoridades han abierto una investigación y se ha detenido a

varias personas, entre ellas a miembros de las fuerzas de seguridad y a varios civiles.20

Irak

19

Véase el documento de Amnistía Internacional India: Persecuted for challenging injustice: human

rights defenders in India, Índice AI: ASA 20/08/00.

20 Véase el documento de Amnistía Internacional Briefing on the Current Human Rights Situation in

Indonesia, Índice AI: ASA 21/006/2001.

Ejecuciones extrajudiciales

En octubre, en Bagdad y otras ciudades se decapitó sin ningún tipo de proceso judicial a decenas

de mujeres acusadas de prostitución. La misma suerte corrieron los hombres sospechosos de

proxenetismo. Según informes, las ejecuciones se llevaron a cabo en presencia de representantes del

partido Baás y de la Unión General de Mujeres. Los verdugos eran miembros de los Combatientes de

Sadam (Feda’iyye Saddam), milicia creada en 1994 por Uday Sadam Husein, que utilizaron espadas para

ejecutar a las víctimas en la puerta de sus casas. Según informes, a algunas de las víctimas las mataron

por razones políticas.

En octubre fue decapitada la doctora Najat Mohammad Haydar, especialista en obstetricia, de Bagdad. Había sido acusada de prostitución pero, según informes, la habían detenido antes de

que comenzara a aplicarse la política de la decapitación de prostitutas y, al parecer, se había

mostrado crítica con la corrupción existente en los servicios de salud.

También en octubre se decapitó en Mosul, en el norte de Irak, a varias mujeres, entre ellas Fatima ‘Abdallah ‘Abd al Rahman, Shadya Shaker Mahmoud e Iman Qassem Ahmad.

Homicidios políticos

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Continuaron recibiéndose informes sobre homicidios políticos.

En Arbil, situada en la zona del Kurdistán iraquí controlada por el Partido Demócrata del Kurdistán (PDK), hombres armados no identificados mataron en junio y en julio,

respectivamente, a Sirbit Mahmud, líder de la Unión Nacionalista Democrática del Kurdistán, y a

Osman Hassan, diputado.

En julio, las fuerzas de la Unión Patriótica del Kurdistán (UPK) mataron a cuatro miembros del Partido Comunista Obrero Iraquí (‘Abdul Basit Muhsin, Mohammad Mustafa, Ibrahim

Mohammad Rostam y Hawri Latif) y a uno (Omid Nikbin) de la organización de oposición

Partido Comunista Obrero Iraní. La UPK dijo que las víctimas no habían detenido el vehículo en

el que viajaban al llegar a un puesto de control, que habían disparado y herido a dos personas y

que habían muerto al responder las fuerzas de seguridad a sus disparos.

Irlanda

Disparos de las fuerzas de seguridad

No se pueden considerar independientes las investigaciones llevadas a cabo por agentes de

policía sobre homicidios controvertidos cometidos por otros agentes de policía. Por otra parte, el

procedimiento actual de investigación judicial no satisface las normas internacionales que establecen la

necesidad de un mecanismo por el cual se analice públicamente la legalidad de la actuación de los

agentes estatales. Así, los familiares de las víctimas se ven gravemente perjudicados ya que sus abogados

no tienen acceso antes de que se abra la investigación judicial al informe completo de la autopsia, a las

pruebas periciales íntegras ni a la versión completa de las declaraciones de los testigos, hecho que les

impide impugnar de manera eficaz la versión oficial de los hechos. La policía irlandesa (Garda) sí tiene

acceso a todos estos documentos. Además, los familiares de las víctimas no gozan de asistencia letrada

gratuita que cubra los gastos que acarree la defensa letrada y el asesoramiento de expertos

independientes.

· John Carthy resultó muerto por disparos en abril del 2000, tras pasar 25 horas atrincherado en su

vivienda, que se hallaba rodeada por decenas de agentes de policía. Según indican los informes,

John Carthy padecía depresión y la manera en que la policía resolvió el incidente sembró dudas,

entre ellas, sobre las razones por las que no se satisfizo su petición de hablar con su abogado y

sobre si la policía hizo uso excesivo de la fuerza dadas las circunstancias. El homicidio de John

Carthy fue el tercero causado en los últimos años por agentes policiales de la Unidad de

Respuesta Urgente, unidad fuertemente armada que recibe un adiestramiento especial. En octubre

se realizó una investigación judicial sobre su muerte. El jurado se limitó a declarar que se había

producido una muerte causada por herida de bala, y declinó emitir veredicto sobre las

circunstancias del fallecimiento, o hacer recomendaciones.

Islas Salomón

Caso ilustrativo del 2000:

El 14 de julio, unos hombres armados que vestían uniformes de la Fuerza Águila de Malaita y de

unidades policiales paramilitares, bordeando la costa en dos lanchas rápidas, dispararon primero

indiscriminadamente contra las cabañas de la población costera de Aruligo, y luego se dirigieron hacia

Visale, localidad situada en la zona noroeste de Guadalcanal. Allí dispararon contra el personal y los

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pacientes de una clínica, que trataban de huir, y mataron a un anciano y un muchacho. Según los

informes, el ataque dañó importantes suministros médicos de la Cruz Roja. Los pistoleros robaron la

radio de la clínica, que funcionaba mediante energía solar y era el principal enlace de comunicaciones de

la zona con la Cruz Roja y la capital, aislada de las zonas rurales de la isla por los controles de carretera

de la Fuerza Águila de Malaita.21

Israel y los territorios ocupados

Las fuerzas de seguridad israelíes mataron a más de 300 palestinos; la mayoría de estas

muertes fueron homicidios ilegítimos cometidos durante la nueva Intifada (levantamiento).

21

Véase la Acción Urgente 213/00 de Amnistía Internacional Islas Salomón: Pacientes y personal de las

clínicas rurales de la isla de Guadalcanal, Índice AI: ASA 43/04/00/s.

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La Intifada

El 29 de septiembre, la policía israelí, haciendo uso excesivo de la fuerza, mató a cinco

palestinos e hirió a más de 200 en el recinto de la mezquita de Al Aqsa, en Jerusalén. Estos hechos

provocaron en Israel y en los territorios ocupados manifestaciones y disturbios diarios, que continuaban

al concluir el año.

Los servicios israelíes de seguridad mataron al menos a 300 palestinos e hirieron a más de

10.000. La mayoría de los muertos y heridos eran manifestantes que habían arrojado piedras con las

manos o con hondas; al menos 100 de los muertos eran menores de 18 años. La policía, la Guardia de

Fronteras, la Unidad Especial de Patrulla y la Fuerza de Defensa israelíes hicieron uso excesivo de

medios letales al disparar contra los manifestantes bolas metálicas revestidas de goma y munición real,

incluidas balas de alta velocidad. Algunos palestinos fueron deliberadamente seleccionados como

víctimas y ejecutados extrajudicialmente. La fuerza aérea y la marina israelíes utilizaron armamento

pesado, incluidos helicópteros de ataque, tanques y buques de guerra, para bombardear aleatoriamente

zonas palestinas desde donde palestinos armados habían disparado.

En los territorios ocupados, palestinos armados, algunos de ellos miembros de los tanzimat

(grupos paramilitares palestinos vinculados a Al Fatah, principal facción de la Organización para la

Liberación de Palestina), efectuaron ataques contra soldados y civiles israelíes. Se produjeron varios

tiroteos entre la Fuerza de Defensa Israelí y servicios de seguridad o grupos paramilitares palestinos.

Asimismo, grupos armados de oposición palestinos, como la yihad (Guerra Santa) islámica, pusieron

bombas que mataron a seis civiles israelíes. Según informes, los colonos israelíes mataron a seis civiles

palestinos.

En octubre murió por disparos de soldados israelíes en Rafah, localidad de Gaza, un niño de 11 años, Sami Abu Jazzar, que estaba arrojando piedras durante una manifestación. Los soldados se

hallaban atrincherados en un fortín situado a 100 metros de distancia y donde no corrían peligro

en ese momento.

El 2 de noviembre, dos civiles israelíes murieron cerca del mercado de Mahan Yehuda de Jerusalén a causa de un atentado con bomba del que se responsabilizó la yihad.

En una cumbre celebrada en Sharm el Sheik en octubre, Israel y la Autoridad Palestina aceptaron

que una comisión de investigación examinara las causas de la violencia y presentara un informe al

gobierno estadounidense. La comisión comenzó su labor en noviembre. En una reunión extraordinaria

celebrada en octubre, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estableció una comisión de

investigación sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Israel y los territorios ocupados.

En noviembre el gobierno israelí creó una comisión judicial para investigar los «enfrentamientos con las

fuerzas de seguridad en los que han resultado muertos y heridos ciudadanos israelíes árabes y judíos».

Italia

Malos tratos y disparos de agentes encargados de hacer cumplir la ley

Se denunciaron frecuentes casos de agentes encargados de hacer cumplir la ley que habían

agredido físicamente a detenidos. Aunque las denuncias se referían tanto a ciudadanos italianos como a

extranjeros, muchas de las víctimas eran de origen africano o romaní. Seguían en curso diversas

investigaciones judiciales abiertas en relación con denuncias de malos tratos y de disparos mortales

efectuados por carabineros y agentes de policía contra presuntos delincuentes desarmados, entre ellos los

jóvenes de 17 años Mourad Fikri, marroquí a quien la policía de Roma mató de un disparo en mayo, y

Mario Castellano, romaní muerto en julio por disparos de la policía en Nápoles.

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Jamaica

Siguieron recibiéndose informes de brutalidad policial y de uso excesivo de la fuerza. La

policía mató al menos a 140 personas, en muchos casos en circunstancias controvertidas.

Brutalidad por partede las fuerzas de seguridad

En agosto, el gobierno del Reino Unido retiró una licencia de exportación para la venta de 500

armas portátiles a la policía jamaicana argumentando la preocupación por las violaciones de derechos

humanos cometidas por la policía, incluido el elevado número de disparos mortales realizados por

agentes jamaicanos. El gobierno de Estados Unidos también canceló la transferencia de material,

alegando preocupaciones similares.

Disparos

En varios casos se recibieron informes que indicaban que testigos y familiares de víctimas de

disparos de la policía habían sido sometidos a intimidación y amenazas de muerte. En septiembre, tras

las protestas por el aumento de los índices de criminalidad, el primer ministro creó una nueva unidad

policial contra la delincuencia. En noviembre se habían recibido varios informes sobre ejecuciones

extrajudiciales cometidas por dicha unidad.

El 19 de septiembre, Williams Richards, presunto delincuente, murió en Kingston por los disparos de la nueva unidad de la policía; su muerte parecía ser una ejecución extrajudicial.

Cuando los delegados de Amnistía Internacional visitaron el lugar varias horas después de los

disparos, las pruebas periciales habían sido alteradas y retiradas.

Jordania

La policía de seguridad pública mató ilegítimamente a cuatro personas. Hubo al menos 21

casos de homicidios cometidos por motivos de honor.

Kenia

Un defensor de los derechos humanos murió en circunstancias poco claras. Continuaron las

torturas de presuntos delincuentes a manos de agentes de seguridad y se dieron varios casos de

muerte bajo custodia, entre ellos los de seis presos condenados a la pena capital. Se recibieron

informes sobre decenas de homicidios cometidos por agentes de seguridad en circunstancias que

hacían pensar en posibles ejecuciones extrajudiciales.

Disparos policiales

Decenas de personas, menores de edad entre ellas, resultaron heridas por disparos de la policía

cuando ésta intentaba detener a presuntos delincuentes.

En enero, según los informes, Chesoritich Kalomermoi, de siete años, resultó gravemente herida al ser alcanzada por los disparos de unos agentes de la policía que abrieron fuego contra la casa

de su familia en Baringo, provincia de Valle del Rift, para intentar detener a su padre.

En abril, Muslima Abdi Owl, de 18 años, resultó herida por disparos de agentes de la policía cuando éstos abrieron fuego contra un grupo de mujeres y niños que protestaban contra el reparto

de tierras en la localidad de Garissa, Provincia del Noreste. Las autoridades acusaron a las

mujeres de arrojar piedras a los agentes.

Homicidios cometidos por la policía

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A lo largo del año, la policía mató a decenas de personas. En ocasiones parecía tratarse de

ejecuciones extrajudiciales, y en otras la causa parecía ser el uso indiscriminado de la fuerza por parte de

los agentes, que disparaban al azar cuando perseguían a presuntos delincuentes. Aunque se detuvo a

algunos agentes, las investigaciones sobre varios de estos homicidios parecieron realizarse de forma

sumaria, y los jefes de policía a menudo los justificaron alegando que las víctimas eran delincuentes.

Lesoto

Durante todo el año continuó el conflicto político en torno a la aplicación de las reformas

políticas necesarias para la celebración de elecciones. Hubo nuevos informes sobre casos de

tortura, malos tratos y uso de fuerza excesiva por parte de agentes encargados de hacer cumplir la

ley.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad participaron en homicidios y lesiones causadas en circunstancias poco

claras. Se recibieron denuncias por uso excesivo de la fuerza.

Un soldado de las Fuerzas de Defensa de Lesoto, el cabo Monesapula, buscado al parecer por la Unidad contra el Crimen —cuerpo mixto de la policía y el ejército— en relación con una

investigación, apareció muerto con heridas de bala en la cabeza. Según los informes, había huido

del cuartel de Ratjamose, donde había sido interrogado por la policía militar el 16 de enero.

Unos miembros de la Unidad contra el Crimen que efectuaban un registro en busca de armas abrieron fuego con armas automáticas contra Anthony Phafa, habitante de Pitseng, a pesar de que

éste había negado estar en posesión de armas.

Líbano

Caso ilustrativo del 2000:

El 18 de abril, el ejército usó cañones de agua para dispersar a los manifestantes congregados

ante el Tribunal Militar y los golpeó con porras y pistolas. Al menos 13 manifestantes y transeúntes

resultaron heridos y algunos fueron hospitalizados, dos de ellos en estado grave.22

Liberia

22

Véase el documento de Amnistía Internacional Lebanon: Use of military court against student

demonstrators a violation of rights, Índice AI: MDE 18/05/00

Las fuerzas de seguridad, en especial la Unidad Antiterrorista, siguieron infligiendo

torturas y malos tratos y cometiendo otras violaciones de derechos humanos, que fueron en

aumento desde julio del 2000, a consecuencia de la reanudación de los combates en el condado de

Lofa, en el norte de Liberia. Asimismo, diversos grupos políticos armados liberianos secuestraron

a civiles o dispararon contra ellos causándoles la muerte cuando trataban de escapar de su

secuestro. La comunidad internacional continuó acusando al gobierno liberiano de prestar ayuda a

fuerzas rebeldes responsables de atrocidades en la vecina Sierra Leona.

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Participación en el conflicto de Sierra Leona

La comunidad internacional continuó acusando al gobierno liberiano de proporcionar armas,

municiones y combatientes, violando el embargo impuesto por la ONU en 1998, a fuerzas de oposición

armada de la vecina Sierra Leona, responsables de atrocidades en gran escala contra la población civil. El

gobierno siguió negándolo y acusó a los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido de intentar

desestabilizar Liberia. Asimismo, pidió que se llevara a cabo una investigación independiente.

En junio, la Unión Europea expresó preocupación por la participación de Liberia en el comercio

ilícito de diamantes de Sierra Leona y por el hecho de que no impidiera el envío de armas a los rebeldes

de ese país a través de territorio liberiano, por lo cual amenazó con suspender las ayudas a Liberia. En

julio, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso un embargo a las exportaciones de diamantes de Sierra

Leona. En octubre, el gobierno de Estados Unidos restringió la concesión de visados a altos cargos

liberianos y las autoridades de Liberia anunciaron medidas recíprocas.

En diciembre publicó su informe un grupo de expertos de la ONU formado en agosto para

investigar la relación entre el comercio de diamantes y el conflicto de Sierra Leona. Los expertos

encontraron indicios de apoyo del gobierno liberiano a los rebeldes del país vecino, incluso mediante

transferencias de armas y de formación militar, así como de tráfico a través de Liberia de diamantes

procedentes de las zonas rebeldes. Se vio también que estaban implicados otros gobiernos. Los expertos

formularon diversas recomendaciones, entre ellas la imposición de un embargo al comercio de diamantes

desde Liberia y la prohibición de viajar a los funcionarios liberianos por parte de los Estados miembros

de la ONU.

Macedonia

El principal motivo de preocupación en materia de derechos humanos fueron la tortura y

los malos tratos policiales. Un hombre posiblemente fue ejecutado extrajudicialmente y otro murió

bajo custodia, al parecer tras ser golpeado por la policía.

El incidente de Arainovo Decenas de hombres y al menos tres menores fueron golpeados en sus propias casas, y mujeres y

niños fueron al parecer amenazados con armas de fuego. Varios hombres fueron llevados a comisarías y

golpeados. A algunos los obligaron a «confesar» mediante torturas. Según informes, los golpearon con

porras, los amenazaron con quemarlos con metal al rojo vivo, los obligaron a beber orina y les cubrieron

la cabeza con bolsas de plástico. Los detenidos fueron sometidos a régimen de incomunicación, algunos

durante periodos de hasta 11 días, y pasaron luego a disposición judicial. No se informó a sus parientes y

abogados de su paradero y se les negó acceso a ellos.

Las autoridades sólo admitieron que el empleo excesivo de la fuerza en el transcurso de las

operaciones llevadas a cabo en Arainovo había ocasionado daños a la propiedad y pagaron algunas indemnizaciones. Hicieron oídos sordos a las recomendaciones formuladas por organismos como el

Defensor del Pueblo nacional para que se iniciasen investigaciones penales sobre la actuación policial.

El 18 de enero, la policía detuvo a Sabri Asani en relación con los asesinatos de Arainovo. El detenido murió camino de la comisaría en circunstancias que indicaban que pudo haber sido

víctima de ejecución extrajudicial. Las autoridades afirmaron que la muerte le había sobrevenido

a consecuencia de un fallo cardíaco por una sobredosis de drogas. No obstante, las fotografías

del cadáver indicaban que había recibido una brutal paliza y que lo más probable era que hubiese

muerto a consecuencia de una herida de bala que tenía en el cráneo. Aunque se practicó una

autopsia, las autoridades no pusieron el informe a disposición de los familiares de la víctima. Al

concluir el año, las autoridades no habían informado de la realización de una investigación penal

sobre su muerte.

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Malaisia

No se investigaron adecuadamente los informes de malos tratos policiales a detenidos.

Caso ilustrativo del 2000:

Los manifestantes tenían previsto realizar el 15 de abril una marcha por la capital, Kuala

Lumpur, en conmemoración del primer aniversario del encarcelamiento del ex viceprimer ministro

Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim, preso de conciencia, fue condenado a seis años de cárcel tras un juicio

sin garantías, acusado por motivos políticos de «abuso de poder». Las autoridades malaisias prohibieron

la manifestación y desplegaron centenares de policías en torno a la capital, algunos de ellos armados con

rifles M16. Varios cientos de manifestantes pacíficos se reunieron durante el día, coreando consignas y

pidiendo reformasi (reforma). Los manifestantes fueron dispersados con gas lacrimógeno y agua a

presión mezclada con productos químicos.23

México

En el 2000 siguieron recibiéndose informes de tortura, amenazas de muerte y homicidios

políticos. Tres presos de conciencia permanecían encarcelados. Siguieron sin resolverse centenares

de casos de tortura, «desaparición» y ejecución extrajudicial ocurridos en años anteriores.

Estados de Chiapas y Guerrero

Durante la mayor parte del año, los miembros de las comunidades indígenas de Chiapas

siguieron sufriendo actos de intimidación y violencia, que incluían amenazas de muerte. Según los

informes, los responsables eran miembros de las fuerzas de seguridad o de los llamados «grupos

paramilitares» o «grupos civiles armados» que actuaban con el respaldo o la aquiescencia de las

autoridades locales y regionales. En Guerrero, los miembros de la Organización Campesina de la Sierra

del Sur (OCSS) fueron víctimas de acoso, amenazas y homicidios en circunstancias que sugerían que

esos ataques tenían una motivación política.

El 1 de marzo, una disputa sobre los derechos de la tierra en el municipio de Nicolás Ruiz, Chiapas, desembocó en actos de violencia cuando, según los informes, unos agentes de la Policía

de Seguridad Pública ayudaron a la Alianza Campesina, «grupo civil armado» vinculado al

Partido Revolucionario Institucional (PRI), a atacar a los campesinos afiliados al Partido de la

Revolución Democrática, formación política de oposición. Al menos tres personas resultaron

heridas de bala y una cuarta recibió una paliza.

En julio, Marco Antonio Abadicio Mayo, activista de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, fue víctima de una emboscada nocturna organizada por un grupo de hombres cerca de

Atoyaquillo, municipio de Coyuca de Benítez. Al parecer, en el mes de enero anterior había sido

golpeado y amenazado por miembros de las fuerzas de seguridad y después había sido puesto en

libertad sin cargos. En abril, dos activistas de la misma organización, José Martínez Ramón y

Felipe Nava Gómez, murieron abatidos a tiros en Coyuca de Benítez.

23

Véase la Acción Extra 44/00 de Amnistía Internacional, Detención arbitraria en régimen de

incomunicación, temor de malos tratos y presos de conciencia, Índice AI: ASA 28/06/00/s.

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Mozambique

Aumentó el número de informes sobre violaciones de derechos humanos cometidas por

agentes de policía, entre ellas torturas y homicidios de presuntos delincuentes, mientras

continuaban los esfuerzos por reformar el sistema de justicia penal y dar una nueva formación a la

policía. Al menos 41 personas murieron por disparos de la policía en el curso de manifestaciones.

Uso excesivo de la fuerza

En mayo, la policía hizo uso excesivo de la fuerza durante el curso de una manifestación. En

Aube, distrito de Angoche, provincia de Nampula, seis personas murieron a consecuencia de disparos de

la policía y varias resultaron heridas cuando se manifestaban pacíficamente ante la comisaría para pedir

la liberación de un miembro de la Resistencia Nacional Mozambiqueña (Resistência Nacional

Moçambicana, RENAMO) detenido con anterioridad. Domingos Francisco Damião, Feliciano José

Carlos y Nanlissa Alberto murieron en el acto, mientras que Mussa Aiuba murió más tarde en el hospital.

Posteriormente se encontraron en las afueras de la ciudad los cadáveres de otros dos manifestantes,

muertos también por disparos.

Tortura y malos tratos

Aumentaron los informes de palizas graves y otras formas de tortura infligidas a detenidos en

comisarías con el fin de obtener confesiones. También ocurrió así en Maputo, donde el número de

informes había disminuido ligeramente en los últimos años. Muchos de los casos quedaron sin investigar.

En enero, Marcelino Mutolo y su cuñado, Luciano Homo, fueron torturados en la ciudad de Inhambame por miembros de la Policía de Intervención Rápida (Polícia de Intervenção Rápida,

PIR), que al parecer estaban investigando el robo de un vehículo. Marcelino Mutolo estuvo

recluido esposado a una columna en una celda infestada de mosquitos, y tuvo que permanecer

varias horas de pie antes de ser trasladado, junto con Luciano Homo, a las afueras de la ciudad. A

ambos los arrojaron al suelo, los golpearon brutalmente y los asustaron efectuando disparos por

encima de sus cabezas. Los dos quedaron en libertad sin cargos varios días después. Según los

informes, Marcelino Mutolo tuvo que pagar una elevada suma de dinero a la policía. No se tenían

noticias de que se hubiera emprendido ninguna investigación al respecto.

Presuntas ejecuciones extrajudiciales

Hubo nuevos informes sobre ejecuciones extrajudiciales de presuntos delincuentes a manos de la

policía que, al parecer, no fueron investigadas por las autoridades. La policía declaró con frecuencia que

las víctimas habían sido alcanzadas por disparos cuando intentaban huir.

Gildo Joaquim Bata, acusado de posesión de arma de fuego, y Tomás Paulo Nhacumba fueron detenidos en Maputo en marzo. El día después de su detención, la policía los llevó esposados a

casa de Gildo Joaquim Bata y pidió dinero a sus familiares por liberarlos. Como sus familias no

podían pagar, ambos hombres fueron aparentemente llevados de vuelta a la comisaría, y

posteriormente «desaparecieron». Tres días después, sus cuerpos aparecieron en el depósito de

cadáveres, registrados con otros nombres. Gildo Joaquim Bata presentaba un orificio de bala en

la frente, mientras que Tomás Paulo Nhacumba tenía un disparo en la frente y otro en el corazón.

La policía afirmó que los dos hombres habían recibido los disparos cuando intentaban huir. Al

concluir el año no se había emprendido ninguna investigación.

Myanmar

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El ejército siguió capturando a civiles pertenecientes a minorías étnicas para que realizasen

trabajos forzados, y continuó matando durante operaciones de contrainsurgencia a miembros de

estas minorías en los estados de Shan, Kayah y Kayin.

Caso ilustrativo del 2001:

En febrero del 2000, tras un combate, el ejército detuvo a un campesino cristiano de etnica

karenni procedente del estado de Kayah y lo acusó de trabajar para un grupo armado de oposición. Así lo

describió posteriormente el campesino: «Tres soldados me golpearon en la cabeza con la culata de sus

fusiles y me dieron puñetazos en la cara. Me hicieron un corte en la cabeza y me sangraba la nariz.

Cuando caí al suelo me propinaron patadas con sus botas militares. Todavía oigo mal...» Lo obligaron a

acompañar a un grupo de soldados como guía durante una semana en la que lo golpearon a diario con

palos y lo mantuvieron atado con una cuerda. Finalmente escapó, y tras regresar a su aldea se ocultó con

su familia en la selva durante dos semanas antes de huir a Tailandia.24

Namibia

Las violaciones de derechos humanos experimentaron un fuerte incremento en las

provincias nororientales de Kavango y Caprivi, sobre todo a principios de año, tras involucrarse

Namibia en la guerra civil angoleña. Según los informes, los ejércitos angoleño y namibio y la

Fuerza Especial de la policía namibia cometieron violaciones de derechos humanos, incluidas

ejecuciones extrajudiciales y torturas.

Ejecuciones extrajudiciales

Durante todo el año se estuvieron recibiendo informes sobre violaciones de derechos humanos,

incluidas ejecuciones extrajudiciales, cometidas por los ejércitos angoleño y namibio, así como por la

Fuerza Especial de la policía.

El 22 de enero, según los informes, unos soldados angoleños mataron a tiros a Thaddeus Mubili, habitante de la zona oriental de Caprivi, cuando uno de ellos resultó herido por una mina

terrestre. Thaddeus Mubili había estado ayudando a los soldados a seguir la pista de unos

presuntos miembros de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (União

Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA) que habían atacado un pueblo el día

anterior.

El 10 de enero, según los informes, un grupo de ciudadanos angoleños y namibios, al parecer pertenecientes a una familia que vivía a ambos lados de un río fronterizo, entraron en Namibia

por un punto al oeste de Rundu, capital provincial de Kavango. Su presencia despertó sospechas,

y un grupo de soldados namibios llegó al lugar y disparó contra ellos. Una niña de seis años

murió a consecuencia de los disparos, y un hombre fue alcanzado en las nalgas.

Tortura y malos tratos

24

Véase el documento de Amnistía Internacional Myanmar: The institution of torture, Índice AI: ASA

16/026/2000.

Hubo informes sobre prácticas de tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas

armadas angoleñas y namibias, así como de la Fuerza Especial de la policía.

El 4 de febrero, Muyeva Thaddeus Munango resultó alcanzado por disparos en una mano y una pierna. Se hallaba pescando en un río al este de Rundu cuando, según los informes, un agente de

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la Fuerza Especial de la policía le ordenó marcharse de allí, y luego le disparó y lo dio por

muerto. Recobró el conocimiento y consiguió llegar a su casa, de donde los vecinos lo

trasladaron al hospital.

Nepal

Hubo informes de graves violaciones de derechos humanos —ejecuciones extrajudiciales,

«desapariciones» y torturas— a manos de la policía en el marco de la «guerra popular» declarada

a comienzos de 1996 por el Partido Comunista de Nepal (Maoísta). Los miembros de este grupo

también cometieron frecuentes abusos contra los derechos humanos, como homicidios deliberados,

secuestros y torturas.

Ejecuciones extrajudiciales

Según cifras oficiales, entre noviembre de 1999 y octubre del 2000 la policía mató a 221

personas en el marco de la «guerra popular». El gobierno aseguró que no había civiles entre esas

personas y que todos los miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) habían muerto en

intercambios de disparos. Sin embargo, había claros indicios de que decenas de civiles y numerosos

miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) habían sido víctimas de homicidios ilegítimos.

También hubo informes según los cuales la policía antidisturbios mató a varios civiles, entre ellos un

niño y una niña, al disparar durante las manifestaciones de diciembre.

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias visitó

Nepal en febrero. En su informe subrayó la necesidad urgente de establecer mecanismos sólidos,

independientes y fiables para investigar los abusos contra los derechos humanos y juzgar a sus

responsables.

Siete civiles y dos presuntos miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) murieron el 14 de enero en Thaku, distrito de Achham, cuando la policía arrasó el pueblo. Ese mismo día,

miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) habían obligado a los habitantes de la

localidad a asistir a un «programa cultural» cuyos organizadores huyeron cuando una patrulla

policial, al parecer perteneciente a la comisaría de Kamal Bazar, se aproximó al pueblo. Los

agentes comenzaron a disparar al azar y mataron a cuatro habitantes del pueblo que intentaban

refugiarse en una tetería y a otros tres que huían. Según los informes, dos miembros del Partido

Comunista de Nepal (Maoísta) se rindieron a la policía y fueron interrogados durante varias

horas. Más tarde, los habitantes del pueblo oyeron disparos y a la mañana siguiente la policía los

obligó a llevar nueve cadáveres al río, donde los incineraron sin atender a las protestas de los

familiares.

El 22 de febrero, 15 civiles desarmados murieron, presuntamente a manos de la policía, en el distrito de Rukum, al parecer en represalia por el homicidio de 15 policías durante un ataque

lanzado tres días antes por miembros del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) contra una

comisaría de Ghartigaun, en el distrito de Rolpa. La policía arrastró a las víctimas fuera de sus

casas, les disparó y después quemó las viviendas. Según los informes, todos los muertos, entre

los que figuraba un hombre llamado Trivan Wali, eran simpatizantes del Partido del Congreso

Nepalí.

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Nicaragua

Se profirieron amenazas contra defensores de los derechos humanos. La policía hirió a

manifestantes y detenidos.

La Policía Nacional

Según los informes, los agentes de policía hicieron un uso excesivo de la fuerza que los llevó a

causar lesiones a manifestantes, y maltrataron a detenidos. En marzo, unos 20 manifestantes que

protestaban por unas reformas legales fueron golpeados y heridos por agentes de la Policía Nacional que

utilizaron contra ellos balas de goma y gas lacrimógeno. Decenas de agentes fueron expulsados del

cuerpo por corrupción o abuso de autoridad (entre otras cosas, se los acusaba de golpear a personas que

estaban bajo su custodia).

Nigeria

No hubo investigaciones sobre las presuntas ejecuciones extrajudiciales o incidentes de uso

excesivo de la fuerza protagonizados constantemente por las fuerzas de seguridad desde la

restauración del gobierno civil en mayo de 1999.

Homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad

Hubo informes de que las fuerzas de seguridad habían hecho uso excesivo de la fuerza, con el

resultado de varias víctimas mortales, en respuesta a las protestas contra las actividades de las compañías

petrolíferas y a los robos en oleoductos en el delta del Níger.

· En abril, al menos una persona, Barinaadua Gbaraka, de 18 años, murió por disparos de la

policía, que además incendió varias viviendas en el pueblo de K-Dere, estado de Rivers, al

oponerse sus habitantes a un proyecto de la empresa petrolífera Shell para construir una

carretera.

· En octubre, según los informes, al menos ocho jóvenes murieron cuando las tropas que vigilaban

unas instalaciones petrolíferas de la compañía Agip abrieron fuego contra un grupo de

manifestantes de la cercana localidad de Olugbobiri, estado de Bayelsa. Unos 50 jóvenes en

lanchas motoras habían intentado, según los informes, paralizar la producción tras unas disputas

sobre el proyecto de construcción de una carretera.

Pakistán

Caso ilustrativo del 2000:

Para Amnistía Internacional es motivo de honda preocupación el peligro que corre la minoría

religiosa paquistaní ahmadi de sufrir agresiones tras el homicidio ilegítimo de 10 de sus miembros en la

provincia de Punyab durante las dos últimas semanas. El 30 de octubre, unos pistoleros mataron a tiros

en el pueblo de Ghatialian, cerca de Sialkot, a cinco miembros de la comunidad ahmadi que salían de la

mezquita tras la oración de la mañana. Uno de los muertos era un muchacho de 16 años. Además,

resultaron heridas otras diez personas. No se sabe que nadie haya sido detenido por esta agresión.25

Paraguay

25 Véase la Acción Urgente 352/00 de Amnistía Internacional Temor por la seguridad (Pakistán: La

comunidad ahmadi), Índice AI: ASA 33/17/00/s.

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El respeto por los derechos humanos se deterioró en medio de una inestabilidad política

constante. Al igual que en años anteriores, se recibieron informes sobre abuso de la fuerza por

parte de las fuerzas de seguridad durante desalojos de tierras, reclutamientos ilegales de menores

en el ejército y muertes de reclutas en circunstancias no aclaradas.

Caso ilustrativo del 2000:

En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional ha manifestado que en Paraguay es

habitual someter a malos tratos a niños de sólo 12 años reclutados ilegalmente en las fuerzas armadas.

«Los castigos físicos y psicológicos impuestos a reclutas de todas las edades, a los que causan

daños mentales y físicos, son comunes en las fuerzas armadas paraguayas», ha declarado la organización.

«Se sabe que varios reclutas adolescentes han muerto a causa de malos tratos o en una serie,

todavía poco clara, de accidentes con armas de fuego», ha añadido la organización, en cuyo informe se

exponen al menos seis casos de reclutas menores de 18 años muertos en el 2000 sólo.26

Perú

Caso ilustrativo del 2000:

El hijo de Florinda Flores Linares, Carlos López Flores, murió por heridas de bala en noviembre

del 2000. Trabajaba como taxista cuando dos agentes de policía y un hombre que vestía ropas de civil lo

interceptaron y lo acusaron de estar implicado en tráfico de drogas. Según los informes, los policías le

dieron una paliza y le dispararon. Florinda Flores Linares, con la ayuda de una organización peruana de

derechos humanos, ha presentado una denuncia formal contra los agentes. El caso está siendo

investigado por la oficina del fiscal de Ayacucho.27

Reino Unido

Las negociaciones sobre la aplicación del Acuerdo Multilateral en Irlanda del Norte

continuaron durante todo el año, aunque siguieron produciéndose homicidios, atentados con

explosivos y agresiones físicas.

26

Véase el documento de Amnistía Internacional Paraguay: esto no es un juego de niños. Hay que acabar

con el reclutamiento de menores en las fuerzas armadas, Índice AI: AMR 45/003/2001/s, Servicio de Noticias 59/01.

27 Véase la Acción Urgente 54/01 de Amnistía Internacional Temor por la seguridad (Perú: Florinda

Flores Linares), Índice AI: AMR 46/004/2001/s.

Abusos de los grupos políticos armados

Hubo decenas de muertes por disparos «de castigo» y palizas «de castigo» por los republicanos y

por los unionistas. Algunas de las víctimas de los «castigos» eran niños. En abril, un menor de 15 años

de edad y otro de 17 resultaron heridos a consecuencia de disparos efectuados por unionistas en Belfast,

y un menor, de 16 años de edad, resultó herido en la cabeza tras ser golpeado por republicanos con

barras de hierro en Belfast.

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República Checa

Caso ilustrativo del 2000:

Más de 850 personas fueron detenidas en Praga entre el 26 y el 28 de septiembre del 2000, tras

las protestas callejeras programadas para coincidir con la reunión anual del Banco Mundial y del Fondo

Monetario Internacional. Las protestas, que atrajeron a un número de entre 10.000 y 12.000 personas de

todo el mundo, así como a activistas checos, se tornaron violentas el 26 de septiembre, cuando un grupo

de cerca de 400 manifestantes trataron de atravesar un cordón policial que protegía la entrada al centro

de conferencias donde estaba teniendo lugar la reunión. Los manifestantes arrojaron adoquines y cócteles

mólotov contra la policía, que respondió con granadas de gas lacrimógeno, petardos y cañones de agua.

Según informó una agencia de noticias checa, al menos 54 agentes de la policía y otras 60 personas más

resultaron heridas en los enfrentamientos.28

República Dominicana

En el 2000 continuaron los homicidios ilegítimos a manos de la policía y el ejército. En

muchos casos, las autoridades afirmaron que las víctimas habían muerto en un intercambio de

disparos con delincuentes comunes, pero esa versión se contradecía con las declaraciones de los

testigos presenciales y con otros indicios.

Caso ilustrativo del 2000:

La noche del 17 al 18 de junio del 2000 se dio muerte en Guayubín, provincia de Montecristi, a

seis ciudadanos haitianos y a un dominicano. Las muertes se produjeron cuando soldados adscritos al

Departamento de Operaciones de Investigaciones Fronterizas de las Fuerzas Armadas de la República

Dominicana dispararon repetidamente contra el camión en el que viajaban las víctimas. El conductor del

vehículo, que ya había cruzado la frontera procedente de Haití, parece que no respondió a la orden que

este grupo de soldados le dio para que se detuviera. Tras una persecución de más de 20 kilómetros

durante la que los soldados iban disparando al vehículo en marcha, el camión se estrelló. Los cadáveres

de cinco de los fallecidos presentaban signos de múltiples heridas de bala, y el sexto perdió la vida,

según parece, a consecuencia del accidente del vehículo. Al menos 14 de los aproximadamente 35

pasajeros haitianos del camión resultaron lesionados, ya fuera por herida de bala o a causa del impacto

del accidente.29

República Federativa de Yugoslavia (Kosovo)

Caso ilustrativo del 2000:

28

Véase el documento de Amnistía Internacional The Czech Republic: Arbitrary detention and police

ill-treatment following September 2000 protests, Índice AI: EUR 71/01/01.

29 Véase el documento de Amnistía Internacional República Dominicana: Homicidios a manos de las

fuerzas de seguridad, Índice AI: AMR 27/01/00/s.

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El 13 de febrero, aproximadamente a las ocho de la mañana, hicieron explosión dos granadas en

una zona del norte de Mitrovica llamada Bosnjacka Mahala, donde continúa viviendo una concentración

de personas de etnia albanesa, eslava musulmana y turca. Al menos siete personas de etnia albanesa

resultaron heridas en el ataque, dos de ellas graves (una murió posteriormente). Después, comenzaron los

disparos en la zona norte de Mitrovica. Un observador afirmó que «era imposible saber quién disparaba a

quién, pero parecían estar involucrados tanto albaneses como serbios y efectivos de las fuerzas de paz».

Aproximadamente a las once de la mañana fueron heridos de bala dos soldados franceses cerca del

puente oriental de Mitrovica, uno de ellos en el estómago y el otro en el brazo. Según la Fuerza

Internacional de Seguridad en Kosovo (KFOR), de la OTAN, tropas italianas estacionadas muy cerca de

los soldados franceses de la KFOR respondieron inmediatamente a los disparos, y las tropas de la KFOR

se desplegaron para buscar a los tiradores. Según informes, oficiales de la KFOR manifestaron que,

después de los disparos a los dos soldados franceses, las tropas francesas recibieron autorización expresa

de sus superiores para disparar a los «francotiradores». Durante el intercambio de disparos posterior

resultó alcanzado un hombre de etnia albanesa de 37 años, Avni Hajredini, que murió poco después en el

hospital a consecuencia de las heridas.30

Ruanda

Durante el año 2000 siguieron recibiéndose informes de «desapariciones», detenciones

arbitrarias o ilegales y torturas o malos tratos a detenidos. También se informó de varios

homicidios de civiles desarmados. En la República Democrática del Congo, el ejército ruandés y

las fuerzas aliadas, así como los grupos armados opuestos a ellos, fueron responsables de matanzas

de civiles, torturas —violaciones incluidas—, «desapariciones» y actos de acoso sistemático contra

los defensores de los derechos humanos.

Homicidios de civiles

· En agosto, en Kinigi, Ruhengeri, unos soldados del Ejército Patriótico Ruandés mataron a

Innocent Manragaba, de 22 años, e hirieron a otros dos civiles. Los hombres estaban realizando

una ronda local de vigilancia nocturna y se hallaban desarmados. Los soldados les ordenaron

sentarse en el suelo y les dispararon.

Tortura y malos tratos

La tortura y los malos tratos constituyeron prácticas habituales en las cárceles comunales y los

centros de detención militar, sobre todo al principio de la detención. Un número indeterminado de civiles

continuaban detenidos ilegalmente en centros de detención militares.

En junio, Mapendano Bahavu, Eric Sikubwabo-Sibomana, Lazare Lukute Tschonga y Obin Lukute Kiembo —estudiantes de Goma, en el este de la República Democrática del Congo—

fueron detenidos en la frontera entre Ruanda y Uganda y recluidos en régimen de

incomunicación durante 16 días en el centro de detención militar de Kicukiro, en Kigali. Durante

los tres primeros días no les dieron nada de comer. Al menos dos de ellos fueron torturados: a

uno lo golpearon con fuerza en la cabeza con un trozo de madera y al otro le apuntaron a la

cabeza con una pistola.

Rumania

30

Véase el documento de Amnistía Internacional República Federativa de Yugoslavia (Kosovo): ¿Marcar

la pauta? La respuesta de la UNMIK y la KFOR a la violencia en Mitrovica, Índice AI: EUR 70/13/00/s.

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Se recibieron numerosos informes de tortura y malos tratos infligidos por agentes

encargados de hacer cumplir la ley.

Utilización de armas de fuego por la policía

La legislación interna rumana, contrariamente a lo que disponen las normas internacionales de

derechos humanos, siguió permitiendo que los agentes dispararan sus armas para «aprehender a

presuntos delincuentes sorprendidos in fraganti, o que traten de escapar desobedeciendo una orden de

permanecer en el lugar del delito». En septiembre, el Ministerio del Interior dictó nuevas instrucciones

sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego que restringían la aplicación de esa disposición a casos

de «delitos considerados graves». No se aclaró quién determina si un delito es grave o no, y con qué

criterio.

· En mayo, un joven romaní de 20 años, Mugurel Soare, y su hermano, se encontraban

persiguiendo a un ex cuñado en Bucarest cuando tres agentes de policía vestidos de civil los

obligaron a detenerse. Mugurel Soare recibió un disparo en la cabeza que le produjo parálisis y

afasia. Los agentes declaron con posterioridad que Mugurel Soare portaba un arma blanca con la

que había acuchillado a un agente en el abdomen, y que el agente disparó contra él en defensa

propia. El agente dio parte de su herida, un rasguño que no requirió tratamiento, dos horas

después del incidente. Dos testigos informaron de que habían visto cómo un hombre vestido de

civil propinaba golpes a Mugurel Soare, le golpeaba la cabeza contra un muro y le colocaba el

cañón de una pistola contra la nuca. Con posterioridad, se trasladó a los testigos a la comisaría

del distrito policial número 10 de Bucarest, en donde se los retuvo durante una noche y fueron

interrogados por un investigador y por agentes de policía de manera intimidatoria. Al parecer, se

advirtió a uno de los testigos de que corría el riesgo de ser acusado de «instigación al escándalo»

si mantenía su versión de los hechos.

Santa Lucía

Se recibieron informes de brutales palizas en las cárceles y de brutalidad y uso excesivo de

la fuerza por la policía.

Brutalidad policial

Se recibieron informes de brutalidad policial y de uso excesivo de la fuerza. Informes no

oficiales afirmaban que se habían producido al menos siete muertes por disparos de la policía, algunas de

ellas en circunstancias controvertidas. No se investigó ninguna de esas muertes.

En noviembre, Alfred Harding fue abatido a tiros por la policía en La Clery tras escapar del centro penitenciario en el que se hallaba recluido. Las circunstancias de su muerte sugerían que

se había tratado de una ejecución extrajudicial. Varios testigos declararon que un policía ordenó

a Alfred Harding que se tumbara boca abajo y a continuación le disparó dos veces, una en el

muslo y otra en la columna vertebral. Según los informes recibidos, tras dispararle le negaron la

asistencia médica. Los informes también indicaban que la policía había intimidado a los testigos.

Tras el incidente, el ministro del Interior anunció que se iba a llevar a cabo una investigación

independiente sobre la muerte de Alfred Harding y sobre las circunstancias de su fuga del centro

penitenciario. El primer ministro anunció además una investigación interna. Al finalizar el año

aún no se habían dado a conocer los resultados de ninguna de estas investigaciones.

Senegal

Aunque se dieron algunos pasos hacia la paz, continuó la tensión en la disputada región de

Casamancia entre el gobierno y el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia

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(Mouvement des Forces démocratiques de Casamance, MFDC), grupo armado de oposición que

reclama la independencia para esta región. Disminuyó el número de violaciones de derechos

humanos en comparación con años anteriores, aunque las fuerzas de seguridad fueron

responsables en Casamancia de varias ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones» y torturas.

Los miembros del MFDC también siguieron cometiendo abusos contra los derechos humanos de la

población civil.

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Ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones» en Casamancia

Según los informes, Momany Tendeng fue ejecutado extrajudicialmente por soldados en enero, cerca de un cuartel militar de Nyassia. Otros dos jóvenes, Daniel Sambou y Denis Sambou,

murieron en marzo por disparos de unos soldados, que obligaron a otros civiles a enterrarlos.

Abusos cometidos por el Movimiento de las Fuerzas Democráticas de Casamancia

A pesar del acuerdo de alto el fuego aceptado por el dirigente del MFDC, algunos elementos del

brazo armado de este movimiento siguieron cometiendo abusos contra los derechos humanos de la

población civil. En febrero, grupos armados bombardearon la zona de Niaguis, al parecer para disuadir a

la población de votar en las elecciones presidenciales.

Sierra Leona

El acuerdo de paz de 1999 se rompió en mayo al capturar los rebeldes a miembros de las

fuerzas de la ONU de mantenimiento de la paz. Aumentaron los homicidios, mutilaciones,

violaciones y secuestros de civiles, incluidos mujeres y niños, perpetrados por los rebeldes. Las

fuerzas del gobierno cometieron ejecuciones extrajudiciales y actos de tortura y malos tratos.

Homicidios deliberados y arbitrarios cometidos por las fuerzas rebeldes

A partir de mayo, los rebeldes mataron a gran número de civiles, particularmente en los

alrededores de Port Loko, Lunsar, Makeni y Magburaka.

El 8 de mayo, el Frente Revolucionario Unido mató a unas 20 personas e hirió a decenas más al abrir fuego contra unos 30.000 manifestantes congregados ante la residencia de Foday Sankoh

en Freetown para protestar por los ataques contra la Misión de la ONU en Sierra Leona

(UNAMSIL).

Un vecino del pueblo de Magbile contó que, en junio, las fuerzas rebeldes mataron a tiros a sus hijos, de 11, 21, 23 y 25 años de edad, por negarse a unirse a ellas.

Asistencia militar a las fuerzas rebeldes

Según diversas fuentes, los gobiernos de Liberia y Burkina Faso violaron constantemente el

embargo de armas impuesto por la ONU a los rebeldes. Se les acusó de hacer transferencias de armas y

municiones a través de sus territorios y de comerciar con diamantes procedentes de las zonas rebeldes.

El gobierno de Liberia fue sometido a una presión diplomática cada vez mayor para disuadirle de seguir

apoyando al Frente Revolucionario Unido.

La atención internacional se centró cada vez más sobre el comercio ilícito de diamantes impulsor

del conficto de Sierra Leona. En julio, el Consejo de Seguridad de la ONU prohibió por un periodo de

18 meses la importación directa o indirecta de diamantes en bruto de Sierra Leona cuyo origen no

estuviera certificado por el gobierno. La industria internacional del diamante adoptó medidas para

regular el comercio.

En agosto se creó un grupo de expertos de la ONU con objeto de investigar la relación entre el

comercio de diamantes y el conflicto de Sierra Leona, incluida la implicación de los gobiernos de Liberia

y Burkina Faso. En diciembre, el grupo publicó un informe en el que se determinaba inequívocamente la

participación de estos dos gobiernos por medio de redes internacionales de intermediarios, traficantes y

transportistas de armas y diamantes radicados en diversos países. En el informe se formulaban

recomendaciones para la prohibición efectiva del comercio de diamantes y las transferencias de armas

ilícitos.

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Somalia

En el sur del país fueron frecuentes a lo largo del 2000 los combates entre milicias de clanes

vinculadas a facciones políticas. En las luchas entre clanes murieron decenas de civiles. Entre los

abusos contra los derechos humanos cometidos hubo también secuestros de civiles y de personal de

organismos humanitarios, perpetrados a menudo con objeto de pedir rescate.

Los civiles, víctimas del conflicto armado

A lo largo del 2000 estallaron periódicamente combates entre milicias de facciones o de clanes

del sur, en los que murieron civiles además de combatientes. Resultaba fácil conseguir armas.

Suazilandia

Las protestas de la oposición dieron lugar a detenciones arbitrarias y a malos tratos a

manos de las fuerzas de seguridad.

Tortura y malos tratos

Las fuerzas de seguridad infligieron malos tratos e hicieron uso de una fuerza excesiva contra

manifestantes y activistas políticos.

En octubre, soldados armados expulsaron de sus casas a unos 200 habitantes de los poblados de Macetjeni y KaMkhweli, al parecer porque se negaban a aceptar como jefe al hermano del rey, el

príncipe Maguga.

Sudáfrica

Se recibieron informes de torturas, malos tratos y uso injustificado de fuerza letal por

parte de la policía y las fuerzas de seguridad. Asimismo, solicitantes de asilo y presuntos

inmigrantes ilegales sufrieron malos tratos a manos de agentes del Estado o agresiones por

motivos raciales.

Violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad

Se recibieron informes de tortura, malos tratos y uso injustificado de fuerza letal por parte de las

fuerzas de seguridad, especialmente de las unidades del ejército destacadas en la provincia de KwaZulu

Natal. Estos hechos tuvieron lugar sobre todo en el contexto de investigaciones sobre delitos y durante

registros en busca de armas ilegales. Entre los incidentes se encontraban los casos que exponemos a

continuación.

· En julio, una policía, la sargento Nozipho Ntoni, recibió en su casa golpes, patadas, pisotones y

amenazas con un arma por parte de un oficial de mayor graduación de la comisaría de Bisho,

provincia de El Cabo Oriental, con quien mantenía una relación personal. Sangrando a

consecuencia de sus heridas, trató de denunciar a su agresor en la comisaría, pero volvió a ser

agredida por el mismo oficial en presencia de otros agentes de graduación inferior. Al día

siguiente, la sargento denunció el caso en la comisaría de la ciudad de King William, cuyos

agentes trataron de detener al agresor; sin embargo, el hermano de éste, también policía de alta

graduación, se lo impidió. Tras la investigación llevada a cabo por la Dirección Independiente de

Denuncias contra la Policía, el oficial en cuestión fue detenido y acusado de agresión con

intención de causar lesiones graves.

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Un tribunal de primera instancia acusó a seis soldados y un policía en la reserva de asesinato por la muerte de Basil Jaca, de 33 años de edad, ocurrida en Flaxton Farm, cerca de Ixopo. Los

acusó de golpear a Basil Jaca en su domicilio el 1 de julio y de agredirlo repetidamente,

introduciéndole un rifle por el ano, mientras le exigían que les dijera dónde se hallaba un arma.

El médico que lo examinó más tarde decidió no enviar a Basil Jaca al hospital a pesar de que

sangraba, sufría fuertes dolores y apenas podía caminar. Basil Jaca murió el 2 de julio.

Cuatro agentes de policía fueron acusados de asesinato y puestos en libertad bajo fianza en relación con la presunta ejecución extrajudicial del parlamentario del Congreso Nacional

Africano Bheki Mhkize en julio. Este hombre murió abatido a tiros cuando una decena de

miembros de la Unidad de Actuación Policial para el Orden Público de Ulundi, en KwaZulu

Natal, asaltaron su casa, aparentemente en busca de armas. Los testimonios periciales

independientes y otros elementos probatorios recogidos por la Dirección Independiente de

Denuncias contra la Policía indicaban que a Bheki Mhkize la policía le había disparado

intencionadamente y a corta distancia.

Sudán

La guerra civil siguió destrozando la vida de innumerables civiles durante el 2000. Los más

afectados fueron los habitantes de zonas próximas a yacimientos petrolíferos, donde las fuerzas

progubernamentales y los grupos armados de oposición luchaban por el control de la producción

de petróleo y el territorio. Todas las partes enfrentadas cometieron abusos graves contra los

derechos humanos de los civiles que vivían en las zonas en conflicto, como bombardeos

indiscriminados, secuestros, esclavitud, reclutamientos forzosos, tortura y homicidios.

Caso ilustrativo del 2000:

El 18 de junio, unos soldados uniformados abrieron fuego contra los asistentes al seminario

«Sudán: la crisis actual y el panorama futuro». Los disparos se cobraron la vida del estudiante Mirghani

Mahmoud al Noman e hirieron a varios estudiantes, entre ellos Salah Houli y Abu Shaiba. Algunos

policías también se vieron atrapados en el fuego cruzado. Cierto número de estudiantes fueron detenidos

durante los enfrentamientos que se produjeron a continuación y van a ser acusados formalmente. Los

oradores invitados, entre ellos el defensor de los derechos humanos Ghazi Suleiman, se escondieron y

lograron escapar.31

Suecia

Al menos dos personas desarmadas murieron por disparos de la policía.

Disparos policiales

31

Véase la Acción Urgente 188/00 de Amnistía Internacional Temor de tratos o penas crueles, inhumanos

o degradantes, posibles presos de conciencia y defensores de derechos humanos en peligro, Índice AI: AFR 54/06/00/s.

Magnus Carlsson, de 19 años de edad, falleció en Kalmar a consecuencia de los disparos recibidos el 13 de mayo tras una persecución en automóvil y un forcejeo con agentes de policía.

Un agente de policía fue acusado de causar la muerte de otra persona o de incumplimiento del

deber, pero fue absuelto en octubre tras estimar el tribunal que había actuado en defensa propia.

Mikael Pettersson, de 31 años de edad, murió el 13 de marzo en la localidad de Vikbolandet, cercana a Norrköping, a consecuencia de los disparos recibidos cuando trataba de huir a pie tras

estrellarse el automóvil en el que había tratado de escapar de la policía. Según los informes, uno

de los agentes efectuó un disparo de advertencia y seguidamente disparó contra Mikael

Pettersson, convencido de que iba armado. No se halló ningún arma en el lugar de los hechos. En

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octubre el agente fue declarado culpable de incumplimiento del deber, de agresión grave y de

causar la muerte a otra persona por negligencia grave, y fue condenado a una pena de 18 meses

de cárcel. El agente interpuso un recurso que al concluir el año seguía pendiente de resolución.

Tanzania

Decenas de activistas políticos de la oposición fueron detenidos y sometidos a malos tratos

en la isla semiautónoma de Zanzíbar, en el contexto de unas elecciones que la mayoría consideró

viciadas de graves irregularidades.

Caso ilustrativo del 2000:

El 30 de octubre, cuando se celebró una manifestación —en la que participaron simpatizantes

del Frente Cívico Unido— para protestar contra las irregularidades registradas en las elecciones, la

policía, que llevaba equipo antidisturbios, atacó a los manifestantes con fuego real, balas de goma y

gases lacrimógenos. Según informes, decenas de personas, incluidos transeúntes que no participaban en

la manifestación, resultaron heridas, al menos una de ellas de gravedad. Treinta y dos personas fueron

detenidas y acusadas de «causar una alteración del orden público». Los informes indican que desde la

fecha de las elecciones se ha detenido a más de cien personas.32

Timor Oriental

Timor Oriental siguió sufriendo el impacto de las violaciones masivas de derechos humanos

y la destrucción generalizada de infraestructuras y propiedades cometidas en septiembre de 1999

por las fuerzas de seguridad indonesias y las milicias favorables a la integración en Indonesia.

Caso ilustrativo del 2000:

Durante los meses previos a las elecciones, grupos de soldados favorables a la integración en

Indonesia, respaldados por las fuerzas de seguridad indonesias, llevaron a cabo una campaña organizada

destinada a sembrar el terror en la población para así tratar de obligarla a que eligiese seguir siendo parte

de Indonesia. Tras los comicios, la violencia aumentó de forma espectacular. Centenares de civiles

timorenses fueron víctimas de homicidios ilegítimos, más de doscientas mil personas fueron expulsadas

del territorio contra su voluntad y otros varios cientos de miles se convirtieron en desplazados internos.33

Túnez

Caso ilustrativo del 2000:

32

Véase la Acción Extra 82/00 de Amnistía Internacional Temor por la seguridad y temor de tortura,

Índice AI: AFR 56/14/00/s.

33 Véase el documento de Amnistía Internacional East Timor: UNTAET, justice and refugees one year

after the ballot, Índice AI: ASA 57/004/2000.

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En mayo del 2000, varios hombres armados no identificados dispararon contra el periodista y ex

director de la versión árabe de la publicación Le Monde Diplomatique Riadh Ben Fadhel, causándole

graves heridas en el pecho, días después de que éste publicara un artículo en el periódico francés Le

Monde en el que criticaba la política del presidente Ben Ali. El atentado, que por sus características

parecía haber sido un intento de ejecución extrajudicial, tuvo lugar frente a la casa de Ben Fadhel, que

está cerca del palacio presidencial y de la residencia de miembros de la familia del presidente, en una

zona sumamente vigilada.34

Turquía

Se informó de varios homicidios políticos.

Caso ilustrativo del 2001:

De golpe, un pequeño grupo de policías civiles me agararran. Cuando les pregunto por qué me

están deteniendo, uno de ellos saca el revólver y me amenaza, diciendo: «No digas una sola palabra o te

mato». Me hacen marchar unos 300 metros hasta su vehículo. En el camino, no cesan de darme

puñetazos y puntapiés y golpes con la culata de sus rifles. Cuando les pregunto por qué, me dicen :

«Porque participaste en las protestas».35

Ucrania

Según informes, los guardacostas ucranianos hicieron un uso excesivo de la fuerza contra

pescadores turcos que se hallaban faenando en el Mar Negro, y provocaron la muerte de uno de

ellos.

Uso excesivo de la fuerza

El 22 de marzo un pescador turco, Gûrmiz Çinar, resultó muerto y uno de sus compañeros herido por un proyectil disparado por la guardia costera ucraniana. La nave turca se encontraba

faenando ilegalmente en aguas ucranianas, a unos 200 kilómetros de distancia de Odessa.

Uganda

Durante el año, los grupos armados de oposición siguieron cometiendo abusos graves

contra los derechos humanos, incluidos homicidios y secuestros. Hubo informes sobre prácticas de

tortura y posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad. El ejército

ugandés fue acusado de perpetrar violaciones contra los derechos humanos, torturas incluidas, en

la República Democrática del Congo. Las fuerzas de seguridad disolvieron, a veces violentamente,

reuniones organizadas por agrupaciones políticas y de otro tipo, así como manifestaciones pacíficas

y huelgas.

Abusos cometidos por grupos armados de oposición

Ejército de Resistencia del Señor

34

Véase el documento de Amnistía Internacional Tunisia: Open letter and public document on the

deterioration of the human rights situation in Tunisia, Índice AI: MDE 30/09/01.

35 Véase la actualización núm.1 de la Acción Urgente 368/00 (EUR 44/66/00/s, del 1 de diciembre del

2000): Temor de tortura, Índice AI: EUR 44/032/2001/s.

Durante el año 2000 aumentó el número de abusos cometidos por el Ejército de Resistencia del

Señor, cuyas víctimas fueron sobre todo civiles. Durante todo el año se recibieron informes de

homicidios, torturas —incluidas violaciones— y secuestros, sobre todo de niños, cometidos

Page 58: Público Amnistía Internacionaly huelga decir que no les obligan a solicitar un permiso para cada una de sus operaciones. ... almacenamiento y distribución de armas de fuego y municiones,

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principalmente en los distritos septentrionales de Gulu y Kitgum. A los niños secuestrados los obligaban

a convertirse en soldados, y las niñas eran utilizadas como esclavas sexuales por los jefes del Ejército de

Resistencia del Señor. Se calculaba que casi el 80 por ciento de los combatientes del grupo armado de

oposición eran niños secuestrados.

En octubre, el Ejército de Resistencia del Señor mató al padre Rafaelle Di Bari, sacerdote italiano que llevaba más de 30 años viviendo en Uganda, cuando se dirigía hacia su casa, en el

distrito de Kitgum. Poco después, el grupo armado de oposición lanzó granadas contra la

discoteca Opit Travellers Inn, en la localidad de Gulu, atentado en el que murieron nueve

personas y decenas resultaron heridas.

Venezuela

Según los informes, las fuerzas de seguridad hicieron «desaparecer» o ejecutaron

extrajudicialmente a varias personas durante las operaciones de rescate emprendidas tras las

catastróficas inundaciones de diciembre de 1999.

Los derechos humanos y las inundaciones de Vargas

Marco Antonio Monasterio y Óscar José Blanco Romero «desaparecieron» el 21 de diciembre de

1999, durante las operaciones de rescate de las inundaciones. Según los informes, fueron detenidos por

el ejército en el barrio de Valle del Pino y puestos bajo custodia de la Dirección de Servicios de

Inteligencia y Prevención (DISIP). Al concluir el año aún no se había determinado su paradero. Al

parecer, José Francisco Rivas Fernández y Roberto Hernández corrieron una suerte similar. Luis Rafael

Bastardo fue ejecutado extrajudicialmente el 25 de diciembre de 1999. En septiembre del 2000, un cabo

de la Guardia Nacional que confesó haberle disparado deliberadamente fue condenado a 10 años de

cárcel.

Tortura y malos tratos

Siguieron denunciándose torturas y malos tratos. En la mayoría de los casos se trataba de palizas

infligidas por la policía.

En agosto, Ronny Yosmar Aquino y Alexis Medina, amigas transexuales, fueron detenidas sin orden judicial en la ciudad de Valencia, estado de Carabobo. Según los informes, los policías las

obligaron a desnudarse en la calle y les propinaron una fuerte paliza. Luego las recluyeron en

régimen de incomunicación sin acceso a un abogado, un médico o sus familiares. Estas

detenciones tuvieron lugar en el contexto de una campaña de intimidación contra la comunidad

transexual, durante la cual José Luis Nieves murió por disparos el 29 de julio mientras se

recuperaba de unas heridas de bala causadas anteriormente por los disparos de un agente de la

Policía Estatal.

Zimbabue

La campaña electoral previa a las elecciones parlamentarias de junio fue escenario de lo

que parecía ser un plan deliberado y cuidadosamente trazado de violaciones sistemáticas de

derechos humanos cometidas por las fuerzas aliadas al gobierno. Las violaciones perpetradas

incluían más de 30 homicidios políticos y actos generalizados de tortura y malos tratos por todo el

país. Tras las elecciones siguieron cometiéndose violaciones de derechos humanos, aunque en

menor escala. En un aparente intento de intimidar a la población, inmediatamente después de los

comicios se desplegó una fuerte presencia militar en las zonas en las que la oposición había

obtenido una cantidad sustancial de votos. Durante todo el año continuaron los incidentes de

tortura y malos tratos y los homicidios políticos, especialmente en vísperas de las elecciones para

cubrir dos escaños vacantes en el Parlamento.

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Homicidios políticos

Más de 30 personas murieron de forma violenta durante la campaña electoral; según los

informes, la mayoría eran simpatizantes de partidos de oposición. Se recibieron denuncias que afirmaban

que la Organización Central de Información estaba implicada en varios de los homicidios.

El 15 de abril, David Stevens, que poseía una hacienda comercial en la zona de Macheke y era partidario del Movimiento por el Cambio Democrático, fue secuestrado de su hacienda y

asesinado, al parecer por partidarios de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente

Patriótico. Un testigo que corrió a la comisaría local a denunciar el secuestro declaró que él

mismo fue secuestrado en el interior de la comisaría y llevado a la oficina de los «veteranos de

guerra» locales en Murehwa, donde él y David Stevens recibieron una brutal paliza. Después los

condujeron a un lugar apartado, los bajaron del vehículo y los obligaron a subir una colina.

Según explicó el testigo, se quejaron de que no podían seguir caminando y empezaron a

desandar el camino hacia el automóvil. Cuando se dirigían hacia él, los captores dispararon

contra David Stevens y lo mataron, en presencia del testigo. A éste lo abandonaron en la colina

cuando uno de los captores intercedió por él para que no lo mataran.