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PATRIMONIO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
LA HERENCIA DISPUTADA
Víctor Delgadillo
PATRIMONIO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
LA HERENCIA DISPUTADA
INTRODUCCIÓN
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PRIMERA PARTE: CIUDAD Y PATRIMONIO URBANO
1. La ciudad, nuestro más preciado patrimonio urbano
2. Un mundo irremediablemente urbano
3. Patrimonio urbano: memoria e identidad colectiva
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El patrimonio urbano del Distrito Federal
Cambios en las formas de intervención sobre el patrimonio urbano
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SEGUNDA PARTE: POLÍTICAS URBANAS Y GENTRIFICACIÓN
4. Políticas y gestión urbana en la era neoliberal
Gentrificación
5. Las políticas selectivas de modernización y desarrollo urbano intensivo
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47
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TERCERA PARTE: LA DISPUTA POR EL PATRIMONIO URBANO EN
LA CIUDAD DE MÉXICO
6. Políticas selectivas de recuperación del patrimonio urbano y conflictos por
la herencia colectiva
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CONCLUSIONES
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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PATRIMONIO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO:
LA HERENCIA DISPUTADA
INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas las ciudades latinoamericanas han padecido fuertes procesos de
reestructuración urbana, en escalas multidimensionales; mientras que cada vez más
edificios, barrios, centros y partes de las ciudades se han patrimonializado por un conjunto
de valores y atributos colectivos (sociales, estéticos, históricos, simbólicos, etcétera), que se
asocian a ellos. La reestructuración urbana y el incremento del patrimonio urbano son
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expresiones de los grandes cambios, fundamentalmente económicos y políticos pero
también sociales y culturales, que han acontecido en escala global en la actual fase del
desarrollo capitalista neoclásico o neoliberal.
La llamada globalización del capitalismo en su fase neoliberal implicó el desmantelamiento
de las fronteras económicas nacionales para el flujo internacional de capitales y mercancías,
así como la formación de bloques económicos regionales, como la Comunidad Europea o el
Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos. Estos hechos han
tenido muy fuertes impactos en la base económica de muchas ciudades. Los procesos de
fragmentación y dispersión de la línea de producción industrial, ahora global, implicaron la
desindustrialización relativa y absoluta de varias ciudades, y la emergencia o el
fortalecimiento de una economía urbana basada en el sector terciario: el comercio, los
servicios y el turismo cultural (que consume centros históricos y otro tipo de patrimonio
urbano). Al mismo tiempo, las ciudades se han convertido en los destinos favoritos de
fondos de inversiones internacionales que encuentran en mercados inmobiliarios urbanos
rentabilidades seguras y adecuadas frente al volátil mercado bursátil y a las relativas
menores ganancias de la maquila y la industria. Se trata de construcciones y megaproyectos
que ya no responden a las dinámicas urbanas locales, sino a flujos de capital globalizado.
La doctrina neoliberal, basada en el Consenso de Washington, adoptada después de la
llamada “década perdida” en México y América Latina (con distinta velocidad, intensidad y
formas de imposición dictatoriales o democráticas), implicó muy fuertes cambios en la
administración pública y en la gestión de las ciudades. El Estado se “adelgazó”, las
políticas públicas se focalizaron, la administración pública se descentralizó, y antiguas
atribuciones y funciones públicas se volvieron público privadas o abiertamente se
privatizaron. En algunos centros históricos aparecieron instituciones público – privadas o
solamente privadas encargadas de la conservación y aprovechamiento del patrimonio
edilicio.
La competencia entre ciudades por retener o atraer inversiones privadas, para la creación de
riqueza y empleos, se convirtió en el eslogan de la competitividad. A ello se ha sumado la
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preocupación por el cambio climático que se ha traducido en el eslogan de la
sustentabilidad. En algunas ciudades también se sumó el tema de la justicia social, más en
términos retóricos que reales. Así, bajo una triada discursiva: competitividad,
sustentabilidad y equidad, al que a menudo se suma el de gobernabilidad, la gestión urbana
se tradujo en políticas públicas que promueven a toda costa las inversiones y los negocios
privados, para generar empleos y riqueza económica, que se supone se derrama en cascada
y de arriba hacia a abajo. Junto con la promoción de inversiones inmobiliarias de escala
pequeña hasta los llamados megaproyectos urbanos, el patrimonio urbano (centros
históricos, barrios antiguos, edificios y plazas pintorescas, etcétera) apareció como un
capital cultural y económico único y diferente, capaz de generar recursos económicos, de
atraer a nuevos consumidores y turistas, y de convertirse en un distintivo de unicidad que
hace a la ciudad diferente frente a las demás ciudades. Así, el patrimonio urbano ahora se
usa como parte de las estrategias de marketing urbano en la competencia entre ciudades.
Las políticas urbanas pro empresarialistas han impulsado la modernización selectiva de las
ciudades y la “recuperación” de un selecto patrimonio urbano (las partes más interesantes y
rentables para los inversionistas reales y potenciales). Esta revalorización multidimensional
del espacio urbano y del patrimonio urbano ha conducido, por un lado, a la transformación
de los barrios y centros históricos elegidos, a través de la atracción de inversionistas y
nuevos consumidores de mayores ingresos; y por otro lado, al incremento de las rentas
urbanas, lo que pone en riesgo la permanencia de la población residente de menores
ingresos. Así, en la Ciudad de México ocurren ahora procesos de gentrificación. Éste
concepto de origen anglosajón ha sido adoptado y tropicalizado en América Latina a través
de debates, y en México ha sido apropiado por clases medias y populares, como los
residentes de las colonias Roma y Juárez, y hasta por locatarios del mercado La Merced
(como se verá en este libro), que sienten amenazada su permanencia en esas zonas por las
inversiones privadas o los (mega)proyectos públicos. En otras palabras, en selectos
territorios urbanos se realizan inversiones público privadas para capturar altas rentas o
ganancias urbanas, por invertir en territorios relativamente desvalorizados, a través de la
rehabilitación edilicia o de nuevas construcciones, lo que implica la sustitución de antiguos
residentes de menores ingresos (como condición o como consecuencia) por usuarios
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permanentes o temporales de mayores ingresos. Estos desplazamientos sociales directos o
indirectos, a menudo invisibilizados en los discursos públicos y en los estudios urbanos,
ocurren en velocidades e intensidades diferentes, pues se trata de procesos que acontecen en
lapsos temporales largos o cortos.
En los paisajes urbanos revalorizados, renovados o “rescatados” la autoridad impulsa
además un “nuevo” orden urbano basado en códigos, normas y leyes de buen
comportamiento social y de un uso respetuoso acorde con la “dignidad” del patrimonio
urbano. Estas normas que forman parte de un proyecto de ciudad ordenada, bella e
higiénica y que “dignifica” el patrimonio urbano; generalmente constituyen una batalla
contra cierta población y prácticas sociales condenadas y estigmatizadas: los vendedores de
mercancías y oferentes de servicios informales en el espacio público urbano, los indigentes,
las prostitutas, los niños de la calle, etcétera. Este conjunto de normas y códigos refuerzan y
constituyen parte de los procesos de desplazamiento y exclusión social.
Sin embargo, estos procesos no ocurren sin tensiones y sin conflictos. En muchos casos las
políticas urbanas de modernización selectiva y las inversiones privadas son contestadas,
disputadas y resistidas por residentes de clases medias o populares (organizados o no), y
por grupos de la sociedad civil con muy diversos intereses, que se sienten afectados por las
amenazas reales o virtuales contra el territorio habitado y un patrimonio urbano, que por
definición es colectivo, y que al margen del régimen de propiedad que tenga, pertenece a
toda la sociedad y a menudo es considerado patrimonio nacional y de la humanidad.
Este libro analiza estos procesos en la Ciudad de México, que es gobernada
ininterrumpidamente desde 1997 por un partido político que se auto designa de izquierda
(aunque para diversos autores es un gobierno que por necesidad o convicción cada vez gira
más hacia la derecha). En la primera parte del libro, llamada Ciudad y Patrimonio Urbano,
revisamos el concepto de “ciudad” que defiendo y al que me adscribo, y repaso brevemente
qué cosa es el patrimonio urbano. También presentamos la dimensión y diversidad del
patrimonio urbano de la Ciudad de México. En la segunda parte, Políticas urbanas y
gentrificación, analizamos las principales políticas urbanas recientes que promueven los
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desarrollos inmobiliarios de gran escala, la revalorización y gentrificación selectiva del
espacio urbano y las políticas de desarrollo urbano intensivo, impulsadas por los gobiernos
locales de la Ciudad de México desde el año 2000. Aquí, también analizamos el concepto
de gentrificación y cómo éste ha sido adaptado, tropicalizado y reinventado en México y
América Latina. En la tercera parte analizamos con detalle la política de revalorización de
un selecto patrimonio urbano que el Gobierno del Distrito Federal ha realizado en los
últimos quince años, así como la disputa y algunos conflictos que se derivan de la
recuperación de la herencia urbana colectiva. Aquí distintos actores sociales, económicos y
políticos, con distintos argumentos y visiones sobre el desarrollo y la memoria edificada, y
con distinta capacidad de decisión y estrategias de lucha o resistencia se disputan un mismo
territorio, que a menudo es considerado patrimonio local y de la humanidad. En esta parte
analizamos el Centro Histórico de la Ciudad de México y el barrio de la Merced; los
centros históricos de Xochimilco y Coyoacán; y en menor medida los barrios y colonias de
Mixcoac, la Roma y la Condesa.
Este libro le he escrito con el doble propósito de: 1. Contribuir a la reflexión colectiva sobre
el futuro de nuestras ciudades y en particular sobre el futuro de la Ciudad de México, a
partir de sus centros y barrios más antiguos; y 2. De discutir críticamente diversas posturas
de colegas foráneos que mayoritariamente escriben (y sólo leen) en inglés, cuyas opiniones
(a menudo infundadas y llenas de prejuicios sobre nuestras realidades urbanas, tratadas por
ellos cono anormales o exóticas) son profusamente difundidas en el mundo.
En 2015 la mayor parte de la población en el mundo vive en “ciudades” o urbanizaciones
que ya no tienen los atributos de la “ciudad”. La urbanización del mundo parece un hecho
irreversible: no sólo no hay utopías que hablen del retorno al campo o de la creación de
comunidades rurales sustentables en un momento en que las telecomunicaciones
permitirían hacerlo, sino que la población del campo se sigue trasladando a las ciudades en
los países y regiones menos urbanizados. La última utopía de retorno al campo tal vez la
constituye el movimiento hippy de la década de 1960. Sin embargo, en el siglo XXI la
población del campo africano, asiático y centroamericano se dirige a las ciudades. Además,
la migración campo ciudad que definió la urbanización latinoamericana del siglo XX, en el
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siglo XXI se ha transformado en una migración internacional sur norte, en donde los
latinoamericanos arriesgan su vida para cruzar la frontera estadounidense y construir su
futuro allá, cosa que hacen los africanos a través del mar mediterráneo para llegar a Europa.
Así, en 2010 uno de cada diez mexicanos vivía legal e ilegalmente en los Estados Unidos,
mientras que algunos colegas sostienen que la tercera ciudad más habitada por turcos no
están en Turquía sino en Berlín, y la tercera mayor concentración de ecuatorianos, después
de Guayaquil y Quito, no está en Ecuador sino en España.
La urbanización de Asia, África y América Latina alarma a muchos de nuestros colegas
urbanistas anglosajones y europeos, que atónitos observan la emergencia de megaciudades
que -según ellos- ponen en riesgo la “sustentabilidad” del planeta; y que, frente a sus
estándares urbanos, califican como anormal, anárquica, caótica o como un mundo de
“ciudades miseria”. Nosotros en este texto de manera contundente rechazamos ambos
prejuicios infundados. Además, curiosamente dichas afirmaciones provienen de autores de
regiones y ciudades que consumen una gran cantidad de energías no renovables, que
contribuyen (mucho más que el sur global) a la contaminación y calentamiento globales.
Por otra parte, la Organización de Naciones Unidas (ONU), en octubre de 2016 realizará la
tercera Cumbre Mundial sobre los Asentamientos Humanos, Hábitat III, en un momento en
que más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades, y en un momento en que
las formas de urbanización neoliberales brutalmente muestran sus consecuencias: millones
de viviendas vacías (en México son 5 millones y en España 3.4 millones); una enorme
cantidad de diversos megaproyectos inconclusos en España (centros vacacionales y de
entretenimiento, aeropuertos, etcétera); la urbanización salvaje que busca el lucro en las
periferias urbanas distantes en México; el despojo de selectos territorios urbanos a sus
ocupantes; y en general un desarrollo urbano cada vez más exclusivo y exclusionista. Así,
durante 2015 y 2016 la agenda urbana estará en la vitrina del debate público. Tal vez las
Cumbres de la ONU se reduzcan a actos diplomáticos, a los que asisten los Jefes de Estado
y ministros encargados del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial de los diferentes
países, quienes firman protocolos y compromisos políticos (aparentemente neutros, que a
menudo no cumplen) para atender los rezagos, problemas y desafíos sociales urbanos. Sin
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embargo, las Cumbres de la ONU imponen una agenda internacional que coloca esos temas
en el escenario y el debate público nacional y local. En este sentido, 2016 es un momento
adecuado para repensar el estado actual de nuestras urbes y para debatir sobre la
construcción de las ciudades del mañana, de cara a la disputa por la herencia urbana
colectiva y a partir de territorios urbanos, que a pesar de las tendencias urbanas que
fragmentan los tejidos urbanos y sociales, para nosotros aún mantienen varios de los
atributos de “la ciudad”.
Este libro recoge evidencias de una trayectoria investigativa de varios años realizada en la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en el marco de investigaciones diversas e
intercambios académicos con colegas de universidades de la Ciudad de México y otras
universidades latinoamericanas y europeas. En gran parte reunimos evidencias de trabajos
realizados, varios de ellos nunca publicados, sobre distintos sitios patrimonializados
(Coyoacán, La Merced, Xochimilco, el Centro Histórico de la Ciudad de México, la colonia
Doctores, el “Nuevo Polanco”, la colonia Guerrero, entre otros), en las que utilizo métodos
de investigación cuantitativos y cualitativos: análisis de estadísticas públicas (censos de
población y vivienda, y censos económicos), uso de un sistema de información geográfico
(bases de datos georreferenciadas en distintas escalas urbanas) para el análisis
territorializado de estadísticas oficiales, políticas públicas y de mi propio trabajo de campo;
entrevistas; encuestas; trabajo etnográfico, etcétera. Algunos de estos estudios los he
realizado de manera solitaria y otros han sido realizados con estudiantes y con colegas
universitarios. Siempre que sea el caso en este texto aparecen los créditos respectivos de
esas investigaciones. Sin embargo, el libro es de mi autoría, así que las deficiencias
estrictamente son de quien escribe.
PRIMERAPARTE: CIUDAD Y PATRIMONIO URBANO
1. LA CIUDAD, NUESTRO MÁS PRECIADO PATRIMONIO URBANO
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La Ciudad de México es la más valiosa, monumental, compleja y prolongada obra que la
nación ha construido, y constituye un escenario que sintetiza la historia del país y permite
vislumbrar su futuro. Gustavo Garza (2000: 3)
En su más amplia expresión el patrimonio urbano está constituido por la ciudad heredada,
pero ciudad no es sinónimo de urbanización. Los latinoamericanos, como el nombre indica,
somos herederos de una cultura urbana latina que concebía que los ciudadanos y los
civilizados vivían en ciudades, mientras que los bárbaros y los vasallos vivían en el campo.
En efecto, mientras que en el siglo I de Nuestra Era los romanos construían ciudades que
tenían plazas públicas, mercados, complejos edificios para los espectáculos colectivos,
termas y disponían de agua potable llevada a través de acueductos; los bárbaros vivían en la
edad de bronce. Esta herencia cultural y urbana, que hunde sus raíces en la polis griega, fue
transmitida por el imperio romano a la Europa mediterránea y occidental, Egipto y Asia
occidental, a través de sus conquistas militares (Lezama, 1998). Esta herencia urbana fue
reproducida por los españoles en el llamado nuevo mundo, quienes al igual que los
romanos conquistaron y (re)fundaron ciudades como parte de su estrategia de conquista
territorial. En las ciudades hispanas de América un urbanismo colonial pragmático, que
algunos ven como renacentista, basado en retículas ortogonales (con manzanas
cuadrangulares o rectangulares), también retomó algunos elementos del urbanismo
prehispánico como las enormes plazas centrales en Ciudad de México o Quito, que más
frecuentemente se reprodujeron en torno a los conventos para la evangelización de los
indígenas.
Esas antiguas ciudades han cambiado con el tiempo, igual que el concepto de ciudad. Por
ello, para Mongin (2006) el uso de la palabra ciudad en el siglo XXI es obsoleto y también
polisémico, porque sirve para nombrar entidades históricas y físicas muy diferentes como:
ciudad medieval, ciudad colonial, ciudad industrial, ciudad global, mega-ciudad, post-
ciudad, ciber-ciudad, etcétera. Para Lefebvre (2013) [1974] cada sociedad (re)produce su
propio espacio, en este caso, urbano.
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La ciudad es un artefacto construido artificialmente por seres humanos no sólo para
protegerse del medio hostil, sino para coexistir y vivir mejor. Para Park (1999) [1925], una
ciudad era mucho más que una aglomeración de individuos, servicios colectivos,
instituciones y aparatos administrativos. La ciudad es un producto humano que se imbrica
en los procesos vitales de la gente. La ciudad es un producto social e histórico. Es decir, la
ciudad es una construcción social en el tiempo y también una herencia cultural colectiva (es
patrimonio urbano). A diferencia de otras ciencias y disciplinas sociales que conciben a la
ciudad como un producto preexistente y un escenario en el que ocurren los procesos
sociales; los urbanistas, geógrafos, planificadores territoriales, arquitectos, filósofos,
etcétera, concebimos a la ciudad como un producto social que a su manera produce,
condiciona e influye en los procesos sociales. Por ello, nosotros no sólo estudiamos la
democracia en la ciudad, sino también la democracia de la ciudad: es decir, la equidad y
universalidad de la distribución de los recursos urbanos entre la población, como el suelo,
la vivienda, el agua, el transporte, la centralidad, etcétera. Así, una ciudad no es un espacio
o contenedor inerte e inmutable ocupado por sujetos y objetos, sino un producto social
resultado de las prácticas, las relaciones, las acciones y las experiencias sociales. Para Henri
Lefebvre (2013) [1974], el espacio urbano no es ni neutro ni apolítico, sino un producto
histórico y social, es el lugar de la reproducción de las relaciones sociales de producción.
Se trata de un espacio disputado en condiciones desiguales por diversos actores sociales,
políticos y privados que se apropian ese espacio para usarlo, habitarlo, explotarlo,
dominarlo y/o controlarlo.
La ciudad es un concepto con múltiples dimensiones que remite a un espacio físico
construido por generaciones de personas (que en latín se llamaba urbs), una comunidad
política de ciudadanos con derechos y obligaciones (que en latín era civitas y los griegos
llamaba polis), y a una unidad político administrativa que los griegos llamaban polis (Borja,
2003; Capel, 2003; Carrión, 2008). Conceptos clásicos de la ciencia política tienen su
origen en las ciudades: la política tiene su origen en la polis y la ciudadanía en la civitas. A
menudo se olvida que el concepto ciudadanía aludía directamente a los habitantes de la
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ciudad, mientras que los campesinos eran quienes residían en el campo1. Sin embargo, el
concepto ciudadanía se separó de su origen para aludir a un conjunto de derechos humanos,
conquistados en las ciudades, que se han universalizado en el territorio y alcanzan a toda la
población sin importar si ésta habita áreas urbanas o rurales. Vista así, la ciudad es parte del
proceso civilizatorio y de conquista de las libertades y los derechos humanos. En el
medioevo y el mundo feudal, la ciudad emergió como un lugar donde vivían los libres;
mientras que en el siglo XIX, con la revolución industrial y la urbanización europea, la
ciudad se convirtió en sinónimo de alta densidad de población, de diversidad y de
heterogeneidad sociocultural en un pequeño espacio limitado (Wirth, 1988 [1938]). La
ciudad era el lugar que permitía la cohesión y la coexistencia social, a pesar de los intereses
individuales y divergentes de los sujetos que en ella se congregaban; la ciudad era una
construcción colectiva que simultáneamente permitía la socialización y la
individualización, a través de la tolerancia (Simmel, 1900 citado en Remy, 2012). Esa
ciudad rompía con las tradiciones y los valores comunitarios y solidarios de la aldea y del
campo, y era el escenario de la anonimidad y la indiferencia. La cultura urbana era
sinónimo de sociedad, un artefacto artificial, mientras que la comunidad era sinónimo de
organismo vivo (Tönnies, 2011) [1935]; pero justo por ello, la ciudad era el lugar que
permitía a la gente ser libre de las ataduras de la comunidad rural y de la aldea. De aquí
viene el proverbio alemán que decía que El aíre de la ciudad hace libres a los hombres
(este proverbio está recogido en diversos textos, entre ellos el de Bookchin, 1974). Así, la
ciudad se convirtió en sinónimo de diversidad sociocultural, respeto, tolerancia, conquista
de los derechos humanos y el lugar de las libertades humanas que integra a todos los
habitantes en igualdad de circunstancias. Por ello, la ciudad, nuestra herencia colectiva,
nuestro patrimonio urbano, ha sido definida como un espacio público de interés común y
general para la sociedad que en ella habita y la población que la visita (Borja, 2003 y 2011).
Sin embargo, estas cualidades de “la ciudad” no sólo han sido siempre más ideales que
reales, sino que se han ido perdiendo en el transcurso de los últimos tiempos,
particularmente desde el tránsito del capitalismo keynesiano o del Estado intervencionista
1 Así por ejemplo, en un Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española del siglo XVIII (RAE,
1726) se define como Ciudadano a “El vecino de una ciudad, que goza de sus privilegios y está obligado a sus
cargas…”.
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al capitalismo neoliberal, en el que además del repliegue de lo público y la privatización de
lo común; nuevas formas de urbanización, dispersas, difusas y distantes, han contribuido a
hacer más porosos los límites de la ciudad; mientras que nuevos artefactos urbanos se
fragmentan y se aíslan del tejido urbano. Por ello, Francoise Choay (2009) afirma que
paradójicamente en un mundo urbanizado la muerte de “la ciudad” (europea) ha llegado,
pues ya no se construye ciudad sino urbanización. Para nuestra colega francesa, “la ciudad”
era la unión indisoluble de un territorio delimitado y bien organizado (urbs) y una
comunidad de ciudadanos con deberes y derechos políticos (civitas); mientras que la
urbanidad era la relación recíproca entre un tejido urbano y una forma de convivencia. Pero
esos vínculos aparentemente inseparables se han roto: nuevos asentamientos humanos se
construyen en periferias cada vez más lejanas, los centros históricos (la antigua “ciudad”)
se despueblan, turistifican y parquetematizan progresivamente; mientras que las
telecomunicaciones han transformado las relaciones que las sociedades mantenían con su
espacio y tiempo. Así, la interacción entre personas se ha “desterritorializado” y la
pertenencia a las comunidades ya no se funda en la proximidad y el espacio público urbano
(la calle, las plazas, parques, etcétera).
En este mismo sentido Oliver Mongin (2006) afirma que lo antes llamábamos “ciudad” ya
no coincide con lo que ahora calificamos como urbano. “La ciudad” era un territorio
circunscrito, finito y delimitado que respondía a la cultura de los límites, integraba y
relacionaba a los diferentes, favorecía la mezcla social, la confluencia y el encuentro;
mientras que la intrínseca conflictividad social estaba mediada por la urbanidad y la
tolerancia. Sin embargo, desde hace décadas esa ciudad símbolo de la emancipación y la
integración social ahora se confronta con una dinámica metropolitana y una globalización
que dividen, dispersan, fragmentan, privatizan, descentralizan, separan y crean nuevas y
diversas jerarquías urbanas y territoriales. Esto mismo ya había advertido Bookchin (1974),
para quien los procesos de expansión metropolitana ya cuestionaban los límites de la
ciudad y con ello la capacidad de la ciudad de integrar a los diversos. Así, irónicamente en
el siglo XXI, cuando la mayor parte de la humanidad habita en “ciudades”, la realidad
urbana está constituida por una ilimitada e indefinida expansión urbana periférica y
metropolitana que se caracteriza por la segregación, la fragmentación y la emergencia de
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múltiples centralidades. Lo urbano ya no es un lugar que garantiza la integración social y la
liberación humana, ya no fomenta la proximidad ni las relaciones y encuentros sociales. La
ciudad ya no reúne, integra y relaciona. De ser esto así, entonces asistimos a un momento
de obsolescencia del espacio público urbano: la plaza y la calle. Algunos colegas añadirán
que esto es efectivamente así, y que, en complemento con la agorafobia y el miedo frente a
la inseguridad, el nuevo espacio social (que no público) son los centros comerciales.
Conviene añadir que para Mongin y Choay, la muerte de la ciudad no equivale a catástrofes
que impliquen su desaparición física, sino al despojo de sus atributos urbanos que tienden a
liquidar la riqueza y complejidad de la vida urbana. Para ellos, la “ciudad clásica” reducida
a los centros históricos y algunos barrios históricos (el llamado patrimonio urbano) se han
reducido a excepciones: pequeños territorios que cada vez más se constituyen en “un lujo”
cuyo placer urbano disfruta sólo una minoría; y por otro lado, se pretende museificarlos
(momificarlos) y turistificarlos para supuesta y paradójicamente “salvarlos” o “rescatarlos”.
Ciudad y metrópolis, local y global
Las ciudades no son islas ni realidades sociales endógenas. Las ciudades siempre han
estado en estrecha relación con su hinterland y con el mundo a través de diversas relaciones
multidimensionales, que cada vez con mayor intensidad son facilitadas por las tecnologías
de los transportes y las comunicaciones. Sin embargo, en las tres últimas décadas el
desmantelamiento de las barreras nacionales a los flujos de capitales internacionales ha
colocado y expuesto a las ciudades a relaciones más intensas en el ámbito económico,
social, cultural, etcétera. Así, grandes flujos de capital financiero trasnacional se invierten
en mercados inmobiliarios de distintas ciudades con la lógica de incrementar la
acumulación de capitales, sin importar los efectos locales que éstos tienen. Asimismo, los
flujos de inmigrantes establecen múltiples relaciones entre periferias urbanas de las
ciudades del norte y del sur, y tejen múltiples conexiones trasnacionales en las ciudades del
mundo, a través de flujos económicos, comunicaciones, reproducción de prácticas
culturales y de procesos de hibridación cultural (Besserer y Nieto, 2015). En efecto, una
ciudad nunca ha sido una unidad social endógena. Además, en el siglo XXI los procesos
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sociales que ocurren en las ciudades y las urbanizaciones cada vez más están más
interconectados con procesos multidimensionales en escala inter y trasnacional.
Reivindicar la ciudad
A pesar de reconocer que en los tiempos actuales ya no se construye “ciudad”, varios
académicos, organizaciones civiles y sociales de distintos lugares del planeta en el siglo
XXI continúan hablando y reivindicando “la ciudad”, por dos razones: Una, aún hay partes
de nuestras ciudades (generalmente los centros y barrios históricos) que como “la ciudad”
clásica, aún poseen un conjunto de atributos colectivos, públicos, sociales, que se deben
defender y difundir en el resto de las urbes; y Dos. Bajo el eslogan de El Derecho a la
Ciudad reivindicamos los atributos y valores de “la ciudad” para todos: residentes y
usuarios. Es decir, una ciudad que integre y acoja a los diversos y diferentes, una ciudad
que garantice la cohesión y la coexistencia colectiva frente a los conflictos cotidianos
derivados de los particulares intereses de los actores sociales, económicos y políticos; una
ciudad que permita la mezcla y el encuentro social; una ciudad en donde el suelo tenga una
función social y los servicios urbanos sean para todos y todas.
Estamos conscientes de que muchos de estos atributos asignados a “la ciudad” tal vez
nunca hayan estado presentes en la Ciudad de México y en otras ciudades latinoamericanas.
En este sentido, igual que Mauricio Merino (2010)2 reivindicamos un espacio público (la
ciudad) que ha sido secuestrado por intereses mercantilistas y monopolios, y defendemos la
construcción de un espacio público y de una(s) ciudad(es) que nunca hemos tenido. Aquí
coincidimos también con autores que han guiado parte de nuestra formación académica
(Lefebvre, 1991; Harvey, 2013; Ortiz, 2008) y otros autores (Lopes de Souza, 2010;
Meagher, 2010), para quienes El Derecho a la Ciudad no consiste en la conquista de una
2 En este libro, Merino presenta un estado desastroso en México: el espacio público electoral ha sido
debilitado por los partidos políticos, las instituciones y los poderes facticos; el espacio público mediático (que
debería ser el ágora de la vida contemporánea) es dominado por dos televisoras privadas; la economía
mexicana (lejos de ser el lugar de producción e intercambio) está marcada por la voracidad de los oligopolios;
mientras que los gobiernos y la administración pública actúan para ellos mismos. Así, en México el espacio
público no es un lugar de convivencia, sino un territorio secuestrado, excluyente y dominado por los poderes
fácticos.
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ley, sino en una utopía a construir y un eslogan de batalla en la construcción de otras
ciudades y sociedades, bien diferentes a las que tenemos ahora.
2. UN MUNDO IRREMEDIABLEMENTE URBANO
En 2015 la mayor parte de la población en el mundo vive en “ciudades” (el 54%) y se
espera que esta cifra se incremente en 2050 al 66% (UN Hábitat, 2015). La urbanización
del mundo parece un hecho irreversible: no sólo no hay utopías que promuevan el retorno
al campo o la creación de comunidades rurales autosustentables3 en un momento en que las
tecnologías del transporte y las comunicaciones permitirían facilitarlo, sino que la
población del campo se sigue trasladando a las ciudades en las regiones menos urbanizadas
(Asia y África). Así, la población urbana se incrementó de 2,300 millones de habitantes en
1990 a 3,900 millones en 2014, y se prevé que se incrementará hasta 6,300 millones de
personas en 2050 (UN Habitat, 2015). En este contexto, el número de mega ciudades de
más de diez millones de habitantes se ha incrementado de 10 en 1990 a 28 en 2014. Estas
mega ciudades en conjunto alojan a 453 millones de habitantes o el 12% de la población
urbana mundial: diez y seis mega ciudades se encuentran en Asia, cuatro en América Latina
(una de ellas es la Ciudad de México), tres en África, tres en Europa y dos en Norteamérica.
Para 2030 el Centro Hábitat de la ONU (UN Habitat, 2015) augura que habrá 41 ciudades
con más de diez millones de habitantes, todas ellas emergerán en el sur global, antes
llamado tercer mundo.
La migración campo – ciudad que en el siglo XX definió la urbanización latinoamericana
es cosa del pasado. En el siglo XXI las migraciones de población son internacionales y se
dirigen de países del sur a países del norte: los mexicanos y centroamericanos arriesgan su
vida cruzando fronteras para trabajar en los Estados Unidos (EEUU), mientras que los
africanos atraviesan clandestinamente el mar mediterráneo para llegar a Europa. Así, en
2010 más de treinta millones de latinoamericanos y caribeños residían fuera de su lugar de
3 La última utopía que en parte reivindicaba el retorno al campo la constituye el movimiento hippy de la
década de 1960. Pagliero (2014) relata con cierta nostalgia ese movimiento contracultural en Melenudos City.
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origen, fundamentalmente en EEUU, Canadá y España (ONU Hábitat, 2012); mientras que
el 10% de la población mexicana vivía fuera de su país, mayoritariamente en los Estados
Unidos. En cambio, en Brasil apenas el 0.4% de su población total había emigrado (ONU
Hábitat, 2012). Ecuador es un país que ha perdido entre el 10 y el 15% de su población
desde la década de 1990: en 2013 se tenía un registro de 428 mil y de 456 mil ecuatorianos
residentes es los Estados Unidos y en España respectivamente (Jokish, 2014).
América Latina es la región más urbanizada del mundo, con casi el 80% de su población
viviendo en ciudades4. Esta tasa es mayor que la de Europa, que alcanza el 73% de su
población viviendo en ciudades (UNCHS, 2013). Sin embargo, en algunos países este
porcentaje se incrementa en torno del 90% (Argentina y Uruguay) y del 85% (Chile y
Brasil); mientras que en Centroamérica la tasa de urbanización ronda el 55% (lo que
significa que hay una gran cantidad de población potencialmente emigrante). En México la
tasa de urbanización en 2010 era del 77.8% y se preveía su incremento al 80.6% para 2020
(ONU Hábitat, 2012). Es decir, que cuatro de cada cinco mexicanos vive en ciudades.
Además, la mayoría de las ciudades grandes y medianas en México, como en el resto de
América Latina, son metropolitanas. Es decir, son ciudades que físicamente se extienden en
más de una entidad político administrativa. Se trata de una realidad urbana que constituye
un enorme desafío para las democracias locales y para la gobernabilidad urbana, pues
diariamente miles de personas, que tienen sus derechos políticos y pagan sus impuestos en
el lugar donde duermen o tienen su domicilio, se trasladan a otras partes de la ciudad para
trabajar, consumir, estudiar o visitar. En 2010 en México se habían definido oficialmente
59 zonas metropolitanas que se extendían en 367 municipios y Delegaciones de 29
entidades federativas. Aquí vivían 63.8 millones de habitantes, equivalentes al 56.8% de la
población nacional (SEDESOL, CONAPO e INEGI, 2012).
4 Conviene señalar que de los 588 millones de habitantes que tiene América Latina, el 51.5% de esa población
es brasileña (33%) y mexicana (18.5%). Asimismo, el 14% de la población vive en mega ciudades de más de
10 millones de habitantes (65 millones de habitantes), es decir, la mayoría de la población urbana reside en las
llamadas ciudades medias y pequeñas (ONU Hábitat, 2012).
18
Por otra parte, el crecimiento demográfico en América Latina se ha reducido. Entre 1950 y
2010 la tasa de fecundidad bajó de 5.8 a 2.09 hijos por mujer y la esperanza de vida se
incrementó de 51.4 a 74.5 años. Asimismo, en nuestra región la estructura etaria presenta
un “bono demográfico”, en donde la población económica activa es mayor que la población
no activa (situación que no durará más de 30 años): en 2010 la población menor de 14 años
era del 28%, la de 15 a 64 años era del 65% y la población de más de 65 años era del 7%
(ONU Hábitat 2012).
Este grado de urbanización, acompañado de una considerable reducción de las tasas de
crecimiento demográfico, ha llevado a algunos autores a considerar que en América Latina
la “explosión urbana es asunto del pasado” (ONU Hábitat, 2012) y que la región ha
transitado de la “urbanización sin fin, al fin de la urbanización” (Jordán, 2003). Es decir,
que arribamos a una fase en donde la expansión de nuestras ciudades ya no sería necesaria
como en el pasado, porque la inmigración del campo a la ciudad prácticamente culminó;
mientras que el incremento de población actual de las urbes es por crecimiento demográfico
natural (Jordán, 2003). Sin embargo, a pesar de la desaceleración del crecimiento
demográfico aún persiste una lógica de crecimiento urbano expansivo, promovido por el
mercado inmobiliario (como se comentará adelante) en esta fase de capitalismo neoliberal.
En este contexto, la agenda pública, los problemas sociales, la pobreza y las políticas
públicas se han urbanizado. Aunado a ello, un tema que coadyuva a colocar a las ciudades y
su futuro como un tema central es la cumbre de la Organización de Naciones Unidad sobre
los Asentamientos Humanos, Hábitat III, que se realizará en Quito, Ecuador, en Octubre de
2016.
¿Sirve de algo la Cumbre Mundial de la ONU sobre los Asentamientos Humanos?
La tercera Cumbre Mundial sobre los Asentamientos Humanos - Hábitat III, en 2016, se
realizará en un momento en que: más de la mitad de la población del mundo vive en
ciudades; las desigualdades socioeconómicas se han exacerbado y crece la pobreza social; y
las formas de urbanización neoliberales brutalmente muestran sus consecuencias. Así por
19
ejemplo, en México alrededor de cinco millones de viviendas (mayoritariamente nuevas) se
encuentran vacías. Se trata de conjuntos de “artefactos” urbanos con miles de viviendas de
dimensiones miserables que fueron construidos desde el año 2000 en lugares distantes de
las ciudades y a veces prácticamente en medio de la nada, condenando a la población
“beneficiada” a invertir mucho tiempo y recursos en sus traslados diarios. Esta
urbanización salvaje implicó un enorme crecimiento urbano en escala metropolitana, que a
nombre del déficit habitacional promovió enormes ganancias para las empresas
constructoras, llamadas en México vivienderas (Delgadillo, 2014a).
Otro de los peores ejemplos de la urbanización capitalista neoliberal es España, país que
tienen alrededor de 3.4 millones de nuevas viviendas vacías, a las que se suman una enorme
cantidad de diversos megaproyectos inconclusos (aeropuertos, centros vacacionales,
complejos turísticos de playa o montaña, etcétera), y alrededor de 800 mil desahuciados de
su vivienda por el no pago de los créditos hipotecario. Algunos de los excesos de la
economía del ladrillo y la burbuja inmobiliaria han sido recogidos en publicaciones con
diversos enfoques, así por ejemplo:
• Ruinas Modernas, una topografía de lucro (Schulz-Dornburg, 2012) es el catálogo de
una exposición fotográfica y planimétrica del mismo nombre que muestra los absurdos
del lucro y la especulación, permitidos por una generalizada corrupción: la construcción
inconclusa, que semeja ruinas, de mega proyectos habitacionales, turísticos y de otro
tipo en medio prácticamente de la nada.
• Por su parte Fin de Ciclo (López y Rodríguez, 2010) es un libro que desde la
perspectiva de la economía política pretende explicar, en una perspectiva de largo
plazo, la estupidez de la lógica de lucro –financiada por las poderosas economías de la
Comunidad Europea- que exprimió los ahorros a las clases medias y medias bajas de
España, a través de créditos hipotecarios para la compra de vivienda.
En otros países las consecuencias son similares. A ello se puede sumar la reproducción de
la pobreza ahora urbana, los miles de asentamientos humanos irregulares en América
Latina y México (de los que casi nadie habla), así como un desarrollo urbano exclusivo y
20
exclusionista, que se conduce a través de políticas que selectivamente mejoran el espacio
urbano y/o rehabilitan un selectivo patrimonio urbano, constituido por partes de centros y
barrios históricos.
Volviendo a Hábitat III. Ensimismas, las Cumbres de la ONU constituyen actos
diplomáticos a los que asisten los Jefes de Estado y ministros encargados del desarrollo
urbano y el ordenamiento territorial de los diferentes países, quienes firman protocolos y
compromisos políticos (aparentemente neutros y despolitizados, que a menudo no se
cumplen) para atender los rezagos, problemas y desafíos sociales urbanos. Sin embargo, las
Cumbres de la ONU imponen una agenda internacional que coloca esos temas en el
escenario y el debate público nacional y local. Así por ejemplo:
• En México, en 1975 grupos feministas de las llamadas organizaciones no
gubernamentales (ONG) pudieron colocar temas fundamentales en la agenda nacional
durante El año internacional de la Mujer.
• En 1976, en el marco de la primera cumbre de la ONU sobre los Asentamientos
Humanos, Hábitat I, en escala nacional el gobierno federal decretó la Ley General de
Asentamientos Humanos (primera en el ámbito nacional en México), y en escala
internacional se creó la Coalición Internacional para el Hábitat, integrada por
organismo no gubernamentales y organizaciones y movimientos sociales defensores de
los derechos a la vivienda y a la ciudad, de muchos países, que en un trabajo articulado
han podido evitar algunos desalojos forzosos en algunas ciudades y fortalecer su lucha
en escala local, a través de campañas políticas y múltiples intercambios.
El Centro Hábitat de la ONU, entidad responsable de la realización de Hábitat III,
promueve una agenda urbana internacional aparentemente despolitizada y neutra que es
legitimada por su carácter internacional. Esta institución promueve un desarrollo urbano
“sustentable”, que disminuya la pobreza, los problemas urbanos y el cambio climático; pero
también un desarrollo urbano “competitivo” capaz de retener o atraer inversiones privadas
que generen riqueza económica y empleos. En este mismo discurso, aparentemente neutro,
la ONU premia a las “mejores prácticas”, para demostrar que en el mundo
21
hegemónicamente neoliberal, los pobres con ayuda de ONG, organizaciones filantrópicas y
curas comprometidos, son capaces de mejorar su entorno construido (vivienda y barrio) y
calidad de vida en condiciones adversas.
Las críticas a las cumbres de la ONU son muchas, pero las oportunidades que Hábitat II
abre para discutir la agenda urbana de los gobiernos y las políticas públicas de cara a los
medios de comunicación y la sociedad son innegables. Es por ello que este texto pretende
sumarse a los debates sobre las políticas urbanas que se impulsan en distintas ciudades, y en
general a la necesaria reflexión sobre el futuro urbano y sobre las ciudades del mañana.
La urbanización de África, Asia y América Latina ¿Un atentado para el medio
ambiente mundial y la gobernabilidad local?
La urbanización de Asia, África y América Latina, alarma a nuestros colegas anglosajones
y europeos, que atónitos observan la emergencia de nuevas mega ciudades, lo que según
ellos pondrá en riesgo la “sustentabilidad” del planeta. Así por ejemplo, Richard Rogers
(2006) en Ciudades para un pequeño planeta, denuncia que “las ciudades” consumen “tres
cuartas partes de la energía global y generan tres cuartas partes de la contaminación total”.
Se trata de una versión naif o extremadamente sospechosa que omite cualquier referencia a
por ejemplo, cuánto consumo energético y de barriles de petróleo per cápita hay en
Londres, Nueva York o Calcuta, como para valorar si todas “las ciudades se han convertido
en parásitos dentro del paisaje, (...) consumidoras incansables, contaminantes incansables”,
y si el crecimiento urbano mundial provocará un “crecimiento exponencial del volumen de
recursos consumidos y de la contaminación” (Rogers, 2006: 27). Este arquitecto inglés,
cuyo libro en comento se ha traducido en varios idiomas, dice que la Ciudad de México es
la ciudad que ejemplifica “la doble amenaza al planeta”, pues nuestra ciudad tiene una capa
de smog cuatro veces más espesa que la de Los Ángeles y seis veces más tóxica que los
estándares de la Organización Mundial de la Salud. A este arquitecto se le olvida
mencionar que la mayor contaminación del planeta proviene de los Estados Unidos, Europa
y Japón; y que hay otras ciudades (como Los Ángeles y San Diego) que producen más
contaminación per cápita y mayores gases de efecto invernadero que reducen la capa de
22
ozono del planeta, que la capital mexicana. Aquí, la enorme diferencia es la situación
geográfica del Valle de México que impide la disolución de la contaminación, a diferencia
de ciudades planas como Los Ángeles que permite que la enorme polución se disperse en
un área geográfica muy extensa. Aquí no queremos eludir la responsabilidad sobre los
problemas medioambientales que los ciudadanos tenemos en la Ciudad de México, pero
tampoco queremos dejar pasar este tipo de análisis “científicos” de nuestros colegas anglo o
eurocentristas, que fácil, sospechosa o hábilmente descargan su (i)responsabilidad en la
urbanización del tercer mundo o del ahora llamado sur global.
Mike Davis (2006), un colega de Los Ángeles profusamente difundido en diversas lenguas,
mira a las ciudades latinoamericanas y al incremento de la población urbana en las ciudades
africanas y asiáticas como una amenaza para el orden mundial. Para este autor, tal vez por
residir en Los Ángeles (una “anticiudad” para varios académicos que entendemos la ciudad
en vectores y atributos que no se reducen a la acumulación de construcciones individuales),
las formas urbanas de América Latina, Asia y África constituyen un planeta de “ciudades
miseria”. Este autor con cierto desprecio habla de ciudades híper degradadas, de un “nuevo
monstruo” urbano (la Región Metropolitana Río de Janeiro – Sao Paulo) y de una “ameba
gigante”, la Ciudad de México, que en esta visión catastrófica se ha “tragado” a Toluca
(sic) (Davis, 2006: 17). La imagen de la capital mexicana como protozoario gigante que
come ciudades ya es un exceso, pero lo es más la visión fantasiosa de que otra ciudad,
Toluca, situada a más de 65 kilómetros de distancia, dividida por enormes áreas de
bosques, ya es parte de un enorme continuo urbano. ¿Sabrá este “científico” angelino que
en el año 2000 su urbe, Los Ángeles, era 3.77 veces más grande en términos de superficie y
que consume más energía productora de dióxido de carbono que la Ciudad de México?
Jenks y Burguess (2000: 2) también se preocupan por el crecimiento de la población en una
“escala inimaginable” en las ciudades de los países en desarrollo, que consumirá suelo,
agua, energía y medio ambiente. Curiosamente estos autores europeos tampoco parecen
diferenciar entre las sociedades de bajos ingresos y las sociedades consumistas del primer
mundo que con un alto poder adquisitivo vorazmente consumen suelo, energía no
23
renovable y son los responsables directos y mayoritarios del calentamiento del planeta. Así
por ejemplo:
• Ellos mismos (Jenks y Burguess, 2000: 12) reconocen que el 16.7% de la población
mundial (Japón, Australia, EUA y la Comunidad Europea) produce el 53.6% de las
emisiones de dióxido de carbono en escala mundial.
• Van Susteren (2007) en su Atlas Metropolitano Mundial claramente diferencia las mega
urbanizaciones (extensísimas urbes que consumen suelo, infraestructura y energéticos)
de las mega ciudades, definidas así en función de la cantidad de habitantes. En esa
investigación por ejemplo, Los Ángeles y Nueva York, con 9.3 y 20.2 millones de
habitantes, consumen respectivamente casi dos y ocho veces más territorio que la
Ciudad de México, que en el año 2000 tenía 17.2 millones de residentes y consumía
1,476 kilómetros cuadrados de suelo (ver cuadro 1). Aquí, era evidente que la Ciudad
de México (antes de la urbanización salvaje realizada desde el año 2000, a través de la
política viviendista federal que extendió de manera brutal las periferias urbanas) era una
ciudad que ahorraba suelo y consumía una extensión física apenas mayor que Berlín
pero con 4.5 veces más población que la capital alemana. Que la Ciudad de México era
una urbe ahorradora de suelo e infraestructura, ya era reconocido por autores como
Eckhart Ribbeck (1991).
Cuadro 1. Dimensión demográfica y física de algunas metrópolis en el año 2000
Ciudad de
México
Los
Ángeles
Nueva
York Berlín
Buenos
Aires
París Sao
Paulo
Millones de habitantes 17.25 9.63 20.27 3.88 11.20 9.64 17.72
Kilómetros Cuadrados 1,476 2,874 11,518 1,230 2,771 2,721 1,981
Densidad Habitantes/Km2 11,687 3,351 1,760 3,154 4,024 3,545 8,945
Fuente: Elaboración propia con base en datos de Van Susteren, 2007.
• Por su parte Sassen (2014: 201) brutalmente expone las consecuencias del modelo de
desarrollo económico neoliberal seguido hegemónicamente en el mundo, pero
principalmente por las principales potencias económicas, que han producido tierra
muerta y agua muerta, y son los principales productores del calentamiento global: sólo
una nación, los Estados Unidos, produce el 50% de los gases con efecto invernadero.
24
Colegas residentes en países de habla inglesa también critican duramente esta visión
apocalíptica sobre las formas de urbanización de otras regiones del mundo, que son
consideradas anómalas. Así por ejemplo:
Ananya Roy (2013) se queja de que gran parte de la teoría urbana y regional se continúa
reproduciendo y basándose en la experiencia urbana de los EUA y Europa, cuando el futuro
urbano (con la mayor parte de la población urbana en el mundo) ya está en otra parte. Esas
teorías anglo y eurocéntricas continúan viendo la urbanización del tercer mundo o del sur
global como ciudades subdesarrolladas o anómalas; concentración de pobres, violencia y
contaminación; un mundo de tugurios, etcétera.
Jennifer Robinson (2006) desafía las relaciones del poder colonial y neo imperial, cuyos
supuestos se mantienen profundamente incrustados en la teoría urbana contemporánea que
concibe a “las ciudades del tercer mundo” bajo categorías residuales, megaciudades de
desesperanza, declive y pobreza; mientras que las ciudades de los países del “primer
mundo” son creativas, inventivas, innovadoras o globales. Ella denuncia que el occidente
(Europa y Norteamérica) asume como modernidad sus productos: religión, formas de
Estado, sistemas democráticos de partidos políticos, sociedad consumista, prácticas
culturales y formas urbanas, que son exportados a lugares supuestamente pre modernos.
Aquí, la supuesta dicotomía entre la modernidad y la tradición es una falsa disyuntiva, pues
justamente como lo ha demostrado Eric Hobsbawm (2002), la Europa moderna está
cimentada en tradiciones inventadas en la época moderna.
***
El mundo es y al parecer seguirá siendo irremediablemente urbano, sólo que la mayor parte
de la población urbana mundial y su futuro urbano se encuentra en América Latina, Asia y
África.
25
3. PATRIMONIO URBANO: MEMORIA E IDENTIDAD COLECTIVA
Patrimonio urbano o patrimonio cultural urbano es un concepto anclado a la idea
decimonónica de los monumentos, que en el siglo XX evolucionó a conceptos como
patrimonio histórico y bien cultural. El patrimonio urbano alude a los grupos de edificios,
plazas, calles, centros históricos o ciudades enteras, producidos en el pasado, remoto o
reciente, que han sido consideradas como tales por los gobiernos, las elites o los grupos
sociales, en función de diversos atributos y valores colectivos asignados a ellos: históricos,
estéticos, simbólicos, sociales, etcétera. En esta concepción, nosotros no separamos el
contenido simbólico e inmaterial del contendor material, ni separamos el llamado
patrimonio tangible del patrimonio intangible, pues a menudo los tejidos urbanos y
edificios aislados (bienes materiales) son patrimonializados en función de valores sociales
(más o menos inmateriales) asociados a ellos.
El patrimonio urbano es una categoría de patrimonio cultural relativamente reciente, que
derivó del culto decimonónico a los monumentos conmemorativos y a las edificaciones
monumentales aisladas o individuales. Los monumentos conmemorativos se han construido
a lo largo de la historia para mantener en el presente un hecho del pasado, es decir, para
recordar, guardar la memoria: guerras ganadas, batallas perdidas, hechos históricos, sucesos
colectivos significativos, etcétera. En cambio, las construcciones patrimonializadas
(grandes o pequeñas, destacadas o vernáculas) fueron edificadas para tener un destino
utilitario y simbólico, como demostrar el poder religioso, dinástico, gremial, económico,
etcétera (castillos, catedrales, palacios, etcétera); y ser usadas con alguna función pública o
privada; o para ser utilizadas por la plebe.
El reconocimiento de los tejidos urbanos como patrimonio cultural inició con la protección
de edificios individuales. Sin embargo, en el tránsito del siglo XIX al XX se comenzó a
reconocer la llamada arquitectura menor que contextualizaba a las grandes edificaciones,
que durante el siglo XIX a menudo fue objeto de destrucción con el propósito de realzar de
manera aislada a los edificios monumentales.
26
• Así por ejemplo, el arquitecto Manuel F. Álvarez en 1917 (1982), en plena revolución
mexicana, proponía desmantelar el sagrario metropolitano para monumentalizar la vista
por los cuatro costados de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.
Los efectos de la II Guerra Mundial en Europa, tanto los bombardeos como los programas
de reconstrucción, y los programas de renovación urbana en América Latina, que
implicaron la destrucción de grandes áreas urbanas antiguas, fortalecieron el movimiento de
defensa del patrimonio urbano, bajo el nombre de conjuntos monumentales, zonas de
monumentos y centros históricos (Tung, 2001; Delgadillo, 2011). Además, como veremos
en el siguiente apartado, en las décadas recientes se incrementó de manera acelerada el
reconocimiento de nuevos tipos de patrimonio mueble e inmueble, entre ellos conjuntos
urbano arquitectónicos recientes: como las Ciudades Universitarias de Caracas y Ciudad de
México; barrios obreros como los proyectados por la Bauhaus en Alemania; y hasta
ciudades enteras como Brasilia.
La idea de patrimonio cultural alude a las creaciones humanas muebles e inmuebles,
materiales e inmateriales5 del pasado remoto o reciente, que por sus atributos y múltiples
valores asociados se han considerado como una herencia colectiva. En el pasado muy
reciente hablábamos de “patrimonio cultural urbano” para referirnos a esa selección de
edificios, barrios y centros históricos que se encuentran en las ciudades y han sido
reconocidos como herencia colectiva en función de atributos y valores colectivos. Sin
embargo, hoy consideramos una tautología hablar de patrimonio urbano y cultural, pues lo
urbano en su más amplia expresión en un producto cultural, mientras que la cultura también
tiene una dimensión urbana, más cuando la mayor cantidad de población en el mundo vive
en ciudades.
El patrimonio urbano, igual que el patrimonio cultural, no es un acervo material que
preexiste por sí mismo, sino que es fundamentalmente una construcción social en la que
5 Siempre tengo problemas en hablar del patrimonio cultural inmaterial o intangible, pues el habla, las
ceremonias religiosas o laicas, la gastronomía, la danza, la música, etcétera, son un patrimonio que se expresa
a través de alguna materialidad: las prácticas culturales se pueden experimentar con los cinco sentidos,
además se pueden grabar y registrar de diversas formas; mientras que la comida se puede preparar y degustar.
27
tradicionalmente los grupos en el poder, desde un presente, seleccionan y han seleccionado
algunos de los múltiples inmuebles y barrios del pasado, a los que se les asignan atributos
históricos, artísticos y otros valores colectivos. Así como cada sociedad produce su espacio
urbano (Henri Lefebvre dixit), cada sociedad o grupos en el poder y elites ilustradas
históricamente ha construido o definido lo que consideran su herencia edificada colectiva.
Sin embargo, los lugares patrimonializados son socialmente apropiados de diversas
maneras.
El patrimonio urbano lejos de remitir a las ruinas del pasado, vestigios históricos inertes
antiguos y recientes o a un museo a cielo abierto, está constituido mayoritariamente por
complejos tejidos urbanos vivos y habitados. En efecto, el patrimonio urbano está integrado
por inmuebles utilizados (parcial o totalmente) o abandonados (baldíos, ruinas, edificios
desocupados); edificios con distinto tipo de uso (vivienda, servicios, equipamientos);
diferente propiedad (pública, social o privada); régimen de tenencia; edad (avanzada,
reciente); y estado físico (bueno, deteriorado, regular). Esta es una característica
fundamental que hace a este patrimonio cultural inmueble muy diferente del patrimonio
cultural mueble como por ejemplo la pintura, la escultura, las colecciones de libros,
archivos, etcétera. Es decir, se trata de edificios y barrios que fueron construidos con
diversos fines utilitarios, son habitados y utilizados, y no fueron construidos para ser
considerados como herencia histórica. Esto ocurrió a posteriori. Se trata de partes, que
como el resto de la ciudad son objeto de disputa por parte de diversos actores con diferentes
intereses económicos, sociales y políticos.
La apropiación, la relación de identidad, el acceso y el disfrute del patrimonio urbano es y
ha sido desigual entre los distintos actores sociales, económicos y políticos. En efecto, así
como hay un patrimonio urbano jurídicamente reconocido por leyes y normas, y tal vez
socialmente desapropiado o desconocido; también hay otros patrimonios urbanos
socialmente apropiados aunque jurídicamente no estén reconocidos como tales. Así, en el
patrimonio urbano se sobreponen y yuxtaponen percepciones, identidades, memorias,
atributos y valores.
28
El enorme simbolismo del patrimonio urbano radica en varios hechos:
• Muchos edificios y espacios urbanos se han construido con la idea de congregar y
mantener unidos a los colectivos sociales. Otros edificios, plazas y barrios no fueron
erigidos así, pero a posteriori han desempeñado estas mismas funciones sociales,
políticas, culturales y simbólicas.
• La aparente permanencia “eterna” de los edificios es muy fuerte y constituye un anclaje
que trasciende la vida humana. Esto convierte a algunas edificaciones y conjuntos
urbanos en un poderoso instrumento persuasivo para los grupos en el poder: la decisión
de qué se conserva, qué se destruye, qué se “descubre”6 o qué se construye a menudo
aspira a reconfigurar la historia (oficial) y el orden social y político.
• La ciudad es a su manera una memoria colectiva para sus residentes, pues la memoria
está asociada a los objetos y los lugares donde se habita (Rossi, 1981). Lefebvre [1974]
(2013: 262) reconoce que el espacio urbano y monumental ofrece a cada miembro de
una comunidad la imagen de su membresía y de su apariencia social. Se trata de un
espejo colectivo que es más auténtico que el espejo personal. Es por ello, que una visión
antropologista del patrimonio cultural (Choay, 1995 y 2007; Chanfón, 1996), en su más
amplia expresión, justamente reivindica que éste contribuye a la construcción de una
identidad colectiva basada en la originalidad y la diferencia entre culturas y los pueblos,
y a asegurar una memoria social que orienta el futuro de esos grupos sociales.
• Halbwachs (2011: 190-195) reconoce que las estrechas relaciones entre las
“impasibles” piedras de la ciudad y la vida cotidiana de la gente no se rompen
fácilmente a pesar de la destrucción de la ciudad, un barrio o una calle; o del
desplazamiento (in)voluntario de la gente. Los nombres se quedan en los lugares y/o
son llevados consigo por los grupos sociales cuando se desplazan
Los edificios y barrios antiguos concentran emblemáticamente la historia de la ciudad y de
la sociedad que la creó; mientras que los nombres de la ciudad, de las calles, las plazas y los
6 El uso político de las ruinas de templos y ciudades precolombinas en México fue profundamente estudiado
por Daniel Schávelzon (1990). No es casual que un Presidente decidiera “descubrir” las ruinas del Templo
Mayor en el Centro Histórico de la Ciudad de México entre 1978 y 1980, a costa de destruir edificios de los
siglos XVIII y XIX.
29
lugares no sólo relatan la historia local, sino que otorgan argumentos para las identidades
de la urbe. A menudo los nombres permanecen aunque el objeto físico haya desaparecido.
A menudo algunos edificios involuntariamente se convierten en íconos de una ciudad: la
Torre Eiffel en París, la Torre inclinada de Pisa, el coliseo en Roma, la catedral de San
Pablo en el Vaticano, etcétera. Así, la ciudad es un territorio que contiene y acumula
tiempo, la ciudad está conformada de estratos históricos de diferentes temporalidades.
Patrimonio urbano: relación con el pasado y herencia colonial
El patrimonio urbano, como en su más amplia expresión el patrimonio cultural, remite a las
relaciones que los pueblos (y sus elites) tienen con su pasado. Así, los pueblos que se
independizan de los colonizadores en lo inmediato no reconocen el legado urbano y
arquitectónico colonial como parte de su patrimonio. La valoración de la herencia edificada
proveniente de un pasado de dominación es conflictiva. En algunos períodos de la historia,
sobre todo en momentos de cambios de régimen, revoluciones y rupturas profundas, se
presenta la intención de destruir los símbolos del pasado de oprobio y dominación que se
derroca. A menudo los nuevos órdenes revolucionarios pretenden construir un nuevo orden
político, social y urbano, sobre las cenizas físicas del pasado. Bevan (2006) consigna una
serie de edificios y palacios de la nobleza francesa, que los revolucionarios de fines del
siglo XVIII condenaron a su destrucción por constituir un insulto a la moral de la nueva
República. Tung (2001) da cuenta de la destrucción del patrimonio histórico, urbano y
arquitectónico, en Moscú y Beijing en la época comunista, por motivos ideológicos.
Hobsbawm (2002) sostiene que el pasado legitima: el mito y la invención de “hechos
históricos” son esenciales en las políticas de la identidad de los diferentes grupos sociales y
en las distintas culturas. Parte de ese pasado tangible está constituido por una herencia
edificada, integrada por edificios, barrios y ciudades. Para Nasr y Volait (2003) la tarea de
crear o de (re)construir un Estado y de generar una nueva identidad colectiva, nacional o
local, se acompaña de los esfuerzos por construir un nuevo entorno urbano, por parte de
quienes accedieron al poder. Frecuentemente los nuevos gobernantes (colonialistas o
independizados) explícita o implícitamente construyen nuevos monumentos, edificios y
30
barrios, así como patrimonio, es decir, del pasado edificado seleccionan algunos objetos
(edificios y barrios) a los que se les asignan nuevos significados, que sirven para construir o
fortalecer una nueva identidad nacional. En efecto, muchos países postcoloniales, una vez
independizados “inventan” una herencia nacional, lo que conduce a patrimonializar parte
del entorno construido (áreas urbanas vistas como históricas, distintivas, autóctonas u
originarias) y a construir una nueva percepción sobre esos lugares.
Las ideas occidentales (que muchos europeos y anglosajones erróneamente se reservan para
sí mismos) históricamente se han transferido y han circulado en diferentes períodos en todo
el mundo, lo que para algunos autores abarca la idea sobre el patrimonio cultural y sus
formas de conservación (Choay, 1995 y 2007). Nosotros sostenemos que la idea del
patrimonio no es exclusiva de Europa, sino que abarca bastas geografías y que se trata de
una idea asociada a la formación de los Estados Nación como veremos enseguida.
La invención del patrimonio cultural y urbano en México
Sonia Lombardo (1997) demuestra que la construcción del patrimonio cultural mexicano
está estrechamente vinculada a la formación del Estado Nación posterior a la independencia
de España en el siglo XIX y al surgimiento del Estado Nacional posrevolucionario del siglo
XX, con sus respectivas preocupaciones por construir una nueva identidad nacional, que
pretende otorgar a la población una homogénea identidad cultural. Para Lombardo (1997),
la formación del patrimonio cultural mexicano ha sido una histórica construcción del
binomio gobierno y elites ilustradas en el poder, que ha implicado una selección ideológica
de los objetos valorados y que su respectiva preservación es una “imposición ideológica de
los valores culturales de grupos dominantes a los subalternos”. No es casual que las
legislaciones decimonónicas sobre la protección del patrimonio cultural en México (bajo
los conceptos de “antigüedades” y “monumentos”) insistan que los monumentos históricos
son la constancia de la identidad de un pueblo y la prueba fehaciente que los diferencia de
otras naciones (Gertz, 1976).
31
La emergente nación mexicana que se independizaba de España, reivindicaba el pasado
prehispánico para diferenciarse y distanciarse de la subyugación colonial7. Por ello, se
realizaron esfuerzos para estudiar, descifrar y conservar los objetos culturales
prehispánicos; y crear leyes y decretos para proteger las antigüedades mexicanas (de los
saqueos que realizaban viajeros y arqueólogos interesados en esos objetos). Si bien en ese
momento el pasado colonial, por constituir la herencia de un régimen derrocado, no fue
objeto de conservación, tampoco fue objeto de destrucción.
A principios del siglo XX, y con una distancia de casi un siglo, las primeras legislaciones
sobre la protección del patrimonio que se realizan en plena revolución mexicana (la Ley
sobre conservación de Monumentos Históricos y Artísticos y Bellezas Naturales del 6 de
abril de 1914 y un proyecto de Ley sobre Conservación de Monumentos, Edificios, Templos
y objetos Históricos o Artísticos de enero de 1916) (Gertz, 1976: 65-78), comienzan a
reivindicar la herencia colonial como un conjunto de objetos muebles e inmuebles que
merecen ser conservados por sus atributos históricos y estéticos. En ese momento
abiertamente se reivindica el legado colonial: Federico Mariscal en 1914 publica La patria
y la arquitectura nacional y Manuel Toussaint publica en 1915 El arte colonial. Aquí, la
idea del mestizaje cobra un mayor interés que lo prehispánico como un elemento de la
identidad y la cultura nacional; mientras que la arquitectura colonial es recreada bajo el
nombre de neocolonial.
Es interesante destacar que en la década de 1930 en México, en el marco de la Ley sobre
Protección y Conservación de Monumentos y Bellezas Naturales de 1930 y la Ley sobre
Protección de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de
Belleza Natural de 1934, se comenzaron a proteger tejidos urbanos, conjuntos de
edificaciones y plazas públicas y sus entornos construidos bajo la figura de zona típica. Tal
7 Esta misma idea está presente en Perú, 1822, cuando el libertador General San Martín emite un decreto que
afirma que los monumentos de la antigüedad son propiedad de la nación (vestigios de la cultura Inca); y en
Guatemala, 1829, cuando se crea el Museo Nacional con una gran cantidad de objetos de la cultura Maya.
32
fue el caso de la Plaza de la Constitución y de las ciudades coloniales de Puebla, Taxco y
Guanajuato8.
El reconocimiento del legado edificado del siglo XIX, en particular la herencia ecléctica
construida durante la dictadura de Porfirio Díaz que la Revolución Mexicana derrotó, han
sido reconocidos hasta la década de 1970 bajo la figura de Monumentos Histórico. En
efecto, la aún vigente Ley Federal de Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos,
Artísticos e Históricos de 1972 concibe a los tejidos urbanos o patrimonio urbano como la
suma de muchos monumentos. Esta ley, anclada en conceptos decimonónicos, establece
una línea de tiempo para diferenciar los Monumentos y las Zonas de Monumentos: los
Monumentos Arqueológicos son bienes muebles e inmuebles producidos hasta 1521; los
Monumentos Históricos son bienes producidos entre 1521 y 1900; mientras que los
Monumentos Artísticos abarcan los bienes producidos desde 1900 en adelante. Aquí, la
arqueología y la historia han dejado de ser ciencias sociales para convertirse en períodos de
tiempo; mientras que bajo la figura de monumentos artísticos diversas arquitecturas del
siglo XX han sido patrimonializadas.
Con base en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas de Monumentos Arqueológicos,
Artísticos e Históricos el Gobierno Federal ha decretado 59 Zonas de Monumentos
Históricos en el país. Vale agregar que la mayor parte de esas declaratorias se hicieron
entre la década de 1970 y hasta el año 2000. Todo indica que los gobiernos neoliberales del
conservador Partido Acción Nacional, que dirigieron los destinos del país entre 2000 y
2012, no tenían mucho interés en seguir utilizando la ley federal en la materia: en esos dos
mandatos sexenales se decretaron dos zonas de monumentos históricos en 2012 y ocho en
2001. En cambio, estos gobiernos federales desde el año 2000 impulsaron la creación de los
“Pueblos Mágicos”. Se trata de una política de desarrollo económico que promueve la
turistificación de poblaciones antiguas y pintorescas, con inversiones federales de la
Secretaría de Turismo, para la “recuperación” del patrimonio urbano y su adaptación al
turismo cultural. Hasta 2015 hay un total de 83 “pueblos mágicos” que han sido decretados
8 En aquella época en América Latina ocurría lo mismo: en 1933 la ciudad histórica de Ouro Preto, Brasil, fue
declarada Monumento Nacional y en 1944 el recinto intramuros de La Habana Vieja, Cuba, fue declarado
zona de excepcional valor histórico y artístico.
33
por sus “atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin
(de la) magia que emanan…” (SECTUR, 2015). Las críticas que diversos académicos
hacemos a este tipo de políticas es que el turismo no es una “industria sin chimeneas”
(como se quiere hacer ver); el turismo –en las condiciones en que se realiza- lejos de
promover el desarrollo económico y la equidad social, contribuye a profundizar las
desigualdades socioeconómicas, porque las ganancias que esta actividad genera son
capturadas sólo por algunos actores económicos y los empleos generalmente son mal
pagados (Castellanos y Machuca, 2008; Daltabuit, 2000; Delgadillo, 2009; Duterme, 2008;
Hernández López, 2009). En este mismo sentido, Valverde y Encizo (2014) además de
preguntarse qué cosa es la magia y lo mágico, consideran que este programa construye
escaparates atractivos que mercantilizan el hábitat de los pueblos tradicionales.
Por otra parte, en 1972 el Estado mexicano suscribió la Convención de la Organización de
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO por sus siglas en
inglés) para la protección del Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Sin embargo,
fue hasta 1984 que el Senado de la República ratificó esa Convención (condición necesaria
para que los Tratados y Acuerdos que firma el Ejecutivo Nacional tengan validez jurídica
en México) y hasta 1987 (quince años después de haber firmado esa Convención) se
comenzó a promover la inclusión de destacados sitios mexicanos, culturales y naturales, en
la Lista del Patrimonio de la Humanidad. Así, apenas en 1987 la UNESCO reconoció como
Patrimonio de la Humanidad a siete sitios culturales, entre ellos los centros históricos de
Oaxaca, Ciudad de México y Puebla. Desde entonces el interés ha crecido y hasta 20159:
México tenía inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial 32 sitios, de ellos 5 son
patrimonio natural, 26 son patrimonio cultural y uno es mixto (natural y cultural); asimismo
once son centros históricos (aquí incluimos el centro histórico de Tequila, Jalisco, que fue
reconocido en el marco del paisaje cultural agavero).
México firmó asimismo la Convención dela UNESCO para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial de la Humanidad, en 2003, y hasta mayo de 2015 tienen inscritas ocho
9 Hasta Mayo de 2015 la UNESCO tenía un listado de 1,007 sitios Patrimonio de la Humanidad, de los cuales
779 son sitios culturales, 197 naturales y 31 eran sitios mixtos.
34
tradiciones en la respectiva Lista, que ya cuenta con 364 prácticas y tradiciones culturales
inscritas en escala mundial.
El incremento de tipos de patrimonio urbano ¿Reconocimiento, defensa o
mercantilización del legado construido?
Aunque como hemos visto la defensa del patrimonio edilicio data del siglo XIX y el
concepto de centro histórico surge en la década de 1960, es durante las dos últimas décadas
que el tema de los centros históricos y del patrimonio urbano emerge con una gran fuerza,
en México y el mundo, al grado de convertirse en un nuevo paradigma de las políticas
urbanas y de la agenda pública de los gobiernos de un gran número de ciudades y países.
Asimismo, en las últimas dos décadas han ocurrido cambios sustanciales en las formas de
concebir la protección, la conservación y el aprovechamiento del patrimonio urbano.
El interés centrado casi exclusivamente en los centros históricos se amplió para abarcar a
otros territorios y otros tipos de edificaciones urbanas: las expansiones urbanas
decimonónicas y de principios del siglo XX, los conjuntos escultóricos ornamentales y
conmemorativos, diversos paseos y secciones de calles, rutas procesionales, colegios y
ciudades universitarias, teatros y cines, hospitales antiguos, fábricas y áreas fabriles,
estaciones de tranvía y ferrocarril, kioscos, arquitectura reciente, jardines y parques
urbanos, panteones, ex haciendas y quintas, barrios obreros, mercados de abasto, mobiliario
urbano, señalizaciones antiguas, etcétera.
La creciente importancia que se otorga al patrimonio urbano arquitectónico en el país ya se
expresaba en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 1991–1994, que señalaba que México
tenía más de 1,500 centros históricos de diferentes dimensiones que requerían algún tipo de
intervención para su salvaguarda y aprovechamiento (SEDUE, 1991). Por su parte, en la
Ciudad de México o Distrito Federal, el legado urbano arquitectónico oficialmente
reconocido es muy amplio y diverso, como se verá enseguida.
35
El Patrimonio de la Humanidad y el papel de la UNESCO
La Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus entidades sectoriales, como la
UNESCO, despliegan un discurso neutro y apolítico que no se pregunta las causas que
generan la desigualdad social y la pobreza, en escala local y mundial, sino que legitiman el
sistema social y económico imperante en escala global.
La afamada convención de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural y Natural de la
Humanidad de 1972, ha sido signada por más de 180 países. Mientras que su popular
instrumento, la Lista del Patrimonio Mundial, ha expandido primero la consciencia y
después la moda por la selección del patrimonio cultural y natural. Esta convención ha
institucionalizado un cierto tipo de prácticas “sustentables” de conservación del patrimonio
en el mundo, que casi irremediablemente conducen a la turistificación y mercantilización
del patrimonio natural y cultural (Labadi y Long, 2010); y abiertamente promueven la
explotación de la economía de la unicidad o de “lo único” (Licciardi y Amirtahmasebi,
2012). Es curioso ver que incluso las culturas asiáticas (que tienen otra relación con su
pasado edificado, más vinculado a los símbolos y a la reconstrucción cíclica que a la
preservación de ruinas, el mantenimiento de antigüedades o la preservación de los vestigios
históricos), en la era del capitalismo neoliberal globalizado se han sumado a las tendencias
occidentales de explotación comercial del patrimonio urbano.
En gran medida, el éxito de la Lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad y de la
doctrina sobre la conservación del patrimonio de la UNESCO se sustenta en: 1. Un discurso
aparentemente apolítico que protege y promueve la conservación de las diferentes culturas
frente a las amenazas homogeneizadoras de una globalización en abstracto; 2. En los
criterios “universalistas” y “objetivos” que eligen qué es y qué no es patrimonio de la
humanidad, por su valor “excepcional”. Sin embargo, la Lista “mágica” de la UNESCO:
• Visibiliza a lugares poco conocidos y los convierte en atracciones turísticas en escala
nacional e internacional (y por lo tanto en lugares gentrificables).
36
• Legitima, esconde y despolitiza las intenciones políticas nacionalistas y mercantilistas
de las solicitudes de inscripción que recibe de los gobiernos nacionales firmantes de esa
convención. Es decir, los gobiernos utilizan el “universalismo” de esta convención para
apuntalar su propia versión de nacionalismo y para promover la mercantilización del
patrimonio.
• Sirve para que los gobiernos de municipios y ciudades que alojan el patrimonio mundial
utilicen el reconocimiento de la UNESCO como una marca para presentarse en el
mundo con sus recursos naturales y culturales, para atraer inversiones, competir
económicamente, etcétera.
Así, esta Convención de la UNESCO contribuye a la mercantilización del patrimonio
cultural, a través de lo que ella califica como distintivo, auténtico, universal y único; y
también contribuye a la homogeneización del patrimonio cultural, a través de sus políticas y
recomendaciones: los sitios Patrimonio de la Humanidad se adecúan a estándares de
consumo del turismo global (alojamiento, servicios) y con ello llegan cadenas y franquicias
comerciales internacionales de cafés, restaurantes, tiendas, etcétera.
En la región hay algunos trabajos incipientes que analizan el papel de la declaración del
Patrimonio de la Humanidad en la turistificación de los centros históricos de Valparaíso
(Araya, 2010); Quito (Del Pino, 2010); Cartagena (Posso, 2014) y Ciudad de México
(Delgadillo, 2009). En estos centros históricos, bajo el discurso del encuentro de culturas, el
desarrollo sustentable y competitivo, y el aprovechamiento de la autenticidad del
patrimonio urbano, paradójicamente se promueve la homogeneización del paisaje urbano
con la proliferación de servicios para los turistas, muchos de los cuales pertenecen a
cadenas internacionales de servicios: una diversa gama de hoteles (desde hostales hasta
hoteles boutique), bares, restaurantes, tiendas de souvenires, galerías, visitas guiadas,
etcétera.
37
EL PATRIMONIO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL
En el Distrito Federal aplican dos escalas de gobierno con atribuciones sobre el territorio y
el patrimonio urbano, la federal y la local, y cada una ha reconocido el patrimonio urbano, a
través de distintas figuras y ordenamientos.
El gobierno federal, con base en la Ley Federal de Monumentos y Zonas de Monumentos
Arqueológicos, Históricos y Artísticos, ha decretado seis Zonas federales de Monumentos
Históricos en el Distrito Federal:
• Zona de Monumentos Históricos del Centro Histórico de la Ciudad de México,
decretada el 30/04/1980.
• Zona de Monumentos Históricos de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, decretada el
04/12/1986.
• Zona de Monumentos Históricos de Tlalpan, decretada el 05/12/1986.
• Zona de Monumentos Históricos de Azcapotzalco, decretada el 09/12/1986.
• Zona de Monumentos Históricos de Villa Álvaro Obregón, decretada el 11/12/1986.
• Zona de Monumentos Históricos de Coyoacán, decretada el 20/12/1990.
De acuerdo a la legislación federal, las atribuciones para la conservación de estas zonas
federales de monumentos históricos recaen en el Instituto Nacional de Antropología e
Historia (INAH). Como se verá en el capítulo 4 de este libro, la política pública de
“recuperación” del patrimonio urbano fundamentalmente se ha centrado en sólo una parte
del Centro Histórico de la Ciudad de México, y de manera mucho más puntual en
Coyoacán y Xochimilco. En el resto de zonas de monumentos históricos prácticamente no
ha habido inversión ni acción pública alguna.
Por su parte, el Gobierno del Distrito Federal reconoce una gran diversidad y tipología de
patrimonio urbano a través de los siguientes instrumentos jurídicos:
38
A) La Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, desde 1996 y sus sucesivas
reformas, incluye la figura de Áreas de Conservación Patrimonial para la protección de
diversos tipos de patrimonio urbano.
B) El Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal vigente reconoce ocho
zonas arqueológicas, seis zonas históricas, 3,298 monumentos históricos, ocho mil
inmuebles con valor artístico y 180 sitios con valor patrimonial (ALDF, 2003: 49). Aquí
hay 2 ejes patrimoniales de carácter escultórico (Ruta de la Amistad y Acueducto de
Guadalupe10), 5 centros históricos, catorce equipamientos (conjuntos arquitectónicos del
siglo XX), así como parte de 18 pueblos rurales, 46 pueblos urbanos, 33 Barrios históricos,
y 39 colonias modernas. Cuatro sitios son Patrimonio Cultural de la Humanidad: el Centro
Histórico, las chinampas de Xochimilco, la Casa de Luis Barragán y la Ciudad
Universitaria.
C) La Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Federal,
del 30/12/1999, reformada el 20/09/2001, reconoce como patrimonio urbano a:
• Zonas de Patrimonio Urbanístico Arquitectónico: centros históricos, barrios antiguos y
colonias. Aquí aparecen las colonias: Juárez, Santa María la Ribera, Roma, Hipódromo,
Condesa, Pedregal y Las Lomas; y los Centros Históricos de Santa Fe, Cuajimalpa,
Mixcoac, Tacubaya, San Bartolo Ameyalco, Santa Rosa Xochiac y Mexicalzingo.
• Espacios abiertos monumentales: acequias, atrios, calles con “tradición histórica”,
canales, chinampas, deportivos al aire libre, huertos, jardines botánicos, jardines
públicos, panteones, parques urbanos, zoológicos, paseos, plazas y viveros11.
• Monumentos urbanísticos: individuos vegetales y árboles así como las esculturas
ornamentales y conmemorativas, y el mobiliario urbano.
10 El calificativo de “escultórico” es reciente, pues se trata de una obra ingenieril, obsoleta desde hace
décadas, para traer agua a la ciudad. 11 Aquí expresamente se mencionan: el Jardín Centenario; los Viveros de Coyoacán; las calles Arcos de
Belén-Chapultepec, Florencia, Palmas, Vértiz, Campeche, División del Norte y Cumbres de Maltrata; los
panteones Jardín, de los Remedios, de San Lorenzo Tezonco, Civil de Dolores, Francés de la Piedad, Español,
San José, Xoco, el Calvario, San Isidro, Santa Lucía, Santa Apolonia, Monte Sinaí, Israelita y Pueblo de
Atzacoalco. También se mencionan por su nombre 29 parques urbanos y 15 paseos.
39
Más allá de que esta ley no opera porque hasta la fecha no tiene reglamento, es curiosa la
aparición de nuevas figuras de patrimonio urbano. Así por ejemplo, algunas especies de
árboles (ahuehuetes, sauces, ahuejotes, fresnos y cedros) que pueblan la ciudad son
considerados “monumentos urbanísticos”, mientras que las chinampas (una unidad de
producción agrícola lacustre) son consideradas como “espacio abierto monumental”.
También se debe señalar que en esta ley curiosamente no aparecen los barrios obreros
(como las colonias Doctores y Obrera) que son tan antiguos e históricos como las modernas
colonias Roma y Condesa.
Como quiera que sea, se trata de una de las mayores concentraciones de patrimonio urbano
arquitectónico en el país y el continente americano, lo que representa una ventaja
comparativa para la ciudad, pero al mismo tiempo implica una gran responsabilidad para la
salvaguarda y gestión de esa enorme riqueza cultural urbana.
CAMBIOS EN LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN SOBRE EL PATRIMONIO
URBANO
Las formas de intervención sobre el patrimonio urbano en México en las últimas décadas
han sufrido transformaciones sustanciales: de la realización de obra física se ha transitado a
formas de gestión que pretenden ser integrales e incorporar diversos factores y emergentes
actores sociales, económicos y políticos, que demandan participar en la conservación, uso y
beneficio de una herencia urbana, que por definición es colectiva.
De ciudad “detenida en el tiempo” a ciudad dinámica:
En el contexto del incremento de nuevos tipos de patrimonio edilicio y urbano, diversas
ciencias sociales (como la sociología, la antropología, la geografía, la economía, etcétera)
se han incorporado al estudio de la herencia edificada, que en sus inicios fue coto exclusivo
de arquitectos y restauradores (como funcionarios públicos o consultores), lo que ha
enriquecido el conocimiento, el debate académico y la definición de las respectivas
políticas públicas. Así, en un pasado no tan remoto el patrimonio urbano, bajo la figura casi
40
exclusiva de los centros históricos, era entendido como una parte de la “ciudad detenida en
el tiempo”, es decir, como un conjunto de edificios antiguos articulados con plazas
públicas, que a pesar del deterioro conservaba una (supuesta) homogeneidad morfológica,
volumétrica y constructiva (Del Moral, 1977; Díaz Berrio, 1976; Flores Marini, 1976;
Gutiérrez, 1990; Medel, 1980). El centro histórico era una parte de la ciudad, su centro y
origen, que evolucionó hasta que un “progreso mal entendido” vino a destruirlo, a través de
la sustitución de edificios antiguos por modernas edificaciones en altura construidas con
modernos materiales y sistemas constructivos. Frente a estas visiones (aún presentes en
pleno siglo XXI) que concebían al patrimonio urbano como una ciudad estática y un acervo
físico proveniente del pasado, desvinculado del tejido social, de la dinámica económica y
de las relaciones políticas; otros autores latinoamericanos (desde el ámbito de la historia, la
geografía, el urbanismo, la geografía, etcétera) entendían a los centros históricos como una
parte de la ciudad, tal vez la más importante, que desempeñaba el papel de centro de
enormes periferias urbanas y que tenía un alto contenido simbólico derivado de la herencia
edificada y de las funciones colectivas centrales (sociales, cívicas, políticas, religiosas,
culturales, etcétera). Para Hardoy (1992) las dinámicas y problemas multi-dimensionales de
las ciudades antiguas, convertidas en centros de grandes aglomeraciones, sólo podrían ser
entendidas en el marco de la dialéctica relación centro – periferia y del proceso de
urbanización.
Así, hoy día los centros históricos son definidos no sólo por sus atributos históricos (pues
toda la ciudad tiene historia, remota o muy reciente), sino por sus funciones de centralidad
urbana. Estos territorios concentran más historia que otros lugares de la ciudad porque son
más antiguos, pero de ninguna forma son territorios urbanos estáticos, detenidos en un
determinado momento de la historia. Por el contrario, se trata de territorios dinámicos que
han sido (re)producidos y transformados en el transcurso de la historia por la acción de su
población. Por supuesto que hay centros históricos que conservan una mayor cantidad de
edificios antiguos e históricos que otros, más debido a la ausencia de inversiones (que
evitaron diversos procesos de modernización urbana y sustitución edilicia en el transcurso
del tiempo) que a las legislaciones en la materia. Así, hoy en día reconocemos que los
centros históricos son territorios que en algún momento de la historia constituyeron toda la
41
ciudad, pero que en el marco de la expansión urbana la antigua ciudad pasó a desempeñar
la función de centro (no sempiterno) de una urbe en proceso de expansión periférica
continúa. En este contexto, “la ciudad que se transformó en centro” sufrió un proceso de
diferenciación y especialización funcional: mantuvo, perdió, amplió o descentralizó, en el
resto de la ciudad, las funciones centrales y a veces también las residenciales.
En esta misma línea Bandarin y Van Oers (2014) reconocen que la ciudad y los paisajes
urbanos históricos son organismos dinámicos, que de ningún modo retienen su carácter
físico “original” e inmutable al paso del tiempo. Para ellos, hablar de “conservación
urbana”, “autenticidad” e “integridad” del tejido urbano es más una aspiración y un mito
que una realidad. Más bien, la conservación urbana es un compromiso continuo y una
adaptación continua. Por ello, estos autores están en contra de concebir los barrios
históricos como islas urbanas. Por cierto que estos autores, que pretenden colocar a nivel
mundial el concepto aparentemente neutro y apolítico de Paisaje Urbano Histórico,
desconocen la rica experiencia latinoamericana en materia de conceptualización e
intervención en los centros históricos, así como las turbulencias sociales cuando se disputa
el patrimonio urbano. Mi lista de discrepancias se incrementa cuando estos autores
pretenden universalizar la realidad europea, y pero aún, cuando hablan de las crecientes
amenazas al patrimonio urbano, derivadas de un cambio climático que se incrementará por
la urbanización del (tercer) mundo (yo insisto: el cambio climático se debe más al consumo
de energéticos que se hace en el primer mundo). Sin embargo, coincido con ellos en
términos de dejar de entender el patrimonio urbano como si fuera una isla urbana, una
ciudad estática y unidimensional: el patrimonio urbano es continuidad cultural; y además de
conservación se requiere de la gestión de la continuidad y del cambio.
De la obra física a la gestión patrimonial
La ciudad construida o “ciudad de piedra” es más resistente a los cambios tecnológicos y a
las nuevas formas de habitar y consumir, que la “ciudad de las relaciones” o como diría
Carrión (2001), la ciudad de los “flujos” de todo tipo: inversiones, información,
mercancías, personas, vehículos, bienes materiales, trueques reales y virtuales, etcétera. Los
42
cambios sociales, económicos, tecnológicos y/o históricos ocurren a menudo con una
velocidad mucho mayor a la “impasible” y aparentemente inalterable “ciudad de piedra”.
La ciudad construida permanentemente se ha debatido entre la herencia edificada y las
nuevas funciones económicas y sociales que demandan la adaptación de la ciudad
construida o su sustitución; y entre la acumulación de pasado y las cambiantes necesidades
del presente, que se convertirán en pasado. Esta contradicción históricamente ha sido
confrontada a través de diversos procesos de modernización, renovación, marginación o
conservación urbana, que han implicado enriquecimiento y/o perdida de patrimonio
histórico edificado. Así que una ciudad se constituye de un cambiante equilibrio entre
pasado y presente. Una ciudad es básicamente continuidad, transformación, renovación y
retención de pasado; es continuidad coherente o rupturista, entre el pasado, la
contemporaneidad y el futuro. De la forma en que esta dialéctica ha sido entendida, han
sido “resueltas” las contradicciones entre la “piedra” y los “flujos”: la renovación y la
descentralización urbanas intentaron combatir problemas de congestión vehicular y de
personas, y mejorar la accesibilidad; la refuncionalización asignó nuevas funciones para la
ciudad antigua e integró nuevos edificios, a costa de destruir los del pasado; la
modernización urbana se realizó para embellecer e higienizar la ciudad. En este contexto
también se explican las políticas de recuperación del patrimonio urbano, que han transitado
de la obra física a la gestión urbana.
En un pasado no tan remoto los conceptos que privaban (y que a veces aún prevalecen) para
la conservación del patrimonio urbano arquitectónico, en consonancia con su
conceptualización como un acervo físico, se centraban en la conservación física. Para ello,
se promulgaban y actualizaban legislaciones; se definían los límites físicos de las áreas de
valor patrimonial que se sujetaban a restricciones urbanísticas y constructivas; y se
realizaba obra física: restauración de los grandes monumentos que se destinaban a usos
culturales y públicos, remozamiento de fachadas en algunas calles y territorios antiguos, y
mejoramiento de algunos conjuntos urbanos y espacios públicos, particularmente
pintorescos y bellos, lo que desde entonces incluía el desalojo y la reubicación del comercio
informal que ocupaba la vía pública.
43
Catálogos, inventarios y estudios tipológicos: La idea de construir inventarios y catálogos
de los inmuebles patrimoniales (algunas veces reducidos a un simple listado de edificios),
tenía en cuenta que la mejor forma de valorar el patrimonio edificado era (re)conociéndolo.
En concordancia con la concepción de que los centros históricos estaban constituidos por
un conjunto de inmuebles aislados (zonas de monumentos), un método para su estudio,
análisis e intervención, que se originó en Italia en las décadas de 1960 y 1970, fue el de los
llamados “estudios tipológicos”. Este método agrupaba los inmuebles del centro histórico
en función de su morfología y riqueza ornamental, para identificar los edificios
irremplazables e irrepetibles y para asignar los usos compatibles y “dignos” a su estructura
y belleza física. Una de las mayores críticas a los estudios tipológicos (tarea básica pero no
única en la salvaguarda del patrimonio edificado), ha sido su perspectiva historicista
sesgada, pues estos estudios se centran en identificar el partido arquitectónico “original” de
los inmuebles, lo que a menudo conduce a eliminar los agregados o añadidos físicos a los
edificios, realizados en el transcurso de décadas e incluso siglos, para recuperar la
“autenticidad” de esos inmuebles. Sin embargo, las tipologías de vivienda “en su origen
puro” son casi inexistentes, porque la arquitectura constantemente se readecua. Así que un
edificio, entre más antiguo más cambios presenta.
La restauración monumental urbana: Esta perspectiva de intervención urbana se
remonta a las décadas de 1930 y 1940, cuando una parte de algunos centros (ahora
llamados históricos) fueron remozados para que volvieran a ser “coloniales”: en la Ciudad
de México se eliminó el recubrimiento de las fachadas de los antiguos edificios, para
mostrar el tezontle y los marcos de cantera de puertas y balcones; mientras que en la
Ciudad de Puebla los recubrimientos de muchos edificios fueron sustituidos por fachadas
de ladrillo y azulejo, para asemejarlos a los edificios coloniales. Esta misma tendencia se
repitió en las décadas de 1970 y 1980 en varias decenas de poblados, como Taxco, Cholula
o Villa del Carbón, donde las fachadas de todo el pueblo, o su parte central, fueron pintadas
uniformemente de dos colores. Díaz Berrio (2006) ha señalado que esta idea provenía de
reducir el tema de la “imagen urbana” de Kevin Lynch, al de la mera apariencia de la
ciudad y no al tema de la percepción social de la ciudad.
44
Por su parte, la restauración monumental de los centros históricos (Valcárcel, 1977)
proponía: la construcción de itinerarios turísticos, es decir, el remozamiento de las calles
más pintorescas que articulaban los grandes monumentos históricos; la recuperación y
mejoramiento de la imagen urbana colonial, lo que incluía la eliminación del cableado
aéreo, el “saneamiento de edificios desambientados” (destruyendo los terceros y cuartos
pisos agregados a las edificaciones coloniales por ser discordantes) y la reconstrucción de
fachadas “coloniales”; la generación de una oferta de alojamiento y servicios turísticos
(hoteles, restaurantes) y culturales (museos, galerías y casas de artesanías); la iluminación
“monumental” de las fachadas de los grandes edificios; y la peatonalización de algunas
calles e islas urbanas. Estos planes incluso proponían la desdensificación de las áreas
tugurizadas y la descentralización de las actividades comerciales y algunos grandes
equipamientos (mercados y estaciones de autobuses) para evitar la congestión urbana. En
síntesis, esta escuela proponía la reconstrucción de paisajes urbanos idílicos, pintorescos,
estáticos e inmutables al paso del tiempo: un museo a cielo abierto para el consumo de los
turistas. Uno de los mejores ejemplos lo constituye el “Plan Piloto de Quito” realizado por
el arquitecto Valcárcel (1977).
De los planes especiales a la planeación estratégica para los centros históricos: La idea
de que el desarrollo urbano es opositor a la conservación urbana es una herencia que viene
del movimiento moderno en arquitectura y urbanismo: la Bauhaus y los Congresos
Internacionales de Arquitectura Moderna. Hildersmeier y Le Corbusier con sus proyectos
para la renovación urbana de Berlín y París en la década de 1920 representan claramente el
paradigma del arrasamiento de la ciudad histórica para ser sustituida por la moderna
“ciudad radiante” (como la Unidades Habitacionales de Nonoalco Tlatelolco y Candelaria
de los Patos realizadas en la década de 1960 en la Ciudad de México). En la era de la
industrialización de los nuevos materiales de construcción y la producción masiva en serie
(cuando la vivienda era considerada “una máquina para habitar”), no es casual que las
contradicciones entre la rigidez urbana (“la ciudad de piedra”) y las nuevas tecnologías de
transporte e información (“la ciudad de los flujos”) pretendieran ser resueltas a través del
arrasamiento de la ciudad histórica: antigua, obsoleta y deteriorada. Sin embargo, ese
45
paradigma fue criticado y sustituido paulatinamente desde las décadas de 1960 y 1970, con
el movimiento postmoderno y el movimiento de defensa del patrimonio edificado. Así por
ejemplo, en 1980 se realizaron Planes Parciales de Desarrollo Urbano para los centros
históricos de las Ciudades de Puebla y de México. En esta última ciudad, el Plan Parcial
concebía al Perímetro B del centro histórico como una zona de amortiguamiento entre la
zona que concentra la mayor cantidad de monumentos históricos (perímetro A) y la ciudad
moderna, y proponía que una serie de funciones, y servicios (como los estacionamientos,
los mercados, las estaciones de transporte, etcétera) se reubicaran en el Perímetro B,
liberando al Perímetro A de actividades y usos incompatibles con sus atributos
patrimoniales (Ortiz Lajous, 1982).
Por su parte, la planeación estratégica se ha convertido en un instrumento paradigmático
para la intervención y gestión urbana en distintas ciudades desde la década de 1990. Esta
planeación surge en abierta oposición a los límites de la planeación urbana normativa, que
para tratar de disciplinar y poner un “orden” al territorio, usa instrumentos que tratan
(inútilmente)12. de imponer normas rígidas (zonificación, prohibición de usos del suelo,
intensidad y densidad constructiva) a una realidad cambiante y sumamente dinámica como
es la ciudad Así, la planeación urbana estratégica aparece como una herramienta integral
para actuar de manera eficaz y eficiente en un territorio urbano dinámico, pues la
planificación urbana, más que como un producto se asume como un proceso que: 1. Define
estrategias para alcanzar objetivos (a corto y largo plazo) consensados previamente entre
los actores que intervienen en un territorio. 2. Se concibe como una “carta de navegación”
en un mar urbano muy dinámico y cambiante, cuya ruta trazada se puede modificar en el
camino. Por ello se insiste en que más que grandes y meticulosos diagnósticos, lo que se
necesita es monitorear constantemente algunos aspectos importantes del desarrollo urbano,
a través de indicadores. Entre las principales críticas que hacemos a la planeación urbana
estratégica es que se trata de un instrumento de los empresarios en la era de la privatización
de la gestión y de los servicios urbanos, que la ciudad es vista como un lugar para realizar
12 En México hay que añadir que el Estado de Derecho se viola constantemente y que la legislación sobre el
ordenamiento del territorio y del desarrollo urbano puede ser interpretada en muy diversos sentidos, incluso
diametralmente opuestos. Aquí, la ley parece ser más un marco virtual que se negocia en función de los
poderosos intereses que se disputan las ciudades.
46
negocios justamente en territorios “estratégicos” o rentables. Aquí, la pretensión de atender
a la ciudad como un todo desaparece en aras de las partes Así, no es casual que el lenguaje
que se use sea empresarial (misión, visión, oportunidades) y que se reconozca que este tipo
de planeación ha sido adaptado de la guerra (vencer al enemigo, en este caso, al
competidor). La planeación estratégica ha sido adoptada por organismos internacionales
como la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por varias ciudades
para la gestión de los centros históricos, bajo el nombre de Plan de Manejo o Plan de
Gestión (Buenos Aires, Quito, etcétera). En la Ciudad de México, el gobierno local publicó
en 2011 el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico (Jefatura de Gobierno, 2011), que
únicamente abarca el perímetro A de ese territorio.
La gestión del patrimonio urbano: Actualmente la conservación y recuperación del
patrimonio urbano se reconoce como una tarea multidisciplinaria que requiere de los
sectores público, privado y social, liderazgo del sector público y una amplia gama de
políticas sociales y económicas, integrales e integradoras. Este enfoque reconoce que: 1. La
salvaguarda del patrimonio urbano no es cuestión sólo de expertos y del gobierno; 2. La
salvaguarda y aprovechamiento del patrimonio urbano requiere de políticas sociales y
económicas, y no sólo de acciones físicas de restauración de inmuebles y mejoramiento del
espacio público; 3. Todo bien patrimonial es susceptible de amenazas a sus valores y
atributos, y es mejor una respuesta planificada que coyuntural; y 4. El patrimonio cultural
tiene diferentes significados para los diversos actores sociales y es parte de la compleja red
social y económica del lugar donde se inserta. Así que es mejor hablar de la gestión de
ciudades habitadas y vivas, que de la conservación de ciudades históricas y estáticas. En
este sentido, la gestión del patrimonio urbano intenta conseguir que cada actor haga su tarea
para preservar y mantener vivos y habitables los territorios con valor patrimonial. Se trata
de la coordinación de acciones entre los diversos actores involucrados en un territorio
(residentes, propietarios, comerciantes, empleados, turistas, usuarios, etcétera) y de la
definición de un proyecto de futuro consensado para la protección y aprovechamiento del
patrimonio cultural en beneficio de la sociedad y de la ciudad.
47
En el discurso, la gestión democrática del patrimonio urbano requeriría de la definición o
actualización de un marco legal que establezca las reglas del juego y el papel que los
actores desempeñan en el proceso. Aquí, la cultura del habitante común y su percepción,
valoración y relación con el bien patrimonial debería tenerse en cuenta, y más que como un
obstáculo debería ser sumada para la conservación del patrimonio urbano. Pues en la
medida en que la población se apropia del patrimonio edilicio éste se puede defender mejor.
Sin embargo, como veremos en el apartado 4, esta forma de gestión democrática del
patrimonio urbano no suele ocurrir en México. Si acaso se realizan algunas consultas
ciudadanas muy sesgadas y puntuales, generalmente para legitimar decisiones previamente
tomadas por los gobiernos. Así, en la Ciudad de México los llamados Consejos
Consultivos, uno para el Rescate del Centro Histórico y otro para el Rescate Integral de La
Merced están integrados por “destacados” miembros de la “sociedad civil”. Sin embargo,
tales Consejos Consultivo además no suelen consultar nada y a nadie, y además no integran
a un solo representante de los residentes o comerciantes de esas zonas. Así que su nombre
es más un adorno otra cosa.
48
SEGUNDA PARTE: POLÍTICAS URBANAS Y GENTRIFICACIÓN
4. POLÍTICAS Y GESTIÓN URBANA EN LA ERA NEOLIBERAL
Para ubicar en una dimensión más amplia las políticas urbanas y sobre el patrimonio
urbano, que el Gobierno del Distrito Federal ha impulsado en los últimos 15 años es
necesario hacer una brevísima revisión de las recientes transformaciones económicas y
políticas ocurridas en escala mundial, que han tenido enormes repercusiones en las
ciudades, en las políticas públicas y en las formas de gestión urbana.
La economía capitalista en su actual fase de desarrollo neoliberal se tornó hegemónica y se
“globalizó” después de la caída del Muro de Berlín y del socialismo real en Europa. Los
países ex - socialistas adoptaron el capitalismo neoliberal como sistema económico y la
democracia de partidos políticos como sistema político.
En la era del desmantelamiento de las fronteras económicas al flujo de capitales, las
ciudades han emergido como lugares protagonistas del capitalismo neoliberal: son la
esperanza de vida de la población en el mundo (por ello la población emigra a ellas) y son
los lugares donde se genera la riqueza económica de las empresas trasnacionales. En un
momento en que las tecnologías de las telecomunicaciones permitirían la urbanización
dispersa o el retorno al campo, las ciudades no sólo no han desaparecido sino que refuerzan
el papel central que tenían en la economía fordista. Sobre el reconocimiento de estos
hechos, Saskia Sassen (1991) construyó el concepto de Ciudad Global, para las ciudades de
Nueva York, Tokio y Londres, que se definía en función de los sitios en donde se
concentraban las funciones de comando de la economía global, sitios clave de ubicación de
las empresas de servicios altamente especializados y las finanzas globales, se innovaba en
materia de ingeniería financiera y se consumían esas innovaciones. La Ciudad global es un
concepto cualitativo y eminentemente economicista. Borja y Castells (1997), entre otros
autores, ampliaron el concepto de Ciudad Global a muchas urbes del planeta cambiando
una palabra de Sassen: el verbo “comandar” se tradujo como “gestionar” la economía
globalizada. Por ello, la Ciudad Global de estos autores catalanes se convirtió en una “red
49
de ciudades con distintas jerarquías” en donde se gestionaba la economía capitalista global.
Un sinfín de autores en las décadas de 1990 y 2000 se encargó de clasificar las ciudades
globales en distintas categorías o escalas (alfa, beta, gama, etcétera), en función de los
flujos de capitales que había entre ellas. Así por ejemplo, en una artículo póstumo Emilio
Duhau (2013) señalaba que el tema en boga entre 1998 y 200913 fue el de la Ciudad Global,
seguido por los temas de segregación, estructura socioespacial, globalización (otra vez lo
global) y movilidad.
En su versión de política pública, el “paradigma” de la Ciudad Global, ante la hecatombe
del socialismo real que arrastró a las teorías y utopías ancladas en el marxismo, justamente
promovía la competencia entre ciudades, para atraer o retener las inversiones que
mantuvieran la competitividad de la ciudad para resolver viejos problemas y enfrentar
nuevos desafíos. En este contexto las políticas neoliberales se afianzaron y con gran fuerza
emergieron las políticas y las formas de gestión pro empresarialistas (Harvey, 1989; López
Morales et al, 2012), y junto con ellas la llamada planeación estratégica, que a toda costa
favorecen los negocios privados para mantener la tan buscada competitividad urbana. En
gran medida esto explica aún, como se verá adelante, la lógica y justificación de las
políticas urbanas del Gobierno del Distrito Federal. Así por ejemplo, en su último año
Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno del DF 2006 – 2012, publicó el libro Ciudad de México,
Ciudad Global. Acciones locales, compromiso internacional (GDF, 2012), un libro que
sólo trae imágenes e información de la parte “bonita” de la Ciudad de México, así como de
las actividades internacionales del ex Jefe de Gobierno.
La gran transformación económica basada en la apertura internacional del mercado
financiero, de capitales y de mercancías, así como la fragmentación y la dispersión
geográfica de los procesos industriales, provocaron la desindustrialización absoluta14 y
relativa, así como la servialización o terciarización de la base económica de muchas
ciudades. Los gobiernos de muchas ciudades, de forma activa, promovieron el mercado
13 Duhau (2013) analizó 155 artículos publicados en ese período en la revista EURE, una de las más
prestigiadas de la región. 14 Algunas ciudades de plano se fueron a la bancarrota: el peor ejemplo es Detroit ciudad que fue protagonista
de la producción fordista y que en la fase postfordista se encuentra inmersa en un terrible declive económico y
social.
50
inmobiliario en sus Distritos Centrales de Negocios y sus periferias urbanas, para enfrentar
el declive de la industria. Para Harvey (2004) y Lefebvre (2013) [1974] el circuito
secundario de acumulación del capital era el sector inmobiliario. Tal vez este nivel haya
cambiado, en tanto que el primer circuito de acumulación de capital ahora está constituido
por el capital financiero y el mercado bursátil, y en el segundo o tercer lugar se encuentre la
industria de producción de mercancías en serie.
Peter Hall (1996) sostenía que la planeación urbana tradicional en Europa surgió cuando
había que contener el enorme mercado inmobiliario expansivo, y que en cambio, la
planeación estratégica y la reactivación de los centros de las ciudades, a través de
inversiones inmobiliarias público - privadas (entre ellas la “recuperación” de los centros
históricos), se hacía en la época de crisis de la década de 1980, cuando había que promover
el crecimiento económico a toda costa. Sin embargo, en el mundo capitalista avanzado
desde la década de 1990 (como en varias ciudades de América Latina en el siglo XXI), el
mercado inmobiliario impulsado por capitales foráneos, se ha constituido de forma
creciente en una forma eficaz y eficiente de capturar y reproducir capitales.
¿Ciudad global o neoliberal?
El paradigma de la Ciudad Global, en la última década, ha sido fuertemente criticado en
México, América Latina y otras cuencas geográficas y lingüísticas. Así por ejemplo, Emilio
Pradilla (2008) rechazaba que hubiera “ciudades globales” en América Latina, una región
que: no “comandaba” nada de la economía global capitalista, vendió sus bancos a
inversionistas extranjeros, no “innova” y sólo consume las innovaciones que se hacen en
los poderosos países capitalistas. Por su parte, Roy (2013) señala que este paradigma omitía
el estudio de las actividades económicas no globalizadas o informalmente globalizadas, en
el que participan millones de inmigrantes del sur a países más ricos, pero no
necesariamente ubicados en el llamado norte global, sino en economías prósperas como los
Emiratos Árabes. Mientras que Robinson (2006) igualmente decía que hablar de Ciudades
globales era errado, porque las actividades económicas vinculadas a la economía capitalista
internacional tienen lugar sólo en ciertas partes de las ciudades, mientras que el resto de
51
actividades económicas tienen una lógica más local, por ello, lo mejor sería hablar de
“Distritos globales”. Otros autores (Besserer y Nieto, 2015) justamente hablan de la
“ciudad trasnacional” para referirse a otras formas y procesos urbanos globales ajenos a los
grandes circuitos de los flujos de capital, con este concepto ellos se refieren a la población
inmigrante trasnacional y a las periferias urbanas en el norte y sur globales que esa
población (re)produce. Además, varios autores en distintas lenguas prefieren habla de “la
ciudad neoliberal” (Hackworth, 2007; Hidalgo y Janoschka, 2014; entre otros).
Jason Hackworth (2007), igual que Pradilla (2008), criticaba el uso del concepto
globalización, porque lo mismo puede usarse para describir la internacionalización de la
economía del siglo XVI que del XIX. En cambio, el concepto del neoliberalismo está
anclado a un muy específico grupo de ideas recientes: el consenso de Washington, el
capitalismo salvaje y una nueva fase de acumulación de capital sin fronteras de los Estados
Nación. Para este geógrafo canadiense, el neoliberalismo, definido de forma simple, es el
rechazo del liberalismo igualitario y del Estado de Bienestar combinado con un retorno
selectivo a las ideas del liberalismo clásico (derecho a la propiedad privada, libre mercado,
derechos individuales), en donde el Estado no debe interferir con el mercado sino ser su
protector y debe ser utilizado en la esfera de la macroeconomía. Es decir, es una doctrina
que sí demanda la intervención del Estado en escala macro, para mantener el estatus de una
minoría y permitir que unos pocos acumulen cada vez mayor riqueza. Para Hackworth
(2007) el retrato de la Ciudad Neoliberal es el siguiente:
• Un acelerado desarrollo desigual extra e intra-urbano, proceso conectado directamente
con la polarización socioeconómica.
• Un retorno masivo del capital a las áreas urbanas centrales y en algunas periferias
urbanas selectas.
• Una gestión urbana pro empresarial que desregula el control del uso del suelo para
permitir los grandes negocios inmobiliarios.
• La reducción de la política social y el desmantelamiento de la vivienda social y de otros
servicios antes considerados públicos.
52
• La multiplicación de los procesos de gentrificación en barrios centrales y centros
antiguos.
• El incremento de megaproyectos comerciales, íconos de la ciudad neoliberal.
Para Hidalgo y Janoschka (2014) el neoliberalismo es un proceso abigarrado, discontinuo y
geográficamente desigual. Se trata de un sistema de gobernanza que establece regímenes de
excepción a la ciudadanía y promueve la despolitización de la esfera pública. Las políticas
neoliberales aterrizan en lugares con historias y condiciones específicas. Sin embargo, la
Ciudad neoliberal es el resultado de la implementación y propagación de la ideología
neoliberal, que aterrizan bajo diversas características en cada ciudad.
Para Rodríguez y Rodríguez (2009), refiriéndose a Santiago de Chile, la Ciudad Neoliberal
es la ciudad en la que se ha destruido o desmantelado la organización del Estado
(benefactor) y del espacio urbano. Se trata de una “destrucción creativa”, impuesta a través
de la dictadura militar (1973-1990) y continuada por los gobiernos democráticos, que
además de controlar a la población (a través de reubicaciones y dispersiones forzosas en las
periferias urbanas) ha mercantilizado la mayor parte de los componentes y servicios
urbanos, incluyendo la educación. Aquí, no es que el Estado se haya adelgazado, sino que
más bien dejó de lado la orientación social y redistributiva para priorizar los negocios
privados.
Carlos De Mattos (2010), que continúa hablando de la globalización (de la economía
capitalista en su fase neoliberal), señala que la mercantilización del desarrollo urbano se ha
exacerbado merced a tres factores que actúan de manera concatenada: 1. Los grandes flujos
de capital financiero en escala global, permitidos por la eliminación de las barreras
económicas de los países y ciudades, muchos de los cuales se invierten en negocios
inmobiliarios; 2. La acción del gobierno, a través de la planeación estratégica y la
gobernanza urbana, que a toda costa promueve la inversión privada en las áreas urbanas
más rentables, mientras que la acción privada incide en la definición de las políticas
urbanas de acuerdo a sus intereses; y 3. La búsqueda de los gobiernos locales para alcanzar
la competitividad económica a cualquier costo, a través de una gestión urbana pro
53
empresarial y de estrategias de marketing urbano (a menudo el patrimonio urbano de cada
ciudad es utilizado para promover una imagen de la ciudad). En síntesis, las inversiones
privadas tienen una enorme libertad para invertir en donde quieran. Para De Mattos (2010)
esto contribuye a cierta homogeneización de las ciudades latinoamericanas, pues en ellas:
proliferan los nuevos edificios y centros de corporativos trasnacionales, los barrios cerrados
de la población de mayores ingresos (el autor los llama “ciudades privadas dentro de la
ciudad”), los edificios “inteligentes”, mientras que la vivienda de interés social se produce
en periferias urbanas distantes.
Para Duhau y Giglia (2008) las actuales ciudades latinoamericanas carecen de unidad y de
integración entre las diferentes partes urbanas que se añaden a las urbes, se trata de
archipiélagos construidos con una lógica endógena que se asientan en cualquier parte de la
ciudad sin nexos con las partes adyacentes o vecinas. Así, emergen nuevas islas de riqueza
y exclusividad al lado de mares de pobreza urbana.
No resulta ocioso comentar que los conceptos de globalización y de Ciudad global,
promovidos profusamente desde el norte global, se presentan como neutros y
despolitizados, aunque evidentemente se trata de conceptos que aluden al desarrollo
capitalista en su fase neoliberal: en su versión académica, intentan explicar qué tan globales
y competitivas son las ciudades; y en su versión de políticas públicas, promovían
abiertamente la competitividad económica entre ciudades. Curiosamente en América Latina
(a diferencia de Inglaterra, los Estados Unidos y Canadá, y después el resto de Europa)
desde la década de 1990 no se generalizó el uso del concepto gentrificación, tan popular en
el mundo anglosajón como el de Ciudad Global: el último explica lo globales y modernas
que eran las ciudades en términos económicos, mientras que el primero denunciaba las
políticas de desplazamiento y despojo de sus barrios centrales y periféricos de las clases
populares, para destinarlos a clases sociales con mayores ingresos y a negocios
inmobiliarios.
54
De la gestión urbana pública a la gestión público privada
Las típicas formas de gestión urbana pública se flexibilizaron para permitir la participación
privada en nuevas e innovadoras formas de gestión público privadas o abiertamente
privatizadas. Ejemplo de ello es la creación de instituciones con recursos públicos y formas
de gestión privada, para la recuperación de antiguos territorios urbanos obsoletos o
decadentes (real o virtualmente declarados así, para justificar la participación privada):
Corporación para el Desarrollo de la Comuna de Santiago, en Chile; Fideicomiso Centro
Histórico de la Ciudad de México, creado en 1992 y estatizado en 2002; Corporación
Puerto Madero de Buenos Aires; o la Empresa de Desarrollo del Centro Histórico de Quito,
creada ex profeso para recibir un crédito del BID. Varios autores señalan que se trata de la
transferencia de bienes públicos a manos privadas.
La justificación de la participación privada se cimienta en las críticas al Estado benefactor:
una entidad lenta, burocrática, a menudo corrupta y sin suficientes recursos financieros para
hacer frente a sus responsabilidades, como la protección del patrimonio cultural y natural, y
otras necesidades sociales más apremiantes (la pobreza, el empleo, el agua) (Rojas, 2000; y
Rojas et al 2004). Sin embargo, el BID y otras instituciones locales interesadas en la
salvaguarda y aprovechamiento del patrimonio urbano demandan que los procesos de
rehabilitación urbana sean liderados por una entidad pública15. En este contexto, hay un
debate abierto: 1. Entre dos modelos de gestión del patrimonio (público o privado), 2. En
torno a la apropiación de las plusvalías urbanas socialmente generadas y 3. Sobre los
beneficios producidos por una inversión pública que se realiza bajo el discurso del
beneficio a toda la ciudadanía y la ciudad, y a menudo a nombre del Patrimonio de la
Humanidad. En el primer caso, tenemos por un lado, un modelo de gestión privada
orientado al mercado, como ocurre en la mayoría de los países latinoamericanos; y otro de
gestión pública que permite los negocios privados, pero que captura parte de las ganancias
y retas urbanas para invertirlas en políticas públicas (como en La Habana). El tema de lo
15 La creación de la Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México responde a esta lógica y a la
necesidad de contar con una autoridad capaz de coordinar a más de 25 institucionales públicas locales y
federales con atribuciones para actuar en ese territorio.
55
público privado remite a la fortaleza o a la debilidad que cada sector tenga en cada ciudad y
país, y a cada contexto histórico, económico y político.
Por otra parte, a la par de la participación privada en el manejo y aprovechamiento del
patrimonio edificado, otros nuevos actores sociales, económicos y políticos han surgido
demandando participar en la conservación, uso y beneficio de una herencia urbana, que por
definición es colectiva. A menudo esta emergencia se deriva de la disputa por el patrimonio
edificado (como se verá en el siguiente capítulo). En varias ciudades mexicanas la
población y diversas organizaciones de la sociedad civil defienden el patrimonio edificado
frente a la actitud pasiva o proactiva del Estado mexicano, que protege a ultranza la
inversión del sector privado, a costa de afectar real o virtualmente el patrimonio colectivo.
Entre tantos conflictos, cito tres casos: 1. En el centro histórico de la ciudad de Puebla el
proyecto del Paseo del Río San Francisco, promovido en 1993, se redujo de 27 manzanas a
la edificación de un centro de convenciones, por la oposición vecinal. En esta ciudad en
2003 una movilización social impidió la construcción de un estacionamiento subterráneo en
el Zócalo, que era promovido por el alcalde del partido conservador gobernante. 2. En el
centro histórico de Oaxaca se impidió la instalación de un restaurante (McDonalds) de
comida chatarra en 2002.
Desigualdad y polarización social
Para varios autores el incremento de la desigualdad y la polarización socioeconómica son
una característica y un producto intrínseco del capitalismo neoliberal (Sassen, 1991; Borja
y Castells, 1997; Harvey, 2004). No es casual que diversos autores foráneos y locales
hablen de ciudades fragmentadas, separadas, astilladas, rotas, etcétera. En gran medida,
estos adjetivos no hacen sino reconocer la realidad social que se muestra en las estadísticas
públicas, por más “barnizadas” que éstas estén. Así, México es uno de los países más
desiguales y neoliberales del mundo, pues ha firmado acuerdos de libre comercio con una
gran cantidad de países y profundiza las reformas que privatizan bienes que fueron
considerados patrimonio del Estado, como la explotación del petróleo y la generación de
energía eléctrica. Aquí, la distribución de los ingresos es muy desigual: el decil más rico de
56
los hogares acapara el 35.4% del consumo per cápita, mientras que el decil más pobre
consume sólo el 1.9%; asimismo el segundo decil más rico consume el 16.6% mientras que
el segundo decil más pobre consume el 3.2% del total de la riqueza nacional. Estas mismas
desigualdades se reproducen en la Ciudad de México, en donde los dos deciles más ricos se
quedan con el 38.1% y 15.2% del consumo total; mientras que los dos deciles más pobres
consumen el 2.3 y 3.4% respectivamente (ONU Hábitat, 2014; World Bank, 2014). En este
mismo sentido, en México se estimaba que en 2010 había 57.7 millones de personas en
condiciones de pobreza (el 51.3% de la población total), de los cuales 32.1 millones
residían en ciudades (ONU Hábitat, 2011). Estas desigualdades sociales tienen su expresión
en una ciudad de grandes contrastes (imagen 1).
Imagen 1. La ciudad dividida
Vista de los dos Santa Fe desde el puente de los Poetas. Foto: Autor
Otros datos son igualmente elocuentes de la desigualdad socioeconómica que más de 20
años de Tratado de Libre Comercio no han conseguido disminuir:
• Para el Banco Mundial (Card et al, 2015), la pobreza en México no ha disminuido en
los últimos 20 años. La pobreza en 1994 alcanzaba al 52% de la población y en 2012 al
57
52.3%. Sólo que en 1990 había poco más de 81 millones de habitantes en el país y en
2010 ya eran poco más de 112 millones los habitantes de México. Así que en términos
absolutos la pobreza se incrementó en alrededor de 16.5 millones de personas.
• En alto contraste, México tiene al hombre más rico del mundo (el Ing. Slim, con 72 mil
millones de dólares) y a otros 9 billonarios que en conjunto suman 132 mil millones de
dólares (FORBES, 2014)16.
• Entre 2000 y 2010 un total de 2,940,485 de mexicanos se desplazaron de su país para
trabajar y residir en los Estados Unidos (CONAPO, 2014). De acuerdo a la estadística
oficial, el total de mexicanos que en 2010 formalmente residía en EEUU era de
11,964,241 personas, sin contar a los nacidos en ese país que tienen un origen mexicano
(CONAPO, 2014).
Turismo urbano
En el contexto de la búsqueda de la competitividad y de la reinvención de una base
económica que paliara los efectos de la desindustrialización, los gobiernos e inversionistas
en muchas ciudades comenzaron a promover los servicios y el turismo urbano. Una par de
ciudades que se convirtieron en hitos ampliamente difundidas fueron Barcelona y Bilbao.
En la primera se realizó un amplio proceso de regeneración urbana con motivo de los
Juegos Olímpicos de 1992, basado en la creación de múltiples espacios públicos, la
apertura de la ciudad al mar y muchos negocios inmobiliarios privados; y la segunda basada
en la construcción de una franquicia del museo Guggenheim y la reconversión del frente
del río, en la que las áreas fabriles se convirtieron en residencia, comercio, servicios y
espacio público. El éxito difundido de estas ciudades fue copiado por muchas ciudades
españolas y latinoamericanas. Además, el equipo de consultores catalanes encabezado por
Jordi Borja consiguió varios contratos en diversas ciudades latinoamericanas.
El turismo cultural urbano es una actividad multidimensional que crece en el mundo entero.
Se trata de una actividad que privilegia la visita y el consumo de patrimonio urbano,
16 En esta lista de los hombres más ricos del mundo, además del Ing. Slim aparecen otros diez mexicanos,
entre ellos el narcotraficante Joaquín “El chapo” Guzmán.
58
particularmente de los sitios reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. En varias
ciudades de Europa y América Latina el patrimonio urbano y las industrias culturales se
han constituido en un nuevo producto turístico que es promovido por gobiernos y
empresarios: en Europa las ciudades históricas concentran una cuarta parte del flujo anual
de turistas (De la Calle, 2006). Así, no resulta extraño el incremento exponencial del interés
por patrimonializar bienes tangibles y prácticas culturales “intangibles” de cada país y
ciudad: a los centros históricos y ruinas arqueológicas, se han sumado el patrimonio
industrial, la arquitectura de los siglos XX y XXI, y una larga lista de prácticas culturales
catalogadas bajo el concepto de patrimonio intangible, como la comida, la música, el baile
y diversos rituales religiosos (como los festejos de El día de muertos en México).
El turismo es una industria que genera riqueza económica en muchas naciones: en México
esta actividad produce el 8% del producto interno bruto (PIB) nacional y constituye,
después del petróleo y las remesas que envían los inmigrantes, la tercera fuente de ingreso
de divisas (Delgadillo, 2009). La Organización Mundial de Turismo señala que: en 2014
hubo 1,135 millones de turistas que derramaron 1,245,000 millones de dólares en todo el
mundo. El turismo internacional es responsable directamente del 5% del PIB mundial, del
6% de las exportaciones totales y del empleo de una de cada 12 personas en las economías
avanzadas y emergentes. Asimismo, el turismo internacional es la cuarta industria
internacional de exportación, después de los combustibles, los productos químicos y la
industria agroalimentaria (OMT, 2015).
Por supuesto que el turismo no es una “industria sin chimeneas”. Algunas aportaciones
académicas recientes que se alejan de la visión “neutra” del progreso y el desarrollo,
denuncian la profundización de las desigualdades sociales a partir de la explotación
turística del patrimonio edificado (Castellanos y Machuca, 2008).
Cambio climático y desarrollo urbano sustentable ¿Para quiénes?
Desde la década de 1990, en el marco del llamado desarrollo sustentable, se vienen
cuestionando –pero no impidiendo- las tendencias de desarrollo urbano expansivo que
59
tienen enormes costos ambientales, porque implican un uso desmedido de recursos no
renovables, un incremento en el consumo de suelo y obligan a la gente a realizar una mayor
cantidad de desplazamientos en transporte público o privado (lo que genera mayor
contaminación).
En efecto, con la emergencia de la preocupación por el cuidado del medio ambiente y el
calentamiento del planeta, derivados del informe Brundtland de 1987 (ONU, 1987) y la
Cumbre Mundial de Naciones Unidas de Río de Janeiro de 1992, la teoría de y sobre la
ciudad compacta (re)surgió como tal en los países del llamado norte global, asociada al
tema del desarrollo sustentable. Así por ejemplo, Burton, Jenks y Williams (1996) debatían
si las ciudades compactas constituían formas urbanas sustentables; mientras que para
Wentz (2000) la ciudad compacta era un concepto de estructura urbana que debería orientar
la política urbana para promover y mantener de una manera renovada la histórica estructura
de las urbes europeas. Martin Wentz (2000) defendía el concepto de “ciudad compacta” en
sus dimensiones culturales y no sólo físicas. Para él, la compacidad urbana en Alemania y
Europa no sólo se refiere al ahorro de suelo y servicios urbanos, sino a una mayor densidad
demográfica y construida que ofrece la posibilidad de una mayor mezcla de usos y
actividades, así como una mayor densidad social y cultural, a diferencia de la ciudad
dispersa con sus monótonos y homogéneos barrios periféricos.
El debate sobre la ciudad compacta como forma urbana sustentable en los países en
desarrollo es retomado por Jenks y Burguess (2000) a, con una especial preocupación por el
surgimiento de las megaciudades, el transporte masivo, la protección de las áreas verdes y
agrícolas periurbanas y el medio ambiente. En México, el debate sobre la ciudad compacta
es mucho más reciente. Incluso más que un debate es un eslogan del gobierno actual del
Distrito Federal17 (2012 – 2018). En términos teóricos Jan Bazant (2011) reconoce que en
las ciudades coexiste la urbanización de alta densidad (más de 750 habitantes por hectárea)
con la urbanización de baja densidad (menos de 200 habitantes por hectárea), pero que esos
tipos de urbanización se dirigen a estratos socioeconómicos diferentes: el desarrollo urbano
17 El eslogan actual de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal
(SEDUVI) 2012 – 2018 es: Ciudad compacta, dinámica, policéntrica y equitativa.
60
de baja densidad es generado por fraccionamientos residenciales de lujo (que consumen
mucho terreno); pero también por los incipientes asentamientos de la población de bajos
ingresos, que en su proceso de consolidación incrementan sustancialmente sus densidades
edilicias y demográficas; mientras que las zonas compactas intraurbanas de mediana y alta
densidad están ocupadas por clases medias y altas. Bazant (2011) reconoce, por un lado,
que el desarrollo urbano compacto o de alta densidad, es un desarrollo vertical caro que se
presenta en muy privilegiadas zonas de la ciudad, que gozan de buena accesibilidad,
ubicación y vialidades; y por otro lado, que las ciudades mexicanas seguirán creciendo de
manera horizontal porque la mayoría de la población es de bajos ingresos y no cuenta con
suficientes recursos económicos para acceder a zonas compactas y de mayor densidad,
donde el suelo es caro. Así que la ciudad compacta es viable para la población de clase
media. Para él, la estructura urbana de las ciudades mexicanas se ha ido construyendo de
acuerdo a la lógica de la especulación inmobiliaria, las presiones de los grupos de bajos
ingresos y las políticas urbanas sectorizadas y cambiantes, según los gobiernos en turno, lo
que ha producido ciudades fragmentadas y funcionalmente desarticuladas.
En esta misma tesitura, Pradilla (2011) señala que la Zona Metropolitana del Valle de
México18 es una compleja urbe extendida, dispersa, porosa, de baja altura y de baja
densidad poblacional, en términos “gráficos, visuales y estadísticos”; y que este patrón de
desarrollo urbano tiene altos costos medio ambientales, urbanos, económicos y sociales
para todos los habitantes y los actores sociales, políticos y privados. Las desigualdades de
esta gran aglomeración son enormes en términos demográficos, habitacionales, de servicios
urbanos, etcétera. Así por ejemplo, en 2005 la densidad promedio era de 166 habitantes por
hectárea, por debajo la densidad promedio de Río de Janeiro (189.9), Sao Paulo (222) y
Bogotá (208), pero también por debajo de algunas Delegaciones como Iztacalco (218.1),
Venustiano Carranza (215), Cuauhtémoc (214.1) y el municipio de Nezahualcóyotl (231.6).
Para Pradilla (2011), la urbanización de la pobreza genera construcciones de baja altura, a
través de procesos de autoconstrucción progresiva; mientras que la reciente urbanización de
las clases altas producía mayores densidades, a través de una oferta de torres de
18 Integrada por el Distrito Federal, 59 municipios del Estado de México y un municipio del Estado de
Hidalgo.
61
departamentos en corredores urbanos en Polanco, Santa Fe y las barrancas de Álvaro
Obregón y Cuajimalpa. Asimismo, la producción de artefactos urbanos con miles de
miniviviendas unifamiliares en las distantes periferias metropolitanas incrementaba
considerablemente las densidades demográficas de los municipios metropolitanos. En este
contexto, para Pradilla (2011) la política urbana refuerza la muy desigual apropiación social
del territorio urbano y se dirige a la reconstrucción de ciertas áreas urbanas centrales y a la
realización de megaproyectos que facilitan algunos negocios inmobiliarios.
Asimismo habría que reconocer que la preocupación por un desarrollo urbano sustentable
en América Latina y en la Ciudad de México ya se ha traducido en algunas políticas
públicas de “retorno” a las áreas urbanas centrales19 con distintos énfasis: la recuperación
del patrimonio histórico, el repoblamiento, la reversión de las tendencias de expansión
urbana y vaciamiento y deterioro de las áreas centrales, el reciclaje de industrias obsoletas y
abandonadas, el turismo y el entretenimiento cultural, la protección de áreas verdes
periurbanas. Sin embargo, la expansión urbana periférica no se ha detenido porque continúa
aportando beneficios a los gobiernos, los inversionistas y la población de bajos y altos
ingresos: el suelo periférico es mucho más barato que el suelo urbano o urbanizado. El
mejor ejemplo de esta tendencia depredadora del territorio, en pleno siglo XXI, la
constituyen en México los enormes conjuntos habitacionales de miles de mini viviendas de
calidad infame, que son un gran negocio para un puñado de empresas constructoras,
devastan el medio ambiente, incrementan la distancia de la vivienda al empleo, alejan a la
población de los servicios y equipamientos, y obligan a la gente a gastar recursos en
trasportes y a perder el tiempo en fatigosos traslados.
Para finalizar este apartado conviene señalar que el debate entre dos patrones de desarrollo
urbano opuestos, simultáneos y complementarios (despilfarro de la ciudad central y
expansión urbana voraz) coloca el tema del patrimonio urbano en el contexto del futuro de
la ciudad. No es casual que los centros y barrios históricos aparezcan asociados a las
19 El retorno al centro no es un tema tan “nuevo”. En el transcurso del siglo XX se efectuaron diversos
proyectos para mantener, mejorar o renovar el funcionamiento del centro de la ciudad. En este sentido éste
proceso se puede interpretar como un cíclico retorno al centro bajo distintas concepciones, necesidades y
paradigmas.
62
bondades de la ciudad compacta (ahorro de suelo y servicios urbanos, disminución de
traslados vehiculares, mezcla de suelo, actividades y población) versus la irracionalidad de
la ciudad extendida o difusa. Sin embargo, la reinversión, revitalización, reocupación y
redensificación de las áreas urbanas centrales y los centros históricos, en algunos casos ha
conducido al incremento de las rentas urbanas y al desplazamiento de la población de bajos
ingresos, particularmente a la población más vulnerable. Este tema, conocido bajo el
nombre de gentrificación se comenta enseguida.
GENTRIFICACIÓN
Gentrificación es un concepto anglosajón, creado con cierta ironía por una socióloga
alemana, Ruth Glass (2010) [1964], en la década de 1960 en Londres, para dar cuenta de la
invasión, apropiación y despojo de barrios obreros céntricos y deteriorados por parte de
clases medias, quienes desplazaban a los antiguos residentes y con sus inversiones
mejoraban los antiguos edificios victorianos. Este proceso urbano ya había sido identificado
por Federico Engels en las ciudades inglesas en el siglo XIX. En Contribución al problema
de la Vivienda, Engels (1973) [1887] mencionaba que los obreros eran desplazados de los
centros de las ciudades y que algunos de los barrios que él mismo describió 25 años atrás
(Engels, 2005 [1884]) en La situación de las clases trabajadoras en Inglaterra, ya no
existían más, porque habían sido objeto de programas de renovación urbana: para él la
renovación de París, realizada por Bonaparte y Haussmann, había hecho escuela en
Londres, Manchester, Liverpool, Viena y Berlín. En este mismo sentido, Harvey (2008)
señala que la renovación urbana de París realizada por el Barón de Haussmann bajo los
preceptos de la higiene, la circulación y el embellecimiento urbano, son claramente
intervenciones urbanas que además buscaban el control policiaco del centro de la ciudad y
la gentrificación.
En la década de 1980 los estudios sobre los procesos de gentrificación se multiplicaron en
el mundo anglosajón, particularmente en países que sufrieron muy fuertes procesos de
reestructuración neoliberal (Inglaterra gobernada por Margaret Tatcher y los Estados
Unidos por Ronald Reagan). Posteriormente estos estudios se expandieron a otras cuencas
63
geográficas y lingüísticas, y mucho más recientemente a México y América Latina. De ello
dan cuenta compilaciones de textos y “readers” como los realizados por Loreta Lees y
compañía (Lees, Slater y Wyly, 2008 y 2010).
Nosotros, entendemos a la gentrificación como un fuerte proceso de reestructuración y
transformación urbana neoliberal, que ocurre cuando: 1. Las grandes inversiones
fundamentalmente privadas (a menudo detonadas o acompañadas por políticas públicas) se
orientan a la captura de las rentas urbanas en beneficio de los inversionistas privados. Estas
inversiones inmobiliarias pueden ser habitacionales, comerciales, de servicios o mixtas.
Actualmente estas inversiones inmobiliarias responden a lógicas de flujos de inversiones
financieras trasnacionales. 2. Las áreas reinvertidas y revalorizadas se destinan al consumo
de una población con mayores ingresos que los antiguos residentes, lo que encarece las
rentas y servicios urbanos. 3. El control de los territorios revalorizados es conducido por los
productores y los nuevos consumidores de mayores ingresos. 4. Hay desplazamiento de la
antigua población residente y usuaria de menores ingresos. El desplazamiento social a
veces es una condición previa y mayoritariamente es una consecuencia de la revalorización
de esos territorios, y se realiza a través de diversos métodos directos e indirectos que
abarcan una amplia gama de dispositivos: la expropiación, el desalojo, el alza de las rentas
urbanas, la exclusión, la legislación y las normas en materia del comportamiento cívico y
del “buen” uso del espacio público (Casgrain y Janoschka, 2013; Delgadillo, 2014b).
Para varios colegas anglosajones (Atkinson y Bridge, 2005; Lees, Slater y Wyly, 2008;
Smith, 2002), la gentrificación era un fenómeno que en el siglo XXI había mutado y había
abandonado el referente “clásico” (rehabilitación de barrios antiguos, céntricos y
decadentes), para abarcar nuevos territorios y formas de actuación y expandirse por el
mundo. Un par de críticas que hacemos a nuestros colegas anglosajones es que no leen lo
que se escribe en otras lenguas (por lo que desconocen la gran producción científica en
español o portugués), salvo el inglés, y otro es su eurocentrismo:
• Lees, Slater y Wyly (2008) y Smith (2002) creen que el desarrollo y los procesos
urbanos se continúan generando de Norte a Sur. Así que la gentrificación ocurrió en el
64
norte global comienza a descender al sur global. Curiosamente en América Latina desde
la década de 1960 ocurrieron este tipo de procesos liderado por el Estado (a través de
gobiernos locales o centrales), en donde la población residente fue desplazada
forzosamente para destinar sus antiguos barrios a nuevos edificios y usos para clases de
mayores ingresos.
• Lees (2012) en La geografía de la gentrificación, reflexiones a través del urbanismo
comparatista, demanda en un tono impositivo que los investigadores del Sur Global
“necesitan” adoptar un enfoque postcolonial y realizar investigaciones sobre la
movilidad y la hechura de las políticas urbanas, con el fin de “explorar si la
gentrificación ha viajado desde el norte global hacia el sur global y cómo”. Tal vez es al
revés, y los investigadores del norte global “necesitan” aprender a leer otras lenguas
para ampliar sus limitadas visiones eurocentristas.
• Atkinson y Bridge (2005) demuestran su profundo eurocentrismo, justamente en un
libro que pretende denunciar el nuevo colonialismo urbano. En Gentrificación en un
contexto global: el nuevo colonialismo urbano, a pesar del discurso anticolonialista y
postcolonialista, en dos capítulos y en dos ciudades diferentes aparece una sede o
franquicia del Museo Guggenheim: pero en Bilbao la construcción de un Guggenheim
es una “marca”, una referencia para los estudios académicos y un “exitoso” modelo de
regeneración urbana; en cambio en el proyecto de museo para Río de Janeiro, llamado
aquí McGuggenheim, es una “evidencia” de este urbanismo neocolonizador ¿Por qué en
una ciudad latinoamericana es colonialismo y en una ciudad europea no lo es?
No es nuestro interés revisar, en este libro, la amplia literatura sobre la gentrificación
producida en Europa y Norteamérica, sino mostrar cómo este concepto de manera creciente
se usa, se ha apropiado y se redefine en la Ciudad de México, como caja de resonancia de
los debates latinoamericanos, con base en el reconocimiento de las enormes diferencias
multidimensionales entre el norte y el sur globales, como han sido reconocidas por
Hiernaux (2013), Janoschka et al (2013) y López-Morales (2013).
65
Gentrificación en México
Entre los estudios pioneros sobre los procesos de gentrificación en las ciudades mexicanas,
destacan dos realizados por colegas anglosajones. Peter Ward (1993) decía a principios de
la década de 1990 que no había gentrificación en los centros de las ciudades de América
Latina como en las de los Estados Unidos y el Reino Unido, porque estas áreas urbanas no
estaban desertificadas, sino que había una enorme actividad económica basada en los
servicios, el comercio y la manufactura para productores y consumidores de bajos ingresos,
lo que funcionaba como antídoto para el posible interés de las clases medias para alojarse
allí. Además, la renta potencial no era suficientemente atractiva para los inversionistas. En
cambio Gareth Jones y Ann Varley (2001) decían lo contrario: los centros históricos
latinoamericanos sufrían fuertes procesos de intervención pública para remozar y recuperar
el patrimonio urbano y destinarlo a consumidores de mayores ingresos, y atraer a
inversionistas privados. Para ellos no importaba que esos territorios urbanos no se
destinaran a la residencia de las clases con mayores ingresos, pues el resultado era el
mismo: desplazamiento de población de menores ingresos a través de inversiones públicas
y privadas, para destinar los territorios “recuperados” para estratos socioeconómicos más
altos.
En el debate reciente sobre los procesos de “gentrificación” encontramos dos posiciones
divergentes. Sin embargo, no se trata de una discusión estática. Así, algunos colegas que
antes sostenían que no había gentrificación, hoy día dan cuenta de la emergencia y
diversidad de estos procesos.
Pradilla (ver Delgadillo, 2013a) y Jaramillo (2012) sostienen que en América Latina es
inaplicable el uso del concepto gentrificación, pues aquí: no hay gentries que vuelvan a los
centros de las ciudades20; el centro de la ciudad es un lugar lleno de vitalidad y no
desertificado como ocurrió en las ciudades norteamericanas y británicas; los grupos de
clase media vuelven a áreas urbanas que en el pasado fueron de elite (es decir, no se
20 Ruth Glass usaba con ironía el concepto de gentries (una gentileza rural), algo así como hidalgos en el
México colonial: pues no es esa la población que recolonizaba los barrios obreros victorianos en el Londres
de la década de 1960.
66
conquistan barrios obreros); y no hay reemplazo de la población. Otros autores señalaban
que no había gentrificación, porque las políticas de repoblamiento y “recuperación” del
centro histórico actuaban en edificios deshabitados y en barrios que sufrían fuertes procesos
de despoblamiento. Es decir, había nuevos residentes de mayores ingresos sin población
desplazada de menores ingresos (Delgadillo, 2011).
En la década de 2000 varios colegas señalaban que los procesos de gentrificación eran
emergentes y puntuales en la Ciudad de México. Daniel Hiernaux (2003) auguraba que la
gentrificación posiblemente se daría en un futuro cercano. Patrice Melé (2003) y Monika
Streule (2008) sostenían que la gentrificación se daba de manera puntual en áreas urbanas
deterioradas y habitadas por población de bajos ingresos, que habían sido revalorizadas
para destinarse al consumo de población con mayores ingresos, independientemente del uso
del inmueble (habitacional, comercial, servicios). Catherine Paquette (2006) sostenía que
un pequeño y restringido territorio del centro histórico se gentrificaba, por haber sido
fuertemente reinvertido por el capital privado. Un poco después, otro grupo de
investigaciones daba cuenta de las formas y alcances de los procesos de gentrificación en
distintos barrios de la Ciudad de México al finalizar la primera década del siglo XXI: Luis
González (2008), Héctor Quiroz (2012) y Luis Salinas (2013) describían cómo los procesos
de gentrificación se generaron en las colonias Roma y Condesa desde la década de 1990, a
partir de una “operación hormiga” realizada por jóvenes pioneros (Smith los llama los
cowboys urbanos) que encontraron en esas colonias lugares con precios accesibles y un
atractivo entorno urbano para residir, producir y trabajar, lo que posteriormente atrajo a
más consumidores, usuarios e interesados en invertir en estos territorios hasta expandir los
negocios inmobiliarios y de servicios a los barrios vecinos. En cambio, Duhau y Giglia
(2008) daban cuenta de una singular gentrificación residencial en colonias populares, que
se da a través de la construcción de condominios horizontales cerrados. Una visión síntesis
de los debates en América Latina y España, hasta ese momento, lo aportan Janoschka, et al
(2013), quienes sostienen que en América Latina la gentrificación se estudiaba a través de
cuatro procesos fundamentales: la Gentrificación simbólica (mejoramiento del paisaje
urbano con recursos públicos para atraer la inversión privada), las Políticas neoliberales de
gentrificación (acción pública que favorecen los negocios privados en selectas áreas
67
urbanas), la Gentrificación conducida por el mercado inmobiliario, y una cuarta era la
Resistencia a los procesos de gentrificación.
Sin embargo, en los últimos cinco años, capaz que sólo dos, los estudios sobre la
gentrificación en México y América Latina se han multiplicado de manera colosal. Así por
ejemplo, tres de las revistas especializadas en estudios urbanos y con mayor circulación en
sus respectivos países en 2014 dedicaron números temáticos a este tema:
• Revista de Geografía Norte Grande No 58 Septiembre de 2014, la revista del Instituto
de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, dedicó el número temático
a la “Gentrificación” (AAVV, 2014a).
• Ciudades No 103 Julio - Septiembre 2014, la Revista de la Red Nacional (mexicana) de
Investigación Urbana, dedicó el dossier a “Los nuevos dueños de las áreas urbanas
centrales” (AAVV, 2014b).
• Cadernos Metropóle Volumen 16 No 32, revista del Observatorio de las Metrópolis
(brasileñas) con sede en Río de Janeiro, dedicó el dossier al tema “Desenvolvimento
desigual e gentrificaçao da cidade contemporánea” (AAVV, 204c).
Este conjunto de 31 artículos da cuenta de al menos dos cosas: uno es la consolidación del
estudio del tema en nuestra región, y el otro es la permanencia del concepto en inglés, a
pesar de diversos intentos por traducir el concepto como aburguesamiento,
aristocratización, ennoblecimiento, dignificación, etcétera.
El debate en torno al desplazamiento ¿Gentrificación sin desplazamiento social?
Algunos autores latinoamericanos que han adoptado y adaptado el concepto gentrificación
para analizar los procesos de reestructuración urbana sostienen que la gentrificación no
expulsa a los pobres sino que acerca a las clases sociales (Sabatini et al, 2009). Otros
autores incluso deslizan la idea de que los pobres no son desplazados de manera coercitiva,
sino que su desplazamiento es voluntario: se van porque mejoran sus condiciones
socioeconómicas y compran terreno o casa en otro lugar (Rojas et al, 2004). Es decir, se
68
trataría del modelo de movilidad residencial y ascenso socioeconómico propuesto por John
FC Turner (1968) en la década de 1960.
En los estudios sobre la gentrificación en América Latina se reconoce que las condiciones
(históricas, geográficas, urbanas, sociales, demográficas, económicas, etcétera) de las
ciudades latinoamericanas son diferentes que las condiciones en que ocurrieron los
procesos de gentrificación en las ciudades de Europa y Norteamérica. En este sentido,
Hiernaux (2013) y Hiernaux y González (2014) ha señalado que los modelos urbanos del
norte global se adaptan a las realidades locales diversas y muy diferentes del sur global, lo
que ha conducido al impulso de procesos de gentrificación con otras características. Las
diferencias más fuertes en Latinoamérica con respecto al norte global son: la escasa
atracción de nuevos residentes y la fuerte presencia de inmigrantes de bajos ingresos que
residen en los centros de las ciudades en condiciones de deterioro, precariedad y/o
hacinamiento. Esto mismo ha sido reconocido en los centros históricos de Santiago de
Chile (Borsdorf e Hidalgo, 2013) y Buenos Aires (Rodríguez y Fischnaller, 2014). Así,
estos autores enfatizan en el escaso desplazamiento social de grupos débiles frente a los
nuevos consumidores de mayores ingresos de los territorios reinvertidos. Tal vez por ello
Hiernaux y González (2014) reconozcan que en América Latina hay muy escasos casos de
gentrificación “genuina”, y más bien lo que haya son procesos de reapropiación social y en
mucho menor medida procesos de sustitución de población.
En este mismo sentido, reconocemos que en gran medida las recientes (re)inversiones
públicas y privadas en mercados y desarrollos inmobiliarios en la Ciudad de México,
dirigidas a la realización de jugosas ganancias, ocurren en centros y barrios históricos que
han padecido fuertes procesos de despoblamiento, en territorios obsoletos, subutilizados y
aparentemente deshabitados, como las grandes áreas fabriles abandonadas, así como en
baldíos intraurbanos y edificios reciclables (por su deterioro físico y carencia de valor
patrimonial), por lo que en un primer momento no hay desplazamiento de la población
residente.
69
En efecto, los actuales centros históricos de las grandes ciudades latinoamericanas fueron la
ciudad completa durante la colonia y el siglo XIX, pero después hubo un éxodo de familias
poderosas que emigraron a nuevos y modernos barrios, y a mediados del siglo XX se
descentralizaron funciones y equipamientos, lo que condujo a la desinversión y a la
ocupación popular (a menudo informal) de esas áreas urbanas, a través de la creación de
vecindades, servicios y comercios. A su vez, ante la ausencia y reblandecimiento y
desregulación de la normativa urbana, las actividades terciarias (el comercio y los
servicios) que pagan más que las viviendas, fueron desplazando la función habitacional, por
lo que las actuales reinversiones público privadas e iniciativas de repoblamiento ocurren en
áreas urbanas subutilizadas y en parte deshabitadas. En esos territorios apenas en las
décadas de 1980 – 1990 iniciaron con fuerza los programas públicos de “rescate” del
patrimonio urbano que promueven la revalorización, “dignificación” turistificación y
consumo cultural del legado edilicio (Delgadillo, 2011). Estos programas combaten la
informalidad promueven la seguridad pública, el control, la vigilancia y el buen
comportamiento cívico; así como la mejora de la infraestructura y del paisaje urbano para
atraer inversiones y hacer competitiva la ciudad.
Una discusión aparte es la declaración de la obsolescencia física, funcional y/o económica
de edificios, construcciones y barrios. Pues a menudo se trata de discursos que legitiman la
“destrucción creativa”. En efecto, el (in)voluntario deterioro de los inmuebles por falta de
mantenimiento, la no correspondencia entre la rentabilidad urbana y la edificabilidad de los
predios, o la caducidad de funciones, son discursos sobre los que se construye la necesidad
de inversión público privada. Se trata de discursos sobre los que a menudo no hay
consenso, pues a menudo edificios considerados deteriorados para otros son edificios
habitables. En este sentido, una nota reciente del Diario Milenio (13 de mayo de 2015)
justamente dice que nunca faltan pretextos para desalojar a los pobres: viven en riesgo,
viven mal.
Por otra parte, una nueva característica de los nuevos desarrollos inmobiliarios dirigidos a
la especulación o al consumo de agentes con ingresos medios y altos, es que muchas de las
nuevas construcciones colindan con predios y barrios que pueden caracterizarse como
70
pobres, por estar ocupados en condiciones precarias por población de bajos ingresos o por
haber sido autoconstruidas. Algo que en un pasado no tan remoto hubiera conducido o al
desplazamiento o invisibilización de los pobres, mediante su erradicación o la construcción
de fuertes murallas; o bien, a la no realización de los desarrollos inmobiliarios. Sin
embargo, ahora estas dos caras de la ciudad y de la sociedad, la opulenta y la carente, a
menudo están frente a frente sin la mediación de barreras físicas: islas de riqueza se
encuentran en mares de pobreza o viceversa, o bien edificios “high tech” se ubican frente a
casas informales y autoconstruidas. Nuestra hipótesis que explicaría esta nueva forma de
“tolerancia social”, sería que los nuevos dispositivos de seguridad (videovigilancia, accesos
controlados) y la escasez de suelo conducen a este tipo de vecindad (imágenes 2 a 4).
Imágenes 2 y 3. Lofts junto a un “campamento” otomí en la colonia Roma. Imagen 4.
Vivienda popular y departamentos de lujo en Nuevo Polanco
Fotos: Autor
Así, en varios centros históricos latinoamericanos coexiste una oferta de servicios para
consumidores de mayores ingresos (visitantes locales, turistas foráneos) y servicios
tradicionales para población de menores ingresos, que se pueden convertir en atracciones
para los turistas. Para el centro histórico de Querétaro Imelda González (2010) afirma que
las nuevas inversiones privadas y los nuevos consumidores no expulsan a la población
local; sino que la nueva oferta cultural, gastronómica, de alojamiento y servicios destinada
para consumidores de mayores ingresos coexiste con una oferta de servicios tradicionales
que atiende a la población local. En los centros históricos revitalizados o “recuperados”, los
pobres, sus viviendas y sus prácticas no son desalojados, sino mantenidos a distancia e
71
incorporados como escenario real de una política pública y de una inversión privada que no
son exclusionistas.
Por otro lado, algunos colegas sostienen que el desalojo de los vendedores ambulantes de
las calles de los centros históricos constituyen un claro ejemplo de gentrificación simbólica
(Janoschka et al, 2013) o de una brutal gentrificación como no se vería en las ciudades de
los Estados Unidos (Walker, 2008). Aquí, discrepo de estas posiciones porque omiten
mencionar y reconocer que esos desplazamientos no son deportaciones a las periferias
urbanas, sino reubicaciones en el mismo centro histórico. Las poderosas, piramidales y
clientelares organizaciones de vendedores ambulantes, que tienen estrechos vínculos con
los partidos políticos que gobiernan la ciudad (en el poder ejecutivo o legislativo) negocian
su reubicación en plazas comerciales en el mismo centro histórico. Así que más que un
claro ejemplo de gentrificación dura o simbólica, esto se puede ver como resistencia a la
gentrificación: se cede la calle pero no el territorio central e histórico.
Adicionalmente, una diferencia con un pasado no tan remoto era que los mega proyectos
urbanos (inmobiliarios, de infraestructura, etcétera), se realizaban con el uso de la fuerza y
frente a un estado de indefensión de la población. Domínguez (2014) diría que a diferencia
de los gobiernos autoritarios del siglo XX, en la democracia que vivimos en el siglo XXI la
población tiene más instrumentos para defenderse frente a la realización de
(mega)proyectos públicos o privados que involucren su desplazamiento. Tal vez este autor
tenga razón y los desplazamientos coercitivos en el pasado eran más evidentes y
actualmente éstos se han invisibilizado o no se efectúan con la intensidad y formas que en
el pasado.
La gentrificación vista como un proceso inevitable y benéfico, la disputa por los
conceptos
Igual que la ciudad, los conceptos teóricos en materia urbana se disputan. Así, el concepto
de gentrificación asociado directamente al desplazamiento de población para la realización
72
de negocios inmobiliarios es discutido, negado o banalizado por el Gobierno del Distrito
Federal y diversos intelectuales. Así por ejemplo:
• Para conmemorar los veinte años de la caída del Muro de Berlín, la Fundación Rosa
Luxemburgo en la Ciudad de México, en 2009 convocó a un foro público para debatir
Las presencias incómodas en el Centro Histórico de la Ciudad de México en proceso de
revalorización. Aquí, el director del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de
México, que no estaba invitado, se presentó al foro para negar que un gobierno de
izquierda desplace a población residente alguna; mientras que Guillermo Sheridan en
un foro de internet de la más o menos conservadora revista Letras Libres acusaba a la
directora alemana de esa Fundación de inventar procesos de gentrificación en el
corazón simbólico del país, pero asimismo de que ella gentrificaba la colonia Roma de
la capital mexicana, donde ella vivía (Sheridan, 2009).
• En un encuentro de recuperación de centros históricos, realizado en Oaxaca en
diciembre de 2011, la arquitecta Estefanía Chávez demandaba que la gentrificación
debía coadyuvar a la preservación del patrimonio (Libertad Oaxaca, 2011).
• La Delegación Miguel Hidalgo (2012), en su portal de internet, publica una versión de
la gentrificación en donde los barrios se rehabilitan, revitalizan, rejuvenecen y nadie es
expulsado. En esta versión no sólo no hay desplazados, sino que nadie se tiene que
desplazar ni siquiera para ir por el pan.
• En noviembre de 2014, en un blog de debate del Diario Milenio (2014): el ex titular de
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del GDF, arquitecto Felipe Leal, decía
que la gentrificación era un hecho inevitable, porque la ciudad (en realidad sólo unas
partes) es una gran mercancía que respondería a la promoción del uso intensivo y del
turismo que consume gastronomía, patrimonio urbano, arte y diseño. Así, para Felipe
Leal la gentrificación es un proceso que puede revestir formas negativas, pero otras
muy “sugerentes”. En este mismo blog, un restaurantero decía que la gentrificación era
un proceso de “adecentamiento” de los barrios, que implicaba una mayor seguridad y
mejores servicios para los consumidores, en donde permanecen los comercios y los
servicios que “aguantan” los precios altos hasta que les sea imposible permanecer en
esas zonas (el restaurantero alude a algo así como una ley natural de Darwin).
73
Desplazamiento social como condición para la realización de negocios privados y
megaproyectos urbanos
En algunos casos recientes han ocurrido desplazamientos de la población residente como
condición para la revalorización y realización de proyectos urbanos. Sin duda, el caso más
emblemático en América Latina lo constituye el Centro Histórico de Bahía, Brasil,
conocido como el Pelourinho. Aquí, en 1991 toda la población residente de 16 bloques o
manzanas del centro histórico fue desalojada por el gobierno del Estado de Bahía a través
de negociaciones en condiciones de mucha desigualdad, amedrentamiento, indemnización y
uso de la fuerza pública. En el Pelourinho vivía una población muy marginal: inquilinos de
cuartos que en muchos casos tenían que pagar un alquiler diario (como si se tratara de
hoteles), una población que sobrevivía al día a través de la prostitución, la venta de drogas
y el comercio y los servicios en la vía pública. En aquella época ni en Brasil ni en México
se hablaba de gentrificación y mis colegas de la Universidad Federal de Bahía hablaban de
un “asalto social”. Después del desplazamiento social ese lugar fue intervenido en una gran
escala para remozarlo y destinarlo al consumo del turismo, la cultura y el entretenimiento
(Sant´Anna, 2001; De Azevedo, 2009).
En la Ciudad de México tenemos dos casos recientes paradigmáticos de desalojos forzosos
de población para la realización de megaproyectos urbanos, en los que estaba de por medio
la realización de negocios privados, uno es el desplazamiento de la población que en la
década de 1990 ocupaba el predio Tlayacapa en Santa Fe, en donde se construyó una
universidad privada (el llamado ITAM) y otro son las expropiaciones para la construcción
de la Supervía del Poniente ocurridas en 2010.
Formas y tipos de desplazamiento
No quiero cerrar este apartado sin problematizar las formas y tipos de desplazamiento
social, pues en la literatura latinoamericana que aborda los procesos de gentrificación es
muy común (casi que se ha convertido en una condición elemental) decir que no hay
desplazamientos o citar las aportaciones de Peter Marcuse (1985 y 1986) retomadas por
74
Tom Slater (2009). De ninguna manera intentamos menospreciar las aportaciones de estos
colegas que escriben en inglés, pero con la intención de descolonizar la academia queremos
difundir que en México, América Latina (y en los mismo Estados Unidos) los tipos y
formas de desplazamiento propuestos por los colegas anglosajones ya han sido
considerados y a veces con cierta antelación. Además, otros tipos de desplazamiento social,
desconocidos por nuestros colegas anglosajones, han sido identificados y estudiados en las
ciudades latinoamericanas.
En efecto, entre las décadas de 1950 y 1980 ocurrieron diversos procesos de
desplazamientos sociales por programas de renovación urbana o por represión y control
social por parte de las dictaduras militares. Algunos autores se interesaron en los
desplazados y otros estudiar las causas, las formas y la resistencia a los desplazamientos
forzosos. Así por ejemplo:
1. Hacia mediados del siglo XX Oscar Lewis en San Juan de Puerto Rico (citado en Hall,
1996: 262), John F. C. Turner (1968) en Río de Janeiro y Lima y Janice Perlman (1976) en
Río de Janeiro, fueron a las periferias urbanas a entrevistar a los deportados del centro y
condenaron tanto el destierro de los pobres (que impedía sus tradicionales formas de
sobrevivencia y sociabilidad) como el hábitat homogéneo y asocial producido por la
política pública.
2. Otros autores dieron cuenta de los desalojos forzosos de la población pobre y sospechosa
o potencialmente rebelde, realizados por los autoritarios regímenes militares:
• Óscar Ozlak (1991) estudió los desplazamientos forzosos de los pobres realizados por la
dictadura militar argentina en Buenos Aires para “blanquear” la ciudad, a través de
diversas formas: la liberalización del mercado de vivienda en inquilinato (que duró
congelado de 1943 a 1979), la eliminación de las Villas Miseria y la construcción de
autopistas. Este autor, antes que Neil Smith para Nueva York, calificaba las políticas
militares como “revanchistas”.
75
• Alfredo Rodríguez (1983) citaba a Maquiavelo para señalar que la única forma de
dominar una ciudad era destruyéndola y dispersando y separando a sus habitantes. En
este sentido Morales y Rojas (1987) demuestran los complejos procesos de erradicación
y dispersión de la población ocurridos en Santiago de Chile entre 1979 y 1985, que
condujeron a reforzar los procesos de segregación socioespacial y el desplazamiento
forzoso de 29 mil familias. En esta política pública, los pobres no sólo tenían que estar
en “su lugar”, sino dispersos para ser controlados.
3. En la Ciudad de México, Coulomb (1995) estudió los desplazamientos de la población
residente de bajos ingresos de las colonias centrales, por la construcción del conjunto
habitacional Nonoalco Tlatelolco en la década de 1960 y la construcción de los ejes viales
en la década de 1970.
Por otra parte, en la década de 1990 varias autoras estudiaron los desalojos masivos en la
Ciudad de México y consignaron los siguientes tipos de desplazamiento social:
• Dora Arancibia (1995), quien reconocía que las políticas urbanas neoliberales
generaban el traslado de la población a la periferia urbana donde el suelo es más barato,
reconocía las siguientes formas de desplazamiento social: recisión de contratos
inquilinarios21, ocupación o invasión de propiedades fundamentalmente privadas pero
también públicas, cambios de uso del suelo (de vivienda a comercios o bodegas),
ocupación de reserva ecológica, y ocupación de zonas de alto riesgo.
• Irma Estrada et al (1996) consignaban siete causas de desplazamiento social en el
Centro Histórico de la Ciudad de México: terminación de contrato inquilinario,
“descongelamiento” de alquileres, deterioro edilicio, inseguridad pública, incapacidad
económica para acceder a la vivienda social (para pagar el costo de los alquileres o la
vivienda propia), proyectos urbanos y especulación inmobiliaria.
21 Entre los motivos inquilinarios se destacan: la terminación de contrato, la contravención del uso del
inmueble (subarriendo y uso distinto al habitacional), el incumplimiento del pago, el deterioro o destrucción
del bien material.
76
En un trabajo más amplio, que abarca los centros históricos de Europa y América Latina,
Audefroy y Ottolini (1999) y Berger y Ottolini (1999) identificaban las siguientes causas de
los desplazamientos sociales:
• Deterioro físico del inmueble que, por su antigüedad y/o falta de mantenimiento,
provoca la expulsión paulatina de la población residente (inquilina o propietaria). Aquí,
el deterioro edilicio era visto como una oportunidad para el gobierno y los
inversionistas para “recuperar” el centro histórico para actividades más lucrativas que el
alquiler22.
• Terminación de contrato y/o incremento de alquileres, de manera individual o colectiva,
en inmuebles de departamentos o cuartos en inquilinato.
• Liberalización del mercado de alquileres (establecido en la década de 1940), medida
que en América Latina ocurrió desde la década de 1970 en el cono sur, y en México y
Perú en la década de 1990.
• Suspensión de servicios por parte del propietario o administrador de las viviendas en
alquiler.
• Inseguridad pública y/o estigmatización del barrio: Un barrio en declive, inseguro,
sucio, etcétera, conduce a algunas personas y familias a abandonarlo paulatinamente.
• Desastre o catástrofe social. Aquí los fenómenos naturales (sismos, lluvias, huracanes,
etcétera) actúan en condiciones de vulnerabilidad socialmente construidas (inmuebles y
barrios físicamente deteriorados por ausencia de mantenimiento) con altos costos
sociales, por lo que después del colapso la población emigra “voluntariamente” o es
reubicada en la periferia a través de ayuda pública.
• Proyectos de desarrollo y renovación urbana para sanear y reconstruir centros
deteriorados, y destinarlos a otras funciones de servicios, culturales, comerciales e
incluso habitacionales, pero para población con mayores ingresos (los autores no lo
decían con ese nombre, pero estaban hablando de lo que hoy se conoce como
gentrificación). A menudo también se abren nuevos espacios públicos (ramblas,
22Curiosamente este estudio no considera que el deterioro también ha sido una causa que ha permitido el
arraigo de la población pobre y vulnerable en muchos barrios de los centros históricos latinoamericanos y
europeos (en vecindades, conventillos, corralas, cortizos, etcétera).
77
bulevares, plazas), destruyendo el tejido urbano y la vivienda, previo desalojo de la
población residente.
• Por conservación del patrimonio edificado: Una vía indirecta, que conduce al desalojo
de la población, está constituida por las inversiones públicas que se destinan a selectos
inmuebles históricos y barrios antiguos para destinarlos a usos culturales y turísticos, en
detrimento de la vivienda popular y a veces a través del desalojo de la población
residente. A su vez, la especialización turística incrementa los costos de la vida urbana
y conduce a la museificación de los centros históricos y al abandono progresivo de las
viviendas. Estos lineamientos de política pública, denunciaban Berger y Ottolini (1999),
son promovidos por una comunidad internacional especializada en el patrimonio
cultural, agrupada en torno de la Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Entre otras tantos estudios sobre desplazamientos sociales coercitivos, podemos mencionar
las aportaciones del Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE,
2006), que en sus estudios sobre estos procesos en Argentina, Brasil Colombia, Perú y
Brasil, señalaban que las causas de los desplazamientos forzosos en América Latina se
derivan de causas estructurales que colocan a una gran cantidad de población en altas
condiciones de vulnerabilidad frente a los desalojos, como son: las condiciones precarias y
de inseguridad de la tenencia del suelo y la vivienda; un modelo agrario y de desarrollo
urbano que favorece la gran propiedad privada; la falta de políticas de suelo y vivienda para
la población desfavorecida; la falta del cumplimiento de la función social de la ciudad y de
la propiedad; y la falta de acceso a la justicia. Aunado a ello, en la región también hay
desplazamientos forzosos derivados de conflictos armados. Además, contraviniendo la
Observación general nº 2 de 1990 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de la ONU23, el COHRE denunciaba que en la región había megaproyectos de
desarrollo promovidos por instituciones internacionales (la Federación Internacional de
Futbol Asociación y del Comité Olímpico Internacional) que originaban desalojos forzosos.
El COHRE (2006) destacaba siete causas y formas de desplazamientos forzosos de
23 Esta observación señala que los organismos internacionales deberían evitar escrupulosamente toda participación en proyectos y eventos que fomenten o fortalezcan la discriminación contra individuos o grupos, o que impliquen la expulsión o desplazamiento en gran escala de seres humanos sin proporcionarles toda la protección y compensación adecuadas.
78
población urbana y rural en los 4 países en cuestión: intrusión de propiedad privada o
pública, especulación inmobiliaria, saneamiento ambiental, megaproyectos urbanos o
rurales, desastres, deuda hipotecaria y violencia paramilitar.
Frente a este recuento de causas y formas de desplazamiento social identificadas y
estudiadas en América Latina para las áreas rurales, urbanas y los centros históricos, las
aportaciones de Marcuse (1985 y 1986) y Slater (2009) resultan insignificantes. Esto es así,
porque las realidades urbanas y rurales del llamado norte global son muy diferentes del
llamado sur global24. Sin embargo, en favor de nuestros colegas anglosajones reconozco
cuatro cosas: 1. La reivindicación que dice que los estudios urbanos no deben perder de
vista la perspectiva de la justicia social y la reivindicación de los derechos a la vivienda y a
la ciudad; 2. La visibilización de los desplazados; y 3. Slater (2009) señala que el
desplazamiento directo o el desplazamiento en cadena de residentes consignados por
Marcuse para el mundo anglosajón, pueden no tener relevancia alguna frente a la magnitud
del desplazamiento social en el sur global (como la limpieza de tugurios realizada para los
juegos olímpicos de Pekín); y 4. Que Slater (2009) reconoce que solo captando los
mecanismos que crean diferentes formas de desplazamiento se pueden refutar con eficacia
los argumentos que legitiman esos desalojos. En el siguiente cuadro número 2 comparamos
las aportaciones del multicitado Marcuse y las aportaciones latinoamericanas aquí referidas.
Cuadro 2. Formas de desplazamiento de población en el mundo anglosajón y
latinoamericano, una comparación
Marcuse (1985 y 1986) Autores latinoamericanos
(Arancibia, 1995; Estrada, 1996; Audefroy, 1993,
Audefroy y Ottolini, 1999; Ottolini y Berger, 1999;
COHRE, 2006),
Directo (físico o económico) cuando los
propietarios o arrendadores suspenden los servicios
Directo: Producido por corte de servicios en la
vivienda, incremento de alquileres, y expropiación y
24 Aquí reconocemos que el conocimiento científico y la teoría urbana tienen su territorialidad y su
temporalidad, por lo que Marcuse no podía conceptualizar procesos que estaban ausentes en la realidad
neoyorquina (ciudad que él estudiaba), como probablemente la literatura latinoamericana desconoce procesos
de desplazamientos de población que ocurren en otras geografías, que por tener otra escala, causalidad,
condiciones, intensidad y velocidad, pasan desapercibidos o no ocurren aquí. Sin embargo, estamos en contra
de que los conceptos no pueden viajar y ser apropiados en otras latitudes, como si cada concepto tuviera que
llevar consigo su acta de nacimiento y pasaporte, y para ser aceptado en otra región debiera presentar su
permiso o visa correspondiente.
79
y/o incrementan el alquiler, o cuando el Estado
expropia y/o desaloja.
desalojo de la población.
Indirecto: Descongelamiento o liberalización del
régimen de alquileres.
• Informalidad del régimen de alquiler de vivienda en
favelas y cortizos, vecindades, conventillos, etcétera.
En cadena, generado por el deterioro urbano y el
incremento de rentas.
Sucesión de hechos y condiciones: El deterioro urbano
progresivo conduce a la ruina, despoblamiento, la
llegada de delincuentes, la inseguridad pública y a más
desalojo.
Exclusionario: las nuevas ofertas inmobiliarias (e
incluso inmuebles abandonados y en ruinas) son
inaccesibles para la población de bajos ingresos.
Inaccesibilidad a la vivienda por encarecimiento: la
vivienda y las rentas urbanas, que conducen a una
exclusión social y desplazamiento de la población.
Por presión con el encarecimiento de los costos de
vida el barrio se transformó: los vecinos se fueron y
los comercios tradicionales fueron sustituidos por
otros para población de más ingresos.
Presión: El encarecimiento de los costos de vida y el
abandono edilicio creciente conducen al
desplazamiento coaccionado de población.
No pago de hipotecas: por causas derivadas de crisis
económicas que devienen en juicios de desahucio tanto
en el ámbito urbano como en el rural.
Desalojos de ocupación, okupación, invasión o
intrusión (reciente o antigua) de inmuebles de
propiedad privada o pública: áreas de reserva
ecológica, zonas de riesgo, inmuebles en ruinas,
abandonados y/o subutilizados.
Desalojos por la realización de proyectos públicos o/y
privados de renovación urbana, recuperación de
centros y barrios históricos, creación de parques
urbanos, saneamiento de áreas inundables, apertura de
espacio público (plazas, ramblas, bulevares, etcétera).
En áreas rurales: obras hidráulicas, aeropuertos, bases
militares, etcétera
Desalojos temporales o permanentes de población en
situación de calle por la realización de grandes eventos
internacionales: visitas de personajes distinguidos y de
Estado (el Papa), juegos olímpicos, fútbol, etcétera.
Desalojos por desastres sociales derivados de algún
fenómeno natural. Un sismo, una inundación u otra
calamidad “natural” (que actúa sobre condiciones de
vulnerabilidad) es una oportunidad para “solucionar” el
problema de los pobres en las periferias urbanas, a
través de ayudas públicas.
Discriminación social o étnica.
Control político y (para)militar.
Fuente: Elaboración propia.
Por último, me interesa reconocer que el “desplazamiento exclusionario” ampliamente
difundido por (y casi que atribuido exclusivamente a) Peter Marcuse, es un concepto que
proviene de los movimientos sociales de las ciudades estadounidenses, que en las décadas
de 1970 y 1980 luchaban contra el displacement. De ello da cuenta una combativa
80
publicación norteamericana de 1982 que daba cuenta de 26 formas y causas diferentes de
desplazamiento social directo e indirecto (Hartmann et al, 1982).
Nuevos escenarios ¿La gentrificación que viene?
Todo indica que los procesos de gentrificación se continuarán exacerbando en la Ciudad de
México y otras ciudades latinoamericanas, debido a varios hechos: 1. La nueva orientación
de las políticas urbanas dirigidas a la “Ciudad compacta” y al desarrollo urbano intensivo y
sustentable; 2. La circulación de capitales financieros trasnacionales que continúan
encontrando en el sector de la construcción rentas atractivas, lo que ha reforzado la
mercantilización del desarrollo urbano (es decir, la lógica del lucro y del negocio
inmobiliario); y 3. La insistencia de los gobiernos locales en buscar a toda costa la
competitividad económica para generar riqueza económica y empleos. Así por ejemplo, en
el último Foro Económico para América Latina, Miguel Ángel Mancera, actual Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, pidió invertir en las urbes “incluso a fondo perdido”. Por
cierto que en este foro el mandatario local hablaba del uso de la tecnología contra la
delincuencia y de aprovechar el know how de los inversionistas para la ciudad inteligente
(La Jornada, 09/05/2015).
Así por ejemplo, en México las políticas urbanas federales y locales, bajo el motivo de la
conservación del medio ambiente y la competitividad urbana, promueven la compactación
urbana, que en el discurso es: habitable y adecuada a la capacidad de pago de la gente,
provee de buen espacio público y disminuye las necesidades de traslado de la población. En
otras palabras, las políticas urbanas tratan de evitar la expansión urbana y promueven la
densificación de las áreas urbanas, a través del aprovechamiento de baldíos intraurbanos y
la sustitución de edificios, la creación y recuperación de espacios públicos, y en la Ciudad
de México con la creación de las Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES). Estas
políticas en la Ciudad de México le dan continuidad a las seguidas por los gobiernos
anteriores bajo distintos eslóganes: El Bando 2 (2000 – 2006), el Desarrollo urbano
competitivo, equitativo y sustentable (2006 – 2012) y la Ciudad compacta, dinámica,
policéntrica y equitativa (2012 – 2018). Así que los múltiples recientes conflictos entre
81
actores diversos (sociales, económicos y políticos) que se disputan la ciudad se continuarán
exacerbando. Hoy día no sólo los jóvenes estudiantes de maestría y doctorado hablan de
gentrificación; sino que lo hacen igual los vecinos de las colonias Roma, Condesa y Juárez,
y hasta locatarios de los mercados de La Merced.
5. LAS POLÍTICAS SELECTIVAS DE MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO
URBANO INTENSIVO
Por principio de cuentas, como todo gobierno, el de la Ciudad de México más allá de su
orientación política para gobernar tiene una mano derecha y otra izquierda. Es decir, los
gobiernos además de privilegiar ciertos objetivos también despliegan algunas políticas
públicas y programas sociales en su labor de gobernar “para todos”. En efecto, el Gobierno
del Distrito Federal despliega una doble forma de gobernar, que por un lado reconoce
derechos sociales de minorías y despliega algunas acciones sociales, puntuales y dispersas,
para los pobres, que constituyen la mayoría de habitantes de la ciudad; y por otro lado, bajo
el discurso de la competitividad económica, la sustentabilidad medioambiental y el
patrimonio urbano de los mexicanos y de la humanidad, privilegia la realización de
negocios privados y la modernización de selectas áreas urbanas que han encarecido la
ciudad y han ocasionado el desplazamiento de la población de bajos ingresos.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal desde 1994, y particularmente desde 1997
cuando se eligió por primera vez en la historia de la ciudad a un Jefe de Gobierno por vía
democrática, ha construido paulatinamente un marco jurídico local bajo el enfoque de los
derechos sociales y ha legislado en favor de las mujeres (vida libre de violencia), los
adultos mayores (albergues, pensión alimenticia y salud), los niños (acceso a útiles
escolares), los jóvenes (becas, seguridad), los migrantes, las personas con discapacidad, las
madres solas, etcétera. También podemos mencionar la legislación que regula el
otorgamiento, en el marco de la capacidad presupuestaria del gobierno local, de un crédito
blando para el acceso a una vivienda en régimen de propiedad privada para población de
82
bajos ingresos, etcétera25. De manera consecuente con esta legislación, en esta ciudad las
políticas sociales abarcan actualmente un conjunto de subsidios y programas sociales que
no combaten, pero aminoran la pobreza. Tal es el caso de la política habitacional, que desde
1998 ha realizado más de 250 mil acciones habitacionales de interés social (alrededor de 62
mil viviendas nuevas en conjuntos habitacionales y más de 190 mil acciones de
mejoramiento de vivienda); y de la política de mejoramiento de barrios, que desde 2007 ha
atendido alrededor de un mil barrios26 con un presupuesto anual cambiante que en conjunto
arroja un total de 721 millones de pesos.
Sin embargo, la libre e incondicional adscripción de las elites y gobierno mexicanos al
modelo neoliberal, alcanzan al Gobierno de la Ciudad de México, que desde 1997 está en
manos de un partido político que se auto nombra de izquierda, pero que en la práctica (por
gusto o necesidad) impulsa este modelo económico en aras de la competitividad económica
y el desarrollo sustentable. En efecto, la histórica asociación del poder económico con el
poder público, en el país y la Ciudad de México, que promovió la adopción del modelo
neoliberal no fue rota con la democratización de la vida política del Distrito Federal, ni con
la llegada al poder local de un partido político de “izquierda”.
Así, el impulso a la ciudad competitiva, la creación de riqueza y de empleos, ha abarcado
un conjunto diverso de políticas e incentivos para los negocios y el desarrollo inmobiliario;
el desarrollo de nuevos enclaves de servicios globales; la construcción de megaproyectos
con usos mixtos; la edificación y establecimiento de centros comerciales, supermercados y
cadenas de “tiendas de conveniencia”27; la construcción de vivienda de alto costo (y en
menor grado de vivienda social); la “recuperación” de barrios y centros históricos; la
reconversión de fábricas y áreas industriales abandonadas; la modernización y construcción
de infraestructura vial de peaje y de transporte; la “recuperación” de un selecto espacio
25 Que se plasmen derechos sociales en una ley no significa que éstos automáticamente se cumplan, pues se
requiere de normas secundarias que precisen su contenido, así como de políticas, instrumentos y presupuesto
para su realización efectiva. 26 La mayoría de proyectos realizados (40%) son de mejoramiento de la imagen urbana (pintura en fachadas),
25% de mejoramiento de espacios comunitarios (salones de usos múltiples, bibliotecas y casas de cultura) y
22% de mejoramiento de áreas verdes y juegos infantiles. 27 Las tiendas de conveniencia son comercios de menos de 500 metros cuadrados, que abren entre 18 y 24
horas al día los 365 días del año. Se trata de cadenas de franquicias y comercios que funcionan como tiendas
de autoservicio.
83
público; etcétera. Asimismo, se ha impulsado el turismo, en sus más diversas variantes y la
turistificación de enclaves urbanos, que se distinguen por su patrimonio histórico inmueble,
su paisaje cultural, sus atributos naturales, etcétera.
Se trata de un desarrollo inmobiliario y de una modernización urbana desigual que
profundiza la histórica segregación socioespacial de la Ciudad de México. Este conjunto de
grandes emprendimientos urbanos, públicos y privados, ha conducido a transformar la
capital mexicana, particularmente sus selectas áreas urbanas centrales, en los territorios
urbanos más caros del país; mientras que el encarecimiento de las rentas urbanas ha
conducido al desplazamiento directo e indirecto de la población de bajos ingresos, quien ha
tenido que emigrar a periferias urbanas distantes o a áreas rurales sin servicios ni
infraestructuras, para alojarse en una vivienda y suelo barato.
Asimismo, hemos de reconocer que las políticas urbanas de los gobiernos democráticos,
que desde 1997 se impulsan en esta ciudad, actúan en una urbe moldeada por una historia y
por históricas políticas públicas. En efecto, la problemática social y urbana de la Ciudad de
México presenta dimensiones colosales y los desafíos para la gestión son muy complejos,
pues la mancha urbana, más algunos poblados dispersos muy cercanos, abarcan a 16
Delegaciones del Distrito Federal, 59 Municipios del Estado de México y un Municipio del
Estado de Hidalgo: esto es lo que operacionalmente se conoce como Zona Metropolitana
del Valle de México (ZMVM), pero que en la provincia y el extranjero se asocia como la
“Ciudad de México”. Sin embargo, de los 20.1 millones de residentes que en 2010 aquí se
alojaban, menos de la mitad de la población reside en la capital del país (cuadro 3).
Cuadro 3. Zona Metropolitana del Valle de México – Población 1950-2010
Entidades
Población absoluta
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
Distrito Federal 3,050,442 4,870,876 6,874,165 8,831,079 8,235,744 8,605,239 8,851,043
59 Municipios
Estado de México
472,346 807,389 2,399,039 5,609,725 7,297,758 9,745,094 11,151,276
Tizayuca, Estado de
Hidalgo
5,096 6,037 8,703 16,454 30,293 46,344 97,461
ZMVM 3,527,884 5,684,302 9,281,907 14,457,258 15,563,795 18,396,677 20,099,780
Fuente: Elaboración propia con base a datos del INEGI.
84
Entre 1990 y 2010 el DF tuvo un crecimiento de 615 mil habitantes, pero la ZMVM
incrementó su población en 4.6 millones de personas, para pasar de 15.5 a 20.1 millones.
En ese mismo período:
• 8 Delegaciones que alojan las partes más antiguas de la ciudad registraron un
decrecimiento de 435,046 habitantes.
• 8 Delegaciones, que contienen suelo de conservación ecológico, que por ningún motivo
se debería urbanizar, registraron un incremento de 1,050,345 habitantes.
• Asimismo, en 2010 el 20.8% de la población total residía en Iztapalapa y el 13.68% en
Gustavo A. Madero. Así, el 34.48% de la población total se aloja 2 Delegaciones y en
sólo el 13.5% del territorio del DF.
Al iniciar el siglo XXI las principales tendencias de desarrollo urbano eran dos:
Despilfarro de la ciudad construida: El despoblamiento de las áreas urbanas centrales se
derivaba de varios factores: la expansión de las actividades terciarias en territorios con gran
accesibilidad, los cambios de uso del suelo (de vivienda a comercios, oficinas y bodegas),
el envejecimiento de la población, el deterioro físico, la ausencia de políticas habitacionales
y la oferta de vivienda en propiedad en áreas periféricas. El DF es una entidad expulsora de
población “pobre”: el INEGI (2010) registró que entre 2005 y 2010 un total de 127 mil
personas oriundas del Distrito Federal desplazaron su residencia al vecino Estado de
México para incrementar el número de 255 mil a 382 mil doscientos capitalinos que
cambiaron de residencia (INEGI, 2005 y 2010). Este éxodo de población está directamente
vinculado a la vivienda, pues el DF es una ciudad muy cara para su población, quien
encuentra en los municipios periféricos una oferta de vivienda en terrenos baratos accesible
a sus ingresos. No resulta ocioso mencionar que hasta la autoridad local, en materia de
desarrollo urbano y vivienda, asegura que cada año cien mil personas se desplazan de la
capital mexicana por los altos costos del suelo (La Jornada, 01/10/2013: 34).
La urbanización periférica salvaje: La expansión de la periferia metropolitana se deriva del
acceso a suelo barato y de la política habitacional del gobierno federal, que produjo una
85
urbanización voraz y expansiva con enormes conjuntos de miniviviendas. Esta política se
apoya en la descentralización de atribuciones a los municipios, la privatización de la
propiedad colectiva, la desregulación urbana y habitacional, y la mutación de los
organismos públicos de vivienda (de constructores a financiadores). Este modelo
habitacional generó una extensiva urbanización altamente segregada que obliga a sus
residentes a realizar grandes traslados para acceder al trabajo, los servicios y
equipamientos. Además el Estado neoliberal mexicano abdicó en su responsabilidad de
ordenar el territorio y el desarrollo urbano, y dejó esta tarea en manos del sector privado.
La revalorización y repoblamiento de las áreas urbanas centrales: Como se verá
enseguida, una de las tendencias de desarrollo urbano impulsadas desde el año 2000 ha sido
la revalorización de las Delegaciones centrales. Esta revalorización multidimensional (del
patrimonio, de los valores del suelo, de los costos de las viviendas, etcétera) de las áreas
centrales las ha encarecido complicando la permanencia de la población de bajos ingresos.
Este hecho es reconocido por autoridades, especialistas del desarrollo urbano y los medios
de comunicación. Así por ejemplo:
• Laura Gómez, encabezaba así una de sus notas periodísticas recientes: “Rentas caras
expulsaron a 1.7 millones de personas a la periferia en 30 año”. Aquí una especialista
en desarrollo urbano del Centro de Transporte Sustentable, decía que la ciudad de
México perdió 1.7 millones de habitantes en las tres últimas décadas y que muchos de
estos emigrantes invertían diariamente más de tres horas para volver a esta ciudad a
trabajar o consumir y usaban hasta el 30% de su ingreso en sus traslados (La Jornada,
16 de abril de 2015, página 2).
• El titular del Valle de México de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y
Promoción de Vivienda decía que la Ciudad de México se ha vuelto una ciudad elitista,
pues aquí sólo se construye vivienda para altos estratos socioeconómicos. Además, es
esta ciudad la vivienda recientemente se habría encarecido alrededor del 20% pero no
por los costos de construcción sino del suelo. Este inversionista justamente por ello
pugna por modificar la legislación y la norma urbana para densificar al máximo la
86
ciudad y con ello, dividir entre más beneficiarios los costos del suelo (La Jornada, 8 de
mayo de 2015, página 31).
• Una nota del diario Excélsior dice en mayo de 2015 que “Por vivienda cara, huyen a la
periferia” gruesos grupos de población, quienes construyen nuevos asentamientos
humanos irregulares (Excélsior, 22 de Mayo de 2015).
Políticas de desarrollo urbano intensivo
Desde el años 2000 los gobiernos del Distrito Federal han puesto un especial énfasis en
políticas de desarrollo urbano intensivo, que evite una innecesaria expansión urbana que
atente contra el medio ambiente por la pérdida de áreas naturales que contribuyen a
capturar agua de lluvia, a producir oxígeno y consumir dióxido de carbono. Se trata
asimismo, de evitar la expansión urbana y con ello de aminorar los traslados de la
población con el uso transporte privado y público que contribuye a la producción de
dióxido de carbono y otros contaminantes. Actualmente, bajo el eslogan de la ciudad
compacta, dinámica, policéntrica y equitativa el Gobierno del Distrito Federal habla de
recuperar el espacio público, redensificar las zonas urbanas con buena conexión de
transporte público y suficientes servicios; crear nuevas zonas de desarrollo económico y
social; regenerar, reciclar y dignificar los corredores urbanos, centros urbanos, centros de
barrio y el patrimonio urbano (Jefatura de Gobierno, 2013; SEDUVI, 2013).
Curiosamente , desde 2014 este también es el discurso del gobierno federal. Después de dos
sexenios de una urbanización salvaje, que fue conducida por la política habitacional que
buscaba combatir el déficit de vivienda y de patrimonio familiar (vivienda en régimen de
propiedad privada), el gobierno federal ahora promueve el desarrollo urbano “compacto”.
Esto es expresado desde el Plan Nacional de Desarrollo Urbano 2014 – 2018 (SEDATU,
2014) que entre sus objetivos menciona: 1. Controlar la expansión territorial de las áreas
urbanas, a través de la promoción y el reemplazo de vivienda al interior de los centros
urbanos existentes; y 2. Utilizar el suelo intraurbano disponible, densificar las
construcciones y adecuar y ampliar la infraestructura urbana. A esto también se ha sumado
87
la Cámara de Senadores con su estudio de un México compacto (Senado de la República et
al, 2014).
Así, en los últimos 15 años las políticas de desarrollo urbano intensivo o centrípeto o
crecimiento sobre la ciudad existente, apoyadas en la política habitacional y en la
promoción de grandes proyectos urbanos, han tenido una continuidad bajo distintos
nombres (Bando 2, Ciudad compacta) y con distintos énfasis secundarios (la vivienda, las
zonas de desarrollo, etcétera). En el siguiente cuadro número 4 identificamos las principales
políticas de desarrollo urbano desplegadas en los últimos quince años; y en el siguiente
apartado profundizamos en la política del Bando 2.
Cuadro 4. Políticas de desarrollo urbano intensivo 2000 - 2015
2000-2006 2007-2012 2012 – 2018
El Bando 2 Desarrollo urbano competitivo,
equitativo y sustentable
Ciudad compacta, dinámica,
policéntrica y equitativa.
Eje conductor: Política
habitacional.
Eje conductor: Desarrollos
inmobiliarios, (re)creación de
espacio público y construcción de
vivienda.
Eje conductor: Zonas de
Desarrollo Económico y Social
(ZODES): Ciudad de la Salud,
Ciudad Administrativa, Ciudad
del Futuro, etcétera
Objetivos: Repoblar la “Ciudad
central” y evitar la expansión
anárquica de la mancha urbana.
Objetivos: Redensificar toda la
ciudad y detener el crecimiento de
la mancha urbana.
Objetivos: Redensificar,
intensificar, reciclar y verticalizar
toda la ciudad; y proteger el
medio ambiente
Estrategias: Nuevos conjuntos
habitacionales, y mejoramiento y
ampliación de vivienda.
Ventanilla única para licencias y
trámites.
Estrategias: Fomentar el uso
intensivo en zonas que cuentan
con infraestructuras y servicios
suficientes
Aumentar los coeficientes de
ocupación y utilización del suelo
Estrategias: Áreas con potencial
de reciclamiento y capaces de
atraer población adicional.
Intensificación y diversificación
de usos del suelo en condiciones
de sustentabilidad y rentabilidad.
Programa de Vivienda en
conjunto en las Delegaciones
Centrales y Programa de
mejoramiento habitacional en
todo el suelo urbano del Distrito
Federal.
Programa de Vivienda en
conjunto y Programa de
mejoramiento habitacional en
todo el suelo urbano del Distrito
Federal.
Programa de Vivienda en
conjunto y Programa de
mejoramiento habitacional en
todo el suelo urbano del Distrito
Federal.
Programa Comunitario de
Mejoramiento Barrial.
Programa Comunitario de
Mejoramiento Barrial.
Programa de recuperación del
Espacio Público
Programa de recuperación del
Espacio Público y Parques de
bolsillo
Introducción del programa
EcoBici
Ampliación del programa EcoBici
Fuente: Elaboración propia.
88
En el contexto de tales políticas urbanas, ha habido una continuidad en los llamados
Grandes Proyectos Urbanos, que se han convertido en íconos de cada gobierno. Estos
megaproyectos, considerados así en función de su escala física y/o la dimensión de la
inversión público y/o privada incluyen: programas y proyectos de recuperación de centros y
barrios históricos, equipamientos culturales, educativos, de entretenimiento, salud, etcétera.
Cuadro 5. Principales megaproyectos urbanos que promueven los negocios privados
2000 - 2015
2000-2006 2007-2012 2012 – 2018
Programa de Rescate de (una
parte de) el Centro Histórico 2002
– 2006
Programa de Recuperación del
Centro Histórico, ampliación a
Garibaldi (Norte) y La Merced
(Oriente)
Programa de rescate del Centro
Histórico 2012 – 2018.
Programa de Rescate Integral de
La Merced en la Delegación
Venustiano Carranza.
Remozamiento del Paseo de la
Reforma (Corredores turísticos)
Construcción de los puentes de
Los Poetas, para la accesibilidad
de Santa Fe*
Construcción de la Supervía del
Poniente para la accesibilidad de
Santa Fe (vialidad de peaje).
Construcción de Segundos pisos
públicos
Construcción de Segundos pisos
de peaje
Metrobus línea 1 Metrobus líneas 2 – 4
Metrobus línea 5
Proyecto de Ferrocarril suburbano Ferrocarril suburbano
STC Metro línea 12 Reparación de la línea 12 del STC
Metro.
Construcción de la Plaza Mariana,
megaproyecto de la iglesia
católica financiado por Carlos
Slim
Impulso de las Zonas Especiales
de Desarrollo Económico y Social
Construcción de la Arena México
Construcción de Mitikah Ciudad
Progresiva
Continuación de Mitikah Ciudad
Progresiva
Cambios de uso del suelo para el
“Nuevo Polanco”
Construcción del “Nuevo
Polanco” y de alrededor de 20
megaproyectos.
Construcción del “Nuevo
Polanco” y de alrededor de 35
megaproyectos.
Notas: * Obra realizada a través de un Sistema de Actuación por Cooperación, en el que el sector privado
asume los costos de la obra y el gobierno local en permuta otorgó un terreno de 38.7 hectáreas (SEDUVI,
2006: 16). El predio se encuentra en Santa Fe y la permuta fue calificada como un “negociazo” porque con
esa vialidad el predio recibido se revalorizó (La Crónica 18/10/2004 y La Crónica 12/12/2003).
Otros proyectos, hasta ahora no realizados pero promovidos desde 2006 son: el Acuario
Nacional en la zona de chinampas de Xochimilco, la Ciudad del Conocimiento en Tlalpan,
el edificio del Bicentenario de la Independencia, y el Foro Estadio en Azcapotzalco. Vale
agregar que varios de estos megaproyectos habían sido promovidos desde principios de la
89
década de 1990, cuando la ciudad era administrada por el presidente del país. Entonces
dichos proyectos no pudieron realizarse por la crisis económica o por la oposición de los
movimientos sociales. Los intelectuales y militantes de izquierda consideraban que esos
proyectos privatizaban el espacio público y contribuían a incrementar la segregación social
en la ciudad. Curiosamente esos proyectos ahora son realizados o vueltos a promover por
personajes y funcionarios de un partido político de “izquierda”, que en la década de 1990
fueron funcionarios federales y miembros del Partido Revolucionario Institucional. Ahora
que paradójicamente estos mismos megaproyectos se realizan, con los mismos personajes
pero desde la “izquierda”, las críticas públicas son puntuales y escasas.
Para mostrar la dimensión de estos megaproyectos realizados recientemente en la Ciudad
de México, algunos colegas recurren a incluir datos de (algunas) inversiones recientes del
magnate mexicano, quien a través de distintos medios (a veces) publica la diversidad y
dimensión de sus inversiones en la capital mexicana. Así por ejemplo, Real State Market &
Lifestyle 90 (2013) da cuenta de una inversión de casi 225 millones de pesos realizada entre
1986 y 2013 en once diversas plazas comerciales, proyectos habitacionales y oficinas28.
Nuestras críticas a estos colegas es que es difícil sumar los pesos de las inversiones de 1986
con los pesos de 2013, porque esos pesos valen de manera muy diferente. Otros autores
(Delgadillo, 2011) han dado cuenta que de los 63 inmuebles que el magnate mexicano
adquirió en el Centro Histórico, entre 2002 y 2004, en la compra de 31 inmuebles invirtió
375.2 millones de pesos.
Sin embargo, estas inversiones no se comparan con las que se realizan para la construcción
de las grandes vialidades: la construcción de 52 Kilómetros de vialidades de peaje
concesionadas al sector privado por un período de 30 años implicó una inversión de 15 mil
millones de pesos (9 mil privados y 6 mil públicos). El “segundo piso” del Periférico Norte,
entre Cuatro Caminos y San Antonio, se concesionó a la empresa española Obrascón
Huarte Lain (OHL) que en mayo de 2015 es sujeto de escándalos de corrupción por sus
obras en el Estado de México; el “segundo piso” del Periférico Sur, entre San Jerónimo y
28 Plazas comerciales Inbursa, Loreto, Carso, Capuchinas, El Rosario y Bordo Xochiaca; proyectos
habitacionales Hotel Bamer y un inmueble en el barrio chino; y tres edificios de oficinas.
90
Muyuguarda, se concesionó a las empresas Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) y dos
empresas del Ing. Slim (ICA y Carso); y el “segundo piso” del Periférico Oriente, entre
Muyuguarda y Zaragoza, hasta ahora no construido, se concesionó a Cementos Mexicanos
(CEMEX). Por su parte, la Supervía Poniente se otorgó a Copri – OHL (Delgadillo, 2014a).
La Ciudad de México se ha convertido en una ciudad muy interesante para la inversión
inmobiliaria nacional y trasnacional. Así, de acuerdo a La Guía Inmobiliaria de México
(Real Estate Market & Lifestyle, 2014) en noviembre de 2014 en la capital mexicana había
37 mega desarrollos inmobiliarios con 6.5 millones de metros cuadrados construidos:
• 10 eran desarrollos de edificios de corporativos trasnacionales: 17 proyectos con usos
mixtos, un mega proyecto era únicamente residencial y 8 megaproyectos de servicios y
comercios.
• Entre los inversionistas más importantes destacaban: Carso en el “Nuevo Polanco”
(Carlos Slim, con la inversión más grande en monto y dimensión de metros cuadrados
construidos), Mexico Retail Properties (5 proyectos), Fibra Uno (2), IdeUrban, Abilia,
Artha Capital, DANHOS, E Group, ICA, Reichmann y Sordo Madaleno (con 2
megaproyectos cada uno).
• Entre los proyectos físicamente más grandes estaban: “Nuevo Polanco” (Ciudad Slim),
Picacho LifeStyle Center, Vía Vallejo, Espacio Condesa, BBVA Torre Ejecutiva,
Mitikah Ciudad Progresiva, Torre Diana, etcétera.
Estos proyectos en curso y otros ya construidos representan beneficios, costos y desventajas
diversos para los distintos actores económicos, políticos y sociales: las inversiones crean
empleos (generalmente temporales y de bajo salario), contribuyen a la generación de una
riqueza que no se redistribuye en la ciudad y la gente, y generan múltiples descontentos
sociales. Además, la mayor parte de estos megaproyectos no estaban contemplados en la
planeación urbana y en las normas de uso e intensidad de construcción, pero se realizan a
toda costa con la anuencia del gobierno local.
No resulta ocioso comentar el discurso hiper optimista de los desarrolladores inmobiliarios
en el país. Así, en el número 100 de La Guía Inmobiliaria de México (Real Estate Market
91
& Lifestyle, 2015) festeja los cien íconos inmobiliarios en el país (que mayoritariamente se
alojan en la Ciudad de México) con adjetivos como: futuro brillante, solidez en el tiempo,
estrategia de los visionarios, imán de inversiones turísticas, las mejores alternativas de
inversión, etcétera.
En conjunto, puede afirmarse que los gobiernos de “izquierda” han venido impulsando una
política pública que privilegia los negocios inmobiliarios en selectas áreas urbanas
rentables, a nombre de la competitividad y la creación de empleos. Los recientes lemas de
desarrollo urbano del gobierno local son elocuentes: El gobierno de Ebrard (2006 – 2012)
hablaba de un desarrollo urbano competitivo, sustentable y equitativo; y el gobierno de
Mancera (2012 – 2018) habla de la ciudad compacta. Enseguida comentamos algunas de
estas políticas y proyectos recientes, pero antes de ello conviene recordar que las áreas
urbanas centrales, igual que el Centro Histórico, no son áreas urbanas homogéneas ni en
términos funcionales ni socioeconómicos. Al contrario, éstas áreas urbanas se caracterizan
por una gran diversidad de actores sociales, económicos y políticos; diversas funciones
(vivienda, comercio, servicios, público, privada); diversos procesos urbanos (decadencia,
reinversión, modernización); despoblamiento, repoblamiento, terciarización; tugurización,
gentrificación; diversos grados de segregación socioespacial; etcétera. Además, estas
diferencias y heterogeneidad han sido fortalecidas por las políticas públicas, las inversiones
privadas y las resistencias sociales.
Una política restrictiva de desarrollo urbano, el Bando 2
En Diciembre del año 2000 el Gobierno del Distrito Federal, comandado por el Lic. Andrés
Manuel López Obrador, publicó el Bando 2 para impulsar el crecimiento habitacional, que
tuvo vigencia hasta diciembre de 2006. Se trata de una pragmática política urbana y
habitacional que limitaba la construcción de conjuntos habitacionales de más de 35
viviendas a las 4 Delegaciones centrales; y tenía por objetivo repoblar las 4 Delegaciones
centrales que en 30 años perdieron 1.2 millones de habitantes; aprovechar la infraestructura
y servicios “subutilizados” de la ciudad central; evitar la expansión urbana a costa de la
pérdida de suelo de conservación ecológico; y privilegiar la construcción de vivienda para
92
población “humilde” (en un suelo que fue encarecido por esa política restrictiva). La titular
de la SEDUVI decía que se trataba de “Llevar adelante un modelo territorial sustentable
con el fin de aprovechar la inversión histórica del espacio construido y revertir las
tendencias negativas del crecimiento expansivo hacia suelo no apto” (Castillo, 2005).
Los desarrolladores inmobiliarios en principio se opusieron a esa política, pero pronto
descubrieron las grandes ventajas que tuvo para ellos construir vivienda en las áreas
urbanas más accesibles de la ciudad. En la “Ciudad central”, en ese período, se
construyeron 33,497 viviendas, la mayor parte de ellas las realizó el sector privado
(SEDUVI, 2006). Las estadísticas oficiales recientes muestran algunos de los efectos de
esta política:
• La pérdida de población se aminoró entre 2000 y 2005 y se revirtió entre 2005 y 2010.
• Paradójicamente, las ocho Delegaciones que presentan suelo de conservación
ecológico, tuvieron en la última década un incremento poblacional de 339,912
habitantes y 206,238 viviendas.
• El proceso de pérdida de vivienda que la “Ciudad central” presentaba en la última
década del siglo XX se revirtió totalmente en el transcurso de la primera década del
siglo XXI, con un saldo favorable de 66,739 viviendas.
El Bando 2 no previó la creación de reservas territoriales para la edificación de vivienda
social, obligó a los constructores privados a edificar vivienda sólo en las cuatro
Delegaciones centrales y puso a competir por el escaso suelo a empresarios de la
construcción con la población residente de bajos ingresos y el organismo público de
vivienda. Esto triplicó los precios del suelo: en 2000 el precio promedio de la vivienda
social era de 600 mil pesos y en 2008 era de más de dos millones de pesos (Benlliure,
2008). En este contexto, la población derechohabiente del Instituto del Fondo Nacional de
Vivienda para los Trabajadores en el DF satisface su necesidad de vivienda en los
municipios vecinos, donde el suelo es más barato: De acuerdo a Morteo (2005), el 75% de
los créditos otorgados por ese instituto a sus derechohabientes en el DF se ejerció en el
Estado de México. En este contexto, selectas colonias del sur y del poniente se pusieron de
93
moda o reforzaron su reputación o pedigrí entre la población joven y han sido el objetivo de
desarrolladores inmobiliarios para la construcción de lofts y pequeños departamentos
(Roma, Condesa, Hipódromo Condesa, Del Valle, Narvarte, Polanco, etcétera). Mientras
que colonias y territorios del oriente y del norte han funcionado como reserva de suelo para
la producción de vivienda social, tanto la que construye el sector privado como el sector
público a través del Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
Una política selectiva de recuperación del espacio público
En la última década el tema del Espacio Público emergió con gran fuerza, se ha convertido
en una “moda urbana” en varias ciudades y se han creado instituciones específicas para
ello. Sin embargo, el espacio público es un concepto polisémico que se usa para hablar de
muchas cosas con distintos significados y dimensiones. Los urbanistas lo asocian a la plaza,
la calle y los parques y jardines abiertos; y los arquitectos lo conciben como lugares
abiertos. En una definición más amplia del concepto, Rabotnikof (2010) define el espacio
público por tres criterios y principios básicos: 1. Lo que es general, de utilidad o de interés
común para todos (una comunidad o colectivo), 2. Lo que se hace y desarrolla a la luz del
día, lo manifiesto, lo visible, lo publicable y lo ostensible, y 3. Lo que es de uso común, lo
que está abierto y es accesible y distribuible para todos; lo apropiado por todos pero no
privatizado por nadie en beneficio personal. En esta amplia definición los espacios públicos
físicos (calles, plazas, parques, paseos, equipamientos, áreas verdes, etcétera) tienen una
connotación política (por ser de interés general y común a la ciudad y a los ciudadanos) y
poseen una dimensión sociocultural y otra física, por ser lugares de encuentro que se
definen por ser abiertos y accesibles para todos. Aquí, el espacio público es un espacio de
libertad e incluyente, un bien público que favorece la interacción y la identificación social,
y las prácticas comunitarias y sociales. Se trata de espacios altamente democráticos con
muchas virtudes: no excluyen a la diversidad de la población por ningún motivo; son
lugares accesibles y abiertos donde caben todos; permiten usos múltiples y diferenciados
para desarrollar actividades individuales y colectivas; y atraen a la gente. En una visión
muy diferente, Delgado (2011) describe la actual concepción del espacio público como una
ideología y una moda propia de los planificadores urbanos y gobiernos locales, quienes
94
conciben al espacio público como un espacio vacío que sirve a las construcciones y a los
negocios que lo rodea, y que se “llena” de modo adecuado para los objetivos de los
inversionistas y los gobiernos. Es decir, el espacio público sirve para la reapropiación
capitalista de la ciudad. Para Delgado (2010) bajo el discurso de que el espacio público es
para la ciudadanía y “para todos”, por lo que nadie se lo puede apropiar, se excluye y
desplaza los comportamientos considerados inapropiados de las clases bajas: vendedores
ambulantes, indigentes, inmigrantes, prostitutas, sospechosos, etcétera.
En 2008 se creó la Autoridad del Espacio Público en la Ciudad de México como un órgano
desconcentrado de la Administración Pública dependiente de la Jefatura de Gobierno y
después, en 2010, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del
Distrito Federal (SEDUVI), con el propósito de: 1. Crear, rehabilitar, recuperar y mantener
el espacio público (plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques urbanos,
parques públicos, etcétera) para desarrollar actividades recreativas, culturales y de salud al
aire libre para los habitantes de la ciudad; y 2. Promover las condiciones económicas que
incentiven la inversión productiva y fomenten la creación de empleo. Esta Autoridad
gestiona, planifica, diseña, norma, supervisa y realiza proyectos urbanos y acciones de
mejoramiento y restauración de espacios públicos, bosques y equipamiento urbano. Entre
2008 y 2012 esta Autoridad realizó 19 proyectos29 (AEP, 2012), casi todos en el Centro
Histórico y todos en la llamada “Ciudad central”30, entre los que destacan:
• El remozamiento de la Plaza de la República, la restauración del Monumento y Museo
de la Revolución, con la inclusión de un controvertido ascensor ubicado bajo la gran
cúpula del monumento.
• En el Centro Histórico: el conjunto de la Plaza Garibaldi (con el Museo del Tequila y
del Mezcal, el Mercado San Camilito y la Academia del Mariachi); el Corredor
peatonal Madero; y el remozamiento de la Alameda Central, las Avenidas Juárez y Pino
Suarez, y la Plaza Tlaxcoaque.
29 Conviene reconocer que desde mucho antes se han realizado proyectos de mejoramiento del espacio
público en calles, barrios y centros históricos, como por ejemplo, diversas obras en el Centro Histórico o la
recuperación del Paseo de la Reforma en la Ciudad de México entre 2000 y 2006. 30 La “Ciudad Central” es definida por un territorio ubicado al interior del “Circuito Interior”, una vialidad
que rodeaba la mayor parte de la ciudad existente en 1940.
95
• En otros territorios centrales: El remozamiento de la Alameda de Santa María la Ribera;
la calle Florencia en la Zona Rosa; una rampa peatonal en el Parque Hundido, derivado
de un conflicto por la privatización de esa parte del parque (como se comentará en el
siguiente apartado); la plaza Gómez Farías en Mixcoac; un parque lineal en “Nuevo
Polanco”, a un lado de las grandes inversiones de Carlos Slim; el remozamiento de la
basílica de Guadalupe, donde también hay una fuerte inversión del Ing. Slim; y el
Parque de la Amistad México-Azerbaiyán en Paseo de la Reforma.
Esta Autoridad tiene también a su cargo el “rescate” de los “Bajo puentes” (con
iluminación, cámaras de video seguridad y pintura antigrafiti) y la instalación (pero no la
operación) de parquímetros en algunas colonias centrales de clase media y alta (Polanco,
Lomas, Anzures, Roma e Hipódromo, Coyoacán). Más recientemente, desde 2013, esta
Autoridad impulsa la creación de los llamados “Parques públicos de bolsillo” (AEP –
SEDUVI, 2013). Se trata de intervenciones consideradas de pequeña escala pero con “alto
impacto” urbano, que consisten en la transformación de espacios remanentes en áreas de
encuentro público que ofrecen espacios arbolados, bancas, sombrillas, diverso mobiliario
urbano y pisos de colores llamativos31. Esta política pública prevé crear o intervenir 150
espacios (remanentes de vialidades, baldíos, intersecciones viales y calles en desuso)
menores a 400 metros cuadrados en las 16 delegaciones.
Sin embargo, la mayor parte de los parques de bolsillo realizados se concentran en la
“Ciudad central”: uno en el Centro Histórico (Plaza de la Constitución) que ilustra la
portada de este libro, otro en el centro de Coyoacán y las colonias Condesa, Tepito,
Tacubaya y San Miguel Chapultepec, respectivamente. La excepción la brinda la
Delegación Azcapotzalco con dos Parques de Bolsillo en las colonias El Rosario y Del
Recreo.
Una conclusión evidente es que la política del espacio público privilegia el centro de la
ciudad y particularmente el Centro Histórico. Se trata de una distribución desigual de los
31 Este programa se parece a una política desarrollada en Río de Janeiro en la década de 1990 que se llamó
Río Cidade, O urbanismo de volta nas ciudades.
96
espacios públicos, en términos geográficos y sociales, que concentra la (re)creación de
estos espacios físicos en un pequeño territorio y condena al abandono a las periferias
urbanas. Esto, refuerza la histórica segregación socioespacial de la capital mexicana y
contribuye a la fragmentación del tejido urbano.
Las políticas públicas sobre la recuperación del Centro Histórico y la (re)creación del
espacio público no han estado exentas de diversos conflictos sociales, derivados de la
apropiación desigual del patrimonio urbano y del espacio público con distintos propósitos:
negocios privados (inmobiliarios, comerciales, de servicios, etcétera), el comercio
ambulante, etcétera. Más adelante nos referiremos a algunos de los conflictos recientes más
relevantes ocurridos en las áreas de conservación patrimonial.
97
TERCERA PARTE: LA DISPUTA POR EL PATRIMONIO URBANO EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
6. POLÍTICAS SELECTIVAS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO
URBANO Y CONFLICTOS POR LA HERENCIA COLECTIVA
Las políticas del Gobierno del Distrito Federal para la recuperación del patrimonio urbano
se han centrado casi exclusivamente en el Centro Histórico y de manera mucho más puntual
en algunos territorios altamente significativos para la Ciudad de México: una parte de las
chinampas de Xochimilco, los centros históricos de Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco; el
Paseo de la Reforma; el bosque de Chapultepec; la Basílica de Guadalupe; San Ángel;
Ciudad Universitaria; la Colonia Condesa; y la Ruta de la Amistad. Es decir, la política
pública de conservación del patrimonio urbano se ha ocupado de doce de 180 sitios
patrimoniales oficialmente reconocidos como tales.
También podríamos mencionar otras acciones muy limitadas realizadas en algunas partes
de las áreas de conservación patrimonial (plazas, parques y fachadas), a través del
Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial en: Azcapotzalco (San Miguel Amantla);
Coyoacán (barrios La Candelaria, los Reyes, San Pedro Tepetlapa, Cuadrante San
Francisco y San Francisco Culhuacán); Iztacalco (Pueblo de Iztacalco), Iztapalapa (Cerro
de la Estrella y Culhuacán), Magdalena Contreras (San Nicolás Totoloapan), Milpa Alta
(San Pablo Oztotepec, San Antonio Tecomitl y Villa Milpa Alta); Tlalpan (Topilejo y San
Andrés Totoltepec); Tláhuac (Mixquic y San Juan Ixtayopan); y Xochimilco (Acalpixca,
Atlapulco, Xalpa y Tlaxialtemalco).
Así, no hay punto de comparación entre los millonarios recursos públicos invertidos en la
recuperación del Centro Histórico de la Ciudad de México y los marginales recursos
públicos otorgados en el remozamiento de otras áreas de conservación patrimonial (a veces
sólo para pintar fachadas). Enseguida comentamos algunos de los programas públicos
puntuales realizados en áreas de conservación patrimonial, antes de analizar los cíclicos
programas de “rescate” del Centro Histórico de la Ciudad de México.
98
Centro Histórico de Xochimilco
Xochimilco es el nombre de un antiguo pueblo, de una Delegación y de un territorio que
aloja un complejo ecosistema cultural y natural, donde aún persiste una ancestral
agricultura lacustre de origen prehispánico. Este paisaje cultural constituido por
chinampas32 y pueblos logró mantenerse hasta la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo,
hace décadas que el centro de Xochimilco dejó de ser un pueblo chinampero para
convertirse en una centralidad urbana regional. Aquí, muchas chinampas ya no se cultivan
y ya casi no hay campesinos que quieran dedicarse a la agricultura lacustre. Al mismo
tiempo, este paisaje cultural se convirtió en un sitio de recreo (sobre todo los fines de
semana) muy querido para los mexicanos y muchos turistas.
El patrimonio cultural de Xochimilco fue reconocido en 1936 bajo la figura de Zona Típica
y Pintoresca. En 1986 se decretó la Zona de Monumentos Históricos de las Delegaciones
de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta (8,965 hectáreas y 698 manzanas) y en 1987 fue
declarado, junto con el (Perímetro A del) Centro Histórico de la Ciudad de México,
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. El patrimonio histórico más
importante de Xochimilco lo representan sus chinampas, mismas que dieron origen a un
asentamiento humano peculiar que combina la traza urbana reticular, característica de la
colonia, con otra accidentada y sinuosa producto de su desarrollo y crecimiento, informal o
no planificado, fuertemente condicionado por canales de agua, varios de ellos ya desecados
y convertidos en vialidades peatonales y vehiculares, callejones y pasos. Además de ello,
permanecen varios testimonios de los siglos XVI al XX reconocidos por el INAH como
monumentos históricos, como el Convento de San Bernardino y un conjunto de iglesias
dispersas que a su vez estructuran los diferentes barrios y pueblos.
Este territorio padece una compleja problemática que se deriva de las desiguales relaciones
que ha mantenido con la Ciudad de México, del impacto de la urbanización, de la miseria
de la actividad agrícola, de las funciones de recreo (particularmente los fines de semana) y
32 Islas artificiales construidas sobre un lago de poca profundidad que permiten cosechar todo el año por su
contacto directo con el agua.
99
de las funciones de centralidad que la zona desempeña en escala local y regional: en el
centro histórico, bien cerca de los embarcaderos, se encuentran las oficinas del gobierno
local, el mercado, la antigua iglesia de San Bernardino y un rico sistema de espacios
públicos. Es decir, aquí se encuentra la centralidad pública, comercial, cívica y religiosa.
La relación desigual de Xochimilco con la Ciudad de México se remonta a fines del siglo
XIX, cuando la autoridad construyó un acueducto que canaliza el agua de los manantiales
xochimilcas a la Ciudad de México. Esta relación empeoró en la década de 1950, cuando
los canales de agua se llenaron con aguas recicladas para destinar toda el agua potable para
el consumo de la ciudad. Con ello, las actividades agrícolas perdieron productividad. A
partir de la década de 1960, con la extensión del Anillo Periférico, se aceleró el proceso de
urbanización hasta culminar con la conurbación de los pueblos lacustres con la Ciudad de
México. En este contexto, varias chinampas y canales de agua se convirtieron en vialidades
y áreas habitacionales. El impacto de la urbanización no es sólo físico: en 2005 sólo el 3%
de la población se dedicaba a la agricultura y el 95% de las chinampas del centro de
Xochimilco estaban abandonadas y algunas han sido urbanizadas.
Las políticas públicas de las tres últimas décadas, lejos de atender la problemática rural y
urbana de la zona, han intentado explotar la riqueza y peculiaridad del paisaje lacustre para
realizar megaproyectos:
• Entre 1989 y 1994 el Departamento del Distrito Federal promovió el Programa de
Rescate Ecológico de Xochimilco, que tenía propósitos turísticos, recreativos,
deportivos y comerciales, e incluía: un lago artificial de 360 Has, el incremento de la
densidad constructiva sobre el Periférico y dos lagunas de regulación. Este
megaproyecto no se realizó completamente gracias a la movilización de los comuneros
y campesinos.
• Entre 2000 y 2006 la Secretaría de Turismo local amplió el servicio del Turibús hasta
Xochimilco y creó una sede de información en una de las chinampas, debajo de una
línea de alta tensión.
100
• Entre 2006 y 2012 el gobierno de Marcelo Ebrard pretendió, sin éxito, construir un
Acuario Nacional para “rescatar” la zona.
Asimismo, entre 2003 y 2006 se realizó un programa de rescate del Centro Histórico de
Xochimilco que incluyó: el remozamiento de la ex sede del gobierno local, partes del
Convento de San Bernardino y algunos espacios públicos; una plaza comercial para
reubicar a 500 comerciantes ambulantes; la ampliación del mercado de flores; y la
“recuperación” de algunas chinampas en la zona turística, que consistió en reforzar las
estacas que articulan la chinampa a la tierra, vale añadir que estas acciones se hicieron en la
parte que casi ya no se cultiva, como si de lo que se tratara es de construir un parque
temático.
Por otra parte, entre 1990 y 2010 el Centro Histórico incrementó tanto su población como
la vivienda en 7 mil 349 habitantes y casi 4 mil 700 viviendas. Lo que no es tanto
comparado con una Delegación que en ese mismo período creció en casi 144 mil habitantes
y 50 mil viviendas. Así, el centro histórico de Xochimilco en 2010 aloja alrededor del 12%
de la población total y de la vivienda.
Centro Histórico de Coyoacán
La Villa de Coyoacán fue fundada por los conquistadores españoles en el siglo XVI, en un
lugar densamente habitado por indígenas. Durante el siglo XX, Coyoacán experimentó una
enorme transformación, la antigua Villa con su entorno rural fue alcanzada y absorbida por
el crecimiento urbano de la Ciudad de México. En este proceso de conurbación Coyoacán
dejó de ser una tranquila periferia rural para desempeñar funciones urbanas centrales en
escala metropolitana, derivadas de su accesibilidad, ubicación estratégica, servicios y
equipamientos regionales de cultura y educación, y por su enorme legado cultural. En los
barrios de Santa Catarina, La Concepción y Del Carmen, las tensiones y los conflictos
sociales se derivan de las funciones de centralidad metropolitana y de ser barrios habitados
y vivos. Estas tensiones se incrementan debido a las crecientes presiones turísticas
experimentadas en los últimos años.
101
El rico patrimonio urbano de Coyoacán fue reconocido en diciembre de 1990 por el
gobierno federal bajo la figura de Zona de Monumentos Históricos. En este centro histórico
se observan similares tendencias de terciarización y despoblamiento como en otros centros
históricos latinoamericanos. Coyoacán pierde población y concentra cada vez a más adultos
mayores: el 15.5% de la población es mayor de 65 años y en veinte años se perdieron 6,807
habitantes (el 25% de la población de 1990). Estas tendencias indican dos procesos: éxodo
de la población (fundamentalmente joven) hacia otras zonas urbanas y desplazamiento de la
función habitacional por usos más rentables, como comercios, oficinas y otro tipo de
servicios. Aquí, los procesos de terciarización, servialización y turistificación están
estrechamente vinculados al consumo de los bienes y servicios culturales y al rico
patrimonio urbano de la zona.
En esta zona se han incrementado los procesos de cambio de uso del suelo: la función
habitacional sucumbe a las actividades más rentables como oficinas, servicios
gastronómicos, una oferta de alojamiento informal (del tipo petit hotel y hotel boutique)33,
y otros negocios privados que justamente se proponen aprovechar la derrama económica
que implica la población flotante usuaria y los turistas locales e internacionales. Aquí, las
presiones terciarias rebasan a la administración pública, de ello dan cuenta los cambios
informales a los usos del suelo: en 12 años se perdió el 10% del uso habitacional en los
predios del Centro de Coyoacán y 14 inmuebles catalogados por su valor histórico han sido
destruidos o sustancialmente modificados (Delgadillo, 2013b). Ramírez Kuri (2010) ha
dado cuenta de una gran diversidad de conflictos en la disputa por el centro de Coyoacán: la
defensa de una calidad de vida perdida por la transformación física del lugar, los cíclicos
proyectos de remozamiento urbano, la pérdida de diversidad social (con la llegada de
nuevos habitantes de mayores ingresos), la irrupción del turismo, la multiplicación de
oficinas en antiguas casas unifamiliares, la proliferación de bares con música estridente a
altas horas de la noche en el (epi)centro de Coyoacán, el comercio en la vía pública, la
saturación de autos y estacionamientos, y la expansión de bares y restaurantes, etcétera.
33 En una investigación en internet realizada en marzo de 2013 y corroborada con llamadas telefónicas, no fue
difícil encontrar la oferta (irregular) de doce tipos de alojamiento para turistas, del tipo petit hotel, hotel
boutique y Bed & Brakfast.
102
Una de las medidas para el rescate del Centro Histórico de Coyoacán fue reubicar el
comercio informal que disputaba el uso público del Jardín Centenario y la Plaza Hidalgo.
La reubicación ocurrió finalmente en 2009, a través de un largo proceso de negociaciones
que se remonta a 1997 y abarca a cuatro administraciones delegacionales. La liberación y
recuperación del espacio público central y la reubicación final de los vendedores informales
en una plaza comercial céntrica y accesible, el Bazar Artesanal Mexicano, se realizó en el
marco del programa de “Rescate Integral del Centro Histórico” que abarcó el remozamiento
de ambos espacios públicos. En marzo de 2008 fueron desalojados alrededor de 500
vendedores para realizar los trabajos de sustitución de pavimentos e infraestructura,
mejoramiento de jardines, cableado subterráneo y sustitución de mobiliario urbano. El
bazar con los ambulantes reubicados y formalizados se inauguró en agosto de 2009.
Imagen 5: Díptico sobre el Centro Histórico de Coyoacán “rescatado”
Fuente: Foto del Autor
Otro conflicto, aparentemente sui generis, que cuesta trabajo explicar en el extranjero, es la
oposición de la comunidad de clase media alta del barrio de Santa Catarina contra la
instalación de una librería. Se trata de la construcción del Centro Cultural Elena Garro, del
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA). Este proyecto se hizo en un
inmueble de principios del siglo XX, catalogado como Monumento Artístico, ubicado en la
calle Fernández Leal número 43. En 2009 el CONACULTA eligió ese inmueble en el
centro de Coyoacán por ser la zona de la ciudad más exitosa para la venta de libros, por los
103
altos niveles educativos de la población residente y por la gran concentración de centros
culturales y librerías. En Coyoacán existen 59 librerías, 24 teatros, 21 museos, 15 centros
culturales, 7 galerías, 20 bibliotecas y 15 universidades (Proceso 1765, 29 de agosto de
2010: 78 – 82). El conflicto se deriva de la instalación de un equipamiento cultural en un
barrio donde sólo se permite el uso habitacional, en la realización de una obra que no
contaba con las autorizaciones respectivas, en la destrucción del patrimonio edificado (sólo
se mantuvo la fachada de un edificio de principios del siglo XX), en la instalación de una
librería en un territorio donde sobran librerías, en la introducción de una arquitectura
ostentosa que rompe con el paisaje urbano histórico, en la propuesta de utilizar el sistema
de valet parking (es decir, la calle) en una calle que no cuenta con estacionamientos
suficientes para sus visitantes y residentes. Por su parte, el CONACULTA decía que el
proyecto cuidadosamente realizado estaba en regla y que la barda demolida no era original.
La percepción de un número considerable de vecinos es que este Centro Cultural irrumpe
negativamente en el barrio por el flujo de visitantes y automóviles que llegan, lo que satura
su transitada calle. Aquí, los vecinos opositores (entre quienes se encuentra abogados,
arquitectos y urbanistas) ganaron juicios y amparos contra la realización de una obra que
casi clandestinamente fue inaugurada y hoy día funciona plenamente.
EL (CÍCLICO) RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
La Zona de Monumentos Históricos del Centro Histórico de la Ciudad de México fue
creada por decreto presidencial el 30/04/1980 con 9.1 Kilómetros cuadrados de extensión
en dos perímetros, lo que abarca 668 manzanas y 9,263 predios. Se trata de la mayor
concentración de monumentos históricos del país y de la principal centralidad urbana e
escala metropolitana, gracias a su gran accesibilidad y a las funciones que desempeña: sede
de los gobiernos nacional y local, comercio especializado, servicios urbanos y
equipamientos regionales, metropolitanos y nacionales. Este territorio, que hacia mediados
del siglo XIX constituía toda la ciudad, históricamente se ha caracterizado por ser escenario
de fuertes contrastes: 1. Los barrios del norte y del oriente habitados por familias de bajos
ingresos, presentan una gran actividad comercial formal e informal, así como un acusado
104
deterioro físico, a pesar de que allí se reconstruyeron más de 13 mil viviendas después de
los sismos de 1985. Hasta 2007 no llegaban allí los programas de recuperación del
patrimonio edificado. 2. La zona centro y los barrios del sur y poniente se encuentran en
mejores condiciones, varios inmuebles han sido restaurados, las plantas bajas se encuentran
ocupadas por bancos, oficinas, comercios y museos para clientes de medianos ingresos,
pero hay varias plantas altas vacías o subutilizadas. Se trata de la zona más visitada por los
turistas, la más despoblada al iniciar el siglo XXI, donde el inversionista más rico del país
realiza sus inversiones y donde jóvenes de mayores ingresos han llegado a residir.
Las diferencias socioeconómicas del Centro Histórico son muy fuertes: en 200034 el 52%
de la población residente percibía ingresos de hasta 2 veces el salario mínimo y desde 2002
el inversionista más rico del país, Ing. Carlos Slim, inició su proyecto de recuperación de la
zona surponiente del centro histórico con la compra de seis decenas de inmuebles para
destinarlos a distintas actividades. Entonces, en el mismo centro histórico la riqueza
extrema y la pobreza aguda coexisten, y cada territorio especializado en un tipo de hábitat y
de población evoluciona en sentido contrario.
En ningún otro sitio con valor patrimonial, como en el Centro Histórico, se han creado ex
profeso tantas instituciones (públicas, privadas o público privadas) para la “recuperación”
del patrimonio edilicio: Consejo del Centro Histórico (1980), Patronato del Centro
Histórico (1991), Fideicomiso Centro Histórico (creado en 1991 como entidad público
privada y estatizado en 2001), Comisión Especial del Centro Histórico de la Ciudad de
México del Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal (1984), Consejo
Consultivo para el Rescate del Centro Histórico (2002), Fundación del Centro Histórico
(2002), Inmobiliaria Centro Histórico de la Ciudad de México SA de CV (2002) (estas dos
últimas propiedad del Ing. Slim), Autoridad del Centro Histórico (2007), Intendencia del
Centro Histórico (2008). A ello podemos sumar el Consejo Consultivo para el Rescate
Integral de la Merced (2013), barrio del oriente del casco antiguo. En efecto, desde 1967 ya
tenemos ocho generaciones de programas de “rescate” del centro histórico:
34 El Censo de 2010 no incluye datos de los ingresos de la población.
105
• 1967: Programa de Remodelación urbana de los centros cívicos de la ciudad de
México. Este programa remozó seis plazas públicas, entendidas como elementos
estructuradores de los barrios, para esperar a los turistas que vendrían a las Olimpiadas
de 1968 (Artes de México, 1968).
• 1972: Programa de Remodelación del antiguo centro comercial de la ciudad de México
(delimitado por el Zócalo, el Eje Central y las avenidas Venustiano Carranza y
Donceles). Se remozaron fachadas, se peatonalizaron dos calles (Gante y Motolinía) y
se sustituyeron pavimentos, mobiliario urbano y alumbrado público.
• 1976 – 1982: se delimitó la Zona de Monumentos Históricos del Centro Histórico, se
elaboró un Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico y se realizó el
Proyecto de Restauración del Centro Histórico (Ortiz Lajous, 1982) que incluyó: la
apertura del Templo Mayor; la Construcción del Palacio Legislativo de San Lázaro, la
Terminal de Autobuses del Poniente35 y el Museo del Templo Mayor; se reconstruyeron
dos Acequias “prehispánicas y coloniales” (que ahora ya no existen) y se remozaron
algunos atrios, plazas y fachadas en las calles de Corregidora y Moneda.
• 1982 – 1988: se incluyó el Perímetro A del Centro Histórico de la Ciudad de México en
la prestigiada lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Se rehabilitaron
102 edificios históricos habitados que se destinaron a vivienda social después de los
sismos de 1985. Asimismo, se reconstruyeron alrededor de 13 mil viviendas
mayoritariamente en el Perímetro B del Centro Histórico.
En el marco de la reforma urbana neoliberal y de una estrategia más amplia que pretendía
hacer competitiva a la economía mexicana en el ámbito internacional, se efectúan las
nuevas generaciones de programas de rescate del centro histórico que abiertamente
promueven la participación del sector privado en el “rescate” del Centro Histórico. Por
cierto que el uso del concepto “rescate” se puede traducir de manera laxa como
conservación y aprovechamiento del patrimonio edilicio; pero también se puede entender
como arrancar o quitar ese territorio a los grupos populares que se han apropiado del
patrimonio urbano. No en balde algunos colegas se preguntaban si alguien o algunos habían
“secuestrado” el Centro Histórico y en este caso quién tendría que pagar el rescate”.
35 Para descentralizar las terminales de autobuses regionales que se ubicaban en el centro de la ciudad.
106
• Entre 1991 – 1994 el Programa “Échame una manita” remozó el espacio público de las
calles y las fachadas del Distrito de Negocios, impulsó el turismo, intentó atraer al
sector privado y reubicó a alrededor de 10 mil ambulantes en 28 plazas comerciales.
Los últimos tres gobiernos del Distrito Federal han impulsado sus propios programas de
rescate del centro histórico. Enseguida analizamos lo más sustancial de ellos.
El programa de Rescate del centro histórico 2002 – 2006, realizado durante el mandato de
Andrés Manuel López Obrador, “rescató” el llamado “núcleo central”36 que ya había sido
“rescatado” una década atrás por el programa “¡Échame una manita!” realizado durante la
gestión del presidente Salinas de Gortari. Este programa se basó en un acuerdo político de
los gobiernos local y federal con el inversionista más rico del país. Aquí se creó un Consejo
Consultivo para el Rescate del Centro Histórico (que a nadie consulta) integrado por 125
personas (intelectuales, artistas, etcétera, y ningún representante residente o comerciante de
la zona), que sólo se reunió una vez, el día de su instalación. Este Consejo tiene un Comité
Ejecutivo integrado por tres ministros del gobierno federal (Cultura, Turismo y Hacienda),
tres funcionarios de primer nivel del gobierno local (Desarrollo Urbano, Economía y
Turismo) y cuatro representantes de la “sociedad civil”: un periodista, un historiador
(recientemente fallecido), el arzobispo de la iglesia católica y el inversionista más rico del
país. Carlos Slim preside el Consejo Consultivo y el Comité Ejecutivo. En el marco de este
programa:
• El gobierno local remozó el espacio público y algunas fachadas de 34 manzanas
(“núcleo urbano” o Distrito de Negocios), construyó la Plaza Juárez enfrente de La
Alameda; reubicó a vendedores ambulantes en tres plazas comerciales, e impulsó un
programa de seguridad pública, en el que participó el ex alcalde de Nueva York
promotor de la “cero tolerancia”. Además, en 2004 la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal emitió la Ley de Cultura Cívica, que otorga atribuciones al gobierno local para
36 También llamado Distrito de Negocios: territorio de 34 manzanas delimitado por las calles Donceles –
Venustiano Carranza y Zócalo – Eje Central.
107
desalojar de la calle a las actividades informales y a los sospechosos de delincuencia.
Asimismo, se introdujeron el sistema de videovigilancia (con más de cien cámaras de
video colocadas en las calles recientemente “rescatadas” del surponiente), alarmas
ciudadanas, así como nuevos grupos de policía. Los policías que vigilan el área de
Garibaldi y La Alameda están disfrazados de Mariachis y hacen rondines a caballo.
• El Ing. Slim compró 63 inmuebles, entre 2002 y 200437, en el área de Vizcaínas - San
Jerónimo, en una parte del Distrito de Negocios y frente del Palacio de Bellas Artes,
para destinarlos a usos comerciales, de servicios y habitacionales, y para sus empresas
de telecomunicaciones, call centers y seguros. Así, la Fundación Carlos Slim (2011:
140–141) dice que la empresa Inmobiliaria del Centro Histórico SA de CV rehabilitó 55
edificios de vivienda con 620 departamentos38.
El gobierno de Marcelo Ebrard continuó con el programa de Rescate del Centro Histórico
2006 – 2012. Para ello, creó una Autoridad del Centro Histórico en 2007 (la “autoridad”
designada es una historiadora que fue parte de la Fundación Centro Histórico, propiedad del
Ing. Slim); creó una Intendencia del Centro Histórico en 2008, encargada de la limpieza y
mantenimiento de ese lugar; en octubre de 2007 reubicó a cerca de quince mil vendedores
ambulantes que ocupaban 192 manzanas y 87 calles del Perímetro A del Centro Histórico
en 36 plazas comerciales en el mismo centro histórico (es decir, no los deportaron a la
periferia). Vale añadir que para reubicar a esos miles de vendedores ambulantes en plazas
comerciales, el gobierno local destruyó doce inmuebles con valor histórico a plena luz del
día y sin contar con autorización para ello. Uno de ellos, la llamada Casa de las Calderas, es
un inmueble del siglo XVIII que fue expropiado por el gobierno local, pero cuyo dueño se
amparó contra esa medida. Esta destrucción fue calificada por la prensa y los defensores del
patrimonio histórico como una barbaridad y un atentado contra el Patrimonio de la
Humanidad. El Jefe de Gobierno se defendía diciendo que lo que se destruyó eran simples
“cascarones” y la Autoridad del Centro Histórico decía que “la vida de las personas está por
encima de la vida de las piedras”.
37 No tenemos datos de las adquisiciones hechas después, porque la autoridad local ha respondido a nuestra
solicitud que se trata de información confidencial. 38 Esta publicación incluye muchas obras realizadas por el gobierno local, en los que el sector privado no
aportó un solo peso, y hace aparecer esas obras públicas como producto de la gestión y la inversión privada.
Se trata de una forma de apropiación de lo público.
108
En este período 2006 – 2012, también se introdujo la línea cuatro del Metrobús que vincula
el centro histórico con el aeropuerto internacional; se amplió la frontera de la
“recuperación” del centro a dos lugares estratégicos ubicados en el norte y el oriente del
perímetro A del Centro Histórico: la Plaza de Garibaldi y su entorno, y la Antigua Merced.
En este período otra política confluyente impulsó la recuperación y creación del espacio
público que se concentró en el centro de la ciudad y particularmente en el Centro Histórico,
como se comentó en páginas atrás de este texto.
Miguel Mancera (2012 – 2018) además de continuar con esta política en los barrios del
norte y del oriente del centro histórico, promueve la ampliación del “rescate” del centro
histórico hacia el oriente del Perímetro B, para incorporar la zona de mercados de La
Merced en la Delegación Venustiano Carranza. Aquí, la lógica de actuación es la misma
que la impuesta desde 2002: se crea un Consejo Consultivo para el Rescate Integral de La
Merced, que no consulta a nadie y no incorpora a ningún locatario de los mercados,
comerciante o residente de esa zona; y delega la presidencia del mismo a un personaje de la
“sociedad civil”. En este caso se trata del mismo periodista que es uno de los cuatro
“ciudadanos” que integran el Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico
creado en 2002. El gobierno local y este Consejo Consultivo para La Merced convocaron a
un concurso público para presentar proyectos para el rescate integral de esa zona. Más
adelante revisaremos en qué consiste este nuevo megaproyecto para “rescatar” La Merced y
ampliar la frontera de un Centro Histórico ordenado y dignificado.
Continuidad y cambio
Los tres últimos gobiernos del Distrito Federal mantienen una continuidad en la política de
“recuperación” del centro histórico. Así, los funcionarios de la Autoridad y el Fideicomiso
Centro Histórico nombrados por Marcelo Ebrard fueron refrendados por Miguel Ángel
Mancera. Los actores clave en este proyecto mantienen su protagonismo: el Ing. Slim, a
través de su Fundación del Centro Histórico, que despliega una política social de corte
109
asistencialista; y el Lic. Jacobo Zabludovsky es miembro de los dos Consejos Consultivos
para el Rescate del Centro Histórico y para el Rescate Integral de La Merced.
La “Autoridad” pública, bajo un discurso que habla de equidad y universalidad,
abiertamente promueve la construcción de una centralidad histórica destinada para nuevos
consumidores de mayores ingresos. Así por ejemplo, el Plan Integral de Manejo del Centro
Histórico 2011 – 2016 (Jefatura de Gobierno, 2011) dice que el espacio público es de
todos, por lo que hay que evitar las “prácticas inadecuadas” que “estorban su
accesibilidad”, como el comercio y la oferta de servicios informales en la calle. Asimismo,
este plan se propone regularizar la propiedad inmobiliaria, “ajustar” los valores del suelo
(no sabemos si a la alta o a la baja) y vincular la oferta y la demanda de vivienda. Aquí, se
trata de disciplinar las actividades y los usos del suelo para garantizar un centro histórico
seguro y limpio, que en el discurso es para todos, pero que en la práctica promueve la
constitución de un territorio de excepción, a través de un conjunto de normativas que
imponen un sistema de buen comportamiento y un uso “decente” del espacio público y del
patrimonio edilicio.
En 2014 el Fideicomiso Centro Histórico publicó el Manual ciudadano para el cuidado del
Centro Histórico (FCH, 2014), que además de una guía para remozar fachadas, establecer
anuncios y toldos, o quitar grafitis de las fachadas, difunde formas de tratamiento de
basura, pide no tirar colillas de cigarros y restos de chicles masticados en las calles, y
promueve el buen comportamiento en ese recinto monumental Patrimonio de la
Humanidad, que es “la ciudad antigua más grande de América”. El manual difunde las
sanciones contempladas en la ya comentada Ley de Cultura Cívica, que aplican para
quienes no respete los controles en materia de emisiones sonoras o ruido.
110
Imágenes 6 y 7. Control de ruido en el Centro Histórico y policía disfrazada de charro
o de mariachi en La Alameda
Imagen tomada del Manual Ciudadano para el cuidado del Centro Histórico (FCH, 2014). 7: Foto, autor.
Otros dos ejes que atraviesan los tres últimos programas de rescate del centro histórico son
el del turismo y la reubicación y persecución del comercio informal:
• Desde la década de 1990 se incrementa el número de museos y centros culturales
(Delgadillo, 2009). En esta turistificación los residentes de menores ingresos no son
directamente excluidos, sino mantenidos a prudente distancia a través de barreras físicas
y simbólicas, o incluso son integrados como parte del escenario y del paisaje urbano.
• Los tres últimos gobiernos se han preocupado no sólo de reubicar a los vendedores
informales en plazas comerciales en el mismo centro histórico, sino de desplegar
estrategias y operativos policiacos para perseguir al comercio informal de los llamados
“toreros”: gente que a pesar que conoce la prohibición de vender en las calles
revalorizadas del centro histórico, se atreve a hacerlo para ganar unos pesos, aunque
corra el riesgo de ser atrapado por la policía, o cual torero ser topado por el toro.
A manera de conclusión preliminar, podemos hablar de un modelo de “recuperación” del
Centro Histórico de la Ciudad de México, en el que la política pública y la inversión
privada buscan: 1. Reducir la informalidad a través de un sistema de regulaciones y
111
controles para volver atractivo el centro histórico, para los inversionistas y las clases
medias; 2. Establecer este lugar como un sitio de desarrollo económico, en un contexto de
competitividad, a través de la mejora de la infraestructura y el espacio público; 3.
Consolidar una isla o enclave seguro para la inversión privada y los consumidores de
medianos y altos ingresos, a través de la introducción de fuertes medidas securitarias
(policía, video-vigilancia, alarmas, etcétera); y 4. Atraer inversiones privadas diversas en
comercios, hotelería, gastronomía, vivienda y servicios para una población de mayores
ingresos.
Expandiendo las fronteras de “rescate” del Centro Histórico en La Merced, la
periferia del Centro Histórico
En febrero de 2013 la Nave Mayor de la Merced, el mercado más grande de esa zona,
sufrió un colosal incendio que abarcó a casi la quinta parte del mercado y alrededor de 2
mil locatarios resultaron damnificados. El gobierno local ha señalado que este desastre lo
asumió como una oportunidad. Por ello, en octubre de 2013 se instaló el Consejo
Consultivo para el rescate de la Merced, que entre sus miembros no incluye a ningún
residente o comerciante de la zona. En ese mismo mes este Consejo y el gobierno local
convocaron a profesionistas a un concurso de anteproyectos para el Rescate integral de La
Merced, en el que participaron 178 propuestas de 830 profesionistas.
El proyecto ganador del concurso maneja un discurso urbanístico políticamente correcto y
“vanguardista”, que se propone revalorizar “el espacio público y los mercados como
elementos articuladores de las actividades sociales, comerciales y culturales”, y como
“detonadores del proceso de reconstrucción del tejido social” para “reconectar” los barrios
contiguos y mejorar la imagen, la movilidad, la seguridad, el funcionamiento y la
habitabilidad de la zona. La propuesta conceptual se basa en la creación de una nueva y
enorme plaza pública en el corazón de la Merced (a costa de la destrucción de varios
inmuebles, en particular la plaza comercial Merced 2000) y una red de andadores
peatonales, para dar mayor visibilidad a los mercados e “incrementar el potencial comercial
de la zona” (algo que no le falta a ese lugar). La enorme plaza (del tamaño de la Plaza
112
Mayor o Zócalo de la Ciudad de México) también debería servir como albergue y punto de
reunión en caso de contingencias o desastres, para los más de 200,000 visitantes diarios que
tiene la zona. Aquí, no puedo dejar de comentar el curioso parecido urbanístico conceptual
del proyecto con la “recuperación” del barrio del Raval en Barcelona: en ese barrio se creó
una nueva Rambla en el barrio deteriorado como espejo de la famosa Rambla de la Ciutat
Vella. En La Merced ese espejo es el Zócalo.
Un par de elementos han pasado desapercibidos en este proyecto. Uno es la propuesta de
zonificar los predios ubicados en Fray Servando Teresa de Mier con el código HM 12–50
(uso habitacional mixto con 12 niveles de construcción y 50% de área libre). Este código
permite utilizar esos predios para prácticamente cualquier uso, en una zona que el Programa
Parcial de Desarrollo Urbano de La Merced establece una zonificación de HM 7/35. Es
decir, el proyecto incrementa en 5 niveles las alturas construibles en esa vialidad. El otro
aspecto es la propuesta de construir más de tres mil viviendas nuevas en la zona de San
Pablo, a través de la sustitución de edificios y el reciclaje de las estructuras edilicias. Se
trata de un proyecto que no se ha hecho público.
Tanto locatarios como comerciantes informales están en contra del megaproyecto,
particularmente los pocos locatarios de la semi abandonada plaza comercial Merced 2000,
que de acuerdo al proyecto ganador sería destruida para poner en su lugar una mega plaza.
El rechazo era más evidente en los primeros meses de 2014, cuando se instaló una
exposición con los 100 mejores proyectos concursantes y se exhibió públicamente el
proyecto ganador. Curiosamente los opositores no recurrieron a la realización de
manifestaciones públicas en la calle o la plaza mayor, sino al envío de cartas de protestas
con propuestas dirigidas a las autoridades. En estas cartas, comerciantes de distintos
mercados reconocen la necesidad de atención y modernización de los mercados, pero piden
que se escuchen sus voces, piden restaurar los inmuebles en lugar de demolerlos, demandan
recuperar el espacio público, es decir, reubicar a los vendedores informales que ocupan las
calles aledañas a los mercados. También piden mejorar el alumbrado y la seguridad
pública.
113
Sin embargo, esta oposición es diferente. Así, es curioso que locatarios cercanos al partido
que gobierna el país (centro derecha o derecha centro) hablen de una amenaza de
gentrificación que probablemente termine por destinar el mercado para locatarios y
consumidores de mayores ingresos; un locatario cercano a un partido de izquierda está de
acuerdo en destruir la plaza comercial Merced 2000 por considerarla un nido de prácticas
ilegales y ajenas a la venta de abasto (se refiere a un bar, cantina y locales de venta de
“dudosos” productos); otra locataria, de quien desconozco su simpatía por algún partido
político, pide que liberen las calles y que se reubique a los ambulantes, para que los clientes
puedan entrar y los camiones de carga se puedan estacionar afuera del mercado. Otro
locatario señala que más que mega proyecto se necesitan micro proyectos: para
transparentar la concesión de los sanitarios públicos y que los recursos de éste servicio se
destinen a la mejora de los mercados. Mientras que un locatario de la plaza comercial
Merced 2000 pide “hacer más con menos” y no derrochar los recursos destruyendo
edificios que se pueden transformar y mejorar. Justo para la plaza Merced 2000 propone su
radical transformación con una arquitectura moderna y con fachadas iluminadas de manera
provocativa como en los centros comerciales de Estados Unidos o Europa. Para él se trata
de que la Merced 2000 “resurja como un edificio actual”.
El megaproyecto premiado en el concurso está detenido, tal vez por el contexto de las
elecciones (de diputados locales y federales, y Delegados) de junio de 2015 y/o también por
la fuerte oposición de locatarios y vendedores ambulantes. Sin embargo, el gobierno local
ha señalado que el concurso fue únicamente conceptual, es decir, fue para tener ideas de
qué hacer con La Merced. En este sentido, el equipo ganador del concurso realiza el Plan
Maestro para el Rescate Integral de La Merced. Hasta este momento dicho Plan no se ha
hecho público, aunque de manera informal se conoce que el plan abarca un conjunto de
alrededor de 105 proyectos específicos.
114
OTROS CONFLICTOS POR LA DISPUTA DE LA CIUDAD Y EL PATRIMONIO
URBANO
En el marco de diversas políticas públicas desde la década de 1990 ha habido proyectos
privados que han pretendido explotar el patrimonio urbano con fines de lucro, que han sido
rechazados por diversos movimientos y movilizaciones fundamentalmente locales. Entre
los casos más grandes podemos citar tres de los malogrados proyectos de: 1. El ya
comentado Plan de Rescate Ecológico de Xochimilco; 2. La construcción de un Club de
Golf en Santa Cecilia Tepetlapa, Xochimilco, en 1996; y 3. La construcción de la torre de
Cuicuilco del corporativo TELMEX, en 1997, a la que las movilizaciones sociales
consiguieron reducir la altura de 22 a 8 pisos.
Durante el primer gobierno democrático de la ciudad (1997 – 2000) no hubo conflictos
entre el poder público y el poder económico, y no registramos conflictos sustanciales entre
el sector social con el gobierno o inversionistas privados. Para Moreno (2013) el gobierno
del Ing. Cárdenas simplemente se apegó a la legalidad. Puede decirse que el gobierno local
nunca ha atentado contra los privilegios e intereses privados, sea porque estos fueron
legitimados y asegurados en el marco jurídico39, sea porque se considera al sector privado
un aliado fundamental para el desarrollo económico y social de la ciudad, o porque ambos
han encontrado consensos para desarrollar sus respectivas tareas y negocios.
En cambio, desde el año 2000 los conflictos urbanos se han incrementado. Aquí grupos
organizados o desorganizados de la sociedad civil reclaman por la realización de diversas
políticas urbanas (el Bando 2, las ZODES) y proyectos inmobiliarios privados. En los tres
últimos periodos de gobierno destacamos los principales conflictos:
39 Así por ejemplo, la empresa española de equipamiento urbano EUMEX, cuyo negocio es la difusión de
propaganda y anuncios comerciales bajo el discurso de dotar a la ciudad de parabuses y mobiliario urbano,
desde la década de 1990 continúa desarrollando su jugoso negocio subsidiado. Aún hay paradas de autobuses
donde desde hace una década ya no pasan autobuses, como en la Avenida de los Insurgentes desde la
inauguración de la línea 1 del Metrobús. En efecto, el negocio de esta empresa no es dotar de paradas
cubiertas y con asientos a la población, sino los paneles de propaganda comercial y política.
115
• 2000-2006: Diversas protestas civiles contra la redensificación promovida por El Bando
2, particularmente en la Delegación Benito Juárez, así como denuncias sobre la
violación de la Norma 26.
• 2007-2012: Protestas contra desarrollos inmobiliarios, el uso indiscriminado de la
Norma 26, la construcción de la Supervía del Poniente, la línea 4 del Metrobús y contra
la construcción de Mitikah Ciudad Progresiva
• 2013 – 2015: Protestas contra distintos desarrollos inmobiliarios que realizan la Ciudad
compacta, el uso indiscriminado de la Norma 26 y la resistencia sistemática contra la
construcción de Mitikah Ciudad Progresiva. También incluimos protestas incipientes
contra las Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) y el megaproyecto de
Rescate Integral de La Merced.
Martha de Alba (2009) ha señalado que las protestas contra la redensificaciónn de las
Delegaciones centrales ha sido de sectores altos y medios que se oponen a lo que suponen
una pérdida de su calidad de vida por la llegada de nuevos residentes que implican: el
consumo de más agua y servicios urbanos y la llegada de más autos, la pérdida de luz
directa porque los nuevos edificios con mayores alturas atajan directamente la luz del sol,
etcétera. También se trata de un sentimiento de injusticia por el despojo del barrio habitado
y de temores ante un futuro incierto. Para De Alba se trata del tipo de movilizaciones
llamadas “No en mi patio trasero” o NIMBY, Not in my Backyard.
Enseguida analizamos algunas de las principales disputas por partes de la ciudad y después
por el patrimonio urbano.
Conflictos derivados de impunidad en la violación de la normatividad urbana
Una práctica común e histórica en la Ciudad de México es la violación, la negociación o la
interpretación ad hoc de la normatividad urbana y ambiental para la realización de negocios
privados (inmobiliarios, comerciales, de servicios, etcétera), con la omisión de las
autoridades de distintos órganos de gobierno. Esto ocurre a través del tráfico de influencias,
la discrecionalidad y la (co)omisión de los distintos órganos y niveles de gobierno. Así, por
116
ejemplo, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT, 2013) señala
que entre 2002 y 2013 esta institución recibió un total de 14,908 denuncias ciudadanas, de
ellas 4,604 son por violación al uso del suelo (31% del total). Por número total de quejas la
lista está encabezada por la Delegación Cuauhtémoc (1,774 denuncias y el 11.9%), Benito
Juárez (1,642 denuncias y 11.01%), Álvaro Obregón (1,345 denuncias) y Coyoacán (1,322
denuncias). En conjunto, la llamada Ciudad Central (Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel
Hidalgo y Venustiano Carranza) concentra el 34.04% de todas las denuncias ciudadanas.
Igual que en el resto de la ciudad, en las áreas de conservación patrimonial se violan los
usos permitidos del suelo, los niveles de construcción y el cambio de giro de los
establecimientos mercantiles. Así por ejemplo, entre 2012 y 2013 la prensa consignaba40
una serie de descontentos sociales por violaciones a los usos del suelo y a los niveles de
construcción permitidos. Aquí se usan certificados apócrifos para “comprobar” los usos del
suelo, se construye “vivienda social” que se vende mucho más cara, se construye sin
licencia, se edifican más pisos de los aprobados y se intenta destruir el patrimonio urbano.
• En Miguel Hidalgo los casos más nombrados han sido la Torre Pedregal de 25 pisos del
grupo DANHOS, en Las Lomas, y diversos predios en Paseo de la Reforma y Lomas de
Chapultepec.
• Vecinos de Tlalpan impidieron la destrucción de la fábrica La Fama Montañesa para ser
transformada en un supermercado (2007) y en 2014 aún mantenía viva una iniciativa
para transformar ese inmueble histórico en un museo local.
• En el Centro de Tlalpan los vecinos organizados impidieron la destrucción total de la
Casa del Virrey de Mendoza (2007), proveniente del siglo XVI, para ser transformada
en un condominio horizontal de lujo. El inmueble funciona actualmente como un centro
cultural.
• En el centro de Coyoacán, donde los vecinos se quejan de la impunidad con la que
ocurren los cambios de uso del suelo y del giro de los establecimientos comerciales, se
puede citar un ejemplo paradigmático, donde quienes violan la normatividad urbana son
40 Esta información se basa en un seguimiento sistemático de las notas aparecidas en el periódico La Jornada
durante 2012 y 2013. Reconocemos el sesgo de dicha información, pero también el testimonio periodístico
que evidencia la impunidad en la violación a la normativa urbana.
117
el gobierno federal, apoyado por la entidad responsable de los usos del suelo del
gobierno local (la SEDUVI). El ya comentado Centro Cultural Elena Garro del
CONACULTA constituye en esta zona el ícono de la impunidad y la imposición de los
tres órdenes de gobierno: la librería funciona a pesar de haber sido construida sin
respetar los usos del suelo y las normas en materia de licencias de construcción, y
además se destruyó el patrimonio artístico (sólo se conservó la fachada y parte del
cascarón de la primera crujía).
Conflictos derivados por la privatización del espacio público
En una ciudad donde el gobierno local en abril de 2011 vendió una calle a una cadena
mexicana de Supermercados (la sección de Enrique Rébsamen, entre Miguel Laurent y
Pilares, colonia Del Valle), aunque después del escándalo mediático se desdijo y la
recuperó como vía pública; no resulta extraño que una sección de un parque público, el
Parque Hundido, hubiera sido enajenada a un particular en 2008 y que entre ese año y 2009
ese espacio se disputara entre la población residente y la inmobiliaria, con el aval inicial de
la autoridad local, que posteriormente cambió de opinión, recuperó ese espacio como
público y construyó una rampa de acceso (mencionada anteriormente).
La SEDUVI otorgó en 2008 una licencia para la construcción del proyecto Park Living
Millet Boutique Apartaments, un edificio de seis pisos y 24 departamentos de lujo que
ocupaba parte de ese parque. Los vecinos se organizaron como Asociación de Vecinos del
Parque Hundido AC desplegaron un conjunto de protestas, movilizaciones y negociaciones
con las autoridades (diputados de distintos partidos políticos, entrevistas con diversos
funcionarios públicos de la Delegación y del gobierno central) y otra serie de acciones
mediáticas, hasta que consiguieron revertir ese proyecto. En 2009 el Jefe de Gobierno
decidió adquirir ese predio y en 2010 la Autoridad del Espacio Público construyó la
mencionada rampa pública. En opinión de un vecino del Parque Hundido (Rojas, 2013),
esta obra se demolió no por ser ilegal, sino por cuestiones políticas, pues el problema se
tornó muy mediático. Para este vecino, los distintos niveles de autoridad tienen muy
ensayada la respuesta a las quejas ciudadanas sobre la violación a la normatividad urbana:
118
dar vueltas burocráticas a los ciudadanos para aletargar los procesos y que los ciudadanos
se desgasten y se cansen, mientras los privados realizan sus negocios.
Conflictos derivados de la función de centralidad y barrio habitado. Las colonias
Roma, Condesa e Hipódromo Condesa
En las dos últimas décadas algunos barrios históricos se han convertido en un referente de
la ciudad por el incremento de la oferta cultural, gastronómica, comercial y de
entretenimiento; una incipiente oferta residencial dirigida al consumo de las clases medias;
y por conflictos urbanos y malestar social. Estas tendencias han sido promovidas o
reforzadas por las políticas públicas recientes.
Estas tres colonias surgieron, junto a otros barrios, a principios del siglo XX en el marco de
la expansión urbana de la Ciudad de México. Las tres colonias se concibieron como
fraccionamientos de clase media y alta. A mediados del siglo XX las elites emigraron de
estas colonias y éstas paulatinamente se terciarizaron y se transformaron en barrios de clase
media con enclaves de población de menores ingresos. En este momento ocurrió un proceso
de sustitución edilicia (edificios antiguos fueron demolidos para dar paso a nuevos edificios
de dimensiones mayores) y de cambios de uso del suelo (de vivienda a comercios y
servicios). Los sismos de 1985 aceleraron los procesos de despoblamiento y abandono, y de
caída de los valores de las rentas urbanas.
Varios autores coinciden en que el “renacimiento” de estas tres colonias, en la primera
mitad de la década de 1990, no fue una acción planificada por el gobierno sino una
“operación hormiga” (González, 2008) realizada por nuevos residentes e inversionistas, que
encontraron en estos territorios urbanos precios accesibles y un atractivo entorno urbano
para residir, producir y trabajar, lo que posteriormente fue atrayendo a más consumidores,
usuarios e interesados en invertir en estos territorios. En la Condesa a principios de la
década de 1990 comenzaron a proliferar los restaurantes, las oficinas y se hizo evidente el
retorno de residentes. Con ello inició el reciclaje y remozamiento de antiguos edificios en
modernas viviendas en departamentos (Salinas, 2013). A mediados de la década de 1990 se
119
inició la revalorización en la Roma, a través de algunos proyectos emblemáticos: la
creación del centro cultural Casa Lamm, la rehabilitación del edifico Balmori con
departamentos de lujo y el “Corredor Cultural”, promovido por cuatro galerías de arte, que
consistía en la organización de recorridos que pretendían atraer a la gente a consumir
cultura y entretenimiento (Quiroz, 2012). Por su parte, Porras (2001) denunciaba a
principios del siglo XXI que el boom de bares, comercios, cafés, restaurantes y cabarets en
la Hipódromo había ampliado la vida diurna a una intensa vida nocturna.
Estas tendencias habitacionales y de terciarización, contradictorias y en competencia entre
ellas y con la población residente, han profundizado los problemas urbanos y los conflictos
entre los residentes, los usuarios y los inversionistas. Las empresas inmobiliarias buscan
edificar nuevos y modernos departamentos de lujo para nuevos residentes atraídos por estos
barrios revalorizados; y las oficinas, restaurantes, cafés, galerías y bares se expanden y
promueven cambios en los usos del suelo. Mientras crece el malestar de los residentes por
la proliferación de restaurantes, oficinas y usuarios; la saturación de comercios y del
espacio público; el incremento del tráfico y la congestión vial; el estacionamiento en la vía
pública; el ruido; la ocupación de las banquetas por los restaurantes, cafés y bares; etcétera.
En este contexto de creciente inversión de capital privado en comercio y negocios
inmobiliarios en la colonia Condesa y con el consecuente incremento de los precios del
suelo, no es casual que: 1. Varios colegas sugieran que la Condesa es “víctima de su propio
éxito”, que ya “se volvió como la Zona Rosa41, por lo que ahora las presiones económicas y
las actividades culturales, gastronómicas, de servicios y también residenciales se trasladan a
la colonia Roma, donde los valores del suelo son relativamente más accesibles. 2. Los
residentes de la colonia Roma42 sostengan y denuncien los procesos de gentrificación en
donde los antiguos habitantes son obligados a desplazarse (por diversas causas:
incrementos en los alquileres y los costos de vida, molestias), mientras esos espacios
41 Distrito turístico y de entretenimiento nocturno creado en la década de 1950 en una antigua colonia céntrica
vecina a la Condesa y la Roma. 42 Intervención de dos residentes de la colonia Roma en el Seminario Internacional “Hábitat y Centralidad”,
realizado en septiembre de 2013 en la Ciudad de México.
120
urbanos se destinan para el consumo de jóvenes de mayores ingresos (de clase media), a
través de restaurantes, consumo cultural o de vivienda.
A esa serie de conflictos se han sumado recientemente dos nuevos proyectos públicos:
• La Secretaría de Turismo, la Autoridad del Espacio Público y la Delegación
Cuauhtémoc anunciaron en noviembre de 2013 la peatonalización de la calle Oaxaca
para crear el “barrio latino”, en el marco de la política pública que convierte los
antiguos y pintorescos barrios históricos en “barrios mágicos” con el objetivo de atraer
turistas internacionales y consumidores de cultura y entretenimiento. Las autoridades
reconocen que se trata de la producción de “una marca” para que los turistas extranjeros
asocien directamente el barrio como un lugar donde se concentra la cultura, y el arte, y
los mejores restaurantes, comercios y hoteles.
• La instalación de parquímetros en las colonias Roma y Condesa a principios de 2013.
Ante la fuerte oposición de los vecinos en enero de 2013 hubo una consulta ciudadana,
en donde la instalación de parquímetros fue aprobada en la colonia Condesa, mientras
que en la Roma ganó el No con el 54% de los votos. Pese a estos resultados la autoridad
instaló los parquímetros que son concesionados para su operación a una empresa
particular. Para los residentes de la Roma, el problema de fondo no es el
estacionamiento en la vía pública, sino el cambio de usos del suelo que permite la
proliferación de restaurantes, servicios, oficinas, etcétera, lo que incrementa el número
de vehículos en la zona.
Aquí conviene comentar que los parquímetros constituyen una política de modernización
urbana en varios sentidos. En efecto, bajo el discurso del ordenamiento de tráfico vehicular:
se mercantiliza (en términos formales) el uso de la vía pública; y desplazan a los
prestadores de servicios informales (los llamados en México “viene viene” o “cuida
coches”). A menudo estos programas intentan hacer ver que los informales se han
apropiado de la vía pública, por lo que es necesario “recuperar” ese espacio público. Lo que
no dicen es que los parquímetros son un servicio privatizado, pues se cobra por el uso de la
121
vía pública, pero los recursos constituyen más una fuente de lucro privado que de ingresos
públicos.
Expansión de campus universitarios en áreas de conservación patrimonial
Las universidades no son en principio enemigas del patrimonio urbano, al contrario, ellas
históricamente han contribuido al estudio, identificación y conservación del patrimonio
edificado; y contribuyen a devolver algo de la vitalidad a los centros históricos, que la
perdieron con la emigración o descentralización de funciones urbanas y el declive urbano.
En efecto, en los centros históricos de Puebla (década de 1980) y de México (décadas de
1990 y 2000) las universidades públicas han conformado barrios universitarios, a partir de
la rehabilitación de antiguas edificaciones destinadas para distintos usos universitarios:
aulas, oficinas, centros de investigación, museos, centros culturales, etcétera. Sin embargo,
en algunos barrios y pueblos históricos de la Ciudad de México algunas universidades
privadas han generado malestar social, destrucción del patrimonio edilicio y privatización
del espacio público, a través de la expansión de sus instalaciones:
• Entre 2004 y 2006 la Universidad Panamericana adquiría inmuebles y privatizaba las
calles en el barrio de Mixcoac, con la anuencia del gobierno local, con el propósito de
ampliar y consolidar su campus, violando la normatividad de usos del suelo. Ello
despertó una gran inconformidad y malestar en los vecinos de clase media, por la
transformación del patrimonio edificado, la privatización de los espacios públicos, el
incremento de flujo vehicular, la población flotante y el ruido. Aquí el gobierno local
tuvo que mediar en el conflicto a través de la realización de un Programa Parcial de
Desarrollo Urbano.
• En mayo de 2010 el Instituto Tecnológico Autónomo de México pretendía edificar un
estacionamiento en el barrio de San Ángel, para dar accesibilidad a esa institución a
través del Anillo Periférico, una vialidad confinada de alta velocidad. Este proyecto fue
rechazado por los vecinos de ese barrio histórico, quienes argumentaban que su zona
histórica estaba normada por una Zona Especial de Desarrollo Controlado
(actualmente reconocida como Programa Parcial de Desarrollo Urbano). Se trata de
122
activos residentes de clase media que no dudan en salir a la calle para defender su
barrio, como ocurrió en 2008 ante los amagues de la SEDUVI para cambiar la
normatividad urbana y transformar ese centro histórico en un “centro urbano”, lo que
permitiría una mayor flexibilidad del uso del suelo e intensidades edificatorias para la
construcción de hoteles, restaurantes y comercios.
Conflictos derivados de la política de ciudad compacta versus la conservación del
patrimonio: la destrucción del patrimonio urbano
Las actuales políticas de protección y aprovechamiento del patrimonio edificado y de
desarrollo urbano centrípeto y compacto en la Ciudad de México presentan fuertes
contradicciones. A varios inversionistas les estorba el patrimonio edificado porque no les
permite construir mayores superficies y capturar el potencial de rentas urbanas, que sí
podrían conseguir sustituyendo los inmuebles por edificios con muchos niveles de
construcción. Un par de ejemplos recientes y malogrados (hasta ahora) son:
• El proyecto de sustitución del Polyforum Siqueiros, diseñado por David Alfaro
Siqueiros que en su exterior e interior contiene ricos murales de este personaje ícono del
muralismo mexicano. El inmueble es considerado patrimonio “artístico” de los
mexicanos, pero también es propiedad privada. Sus propietarios recientemente (octubre
de 2014) pretendieron sustituir esa edificación por un edificio de más de 30 pisos, para
aprovechar la ubicación del predio y la dinámica inmobiliaria actual de la capital
mexicana. La movilización social y mediática detuvo el proyecto.
• Este fue el mismo caso de la malograda Torre del Bicentenario, que en 2007 se
pretendió construir a costa de la destrucción de un edificio que Vladimir Kaspé erigió
en 1948. En el marco de la disputa política entre los gobiernos federal y local, de
distinto signo político, el edificio existente fue súbitamente declarado Monumento
Artístico por el gobierno federal con el propósito de evitar su destrucción (y la
construcción de esa torre).
123
Las estrategias seguidas por distintas inversionistas para construir nuevos edificios en los
que la herencia cultural edificada es un estorbo que hay que destruir o al menos remover,
son diversas. Algunos inversionistas han recurrido a repetir el ejemplo de los programas de
reconstrucción habitacional después de los sismos de 1985: mantener la fachada o la
primera crujía del edificio, para “compactar” el resto del inmueble. Sin embargo, en otros
casos el patrimonio edilicio es destruido. Así por ejemplo:
• En las colonias San Rafael y Santa María la Ribera, Bolaños (2014) reporta la pérdida
del patrimonio urbano arquitectónico, para permitir la construcción de más pisos y
espacio construido a costa de la destrucción del patrimonio edificado. Aquí, en el mejor
de los casos se han mantenido las fachadas y/o primeras crujías.
• En el centro histórico de Coyoacán y la colonia Del Carmen 14 edificios (de una lista de
241 inmuebles) reconocidos con valor patrimonial desde 1990 han sido demolidos
(Delgadillo, 2013b). En el mismo Coyoacán, pero en el barrio de San Lucas un grupo
de vecinos demandaba en El Correo Ilustrado (La Jornada, 16 de abril de 2015 página
2) impedir obras (condominios horizontales) que afectan la arquitectura del barrio,
dañan la iglesia, cortan árboles e insertan arquitectura “ajena al entorno”.
• En la colonia Polanco más de 50 casas con valor arquitectónico se han demolido desde
2003 (Bustamante, 2013). Aquí, en septiembre de 2014 la disputa continúa: Galván
Ochoa (2014) da cuenta de una manifestación que se realiza por los defensores de
Polanco contra la destrucción de su patrimonio urbano y la “compactación” de su
colonia, en donde 5 desarrollos en altura estarían violando el Programa Parcial de
Desarrollo Urbano.
• La Asociación en Defensa de la Roma Condesa identifica que alrededor de 20 casas en
La Roma, catalogadas por su valor patrimonial o patrimonial por el Instituto Nacional
de Bellas Artes (INBA) en encontraban en peligro de destrucción por proyectos
inmobiliarios privados que pretenden transformar esa arquitectura en bares, galerías o
en nuevas viviendas. Así, en Guanajuato 148 se pretendía dejar sólo la fachada del
inmueble y destruir el resto para edificar departamentos de lujo (González, 2014)
• Por su parte, en La Merced, perímetro B del Centro Histórico, de 103 inmuebles
identificados por su valor patrimonial por la SEDUVI y autoridades federales, siete
124
inmuebles han sido sustancialmente modificados y tres inmuebles han sido destruidos,
uno de ellos para construir vivienda social en altura por el organismo público local.
• En la zona norte oriente del Centro Histórico antiguas vecindades y casonas son
fuertemente transformadas en nuevas plazas comerciales especializadas en la venta de
ropa. Se trata de proyectos de intervención que destruyen los interiores de los edificios,
dejan únicamente la fachada y algo del cascarón de los antiguos edificios para
introducir nuevos entrepisos, elevadores, vitrinas, tiendas y techos que cubren los
patios. Para Páramo (2015), esas vecindades (ubicadas en la calle Rodríguez Puebla 11,
19, 21 y 25; Venezuela 118 y 12343, y Leona Vicario 48) sobrevivieron los terremotos
de 1985 pero no el embate de inversionistas coreanos y mexicanos, que descubrieron el
negocio de las plazas comerciales.
El megaproyecto Mitikah Ciudad Progresiva y la desclasificación de un Área de
Conservación Patrimonial
Mitikah es un controvertido megaproyecto por la forma en que ha sido gestionado. Se ubica
en la céntrica Delegación Benito Juárez en lo que fueran terrenos del pueblo de Xoco y
posteriormente del centro financiero Bancomer, relocalizado en Paseo de la Reforma. El
desarrollo privado Mitikah incluye una clínica, un hotel, 500 departamentos de lujo, plazas
de esparcimiento, centro comercial, cines y oficinas en un conjunto de 7 edificios con
alturas de 12 a 32 niveles y una torre de 60 niveles y 290 metros de altura, diseñada por el
arquitecto César Pelli, así como un helipuerto y seis niveles subterráneos para
estacionamiento. Se ubica frente a la Delegación Coyoacán en una zona muy accesible
conectada por vialidades y sistemas de transporte. Las protestas de los habitantes del
adyacente barrio de Xoco se dirigen contra el tráfico de influencias, la discrecionalidad en
la modificación de los usos del suelo, los daños en las estructuras edificadas de viviendas
en el barrio y la impunidad con que actúan la inmobiliaria y los funcionarios públicos. En
esta zona el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano en Benito Juárez permitía hasta 6
niveles de construcción. Asimismo, la versión de 1997 de dicho Programa Delegacional de
Desarrollo Urbano consignaba un Área de Conservación Patrimonial que fue reducida en la
43 Inmueble sin valor patrimonial.
125
versión más reciente del mismo programa, aprobada por la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal el 6 de mayo de 2005, para quitar esa designación a un área donde se
construye el proyecto Mitikah. Vale agregar que este no es el único megadesarrollo urbano
que se construye en Xoco. Al sur del pueblo se han construido y se construyen las llamadas
City Towers, edificios de departamentos de más de 20 pisos. Así, el antiguo pueblo de
Xoco ha sido cercado por los desarrollos inmobiliarios que han incrementado sus
problemas de saturación vial. Aquí, los vecinos se enfrentan en condiciones desfavorables
contra los poderes coludidos de empresarios inmobiliarios y autoridades insensibles.
No resulta ocioso agregar que para compensar al pueblo por las obras, la Delegación Benito
Juárez ofertó peatonalizar la calle Mayorazgo desde la iglesia hasta la Cineteca Nacional.
Algo que los vecinos rechazaron contundentemente. Una de las vecinas me decía en uno de
nuestros encuentros: peatonalizar la calle implica una nueva avalancha de presiones
privadas, en este caso de cadenas de comida rápida y cafés, empresas que no necesitan de
grandes espacios para instalarse y a quienes la peatonalización es una invitación para
establecerse.
El “blanqueamiento” de la colonia Juárez
Uno de los conflictos urbanos más recientes, que en gran medida sintetiza los temas
abordados en este libro, es la disputa por la colonia Juárez. Aquí se disputa el uso y
aprovechamiento del patrimonio urbano; se disputa la conservación edilicia y también se
promueve la destrucción de edificios, cuando éstos le estorban a los inversionistas
inmobiliarios; la colonia se gentrifica; los comercios cambian de giro; y también emergen
grupos que se oponen a estos procesos y que defienden su barrio.
Sergio González, vecino de la colonia Juárez, denuncia en foros académicos y públicos, y
ante medios de comunicación que su colonia se puso de moda y se ha convertido en un
botín para desarrolladoras inmobiliarias que compran casas y las transforman en negocios
hippsters (bares, oficinas, departamentos, galerías, peluquerías, gimnasios, panaderías,
cafeterías, restaurantes) para atraer a población de más ingresos, lo que conduce al
126
paulatino desplazamiento de los habitantes originales. Él denuncia que se puso de moda
quitar el recubrimiento de los edificios para mostrar los tabiques; y en otros casos también
se destruyen los edificios dejando al frente únicamente la primera crujía. Aquí además fue
desalojado un inmueble ocupado (invadido) por indígenas otomíes en la calle Roma (ver
González, 2015a). En un foro reciente sobre Gentrificación, realizado en el Instituto de
Investigaciones Sociales de la UNAM el mismo Sergio González comentó que antes de
usar el concepto gentrificación, él llamaba a este proceso como una política público privada
de “blanqueamiento” social, que en México tiene una muy fuerte connotación por el
profundo racismo de las elites que gobiernan esta ciudad y de los dueños del capital.
De manera coincidente, otros vecinos de Coyoacán y Tlalpan que padecen similares
procesos de revalorización y reinversión en sus barrios hablan de “limpieza social”. Para
estos actores que conforman el frente Ciudadano contra las ZODES (Zonas Especiales de
Desarrollo Económico y Social), la Ciudad policéntrica, la Ciudad compacta y las Áreas de
gestión estratégica constituyen un proceso de limpieza social donde los “morenitos” no
caben. Las autoridades locales –dicen ellos- se “invisten como conquistadores” que se
ocupan de barrios declarados en “desorden y caos”, para transformar el espacio urbano para
el consumo de gente rubia y con mayores ingresos (González, 2015b).
127
CONCLUSIONES
El libre mercado sin regulación del Estado no produce ciudad
Los procesos de reestructuración y modernización urbana en la Ciudad de México, que
desde la década de 1990 se realizan bajo las lógicas de la mercantilización del desarrollo
urbano y una gestión urbana pro empresarialista, han conducido a diversificar las formas de
reapropiación de selectos territorios y patrimonios urbanos, por parte de sectores con
mayores ingresos, con distintas temporalidades e intensidades; y a incrementar el número
de conflictos locales y localizados. Aquí, residentes molestos y/o amenazados despliegan
muy diversas formas de protesta y resistencia frente a lo que ellos consideran un agravio a
sus derechos; mientras los diversos niveles de gobierno central y delegacional, y a veces
federal, consideran que actúan bien en defensa de los intereses de la ciudad y de un
desarrollo urbano competitivo y sustentable.
El Gobierno del Distrito Federal, a pesar de su discurso de “izquierda”, asume al parecer
voluntariamente, por convicción o necesidad, la doctrina neoliberal de la competitividad
económica y la competencia entre ciudades (para atraer o retener inversiones privadas), y
en consecuencia despliega un conjunto de políticas públicas y de marketing urbano que
privilegian a toda costa la realización de negocios privados diversos: inmobiliarios, de
servicios, comerciales, etcétera. Aquí, cuando conviene el patrimonio urbano (es decir, los
tejidos urbanos heredados del pasado) es asumido como un capital cultural que da
identidad, y como un capital económico capaz de detonar un crecimiento económico; pero
cuando estorba se le destruye a plena luz del día (como ocurrió en octubre de 2007 en el
Centro Histórico) o se desclasifica (como ocurrió en el Área de Conservación Patrimonial
del Pueblo de Xoco), para que no impida las inversiones (y ganancias) privadas.
Por otra parte, la modernización selectiva del territorio derivada de las inversiones privadas
y de las políticas públicas que privilegian las zonas rentables de la ciudad (las políticas del
Espacio Público y de conservación y aprovechamiento del centro y barrios históricos, y la
introducción de EcoBici) refuerzan la histórica segregación socioespacial de la ciudad y
128
conducen a la conformación de un tejido urbano fragmentado. Las autoridades parecen
olvidar que uno década tres capitalinos reside en las Delegaciones Iztapalapa y Gustavo A.
Madero, donde no se crea espacio público, ni se moderniza el territorio. Así, esas políticas
excluyen socialmente a la mayoría de los ciudadanos. Se trata de políticas públicas que
(re)construyen una centralidad cada vez más exclusiva y excluyente, destinada cada vez
con mayor descaro para el consumo de las clases medias y para la realización de negocios
privados.
Así, la Ciudad de México, más que de espacios integrados e integradores, se compone cada
vez más de una sucesión adyacente o yuxtapuesta de partes inconexas que coexisten frente
a frente. Tal vez las partes donde esa coexistencia, mediadas siempre por barreras físicas y
virtuales, puede conducir a un tipo de mezcla social la constituyen algunas partes de los
rehabilitados barrios céntricos y centros históricos, donde nuevos consumidores, residentes
y usuarios se encuentran frente a la población de bajos ingresos y sus viviendas sociales o
precarias.
Asimismo, las inversiones públicas y privadas, locales y foráneas, han conducido a la
Ciudad de México a tornarse en una ciudad cada vez más cara para su población residente
mayoritariamente de bajos ingresos; en una ciudad fragmentada e insular; y en una ciudad
muy desigual. La gestión urbana pro empresarial de los últimos gobiernos de la capital
mexicana se evidencia en el activo papel que éstos han desempeñado en la promoción de
los negocios inmobiliarios:
• La planeación y la normatividad urbana, consignadas por el legislativo local, no se
respetan. Al contrario, la normatividad urbana se ha modificado para beneficiar las
inversiones privadas recientes. 1. De manera formal a través del uso de instrumentos
urbanísticos “ad hoc” como son las llamadas “Áreas de gestión estratégica” y los
“Polígonos de actuación” (que sirvió para modificar escandalosamente la normatividad
en el megaproyecto Ciudad Progresiva Mitikah). 2. De manera informal e ilegal a través
de la omisión, comisión y discrecionalidad en la aplicación de la ley frente a la
constante violación de los usos del suelo y de las intensidades constructivas permitidas.
129
• Emilio Pradilla claramente señala que los tres últimos gobiernos del Distrito Federal
han entregado la Ciudad de México al capital financiero e inmobiliario, en una lógica
que casi llega a una “fusión de intereses” y que se acompaña del control corporativo y
clientelar de los sectores populares, sobre todo de algunos de los llamados
“movimientos urbano populares” articulados al partido en el gobierno, y en parte
también de los sectores medios y altos.
Un patrimonio urbano que en el discurso es colectivo, se apropia de manera privada
La rehabilitación del patrimonio urbano en la Ciudad de México continúa siendo selectiva,
lenta, limitada, focalizada y no ha sido integral (se continúan privilegiando una pequeña
parte del territorio y las acciones físicas). Además, la rehabilitación urbana continúa siendo
cara y no hay líneas de financiamiento público y privado para atender un parque edilicio
deteriorado. Asimismo, hay que reconocer dos cosas: 1. Que la rehabilitación y la gestión
urbana son muy complejas, y nuestras instituciones (sumamente sectorizadas y celosas de
sus atribuciones sectoriales) no han sido capaces de innovar para actuar en la ciudad
construida; y 2. Las áreas urbanas con valor patrimonial continúan entendiéndose como
islas urbanas, en consecuencia las políticas públicas han carecido de enfoques que
pretendan integrar estas zonas al resto de la ciudad.
La recuperación selectiva del patrimonio urbano ha reforzado los antiguos patrones de
segregación socioespacial, entre unas áreas que se mejoran y otras que se mantienen
abandonadas. Las acciones se han centrado en pequeños territorios, que concentran
monumentos y barrios valiosos en términos de patrimonio, accesibilidad y rentabilidad; y
en la conversión de los antiguos barrios en nuevos centros de consumo cultural, y
actualmente también residencial, para atraer a nuevos consumidores de mayores ingresos.
En este sentido conviene preguntarnos ¿Qué tipo de patrimonio urbano, de ciudad y de
centralidad urbana del futuro se está conservando y (re)construyendo? ¿Y para quiénes?
¿Un patrimonio urbano abierto, accesible e incluyente para todos los ciudadanos; o un
patrimonio urbano cerrado, excluyente y exclusivo para nuevos consumidores de mayores
130
ingresos? ¿Cuál es el papel que se asigna al patrimonio urbano en la construcción de la
ciudad del mañana? ¿Se trata de una centralidad urbana, un patrimonio edilicio y un
espacio público para todos, o de la construcción de partes de ciudad, cada vez más
exclusivas y excluyentes, destinadas al consumo de las clases medias y para la realización
de negocios privados? Tratándose de una herencia urbana que por definición es colectiva,
las respuestas a estas preguntas deberían de responderse de manera colectiva, horizontal y
consensuada, teniendo en cuenta una revisión de la historia, en este caso de la historia
reciente.
Un centro histórico ¿Incluyente o excluyente?
En el Centro Histórico un gobierno de izquierda no se puede permitir la construcción de
barreras físicas que impidan el acceso a la población de bajos ingresos y a la chusma44. En
cambio, se impulsa la construcción de barreras virtuales, a través de instrumentos
disimulados y sutiles, para el control social, entre los que claramente destacan:
• La normatividad urbana y de manera particular la Ley de Cultura Cívica, que indican
que el espacio público y el patrimonio son de todos, pero por ello no caben los
comerciantes y oferentes de servicios informales y ambulantes, que se apropian del
espacio público en beneficio propio. En cambio, en varias plazas y calles de Coyoacán
y el Centro Histórico, o las colonias Roma y Condesa los restaurantes y bares sí pueden
colocar sus mesas y sillas en el espacio público en beneficio de los negocios.
• La política del patrimonio edificado combate los usos inadecuados que “atentan” contra
la “dignidad” del patrimonio.
• La política de entretenimiento cultural ocupa las plazas públicas remozadas y compite
por el uso y ocupación del espacio público con la expresión política. A menudo, los
ciudadanos que reclaman derechos o se expresan contra injusticias disputan el mismo
espacio con los consumidores de espectáculos. Entre varios ejemplos podemos destacar
la transmisión en vivo en una megapantalla del Mundial de Fútbol de 2010 en la plaza
44 Como sí lo hacen los privados por ejemplo en Santa Fe, en donde para separarse de las colonias populares
construyen hasta dos muros.
131
mayor de México, allí miles de espectadores compartían la plaza con decenas de
sindicalista que hacían una huelga de hambre contra el cierre de la empresa Luz y
Fuerza del Centro. El gobierno local arrinconó en una esquina esta manifestación
política a nombre del interés público, es decir, la transmisión de los partidos de futbol
patrocinada por empresas trasnacionales.
• La política de seguridad que ha instalado decenas de cámaras de vigilancia.
• Las campañas mediáticas y de marketing político que continuamente afirman Una
ciudad para todos, el rescate del Patrimonio de la Humanidad, el desarrollo urbano
sustentable, equitativo, etcétera, para legitimar las acciones públicas y los negocios
privados..
Por otro lado, destacamos el ejercicio ciudadano que disputa a los inversionistas privados y
al gobierno local el uso y aprovechamiento del espacio público y del patrimonio urbano, en
su más amplia expresión. Muchas políticas públicas, varios megaproyectos y negocios
inmobiliarios privados y públicos son realizados, bajo el discurso del interés público, sin
contestación alguna. Sin embargo, en muchos otros casos la población residente se organiza
y moviliza para defender un patrimonio edificado y un espacio común que por su propia
naturaleza y definición son colectivos. Este ha sido el caso de los vecinos de las colonias
Roma y Condesa, pero también de los barrios del Centro Histórico de Coyoacán, el Parque
Hundido, el centro de Tlalpan, etcétera. Vale añadir que estas movilizaciones son
fundamentalmente de población residente de clase media. Así, la diversidad social, cultural
y política de la ciudad no sólo se expresa en las formas de apropiación colectiva o
individual del espacio público y de la ciudad, sino también en las formas en que se disputa
la ciudad, el espacio público y los recursos urbanos.
En el siglo XXI se multiplican los actores que, frente a la (amenaza de la) privatización de
lo público, reivindican una concepción socialmente integradora e incluyente de “la ciudad”
y de su espacio público y un patrimonio edificado conservado y aprovechado en beneficio
colectivo: la ciudad es el espacio público por excelencia y constituye nuestra principal
herencia urbana.
132
Desafíos para las ciudades del mañana
El patrimonio cultural constituye en el siglo XXI un singular capital social y capital
económico, que puede y debe: desempeñar un papel central en la construcción de la ciudad
del futuro; aprovecharse para el desarrollo económico y para generar empleos e ingresos en
beneficio de su población residente de bajos ingresos, y para mantener ese y otros sitios
patrimoniales; contribuir a reforzar el orgullo colectivo y las identidades sociales; y
desempeñar un papel en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
anfitrionas y vecinas de esos sitios patrimoniales. En este sentido, se deberían evitar las
tendencias que museifican o parquetematizan esos territorios urbanos, y promover las
políticas de gestión urbana y recuperación del patrimonio urbano que 1. Devuelven a estos
territorios la diversidad (social, económica, cultural) perdida, y 2. Incorporan esos sitios
urbanos singulares al desarrollo urbano, social y económico de manera innovadora.
Decenas de ciudades en el mundo construyen estrategias de desarrollo urbano, para
alcanzar objetivos sociales y económicos, a partir de su patrimonio urbano, que en palabras
del Programa Hábitat de Naciones Unidas (UN Habitat, 2008) es el espíritu de la ciudad.
El patrimonio urbano se enfrenta a varios desafíos en la segunda década del siglo XXI:
• La insistencia de los gobiernos en promover el desarrollo económico en las áreas con
valor patrimonial, que buscan mantener o mejorar la competitividad, se debe acompañar
de medidas que defiendan la inclusión y la equidad social. El progreso económico no
puede ni debe buscarse y generarse a cualquier precio, particularmente cuando este
afecta a la población de bajos ingresos y particularmente a la población más vulnerable.
• Las tendencias de reforzamiento de la segregación socioespacial y la fragmentación del
territorio, entre una zona donde se reinvierte y otra zona se abandona, se deben
modificar. Las inversiones que se realizan en una zona deberían derramar parte de sus
ganancias en los territorios vecinos en proceso de constante deterioro. Se trata de que
las zonas urbanas privilegiadas subsidien el desarrollo de las deterioradas zonas urbanas
vecinas
133
• Frente a los procesos de homogeneización del territorio, la regeneración urbana debería
tener como propósito central devolver a los barrios y centros históricos la diversidad
perdida, como garantía para su preservación. El patrimonio urbano no está constituido
por islas urbanas, así que la política urbana en lugar de aislar estos territorios debe
integrarlos a la ciudad, la región y el mundo globalizado en términos sociales, formales
y funcionales.
Por otra parte, en los barrios urbanos en proceso de gentrificación, la autoridad debe
asegurar la residencia y el arraigo de los residentes en territorios revalorizados:
• La autoridad que revaloriza un territorio urbano (a través del mejoramiento de barrios o
del remozamiento y renovación del espacio público y la infraestructura) es la primera
responsable en prever medidas que eviten el desplazamiento de la población, a través
del aseguramiento de las formas de tenencia de los inmuebles. Posiblemente la
propiedad privada y la regularización de la tenencia también juega a favor de las fuerzas
del mercado, pero un propietario de su vivienda estará tal vez en mejores condiciones
de resistir en un barrio, que un inquilino.
• La población residente, comerciante y usuaria de esos barrios se debe sumar a los
beneficios de la revalorización de esos territorios, para que ellos también capturen las
ganancias del turismo y de los nuevos consumidores. Se trata de que el
aprovechamiento de la herencia colectiva, como son los centros y barrios históricos, no
sólo sean acaparados por los inversionistas privados y las fundaciones privadas, sino
también por los residentes y trabajadores de esos lugares.
• Mantener a la población residente de menores ingresos en los barrios revalorizados
debería lograse a través de: el financiamiento de vivienda accesible; la mejora de las
oportunidades económicas de los pobres, a través de nuevos empleos; evitar el
aislamiento de los pobres y permitir el acceso a la educación y capacitación para el
empleo; y la mezcla social y étnica.
En los centros históricos, desde nuestra perspectiva y trabajo de campo de casi dos décadas,
hay espacio para todos, para la gente de muy diversos estratos socioeconómicos. Entonces
134
se debería promover el desarrollo de proyectos con mezcla de usos del suelo y de población
de distintos estratos socioeconómicos, a través de financiamiento y subsidios cruzados.
Asimismo, en lugar de promover la mezcla social en los barrios populares, cosa a la que no
nos oponemos, también se debería explorar la política pública de “inyectar” vivienda social
en los barrios residenciales de la elite, justamente para que la utopía de la “mezcla social”
no se pretenda únicamente realizar en los barrios ocupados por sectores populares.
El futuro de los barrios y de la ciudad no es sólo competencia de los gobiernos y los
inversionistas privados, locales o foráneos, sino fundamentalmente de la población
residente. A menudo los residentes y población involucrada en un barrio tienen visiones
diferentes sobre un mismo territorio, algo que es completamente normal en una sociedad y
en una ciudad integrada por diferentes actores sociales, económicos y políticos. El caso
comentado en este libro sobre el megaproyecto de La Merced es muy claro. En este sentido,
la decisión de lo que es conveniente para un barrio y una ciudad debe ser lo más horizontal
posible. En el siglo XXI ya no caben decisiones autoritarias sobre la ciudad y sus partes.
Finalmente, para concluir este libro en términos utópicos reivindicamos el Derecho a la
Ciudad, a la construcción de una ciudad diferente que la que tenemos; pero en términos
pragmáticos reivindicamos una Reforma Urbana, que haga que el Estado recupere su papel
rector en un ordenamiento territorial y un desarrollo urbano en beneficio de las mayorías, y
no sólo del lucro. Estamos convencidos que imponer límites y compensaciones sociales a
las inversiones privadas no atenta ni contra la propiedad privada ni contra el libre mercado.
Los inversionistas privados pueden continuar haciendo sus negocios, pero deberían
compensar a la ciudad y a los barrios con cuotas de vivienda social es sus desarrollos
inmobiliarios; y mejorar el espacio público de otros barrios. Además, en un mundo
hegemónicamente capitalista y neoliberal, otros países capitalistas han demostrado que es
posible legislar sobre un desarrollo urbano público: es el caso del Derecho a la Ciudad
consignado en la Constitución del Ecuador, de leyes de desarrollo urbano y vivienda en
Colombia, y del Estatuto de la Ciudad en Brasil. Ya sabemos además que una ley no basta
para garantizar los derechos sociales y un desarrollo urbano un poco más equitativo, pero
135
también estamos conscientes que se trata de instrumentos jurídicos que permitirán a los
actores disputar en mejores condiciones la ciudad o sus partes.
Las ciudades, como otro tipo de herencias colectivas, son por naturaleza disputadas entre
los diversos actores que integran la sociedad: sociales, económicos y políticos; o si se
prefiere actores de la sociedad civil, los inversionistas y los gobiernos. Sin embargo, no es
la diputa lo que se pretende evitar, sino que ésta ocurra en condiciones equitativas y bajo la
idea central de construir ciudad y ciudadanía; las tensiones y conflictos latentes entre la
gran diversidad social, económica y cultural que construye diariamente la ciudad deben ser
mediados por la urbanidad, la tolerancia, el respeto y el contrato social. En un mundo
urbanizado de manera voraz y fragmentada, donde el desarrollo urbano es conducido por el
interés del lucro, no es anacrónico reivindicar ciudades para (la mayoría de) la gente. Es
decir, reivindicar la construcción de La Ciudad, de una Ciudad que (tal vez) nunca hemos
tenido.
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