Participación y responsabilidad:1 Hacia una comprensión de la cultura política de los

reacomodos involuntarios en México*

Scott S. Robinson Depto. de Antropología

UAM-Iztapalcipa

En este breve ensayo me propongo violar los cánones del discurso académico y presentar la exposición en primera persona del singular, pues abordo el tema fundamentándome en mi búsqueda e interés en comprender los procesos de reacomodos involuntarios en México duran­te los últimos diez años. En lugar de reseñar los ya muy conocidos casos de presas hidroeléctricas ligadas a desplazamientos de amplias poblacio­nes,2 al escribir estas líneas considero que es más productivo identificar los aspectos —paradójicos— de la participación de los distintos actores en el nivel local en situaciones de reacomodos involuntarios en marcha.

Hago esta caracterización dentro de los límites de lo que es general­mente percibido como un régimen presidencialista de corte autoritario; en tales circunstancias, las disposiciones del ejecutivo sofocan los con­trapesos institucionales de las normas jurídicas e instancias de apelación de los afectados. En el orden conceptual, propongo que resucitemos el concepto de “ cultura política” para referimos a las reglas implícitas en las negociaciones dentro de escenarios concretos de los reacomodos en México.3

En los últimos diez años he sido un antropólogo que ha participado como “ agitador externo” en algunos proyectos de reacomodo, al mismo tiempo que he estado coordinando proyectos de investigación de estu­diantes y discutiendo sobre relocalizaciones involuntarias en marcha con todos los grupos involucrados en la problemática: agencias federales, gobiernos estatales y los dirigentes de las comunidades afectadas. El diálogo ha sido fructífero aunque los resultados son todavía magros. Algunas críticas han sido transformadas en sugerencias aceptables. Unos

cuantos estudiantes egresados de la carrera de antropología social de la Universidad Autónoma Metropolitana (u a m ) de Iztapalapa participan como parte del personal de campo (con especialidad en desarrollo social) de la Comisión Federal de Electricidad ( c fe ) y también en los equipos del Instituto Nacional Indigenista ( in i) que dan seguimiento a los proyectos de reacomodo.

Hasta la fecha, la Comisión Nacional del Agua ( c n a ) ha mostrado ser impenetrable, ya sea para revisar el expediente de los reacomodos reali­zados bajo su supervisión, o para colocar alumnos dentro de su estructu­ra administrativa con el fin de realizar investigaciones sobre proyectos que acarreen una relocalización de poblaciones. Sobresale el hecho de que la propuesta para formular legislación específica (Robinson y Szekeley, 1990), aunque inicialmente programada para la sesión legislativa de1992, fue incorporada (una parte sustancial de la misma) en la reformada Ley de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de 1993. Y estos cambios coincidieron con la instauración de la Directriz Operativa 4.20 del Grupo Banco Mundial, la cual dicta las pautas a seguir en lo relativo a las relocalizaciones provocadas por cualquier contrato préstamo del banco en el mundo. En la misma se especifica que los afectados tienen que participar en el diseño de su propio futuro y que no deben ni tienen que sacrificar su nivel productivo al realizar el cambio. Este hecho es muy significativo, dada la condición de norma correspondiente al dere­cho público internacional que se le asignan a los reglamentos internos y a las directrices operativas del Banco Mundial.4

Las investigaciones sociales nos arrojan un legajo de experiencias de reacomodos por diversas causas, ejecutados por distintos organismos oficiales (p e., c f e , p e m e x , c n a ) , cuyo resultado ha sido negativo para los afectados. En ningún caso puedo afirmar que las familias relocalizadas recuperaron su capacidad productiva vigente antes del cambio, o que no tuvieron dificultades para reconstituir sus entornos sociales y culturales después de los respectivos cambios. Aunque existen ahora muchas vícti­mas del progreso en México (y en casi todos los países del mundo), hay motivos de cierta satisfacción por las iniciativas para reformar y precisar el marco jurídico con una retórica participativa (los reglamentos funda­mentales de la acción internacional y oficial están cambiando). Sin embargo, existe un contagioso “ utopianismo” inherente a los proyectos

de reacomodo: según las oportunidades lo permitan, los esfuerzos enca­minados a obtener beneficios y nuevos recursos legales para los reacomodados están siendo continuamente replanteados y repro-gramados. Y esto está sucediendo en un escenario político internacional, nacional y regional cambiante, donde no sólo han dejado de regir las antiguas normas de la competencia por el poder, sino que además, no hay aún la normatividad con suficiente legitimidad que pueda sustituir a lo ya obsoleto.

A su vez, esto significa que cualquier análisis del fenómeno de los reacomodos necesariamente debe tomar en cuenta todas las instancias del poder relacionadas con el proyecto y las relaciones que estas guardan entre sí. No obstante, las contradicciones entre las estructuras y las culturas políticas pueden llevar al inmaduro e incipiente paradigma normativo de participación al fracaso por carencia de una normatividad vigente.

El modelo de la micropolítica de los asentamientos en México puede asimismo ser relevante en otros contextos: en cada reasentamiento involuntario —producto de la construcción de una presa, por ejemplo— se presentan formas de resistencia por parte de los desplazados. Las consiguientes negociaciones entre los distintos niveles de las agencias gubernamentales y el fragmentado (p. e., dividido en diferentes faccio­nes) liderazgo local se dan en el contexto de una prácticamente nula responsabilidad política y un marco jurídico ágil y neutro.5 Tradicional­mente, las agencias gubernamentales se apropiaron de y 4‘manejaron” las disputas entre facciones locales y sus padrinos regionales con el fin de prevenir que se forjara una resistencia común a una estrategia de reacomodo, cuyo contexto legal —por lo demás—, estaba desprovisto de directrices legislativas y procedimientos de apelación.

Sin embargo, a la luz de la experiencia de dos proyectos recientes de construcción de presas hidroeléctricas —Aguamilpa y Zimapan— finan­ciados por el Banco Mundial, el legado arriba descrito está siendo modificado. De hecho, estos dos proyectos fueron negociados bajo los términos de referencia de la nueva Directriz Operativa del Banco relativa a los desplazamientos involuntarios. El respectivo desenlace de cada reacomodo nos ofrece lecciones sobre cómo las instancias burocráticas

se adaptan al cambio y cuál es la naturaleza de los obstáculos al interior de las mismas.6

Me parece útil analizar cada epopeya de reacomodo en términos de los lazos personales, los palenques o escenarios de poder, los estilos discursivos y de negociación y los criterios entre el personal de las distintas agencias involucradas. Por un lado, cada agencia participa en los procesos de reacomodo con una agenda, unos procedimientos, presu­puestos, calendarios, facciones de liderazgo y funcionarios estatales y municipales diferentes. De acuerdo a sus respectivos intereses, enfrentamientos y compromisos partidarios, asimismo se diferencia la forma o estilo y el contenido de la(s) relación(es) que cada agencia sostiene con las autoridades —locales, municipales y ejidales—, cuyas responsabilidades políticas están trastocadas por algún proyecto de desa­rrollo y su respectivo reacomodo. Por otro lado, es de crucial importan­cia tomar en cuenta que los reacomodos resultantes de los proyectos hidroeléctricos obligan a las familias afectadas a reconstruir su medio económico —su modo de producción—, así como su capacidad para continuar reproduciendo su sistema social y cultural; es decir, su vida comunitaria. Dados estos parámetros, la ejecución de un reacomodo involuntario es un indicador eficaz del proceso político en naciones donde existe una responsabilidad pública muy limitada de las acciones administrativas públicas de diversas agencias del Estado.

¿A cuáles estructuras y culturas políticas nos estamos refiriendo? Dentro de las ciencias sociales existe una amplia literatura que alude a las características autoritarias (¿premodemas?) de la política corporativista tradicional en México.7 Así, por ejemplo, Carlos y Anderson aseveran categóricamente que “ La relación fundamental entre el Estado y sus ciudadanos es coercitiva” (1981:187). Otros ejemplos de esta literatura sobre el carácter autoritario del régimen político mexicano los encontra­mos en los numerosos ensayos publicados en la prensa de oposición al gobierno a partir de las elecciones de 1988. A modo de ilustración, cito una declaración relativamente reciente de un político de oposición: “ Vi­vimos en un sistema irreal en el que no tiene lugar un verdadero juicio crítico de políticas [gubernamentales]” (Interpress Service, marzo 18, 1992).

Hasta ahora, sin embargo, se le ha prestado escasa atención a las estructuras políticas regionales y locales en las áreas rurales donde son construidos los proyectos hidroeléctricos. En este sentido, los trabajos recientes de antropólogos políticos pueden proveemos los paradigmas y ayudamos a alcanzar una mejor comprensión de los procesos de reacomodos involuntarios. Pero es de reconocerse que la ausencia de una costumbre, y mucho menos una política pública de libre acceso a la información del Estado, dificulta enormemente la tarea de investigar el contorno político de estos megaproyectos de desarrollo y sus impactos. Al parecer, en el marco de cualquier proyecto específico existe una política implícita de encubrir la cadena de decisiones y los costos de las mismas.

Con base en mi propia experiencia, he hecho una revisión de muchos de los trabajos publicados sobre el particular. En los siete puntos que presento a continuación sintetizo la fisonomía —multivariada y de múlti­ples estratos (o capas)— del proceso político relevante para la negocia­ción de los proyectos de reacomodos en México. Lo hago con el fin de contribuir a la elaboración de un modelo de la acción política en los medios rurales, y para que los afectados por los proyectos del futuro tengan más bases para impulsar y establecer el ahora incipiente modelo participativo al interior de los mismos.

1. La política en las formaciones sociales campesinas está siempre basada en las constantes negociaciones y renegociaciones que conlleva la vida campesina: de la producción familiar, de la dominación social más allá de la comunidad y de las estrategias defensivas cuando tratan con autoridades externas, ya sean comerciantes o representantes del Estado (De Janvry, 1987).

2. Los campesinos viven en una sociedad compleja en la que la agricultura capitalista coexiste con las parcelas ejidales y los jornales percibidos fuera de la unidad de producción familiar son generados en centros urbanos o mediante la migración a los Estados Unidos. Citando a Wolf,

No importa qué formas de combinación cultural una sociedad puedautilizar, ella debe también poseer el poder para limitar la autonomía de las

comunidades que la constituyen e interferir en sus asuntos. Esto significa que todas las relaciones interpersonales e intergrupales deben ajustarse a los preceptos del poder político y económico [...] estos preceptos de poder no son sino aspectos de las relaciones de grupo mediadas en este caso a través de las formas del y por el aparato económico y político (1987: 45, [1956]).

Este omnipresente campo de intercambios relacionados con el poder constituyen, desde luego, el telón de foro para todas las acciones admi­nistrativas en las comunidades ejidales y mixtas (ejidos, comuneros y pequeña propiedad) sometidas a los reacomodos.

3. El elemento esencial de la política campesina son las élites que operan a nivel local (los brokers o intermediarios) y que ocupan posicio­nes estratégicas dentro de cada comunidad diferenciada por sus antece­dentes históricos, actores y espacio. Los líderes campesinos que ocupan la cúspide de sus respectivos bloques de poder compiten con líderes análogos en la jerarquía regional de las demandas de expresión, negocia­ciones y distribución de recursos (Carlos, 1992).

4. Las redes locales están conectadas con redes regionales y naciona­les, y estas jerarquías son, de hecho, una red política colectiva; es decir, una estructura para la articulación e intercambio de y para poner aten­ción a las demandas puestas de manifiesto. Carlos y Anderson, por ejemplo, afirman que estas redes son las estructuras sociales mediante las cuales tienen lugar transacciones políticas que atraviesan las institu­ciones políticas y estructuras administrativas formales: “ Sugerimos que ellas [las redes] vinculan los niveles de la comunidad, lo regional y lo nacional, abarcando una vasta red de grupos de interés, los cuales tienen una influencia diferencial a cada nivel” (1981: 172).

5. Dentro de cada red, un conjunto de brokers se inclina continuamen­te hacia sus respectivas clientelas. Esta actividad es un proceso político informal que contrasta con el poder formal del Estado al nivel macro. Mi colega, Elíseo López Cortés, lo define de la siguiente manera:

El poder informal a nivel local [...] es el poder que busca con base en las demandas de las unidades domésticas o de las comunidades campesinas, la satisfacción de metas u objetivos que son fundamentales en los procesos de

retroalimentación [...] del sistema (reproducción horizontal de la comuni­dad...)- El poder informal opera fundamentalmente a nivel local y sus demandas tienen como metas u objetivos la solución inmediata o mediata de los problemas, muchas veces en oposición situacional a las estructuras formales de poder que operan a largo plazo (o por sexenios como en el caso mexicano) en el contexto nacional (1991:83).

6. Dada la intensidad de la lucha entre las metas privadas y los recursos públicos en el México rural (revertido recientemente como resultado de las modificaciones al código legal agrario, pero cuyo desen­lace desafía a la pregonada predicción de los científicos sociales), el “ faccionalismo” es (comprensiblemente) común en las organizaciones campesinas, ello a pesar de que el poder reside en otra parte. Alavi nos recuerda por qué ello es así:

Los líderes son concebidos ya sea como detentadores del poder o como empresarios políticos de la manipulación, quienes organizan a grupos políticos con sus comitivas [...] y alianzas con otros grupos e individuos influyentes [...] Más que describir el conflicto de clase, el modelo de facciones describe un segmento del mismo. Por esto, tales conflictos no tienen una expresión ideológica. Se trata de facciones rivales o de dirigen­tes de facciones peleándose entre sí más por el control de los recursos, el poder y el estatus asequible dentro del marco existente de la sociedad, que por cambios en la estructura social (1987: 346-347).

Un cacique es un dirigente de facción “ que tiene como meta u objetivo el control político formal desde una perspectiva privada, repre­sentada como interés público, pero con beneficios privados para los miembros de las facciones” (López Cortés, 1991: 86). Los cuasi-grupos se forman alrededor de caciques, equivalentes morales y sociales en México de “ los grandes hombres” (Carlos, 1992: 4).

7. Aceptando que corro el riesgo de la simplificación excesiva al hacer referencia al siempre nebuloso nivel de análisis de la personalidad, me permito citar una paráfrasis de algunas aseveraciones del psicólogo social Bruckner:

En las formaciones sociales capitalistas el autoritarismo se ha convertido en una “estructura significativa” de la vida cotidiana. Esto supone que tanto en los procesos de socialización como en los de la integración de valores, normas y expectativas, el autoritarismo se define como una instan­cia dialéctica de poder [...]” (Hernández M., 1991: 133).

Las categorías implícitas en tal estructura significativa comprenden criterios para la legitimidad del liderazgo, los límites (tolerables) de coerción o las normas para la rebelión, así como las bases de las concesiones recíprocas y de los acuerdos. Si es que vamos a descifrar las culturas políticas en algún detalle, este nivel de análisis es obligatorio.

Esta breve letanía de categorías sociales analíticas pretende ser un perfil de las estructuras de relaciones de poder e intercambio relevantes para los confines de la producción campesina y comunidades en México. En resumen, es dentro de este recurrente patrón de élites —locales, municipales, regionales, estatales y nacionales—, en el que ubico el contexto de la construcción de presas y de las propuestas, negociaciones y ejecuciones de los desplazamientos involuntarios y las relocalizaciones. Cada una de estas élites tiene una dirigencia “ faccional” , la cual se disputa los recursos externos o el capital privado dentro de las jerarquías de los intermediarios (brokers); cada una tiene una legitimidad diferencial. Para usar las palabras de un guionista de Hollywoood, “ no hay otro juego en el pueblo” , o al menos, no en la forma agresiva y centralizada que lo encontramos en la burocracia federal de México.

A la interrogante sobre qué es la cultura política en este escenario, sólo podemos contestar que varía con cada nicho y red en la jerarquía. No hay una categoría monolítica o un conjunto de categorías que vayan demasiado lejos y que moldeen normas, valores, expectativas y formas de conducirse. Además, el poder real puede no yacer en el aparato de toma de decisiones, sino en el aparato cultural que define lo que constitu­ye una decisión legítima en el nivel de la comunidad (Ross y Trachte, 1990). El verdadero poder es más bien la capacidad para definir los términos del debate con los actores legítimos y en el escenario apropiado. Cada comunidad política puede poseer una integridad frágil de jerarquías de poder y prioridades que son sostenidas mientras los dirigentes se adhieren a su compromiso público y negocian soluciones legítimas a los

problemas en cuestión ante el consenso comunitario. Si el liderazgo falla en encontrar tales soluciones y las expectativas locales no son satisfe­chas, puede ocurrir un cambio en la membresía de la facción, así como de lealtades al liderazgo en tumo. Las culturas políticas se superponen, de ahí que las demandas y la distribución de recursos puedan ser negocia­das. Dicho de otra manera, debido a que las culturas políticas son “ situacionales” , el discurso que las acompaña cambia con cada reordenación del contexto local y regional.

Si esta “ definición de la situación” es permitida para efectos de mi argumento, entonces la introducción de una “ estrategia de participación para los reacomodos involuntarios” tiene forzosamente que encontrar alguna resistencia en los diferentes niveles de la estructura actual en la que actúan los brokers (p.e., dentro de los criterios de la cultura política). El legado de las dislocaciones y resistencia a los reacomodos producidos por los proyectos hidroeléctricos de gran escala en México está bien documentado, y nos sugiere —en la medida que haya datos al respecto— que efectivamente, en cada caso ha habido resistencia por parte de los afectados (Bartolomé y Barabas, 1990; Boege, 1988; Molina L., 1988; Robinson, 1991 y Szekely y Restrepo, 1988).8

El caso de la presa Caracol es sugerente (oficialmente, Ing. Carlos Ramírez Ulloa, 1986, Río Balsas, Guerrero). Aquí, una comunidad de 25 familias “ resistió” la propuesta de la cfe de trasladarse al poblado de Nuevo Balsas (420 casas), al otro lado del futuro embalse. El nuevo poblado fue construido por contratistas de acuerdo al diseño urbano de arquitectos desconocedores de los espacios requeridos por grupos do­mésticos que comparten una economía agropecuaria (véase Escalante1989, Bravo Fuerte 1992, Hernández Santander 1991 y Ortega 1992). Después de una serie de negociaciones con la c fe , intermediadas por la dirigencia de su sindicato, su t e r m , este grupo —literalmente— subió a la loma encima de su viejo pueblo, llevándose consigo lo que el tiempo les permitía. Los funcionarios de la cfe no les apoyaron en esta tarea, ni tampoco les avisaron del cierre de las compuertas de la presa; como consecuencia, perdieron muchos objetos de valor y materiales de cons­trucción. Reconstruyeron sus propias viviendas y por no haber perdido sus tierras de temporal, con el paso de los años recuperaron su vida comunitaria y cierta estabilidad económica. Ello fue posible debido al

apoyo de las remesas del “ norte” (un factor importante en toda la región) y al cobro en 1992 (seis años después de la puesta en operación de la presa), de lar indemnizaciones por los bienes muebles perdidos, calculadas en función de avalúos actualizados.9

El reacomodo estilo “ Caracol” cobró cierta fama al interior de la propia cfe y en la opinión pública nacional debido al juicio de amparo tramitado por los ejidatarios agraviados. Este constituyó el precedente más inmediato, pues la cfe se vio obligada en 1988 a negociar un contrato-préstamo con el Banco Mundial en términos de un flamante reglamento interno que obliga al propio banco a asegurar la participación de los afectados en su relocalización. Se construyeron dos presas nuevas con estos recursos: P.H. Aguamilpa sobre el Río Santiago en Nayarit, y el P.H. Zimapan en la confluencia de los Ríos Tula y San Juan, en el lindero entre Querétaro e Hidalgo. La cfe tuvo que adaptarse a estos nuevos términos de referencia: creó la Gerencia de Desarrollo Social en su organigrama, capacitó al personal integrante de la nueva agencia sobre la compleja problemática de los reacomodos, y aceptó la fiscaliza­ción (llámase “ monitoreo” ) de sus proyectos de reacomodo en ambas presas por parte de una oficina del Instituto Nacional Indigenista. Fue la primera instancia del gobierno federal en modificar su política de reacomodos de manera sustancial (Guggenheim, 1991; Maltos, 1993).

En el contexto de este cambio administrativo y de ciertas voluntades al interior de la c f e , la interrogante central sigue siendo: ¿puede haber dentro de la tradición de autoritarismo político-administrativo un progra­ma de reacomodo efectivo y de participación responsable10 que provea beneficios a los damnificados? En el pasado, el régimen no ha aceptado o permitido que esta estrategia sea seguida y, sugiero, las normas de la “ cultura política” vigente no son un buen augurio para los propósitos de un “ reacomodo participativo” , cuando no existe un sistema de adminis­tración pública con una rendición transparente de cuentas y compromi­sos.

Al concluir los procesos de reacomodo en estos dos proyectos de la cfe —financiados y fiscalizados por el Banco Mundial— se aprecian unas conclusiones tentativas. Maltos (1993) nos informa sobre el proce­so al interior de la administración del P. H. Aguamilpa, donde la facción de los “ técnicos” menospreciaba, si no es que ignoraba, los principios

de una relocalización participativa defendida por la Unidad de Desarro­llo Social, ipso facto, “ los sociales” . Por el tamaño (950 habitantes), condición étnica (tres rancherías de Huicholes y 2 de mestizos) y la dispersión geográfica de los afectados, no hubo ni resistencias ni inter­venciones sostenidas de instancias políticas estatales durante el proceso, el cual abarcó de 1988 a 1993. El desgastante empate interno entre “ técnicos” que desdeñaban los compromisos y métodos de trabajo de “ los sociales” se tradujo en una ineficiente administración de recursos. La carencia de una rendición de cuentas públicas nos impide saber a ciencia cierta el monto de los recursos que los afectados hubiesen utilizado con fines productivos.

El desenlace del reacomodo vinculado con el P. H. Zimapan es aleccionador. Por insistencias del Banco Mundial, la cfe adquirió cuatro ranchos con sistemas de riego por bombeo a 50 kilómetros del ejido de mayor afectación por el embalse Vista Hermosa, ubicado en Querétaro. El faccionalismo interno, la carencia de opciones técnicas adecuadamen­te investigadas, y la fuerza negociadora de un Comité de Reacomodos en representación de los ejidatarios (nueve miembros; esto es, tres por cada comunidad afectada) inhibió la creación de un consenso en relación con estos ranchos de restitución. Los ejidatarios acabaron rechazando la entrega (octubre 1992) de los mismos, propiedades que la cfe adminis­traba con un equipo técnico desde su compra inicial. El resultado (no­viembre 1993) arroja un cuadro muy parecido a lo acontecido en Cara­col: un pueblo nuevo (450 casas) con todos los servicios, pero con la salvedad de que fue construido de acuerdo con una insólita fiscalización de los ocupantes del mismo. Sin embargo, el nuevo pueblo quedó despro­visto de una restitución de las fértiles tierras de riego que tradicional men­te cultivaban 127 ejidatarios, miembros de las tres comunidades a ser inundadas. En este caso hubo una movilización continua de los recursos del poder en todas las instancias involucradas desde el inicio del proyecto hasta el traslado físico de las comunidades y el nuevo poblado de Mesa de León (iniciado en noviembre de 1993).11

Concluyo sugiriendo tres situaciones paradójicas que deben ser toma­das en cuenta al analizar y planificar reacomodos involuntarios en México:

1. El persistente autoritarismo de las agencias del Estado, paralelo al sistema cada vez más permeable de negociación del poder entre las élites locales, regionales y nacionales y sus respectivos escenarios de negocia­ción;

2. La ilegitimidad inherente de los funcionarios administrativos fede­rales ante la clientela campesina con quienes deben negociar un consenso que permita la ejecución de sus políticas de reacomodo; pero sin una normatividad jurídica que respalde a los afectados;

3. El marco de toma de decisiones centralizado forzado por los acuerdos tomados en las contratos de préstamos internacionales. Así, por un lado, México ha tenido que hacer algunas concesiones en cuanto a tácticas de participación a niveles más bajos (los ejidos, por ejemplo), mientras que por el otro, los constructores siguen mostrando su inflexibi- lidad ante la hegemonía de los calendarios de ingeniería técnica. Esto contribuye a la fragilidad de las élites locales, incapaces de vencer a la hegemonía técnica, y ahora forzadas por las circunstancias a negociar su futuro bajo reglamentos ambiguos. En este caso, el conflicto en lugar de ser —según el argumento de Gluckman y otros— funcionalmente unifi- cador (Gluckman, 1955, citado en Carlos, 1992), es divisorio en la medida en que las reglas del juego en todos los niveles sean cambiantes, imprecisas y sin un sistema de fiscalización o rendición de cuentas ni público ni transparente.

Notas

* Traducción de Luz Nereida Pérez Prado del artículo “ Participation and Accountability: Understanding the Political Culture o f Involuntary Resettlement in Mexico” . La traducción del artículo original fue ampliada por el autor.

1. Esta es la traducción que mejor se acerca al término accountability utilizado en el escrito original (en inglés). Así, en el sentido en que es empleada en este escrito, responsabilidad implica la

obligación de reparar y satisfacer, lo cual constituye -d e hecho- una de las acepciones que tiene la palabra en el idioma español.

2. Para una visión de conjunto de casos de desplazamientos poblacionales provocados por la construcción de presas hidroeléctricas, ver por ejemplo, M .A Bartolomé y A Barabas, La Presa Cerro de Oro y el Ingeniero El Gran Dios.

3. Apropio la frase “ cultura política” con sus significados referentes a las normas, instancias, escenarios concretos y discursos donde y por medio de los cuales se define, negocia y transforma al poder sobre recursos públicos en sociedades humanas con distintos órdenes de complejidad

1. El persistente autoritarismo de las agencias del Estado, paralelo al sistema cada vez más permeable de negociación del poder entre las élites locales, regionales y nacionales y sus respectivos escenarios de negocia­ción;

2. La ilegitimidad inherente de los funcionarios administrativos fede­rales ante la clientela campesina con quienes deben negociar un consenso que permita la ejecución de sus políticas de reacomodo; pero sin una normatividad jurídica que respalde a los afectados;

3. El marco de toma de decisiones centralizado forzado por los acuerdos tomados en las contratos de préstamos internacionales. Así, por un lado, México ha tenido que hacer algunas concesiones en cuanto a tácticas de participación a niveles más bajos (los ejidos, por ejemplo), mientras que por el otro, los constructores siguen mostrando su inflexibi- lidad ante la hegemonía de los calendarios de ingeniería técnica. Esto contribuye a la fragilidad de las élites locales, incapaces de vencer a la hegemonía técnica, y ahora forzadas por las circunstancias a negociar su futuro bajo reglamentos ambiguos. En este caso, el conflicto en lugar de ser —según el argumento de Gluckman y otros— funcionalmente unifi- cador (Gluckman, 1955, citado en Carlos, 1992), es divisorio en la medida en que las reglas del juego en todos los niveles sean cambiantes, imprecisas y sin un sistema de fiscalización o rendición de cuentas ni público ni transparente.

Notas

* Traducción de Luz Nereida Pérez Prado del artículo “ Participation and Accountability: Understanding the Political Culture o f Involuntary Resettlement in Mexico” . La traducción del artículo original fue ampliada por el autor.

1. Esta es la traducción que mejor se acerca al término accountability utilizado en el escrito original (en inglés). Así, en el sentido en que es empleada en este escrito, responsabilidad implica la

obligación de reparar y satisfacer, lo cual constituye -d e hecho- una de las acepciones que tiene la palabra en el idioma español.

2. Para una visión de conjunto de casos de desplazamientos poblacionales provocados por la construcción de presas hidroeléctricas, ver por ejemplo, M .A Bartolomé y A Barabas, La Presa Cerro de Oro y el Ingeniero El Gran Dios.

3. Apropio la frase “ cultura política” con sus significados referentes a las normas, instancias, escenarios concretos y discursos donde y por medio de los cuales se define, negocia y transforma al poder sobre recursos públicos en sociedades humanas con distintos órdenes de complejidad

tecnológica y organizativa. Esta acepción es cercana al “ procesualismo” de Swartz, Tumer y Tuden, 1966, pero aquí agrego la noción de normas y discursos siempre elaborados y heredados en un contexto de negociación y transformación continua.

4. Ver S. Robinson, “ La problemática de la convergencia del derecho público internacional: legislación mexicana y normas jurídicas en el contexto norteamericano de la reglamentación del impacto de presas entre comunidades indígenas” , en V. Chenaut y T. Sierra (comps.) Orden jurídico y formas de control social en el medio indígena.

5. Véase nota 1.6. Ver por ejemplo, la tesis de grado de H. Maltos sobre el P. H. Aguamilpa y la de R. Taifeld Levy

referente a la primera fase del P. H. Zimapan. Al momento de este escrito, noviembre de 1993, hay tres estudiantes (todos inscritos en el programa de licenciatura del Departamento de Antropo­logía de la UAM-Iztapalapa), interesados en hacer trabajos en el P. H. Zimapan. Sus informes de campo y futuras tesis nos ofrecerán información detallada sobre la cultura política de este proyecto.

7. Ver por ejemplo, J.A Booth y M .A Seligson, “ The Political Culture o f Authoritarianism in México: A Reexamination” , pp. 106-124, y Concepción Rivera, “ Política corporativa y moder­nidad” , pp. 67-75.

8. Ver también A Oliver-Smith, “ Resistance to Resettlement: The Politics o f Protest and

Negotiation” .9. En cambio, las tesis de grado de L. M. Bravo Fuerte y A Hernández Santander se centran en la

nueva comunidad de Cruz Labrada o Nuevo Balsas, construida por la cfe y poblada p o r lo s

afectados, quienes sólo obtuvieron el equivalente a menos de una cuarta parte de las tierras fértiles

que poseían antes del reacomodo.10. Esta es una traducción de la palabra accountable, la cual hace referencia específicamente al

rendimiento de cuentas por las acciones tomadas.11. Ver por ejemplo, el informe preparado por M. C. Mejía, consultora del proyecto para la sección

laten del Banco Mundial, diciembre de 1992.

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