REPÚBLICA DOMINICANA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Palabras del procurador general de la República, doctor Radhames Jiménez Peña, en el panel sobre la Estrategia de Seguridad de Centroamérica Ístmica e Insular: Mecanismos de coordinación y seguimiento: Avances, Logros, desafíos y planes futuros, realizado el 15 de junio 2011 en el Auditorio de la Escuela Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores. El auge de la criminalidad en los últimos años nos ha afectado de manera abrumadora, pues sus efectos han implicado costos sumamente altos, al generar no sólo un clima de inseguridad en la población, sino también afectando en gran medida el crecimiento económico de nuestros países, sin contar las marcadas consecuencias sobre las víctimas, por lo que el crimen y la violencia se han convertido en los desafíos más importantes para aumentar los niveles de desarrollo en la región. En ese sentido, debe ser una prioridad para los diferentes Estados de la región enfrentar este mal que nos oprime cada vez con mayor fuerza, pues del 100% de los homicidios violentos que acontecen a nivel mundial, el 42% pertenece a Latinoamérica, incluyendo el Caribe. Asimismo, las estadísticas de homicidios violentos en la región caribeña reportan que el problema de la violencia en esta parte del mundo constituye un récord mundial importante. A manera global, en el Caribe insular la media es de 30 asesinatos por cada cien mil personas, siendo las mujeres y los jóvenes lo más afectados. La siguiente región más violenta del mundo es el Sudoeste Africano, con 29, datos que demuestran la gravedad real del problema. En este orden, los países con mayores índices de criminalidad y violencia en la región del Caribe son, Jamaica, Haití, y, lastimosamente, República Dominicana. El Banco Mundial ha señalado que “tanto el homicidio como los robos son más elevados en países con bajo crecimiento económico, mientras que las tasas de homicidio son más elevadas en los países y comunidades pobres con numerosa población de hombres jóvenes, quienes son más propensos a delinquir. Precisamente, la tasa de homicidio y robo en los países mencionados es superior, en 34% y 26% respectivamente, en comparación con países de otras regiones en condiciones macroeconómicas parecidas, por lo que el flagelo de la criminalidad en el Caribe merece especial atención. ¿Cuáles son los factores que están incidiendo en estos altos índices de violencia? De acuerdo a estudios del Banco Mundial, existen pruebas contundentes de que el narcotráfico es el principal catalizador de esta situación. En primer lugar, el tráfico de drogas incide en gran medida en el incremento en la demanda de armas de fuego, tanto de

parte de los grupos criminales como de las autoridades, lo cual aumenta el riesgo de desviación y trasiego de dichas armas, contribuyendo, a su vez, a facilitar el tráfico paralelo de armas en la región, situación que se ve agravada en aquellos países con fronteras porosas, como es el caso nuestro. Datos estadísticos aseveran que del total de crímenes en el Caribe, el 75% de ellos está relacionado al tráfico ilícito de drogas, ya sea por disputas en ventas de drogas, ajustes de cuentas, dominio del mercado o represalias contra grupos contrarios. Debemos señalar el hecho de que la criminalidad genera costos cuya medición total es prácticamente imposible, ya que es muy difícil considerar, por ejemplo, la pérdida de calidad de vida de las víctimas, las reacciones originadas por el miedo al crimen, cómo afecta la sensación de inseguridad en la cotidianidad, en fin, factores muy subjetivos pero que son preponderantes a la hora de realizar un análisis completo. En el caso de Jamaica, midiendo sólo el gasto en seguridad, el crimen consume 3,7% del PIB, además de que cerca del 37% de los empresarios desisten, por miedo a la criminalidad, de hacer inversiones que incrementarían su eficiencia. Para hacernos una idea más clara de la situación, reducir la criminalidad al nivel vigente en Costa Rica, uno de los países con menores índices de violencia a nivel regional, podría incrementar el crecimiento anual per cápita de Haití y República Dominicana en 5,4 puntos porcentuales. En ese tenor, en cuanto al combate de la delincuencia y la criminalidad, aunque reconocemos que algunas formas de delincuencia organizada sólo pueden reprimirse a través de leyes, consideramos que son más efectivas las políticas de prevención alejadas del modelo tradicional de mano dura. En el caso específico de la República Dominicana, hemos implementado con mucho éxito el Plan Nacional de Seguridad Democrática, concebido con un enfoque eminentemente preventivo y dirigido a los sectores más deprimidos de la ciudad de Santo Domingo y Santiago, facilitando la generación de recursos y capacidades para el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, iniciativa que analizaremos más adelante. En resumidas cuentas, son muchos los factores que aumentan la vulnerabilidad ante la violencia, sin embargo un factor a tener en cuenta es que resulta fundamental contar con sistemas de justicia eficaces para evitar que la región se convierta en puente seguro de un sin número de actividades y transacciones ilícitas, por lo que uno de los desafíos como autoridades llamadas a combatir este flagelo debe ser incrementar la lucha por el fortalecimiento y consolidación, tanto de nuestras capacidades, como de nuestras instituciones. Por otro lado, y dadas las características actuales de los fenómenos delictivos, donde los grupos delincuenciales se caracterizan por las altas posibilidades de insertarse en la esfera de la ilegalidad, es importante afianzar aún más los lazos de reciprocidad en materia de cooperación internacional, pues el crimen organizado es hoy un fenómeno sumamente sofisticado. El tráfico de drogas, el tráfico de armas y municiones, la trata de personas, el tráfico de órganos humanos, lavado de activos, etc., son actividades muy lucrativas y con estructuras muy complejas, además de tener ramificaciones tan fuertes que son consideradas industrias del crimen. Si bien es cierto que combatir dichos fenómenos no es tarea fácil, no es menos cierto que si no contamos

con mecanismos de cooperación ágiles y eficientes, bajo el entendido de que el crimen organizado no respeta fronteras, es poco lo que podremos lograr. En cuanto a la seguridad en Centroamérica, si observamos los índices de muertes violentas veremos que conjuntamente con el Caribe, es la zona mas violenta. Y las manifestaciones de criminalidad son muy parecidas a las ya citadas. En este sentido, el esfuerzo de consensuar una Estrategia de Seguridad Centroamericana, en el marco de SICA, sustentada en la democracia y el fortalecimiento de sus instituciones, en el irrestricto respeto de todos los Derechos Humanos, en el Estado de Derecho y que promueve, la seguridad de las personas, sus bienes, la erradicación de la violencia, la corrupción, la impunidad, el terrorismo, la narcoactividad y el trafico de armas, es sumamente positivo , pues sin el apoyo mancomunado a nivel regional en el combate al crimen organizado y la violencia, los resultados en términos de efectividad no serán nunca halagüeños. Hablar de los desafíos de la seguridad en Centroamérica, es referirse a políticas concretas para que la ciudadanía no resulte afectada por los embastes del crimen y la delincuencia. Adoptar una posición de indiferencia frente al fenómeno, no es posible. Hablar de seguridad en Centroamérica, también implica referirse a los enfoques erróneos de la cuestión, que logran que la ciudadanía continúe aun mas desprotegida frente al fenómeno de una delincuencia multi-forme y multicausal. Implica constatar que la delincuencia no es homogénea y que existen diversas situaciones a nivel subregional. Por ejemplo, los países del norte del istmo muestran una delincuencia mas intensa, mientras que en el sur, las dimensiones son menores. Tratar a toda la región de manera uniforme es un serio error de política pública. Es aquí donde deviene en importante la decisión regional de actualizar la Estrategia de Seguridad para los países de Centroamérica adoptada en el 2007, a fin de que la misma responda a las nuevas necesidades, instrucción contenida en el Plan de Acción aprobado por la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno para el relanzamiento de la Integración Centroamericana, que se celebró en la ciudad de San Salvador en julio del año pasado. Sobre esta base fueron identificados los cuatro componentes que constituyen la programación de la Estrategia, a saber: a) Combate al delito, b)Prevención de la violencia, c)Rehabilitación, Reinserción y Seguridad Penitenciaria y d) Fortalecimiento institucional. En cuanto a los dos primeros componentes, se hace menester fortalecer las capacidades de respuesta al delito de los diversos sectores que intervienen en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional en sus diversas manifestaciones, y como Procurador General de la Republica, entiendo que el Ministerio Público es una pieza angular en esta lucha, por ser el Director de la investigación y en el caso de la República Dominicana, el encargado de formular e implementar la política criminal del Estado.

Antes de referirme puntualmente sobre el tercer componente, quiero contextualizar sobre la situación de República Dominicana en cuanto a esta iniciativa, como bien sabemos, el día 10 de diciembre del año 2003 se firmó el Acuerdo de Asociación entre el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la República Dominicana, mediante el cual se establece el derecho de la República Dominicana de participar e intervenir, en calidad de Estado Asociado al SICA, en aquellos asuntos que nos interesen o afecten directamente. Desde el año 2005, la República Dominicana, ha estado participando en importantes reuniones del Sistema, en consonancia con la dinámica política de integración con Centroamérica que el Gobierno Central ejecuta teniendo como resultado de esta dinámica, la República Dominicana se ha beneficiado de varios proyectos de cooperación destinados a los países miembros del SICA. Asimismo, se ha gestionado la incorporación de la República Dominicana en importantes órganos e instituciones del Sistema, tal es el caso de la Comisión de Seguridad de Centroamérica, en la cual nuestro país cuenta con delegados en las Subcomisiones de Seguridad, Defensa y Jurídica. Estos delegados forman parte de un Equipo Técnico Interinstitucional para dar seguimiento a las diversas reuniones de dicha Comisión y está compuesto por funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Interior y Policía, Ministerio de las Fuerzas Armadas, Procuraduría General de la República y Policía Nacional. Aunque la República Dominicana ha venido participando en la Comisión de Seguridad de Centroamérica y hemos venido dando todo nuestro apoyo a la Estrategia de Seguridad y a la Conferencia Internacional celebrada en el mes de junio en Guatemala, la República Dominicana no figura en los proyectos y programas que han sido identificados en el marco de dicha Estrategia. Esto se explica, porque la República Dominicana no forma parte del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, que es el instrumento normativo que rige todos los aspectos en materia de Seguridad para la región, y por lo tanto nuestro país participa en condición de observador en la Comisión de Seguridad. De igual forma, debemos tener presente que la Estrategia de Seguridad de Centroamérica se enmarca en un plan de la región en procura de apoyo de la Comunidad Internacional para la implementación de varios proyectos diseñados por y para la región, por lo que no se debe confundir con iniciativas unilaterales como el CARSI, mediante el cual los Estados Unidos favorece a Centroamérica con fondos destinados al combate de la delincuencia y la criminalidad.

No obstante esto, entendemos que existen buenas practicas que pueden ser trasladas a nuestras realidades y contextos específicos, tanto en cuanto a la prevención del delito, como en cuanto a su persecución y tratamiento. Personalmente soy un fiel convencido de que uno de los fines principales de la pena debe ser el de la reinserción y readaptación del individuo, lo cual solo se logra por medio del establecimiento de un sistema integral y acorde a los instrumentos internacionales que aseguran y promueven estas buenas practicas. Y justamente sobre las buenas practicas es que me voy a referir para abordar el componente número tres de esta Estrategia, sobre la Rehabilitación, Reinserción y Seguridad Penitenciaria, y me voy a permitir hablarles de lo que ha sido nuestra experiencia en ese sentido: Es mucho lo que habría que decir del Nuevo Modelo Penitenciario Dominicano, pero haré algunas breves puntualizaciones. Al día de hoy hemos transformado catorce cárceles tradicionales en Centros de Corrección y Rehabilitación. Dichos Centros de Corrección han transformado de manera radical las condiciones de vida de los reclusos, posibilitando una verdadera reinserción social de la persona privada de libertad. Dichos Centros de Corrección han transformado de manera radical las condiciones de vida de las personas privadas de libertad, posibilitando su rehabilitación y posterior reinserción social. Debo señalar que erradicar el sistema penitenciario tradicional ha sido una tarea ardua que ha implicado desarraigar y desmontar toda una estructura histórica de abusos, tráfico de influencias, inequidad, privilegios, violación de derechos y corrupción en el más amplio sentido, sin embargo, asumimos el compromiso, pudiendo ver ya los frutos de nuestro gran esfuerzo, al punto de ser considerados como modelo a nivel regional. Es importante destacar la inversión que con recursos propios ha realizado la Procuraduría General de la República y, es oportuno señalar que todas las obras que se realizan en la Procuraduría General de la República se hacen mediante concurso público donde participan todos los ingenieros del país que precalifican. Se dividen en lotes y se procede a sortearlas de manera transparente entre todos los participantes. El cien por ciento del personal que se desempeña en los Centros de Corrección y Rehabilitación es seleccionado mediante concurso público de oposición, a partir de lo cual es formado por la Escuela Nacional Penitenciaria, debiendo someterse además a un programa anual obligatorio de actualización. Los Centros de Corrección y Rehabilitación se desenvuelven en un marco de respeto de los Derechos Humanos aplicando una atención individualizada a los internos e internas, según el tipo de delito cometido, nivel educativo, situación social, familiar y laboral, edad y conducta.

Una batería multidisciplinaria de técnicos se encarga del proceso de corrección y rehabilitación de los internos y las internas, mediante un sistema progresivo que se ejecuta en tres fases: observación, tratamiento y prueba. Una oferta educativa, laboral y productiva así como de actividades espirituales y artísticas permite que los centros de corrección y rehabilitación sean en realidad establecimientos de estudio y trabajo en un marco de respeto y disciplina. Es decir, son lugares de segunda oportunidad para aquellas personas que le han fallado a la sociedad. En el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria existe tasa cero de analfabetismo y, junto a los niveles primario y secundario de la educación formal, existen decenas de cursos técnicos y vocacionales que permiten orientar la educación hacia la vida y el trabajo. En cada centro se instalan granjas de gallinas ponedoras, invernaderos, panaderías, talleres de costura, herrería, ebanistería, mecánica, y artesanía, y se disponen de terrenos para el cultivo de hortalizas y otros productos de ciclo corto; también, para la crianza de cerdos, ovejos, vacas y peces. Con esto, buscamos que los centros penitenciarios sean autosostenibles por lo menos en un cincuenta por ciento, lo que conlleva a un ahorro en el gasto y la inversión de nuestra institución y del gobierno dominicano. Luego de que los internos e internas completan su proceso de corrección y rehabilitación en nuestros centros cruzando por las fases de observación, tratamiento y prueba del sistema progresivo, se encuentran listos para la vida en libertad. En ese momento a nuestra sociedad como a todas las sociedades del mundo se le presenta la encrucijada de qué hacer con esas personas, que cometieron delitos, y están de nuevo en nuestras calles. El Modelo de Gestión Penitenciaria ha propuesto y ejecuta exitosamente un programa de reinserción social de los internos e internas que obtienen su libertad. La atención post penitenciaria es fundamental para el proceso de rehabilitación social de los internos e internas, por lo que hemos dispuesto para esos fines y en coordinación con la iglesia católica, el funcionamiento de Centros de atención post-penitenciario denominados Casas del Redentor, contando ya con 12, distribuidas en todo el país. Sumando dicho programa de seguimiento post penitenciario al trabajo ya realizado con los internos e internas dentro de los Centros, se está produciendo una de las más bajas tasas de reincidencia en el delito conocidas en el mundo: de un 2.7 %, teniendo en cuenta que en el resto de los países, incluyendo a los más avanzados, la tasa de reincidencia oscila entre el 39% y el 72%. Como ejemplo de esta política de reinserción social, mencionamos el proyecto implementado en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Haras Nacionales, con la

asistencia de la Misión Técnica Agrícola de Taiwán, de la creación de invernaderos a los fines de instalar esta nueva técnica de cultivo bajo techo para promover el trabajo digno entre los internos, proyecto que estamos extendiendo a otros centros. Asimismo, destacamos la creación de préstamos a ex internos para fomento de microempresas. Se trata de personas que estuvieron una vez privadas de su libertad, y que, al reinsertarse a la sociedad, han observado un buen comportamiento, con muestras de efectiva regeneración, superación y aportes a su desarrollo personal, familiar y de la comunidad. Estos préstamos son concedidos por la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), con el aval del Ministerio Público y la Pastoral Nacional Penitenciaria. Se procura que los internos puedan crear sus propios negocios y que sirvan de ejemplo para las personas privadas de libertad que recién salen de los centros penitenciarios. Podemos afirmar que en la historia de la República Dominicana nunca antes se había puesto tanto empeño en enfrentar problemas tan olvidados y a la vez importantes para la sociedad como el tema penitenciario. Nuestra meta es que más del 50% de las 37 cárceles del país operen dentro del nuevo modelo, con programas diversos para la regeneración y actividades productivas que formen al interno. Hacer viable y sostenible la reforma ha implicado reconocer lo imprescindible de la participación de los distintos sectores y liderazgos de la sociedad, y específicamente entender la necesidad de un consenso social proactivo para colocar la cuestión penitenciaria en el interés de la Nación. Esta comprensión ha dado origen al Patronato Nacional Penitenciario que acompaña al proceso de reforma de manera proactiva, independiente y crítica, y que permanece más allá de los eventuales intereses de los gobiernos y de los funcionarios públicos. Este Patronato lo preside Su Eminencia Reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez. Lo integran además, José Luis Corripio Estrada, Rosa Hernández de Grullón, Huchi Lora, Abraham Selmán, Manuel Arsenio Ureña, Frank Rainieri, Luisin Mejía, Abraham Hazoury, Haime Tomás Frías, Manuel Estrella, Fabiola Medina, Altagracia Paulino, José León y Monseñor Flores. A la vez, en cada provincia existe un capítulo local del Patronato Nacional Penitenciario integrado por los sectores y líderes de la comunidad con igual finalidad y perfil que el Consejo Directivo Nacional. Ellos son los encargados de apoyar y dar seguimiento a cada Centro de Corrección y Rehabilitación. Uno de nuestros mayores compromisos, como hemos señalado, es precisamente establecer un sistema penitenciario reformado, pero sobretodo eficiente, que garantice los derechos fundamentales y que tenga capacidad para promover cambios sociales a favor de las personas en conflicto con la Ley Penal. Es por esto, que a través del Centro de Excelencia de las Naciones Unidas para la Reducción de la Demanda y el Sistema Penitenciario, instalado en la República

Dominicana, ponemos a disposición de los países de la Región nuestra experiencia y ofrecemos acompañamiento para la instalación de este sistema a los Estados interesados. Analizando el ultimo componente de la Estrategia, apuntar que en la medida en que fortalezcamos nuestras instituciones, construimos modelos que posibilitan la prevención de la violencia desde una perspectiva integral y participativa, a través de los cuales se aportan valiosas herramientas para gestionar y resolver conflictos, lo que en definitiva se traduce en sociedades con mayores posibilidades de alcanzar un verdadero desarrollo económico, político y social de la Región. Finalmente, estamos convencidos, de que muchos han sido los avances logrados a través de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, los cuales han sido posibles gracias al reconocimiento de la necesidad de que nuestros sistemas jurídicos se conviertan en sistemas garantes de los derechos fundamentales, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho en nuestras democracias, aunque todavía nos queden inmensas metas que alcanzar y que se irán cumpliendo según se vayan ejecutando los proyectos en cada una de sus componentes, apostando a la voluntad política de nuestros gobiernos, al altruismo de los países amigos y los socios de esta iniciativa. Muchas gracias.