pablo emilio angarita -la seguridad democrática

7/24/2019 Pablo Emilio Angarita -La Seguridad Democrtica

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La seguridad democrtica : punta del iceberg del rgimen poltico y econmico

colombiano

Titulo

Angarita Caas, Pablo Emilio - Autor/a Autor(es)

El prisma de las seguridades en Amrica Latina. Escenarios regionales y locales En:

Buenos Aires LugarCLACSO Editorial/Editor

2012 Fecha

Coleccin

Gestin de la seguridad; Poltica de seguridad; Estado; Derechos humanos;

Inseguridad; Seguridad; Uribe Vlez, lvaro; FARC - Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia; Colombia;

Temas

Captulo de Libro Tipo de documento

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Pablo Emilio Angarita Caas*

LA SEGURIDAD DEMOCRTICA

Punta del iceberg del rgimen polticoy econmico colombiano**

PREGUNTAS DE INVESTIGACIN

Para sustentar nuestras tesis, acudimos al recurso metodolgico deresponder las preguntas de investigacin, que a su vez le dan la es-tructura narrativa al presente texto. Los interrogantes planteados son:Por qu se afirma que la inseguridad es el problema prioritario enColombia y cmo logr imponerse esta idea? Es la seguridad un de-recho humano fundamental, como lo afirma el gobierno colombiano?Cul ha sido el impacto de la seguridad democrtica para los Dere-

* Docente e investigador en la Universidad de Antioquia. Doctor en Derechos Humanosy Desarrollo, Universidad Pablo de Olavide, magister en Ciencia Poltica y Abogado.

Miembro del Grupo de trabajo de CLACSO: Seguridad en democracia: un reto a laviolencia en Amrica Latina. Coordinador del grupo interdisciplinario e interinstitu-cional de investigacin sobre Conflictos y Violencias, INER, Universidad de Antio-quia (Colciencias, categora B). Fundador y directivo del Observatorio de SeguridadHumana de Medelln, conformado por la Universidad de Antioquia, Instituto Popularde Capacitacin y Personera de Medelln. Autor del libro Seguridad Democrtica: loinvisible de un rgimen poltico y econmico(Bogot: Siglo del Hombre, 2011). Correoelectrnico: .

** Este texto toma elementos de la investigacin realizada por el autor para sutesis doctoral, titulada Seguridad y Derechos Humanos. Las polticas de segu-ridad en Colombia, 2002-2009, presentada en la Universidad Pablo de Olavide

(Sevilla, Espaa), y que recibi la mxima calificacin del Tribunal por unani-midad: Sobresaliente Cum Laude.


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EL PRISMA DE LAS SEGURIDADES EN AMRICA LATINA

chos Humanos? La seguridad democrtica, implic una ruptura conlas estrategias de control, empleadas histricamente por las lites do-minantes en Colombia o existen antecedentes de sta? Qu le ha per-mitido a la seguridad democrtica encontrar respaldo en amplios sec-

tores de la poblacin, incluso entre sectores ms oprimidos? Por qufue posible la implantacin de un rgimen autoritario de tipo bona-partista en Colombia? Qu intereses econmicos defienden la seguri-dad democrtica y el rgimen que la soporta? Es cierta la afirmacindel presidente que su poltica de seguridad es opuesta a la Doctrina dela Seguridad Nacional, y hasta qu punto es una poltica autnomadel Estado colombiano o responde a las estrategias internacionalesde seguridad? Un corolario de carcter propositivo pretende respon-der: Es posible, en el marco de la actual formacin socioeconmica

y poltica colombiana aplicar una poltica de seguridad, protectora delos Derechos Humanos y que haga efectiva la democracia radical? Acontinuacin exponemos sintticamente las respuestas encontradas acada uno de los interrogantes formulados.

LA INSEGURIDAD COMO PROBLEMA PRIORITARIO DE COLOMBIAAl despuntar el siglo XXI, la sociedad colombiana atravesaba un com-plejo cuadro de desajustes sociales al lado de la presencia de actoresarmados ilegales, algunos de los cuales actuaban en conexin con lasfuerzas del Estado (paramilitares). Se trataba de la expresin de una

acumulacin histrica de problemas econmicos, sociales y polticosno resueltos; adems, el conflicto armado se haba expandido a casitodo el territorio nacional, teniendo por protagonistas no slo a lainsurgencia y a las fuerzas estatales, sino a grupos paramilitares de ex-trema derecha articulados a estrategias contrainsurgentes del Estadoy cuyos principales recursos provenan del negocio ilcito de las dro-gas y, secundariamente, de las contribuciones de sectores empresaria-les locales y transnacionales. Las expresiones violentas ms visiblesconsistan en frecuentes tomas guerrilleras de pequeas poblaciones,

el control de las carreteras y de sectores urbanos por parte de la in-surgencia; as mismo, en Colombia se realizaban masacres, asesinatosselectivos y desplazamiento forzado de centenares de miles de cam-pesinos, accin especialmente proveniente de los narcoparamilitares,cuyo propsito, adems de la apropiacin de las tierras, era mantenercontrol territorial y del aparato poltico estatal, de modo que les faci-litase la consolidacin de cadenas productivas ilegales, su insercin ala economa formal y avanzar en el dominio del poder poltico estatal.

Las mltiples manifestaciones de violencia e inseguridad creabanun ambiente de zozobra y pesimismo colectivo, traducido en una si-tuacin de ingobernabilidad que orientada mediticamente, apuntaba


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a sealar al actor insurgente como principal responsable y, al mismotiempo, se mostraba condescendiente con las fuerzas contrainsurgen-tes ilegales y con los abusos contra la poblacin, cometidos por laFuerza Pblica. Estos ltimos hechos eran justificados con el argu-

mento abierto o implcito de la imperiosa necesidad de derrotar atoda costa a las guerrillas, las cuales se publicitaban ante el pas comola causa central de todos los males de los colombianos y, en conse-cuencia, el enemigo principal a combatir. De esta manera la seguri-dad se fue posicionando, hasta imponerse en el imaginario colectivo,como la necesidad prioritaria de los colombianos.

Durante la dcada del noventa, se haban adelantado diversasiniciativas tratando de poner fin al conflicto armado por la va de lanegociacin poltica. Fue muy significativo el ao 1997, en el que se

realizaron marchas y concentraciones, convocadas por las centralesobreras en distintas capitales de departamento; se calcula que un mi-lln de personas se movilizaron para pedir al gobierno nacional eldilogo como nico mecanismo para ponerle fin a la violencia queazota al pas. El torrente de movimientos y propuestas tuvo comomxima expresin el Mandato Ciudadano por la Paz, multitudinarioplebiscito ciudadano de expresin de indignacin y cansancio con laguerra y al mismo tiempo de bsqueda de alternativas no violentas alconflicto1. Las reiteradas movilizaciones ciudadanas, se convirtieronen fuerte presin hacia el gobierno de entonces (presidente Pastrana,1998-2002), lo cual termin en la instauracin de una zona desmilita-rizada para adelantar dilogos entre las guerrillas insurgentes de lasFARC y el Estado, como fase preliminar de una posible negociacinpoltica. La zona del Cagun, que sirvi de base a los dilogos depaz, se inici en octubre de 1998 y permaneci durante ms de tresaos, funcion simultneamente con la aplicacin de un modelo denegocin aceptado por las partes y conocido como dialogar en mediodel conflicto, lo cual quera decir que la fuerza pblica poda perse-guir a los insurgentes, incluyendo combates y capturas exceptuando

esta zona, del mismo modo, las FARC, continuaban con sus prcti-cas de guerra. Por otra parte, mientras la opinin pblica nacional einternacional estaba atenta al desenvolvimiento de los dilogos y seenteraba de las confrontaciones entre el Estado y los insurgentes, lasfuerzas paramilitares extendan su accionar militar a la mayor partedel territorio nacional.

El evidente incremento de los enfrentamientos armados y el avan-ce de las fuerzas insurgentes, junto a la presin de sectores de la so-

1 Este Mandato, en las elecciones del 26 de octubre de 1997, obtuvo una votacinde cerca de 10 millones de personas a favor de la paz (Garca Durn, 2006: 147).


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ciedad y de los medios, condujeron a que, el 20 de febrero de 2002, elgobierno cancelara abruptamente la zona desmilitarizada en la quese haba aceptado el poder hegemnico de las FARC. Por otra parte,a los fallidos intentos de dilogo con la insurgencia, durante la admi-

nistracin de Pastrana se fortalecieron cuantitativa y cualitativamentelas Fuerzas Armadas, con recursos provenientes del Plan Colombia,nombre con el que el Pentgono concret su estrategia de lucha, ini-cialmente contra las drogas y luego contra el terrorismo en nues-tro pas. Este Plan, en medio de controversias polticas en las que sedenunciaba el beneplcito del gobierno colombiano, sin que hubiesesido sometido al necesario examen y aprobacin del Congreso Nacio-nal, constituy la columna vertebral del Plan Nacional de Desarrollo y,al mismo tiempo, afianz los lazos de dependencia hacia los Estados

Unidos con graves consecuencias ulteriores.Otro hecho significativo ocurrido durante estos aos de frustra-dos intentos de dilogos, fue el trascendental cambio en la mentali-dad de la mayora de los colombianos. La cancelacin de los dilogosconstituy un punto de inflexin decisivo en el que se dio un virajede la lite dirigente y de la opinin pblica nacional que abandonlos esfuerzos de una salida no violenta y march hacia la consolida-cin de las estrategias de guerra como mecanismo para enfrentar elconflicto armado. Este cambio se expres en los primeros meses del2002 durante la campaa electoral, uno de cuyos temas centrales fueel tratamiento al conflicto armado, en el que termin imponindose elrechazo a la zona de despeje y con sta a la posible solucin negocia-da del conflicto, como se visibiliz con el incremento de colombianosa favor de las soluciones de fuerza.

La inseguridad que afectaba al conjunto de la sociedad, ademsde ser una realidad objetiva, fue magnificada a tal grado que la po-blacin se encontraba en una situacin de miedo, incertidumbre ydesesperanza. Como suele ocurrir en momentos de confusin, sec-tores de la lite aprovecharon la coyuntura para enriquecerse va

narcotrfico y/o incrementar las empresas de seguridad privada; sinembargo, las clases dominantes se sentan afectadas en sus intere-ses, como consecuencia de las acciones violentas, las amenazas, lasextorsiones, los secuestros y otras prcticas propias de las dinmicasde la guerra. Este clima social fue el ambiente favorable para quemayoritariamente se aceptara la idea de laseguridadcomo problemaprioritario de la nacin y, como consecuencia de sta, las propuestasque ofrecan soluciones militares para enfrentarla. As mismo, en elcontexto internacional, se mantenan an vivas las imgenes del 11

de septiembrede 2001 y la propaganda meditica de lucha contra elterrorismo que justificaba las restricciones a las libertades e impona


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las soluciones de fuerza como principal alternativa para enfrentar-lo. En esta lgica y con gran apoyo de los medios de comunicacin,la poblacin acogi mayoritariamente el programa de la Seguridad

democrtica, liderada por el candidato lvaro Uribe Vlez, quien se

presentaba no como otro poltico ms que llegaba al gobierno, sinocomo aquel ungido para ser el salvador de la nacin. Alrededor dela prioridad de la seguridad se unieron los medios de comunicaciny los empresarios, con el irrestricto apoyo de los Estados Unidos;adems, rpidamente la sociedad acogi esta idea, incluso los secto-res ms necesitados de la poblacin.

LA SEGURIDAD ES UN DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL,COMO AFIRMA EL GOBIERNO?

Uno de los fundamentos que Hobbes atribuye a la existencia del Es-tado es la bsqueda de la paz y la seguridad, que es la primera leyde la naturaleza, a la que hay que llegar por acuerdo o por medio dela guerra. De all su insistencia en que la nica manera de lograr laseguridad para el disfrute de la propiedad individual, la existencia delos hombres y de la sociedad, sea mediante el Pactumsubjectionis,establecido por todos los hombres con el poder soberano elLeviatnnico capaz de garantizar la seguridad, la libertad y la obediencia detodos los sbditos (Hobbes, 1994: cap. XVIII). Estos planteamientoshan sido la base terica fundamental de todas las doctrinas autori-tarias que consideran vlido el sacrificio de la libertad y de otros de-rechos con tal de lograr la seguridad; valor ste al que le atribuyenel carcter de esencial y requisito previo para la consecucin de losdems derechos.

Con la modernidad se desarrollaron la ideologa liberal2 y lasdiversas manifestaciones del pensamiento crtico en las que, si biense reconoce la importancia de la seguridad y la autoridad, para laconvivencia y el funcionamiento de la sociedad; sin embargo, condiversas matizaciones, se rescata la importancia de la libertad co-

2 La teora de Locke, como bien lo seala Sabine, era implcitamente tan egostacomo la de Hobbes, pues para Locke, tanto el gobierno como la sociedad existenpara mantener los derechos del individuo y la inviolabilidad de tales derechos, es unalimitacin a la autoridad de ambos (Sabine, 2006:404). Segn Locke, la existenciadel Estado se justifica a partir de sus dos grandes obsesiones: la seguridad, en tantoes necesaria para la defensa de la propiedad privada. Cabe recordar que su visinde propiedad, en sentido amplio, incluye no slo los bienes materiales sino la viday la libertad (Locke, 1976: cap. IX). Por ello, para el historiador Touchard, Locke noes revolucionario, desconfa tanto de la soberana popular como del absolutismo

del monarca, ya que Su principal preocupacin es el orden, la calma, la seguridad(Touchard, 1985: 296).


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da bajo la administracin Bush y acogida por gobernantes europeos,particularmente Tony Blair en Gran Bretaa, y luego replicada en lamayora de pases occidentales.

En Colombia, laseguridad democrtica defiende la visinsecuri-

tariacon el agravante de que, ante la presencia del conflicto armado,las soluciones de fuerza para enfrentarlo ya han ganado terreno enel imaginario colectivo. En ese sentido, justificar la seguridad comoderecho humano fundamental, pareca casi obvio y no exigi dema-siada inteligencia argumentativa, bastando slo una persistente labormeditica que frente a cada hecho de violencia, termina convenciendoa la poblacin de la verdad tautolgica de este enunciado.

La concepcin securitaria, adems de enfocar la seguridad connfasis en lo militar, conlleva la subordinacin de los derechos hu-

manos a sta, pretendiendo hacer caso omiso de que la seguridad,ms que un fin en s mismo, debe ser el medio que contribuye a hacerefectivos los derechos humanos. De igual manera, el orden pblico yel Estado no pueden ser defendidos en contra de la sociedad, ni serinstituciones valoradas per se. Pues, an dentro de las formacionessociales capitalistas cabe cuestionar la razn de ser del Estado, ya queste debe ser un instrumento para viabilizar el bien pblico societal,toda vez que en un Estado que se reclama Democrtico de Derecho,los postulados de orden pblico no pueden ser otros diferentes a losdel orden pblico democrtico y, la seguridad deber responder a es-tos mismos criterios.

En el marco de las sociedades capitalistas, el Estado y todas susinstituciones cumplen funciones instrumentales al servicio de las cla-ses dominantes, pero al mismo tiempo, al interior de estas institucio-nes tambin se expresan los conflictos y las contradicciones sociales yla exigencia de derechos por parte de la multitud frente al poder y portanto, la demanda de una seguridad subordinada a los derechos es unapermanente tensin, un mbito de conflicto con las pretensiones se-

curitariasdel poder. Desde esta ltima perspectiva, voces minoritarias

representadas por movimientos de derechos humanos, de vctimas y

con caractersticas tan amplias que podra ser aplicable incluso a simples accionesdemocrticas de desobediencia civil. Adems, establece fuertes restricciones alibertades civiles y vulnera elementales principios del derecho penal liberal, comola presuncin de inocencia, elhabeas corpus, el derecho de defensa, la libertad deexpresin derechos conquistados por la humanidad en los ltimos siglos, consagradosen la Constitucin de Estados Unidos y en tratados internacionales de DerechosHumanos (The Economist, 2002:18-20). Con la Ley Patriota y las medidas represivasaplicadas en las crceles de Guantnamo e Irak, el gobierno norteamericano, adems

de violar los derechos humanos, infringe las normas internacionales reguladoras delos conflictos armados (DIH).


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sectores polticos de oposicin, que han sufrido las consecuencias di-rectas de la aplicacin de laseguridad democrtica, critican a sta porsus nocivos efectos prcticos, y adems, porque en el campo terico,pretende imponer la idea de que la seguridad es un bien jerrquica-

mente superior y condicin previa para la realizacin de los derechoshumanos. Desde una visin crtica, el filsofo espaol Joaqun Herre-ra, destaca que los derechos humanos son procesos institucionales ysociales que posibiliten la apertura y consolidacin de espacios [...] noson categoras previas ni a la accin poltica ni a las prcticas econ-micas. La lucha por la dignidad humana es la razn y la consecuenciade la lucha por la democracia y por la justicia (Herrera, 2008:14).

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA SEGURIDAD DEMOCRTICA

El presidente AUV present su proyecto poltico bajo la consignaMano firme y corazn grande (Uribe, 2002), en el Plan de DesarrolloHacia un Estado comunitario (2002-2006), el cual contena su polticade seguridad y en el que se afirmaba: con el objetivo de defender elordenamiento democrtico y el Estado de Derecho, garantizar la se-guridad y la libertad de la poblacin, proteger los derechos humanose impulsar la prosperidad econmica y la equidad social, el GobiernoNacional implementar un modelo integral de seguridad democr-tica que le permita al Estado recuperar la autoridad con criterios delegitimidad, legalidad y gobernabilidad (DNP, 2003:31). Esta misma

visin y las polticas implementadas, permanecieron durante los dosmandatos del gobierno, toda vez que en el Plan de Desarrollo Uribe II(2006-2010), denominadoEstado Comunitario: desarrollo para todos,se propuso la Consolidacinde laSeguridad Democrtica, mantenien-do la idea de fortalecer la autoridad estatal y la concepcin militaristade la seguridad.

El gobierno atribuye consecuencias positivas a su poltica de se-guridad. No obstante, al analizar, a la luz del catlogo de derechos hu-manos, los resultados de sta, concluimos que laseguridad democrti-

ca es una poltica que protege los intereses de las clases dominantes yvulnera los derechos de las mayoras nacionales. Como se puede mos-trar a partir de sus efectos prcticos, de los cuales podemos destacar:

- El plan de gobierno sealaba: Hoy, violencia poltica y terror-ismo son idnticos (Uribe, 2002a: punto 33). En concordan-cia con ello, se emitieron medidas en el marco de la Seguridad

Democrtica, tales como el decreto 2002 del 2002, medianteel cual se declar el estado de conmocin interior, que con-stituy la columna vertebral del andamiaje jurdico para desar-rollar la estrategia de guerra, con el propsito de controlar el


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orden pblico. En el desarrollo de este decreto, el Presidenteratific aspectos centrales de los 100 puntos de su campaay, en las propuestas de reforma constitucional, le dio ms fac-ultades a la Fuerza Pblica; as mismo, diversas decisiones

polticas giraron en torno a un papel protagnico de sta, bajoel liderazgo presidencial. Con el decreto 2002 se crearon las

Zonas de Rehabilitacin y Consolidacin,en los territorios msafectados por el conflicto armado, dentro de los cuales, bajo elcontrol de la Fuerza Pblica se restringieron los derechos delos ciudadanos con el objetivo de recuperar la seguridad dellugar. La experiencia demostr que lasZonas de Rehabilitacinno lograron el propsito anunciado de disminuir la violencia,por el contrario sta se increment, con el agravante que la

violacin de los derechos humanos se hizo ms evidente y le-galizada; pero an as, el gobierno nunca reconoci el fracasode stas; simplemente cancel el experimento sin dar explica-ciones (ONU, 2003).

- La conformacin de redes decooperantes einformantes, es unode los pilares estratgicos de la Seguridad Democrtica, objetode fuertes crticas, pues involucrar civiles en el conflicto arma-do, bajo la forma de cooperantes, conlleva una clara violacinde las ms elementales normas del Derecho Internacional

Humanitario, al no diferenciar entre combatientes y no com-batientes, poniendo en alto riesgo a los civiles que cooperan.Pese a la fundamentacin jurdica y poltica de estas crticas,el gobierno hizo caso omiso de ellas y en su segundo mandatocontino fortalecindolas.

- La seguridad democrtica afirma estar comprometida con elrespeto a los derechos humanos y la proteccin y promocinde los valores, la pluralidad y las instituciones democrticas(DNP, 2003:31; nfasis propio). Las estadsticas presentadas

por el gobierno muestran un descenso en algunos de los ru-bros de violencia y en el freno a las acciones de la insurgenciay, por tanto, una parcial recuperacin, por parte del Estado,del control de las carreteras y de municipios que estuvieronasediados por fuerzas insurgentes. No obstante, al finalizar elprimer mandato de Uribe Vlez, el balance de esta poltica deseguridad, mostraba un lamentable panorama en materia deDerechos Humanos, con todo y su disminucin, seguan indi-cando una preocupante realidad, pues segn las estadsticasoficiales, las torturas descendieron de 134 casos en el 2002 a124 en el 2006; otros hechos de violacin de derechos humanos


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que en el 2002 haban llegado a 3.177 eventos, en el 2006 regis-traron 1.959 casos (Observatorio DH, 2006)5.

- El desbordado optimismo de quienes le atribuyen triunfos alaseguridad democrtica se contrarresta con el gran nmerode desapariciones forzadas, ejecutadas durante este perodo,de personas masacradas, exhibidas como muertes en com-bate y de las que se tuvo noticia slo aos ms tarde, en elproceso de identificacin de cadveres realizado por la Fiscalacon base en las declaraciones de paramilitares sometidos alproceso de Justicia y Paz, por denuncias de sobrevivienteso de familiares de las vctimas. Segn el informe deAmnista

Internacional (mayo de 2009), se present un incremento decasos de desaparicin forzada en Colombia; durante los 12

meses previos a julio de 2008 ocurri la muerte violenta de1.492 civiles y la desaparicin de 182 personas, en contrastecon los 12 meses anteriores a julio de 2007, en los que se pre-sentaron 1.348 muertos y 119 desaparecidos (AI, 2009). En elperodo comprendido entre 2007 y 2009, Medicina Legal re-porta 38.705 personas como desaparecidas (Medicina Legal,2010: 26).Al finalizar el 2009, la Fiscala haba documentado25.185 casos referidos a cadveres de personas desaparecidas,que fueron raptadas contra su voluntad y que hoy estn sien-

do buscadas por sus familiares (Semana.com, 2009). Uno delos hechos ms significativos, lo constituy el hallazgo de unafosa comn en la Macarena (departamento del Meta), con unacifra de cadveres NN, que podra llegar a los 2.000. Desde el2005 el Ejrcito, cuyas fuerzas de lite estn desplegadas enlos alrededores, ha estado depositando detrs del cementeriolocal cientos de cadveres con la orden de que fueran inhu-mados sin nombre (Albiana, 2010). Una buena cantidad deestas desapariciones fueron cometidas durante la vigencia delaseguridad democrtica.

- Las ejecuciones extrajudiciales han sido una prctica de lafuerza pblica en diferentes gobiernos. La diferencia radica

5 Entre julio de 2003 y junio de 2008 fueron vctimas de tortura por lo menos 899personas, de las cuales 229 quedaron con vida, 502 fueron asesinadas y 168 fueron

vctimas de tortura psicolgica. Segn la Fiscala General de la Nacin, [] amayo de 2009, tiene a su cargo 38 investigaciones por el delito de tortura por hechosocurridos entre 1986 y 2008. [] preocupa que slo en un 17,8% de los casos detortura a cargo de esta unidad exista una sentencia condenatoria. Sentencias que

fueron expedidas entre los aos 2003 y 2009 (Informe Coalicin Colombiana Contrala Tortura, 2009: 9; 51; 53).


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que durante la poltica de seguridad de AUV se dio un noto-rio incremento de estos casos. Segn el informe del Observa-torio de la Coordinacin Colombia - Europa - Estados Unidos(CCEEU), entre 1997 y junio de 2002 se registraron 669 casos

de ejecuciones extrajudiciales atribuibles a la Fuerza Pblica y,durante el gobierno de Uribe Vlez,entre julio de 2002 y dic-iembre de 2007 se registraron por lo menos 1.122 casos; lo quesignifica un aumento del 67,71% de ejecuciones extrajudicial-es directamente atribuidas a la Fuerza Pblica (ObservatorioCCEEU, 2009). Segn el anlisis discriminado, la violencia du-rante este perodo, se caracteriza por un perfil muy poltico enel liderazgo de las vctimas, de un lado, y de otro, altos nivelesde violaciones al derecho a la vida de las personas excluidas

y/o socialmente marginadas (Observatorio CCEEU, 2009:12).As mismo, personas masacradas exhibidas como muertes encombate, eufemsticamente llamadasfalsos positivos, que en-tre 2006 y 2008, registran por lo menos 1.778 asesinatos atribui-dos directamente a la Fuerza Pblica (Zuleta, 2010). Una delas explicaciones al incremento de los homicidios atribuiblesa la Fuerza Pblica, durante los gobiernos de Uribe Vlez, serelaciona con los estmulos ofrecidos a cambio de resultadoseficaces, consagrados en el Decreto 1400 de 20056y la Directivadel Ministerio de Defensa nmero 029 de 20057.

- En el 2008 hubo por lo menos 49 asesinatos de sindicalistasjunto a otros 12 defensores de derechos humanos y 39 sindi-calistas asesinados el ao pasado, mientras que en el 2007 seregistraron 39 asesinatos de sindicalistas (ENS, 2010). Por otraparte, las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron a menoresde edad como informantes, en contra de la directiva emitida

6 Con el que se crea la Bonificacin por Operaciones de Importancia Nacional,BOINA.

7 Esta Directiva desarrolla los criterios para el pago de recompensas por lacaptura o abatimiento en combate de cabecillas de las organizaciones armadas almargen de la ley, material de guerra, intendencia o comunicaciones e informacinsobre actividades relacionadas con el narcotrfico y pago de informacin quesirva de fundamento para la continuacin de labores de inteligencia y el posteriorplanteamiento de operaciones. La Directiva, expedida el 17 de noviembre de 2005por el entonces ministro de defensa Camilo Ospina, declara que quien informe dearmamento, de elementos logsticos y de cabecillas de grupos al margen de la ley,podr cobrar dineros al ministerio de defensa, que van desde 3 millones 815 milpesos hasta cinco mil millones de pesos. La Unidad de Derechos Humanos de la

Fiscala muestra que, tras la expedicin de la directiva 029, se incrementaron lasdenuncias (El Espectador, 2005).


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en 2007 por el Ministerio de Defensa, en la que se prohiba elempleo de menores de 18 aos para obtener informacin (AI,2009).

- Dentro del proceso de negociacin con los grupos paramilitaresse expidi la Ley 975 de julio de 2005, impropiamente denomi-nada Justicia y Paz, cuya versin final qued un poco menosbenvola que el proyecto inicial del gobierno en el que se pre-tenda la impunidad total a los paramilitares responsables dediversas clases de crmenes. Al finalizar la administracin deUribe, los paramilitares no haban sido juzgados, muchos deellos seguan delinquiendo desde sus sitios de reclusin. El pro-longado tiempo transcurrido entre la entrega de los jefesparasy el inicio de sus procesos judiciales, les permiti organizar el

traspaso de bienes y dineros, y los que continuaron delinquien-do, tuvieron suficiente tiempo para reasignar funciones dentrode la empresa criminal. Cuando algunos de ellos empezarona declarar sobre la participacin de polticos, empresarios ymiembros de la Fuerza Pblica en sus acciones criminales, elgobierno los extradit hacia Estados Unidos para ser juzgadospor narcotrfico; priorizando este delito frente al de los milesde crmenes cometidos en Colombia, que quedaran en la im-punidad. Mientras tanto, los familiares de las vctimas8y la so-

ciedad seguan a la espera de la verdad y de un juicio justo quedefiniera la reparacin por los daos causados.

- Diferentes informes oficiales atribuyen a laseguridad democrti-ca haber recuperado algunas zonas para el control del Estado.No obstante, el resultado de la guerra adelantada por el Estadoy los paramilitares contra la insurgencia y los movimientos so-ciales tuvo entre otras consecuencias el desplazamiento de lasoperaciones de guerra a nuevos territorios. Antes de finalizar el2009 el Estado an no haba logrado recuperar el 55% del ter-

ritorio nacional, por lo que segn la Corporacin Nuevo ArcoIris para derrotar militarmente a las FARC, se requerira unaaltsima inversin econmica. Esto sin mencionar el inmensocosto desde el punto de vista humanitario y ambiental que im-plica la continuidad de la guerra. As mismo, a punto de fina-

8 Segn clculos del Movimiento de vctimas, para el ao 2008 existan 3.5 millonesde vctimas de los paramilitares, de los cuales tan slo 147 mil se haban atrevido ainscribirse en los programas de gobierno y slo 10.500 haban asistido a algunas delas audiencias programadas con la expectativa de escuchar alguna versin que le

diese pistas sobre la suerte de sus seres queridos desaparecidos o eliminados. Menosde 2 mil familiares de vctimas contaban con apoderado judicial (Gonzlez, 2008).


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lizar el segundo cuatrienio de Uribe cerca de 300 municipiosse encuentran afectados por la presencia de los grupos emer-gentes; la inseguridad urbana se ha incrementado en el ltimoao, con lo que cerca de 600 de los 1.090 municipios presentan

actividad de grupos armados ilegales (CNAI, 2009).

Otra fuente de informacin que ratifica el lgubre balance de seguri-dad, es el Comit Internacional de la Cruz Roja (CICR), cuyo directorpara Colombia expres: en ciertas zonas del pas la intensidad delconflicto es ms baja. Pero hay que reconocer que el conflicto se hamovido a regiones que hace 10 aos no estaban afectadas (Beney,2009). Faltando pocos meses para culminar la administracin UribeVlez, su estrategia militar de seguridad se ha traducido en una reac-

tivacin de la inseguridad urbana. As mismo, en las zonas rurales,aparecen nuevos focos de inseguridad, como lo registran la violenciaprotagonizada por la emergencia de grupos paramilitares a los que elgobierno denomin simplemente BACRIM (bandas criminales), mez-cla de paras desmovilizados y otros que nunca se desmovilizaron yque actan en buena parte del territorio nacional, especialmente enlos departamentos de Nario, Antioquia, Arauca, Valle y costa pacfi-ca, as como en varios departamentos de la costa Atlntica. Igualmen-te, las tasas estadsticas de homicidios en las ciudades que haban des-cendido en los primeros aos del gobierno de AUV volvieron a crecerdesde el 2008 y hasta el 2011, como se constata con el alto nmero demuertes violentas que se registran en las principales ciudades colom-bianas. La contundencia de estos hechos demuestra que la seguridad

democrtica, adems de no ser democrtica, tampoco ha logrado solu-cionar los problemas que en apariencia pretenda resolver.

POLTICAS DE SEGURIDAD: UN CONTINUUMHISTRICO DECONTROL Y DOMINACINEl anlisis de las polticas de seguridad adelantadas en Colombia du-

rante sus doscientos aos de independencia y, especialmente a partirde la constitucin como Estado republicano desde 1886, nos permiteafirmar las siguientes tesis:

- La poltica de seguridad democrtica aplicada durante las dosadministraciones del Presidente AUV responde a un continu-umhistrico que profundiza y perfecciona las polticas adelan-tadas por las clases dominantes en los gobiernos que le hanprecedido, y al mismo tiempo, constituye un nuevo rgimen

poltico con notables modificaciones a las formalidades jurdi-cas y que aplica medidas abiertamente autoritarias.


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- El proceso histrico de conformacin de Colombia como Es-tado, ha tenido por sustrato material a mltiples conflictoseconmicos, sociales y culturales en los que una lite domi-nante ha esgrimido la inseguridad, el peligro de la subversin y

el desorden pblico como pretextos para aplicar estrategias decontrol frente a las clases subalternas, consideradas peligro-sas. Las luchas reivindicativas de los sectores sociales y susmovilizaciones han sido el argumento para justificar la produc-cin de normas jurdicas y de acciones represivas que garanti-zan su hegemona.

- La constitucin aprobada en 1886, bajo el liderazgo de RafaelNez, concret un rgimen autoritario con el lema Regen-eracin o Catstrofe, del cual la figura presidencial de Nez

emerge como el salvador de la patria, envuelta en caos y con-frontaciones armadas fratricidas. Esa constitucin, con algunasreformas, rigi los destinos de los colombianos durante ms decien aos y, a su amparo, emergieron personajes que esgrimenla bandera autoritaria del orden para impulsar un desarrolloeconmico sobre la base de profundas inequidades sociales.

- La continuidad autoritaria se encarn, entre 1905 y 1910, en lafigura del dictador Rafael Reyes y, de 1926 a 1930, en MiguelAbada Mndez, quien culmin la Hegemona Conservadora en

medio de escndalos por la persecucin a sangre y fuego de lostrabajadores bananeros y petroleros que laboraban al serviciode compaas de capital norteamericano. A partir de 1930 yhasta 1945, la Repblica Liberal, liderada por la burguesa in-dustrial, para enfrentar la reaccin conservadora y promover laindustrializacin del pas, emple la estrategia de concesionesal movimiento obrero con lo cual logr cooptarlo ideolgica-mente, aunque las luchas sociales desbordaron los controlesideolgicos y polticos poniendo al margen de la legalidad a las

reivindicaciones obreras radicalizadas.- Las formalidades democrticas del Estado no resistieron las

reclamaciones populares y, a partir de 1945, la lite acudi nue-vamente a suspender las garantas constitucionales y, luego,durante los gobiernos conservadores (1946-1953), en un climade ingobernabilidad, ante las masivas oleadas de violencia querecorrieron los campos y ciudades colombianas a mediados delsiglo, llegaron a afectar, incluso intereses econmicos y polti-cos de las clases dominantes; las lites encontraron la frmula

para mantener el control de los sectores subalternos: la reed-icin de un caudillo, el General Gustavo Rojas Pinilla (1953-


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1957), quien mediante la dictadura logr una pacificacin delpas, impulsando un rgimen poltico que desplegaba paternal-ismo estatal, siguiendo el populismo de moda en Latinoamricay, en un intento de copiar el esquema fascista, propugn por

un Estado corporativista en el que se integraban gobierno,Fuerzas Armadas y pueblo. La dictadura de Rojas emple la es-trategia poltico ideolgica de apelar al sentimiento cristiano dela poblacin para buscar legitimacin de su poder, as como elfomento de una ideologa que combinaba simultneamente lalucha anticomunista con el estmulo del sentimiento religioso,la alianza con la Iglesia, la exaltacin del nacionalismo y una di-recta represin contra los movimientos populares, vistos comoencarnacin del peligro comunista (Moncayo y Rojas, 1978).

- En la dcada del ochenta, en el contexto del auge de la Doctrinade la Seguridad Nacional, el gobierno de Julio Csar TurbayAyala (1978 - 1982), implement esta doctrina a las condicionesde nuestra sociedad, expidiendo un Estatuto Antiterrorista, enel que se retoman las antiguas normas de Estados de excep-cin, actualizndolas a las nuevas condiciones de la culturapoltica colombiana9.

- Con la implantacin del neoliberalismo10 (dcada del ochen-ta y del noventa), las acciones reivindicativas de los sectores

9 Las formas legales de persecucin de las conductas punibles estn consagradas enel sistema penal formal que incluye el endurecimiento de las penas. Pero, el combatea los considerados extraos u opositores se hace tambin a travs de los sistemaspenales paralelos y subterrneos (Aniyar, 1985:301). En el mismo sentido, elcriminlogo colombiano Hernando Londoo B., sostiene que en Colombia y AmricaLatina durante las dcadas setenta y ochenta del siglo veinte, los Estados emplearonel sistema penal estatal positivo (el regulado por las normas constitucionales y loscdigos penal, procesal penal, carcelario y penitenciario) de manera complementariaa otras prcticas de control social punitivo, segn variables dependientes de lascorrelaciones de fuerzas polticas, de modo tal que cuando la aplicacin del sistemapunitivo legal no soportaba un juicio de legitimidad o devena inocuo para garantizarla exclusin social de determinados actores, se utilizaban otras formas punitivas(Londoo, 2007: 94; cursiva del autor).

10 El neoliberalismohace referencia a una poltica econmica con nfasis tecnocrticoy macroeconmico que considera contraproducente el excesivo intervencionismoestatal en materia social o en la economa y defiende el libre mercado capitalistacomo mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento econmico de un pas(Wikipedia, 2009). El neoliberalismotiene una dimensin geopoltica mercantilistaajena en la prctica al liberalismo econmico propiamente dicho, es decir, no esnecesariamente sinnimo de mercado libre sin trabas burocrticas ni privilegiossectoriales, razn que explicara que sea asociado al corporativismo internacional.

Como lo precisa el estudio de Naomi Klein, el trmino ms apropiado para definir elsistema que elimina los lmites entre el gobierno y el sector empresarial no es liberal,


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empobrecidos de la poblacin y las diversas luchas sociales,fueron criminalizadas, asocindolas a los grupos insurgentes.Con normas de excepcin se judicializaron luchas social, comola de los trabajadores petroleros y de las telecomunicaciones,

procesados judicialmente por terrorismo. En otros casos, l-deres sociales y polticos de oposicin fueron directamenteeliminados. El recorrido por la historia de Colombia, nos per-mite concluir que las prcticas precedentes de control ejercidopor los poderes, a lo largo de los aos, han sido la fuente deinspiracin de la poltica de seguridad democrtica, aplicadapese a algunos traumatismos del ordenamiento jurdico in-stitucional. Adems, los antecedentes histricos nos muestranuna lnea de continuidad en la manipulacin ideolgica que le

ha permitido a las lites, atrapar buena parte de las subjetivi-dades de las clases subalternas.

LOS CANTOS DE SIRENA DE LA SEGURIDAD DEMOCRTICALa crisis econmica y social vivida a comienzos del presente siglo,sumada a la violencia protagonizada por diversos actores armados,gener una percepcin de inseguridad, creando las condiciones quepermitieron el paso al nuevo rgimen que agit la bandera de dartranquilidad y seguridad a los colombianos a toda costa. La im-plementacin de diversos programas gubernamentales de carcterasistencialista, acompaados de masivas propagandas mediticashacia la figura del presidente AUV, incidi en la captacin del res-paldo de la opinin pblica, destacndose el apoyo de los poderososgremios empresariales, quienes encontraron en este gobierno unaradical defensa de sus intereses; as mismo, la Casa Blanca, apoyapoltica y militarmente el obedecimiento incondicional que mantu-

vo AUV a su poltica internacional, especialmente bajo la adminis-tracin de George Bush11.

conservador o capitalista sino corporativista que consiste en una gran transferenciade riqueza pblica hacia la propiedad privada a menudo acompaada de uncreciente endeudamiento el incremento de las distancias entre los inmensamentericos y los pobres descartables, y un nacionalismo agresivo que justifica un cheque enblanco en gastos de defensa y seguridad. Para mantener las profundas inequidadesque un modelo de este tipo genera, el Estado corporativista debe incluir un sistemade vigilancia agresiva (de nuevo, organizado mediante acuerdos y contratos entreel gobierno y las grandes empresas), encarcelamientos en masa, reduccin de laslibertades civiles y a menudo, aunque no siempre, tortura (Klein, 2007: 39).

11 El gobierno colombiano, fue de los pocos de Latinoamrica que apoyaron lainvasin norteamericana a Irak. As mismo, ha sido una pieza clave de control e

intimidacin hacia aquellos gobiernos que han asumido posturas independientesfrente al gobierno de Washington.


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Los logros en la lucha contra las FARC, junto a la desmovilizacinde varios miles de combatientes y jefes del paramilitarismo, sumado auna hbil estrategia en los medios masivos de comunicacin, produjocomo rditos aplausos y respaldo de la mayora de los colombianos, a

los dos mandatos de Uribe, al punto que sus seguidores han procura-do asegurarse la continuidad de un tercer perodo o por lo menos desus polticas.

El respaldo a la poltica de seguridad del Gobierno proviene noslo de las clases dominantes sino de sectores medios y empobrecidosde la poblacin, como resultado del conjunto de estrategias manco-munadas implementadas por el rgimen poltico, de estirpe bonapar-tista. A continuacin reseamos cuatro de estas estrategias:

a. Concibe el Estado de Derecho como traba burocrtica y, encontraposicin, promueve la relacin directa caudillo/masa,saltando los canales institucionales. Desde el Manifiesto desu campaa, el Presidente enfil bateras contra el Estado se-alndolo de corrupto, politiquero y ajeno a lo social (Uribe,2002a: punto 4). Del diagnstico sobre las deficiencias del Es-tado colombiano, el gobernante propuso un Estado comuni-tario, del que nunca explic ni sustent el sentido; aunque estecalificativo se emple reiteradamente, segn las necesidades

del momento. El significado de ste lo hallamos en los hechosy acudiendo a nuestra propia historia, en la que encontramossimilitudes con la propuesta adelantada por la dictadura popu-lista de Rojas Pinilla quien, pretendi hacer de Colombia unpas de propietarios, apoyado en el binomio gobierno-Fuer-zas Armadas. ElEstado comunitariose materializa en ciertosmecanismos de democracia directa de los que el rgimen echamano: Consejos comunales de gobierno, referendo y reeleccinpresidencial, que constituyen plebiscitos de apoyo al primermandatario, sin importarle que para lograr este propsito seproduzca una desinstitucionalizacin, como consecuencia dela concentracin de poderes y de la vulneracin de los proced-imientos propios del Estado de Derecho.

b. Sobreactuacin meditica. El presidente emplea abusiva-mente los medios para difundir las propagandas de sus obraso aplastar a sus opositores. La realizacin de Consejos Co-munitarios cada ocho das, constituyen un verdadero showmeditico, una teatralizacin de la poltica, que contribuyea acrecentar la imagen salvadora del lder, dado que all lresuelve todos los problemas grandes y pequeos, de manera


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inmediata, prevalido de su autoridad y de su concentracinde poderes, y sin tener que recurrir a lo que despectivamentedenomina engorrosos procedimientos burocrticos. Es lasimbiosiscaudillo/masaen la que se despliegan mecanismos

psicosociales de conexin entre stos, gracias al destacadorol de los mensajes mediticos, cuyos dispositivos de podersocial manipulan el inconsciente colectivo, forzando la con-struccin de consensos de la masa que aplaude al caudillo,as finalmente termine devorado por sus cantos de sirena.Mediante generosas ddivas, con programas como Familias

en Accin12, hace gala de un paternalismo asistencialista, queexonera al rgimen de ejecutar polticas de empleo digno y, acambio, logra conmover la gratitud, traducida en apoyos in-

condicionales. Estas prcticas refuerzan la idea delEstado deopinin, promovido por el gobierno de AUV durante el segun-do mandato y que result ms ambigua an que la delEstado

comunitario. Detrs delEstado de opininse esconde el cultoa la personalidad del gobernante, avalado por encuestas y, conla difusin meditica sobre las cualidades del lder, se imponela imagen de un salvador con inteligencia superior.

c. Una concepcin autoritaria, disfrazada de relaciones paternal-istas. El concepto de autoridad expresado por AUV es un rasgo

comn del populismo y del autoritarismo. El propio Presidentese auto proclama gobernar bajo lazos familiares: Miro a miscompatriotas hoy ms con ojos de padre de familia que de polti-co (AUV: 2002a: 100), actitud ratificada en el empleo reiteradode un lenguaje cargado de diminutivos y dando un tratamientoretrogrado a varios asuntos de la vida de los colombianos, comolas relaciones sexuales, el matrimonio, el uso de alucingenos,entre otros. En todos estos campos, plasma una concepcinmesinica y paternalista, en la que la poltica no es la accin decolectivos sociales y personas organizadas actuando con baseen ideas y programas polticos, sino la tarea de seres providen-ciales, salvadores que cumplen una misin sobre la tierra.

12 Iniciativa del gobierno nacional para entregar subsidios de nutricin o educacina nios pertenecientes a familias del nivel uno del SISBEN, familias en condicinde desplazamiento o familias indgenas. El programa Familias en Accin consisteen otorgar un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, condicionado alcumplimiento de compromisos por parte de la familia. En educacin, al garantizarla asistencia escolar de los menores y en salud, con la asistencia de los nios y nias

menores a las citas de control de crecimiento y desarrollo programadas (Presidenciade la Repblica, 2010).


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d. El lenguaje: expresin de relaciones de poder y reforzami-ento de ste. Al estilo de la novela 1984, de G. Orwell, elgobierno configura una neolenguaplagada de eufemismos yoxmoron, cuyas expresiones paternalistas intentan encubrir

el autoritarismo. El rgimen consciente de que los nombrescrean realidades y, que en la sociedad de la informacin, elque nombra posee el poder (Monedero, 2005: 137), empleauna serie de expresiones y palabras para referirse a la re-alidad, que son presentadas con el sentido diametralmenteopuesto a su significado real. Entre las expresiones que so-bresalen como parte del largo listado de oxmoron, estn:la seguridad democrtica, que no es ni lo uno ni lo otro; es-tmulo inversionista en lugar de subsidio a los ricos; a la pri-

vatizacin de las empresas pblicas se la denomina democ-ratizacin de la propiedad; se habla de migrantesen lugar dedesplazados forzados; se llamaecolgicaa una carretera enla selva del Tapn del Darin;defender la soberana nacionalcon bases militares extranjeras;Estado de opinincomo eta-pa superior del Estado de derecho ypatriotismoa la entregadel pas al Imperio.

EL BONAPARTISMO: RGIMEN AUTORITARIODEL GOBIERNO DE URIBEDe acuerdo con Lucio Levi, el rgimen poltico es el conjunto de lasinstituciones que regulan la lucha por el poder y el ejercicio del podery de los valores que animan la vida de tales instituciones (Bobbio,1997: 1362)13. En esta perspectiva, se reconocen diversos tipos de reg-menes autoritarios en el modo de produccin capitalista, en el que seencuentran diferentes Estados autoritarios, adems de los regmenesnazifascistas, los ms conocidos son el bonapartismo, el cesarismoy las dictaduras. Para Poulantzas, el bonapartismo es un tipo de r-gimen autoritario caracterizado por una intensificacin del control

poltico en cabeza del ejecutivo que a su vez domina la alta adminis-tracin (1986: 274).

13 Segn Levi, las instituciones constituyen la estructura organizativa del poderpoltico que selecciona a la clase dirigente y le asigna, a los diversos individuoscomprometidos en la lucha poltica, su papel y, al mismo tiempo, son normasy procedimientos que garantizan la repeticin constante de determinadoscomportamientos para hacer posible el desempeo regular y ordenado de la

lucha por el poder y del ejercicio de ste, as como de las actividades socialesvinculadas a l.


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Consideramos que el gobierno de Uribe Vlez rene caractersti-cas similares a los rasgos del rgimen poltico bonapartista14, aunqueobviamente, aplicadas a las peculiaridades histricas de la Colombiadel siglo XXI. Una de las cualidades ms sobresalientes es la defensa

delorden y laautoridad, al tiempo que rechaza las reivindicacionessociales, a las que sindica de estar agenciadas por el terrorismo.Adems de los factores ya mencionados sobre las estrategias que hanconducido al respaldo mayoritario de la poblacin; otras de las expre-siones sobresalientes del bonapartismo uribista son:

a. Concentra los poderes pblicos e intenta eliminar los diver-sos rganos de control o en su defecto subordinarlos. En Co-lombia, el tradicional presidencialismo le ha asignado cierta

preponderancia al ejecutivo frente a las otras ramas del PoderPblico. Este precedente del rgimen poltico, le facilit a AUVdesarrollar su estilo bonapartista, expresado en su pulsin per-manente a concentrar los poderes, manteniendo la aparienciade respeto a las formas democrticas.

b. Profundiza el reformismo neoliberal. Las polticas autoritariasobedecen ms que a caprichos del gobernante o a abusos des-mesurados del poder, a las lgicas de un modelo de desarrollocon devastadores efectos sociales, que requieren de una mano

dura para enfrentar las protestas que ste genera. La salud yla educacin son las reas sociales ms directamente afectadaspor las reformas regresivas adelantadas por el rgimen, quedejan a millones de colombianos en condiciones ms depri-mentes que las vividas bajo los gobiernos anteriores y, apareja-do a ello, favorece los intereses de los empresarios vinculadosa estas dos ramas de la actividad social, quedando completa-mente mercantilizadas y privatizadas.

c. Laseguridad democrtica usa la fuerza del Estado aparentando

rechazar las vas de hecho, aunque realmente no renuncia astas. Las prcticas autoritarias bonapartistas afloran en supoltica de seguridad. El DAS, que depende directamente del

14 El bonapartismohace alusin al sistema de gobierno que se vivi bajo el primerNapolen Bonaparte y, especialmente, bajo el gobierno de su sobrino Luis NapolenIII, quien dio golpe de estado el 2 de diciembre de 1851. Con gran respaldo popularse present como el salvador en medio de la grave crisis que azotaba a Francia.Reivindic la autoridad y el orden presentndolo como la nica alternativa, locontrario sera la guerra y la disolucin de la Repblica. Adecu la Constitucin a las

necesidades del Segundo Imperio. Es el producto de la coyuntura histrica y de lascualidades personales de Napolen Bonaparte (Bluche, 1984: 8).


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Presidente de la Repblica, fue puesto al servicio de grupos nar-coparamilitares, motivo por el cual varios dirigentes sindicalesy lderes de oposicin fueron asesinados o sufrieron amenazasde muerte. El DAS, convertido en verdaderapolica poltica del

rgimen, realiza interceptaciones telefnicas, seguimientos,falsas denuncias y amenazas annimas, no slo a miembros deorganizaciones de la sociedad civil, crticos del gobierno (Dere-chos Humanos, periodistas, gremios y sindicatos), sino a altosdignatarios del Estado que se han mantenido independientesdel poder presidencial, particularmente a la rama judicial.

d. Pretensin de instalar un pensamiento nico. Una de las cuali-dades de los sistemas autoritarios es la exclusin de las ideasdivergentes y de la pluralidad. Bajo el rgimen bonapartista

colombiano, se ha hecho evidente la promocin del pensami-ento nico, de modo tal que las voces crticas son tomadascomo traidores a la patria, terroristas o amigos de los ter-roristas. De esta manera, se asume la democracia simplementecomo una pose discursiva, una retrica vacua; pues realmente,en la poblacin se refuerza la idea de que las posturas difer-entes son peligrosas, de all la estigmatizacin a la oposicin.Obviamente, las pretensiones hegemnicas del rgimen hancontado con fuertes resistencias de organizaciones sociales,

sectores crticos de la intelectualidad e incluso de disidentes delas propias filas uribistas, quienes advierten los riesgos para laconstruccin de la democracia.

LA POLTICA DE SEGURIDAD ES SLO LA PUNTA DE ICEBERG15

Laseguridad democrtica contenida en la propuesta del Plan deDesarrollo, se erige como un intento por recuperar el control delEstado que las lites consideraban haber perdido, por lo menosparcialmente. Aunque en realidad, sta no es ms que la parte visibledel iceberg que pretende allanar el camino para instaurar el rgimenpoltico, que a su vez, asegura la expansin y/o consolidacin delmodelo de desarrollo neoliberal implementado por los sectoresdominantes para su lucro. No puede desconocerse que cierto nivel

15 Un iceberg es un pedazo inmenso de hielo dulce flotante, desprendido de unglaciar formado por nieve o de una plataforma de hielo. Los icebergs son arrastradoshacia latitudes ms bajas, a veces ayudados por las corrientes marinas fras deorigen rtico, como es el caso de la Corriente del Labrador o de Groenlandia. De uniceberg sobresale del agua slo una octava parte de su volumen total, por lo que estas

masas glidas constituyen un peligro para la navegacin, ya que pueden alcanzardimensiones enormes (Wikipedia, 2009).


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de inseguridad seguir siendo funcional a los propsitos reales de laseguridad democrtica que, como punta del iceberg, pone a discutira todo el pas sobre sus alcances y efectos, mientras que debajo desta, contina avanzando la maquinaria de reformas econmicas que

acrecienta el capital de una lite.El relativo mejoramiento de la seguridad del pas, logr el pro-

psito de mayor confianza inversionista e incremento de las utili-dades del capital privado local y trasnacional, como lo corroboranlas declaraciones del general Ospina, entonces comandante generalde las Fuerzas Militares, quien al referirse a laseguridad democrticay al Plan Patriota, resalta: paulatinamente estamos retomando esecontrol [territorial] y por eso los indicadores, han mejorado. El PIBse ha incrementado [] (Ospina, 2005: 49). De lo afirmado por el

general acerca del crecimiento econmico y el aumento del PIB, no seinfiere necesariamente una mejora en las condiciones econmicas ysociales de la mayora de la poblacin, como reza el credo neoliberaly su teora del derrame, ya que los datos econmicos en el segundocuatrienio de Uribe revelan una elevada tasa de desempleo, que en elprimer mes del 2010 registraba 14,6%, e incluso, para las trece prin-cipales ciudades del pas ascenda a 15,3% (DANE, 2010), superandola tasa promedio de Amrica Latina. A stos se suman los millonesde colombianos que continan viviendo en la pobreza y los que seencuentran en estado de indigencia.

Al drama de los desaparecidos hay que sumarle las estrategias deguerra implementadas en el marco de la poltica de seguridad, quehan desplazado forzadamente de sus tierras y viviendas, a millones depersonas; en el perodo 2002-2009, la cifra de desplazados asciendea 2.412.834 personas. Esto quiere decir que de un total aproximadode 4.915.579 personas que han sido desplazadas forzadamente en losltimos 25 aos, el 49% fueron expulsadas de sus tierras durante lossiete aos, desde que inici el gobierno de Uribe (CODHES, 2010).

La distribucin del presupuesto nacional, como lo analiza el eco-

nomista Rafael Uribe para el ao 2009, calculando que existen alre-dedor de 11 mil guerrilleros y un total de poblacin de 44 millones,tendramos que, para combatir a un guerrillero se dedican alrededorde 42,5 detectives, policas y soldados, sin contar el rubro dedicado alpago de recompensas y la compensacin a los cerca de 4 millones deinformantes que, segn cifras del gobierno, existen en el pas. El sectordefensa y seguridad entre los aos 2003 y 2009, ha consumido $96,5billones de pesos, en un proceso ascendente, que inici en el 2003 con$9,2 billones y lleg en el 2009 a $19,6 billones, equivalentes a 4,8%

del PIB, rubro exageradamente alto, al que se le suman los aportes algasto militar de la empresa privada nacional, las multinacionales que


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operan sobretodo en el campo, los departamentos, los municipios, elPlan Colombia, lo gastado por INDUMIL, la Corporacin de la Indus-tria Aeronutica Colombiana y las indemnizaciones que debe pagar elEstado por las demandas ocasionadas por los excesos de la Fuerza

Pblica (Uribe, 2009).La poltica de seguridad durante la administracin de AUV, tiene

otro efecto negativo que es el desequilibrio entre los recursos dedi-cados a sta y los de la inversin social. Por ejemplo, el presupuestonacional para el ao 2010, destina a la seguridad el 14,2% ($148,3billones), en contraste con el 13,9% para la educacin y el 1,7% para

vivienda y desarrollo (Senado, 2009). A esto, se suma la reforma tribu-taria mediante la que el Estado espera recaudar $3,2 billones adicio-nales para financiar laseguridad democrtica por otros 4 aos16.

Durante la primera administracin de Uribe se adelantaron tresreformas tributarias que, segn el ex Controlador General Carlos Ossa,tienden a beneficiar proporcionalmente ms a los contribuyentes deingresos ms elevados (2006: 5). En efecto, mediante la Ley 788 de2002, la Ley 819 y la Ley 863 del 2003, las personas con mayores in-gresos tienen grandes descuentos de su renta gravable al aumentaraquellos ingresos que no constituyen renta17. Por el contrario, las demenores ingresos no pueden disfrutar de estos beneficios, pues, gene-ralmente, sus niveles de ahorro son muy bajos o inexistentes al igualque su participacin dentro de las empresas y el sistema financiero.As mismo, estos sectores sociales tampoco pueden favorecerse de lasrentas exentas que benefician a las altas dignidades del Estado y de lasexenciones sobre las generosas pensiones de jubilacin que recibenunas pocas personas, ni pueden aprovechar significativamente las de-ducciones por pago de intereses sobre prstamos para adquisicin de

vivienda, ni por donaciones, entre otras (Ossa, 2006: 5).En los primeros aos de la administracin Uribe se disminuy el

dficit fiscal como consecuencia de las privatizaciones de empresasestatales, pero en los dos ltimos aos volvi a incrementarse hasta

llegar a casi $20 billones, que representan entre el 4 y el 4,5% del

16 Este incremento en el gasto militar fue aprobado en medio de denuncias contralas ejecuciones extrajudiciales, presentadas como muertes en combate (falsos

positivos), cometidos por las Fuerzas Militares, en su afn de mostrar buenosresultados para ganar estmulos y ascensos. Al finalizar el 2009, la ProcuraduraGeneral de la Nacin haba abierto investigacin disciplinaria contra tres milmilitares, involucrados en estos homicidios, ocurridos durante los siete primerosaos del gobierno de AUV (Semana.com, 2009a).

17 Se refiere especialmente a la distribucin de utilidades, dividendos y participaciones

como socio y accionista, el componente inflacionario de los rendimientos financierosy las sumas destinadas al ahorro para el fomento de la construccin, entre otros.


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PIB18. El gobierno reiteradamente le atribuye a la inversin extranje-ra la generacin de un alto nmero de empleos; con ese argumento,la seguridad democrtica, pretende dar confianza inversionista alcapital transnacional en condiciones de enormes ventajas tributarias

y de desnacionalizacin de las empresas estatales. Sin embargo, alexaminar cada uno de los sectores en los que se ha hecho inversinextranjera directa, se constata que fueron el petrolero, las minas ycanteras (incluye carbn) los beneficiados de la apertura de la econo-ma a los flujos internacionales, sin que ello signifique un crecimientoreal del empleo, pues estos sectores no contratan gran nmero demano de obra. En los otros casos se trat simplemente de empre-sas, unas antes propiedad de la burguesa interior, que transfirieronsu propiedad a capital transnacional, sin crear nuevos puestos de

trabajo. La contundencia de estas cifras, revela que la importanciade la confianza inversionista como base del crecimiento econmicoy como estrategia para la superacin del desempleo, es tan slo unmito difundido por el discurso ideolgico neoliberal, utilizado porel gobierno demaggicamente para fortalecer su imagen de bene-factor, sin que ello represente mejorar las condiciones de vida de lapoblacin menos favorecida.

Otra de las polticas econmicas del gobierno de AUV, ha sido lapromocin de las Zonas Francas. En su empeo de asegurar la con-fianza inversionista y atraer capital extranjero al pas, se ofrece almercado de capitales estas zonas, sealando tres tipos de beneficios:financieros, cambiarios y aduaneros. En Colombia, las Zonas Francashan estado envueltas en un alto grado de corrupcin. En el 2009, elgobierno adjudic la Zona Franca de Occidente, ubicada en el mu-nicipio de Mosquera, Cundinamarca, a los jvenes empresarios To-ms y Jernimo Uribe Moreno (hijos del Presidente AUV)19. En pasescomo Colombia y Mxico, las Zonas Francas han sido criticadas porla sobreexplotacin de mano de obra y la desproteccin laboral quellega al extremo de la no aplicacin de los ms elementales derechos

laborales consagrados en el Cdigo Sustantivo del Trabajo y en la le-gislacin. Una recurrente modalidad de trabajo en estas zonas es elsistema de maquilaque las personas se ven sometidas a aceptar, pese a

18 Para enfrentar el dficit fiscal, el gobierno ha hecho traslados de Ecopetrol y haacudido a endeudarse, de modo que la deuda pblica externa pas entre 2008 y 2009(noviembre) de 29.447 millones de dlares a 36.766 millones de dlares, ms unincremento de la deuda pblica interna de $105 billones a cerca de $120 billones.

19 Segn investigacin realizada, esta zona cuenta con una importante inversin delos hermanos Uribe Moreno, cuyos predios se valorizaron sustancialmente gracias a

decisiones oficiales de los funcionarios integrantes de la Comisin de Zonas Francas,todos ellos subordinados directos del presidente (Garca, 2009:69).


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las precarias condiciones laborales y presionadas por el alto volumende desempleo; aunque la lgica del capital y del gobierno nacional lapresenta como un espacio de generacin de empleo del que se derivaun supuesto beneficio social.

En este rgimen se dio una considerable modificacin de los in-dicadores y las variables macroeconmicas. Por ejemplo, el gobiernopresenta como un acierto de sus polticas econmicas el descenso dela lnea de pobreza y de la indigencia, respecto de los anteriores20.No obstante, los resultados positivos mostrados por los indicadoresno significan un cambio en la realidad. En el 2006, el gobierno tomla decisin de modificar la metodologa para medir la pobreza y laindigencia en Colombia; en este cambio se excluy a algunos bienesde consumo, o la frecuencia de consumo de algunos de stos, como

criterio para determinar qu personas estaran clasificadas en el rangode pobreza o de indigencia. La consecuencia de esta alteracin fueuna disminucin en estos rangos, aunque en la realidad las cifras seaniguales o superiores a las generadas antes de la implementacin delas polticas gubernamentales. La desigualdad social es tan aberranteque, segn informe de ONU Hbitat, el 10% de los hogares ms ricoscapturan el 49,1% del ingreso, mientras el 20% ms pobre slo recibeel 0,9%. Es decir, de $100 a distribuir, los primeros reciben $49,1 y lossegundos apenas 90 centavos (ONU, 2010).

La poltica deseguridad democrticaincrement el pie de fuerzadestinando 48,6 billones de pesos, de los cuales el impuesto para laseguridad recaud 2,4 billones de pesos (19% ms de lo presupuesta-do). Este rubro represent un 4,3% del PIB y 13,6% del PresupuestoNacional. Es importante resaltar que durante la administracin deAUV, adems del aumento del gasto militar, de manera considerablese increment el gasto pblico total. De ah que la participacin por-centual del gasto militar, respecto del presupuesto, aparezca con unaleve variacin (Villamizar y Espejo, 2004: 9).

Los Planes Colombia I y II, han sido mostrados como estrategia

de la cooperacin entre Estados Unidos y Colombia para la lucha

20 El rgimen se ufana de haber logrado un crecimiento de la economa durantealgunos aos de sus mandatos. Sin embargo, esta recuperacin de la economacolombiana estuvo asociada a la tendencia presentada en Amrica Latina, puescomparando el crecimiento del PIB de la nacin con el de Chile y Per, dos pases quetambin iniciaron procesos de apertura econmica, se puede observar que, a pesar dela tasa ser mucho ms baja que la de estos pases, el ciclo es prcticamente similar enlas tres naciones. De all entonces, se puede concluir que, este comportamiento de laeconoma colombiana no slo obedece a esfuerzos particulares de este gobierno para

aumentar la demanda interna, sino ms bien a un comportamiento generalizado dela economa mundial y latinoamericana.


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antidrogas y la superacin del conflicto armado interno, pero en rea-lidad stos obedecen ms a los objetivos y estrategias geopolticasde Washington en el continente, que a una contribucin al desarro-llo y pacificacin de la sociedad colombiana. La aplicacin del Plan

Colombia, en medio de un controvertido balance, muestra entre susresultados: efectos nocivos para el ecosistema, producidos por lasfumigaciones; contribucin al fortalecimiento de los paramilitares,afecta negativamente el compromiso de las Fuerzas colombianas enla lucha contra las drogas (Maldonado, 2009: 4). El Plan Colombia I,no tuvo en cuenta la necesidad de aumentar la inversin social paradar respuesta a los factores estructurales del conflicto armado co-lombiano. Posteriormente, con una falacia, el gobierno presenta lascifras correspondientes a su poltica social y econmica en el pero-

do 2007-2010, como parte del Plan Colombia II, cuando en realidad,buena parte de ella corresponde al Plan de Desarrollo de la segundaadministracin de AUV21.

NUEVAS VERSIONES DE LA DOCTRINADE LA SEGURIDAD NACIONALSiguiendo la moda actual de rechazo a la Doctrina de la SeguridadNacional (DSN), tristemente clebre en la dcada de los ochenta,durante las dictaduras militares en el Cono Sur, el presidente Uribe, alreferirse a las bondades de laseguridad democrtica, reiteradamenteaclara que sta es diferente a la DSN, y por ello afirma: Nosotrosentendemos la seguridad y el crecimiento econmico, no como finesen s mismos, sino como medios para erradicar la pobreza y obtenerla equidad (Uribe, 2009). No obstante, a pesar de los discursospresidenciales, la seguridad democrtica result ser una versin de

21 El Plan Colombia ahora Plan Patriota como estrategia norteamericana delucha contra el narcotrfico, se convirti en otro negocio ms, como ya mostr

la experiencia peruana bajo el gobierno de Fujimori, o la alta corrupcin delos funcionarios colombianos. Rentable para las empresas gringas productorasde los precursores qumicos necesarios para la produccin de cocana y paralas compaas norteamericanas vinculadas a los productos empleados parala fumigacin de cultivos, as como los aviones black hawk y dems armasdestinadas al combate contra los cultivadores. En Colombia, la lucha antidrogasha sido un buen pretexto de los Estados Unidos para intervenir abiertamenteen el conflicto interno; se combate al movimiento insurgente y, de paso, sereprime a las organizaciones sociales que se movilizan por reivindicaciones oen defensa de sus derechos. El comandante de las fuerzas armadas, reconocaque el Plan Patriotaes un plan militar y como tal no es de dominio pblico [...]est diseado para llevar paz y tranquilidad a Colombia y bsicamente para

contrarrestar los propsitos de los grupos terroristas, que en lenguaje nuestrollamamos bandidos [...] (Ospina, 2005: 41-2).


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la DSN, actualizada y adecuada a las condiciones histricas de lademocracia colombiana y de los cambios socioeconmicos. Lasestrategias de seguridad lograron imponerse mediante un rgimenbonapartista, que aplic una poltica de choque para resolver el

grave problema de la inseguridad, la ingobernabilidad y la falta deautoridad, en la que Colombia era sealada como un Estado a puntode naufragar, envuelto en una catica conflictividad. Los problemas deorden social y poltico, precedentes a la llegada al gobierno de UribeVlez, haban sido caracterizados de diferente manera, dependiendodel grado de profundidad atribuido a la crisis y, especialmente, frentea la determinacin de las causas generadoras del conflicto. Mientrasla lite reduca el problema a la violencia personificada en las FARC,los sectores crticos sealaban factores estructurales de orden

socioeconmico, poltico e histrico cultural.Numerosos hechos evidencian que la poltica de seguridad ha es-tado dirigida, prioritariamente a combatir a los grupos insurgentes y aenfrentar a los movimientos de oposicin, ms que a los paramilitaresy a la delincuencia urbana, sectores estos que con todo y las vanaglo-riadas desmovilizaciones, se mantienen activos. Ms all de los ene-migos directos enfrentados por laseguridad democrtica y las masivas

violaciones de derechos humanos, ocurridas como consecuencia deella, siguiendo el modelo de la DSN bajo la dictadura militar chilena,la poltica de seguridad en Colombia le ha facilitado al rgimen laimplementacin de programas macroeconmicas que, acogiendo lasorientaciones del Consenso de Washington, benefician los intereses delcapital local y transnacional.

Entre laseguridad democrtica y la DSN existen rasgos comunes,referidos a los procedimientos predominantemente militares acom-paados de un discurso ideolgico que construye un enemigo social;en la DSN era el comunismo, ahora se trata del terrorismo, el narco-trfico y la inseguridad ciudadana. Este fue el procedimiento seguidodurante la primera administracin de Uribe y, luego, en el segundo

perodo (2006 - 2010), en el que se adelant la fase de Consolidacinde la seguridad democrtica, con la que se profundiz su ideologase-curitaria, vinculando la poblacin a sus propsitos con el Programa deRedes de cooperantes e informantes con el que se pretende consoli-dar la presencia del Estado en todo el territorio nacional (Ministeriode Defensa, 2009: 35).

Por otra parte, las transformaciones del capitalismo a nivel mun-dial han ido ms all del proceso de explotacin econmica de la po-blacin y la simultanea concentracin de poder en pocas manos. Los

cambios incluyen las esferas sociales, culturales y polticas, pasandode la estrategia de dominacin de la sociedad y del control disciplina-


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rio de los cuerpos, propio de los primeros siglos del capitalismo, hastallegar a la fase actual de control biopoltico que incluye una domina-cin de la vida, la mente y las voluntades de los seres humanos22. Esteejercicio biopoltico del poder viene ocurriendo de manera intensa en

los aos ms recientes de la globalizacin neoliberal y hace presenciatambin en los pases menos desarrollados.

El discurso y la prctica de la seguridad democrtica han sido elvehculo ms apropiado para la implementacin de las tcnicas pro-pias de la gubernamentalidad neoliberal con las que se pretende in-troyectaren la conciencia de cada uno de los individuos la necesidadde una obediencia ciega al poder, de una colaboracin permanente yacrtica con todas las polticas estatales a cambio de recibir la protec-cin frente a los enemigos que el propio poder contina construyendo

y magnificando, llmense FARC, gobierno de Chvez, delincuenciaorganizada, inseguridad urbana. A las redes de cooperantes e infor-mantes pagos o no como parte de las novedosas estrategias de se-guridad, se aaden los controles de biopoder, mediante el empleo denuevas tecnologas, como dispositivos de cmaras teledirigidas, basesde datos que recopilan todo tipo de informacin personal, adquiridapor diferentes vas (tributarias, registros de propiedad, supermerca-dos, servicios pblicos, empresas de transporte, centros de salud ydiversa clase de redes sociales virtuales), que han estado orientadasa asegurar el poder del gran hermano, quien encubierto de imagenprotectora, asegura su control sobre la poblacin; situacin que se re-fuerza y facilita con la dcil y voluntaria entrega que los ciudadanoshacen de su libertad al poder, para obtener a cambio, la cada vez msesquiva tranquilidad y seguridad.

SEGURIDAD HUMANA DESDE ABAJO Y DERECHOS HUMANOS:UNA PROPUESTADesde la finalizacin de la Segunda Guerra Mundial, durante losaos de creacin de la ONU y hasta nuestros das, han existido b-

22 Michel Foucault establece que la biopoltica es una tecnologa dirigida al hombre/especie, a la masa, a la poblacin, en cuanto afectada por procesos de conjuntopropios de la vida, con prcticas y mbitos de intervencin definidas (la natalidad,la morbilidad, la capacidad o incapacidad biolgica y el miedo, entre otros).La poblacin aparece como el nuevo cuerpo poltico, como el problema poltico,cientfico, biolgico y de poder, ocupndose de fenmenos de orden econmico ypoltico. Para su funcionamiento, la biopoltica utiliza dispositivos de seguridadque buscan establecer mecanismos reguladores en la poblacin, para establecerun equilibrio que permita no evitar lo aleatorio (como en la Ley o la disciplina),

sino controlarlo, asegurar una regularizacin, que permita mantener una seguridadinterna de la poblacin sobre sus peligros internos (Foucault, 2006: 218 yss.).


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sicamente dos enfoques de seguridad: el que valora a la seguridadcomo un fin en s mismo, cuyo principal bien protegido es el Estado ysus instituciones y, el otro enfoque, por el contrario, considera la se-guridad como un medio para la realizacin de los derechos humanos

y, en consecuencia, los principales bienes protegidos son las personasy los diversos colectivos, ms all de las instituciones que estn paraproteger a todas y cada una de las personas. En el primer enfoque, lafuerza es el medio por excelencia para lograr su objetivo, de ah quese caiga en una visin militarista de la seguridad. Mientras que enel segundo, aunque no se excluye la posibilidad del empleo de sta,la coercin es un componente subordinado al objetivo central de larealizacin de los derechos humanos, incluidos los de los actores ge-neradores de inseguridad.

Las concepciones que desde la filosofa poltica orientan lasegu-ridad democrtica, estn estrechamente ligadas a las lgicas del poder,implementadas en los ltimos aos en los pases ms desarrollados,particularmente en Estados Unidos y Europa con posterioridad al11-S y al 11-M. Los aspectos ms visibles contienen estrategias milita-res justificadas en la necesidad de enfrentar al terrorismo que unas

veces adquiere la fisonoma del fundamentalismo islmico, otras degrupos insurgentes como las FARC y otras de un enemigo telrico, in-

visible, que puede aparecer por doquier, encarnado en la inseguridadurbana. As mismo, la proteccinsecuritariapuede asumir la formade misin humanitaria, cuya presentacin generosa gana aplau-sos de la opinin pblica local e internacional, al aparecer comograndes benefactores que, en nombre de los profundos sentimientosde solidaridad conmueven la sensibilidad de la gente hasta robar suadmiracin y respaldo, pues actan en coyunturas difciles, generadaspor desastres naturales, en los que se justifica todo tipo de interven-cin, incluida la militar.

En pugna con el enfoquesecuritarioy militarista que se ha idoimponiendo, se nos ofrece la perspectiva de la Seguridad Humana,

promulgada desde el Informe de Desarrollo Humano de 1994, delPNUD, en el que se defini a sta como la suma de siete diferentesdimensiones: econmica, alimenticia, de salud, de medio ambiente,personal, comunitaria y poltica. Este enfoque ha tenido importan-tes desarrollos conceptuales, que recientemente se recogen en losObjetivos del Milenio (ODM). Sin embargo, en la prctica su for-mulacin no ha significado una afectacin a las lgicas del poder,corriendo el riesgo de ser un enunciado ms, de los tantos consagra-dos en los tratados internacionales de Derechos Humanos que no

logran materializarse en acciones concretas, transformadoras de lascondiciones socioeconmicas y polticas, que constituyen amenazas


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y afectan la tranquilidad de las personas en los diferentes mbitosde la existencia humana.

Cada vez se hace ms evidente la internacionalizacin del con-flicto armado colombiano y el protagonismo de Estados Unidos en

ste, al punto de ser uno de los actores del mismo, de modo tal quecualquier propuesta de solucin, necesariamente debe contar con lapostura del gobierno de Washington. De otra parte, el intento de ha-cer realidad la Seguridad Humana, exige tener en cuenta cada una delas dimensiones que la componen, su dinmica de funcionamiento,con sus especificidades e interaccin, para una posible aplicacin a larealidad colombiana, en la que es necesario desvelar y comprender lainjerencia directa del imperio en nuestros conflictos y en las confron-taciones con los gobiernos y las sociedades latinoamericanas.

La Seguridad Humana constituye un potencial dinamizador deprocesos tericos y prcticos que pueden ser arma de resistencia y desoporte para la construccin de formas alternativas de poderes contra-hegemnicos, lo cual exige retomar esta idea originaria del PNUD, en-riquecindola y aplicndola a las condiciones concretas de cada pas,pero sobre todo, para impregnarla de un claro enfoque que, ubicadodesde los intereses de las clases subalternas, ofrezca posibilidades deaccin colectiva frente a las polticassecuritarias y a las estrategias dedominacin del biopoder.

La implantacin del rgimen bonapartista colombiano, se hahecho sin apelar a la directa suspensin del Estado de derecho y delas garantas constitucionales, logrando hbilmente mantener las for-malidades democrtico constitucionales, aunque en la realidad, condiversos mecanismos, asume las prcticas propias de los Estados deexcepcin, en el marco del cual aplica el enfoquesecuritario, comoacertadamente lo critica el Consejo Nacional de Planeacin, al sealarque la seguridad democrtica ha implementado algunos esquemaspara el fortalecimiento y apoyo de la Fuerza Pblica que militarizan ala sociedad en lugar de buscar la legitimidad del Estado para lograr la

eficacia de su accin (CNP, 2003: 26).Frente a las polticas militaristas de seguridad del rgimen bona-

partista, adquieren importancia las reinterpretaciones y adecuacionesque, referidas a la seguridad pblica en el contexto colombiano, se

vienen haciendo como Seguridad Humana desde abajo; expresin deresistencia a los poderes y alternativa desde la sociedad civil, queseala, en el marco de la formacin socioeconmica capitalista, laposibilidad de construccin de poderes contrahegemnicos, de pro-teccin de los riesgos y las amenazas provenientes de la aplicacin de

las polticas econmicas ysecuritarias de regmenes autoritarios y deestrategias de control biopoltico.


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La Seguridad Humana desde abajo,de acuerdo a lo planteandodesde el Observatorio de Seguridad Humana de Medelln23, no pre-tende ejecutar formas locales y comunitarias que reemplacen al Esta-do en la provisin de la seguridad o que propendan por la ya proble-

mtica privatizacin de la seguridad, sino de una invitacin a pensarconjuntamente con los sectores ms vulnerables en el significado de laseguridad, para exigir del Estado una provisin de la seguridad comobien pblico. De acuerdo a la interpretacin de la profesora JennyPearce, una poltica inteligente, sostenible y tica de la seguridad noempieza con un diseo a puerta cerrada, con visiones muy masculinasde mano dura, con poco o nada de atencin al uso abusivo de la vio-lencia en nombre de la seguridad. Empieza desde abajo, escuchandola gente, abriendo espacios de interaccin humana, ofreciendo cami-

nos distintos a la violencia para los jvenes, protegiendo las mujeresde la violencia, reconociendo el impacto traumtico de la violencia enlas generaciones que la han sufrido, interrumpiendo los ciclos inter-generacionales de violencia, priorizando la niez y las nuevas genera-ciones, y buscando polticas que colocan primero al ser humano y a sudignidad (Pearce, 2010:10).

Con la propuesta de Seguridad Humana desde abajo, nos coloca-mos deliberadamente del lado de los sectores ms vulnerables y vul-nerados de la sociedad; aquellos que experimentan la inseguridad demanera cotidiana y que en momentos de crisis son objeto tambin delas respuestas coercitivas que el Estado implementa para respondera las continuas demandas por reducir los ndices ms visibles de in-seguridad. Con esta visin, nos proponemos, desde las voces de hom-bres y mujeres, establecer las dimensiones de la Seguridad Humanams afectadas en cada uno de los lugares de trabajo, vivienda y es-pacios pblicos; determinar conjuntamente los factores de inseguri-dad y avanzar hacia la formulacin de propuestas que incidan en elaccionar del Estado y la administracin pblica municipal en pro decorregir esas inseguridades y satisfacer los derechos. Pretendemos vi-

sibilizar y potenciar iniciativas ciudadanas por medio de las cuales semejore la situacin de seguridad en una o varias de sus dimensiones,porque buscamos aportar a la construccin de una ciudadana queconciba lo poltico como una actividad compartida, cuyo fundamentoes una actitud comprometida contra todas las formas de desigualdade injusticia (Herrera, 2008: 163).

23 Este Observatorioes un proyecto experimental que venimos impulsando en unaalianza entre investigadores de la Universidad de Antioquia, funcionarios de Derechos

Humanos de la Personera de Medelln y del Instituto Popular de Capacitacin, ONGde Derechos Humanos de la regin.


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Finalmente, reconocemos que la Seguridad Humana desde aba-jo, en cierto modo es una utopa, en el sentido de Paul Ricoeur: laapertura de lo posible, y de ah la necesidad de la misma para impul-sar a la accin (citado en Herrera, 2008: 153). La Seguridad Humana

desde abajo, puede ser una dinmica que confronta al poder desdelas resistencias adelantadas por diversos movimientos que enarbolanla defensa de los Derechos Humanos, tanto civiles y polticos comoeconmicos, sociales, culturales y del medio ambiente. Esta propues-ta no sustituye las mltiples acciones que cotidianamente ejercen, demanera visible o no visibilizada, millones de seres humanos que enmultitud, se enfrentan al poder devorador del capital en los mltiplesespacios de la vida y de la sociedad.

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