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1 OPOSICIONES A LA ESCALA SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRÁFICO OEP 2015 ACCESO LIBRE Preguntas correspondientes al primer ejercicio de la oposición, celebrado el 18 de noviembre de 2015: 1.- La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, según el artículo 4 del Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, depende de: a) La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. b) La Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General del Estado. c) El Director General de la Dirección General de Función Pública. d) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 2.- Según el ANEXO VI, Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las funciones de nivel superior, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, ¿de cuántas partes consta el programa formativo de nivel superior? a) Una. b) Dos. c) Tres. d) Cuatro. 3.- Teniendo en cuenta el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ¿antes de qué fecha el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado? a) 1 de agosto de cada año. b) 1 de septiembre de cada año. c) 1 de octubre de cada año. d) 1 de noviembre de cada año. 4.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su artículo 29 recoge el Plan Presupuestario a medio plazo, el cual abarca un período mínimo ¿de cuántos años? a) 3 b) 2 c) 4 d) 5 5.- El artículo 169, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto a las auditorías de cumplimiento, establece que la Intervención General de la Administración del Estado realizará la auditoría de cumplimiento de aquellos órganos y entidades del sector público estatal que se incluyan: a) En el Plan anual de auditorías. b) En el Plan anual de Intervención. c) En el Plan de auditorías de programas presupuestarios. d) En el Plan de auditorías de sistemas y procedimientos.

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OPOSICIONES A LA ESCALA SUPERIOR DE TÉCNICOS DE TRÁFICO OEP 2015

ACCESO LIBRE

Preguntas correspondientes al primer ejercicio de la oposición, celebrado el 18 de

noviembre de 2015:

1.- La Comisión Técnica de Prevención de Riesgos Laborales, según el artículo 4 del Real Decreto

67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, depende de:

a) La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado.

b) La Mesa Sectorial de Negociación de la Administración General del Estado.

c) El Director General de la Dirección General de Función Pública.

d) La Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

2.- Según el ANEXO VI, Contenido mínimo del programa de formación, para el desempeño de las funciones de nivel superior, del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevención, ¿de cuántas partes consta el programa formativo de nivel

superior? a) Una.

b) Dos.

c) Tres.

d) Cuatro.

3.- Teniendo en cuenta el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, ¿antes de qué fecha el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas informará al Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado?

a) 1 de agosto de cada año.

b) 1 de septiembre de cada año.

c) 1 de octubre de cada año.

d) 1 de noviembre de cada año.

4.- La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en su artículo 29 recoge el Plan Presupuestario a medio plazo, el cual abarca un período mínimo ¿de cuántos años?

a) 3

b) 2

c) 4

d) 5

5.- El artículo 169, de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, respecto a las

auditorías de cumplimiento, establece que la Intervención General de la Administración del Estado realizará la auditoría de cumplimiento de aquellos órganos y entidades del sector público estatal que se

incluyan:

a) En el Plan anual de auditorías.

b) En el Plan anual de Intervención.

c) En el Plan de auditorías de programas presupuestarios.

d) En el Plan de auditorías de sistemas y procedimientos.

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6.- Según el artículo 155 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, cuando el

órgano gestor no acepte el reparo formulado, planteará a la Intervención General de la Administración del Estado, discrepancia motivada por escrito mediante:

a) Conducto de la Subsecretaría del departamento, en caso de ministerios.

b) Conducto de la Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas en todo

caso.

c) Conducto de la Dirección General de Presupuestos, en caso de Entidades Públicas Empresariales.

d) Conducto del Secretario General Técnico del departamento, en caso de ministerios.

7.- El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea atribuye la definición de las orientaciones

estratégicas de la programación legislativa y operativa en el espacio de libertad, seguridad y justicia a:

a) El Consejo.

b) El Consejo Europeo.

c) El Parlamento Europeo.

d) El Consejo y la Comisión Europea.

8.- En la aprobación del presupuesto de la Unión Europea, el Comité de Conciliación se reunirá:

a) Siempre.

b) Si el Parlamento Europeo no se pronuncia sobre la posición del Consejo.

c) Si el Parlamento Europeo aprueba la posición del Consejo en el plazo de cuarenta y dos días desde su

transmisión.

d) Si el Parlamento Europeo aprueba enmiendas por mayoría de los miembros que lo componen y el

Consejo no aprueba todas en el plazo del diez días desde su transmisión.

9.- El procedimiento legislativo ordinario en el ámbito de la Unión Europea consiste:

a) En la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, por el Parlamento Europeo con la

participación del Consejo.

b) En la adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, por el Consejo con la participación del

Parlamento Europeo.

c) En la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la Comisión, de un

reglamento, una directiva o una decisión.

d) En la adopción conjunta por la Comisión y el Consejo, a propuesta del Parlamento, de un reglamento,

una directiva o una decisión.

10.- El Eurogrupo es:

a) Una agencia europea con estatuto propio.

b) Una de las instituciones europeas.

c) Un comité del COREPER.

d) Un órgano informal.

11.- En España, la Comisión Mixta para la Unión Europea: a) Puede permitir la comparecencia ante ella de los miembros de los Gobiernos de las Comunidades

Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

b) Integra a representantes de los departamentos ministeriales.

c) Coordina la actuación de los distintos órganos de la Administración General del Estado en relación con

la Unión Europea.

d) Está adscrita a la Secretaría de Estado para la Unión Europea.

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12.- ¿La Unión Europea ha incluido entre sus objetivos algún plan que incluya la administración

electrónica?:

a) Sí, estos objetivos están incluidos en el Plan Moderniza.

b) No, esta política no es competencia de la Unión Europea.

c) Sí, estos objetivos están incluidos en la Agenda Digital para Europa.

d) No, hay conversaciones entre los Estados miembros pero no se han plasmado en documento alguno.

13.- Según el vigente Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué puestos de trabajo pueden

considerarse personal directivo en las Administraciones Públicas Españolas?:

a) Los que desarrollan funciones directivas profesionales, definidas como tales en las normas específicas

de cada Administración.

b) Los que sean elegidos por los órganos de Gobierno de cada Administración.

c) Los puestos de trabajo de libre designación.

d) Los que no desarrollan tareas técnicas sino sólo tareas de decisión.

14.- En la Administración General del Estado, ¿quién aprueba las políticas públicas que se deben evaluar

cada año?:

a) El Consejo de Ministros.

b) El Parlamento.

c) El Tribunal de Cuentas.

d) La Intervención General de la Administración del Estado.

15.- La Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos es

de aplicación a:

a) Sólo a la Administración General del Estado.

b) Sólo a la Administración General del Estado y los Ayuntamientos.

c) A todas las Administraciones Públicas Españolas.

d) A todas la Administraciones Públicas Españolas, excepto las CCAA de Cataluña y País Vasco.

16.- De acuerdo con la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la

Administración General del Estado (LOFAGE) son órganos directivos:

a) Los Ministros.

b) Los Secretarios de Estado.

c) Los Vicepresidentes del gobierno.

d) Los Subsecretarios.

17.- La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, presentará

anualmente un informe acerca de la actividad desplegada por las agencias estatales y sus compromisos para mejorar la calidad de los servicios prestada a los ciudadanos:

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a) Al Congreso de los Diputados.

b) A la Intervención General de la Administración del Estado.

c) Al Gobierno.

d) Al Tribunal de cuentas.

18.- Como norma general, según lo dispuesto en el art 79 de la Ley General Presupuestaria, los perceptores de las cuentas de pagos a justificar quedan obligados a rendir cuentas justificativas de la

aplicación de las cantidades recibidas en el plazo de:

a) 1 mes.

b) 3 meses.

c) 1 año.

d) 15 días.

19.- Según el art 20 de la Ley General Tributaria, el presupuesto fijado por Ley para configurar cada

tributo y cuya relación origina el nacimiento de la obligación tributaria principal se denomina:

a) Devengo.

b) Base imponible.

c) Hecho imponible.

d) Tasa.

20.- Según la Ley General Presupuestaria, el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto

determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario se denomina:

a) Ordenación del pago.

b) Compromiso de gasto.

c) Aprobación del gasto.

d) Reconocimiento de la obligación.

21.- Según la Ley de Contratos del Sector Público, si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, conforme al art. 40.1 la formalización no podrá efectuarse antes de que

transcurran:

a) 15 días hábiles.

b) 15 días naturales.

c) 20 días hábiles.

d) 20 días naturales.

22.- El defecto de forma del acto administrativo supondrá:

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a) La nulidad absoluta del acto, en todo caso.

b) La anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar un fin o de lugar a la

indefensión de los particulares.

c) La revocación del acto, previa declaración de lesividad.

d) La anulabilidad del acto, en todo caso.

23.- Cuál de los siguientes actos no pone fin a la vía administrativa:

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.

b) Las resoluciones de los procedimientos de impugnación del artículo 107.2 de la Ley 30/1992 de la

LRJAP Y PAC.

c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del

procedimiento.

d) Las resoluciones de los Directores Generales en el ámbito de sus competencias, salvo en materia de

personal.

24.- Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información pública, archivos

y registros, la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será:

a) De carácter obligatoria y previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa.

b) De carácter potestativa y previa a la impugnación en vía contencioso- administrativa.

c) De carácter potestativa y previa al recurso de reposición.

d) De carácter potestativa y previa al recurso de alzada.

25.- De acuerdo con el Real Decreto 951/2005, por el que se establece el marco general para la mejora

de la calidad en la Administración General del Estado, los órganos, organismos y entidades de la Administración General del Estado informan a los ciudadanos de los compromisos de calidad en la prestación de los servicios que tienen encomendados a través de:

a) Los compromisos públicos de calidad.

b) Las cartas de servicios.

c) Los contratos públicos de servicios.

d) La documentación anexa a los expedientes de los servicios.

26.- La Oficina para la ejecución de la reforma de la Administración (OPERA), creada por el Real Decreto

479/2013, tiene dependencia funcional:

a) Del Ministerio de Administraciones Públicas exclusivamente.

b) Conjunta de los Ministerios de Hacienda y de Economía y Competitividad.

c) Conjunta de los Ministerios de la Presidencia y de Hacienda y Administraciones Públicas.

d) Del Ministerio de la Presidencia exclusivamente.

27.- De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público, aprobada por el Real Decreto Legislativo

3/2011, la clasificación de los empresarios como contratistas de obras de las Administraciones Públicas

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en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, será requisito indispensable

para:

a) Todos los contratos de obras y de concesión de obras públicas del sector público.

b) Todos los contratos de obras del sector público.

c) Los contratos de obras del sector público cuyo valor estimado sea igual o superior a 300.000 €.

d) Los contratos de obras del sector público cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €.

28.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de

la Administración General del Estado (LOFAGE), la modificación o refundición de Organismos Autónomos que suponga una la alteración de su régimen de personal deberá producirse por:

a) Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de

Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, y a iniciativa del Ministro o Ministros de

adscripción o, en todo caso, de acuerdo con el mismo.

b) Real Decreto, a iniciativa del Ministro de adscripción y a propuesta del Ministro de Administraciones

Públicas.

c) Una norma con rango de ley.

d) Real Decreto del Ministro de adscripción.

29.- De acuerdo con la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP), la gestión,

administración, representación y explotación de los bienes y derechos del Patrimonio del Estado que sean de titularidad de los organismos autónomos corresponderán:

a) A la Dirección General de Patrimonio del Estado.

b) Al Ministerio de adscripción del Organismo Autónomo.

c) Al propio Organismo Autónomo.

d) Al Ministerio de Hacienda.

30.- Según lo establecido en el artículo 159.1 de la Constitución Española de 1978 y en el artículo 5 de la

Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, componen el Tribunal Constitucional:

a) El Presidente del Tribunal más doce Magistrados.

b) El Presidente del Tribunal, el Vicepresidente del Tribunal y doce Magistrados más.

c) Doce miembros nombrados por el Rey.

d) Quince miembros, nombrados por el Rey, a propuesta del Senado, del Congreso, del Gobierno y del

Consejo General del Poder Judicial.

31.- El Director insular de la Administración General del Estado, según lo regulado en el vigente artículo 30 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y en el artículo 6.2 del Real Decreto 617/1997, de 25 de abril, de Subdelegados del Gobierno y

Directores insulares de la Administración General del Estado, depende jerárquicamente:

a) Del Presidente del Cabildo Insular.

b) Del Secretario General de la correspondiente Delegación de Gobierno.

c) Del Director del Gabinete Técnico del Subdelegado del Gobierno de la provincia correspondiente.

d) Del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en la

provincia cuando este cargo exista.

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32.- Según lo establecido en el vigente artículo 45.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y

Funcionamiento de la Administración General del Estado, a los Organismos autónomos se les

encomienda:

a) La realización de actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos, en

régimen de descentralización funcional y en ejecución de programas específicos de la actividad del

Ministerio del que dependen.

b) Las funciones de dirección estratégica, evaluación y control de resultados, según lo establecido en los

correspondientes Contratos de gestión.

c) Únicamente la producción de bienes públicos susceptibles de contraprestación.

d) La coordinación de la actividad de todos los órganos y unidades administrativas que integran la

Administración General del Estado en el exterior.

33.- Según lo establecido en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 2/1979, del Tribunal Constitucional, son

susceptibles de recurso de amparo constitucional:

a) El derecho reconocido en el artículo 32 de la Constitución Española de 1978.

b) Los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución Española de 1978.

c) El derecho reconocido en el artículo 34 de la Constitución Española de 1978.

d) Los derechos reconocidos en el artículo 33 de la Constitución Española de 1978.

34.- Según lo establecido en el vigente artículo 5.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, es competencia del Consejo de Ministros:

a) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los distintos Ministerios.

b) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las

Secretarías de Estado.

c) Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración

del estado de sitio.

d) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.

35.- El artículo 103.1 de la Constitución Española de 1978, establece que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa, entre otros, de acuerdo con el principio de:

a) Delegación.

b) Desconcentración.

c) Autonomía.

d) Supremacía.

36.- De acuerdo con lo establecido en el vigente artículo 6.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, los Delegados del Gobierno tienen rango de:

a) Director General.

b) Secretario de Estado.

c) Subsecretario.

d) Subdirector General.

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37.- La Jefatura Central de Tráfico es:

a) Un Organismo público de los previstos en el vigente artículo 43.1 a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril,

de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

b) Un Organismo público de los previstos en el vigente artículo 53.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

c) Una entidad autónoma de las previstas en el vigente artículo 53.1 de Ley 6/1997, de 14 de abril, de

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

d) Una Entidad Pública Empresarial de las previstas en el vigente artículo 43.1.b de la Ley 6/1997, de 14

de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

38.- La creación de los Organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales, de acuerdo con lo establecido en el vigente artículo 61.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, se efectuará:

a) Por Real Decreto del Ministerio al que se adscribe.

b) Por Resolución del Consejo Rector.

c) Por Ley.

d) Por Orden Ministerial.

39.- El derecho a la propiedad privada y a la herencia están reconocidos en la Constitución española de 1978 en:

a) La Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I.

b) El Capítulo Primero del Título I.

c) La Sección 2ª del Capítulo Segundo del Título I.

d) La Sección 3ª del Capítulo Segundo del Título I.

40.- De acuerdo con lo previsto en la Constitución española de 1978, el acto del Rey por el que sanciona y promulga las leyes, es refrendado por:

a) El Presidente del Gobierno.

b) Conjuntamente por los Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado.

c) El Presidente del Congreso.

d) Conjuntamente por los Presidentes del Gobierno, Congreso de los Diputados y del Senado.

41.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 57.5 de la Constitución española de 1978, cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverá por:

a) El Congreso de los Diputados y el Senado en sesión conjunta de ambas cámaras, mediante Acuerdo

de las mismas.

b) El Congreso de los Diputados a propuesta de la Casa del Rey y oído el Consejo de Estado.

c) El Jefe del Estado.

d) Ley Orgánica.

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42.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Constitución española de 1978, la Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para:

a) La tutela del Rey menor.

b) La tutela del Rey menor y la Regencia.

c) La Regencia.

d) La inhabilitación del Rey para el ejercicio de su autoridad, aun en el supuesto de que hubiere Príncipe

heredero de la Corona mayor de edad.

43.- Según el artículo 30.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Mesa del Congreso de los Diputados estará compuesta por:

a) El Presidente del Congreso de los Diputados, el Vicepresidente primero y el Secretario Primero.

b) El Presidente del Congreso de los Diputados y, al menos, un Vicepresidente y un Secretario.

c) El Presidente del Congreso de los Diputados, los Jefes de los Grupos parlamentarios y el Secretario.

d) El Presidente del Congreso de los Diputados, cuatro Vicepresidentes y cuatro Secretarios.

44.- Según dispone el artículo 46.3. del Reglamento del Congreso de los Diputados, ¿cuál de las siguientes es una Comisión Permanente Legislativa del Congreso de los Diputados?:

a) Justicia.

b) Interior y Defensa.

c) Defensa, Interior y Justicia.

d) Justicia e Interior.

45.- Señale la afirmación correcta contenida en la Constitución española de 1978 en relación con las Cortes Generales:

a) El Congreso de los Diputados se compone de un máximo de trescientos diputados.

b) La circunscripción electoral para la elección de diputados es el Municipio o distrito municipal en el que

se vota.

c) Se prohíbe expresamente la pertenencia simultánea a las dos Cámaras de las Cortes Generales.

d) La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación mayoritaria.

46.- De acuerdo con lo previsto en el hoy vigente artículo 2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del

Gobierno, dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas la función prevista en la legislación reguladora de la defensa y de la organización militar, le corresponde al:

a) Ministro de Defensa.

b) Gobierno.

c) Congreso de los Diputados.

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d) Presidente del Gobierno.

47.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, el Pleno de este Tribunal está integrado por:

a) Diez Consejeros de Cuentas, uno de los cuales será Presidente, y el Fiscal.

b) El Presidente, doce Consejeros de Cuentas y el Secretario General.

c) Doce Consejeros de Cuentas, uno de los cuales será Presidente, y el Fiscal.

d) El Presidente, doce Consejeros de Cuentas, el Fiscal y el Secretario General.

48.- El Defensor del Pueblo será elegido, de acuerdo con lo previsto en el artículo segundo. uno de la Ley 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo:

a) Por un período de cuatro años.

b) Cada vez que se celebren elecciones a Cortes Generales.

c) Por el mismo mandato que tengan Diputados del Congreso y Senadores.

d) Por un periodo de cinco años.

49.- De acuerdo con lo previsto en el artículo trece.1 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, las Secciones de éste órgano consultivo serán ocho como mínimo, pudiendo

ampliarse dicho número reglamentariamente cuando el volumen de las consultas lo exigiere, a propuesta de:

a) El Presidente del Consejo de Estado, oída la Comisión de Estudios.

b) El Presidente del Consejo de Estado.

c) El Presidente del Consejo de Estado, oída la Comisión Permanente.

d) La Comisión Permanente del propio Consejo de Estado.

50.- Según dispone el artículo 142 de la Ley 30/1992, de LRJAP Y PAC el plazo de prescripción para una reclamación de responsabilidad patrimonial es de:

a) Un año producido desde el hecho o acto que motive la indemnización.

b) No tiene plazo.

c) Tres años y dependiendo del daño producido.

d) Dos años desde los hechos que motive la declaración de responsabilidad.

51.- Según el artículo 13 de la Ley 11/2007 para el acceso electrónico de los ciudadanos a las

Administraciones Públicas, los ciudadanos podrán utilizar, para relacionarse con las Administraciones

Públicas, sistemas de firma electrónica:

a) Avanzada, excepto los incorporados al Documento Nacional de Identidad, para personas físicas.

b) Avanzada, incluyendo los basados en certificado electrónico reconocido admitidos por las

Administraciones Públicas.

c) Basados en la utilización de claves no concertadas.

d) Basados en el uso de correo electrónico.

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52.- Según la Ley 11/2007 para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas

¿cuál de los siguientes sistemas no podrá ser utilizado por las Administraciones Públicas para su identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que produzcan?:

a) Sistemas de firma electrónica basados en la utilización de certificados de dispositivo seguro o medio

equivalente que permita identificar la sede electrónica y el establecimiento con ella de

comunicaciones seguras.

b) Sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.

c) Correo electrónico.

d) Intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación, conforme a lo

específicamente acordado entre las partes.

53.- De acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-

administrativa, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo se halla integrado por los siguientes órganos:

a) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-

administrativo, las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, las

Salas de lo Contencioso-administrativo de las Audiencias Provinciales y la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Supremo.

b) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados Provinciales de lo Contencioso-

administrativo, las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, la

Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Supremo.

c) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-

administrativo, las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, la

Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Supremo.

d) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, los Juzgados Centrales de lo Contencioso-

administrativo, las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, la

Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y la Sala de lo Contencioso-

administrativo del Tribunal Constitucional.

54.- La Administración autora de un acto ¿está legitimada para impugnarlo ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo?:

a) Sí, previa declaración de lesividad para el interés público en los términos establecidos por la Ley de la

Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

b) No, no podrá impugnar su propio acto, solo el de otras Administraciones.

c) Sí, puede impugnar su propio acto solamente declarando la culpabilidad de sus responsables.

d) Sí, sin declaración de lesividad en los términos establecidos por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-

Administrativa.

55.- En un procedimiento contencioso-administrativo, cuando no hubiera sido posible emplazar a algún

interesado en el domicilio que conste a efectos de notificaciones:

a) El Secretario judicial mandará insertar el correspondiente edicto en el periódico oficial que proceda

atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa

recurrida.

b) La Policía Judicial notificará y contactará con los interesados para poder emplazarlos en el

procedimiento contencioso-administrativo.

c) Se realizará a cualquier familiar del interesado en un procedimiento contencioso-administrativo para

que le notifique directamente.

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d) Se realizará siempre mediante anuncios en los periódicos de mayor tirada nacional.

56.- En un procedimiento contencioso-administrativo, ¿se puede solicitar que se celebre vista?:

a) Sí, mediante otrosí.

b) Sí, en cualquier momento del procedimiento oralmente al juez de lo penal.

c) Solamente después del periodo de prueba y de forma oral ante el juez.

d) Sí, siempre y cuando el interesado lo solicite directamente al Secretario Judicial.

57.- En el Consejo de Europa, ¿cómo se podrán crear órganos subsidiarios?

a) A iniciativa de su Asamblea.

b) A iniciativa de su Presidente.

c) Por el voto favorable de la mayoría de los representantes de los países en el seno de la Asamblea.

d) Por iniciativa de cualquiera de Estados miembros.

58.- En virtud del principio de atribución ¿cómo actúa la Unión Europea?

a) Dentro de los límites de las competencias que le atribuyen los Estados miembros en los Tratados para

lograr los objetivos que éstos determinan.

b) Con total independencia de los Estados miembros para poder legislar y hacer cumplir sus normas:

directivas, reglamentos, recomendaciones.

c) Con competencias limitadas por el derecho internacional, de acuerdo con los convenios firmados por

cada estado.

d) Actúa supeditada a las Instituciones Europeas, especialmente al Consejo Europeo.

59.- Establece el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público que es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación

de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. En función de la duración del contrato éste podrá ser:

a) Fijo, por tiempo indefinido o eventual.

b) Fijo o en prácticas.

c) Fijo, por tiempo indefinido o temporal.

d) Fijo, en prácticas o temporal.

60- El vigente III Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado excluye de su ámbito de aplicación según lo dispuesto en el artículo 1:

a) Al personal laboral que presta servicios en la Administración de Justicia.

b) Al personal laboral que presta servicios en el exterior.

c) Al personal laboral del Consejo de Seguridad Nuclear.

d) Al personal laboral de la Agencia de Protección Datos.

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61.- En la Administración General del Estado, el complemento específico, retribución complementaria

prevista en la Ley 30/1984, de 30 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública,

retribuye:

a) El nivel del puesto de trabajo que se desempeñe.

b) El especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés o iniciativa con que se desempeñe el

puesto de trabajo.

c) La responsabilidad y dedicación exigible para el desempeño de los puestos de trabajo o las

condiciones en que se desarrolla éste.

d) Las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial dificultad

técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad.

62.- En el Estatuto Básico del Empleado Público, la suspensión provisional de funciones como medida

preventiva durante la tramitación de un expediente disciplinario podrá ser acordada por la autoridad que ordenó la incoación del expediente, no pudiendo exceder esta suspensión, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado, de:

a) Dos meses.

b) Cuatro meses.

c) Seis meses.

d) Nueve meses.

63.- La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas exceptúa del régimen de incompatibilidades la siguiente actividad:

a) La dirección de seminarios, cursos o conferencias en Centros de formación, cuando no tengan

carácter permanente o habitual ni supongan más de 85 horas al año.

b) El ejercicio del cargo de Presidente, Vocal o miembro de Juntas rectoras de Mutualidades de

Funcionarios, con dedicación a tiempo parcial inferior a 25 horas semanales retribuidas.

c) La participación habitual en coloquios y programas en cualquier medio de comunicación social.

d) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las publicaciones derivadas

de aquéllas, siempre que no se originen como consecuencia de una relación de empleo o de

prestación de servicios.

64.- El artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley General de la Seguridad Social indica que se considerarán regímenes especiales de la Seguridad Social los que encuadren a los grupos siguientes:

a) Trabajadores del mar.

b) Profesionales taurinos.

c) Trabajadores ferroviarios.

d) Jugadores profesionales de futbol.

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65.- La Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015,

establece los porcentajes de cotización a derechos pasivos y a las Mutualidades Generales de

Funcionarios para el año 2015. Con efectos de 1 de enero de 2015, el porcentaje de cotización de los funcionarios en activo y asimilados integrados en MUFACE (Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado), se fija en el:

a) 1,69 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2014 a efectos de cotización

de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,25 por ciento.

b) 2,26 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2015 a efectos de cotización

de Derechos Pasivos.

c) 4,70 por ciento sobre la base mensual de cotización a efectos de Derechos Pasivos, limitada por la

base mínima y base máxima establecida en la citada Ley.

d) 4,10 por ciento sobre los haberes reguladores establecidos para el año 2013, a efectos de cotización

de Derechos Pasivos, incrementados en un 0,75 por ciento

66.- Se dispone en el vigente Estatuto Básico del Empleado Público, que cada Junta de Personal se

compone de un número de representantes, en función:

a) De la representatividad de las organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas.

b) Del número de empleados públicos de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con una escala

determinada en el EBEP.

c) Del número de funcionarios de la Unidad electoral correspondiente, de acuerdo con una escala

determinada en el EBEP.

d) De la representatividad de las organizaciones sindicales a nivel Estatal, siempre y cuando sea

superior al 10 por ciento en dicho ámbito y de acuerdo a la escala determinada en el Estatuto de los

Trabajadores.

67.- Se establece en el Estatuto Básico del Empleado Público que las Juntas de Personal y los Delegados

de Personal, en su caso, tendrán las siguientes funciones, en sus respectivos ámbitos:

a) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.

b) Negociar el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo.

c) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente, sobre los programas de

mejora del rendimiento.

d) Prestar asistencia técnica sobre cuantas actuaciones se lleven a cabo en materia de condiciones de

trabajo, prevención de riesgos laborales, Seguridad Social y Empleo.

68.- ¿Cuál de las siguientes funciones no corresponde a un Colegio profesional?

a) Ostentar la representación que establezcan las leyes para el cumplimiento de sus fines.

b) Elaborar los planes de estudio y fiscalizar las normas de organización de los Centros docentes

correspondientes a las profesiones respectivas y mantener un control permanente de los mismos.

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c) Participar en los Consejos u Organismos consultivos de la Administración en la materia de

competencia de cada una de las profesiones.

d) Facilitar a los Tribunales, conforme a las leyes, la relación de colegiados que pudieran ser requeridos

para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, o designarlos por sí mismos, según proceda.

69.- Las Federaciones Deportivas españolas son:

a) Entidades privadas, con personalidad jurídica propia.

b) Organismos públicos dependientes del Estado.

c) Organismos públicos dependientes de la Comunidad Autónoma correspondiente.

d) Agencias estatales.

70.- En la Constitución española de 1978 se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. ¿En qué artículo?

a) Artículo 1

b) Artículo 2

c) Artículo 3

d) Artículo 143

71.- Según el artículo 153 de la Constitución española de 1978 el control de la actividad de los órganos

de las Comunidades Autónomas no se ejercerá en ningún caso por:

a) El Tribunal Constitucional.

b) El Congreso de los Diputados.

c) El Gobierno.

d) El Tribunal de Cuentas.

72.- La federación de Comunidades Autónomas de acuerdo con lo establecido en la Constitución española

de 1978:

a) Podrá ser autorizada por las Cortes Generales por motivos de interés nacional.

b) Se admitirá en determinados casos.

c) No se admitirán en caso alguno, aunque sí la confederación de Comunidades Autónomas.

d) No se admitirá en ningún caso.

73.- El artículo 89 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que integran el personal

al servicio de las Corporaciones Locales:

a) Los funcionarios con habilitación local y los demás funcionarios de carrera al servicio de las

Corporaciones Locales.

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b) Los funcionarios de carrera, los contratados en régimen de derecho laboral y el personal eventual que

desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.

c) Los funcionarios de carrera, interinos, en prácticas y los contratados en régimen de derecho laboral.

d) Los funcionarios propios de la Administración General, de las Corporaciones Locales, el personal

laboral, personal eventual y personal directivo.

74.- Según el artículo 148 de la Constitución española de 1978, las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias de:

a) Relaciones internacionales.

b) Sanidad e higiene.

c) Defensa y Fuerzas Armadas.

d) Determinación de la hora oficial.

75.- Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, no tienen la condición

de Entidad Local:

a) Las Áreas Metropolitanas.

b) Los Consorcios de Aguas.

c) Las Mancomunidades de Municipios.

d) La Isla en los archipiélagos balear y canario.

76.- De acuerdo con la Constitución española de 1978, el Estado tiene competencia exclusiva en:

a) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.

b) Los montes y aprovechamientos forestales.

c) La gestión en materia de protección del medio ambiente.

d) Asistencia social.

77.- ¿Cuál de las siguientes materias no requiere para su regulación una Ley Orgánica?

a) Las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en la

Constitución.

b) Las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

c) La constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales.

d) La delegación legislativa

78.- En relación a las fuentes del Derecho y conforme al artículo 1.1 del Código Civil, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la jurisprudencia, la costumbre y los

principios generales del derecho.

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b) La costumbre siempre regirá excepto cuando sea contraria a la moral o al orden público, y que

resulte probada.

c) Los jueces determinarán si una disposición que contradiga a otra de rango superior puede ser

aplicada.

d) Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su

carácter informador del ordenamiento jurídico.

79.- Según la Constitución española de 1978, el Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas:

a) Aún en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés

general.

b) Únicamente cuando las Comunidades Autónomas no hayan asumido dicha competencia.

c) Sólo si así lo dispone una Ley Orgánica.

d) Solamente en materias de competencia exclusiva del Estado.

80.- El artículo 125 de la Constitución española de 1978 establece que los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. En relación a la composición del Tribunal del Jurado, ¿cuál de las siguientes respuestas es la correcta?:

a) Se compone de 7 jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial que lo presidirá.

b) Se compone de 9 jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial que lo presidirá.

c) Se compone de 9 jurados y un Juez integrante de la Audiencia Nacional que lo presidirá.

d) Se compone de 7 jurados y un Juez integrante de la Audiencia Nacional que lo presidirá.

81.- El Tribunal de Cuentas depende de:

a) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

b) Ministerio de Economía y competitividad.

c) Las Cortes Generales.

d) El Presidente de Gobierno.

82.- El control presupuestario interno ejercido por la Intervención General de la Administración del

Estado no será de aplicación a:

a) La Administración General del Estado incluida la Seguridad Social y sus Organismos Autónomos.

b) Entidades Públicas Empresariales.

c) Sociedades Mercantiles Estatales.

d) Órganos no dependientes del Gobierno o de la Administración General e Institucional del Estado.

83.- El ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información

pública y buen gobierno no incluye a:

a) Las organizaciones empresariales.

b) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones.

c) Las organizaciones sindicales.

d) Las entidades privadas sin subvención.

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84.- De las siguientes respuestas ¿cuál es la correcta?:

a) La Audiencia Nacional estará integrada por la Sala de Apelación, Sala de lo Penal, Sala de lo Civil,

Sala de lo Social y Sala de lo Contencioso-Administrativo.

b) La Audiencia Nacional estará integrada por la Sala de Apelación, Sala de lo Penal, Sala de lo

Contencioso-Administrativo y Sala de lo Social.

c) La Audiencia Nacional estará integrada por la Sala de lo Penal, Sala de lo Civil y Sala de lo

Contencioso-Administrativo.

d) La Audiencia Nacional estará integrada por la Sala de lo Penal, Sala de lo Civil, Sala de lo

Contencioso-Administrativo y Sala de lo Militar, que se regirá por su legislación específica.

85.- En relación a los Órganos del Ministerio Fiscal, indicar cuál de los siguientes no es un Órgano del

mismo:

a) La Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica de dicho

Tribunal.

b) La Fiscalía Jurídico Militar.

c) La Junta de Fiscales Superiores de las Comunidades Autónomas.

d) La Fiscalía de lo Civil.

86.- Cuál de los siguientes es un órgano externo fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del

sector público:

a) El Tribunal de Cuentas.

b) La Tesorería General del Estado.

c) La Intervención General de la Administración del Estado.

d) Ninguna de las anteriores.

87.- Qué organismo determina la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen

gobierno, como responsable del control del cumplimiento por parte de la Administración General del Estado de las obligaciones en relación a la publicidad activa:

a) El Tribunal de Cuentas.

b) La Comisión Interministerial de Transparencia.

c) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

d) El Portal de Transparencia.

88.- Para solicitar acceso a la información, según la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la

información pública y buen gobierno, ¿cuál de los siguientes requisitos no es necesario?:

a) La identidad del solicitante.

b) La información que se solicita.

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c) La motivación de la solicitud de acceso a la información.

d) Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.

89.- Es un principio general de buen gobierno según el art. 26 de la Ley de Transparencia, acceso a la

Información Pública y Buen Gobierno:

a) Respetar el principio de imparcialidad, de modo que se mantenga un criterio independiente y ajeno a

todo interés particular.

b) Actuar con transparencia en la gestión de los asuntos públicos y privados.

c) Actuar con celeridad para salvaguardar la calidad en la prestación de del servicio

d) Asegurar un trato desigual y sin discriminaciones.

90.- Uno de los objetivos específicos más importantes del I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en

la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos es:

a) Conseguir una representación mayoritaria de las mujeres en el ámbito de la AGE.

b) Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de trato y oportunidades

c) Promover y mantener las posibilidades de acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad,

contribuyendo a reducir desigualdades y desequilibrios que, aun siendo de origen cultural, social o

familiar, pudieran darse en el seno de la AGE.

d) Facilitar información genérica a las mujeres y hombres sobre los cursos de formación para puestos de

responsabilidad.

91.- A efectos de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social,

aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, se entiende por discriminación directa:

a) La situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera más

favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.

b) Cuando una disposición legal o reglamentaria puedan ocasionar una desventaja particular a una

persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad.

c) Cuando una cláusula convencional o contractual, aparentemente neutros, puedan ocasionar una

desventaja particular a una persona respecto de otras por motivo de o por razón de discapacidad.

d) La situación en que se encuentra una persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos

favorable que otra en situación análoga por motivo de o por razón de su discapacidad.

92.- El artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que:

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a) En las ofertas de empleo público no se reserva un cupo de vacantes para ser cubiertas entre

personas con discapacidad.

b) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo del siete por ciento de las vacantes

para ser cubiertas entre personas con discapacidad.

c) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por ciento de las

vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.

d) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo superior al siete por ciento de las

vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad.

93.- El art. 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público dispone que éste:

a) Será de aplicación al personal funcionario de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

b) Será de aplicación al personal laboral de todas las Universidades.

c) Será de aplicación al personal laboral de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

d) Será de aplicación a los Jueces, Magistrados y Fiscales sin necesidad de que lo disponga su

legislación específica.

94.- Los Cuerpos y Escalas de funcionarios adscritos a la Administración General del Estado:

a) Se crean, modifican y suprimen por Ley de las Cortes Generales.

b) Se crean, modifican y suprimen por Orden del Ministro al que se encuentre adscrito el Cuerpo

o Escala.

c) Se crean, modifican y suprimen por Orden del Ministro del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas.

d) Se crean, modifican y suprimen por Orden del Ministerio de la Presidencia.

95.- En la Administración General del Estado, la renuncia como causa de pérdida de la condición

de funcionario de carrera:

a) Habrá de ser manifestada verbalmente o por escrito y será aceptada expresamente por la

Administración.

b) No podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario.

c) Será aceptada cuando haya sido dictado en contra del funcionario auto de procesamiento o

de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.

d) Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública.

96.- Será materia objeto de negociación en las Administraciones Públicas según dispone el art.

37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

a) Las decisiones de Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.

b) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación.

c) La determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo.

d) La regulación y determinación concreta de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos

de acceso al empleo público y la promoción profesional.

97.- La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con

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contrato laboral:

a) Se regirá directamente por la legislación de función pública y con carácter supletorio por la

legislación laboral.

b) Se regirá por la legislación laboral exclusivamente.

c) Se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de algunos preceptos del capítulo IV del EBEP

que expresamente les son de aplicación.

d) Se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de algunos preceptos del capítulo VI del EBEP

que expresamente les son de aplicación.

98.- La mediación como solución extrajudicial de conflictos colectivos en el ámbito de las Administraciones Públicas:

a) Será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que

ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las

mismas.

b) Será a criterio de la Administración su aceptación cuando lo solicite una de las partes y las

propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente

aceptadas o rechazadas por las mismas

c) Será a criterio de la Administración su aceptación cuando lo solicite una de las partes, si bien

aceptada, las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores deberá ser de

obligado cumplimiento.

d) Será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que

ofrezcan el mediador o mediadores deberá ser de obligado cumplimiento.

99.- El plazo máximo de subsanación de una solicitud en un procedimiento selectivo para ingresar en la Administración General del Estado es:

a) El que determine el órgano competente.

b) Cinco días.

c) Diez días.

d) Diez días, ampliables hasta cinco días.

100.- En el ámbito de la Unión Europea, el número de miembros del Comité de las Regiones no

excederá de:

a) 350

b) 250

c) 28

d) 9

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