no. 82 geofagia despojo y resistencia en los territorios

19 de julio de 2014 • Número 82

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

GEOFAGIATEMA DEL MES

19 de julio de 20142

VAN POR TODO

La última vuelta de tuerca de las políti-cas expropiatorias de bienes y derechos imperantes desde hace 30 años es el despojo generalizado del patrimonio

social, comunitario y familiar de los mexicanos.

En lo tocante al campo, el ciclo neoliberal empezó con la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución. Por esos mismos años, la reforma a la Ley minera, que concede a la actividad extractiva prioridad sobre cualquier otra. Veinte años después, el ciclo está con-cluyendo con la reforma energética por la que las actividades asociadas con el petróleo y la electricidad tienen prioridad sobre cualesquie-ra otras. Lo que falta ahora es incorporar a las leyes y procedimientos agrarios los cambios necesarios para que se facilite aún más el trán-sito de la propiedad ejidal colectiva al pleno dominio individual privado. Por si quedara alguna duda, están las declaraciones de Mirei-lle Roccatti abogada general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en el primer foro temático para la reforma del campo.

“Hablamos de una reforma constitucional para (…) darle (al ejido) flexibilidad dentro de sus asambleas para que puedan disponer de sus parcelas, pues desde la reforma al ar-tículo 27 constitucional es bajo el número de personas que han podido desincorporar sus tierras de manera legal; lo han hecho de manera clandestina, con contratos privados y a bajos precios, pero no tienen la certeza jurídica del pleno dominio sobre la tierra”.

En el campo la expoliación tiene muchos filos. El territorial, cuando se arrebata a las comunidades la posesión sobre los lugares donde habitan y trabajan para franquearle el paso a minas, presas, carreteras, ductos, urba-nizaciones, desarrollos turísticos. El hídrico, cuando se les roba el agua y su manejo. El biológico, cuando se las excluye de áreas de valor ambiental y de su cuidado. El genómico,cuando se les quita el control de sus simientes y se las contamina con transgénicos. El pro-ductivo, cuando se desposee a los campesinos de sus recursos y capacidades agrícolas, para entregárselos al agro negocio. El mercantil, cuando las trasnacionales y los grandes co-merciantes dominan en todos los ámbitos e imponen sus términos en todos. El cultural,cuando se mercantiliza su identidad usurpan-do significados y valores. El comunicativo,,cuando se les impide acceder a los medios electrónicos. El político, cuando se les niega el derecho a gobernar en sus jurisdicciones. El delincuencial, cuando los carteles del nar-co ocupan y mandan en los ámbitos rurales.

Estas vertientes del despojo tienen rato, pero ahora todo indica que la anunciada reforma del campo busca arrebatar a ejidos y comu-nidades la propiedad social de la tierra, dere-cho ancestral por el que hace un siglo dieron la vida un millón de mexicanos. Todo esto es grave, sin embargo la amenaza mayor, la más siniestra es que quieren despojarnos del futuro, quieren quitarnos la esperanza.

Tierra, agua, vida, simiente, producción, mercado, voz, identidad, autonomía, seguri-dad, propiedad social, esperanza… Van por todo. Pero no nos vamos a dejar.

Por fortuna muchos pueblos se alzan frente al despojo. En los lustros recientes se ha ido tejiendo redes de resistencia en las diferentes vertientes de la agresión: contra la minería tóxica, contra las grandes represas, contra las afectaciones ambientales, contra el fracking, contra la privatización del agua, contra los transgénicos, contra los megaproyectos…

Todas ellas enfocadas a contrarrestar ame-nazas importantes. Pero también definidas todas ellas por la particularidad de los temas de que se ocupan. Sin embargo, en la base de las diversas resistencias está la voluntad que comparten innumerables pueblos y comunidades de seguir usufructuando co-lectivamente espacios y bienes comunes. Y en términos de derecho, el trasfondo es la propiedad social de la tierra; conquista que resultó de una revolución que por un siglo hizo de México una nación excepcional.

Reivindicar la soberanía de los mexicanos y las mexicanas sobre nuestro territorio común y en particular defender la propiedad social de las tierras campesinas, es luchar por el pa-trimonio de nuestros hijos y nietos, pero es también una obligación para con nuestros an-cestros que dieron la vida por tierra y libertad.

En el Foro Desarrollo Regional y Recons-trucciones Sociales, realizado en la ciudad de Oaxaca a fines de mayo, se exhibió el ta-lante airado que impera hoy en el mundo rural. Había caficultores, representantes de pueblos indios y miembros de una coordina-dora campesina. Pero el debate no se centró en la roya, los derechos autonómicos o los programas públicos para el agro, sino en las amenazas sobre la propiedad social de la tie-rra. Aquí mi versión de algunos consensos:

*La tierra es de todos los mexicanos, y la agrícola, de los campesinos que la trabajan. Es, pues, necesario defender la propiedad social contra la reforma del campo anun-ciada por el gobierno federal. Reforma que busca facilitar la privatización de ejidos y comunidades simplificando el procedi-miento para llegar al pleno dominio y redu-ciendo las facultades de la asamblea y de los comisariados. Allanamiento de la propiedad social a favor del interés del gran capital pri-vado que ya se apuntaba en la reforma sali-nista al artículo 27 Constitucional y a la Ley minera, así como en el VIII transitorio de la reforma energética peñanietista.

*La defensa de la propiedad social no se re-fiere sólo a la parcela familiar, sino también a las tierras comunes y en general a potreros, montes, ríos, lagos y otros bienes naturales de los que depende la vida de las comuni-dades, es decir los territorios de los pueblos. Ciertamente, los recursos del subsuelo per-tenecen a la nación, no a los núcleos agra-rios, pero su aprovechamiento no puede pa-sar por encima de los derechos de quienes poseen y usufructúan la capa superficial.

*La gravedad de la reforma del campo que se vislumbra está en que sería un paso definitivo en el curso privatizador iniciado en los años 80’ s por los gobiernos neoliberales. Proceso que compromete a la tierra, el agua, el petró-leo, los minerales, el patrimonio biocultural, el genoma, el sistema financiero, las comu-nicaciones y el espectro electromagnético...

*Los foros de consulta instrumentados por el gobierno federal y los estatales son una cor-tina de humo; un trámite formal en el que nada se decide pero que es necesario para pa-sar una reforma que ya está formulada en sus líneas generales y que ha sido pactada con trasnacionales y grandes agro empresarios.

*Los campesinos debemos conocer y discutir los graves problemas por los que pasa el agro. Pero así como se analizan las amenazas deben discutirse también las alternativas, las pro-puestas de los actores interesados en la recu-peración de la agricultura, en la preservación de la soberanía y en general en la salvación del campo que es la salvación de México.

*El país necesita un golpe de timón y en es-pecial el campo requiere una reforma pro-funda. No la neoliberal que anuncia el go-bierno, sino una transformación justiciera y libertaria que restaure su vitalidad ambien-tal, social, económica, política y cultural.

*Una reforma que ponga de nuevo en el centro a los pequeños y medianos productores campe-sinos. Que reconozca la importancia y los de-rechos jurisdiccionales de los pueblos rurales, tanto indígenas como mestizos. Que valore el aporte de la milpa mesoamericana como for-ma de cultivo, pero también como forma de vida respetuosa de la diversidad. Que asuma el papel central de la comunidad como núcleo social, tanto en los ámbitos rurales como en los urbanos. Que visualice el papel productivo y reproductivo de las mujeres del campo, un tra-bajo no reconocido que hoy es aún mayor pues en muchos lugares la migración de los varones ha dejado en manos de ellas tanto las labores domésticas como las extra domésticas. Una re-forma que debe surgir de un debate social ver-dadero: democrático, participativo, informado, en el que participen académicos, expertos, le-gisladores y funcionarios, pero donde la prime-ra voz sea la de los campesinos y campesinas.

*Para frenar la contrarreforma neoliberal del agro e impulsar la buena mudanza del campo que necesitamos, hacen falta argu-mentos sólidos y propuestas técnicamente sustentadas. Propuestas que sin embargo ya existen y se han presentado en innu-merables foros. Ahora lo que hace falta es la fuerza necesaria para hacerlas valer: la movilización social de los campesinos or-ganizados y de los no organizados, que son la mayoría; la movilización de la opinión pública del campo y de las ciudades… Hay que tener la razón, pero también la fuerza. Las mudanzas históricas que cuentan resul-taron de la activación de los ciudadanos, de la movilización social. La gravedad de la crisis que hoy nos acosa así lo requiere.

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Suplemento informativo de La Jornada 19 de julio de 2014 • Número 82 • Año VII

ILUS

TRAC

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COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Luciano Concheiro Subcoordinador

Enrique Pérez S.Lourdes E. RudiñoHernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo

BUZÓN DEL CAMPOTe invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a

[email protected]/jornadadelcampofacebook.com/La Jornada del Campoissuu.com/la_jornada_del_campo

Mi muy al divino majestad, serenísimo señor, almirante generalísimo, se-

ñor de las armas y presidente de la Regencia, don Agustín de Iturbide (…)

Nosotros, los alcaldes constitucionales y principales y fi scal y todos hijos y

común del pueblo del Espíritu Santo Zaquapa, rendidos que como hijo de-

bemos, nos postramos a las nobles y las tres plantas de su divina majestad

como padre, pidiendo y suplicando que, por Dios, el corazón de María San-

tísima, sea a entendido esta nuestra súplica.

(…)

Que don Crisanto Alvarado que estaba de comisionado nos maltrataba mu-

cho, hace justicia sin testigo y tiene muchos ganados y muchas bestias, tie-

ne regado en nuestra tierra y perjutigan mucho. Y sus bestias entran en el

pueblo a ser perjuicio a casas de noche; y se cayen las casas, y acen perjuicio

en el convento causas de sus bestias de don Crisanto; lo mismo nos dice

que no somos gente; don Crisanto se mete tan bien con el padre consejar,

y esa casa que está en la Guacaliente que lo tiene echo por suyo, y nos dice

que son mías las tierras, le e comprado en manos del rey; y vea su divina

majestad las maldades que nos hacen don Crisanto, que salga en ese paraje

lleva todos sus animales, y todos sus hijos nos hacen perjuicio a nosotros

naturales

(…)

Y otra nuestra súplica decimos ante Dios y su divina majestad: Nuestra

tierra está un pedazo en mano de don Mariano Barrutia, y el difunto padre

fray Juan González empezó a demorar los principales y alcaldes, que ven-

dan ese pedaso de tierra a don Francisco Barrutia, ¿para qué quieren tanta

tierra?, no son bastante y no irán hacer milpa allá, es muy lejos, reciben cien

tostones, dijo el difunto padre fray Juan González. Entonces recibieron los

cien tostones los alcaldes. Eso fue diantes, será cien años haora; este pedazo

de tierra en el río Grande está, y ahora nos quieren quitar todas las tierras,

y el título también diantes lo an quitado. Una acienda está en Chuacoral,

muchos ganados y muchas bestias. Otra está en Salboh; el mayordomo y ba-

quieros nos maltratan, ya no quieren que agamos milpa en nuestras tierras,

más de la mitad nos cogen en loria del pueblo; an echado los monjones, ya no

quieren que andamos en nuestras tierras. Y su divina majestad nos yciera

favor de quitar estas tierras los cien tostones que recibieron los alcaldes, ya

se a desquitado tantas bestias y ganados que tienen, perjudigan muchos en

eso, se desquitó todo y perdona su divina majestad nuestra Yn nonransia,

nuestra súplica y nuestra pobreza; que por Dios y María Santísima nos de-

fi enda, señor, medamás, sólo eso pedimo (…). Abril 18 de 1822.

Yo, el secretario, Lázaro Ernández; yo, indio legítimo, perdona lo malo de

nuestra letra puede ser que alla falta.

Reproducido en Joaquín Fernández de Lizardi. Hasta los mudos se quejan al piadoso

emperador, en Obras. XI-Folletos (1821-1822). UNAM, 1991, p. 513-516.

EL DESPOJO: UNA CONSTANTE DE LOS TIEMPOS El despojo de los pobres por los ricos es enfer-medad crónica de todas las sociedades clasistas. Agresión que en México han sufrido desde siem-pre las comunidades pero que se agudizó des-de hace 500 años con la conquista española, una guerra genocida que a las iniquidades anterio-res añadió la injusticia colonial y la explotación capitalista.

Y los pueblos han denun-ciado una y otra vez la expoliación. Lo hicieron durante la Colonia, lo hi-cieron en el México Inde-pendiente y lo hacen hoy cuando los acosa el capi-talismo canalla del tercer milenio.

En los años 20’s del siglo XIX, cuando apenas debu-taba la nueva nación, los campesinos reclamaban a la autoridad las exaccio-nes sufridas. Y lo hacían con un español quizá tor-pe pero elocuente y una reverencia no muy distinta a la que siguen exigiendo los burócratas prepotentes del siglo XXI. Esta queja es de 1821 y la recogió en un folleto Joaquín Fernández de Lizardi, a quien llama-ban El pensador mexicano.

“Ya no quieren que agamos milpa”


EL AMPARO Y LA DESPOSESIÓN TERRITORIALRicardo Monreal Ávila Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano

La figura del amparo, contemplada en el orde-namiento jurídico mexi-cano, ha significado un

referente importante para la cien-

cia jurídica en general. Es un pro-ducto de exportación que sirvió de molde para muchos países en la protección de los derechos funda-mentales y que fueron instituidos

por medio del derecho internacio-nal de los derechos humanos.

El juicio de garantías, así como la práctica jurisprudencial en nues-

tros tribunales federales, constitu-yen sin duda alguna las garantías políticas institucionales más im-portantes para hacer reales, efica-ces y prácticas las previsiones esta-blecidas en la Constitución.

El amparo tiene ya 166 años de vida, encuentra su origen en el acta de reforma de 1847. En sus inicios el amparo carecía de una debida regulación, pero eso no fue obstáculo para que connotados juristas dignificaran la carrera ju-dicial y avanzaran en la construc-ción del Estado de Derecho.

Desde entonces, el amparo se ha ido arraigando con mayor fuer-za en el imaginario popular y la tradición jurídica vernácula, ade-cuándose a las nuevas circunstan-cias políticas económicas, sociales y culturales, y representando por ello una piedra de toque de las expectativas de justicia y de desa-rrollo individual y colectivo de la nación mexicana.

En tales circunstancias, la tutela de la realidad social es responsa-bilidad del Estado mexicano. Al

pueblo se le deben garantizar los derechos y la temporalidad en la que se promueve el emparo contra actos que pretendan soslayar el de-recho de posesión de los núcleos ejidales y comunales.

La anterior Ley de Amparo tute-laba la realidad social al permitir reclamar violaciones a derechos humanos a partir del momento en que la parte afectada tenía cono-cimiento de ellas, sin importar el tiempo transcurrido entre la viola-ción y su reclamación.

Sin embargo, en un severo agravio a las comunidades rurales e indí-genas, la nueva Ley de Amparo aprobada el año pasado, redujo a tan sólo siete años el plazo para in-terponer amparos en materia agra-ria, lo que coarta su derecho legí-timo y deriva en una violación al principio de progresividad social.

En ese momento cuestioné a los integrantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC), ya que al aprobar la nueva Ley se suprimieron de un plumazo los derechos de las comunida-

EL DESPOJO TERRITORIAL COMO POLÍTICA DEL ESTADO MEXICANOAlejandra Ancheita Directora ejecutiva de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC (ProDESC) [email protected]

En los 20 años recientes, el Estado mexicano ha impulsado una política de desarrollo centrada

en la sobreexplotación de los bie-nes naturales, la mayoría locali-zados en tierras y territorios de comunidades indígenas, núcleos ejidales y de bienes comunales.

Este modelo de desarrollo, que beneficia principalmente a las empresas y vulnera los derechos humanos de las comunidades, se ha consolidado con la última re-forma a la legislación energética. Con la aprobación del Senado del segundo dictamen de legislación reglamentaria de tal reforma, se abrió la puerta a modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales y a la expedición de la Ley de Energía Geotérmica. De acuerdo con el artículo 2 de esta última, no sólo será atribución del Estado el apro-vechamiento de la energía geotér-mica, sino también de particula-res, siempre que cumplan con las disposiciones que la Ley establece.

El elemento central de esta Ley es el relacionado con la ocupa-ción del subsuelo, pues establece que las actividades que se realicen en él y que cumplan con los su-puestos del artículo Primero serán de utilidad pública; por ello, total

o parcialmente, se procederá a la ocupación, a la limitación de los derechos de dominio o a la expro-piación. Cabe resaltar que con la Ley de Energía Geotérmica se amplía el concepto de utilidad pública, lo que implica que toda actividad relacionada con este tipo de energía tendrá preponderancia frente a cualquier otra actividad.

Durante la década reciente, la desposesión territorial se ha rea-lizado principalmente por medio del otorgamiento de concesiones mineras y de energía eléctrica a empresas trasnacionales, sin infor-mar ni consultar previamente a los dueños de la tierra, incumpliendo lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ante esta con-ducta sistematizada del gobierno y de las empresas, los dueños de la tierra y el territorio han denun-ciado y defendido sus derechos de diversas maneras, una de ellas ha sido la vía del litigio.

Entre los casos más emblemáticos de defensa encontramos el de la Minera San Xavier, en San Luis Potosí. Esta minera se instaló, con la anuencia del gobierno, en un área natural protegida: el Cerro de San Pedro, ícono emblemático de San Luis Potosí, que desapareció

después de que la empresa utiliza-ra explosivos para realizar sus tra-bajos de extracción de oro y plata. Durante el tiempo de operación de la mina, el grupo Pro San Luis Ecológico interpuso 15 recursos ambientales contra la minera filial de la canadiense New Gold y, aun-que en varios de ellos la justicia les favoreció, la empresa promovió amparos que finalmente ganó.

La demanda contra la minera fue interpuesta en 1999 pero apenas en 2012 se emitió la sentencia que determinó que la empresa no te-nía los permisos necesarios para su operación. Aun con la resolución, la empresa siguió operando, por lo que el Frente Amplio Opositor a la Minera de San Xavier decidió inter-poner una queja contra el Estado mexicano ante la Comisión Inte-

ramericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones de omisión. Actualmente, el agua de la zona está contaminada porque contiene altos índices de cianuro y la em-presa ha anunciado que cerrará sus operaciones en 2016 por “el mejora-miento del medio ambiente”.

Por otro lado, desde hace 40 años la comunidad rarámuri de

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des indígenas, pues al ser despojados, no se les otor-gará suspensión de los actos reclamados a comunidades y a ejidos. Y es que después de la notificación, a los siete años, no tendrán ningún derecho los ejidos y comunidades.

Esta legislación constituye un retroceso en lo que se refiere al amparo agrario, pues pretende mermar el sistema proteccio-nista que antes se consignaba en la Ley de Amparo a favor de los núcleos ejidales, las co-munidades, los ejidatarios y los comuneros. En la prácti-ca se despoja a los ejidos y las comunidades.

El sentido proteccionista del juicio de amparo con estas comunidades tiene su esencia. Quienes hemos litigado en materia agraria sabemos que contra los campesinos, contra los ejidatarios o contra los in-dígenas, se cometen muchos abusos. Imagínense el día que vayan a su núcleo de población y le comenten al ejido que fue-ron notificados hace siete años y que, por tanto, ya no tienen el derecho de promover el amparo.

Si una comunidad ahora se está enterando de que hace 20 años fue despojada por un particular o por una empresa minera o por una empresa eóli-ca, el ejido tiene el derecho y la justicia federal tiene la obliga-ción de protegerlo y ampararlo.

Sin embargo, con esta Ley de Amparo, a los siete años pres-crito el derecho del ejido o la comunidad indígena, se le dirá: “Tú ya no tienes dere-cho a promover amparo ni a la suspensión”.

Defendemos el Estado de De-recho. No asumimos ni que-remos Estados totalitarios; ni dictaduras. Esa es la argumen-tación de fondo.

La suspensión tiene su esencia en el amparo; el amparo no se-ría amparo sin la suspensión, porque la suspensión se otorga para garantizar que los daños no sean irreparables y que el particular pueda acudir a la justicia por un abuso de la au-toridad. Si le quitan la suspen-sión, le quitan la esencia al am-paro y lo desnaturalizan como institución.

Huetosachi, de la sierra Tarahumara, ha pedido a las autoridades el reconocimien-to de su territorio y del dere-cho al manejo de sus bienes naturales. En 1997, mediante decreto de la Legislatura de Chihuahua, se publicó el Fi-deicomiso Barrancas del Co-bre con el objetivo de desarro-llar el turismo en la región; sin embargo, la construcción de los complejos hoteleros se rea-lizó sin consultar a los rarámu-ris, quienes, al ver violentados sus derechos, interpusieron una demanda ante el Juzgado Octavo de Distrito. En 2010, el Juzgado desechó la demanda con el argumento de que los demandantes carecían de inte-rés jurídico. Después de varios recursos interpuestos por la comunidad, los rarámuris lo-graron que, en marzo de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera su caso y emitiera una resolución a su favor al considerar que se les había violentado su derecho a la consulta previa, libre e in-formada. La SCJN también resolvió que los tres niveles de gobierno debían constituir un Consejo Consultivo para el Fideicomiso de Barrancas del Cobre, pero la resolución aún no ha sido acatada.

Otro caso de defensa de la tierra y el territorio es el que se desarrolla desde 2013 en el estado de Oaxaca donde, por primera vez, el juez primero de

Distrito con sede en la ciudad de Oaxaca reconoció la calidad agraria de la comunidad indí-gena zapoteca de Unión Hidal-go que demanda la nulidad de los contratos de arrendamiento firmados con la empresa eóli-ca Desarrollos Eólicos Mexi-canos, SA de CV (Demex) en 2007. Esto implica que el juicio agrario en contra de la validez de los contratos interpuestos por los comuneros deberá desa-rrollarse ante el Tribunal Uni-tario Agrario, que inicialmente desestimó la demanda. Esta es la primera instancia judicial que reconoce el carácter colec-tivo de las tierras de Unión Hi-dalgo, lo que resulta histórico dado que se establece como el primer precedente regional de reconocimiento de la relación que guarda la comunidad indí-gena de Unión Hidalgo con su tierra.

Las reformas recientes inten-tan legalizar el saqueo que las comunidades indígenas, ejida-les y comunales han sufrido a manos de empresas trasnacio-nales, asociadas con empresas mexicanas y respaldadas por una actitud omisa y de compli-cidad de las autoridades mexi-canas. Ante el despojo territo-rial legalizado, las y los dueños de la tierra y el territorio confir-man la estrategia: la defensa del derecho es indispensable, pero la organización de los pueblos es, por demás, la res-puesta a garantizar.

HOMBRE DE MÉXICO (1948)Aurora Reyes

Algo oscuro ha pasado por el cielo de México.Está herida la tierraY en los labios del vientosilba el agudo filo de antigua profecía.

El horizonte ahoga un paisaje de alasceñido en ondulantes anillos de serpiente.¡Águila deshojada!Un sueño de poetas llora un sueño de héroes.

Algo ha sabido el agua de litorales libres;la nave de la espumahace viajes de alarma entre azules y grises.Inmóviles metales conspiran en las sombras,batallones de árboles manifiestan sus brazos.La noche vigilante se apresta para el alba.

¿En dónde estás creciendo silencioso gigante?¿Qué paisaje florece distancia en tu mirada?¿Qué sombras te transitan?¿Qué verdades te hablan?

Nutrido de hambres públicas,de olvidos de ceniza,de espinas colectivas,de muchedumbres-lágrimas.

¡Ya levántate y surge!Ya congrega y trasciendeesta imposible angustia panorámica.Múltiple voz eleva sus hojas verticalesclamando por el fruto maduro de tu frente.

¡Desolada bandera!Otra vez patria suave…Ya vienen otra vez los mercaderes.Ya vienen a llevarse tu riqueza,tus cándidos tesoros,tu color solferino,tu morado rabiosoy únicos en el mundo, los ojos de tus niños.

Se acabarán tus pueblos de gardenia,tus provincias de nardo,tus novias de amapola,tu cempasúchil de oroy los intensos campos de tu flor madreselva.

Ya no tendrás esquinas con vueltas de cilindro,ni jardines de mantos,ni ventanas de cielo,ni serenata tierna.

Ni habrá más lotería de cartoncitos.Apagarán tus júbilos de cohete y chinampina,la deslumbrada luz de tus “castillos”,aquella verde danza de tu ancestral amigay tu alucinación de maguey líquido.

Se romperá el hechizo de tus sirenas,centro de zapateado y conquiánlos irisados gallos de las peleasy los viernes de cábala y copal.

En mecánico ritmo tomarán la armoníadel ardiente prodigio que modela tu mano,la magia de tu lenta caricia, la alegríade los florecimientos de tu amor artesano.

Tus veneros de azul serán cegadosen el color caliente de tu sangre.Envolverán en dólares tus huesosY en humo celofán tu joven aire.

Escucha cómo crecen las tinieblas del odio,oye cómo caminan los desiertos del hambre,cómo construye firmes paraísos la fiebrey murmura cuchillos la prisión de la sangre.

Ven a ver cómo lloran las escuelas.¡Que cielos de amargura filtran las vecindades!Las mujeres con alma de montañaamasan en su rostro silencios vegetales.Ven a cumplir tu entero destino, sombra clara;te invocamos anónimo y auténtico,hermano sin ayer y sin mañana.

¡Ven a morirte, Hombre de México!Te espera la impaciencia,los encuentros te buscan,arden las multitudes, se queman las palabras.

Surge ya, ¡capitán de la angustia!Te llama la voz verde de las cañas.Por este barro en marcha que somos,por el amor del agua,por la muerte del árbol inocentey su cosecha trágica.

Por tu serena dignidad de cactoerguido en los desiertos de la sed,tu corazón de tuna colorada,y tu canción de miel.

Por el incomprendido desorden de tus sueñosallí, de donde parten los caminos de sal,por la lluvia vendida,por el pan traicionado,por los ojos nocturnos del jacal.por el sol,por la nube,por la flor,por la palabra “Tierra”,por la voz “Libertad”,por los dioses de elote del cañaveral.

México, abre los brazos, ¡crécelos!-mar que has purificado los ríos de otras aguas-Acoge nuestra voz.¡Recíbela! ¡Levántala!Y coloca tu cifra de justiciaEn el cielo más alto del amor.

Abre tu antiguo rostro golpeado de infinito,el volcán de tu entraña,tu potencia de abismo azul.Alcanza los contornos morenos de la raza,desnuda las tinieblas,multiplica las flechas de la luz.

Crece los brazos, ¡crécelos más!Y en un himno de cumbres liberadas que crispe el huracánirrumpan el espacio de la Indoaméricalas palomas de azúcar de la paz.

Ven a cumplir tu entero destino, sombra clara;te invocamos anónimo y auténtico,hermano del ayer y del mañana.¡Surge ya!, ¡Hombre de México!

Agradecemos a Fausto Alzati el escándalo que, alcoholizado, armó en las instalaciones de Televisión Educativa de la Secretaría de Educación Pública el 13 de junio, al inconformarse con la lectura de Hombre de México, por parte de Ernesto Godoy, nieto de la autora, Aurora Reyes. Ello, además de provocar su afortunada remoción del cargo de director de Televisión Educativa, atrajo la atención de la opinión pública a este poema escrito en 1948 pero que resulta muy propio para los tiempos actuales.

Aurora Reyes. Mural "Presencia del maestro en la historia de México" (fragmento). Auditorrio 15 de mayo (1960-1962)


DESPOJO Y CONTAMINACIÓN DE AGUA, POR FUERTE APUESTA INDUSTRIAL DE MÉXICO: ANDRÉS BARREDALourdes Rudiño

El problema ambiental de México debe mirar-se sin estereotipos. A diferencia de Sudaméri-

ca, en nuestro país el punto clave no está sólo en el extractivismo, sino también en el avance de una industria altamente automatizada que genera pocos empleos y nada de prosperidad y que es muy agre-siva en los mercados internacio-nales –la automotriz, de telefonía celular, autopartes, aeroespacial, aeronáutica, textil e incluso la agroindustrial, entre otras-. Esta industria insume y contamina grandísimas cantidades de agua, además de que utiliza el territorio vía corredores industriales, donde los efectos se observan en daños a la salud humana, crecientes ac-cidentes carreteros y trasvases de agua propiciados por el colapso hídrico que se vive.

Andrés Barreda Marín, miembro de la Asamblea de Afectados Am-bientales, afirma esto, y si bien re-conoce que la minería y la extrac-ción de hidrocarburos, incluido el gas shale, representan un conflicto serio, con un descomunal y siste-mático despojo de tierras, bosques y aguas, “Hay que entender que el problema no son sólo afecta a los 25 millones de campesinos, sino al cien por ciento de la población”.

Menciona en entrevista datos que sustentan su afirmación: en el mun-do México es el octavo productor de automóviles y aspira a ser el séptimo (y cada auto insume en su manu-factura entre medio y un millón de litros de agua), además de que es el quinto exportador; es importantísimo productor en aparatos de medición médica, y es líder en refrigeradores, pantallas planas y teléfonos celulares.

En la región de Puebla y Tlaxcala, donde hay también una presencia importante de la industria textil –que es altamente contaminante del agua, y como ejemplo está el de-sastre provocado al Río Atoyac por las empresas del rey de la mezcli-lla, Kamel Nacif- está instalada la Volkswagen y se prevé que llegue Audi. Y hay alrededor de14 par-ques industriales, productores de componentes claves para los autos (cristales, productos electro-infor-máticos, radios, GPS, aceleradores, elevadores de ventanas, etcétera). Tan sólo dentro de la Volkswagen hay 20 pozos gigantescos de extrac-ción de agua. Pero en la región, en manos industriales, hay más pozos no contabilizados, y los resultados allí son de abatimiento de los acuí-feros. “México entonces exporta agua en forma de autos y de todo tipo de productos industriales”.

Alrededor de la Ciudad de México están otras industrias automotrices (en Toluca, Cuautitlán y Cuernava-ca, además de la mencionada Pue-bla-Tlaxcala), pero hoy día “hay un nuevo núcleo que se está emplazan-do en Guanajuato, y forma un centro industrial junto con Querétaro, don-de se está asentando la industria ae-ronáutica y aeroespacial –que invo-lucra intereses de Diego Fernández de Cevallos, e implica armamento aéreo, lo que hace de México objeto de ataque militar-, todo lo cual utiliza grandísimas cantidades de agua.

Esto se liga con Hidalgo, donde se ubican las grandes refinadoras de Pemex. Este corredor industrial en-tra en competencia por el agua con la minería y la actividad extractora de gas shale. Y por la parte norte de Guanajuato hay actividades agrícolas intensivas con alto consumo de agua –por ejemplo, en las tierras del rey del ajo, Javier Usabiaga, hay 300 pozos-. “Aquí está el Río Independencia, y debido a la actividad industrial, dece-nas de pueblos están completamente intoxicados por el fluor y arsénico que contamina el agua. El primero es un descalcificante y el segundo un cancerígeno potentísimo. “Masiva-mente, la población está perdiendo los huesos; se observa en cualquier niño, todos pierden los dientes. Ha-blamos de una tragedia de cientos de miles de personas, pues el agua limpia se usa para la agro exporta-ción, y la que no, va a la industria automotriz. La sobre explotación de acuíferos es brutal y por supuesto no alcanza para todas las apuestas indus-triales que se están llevando a cabo”.

Este corredor toca la frontera entre Zacatecas y San Luis Potosí, donde hay grandes yacimientos de litio, considerados entre los terceros y quintos de todo el planeta, que son importantísimos para la produc-ción de las próximas baterías eléc-tricas de la industria automotriz.

Según Barreda, destaca en todo esto la posición de Guanajuato, pues está en el centro del corredor Lázaro Cár-denas-Nuevo Laredo, es decir la co-nexión del oriente de Estados Unidos con China (centros económicos líde-res del planeta), y esto, que evidencia el uso del territorio mexicano como corredor industrial, explica por qué tenemos en esa zona un gran colapso ecológico y de movilidad.

Allí se encuentra el núcleo de mo-vilidad ferrocarrilera más impor-tante del planeta; la extracción de minerales ocurre vía ferrocarril. Asi-mismo las carreteras de este corre-dor se manifiestan como las bandas de montaje de la industria global, lo que deriva en problemas de conta-minación ambiental de primer or-

den pero también hay accidentes, con múltiples muertos y heridos, pues los tráilers en México circulan a una velocidad superior en cien por ciento a la permitida en las norma-tividades del resto del mundo. Estos accidentes han crecido exponen-cialmente desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN) y la in-formación al respecto está dispersa, y nadie la monitorea, afirma.

Entonces, señala Barreda, esta gran producción y tránsito de productos industriales está absorbiendo gran-des cantidades de agua, y resulta cínica la reciente declaración del presidente Enrique Peña, hecha en un foro internacional sobre este re-curso, de que los tiempos del agua fácil y abundante se acabaron.

“Y es que, en verdad, las aguas super-ficiales y también las subterráneas se han sobreexplotado de forma feno-menal”. Además de las actividades industriales mencionadas, está por supuesto el uso y contaminación del agua que hace la minería, la cual, según datos duros, goza de conce-siones en 17 por ciento del territorio nacional, sobre todo en la Sierra Madre Occidental, aunque también en la Sierra Madre Oriental y en el norte de México. Y también están las actividades extractivas de gas shale,tal vez en otro 16 o 17 por ciento del territorio del país. Minería que impli-ca no sólo oro –metal que las mineras canadienses están extrayendo desafo-radamente porque tiene preminencia hoy frente a las monedas fuertes del mundo -, sino también las tierras ra-ras (elementos químicos y lantánidos para los componentes electro infor-máticos). Zacatecas era considerado hace muchos años lugar clave para la extracción de tierras raras, hoy esa posición la ocupa Oaxaca, “pero se carece de información de dónde se están explorando estas tierras raras”. Y está la explotación de elementos tales como el manganeso y el platino, que son considerados estratégicos por el gobierno de Estados Unidos; en el primer caso México no tiene las prin-cipales reservas, pero es el principal abastecedor de EU (con explotacio-nes que van desde San Luis Potosí hasta la Sierra Norte de Puebla).

Así, señala el entrevistado, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales presentó hace un año y medio una demanda contra la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pues lo que estamos viviendo no es una casualidad, es una política hídrica de despojo y una apuesta dura del gobierno al desarrollo de la industria. “Acu-samos a la Conagua por una des-trucción sistémica del sistema hi-drológico nacional”.

CONTROL DEL AGUAClaudia Campero Organizadora para América Latina de Blue Planet Project y Food & Water Watch y participante de la Alianza Mexicana contra el Fracking

Toda actividad humana requiere agua: la agricultura, ganadería, turismo, industria, minería, extracción de hi-drocarburos, producción de electricidad, etcétera. Pero las prioridades son diferentes. Difícilmente alguien afir-

maría que la actividad industrial es más importante que la sobre-vivencia, pero la dura realidad nos muestra que a la industria no le falta agua para operar, y muchas personas, millones de hecho, sí viven sin el agua en cantidad y calidad suficiente. De hecho, la reforma energética en ciernes, de ser aprobada e implementada, reproducirá este patrón. Ante ello, una vez más, se requieren de-fensas ciudadanas.

En México se vive una situación grave de mal manejo de agua que inicia por el gobierno federal y se mantiene en estados y mu-nicipios, y también en el Distrito Federal. No importa de qué color sea el partido gobernante, las políticas de manejo varían muy poco y privilegian al ámbito urbano, que consume el agua en exceso y no sólo para uso humano sino para industria y servicios, generalmen-te beneficiando a pequeñas élites locales, por encima del ámbito rural que la produce, despojando a éste del líquido. Privilegian el agua para el “desarrollo” económico y las inversiones de la agroin-dustria, la maquila, la minería, la explotación de hidrocarburos. De hecho, el agua usada en estas actividades se consigue de forma barata y se regresa altamente contaminada al ambiente. Pesticidas, fertilizantes, colorantes, metales pesados y tóxicos diversos van a dar de forma difusa o puntual de regreso al suelo y a los cuerpos de agua obstaculizando o imposibilitando su aprovechamiento por las poblaciones aguas abajo y de generaciones futuras.

¿Y cuál es la solución gubernamental a este problema de mal ma-nejo y contaminación? Traer agua de lugares cada vez más lejanos o de acuíferos más profundos, incurriendo en costos energéticos, sociales y ambientales altos e innecesarios. Así lo muestran los planes que pretenden invertir en más macro infraestructura –pro-yectos desquiciados como el Monterrey VI, la presa El Zapotillo y Atotonilco, entre muchos otros–, aun cuando la experiencia internacional nos dice que si bien es deseable invertir en agua, existen opciones más inteligentes y sustentables que megaproyec-tos costosos.

El panorama no es alentador y todo indica que empeorará. A pesar de que en 2012 se logró reconocer al nivel constitucional el dere-cho humano al agua, la nueva Ley General de Aguas, que debiera implementarlo, no ha sido presentada oficialmente, pero los bo-rradores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) denotan un soslayo del líquido como derecho humano, pues buscan conti-nuar profundizando el modelo del agua como bien económico, de grandes infraestructuras, de participación de la iniciativa privada. Y a pesar de que se está elaborando una iniciativa ciudadana con un proceso amplio de organizaciones y academia cuyo principal objetivo es democratizar la gestión del agua, las y los legisladores no han mostrado interés en esto.

A este escenario preocupante se añade la propuesta de reforma energética, que promueve la extracción de hidrocarburos por me-dio del fracking –que utiliza y contamina irreversiblemente entre nueve millones y 29 millones de litros de agua por pozo– con dis-posiciones que obligarán a las y los dueños de la tierra a rentar sus tierras (a beneficio del contratista) o a enfrentar la expropiación. Es, sin exagerar, un auténtico despojo promovido por el Ejecutivo y que busca ser legalizado por el Congreso. El gobierno está pre-parando todas las fichas para sustraer a co munidades de sus tierras, al tiempo que garantiza a las empresas la disponibilidad de agua en regiones que están lejos de la abundancia, en el norte del país. Así, agricultores en Piedras Negras viven en incertidumbre pues la Conagua decretó a finales del 2013 reglamentar la zona, que previamente era de libre alumbramiento, y quienes no se enteraron y no procesaron su concesión o asignación a tiempo enfrentan la posibilidad de perder su derecho de uso de agua.

El gobierno federal y los gobiernos estatales ya han mostrado su po-sición. Queda a la ciudadanía alzar la voz y buscar formas creativas para defender el agua y el territorio. Es urgente encontrar viejos y nuevos aliados. Los movimientos campesinos tienen claro el diag-nóstico y la agenda de movilización para impedir el despojo. Más vale ir sumando pues no habrá espacio para lamentaciones.


MINERÍA EN EL CAPITALISMO DEL SIGLO XXI: DESPOJO DE TERRITORIOS RURALESVioleta R. Núñez Rodríguez

En los 20 años recien-tes, del territorio de la nación mexicana se ha extraído ¡cuatro veces

el oro! y casi el ¡doble de plata! de lo que se extrajo durante los tres siglos que duró la Colonia.

Junto a esto, las exportaciones minerometalúrgicas han creci-do de manera importante. Esto implica que la extracción de los minerales está cubriendo las ne-cesidades de otras naciones. En particular, 70 por ciento de las exportaciones de oro y más de 80 por ciento de las de plata se diri-gen hacia los Estados Unidos.

¿Cómo ha sido posible esto? La contrarreforma agraria de 1992, no sólo incluía la modificación del artículo 27 y de la Ley Agraria, también abarcaba la Ley minera y la Ley de Aguas Nacionales. Es decir, la contrarreforma, que ya de por sí era mayúscula, no sólo con-templaba la cancelación del repar-to agrario y la posible privatización de la propiedad social (del ejido).

La Ley minera formaba parte del Programa Nacional de la Modernización de la Minería 1990-1994, cuyo propósito era “aumentar significativamente el crecimiento de la actividad mi-nera mediante su modernización y diversificación, fortaleciendo la comercialización de sus produc-tos a través de una mayor produc-tividad y competitividad que per-mita obtener mejores beneficios”.

Como parte de este Programa, se estableció la necesidad de crear un nuevo marco jurídico a fin de “facilitar” la inversión en esta acti-vidad. En este contexto la Secreta-ría de Energía, Minas e Industria Paraestatal expresó: “se eliminaron requisitos, se simplificaron trámites y se unificaron criterios para facili-tar la concurrencia de los particu-lares a la exploración y explotación del territorio nacional, propiciando mayor afluencia de las inversiones”.

Así, la minería se circunscribía a la lógica neoliberal imperante en México y en el mundo. Lo impor-tante era convertir esta actividad, todavía en mayor medida en ma-nos del Estado, en una actividad productiva y competitiva que fue-ra atractiva a la inversión privada.

En este contexto emergió la Ley minera. Entre otros, la Ley es-tableció tres artículos que han impactado el territorio nacio-nal. El artículo 6 estipula que la minería es una actividad de utilidad pública, por lo cual será preferente sobre cualquier otro uso del terreno en donde se localicen minerales. Junto a esto, el artículo 10 establece que esta actividad se realizará mediante el otorgamiento de concesiones (otorgan derechos sobre el terreno, mas no la pro-piedad), las cuales podrán tener una vigencia, según el artículo 15, de ¡50 años!, con posibilidad de ampliarla por el mismo pe-riodo. Es decir, las concesiones pueden ser por ¡cien años!

A partir de estas disposiciones lega-les, una parte importante del terri-torio de la nación mexicana se ha concesionado para esta actividad. En los 20 años recientes se han entregado más de 47 mil títulos que abarcan casi cien millones de hectáreas. No obstante, el Primer

Informe de Gobierno de la actual administración gubernamental, in-dica que sólo 30.7 millones de hec-táreas tienen concesiones vigentes.

La gran duda es por qué tantas concesiones han perdido su vi-gencia. Es decir, qué pasó con más de 60 millones de hectáreas concesionadas. Esta duda surge, considerando que la legislación tan laxa y permisiva (entre ellas no sólo la Ley minera, sino la Ley Fe-deral de Derechos), ha convertido a México en un paraíso minero, y consideranto también el alza in-ternacional que experimentan los precios de los minerales y las ga-nancias importantes de la empre-sas mineras en bolsa de valores.

De cualquier forma, 30 millones de hectáreas es una cifra espec-tacular. No está de más decir que después del triunfo de la Revo-lución Mexicana pasaron nueve periodos presidenciales para que, producto de la reforma agraria, se entregara esa cantidad de tierras.

Así, la contrarreforma no impli-có cambiar el régimen de tenen-cia de la tierra, sino “conservar-la”, aunque cediendo el derecho sobre el terreno en su conjunto a empresas mineras. Dicho en otras palabras, las empresas lle-gan a explorar, sacar y beneficiar el mineral (dejando todos los

desperdicios de la minería a cie-lo abierto), y después se van.

De acuerdo con los Panoramas mineros por estado, la mayor parte de la superficie conce-sionada, más del 60 por ciento, se encuentra en Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Sonora, Baja California y Durango. A estas entidades, la Secretaría de Economía agrega San Luis Poto-sí, Guerrero, Estado de México, Colima y Oaxaca, como estados prioritarios debido a su intensa actividad minera.

Tan sólo a Guerrero se ha dirigido el 20 por ciento de toda la Inversión Extranjera Directa nacional en mi-nería. Diversos ejidos y comunida-des son afectados. De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), “exis-ten más de mil 600 contratos entre empresas mineras y comunidades ejidales”. A decir del responsable de esta Secretaría, la minería podría convertirse en un problema si no se atiende “bien”. En el mismo tenor, la Secretaría de Gobernación, sus-tentada en el Estudio de la minería en México, alerta al gobierno fede-ral sobre el riego que podría traer la actividad minera.

Pero pese a la alerta, el terri-torio de la nación mexicana se sigue “ofreciendo”, con el es-logan “Minería en México. Su mejor oportunidad de inversión”, que promueve la Secretaría de Economía. Esto implica que las concesiones seguirán creciendo. El gran y grave problema es que cada vez más, las mineras ponen su mira en territorios pertene-cientes a pueblos. y comunidades campesinas, lo que amenaza “la posesión” del territorio, vivién-dose en los hechos un despojo “legal” y violento (características similares a las del proceso de acumulación originaria ocurrido mediante la colonización). La gran pregunta es ¿hasta cuándo seguiremos pagando tributo?

San Luis Potosí

WIRIKUTA. UN TERRITORIO DE VALOR SIMBÓLICO

Queremos defender este lugar sagrado (…) que no se saque el corazón y la sangre de

Wirikuta, porque está vivo. Si lo hicieran, el pueblo wixárika desaparecería.

Palabras del mara´akame, Cerro del Quemado, Wirikuta, San Luis Potosí.

Todos preservamos el orden cósmi-co de a poquito con los pequeños ri-tos privados y sociales de los que está empedrada la cotidianidad, pero los wixárica asumen la compartida res-ponsabilidad cósmica de manera ex-cepcionalmente entusiasta, generosa y colectiva, además de periódica, ritual y estetizada. Así, las peregrinaciones que 30 mara´akate o jicareros realizan todos los años al cerro sagrado de Wi-rikuta, donde por medio de visiones propiciadas por el largo viaje, el ayuno y el hicuri o peyote, recrean el mundo de la luz, son eventos que nos incum-ben a todos, por muy agnósticos que algunos seamos.

Pero la peregrinación anual de los cha-manes huicholes está en riesgo y por ende también peligra la armonía cós-mica. Grandes partes del Desierto del Amanecer fueron cedidas en 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón a la minera First Majestic Silver, que tiene 22 concesiones que abarcan seis mil 327 hectáreas, y a la Revolution Resources, cuyo Proyecto Universo está previsto para ocupar 60 mil hectá-reas, la quinta parte de la reserva. Por decreto estatal este Desierto es Área Natural Protegida; se le considera Área de Importancia para la Preservación de las Aves; desde 1988 fue incorporado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a la Red Mun-dial de Lugares Sagrados Naturales, y desde 2004 está en lista de espera para ser reconocido Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.

Aunque divididos por un siglo de dis-putas territoriales, representantes de los 45 mil wixáricas que habitan par-tes de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Durango, se congregan año tras año para cumplir el compromiso que tie-nen con ellos mismos, con nosotros y con el universo. Y en 2013 lo hicieron también para defender sus territorios sagrados. El Frente Tamatsima Wahaa puso en acción a los indígenas, pero movilizó igualmente a un amplio seg-mento de la opinión pública integrado por quienes sabemos que permitir la destrucción de la base territorial del imaginario wixárica y con ella la des-trucción de los huicholes como pue-blo, es aceptar que se violente el orden cósmico: un delicado equilibrio soste-nido sobre la pluralidad dialogante de las culturas. Primero se fueron sobre el Desierto del Amanecer y si los de-jamos después se irán sobre los territo-rios significativos de todos los demás. Por fortuna de momento los detuvimos gracias a un amparo judicial interpues-to por la comunidad en 2013 (AB).

Oaxaca

SAN MATEO CONTRA EL CATRÍN

A Capulalpan, Oaxaca, la explotación del oro y la plata llegó en el siglo XVIII, y pronto los indios que trabajaban en el socavón des-cubrieron que el nuevo dios del inframundo era El Catrín, quien a cambio de bonanza exigía sacrificios humanos en forma de ac-cidentes fatales. Sin embargo, escribe Salva-dor Aquino, que recogió la historia, la mu-danza de representaciones no fue completa pues “mientras que en el imaginario de los obreros el subsuelo pertenecía a El Catrín, el territorio, el lugar donde llevaban a cabo su vida cotidiana, pertenecía a otra dimen-

sión. A lo largo del territorio de Capulalpan existen sitios sagrados, lugares de peticiones de lluvia, sitios donde generaciones de co-muneros han trabajado dando tequios, luga-res de cultivo, sitios antiguos de la memoria de la fundación de la comunidad”.

En los años recientes, exploraciones de Asar-co, Continuum Resources Sundance y otras mineras concluyeron que, empleando pro-cedimientos novedosos, en Capulalpan aún hay oro y plata que extraer. Pero los comune-ros ya lo pensaron mejor y en noviembre de

2012 decidieron en asamblea que no acepta-ban la explotación de minerales en su terri-torio. Después de 200 años de dominio, los tiempos del El Catrín terminaron: Salvador Aquino escuchó decir a los vecinos que en el subsuelo ya no reina más el dios de los mi-neros, sino San Mateo, patrón de los capul-quenses. Rectificación con la que quizá no se restaura del todo pero sí se remienda un poco el desgarrado imaginario que dejaron en los indios formas particularmente cruen-tas de sometimiento colonial como fue, y es, la minería (AB).


CARTOGRAFÍA MINERA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: ¿QUÉ SABEMOS DE LO QUE NO SABEMOS?Manuel Llano [email protected]

El conocimiento del te-rritorio nacional conce-sionado a la minería es todo menos accesible.

De acuerdo con la legislación mi-nera vigente en México, los títulos de concesiones mineras son otor-gados por el Estado mexicano sin el conocimiento, aviso ni consulta del dueño de la superficie de la tie-rra. Aunado a esto, existe una gran dificultad para acceder o disponer de la información geográfica rela-tiva a exploraciones y concesiones mineras del territorio nacional.

Si bien la información cartográfica con respecto a minería se conside-ra de carácter público, la misma se encuentra sujeta al pago de dere-

chos, que asciende a más de cinco millones de pesos si se pretende hacer un estudio de carácter nacio-nal. Esta situación genera un acce-so desigual a la información e in-cluso asimetría en su goce porque sólo pueden acceder a información pública las personas que estén en condiciones de pago de sumas mi-llonarias. Pero esta desinformación y opacidad existe no sólo de cara a los mexicanos, legítimos dueños del subsuelo, sino incluso dentro del propio gobierno, de tal suerte que la información geográfica so-bre concesiones mineras otorgadas por la Secretaría de Economía (SE) no la conoce en la cotidiani-dad la Secretaría de Medio Am-biente ni Gobernación.

Como consecuencia de la escasa transparencia y rendición de cuen-tas, existen discrepancias en torno a la extensión de las concesiones mine-ras en México. A lo largo del tiempo, los estudios e información oficial han presentado diversos resultados. Estas discrepancias encuentran su origen –principalmente- en la fe-cha de corte de la información, en el traslape geográfico que hay entre miles de concesiones, e inclusive en la existencia de concesiones mineras mexicanas que se extienden fuera del territorio nacional. No son po-cos los títulos de concesión minera que caen en estos supuestos, como tampoco son pocas las hectáreas comprometidas: los traslapes geográ-ficos por concesiones empalmadas suman poco más de 1.2 millones de hectáreas, mientras que la super-ficie de las concesiones internadas dentro de territorio estadounidense abarca mil 895 hectáreas. Al respecto cabe mencionar que el gobierno de Obama puede dormir tranquilo, no reclamaremos soberanía sobre estas concesiones, tan sólo estamos frente al escaso escrutinio que brinda la SE al otorgar concesiones: si éstas se em-palman una con otra, o incluso van más allá de nuestras fronteras, no pa-rece importarle mucho a la autoridad competente.

Hasta agosto de 2012 existían en todo el país 27 mil 211 concesio-

nes mineras vigentes, que abarca-ban poco más de 31 millones de hectáreas (restando la superficie empalmada y las concesiones fuera del territorio nacional), esto equivale aproximadamente a la extensión de Chihuahua y Vera-cruz. Es decir, el 16.1 por ciento del territorio nacional está con-cesionado a la minería. En con-traste, podemos mencionar que la superficie destinada a la conser-vación de la biodiversidad bajo el esquema de áreas naturales pro-tegidas (ANP) tan sólo abarca el 10.6 por ciento (20 millones de hectáreas).

Pero ni siquiera las ANP se esca-pan de las concesiones mineras,puesto que casi el 11 por ciento (2.2 millones de hectáreas) de su superficie se encuentra conce-sionada, y más grave aún, inclu-sive las zonas núcleo de las ANP (zonas mejor conservadas que requieren protección especial) encuentran en su interior casi 61 mil hectáreas que han sido des-tinadas a la minería. Y podemos seguir con este análisis, la cober-tura vegetal primaria (bosques, selvas, matorrales, pastizales, humedales) de México, es decir, aquella vegetación que no ha sido afectada por la influencia huma-na, o que no lo había sido hasta ahora, está concesionada en un

20.3 por ciento (19 millones de hectáreas). Y los núcleos agrarios, es decir los territorios de ejidata-rios y comuneros, han sido con-cesionados a la minería con poco más de 15 millones de hectáreas (16.2 por ciento).

Acercarse a un análisis geoesta-dístico de las concesiones mine-ras –como lo hemos hecho en el estudio Atlas de concesiones mineras, conservación y pueblos indígenas; Conservación Huma-na, AC; 2013, disponible en www.mineriaypetroleo.org- no sólo sir-ve para fiscalizar las acciones de la autoridad competente, sino que se debe volver una herramien-ta para una mejor planeación y aprovechamiento de los recursos naturales. Es imprescindible una mirada proactiva, encaminada al ordenamiento del territorio, a la previsión de conflictos y al empo-deramiento comunitario; a la vez que se procura una zonificación geográfica para la extracción de minerales en un marco de res-peto al ambiente y a los derechos humanos. Para contribuir a un proceso de esta naturaleza es ne-cesario partir en primer lugar de la transparencia y pleno acceso a la información tanto geográfica como estadística y administrativa, en formatos digitales abiertos y de manera desagregada.

CANDADOS LEGALES AL ACCESO A LA INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN PÚBLICA DE ACTIVIDADES MINERASFrancisco Cravioto Lagos Investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación www.fundar.org.mx www.mineriaypetroleo.org [email protected]

En un país donde la minería tiene preferencia sobre cualquier otro uso u aprovechamiento del terreno; donde las concesiones son por 50 años (con una prórroga automática de otros 50);

donde ocupa el 15.88 por ciento de la superficie continen-tal emergente del territorio nacional para su realización…

También donde los derechos cobrados a esta actividad, a pesar de exorbitantes ganancias, sólo representan el 0.18 por ciento de los ingresos participables del Estado (cuatro mil 17 millones de pesos); donde la única derrama econó-mica evidente se expresa tan sólo en 107 mil 419 empleos directos (0.22 por ciento de la población económicamente activa), pero sobre todo donde se atropellan los derechos de comunidades rurales e inclusive urbanas a decidir di-rectamente sobre su propio desarrollo en sus propios te-rritorios y a no sufrir graves afectaciones a sus derechos…

En un país donde eso ocurre no sorprende en absoluto que, en términos de transparencia y acceso a la informa-ción pública gubernamental, los dados se encuentren car-gados a favor de los titulares de concesiones mineras.

Comencemos por lo elemental. La Constitución estable-ce en el artículo 27, párrafo cuarto, que todos los bienes minerales del subsuelo pertenecen en dominio directo a la Nación mexicana. Es el gobierno federal el encargado de gestionar estos bienes, según la ley, en beneficio de la utilidad pública. Es cuestionable que la extracción de es-

tos bienes sirva a la utilidad pública cuando se entregan, prácticamente sin condiciones u obligaciones, títulos de concesión a particulares para que lucren a partir de la ex-plotación de bienes de dominio nacional.

Adicionalmente, la ausencia de un procedimiento que ga-rantice el consentimiento vinculante de comunidades ru-rales (y urbanas) próximas a los sitios donde se realizarán estas actividades anula cualquier pretensión de servicio de la utilidad pública.

Sin embargo, la redacción del artículo Séptimo, fracción IX, de la Ley minera va más allá: establece que toda la información sobre los volúmenes de minerales extraídos por estos particulares gozará de confidencialidad. Si no podemos conocer las y los ciudadanos cuántos minera-les están extrayendo estos particulares, ¿podemos afir-mar que los mismos realmente pertenecen a la Nación? ¿Cómo valorar, siquiera, que lo que pagan en derechos e impuestos es justo –dejando a un lado los enormes cos-tos ambientales, en daños al acceso al agua, a la salud, a la productividad de la tierra, entre otros, que dejan a su paso-?

El artículo Séptimo, fracción IX, garantiza la confiden-cialidad de otros rubros de información de interés para la ciudadanía. No permite conocer el destino de venta de los minerales extraídos, la información geológica sobre el subsuelo mexicano generada por estas empresas o los es-

tados económicos de las mismas –en Estados Unidos, la Ley Dodd-Frank las obliga a publicar esta información.

Por medio del Sistema Integral de Administración Minera (SIAM), la Secretaría de Economía (SE) nos muestra ver-siones incompletas de dos documentos públicos: la Car-tografía Minera y el Registro Público de Minería. Si una ciudadana busca descargar los polígonos de concesiones, asignaciones y reservas mineras existentes en el país, para realizar una investigación o saber si su comunidad se en-cuentra en riesgo, el gobierno establece un cobro de tres mil 108.17 pesos por carta a escala 1:50:000. Para obtener cartas que abarquen la totalidad del territorio nacional, la ciudadana en cuestión tendría que erogar siete millones 156 mil 151.50 pesos cada vez que se actualice la informa-ción (una vez al mes). Sin esta información, ¿cómo podría la sociedad civil o la academia realizar investigación sobre las actividades mineras que se realizan en el país? Más im-portante aún, ¿cómo podrían los habitantes de una comu-nidad tener conocimiento preciso sobre el tipo de activi-dades económicas que amenazan su territorio y derechos?

Los candados a la transparencia en el sector son múlti-ples y diversos e involucran a distintas dependencias del gobierno federal. Para más información sobre problemas de acceso a la información en la gestión pública de las actividades mineras en México, favor de consultar el si-tio construido por Fundar y Conservación Humana A.C.: www.mineriaypetroleo.org.


San Luis Potosí

DERRAMES DE MEZCLA CIANURADA DE MINERA SAN XAVIER INVADEN ZONAS HABITADASMario Martínez, El FAO

Hace 18 años nos opusimos al pro-yecto de Minera San Xavier por los riesgos que implicaba el uso del cianuro utilizado en el proceso de separación de los metales por lixiviación (16 toneladas diarias para separar oro y plata) y, sobre todo, por la cantidad de agua con-taminada (32 millones de litros de agua al día). En su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), la empresa reconoce la posibilidad de derrames, afectación atmosfé-rica, polución en los depósitos de agua superficial y subterránea y contaminación de los suelos; in-cluso declara que los daños serán irreversibles y permanentes.

El plomo y el cianuro son los principales elementos que per-judican nuestro futuro. El plomo afecta sobre todo al sistema ner-vioso y daña el cerebro, los riñones y la médula ósea. Bastan 200 mili-gramos de este veneno para lesio-nar de manera permanente nues-tro organismo, e incluso provocar la muerte. Un gramo de cianuro es capaz de matar a cinco personas; además es muy reactivo, cuando pasa del estado líquido al gaseoso forma el temible gas B (de Bayer), aquel que utilizaron los nazis para matar en las cámaras de gas a mi-llones de personas.

En el Cerro de San Pedro, de los 32 millones de litros de la mezcla de cianuro de sodio, se evapora aproximadamente el 25 por ciento (ocho millones de litros). El peli-gro es la formación de nubes de ácido cianhídrico que no tienen límites territoriales. De este modo, millones de habitantes del valle es-tamos respirando pequeñas canti-dades de este ácido cianhídrico sin darnos cuenta, lo cual da origen con el tiempo a nuevas enferme-dades. Las autoridades encargadas de proteger el medio ambiente y la

salud de los habitantes del estado estuvieron enteradas del inminen-te peligro. Es el caso del entonces secretario de Salud Pública, Fer-nando Toranzo, actual goberna-dor del estado.

En lo que va del 2013 y el presen-te año sólo han sido visibles a la población, por su magnitud, un derrame de cianuro en enero y otro en agosto, ambos sobre la ca-rretera a Cerro de San Pedro en el tramo de los patios de lixiviación de la empresa en cuestión. En el segundo caso, las lluvias ocasiona-ron un derrame interrumpiendo el tránsito vehicula; en un intento por esconder el peligroso acciden-te, la empresa puso a una cuadrilla de gente y pipas a lavar el tramo de carretera. Desde luego que esto de ninguna manera resuelve, ni siquiera mitiga los daños ambien-tales o a la salud, pues esa mezcla cianurada se infiltra en el subsuelo y tarde o temprano llega al acuífe-ro, es decir, contamina el agua que extraemos para consumo humano, con efectos graves para la salud.

El aguacero que cayó en la zona el 25 de mayo de este año provocó otro gran derrame de cianuro en la misma zona, que llegó hasta el po-blado de La Zapatilla, localizado aguas abajo de los patios de lixivia-ción. Los habitantes de esta comu-nidad, construida por la misma Minera San Xavier para recibir todo tipo de impactos generados por las actividades mineras, está siendo cas-tigada criminalmente: no son pocos los decesos que han ocurrido por causa de la contaminación; a ellos se suma el número de casos de per-sonas con enfermedades incurables.

Una buena cantidad de medios de comunicación, sobre todo es-critos, han sacado a la luz esta información. Pero, ¿qué hacen

las autoridades responsables para actuar conforme a derecho y en protección de los habitantes de La Zapatilla y de quienes vivimos en la zona de impacto, como es el municipio de Soledad y el de San Luis Potosí y su capital?

Las declaraciones de las autori-dades ambientales y de los tres niveles de gobierno de que las instalaciones de Minera San Xa-vier habían sido diseñadas contra cualquier contingencia se eviden-ciaron como un discurso falso. Cada vez que haya un aguacero, habrá derrames. La Procuradu-ría Federal de Protección al Am-biente (Profepa) es un ejemplo paradigmático de ceguera insti-tucional, y hace mancuerna con el ex diputado local y ex activista contra Minera San Xavier, Ma-nuel Barrera Guillén, ahora titu-lar de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí, quien muestra una y otra vez su incapacidad para actuar y se escuda en la excusa de que es un asunto federal. Finalmente, trans-cribo parte del artículo Primero de la Constitución, con dedicatoria a las mencionadas autoridades que seguramente desconocen su exis-tencia y contenido:

Artículo Primero Constitucional:“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Esta-do mexicano sea parte. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos (…) En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancio-nar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los térmi-nos que establezca la ley (…)”.

LEY MINERA DESDE LOS PUEBLOS Y MOVIMIENTOS: INICIATIVA CIUDADANA

Sergio Serrano Soriano

Desde el 2012, diversos movimientos anti gran minería tóxica de San Luis Potosí,

Baja California Sur, Oaxaca y Chiapas, así como académicos de la Universidad Nacional Au-tónoma de México (UNAM) del Distrito Federal y Morelia, de la Autónoma de Zacatecas, y del Colegio de San Luis, hemos impulsado la reflexión sobre una nueva ley minera. Nuestro interés ha sido generar un espa-cio de construcción de alianzas y también colocar el tema en la opinión pública.

La discusión se ha centrado en el artículo sexto de la ley vigente, donde se establece que la minería es preferente frente a cualquier otra acti-vidad que se realice en el te-rritorio concesionado; que la minería es de utilidad pública y que sólo la federación puede obtener impuestos de este que-hacer. También se cuestiona el régimen de concesiones mine-ras obsequioso para los empre-sarios y que no pide opinión a los pueblos y comunidades afectados. Asimismo, ha sido motivo de preocupación el casi nulo pago de derechos y el es-caso control sobre la actividad minera por parte de autorida-des y habitantes de las regiones concesionadas.

Estos esfuerzos iniciaron su concreción en 2013, cuando tu-vimos un primer borrador de la propuesta de una nueva ley mi-nera. Fue presentado en diversos foros, ante pueblos y comunida-des y discutido por movimientos anti gran minería tóxica.

Uno de los ejes que orienta el contenido de propuesta de nueva ley minera es el de la licencia social. Se formula que antes de otorgar una concesión minera, la población que viva en el territorio afectado deberá ser consultada para definir si

procede o no. Se establece un capítulo entero sobre los dere-chos de poblaciones indígenas al goce preferencial, tanto del territorio como de los recursos naturales, para regular la acti-vidad minera.

Otra importante contribu-ción es el planteamiento de que la minería no puede ser preferente de frente a otras ac-tividades o usos del territorio. En este sentido, la propuesta plantea que se prohíba la mi-nería en todas las áreas natu-rales protegidas, en lugares de producción de alimentos im-portantes para los mexicanos y en regiones con estrés hídrico.

Por el grado de destrucción y contaminación que producen, se prohibiría la minería de tajo a cielo abierto, la minería ma-rina, la de tumba y rellene, los pocitos de carbón y la utiliza-ción de cianuro en el proceso minero.

El planteamiento introduce el cobro de regalías por el volu-men de minerales producidos a boca de mina (no sobre los ingresos reportados por las mi-neras) y se establecen regíme-nes diferenciados para mine-ría artesanal, pequeña y gran minería.

Otro aspecto fundamental en la propuesta de nueva ley es que se anulan las cláusulas de confidencialidad que hoy ocultan la información tanto al Estado como a la población y se establecen mecanismos de información.

Más de 20 movimientos anti gran minería tóxica nos reuni-mos el 24 noviembre de 2013. Ahí nos comprometimos a im-pulsar la propuesta de nueva ley minera. Decidimos pro-mover la iniciativa ciudadana de nueva ley minera desde los pueblos y movimientos.


LA DEFENSA DEL PATRIMONIO Y DEL TERRITORIO, SIGNO DE LOS TIEMPOSArmando Bartra

La defensa del territorio define una época del movimiento campesindio mexicano. La reivindica-

ción de la tierra es ancestral y sin embargo en los tres lustros recien-tes los despojos asociados a la neo-territorialización del capital han multiplicado las resistencias. No estamos ante una simple continui-dad, sino ante un salto de calidad, una etapa nueva del activismo campesino e indígena.

En pocos años el movimiento en defensa del territorio devino na-cional. Las concesiones mineras cubren todo el país, los proyectos hidroeléctricos se multiplican y, pese a algunos descalabros finan-cieros, las inmobiliarias siguen en marcha, los cárteles del narco ex-tienden su dominio… así las cosas, también la resistencia se extiende por todo México. No hay estado de la República en que estén ausentes los movimientos en defensa del te-rritorio y sus recursos.

El movimiento está en ascenso. Lo que se juega es -literalmente- el negocio del siglo, de modo que las empresas y sus personeros en el gobierno recurren a la represión y si hace falta al asesinato, además de que numerosas comunidades están debilitadas y divididas. Aun así, la defensa de los territorios es una lucha en expansión que el ta-maño del reto y la beligerancia de los enemigos no han logrado po-ner a la defensiva.

Las convergencias se van impo-niendo a la dispersión inicial. Siendo territorial y respondiendo a diferentes clases de amenazas, la defensa del patrimonio es de arran-que una lucha dispersa en la que, sin embargo, comienzan a eviden-ciarse confluencias regionales y temáticas. Frentes estatales, redes nacionales como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Pre-sas y en Defensa de los Ríos, la Red Mexicana de Afectados por la Mi-nería, la Red Mexicana de Acción por el Agua y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y abun-dantes nexos internacionales, entre ellos el que tienen con El Tribunal Permanente de los Pueblos, que ha documentado 300 luchas contra afectaciones del territorio y otros bienes comunes, dan fe de las ten-dencias confluentes de una lucha aún parcelada, pero sin duda en proceso de unificación. El mismo significado tienen iniciativas du-dosas como el Movimiento por la Soberanía Alimentaria, la Defensa de la Tierra y el Agua, los Recursos Naturales y el Territorio, nacido en 2014 en un variopinto encuentro nacional, y compuesto por unas 40 organizaciones rurales, entre

las que destaca por estar fuera de lugar la Confederación Nacional Campesina, principal brazo agra-rio del partido gobernante… que es también la principal fuerza pri-vatizadora. El movimiento emitió un elocuente manifiesto en el que se dice “No al despojo de ejidos y comunidades. No a la devastación de los recursos naturales. Salvemos el agua, el aire, la tierra y el terri-torio de todos. Derogación total de las servidumbres legales de hidro-carburos”. Cuando un amplio y he-terogéneo contingente de organiza-ciones del campo -del que forman parte muchas francamente clien-telares y gobiernistas- se pronuncia contra las privatizaciones, es que los vientos de la resistencia son cada vez más poderosos y de momento a nadie le conviene desmarcarse.

La defensa del territorio se poli-tiza. En un país donde el Estado, que por años se presentaba como heredero de “La Revolución”, ex-tendió sus atribuciones a todos los ámbitos de la producción y la reproducción; en el país del “ogro filantrópico” los movimientos sociales se tornan políticos rápi-damente, pues a las primeras de cambio se topan con el poder gu-bernamental. Más aún los campe-sinos, que por décadas dependie-ron de papá gobierno para acceder a sus parcelas y a los recursos para cultivarlas. La defensa del territo-rio también se topa con el gobier-no que proyecta presas, carreteras y ductos, y que otorga los permisos para otros emprendimientos, sin embargo en muchos casos tiene como contrapartes directas y ma-yores a las grandes corporaciones silvícolas, mineras, turísticas, co-merciales, inmobiliarias, delin-cuenciales… y a veces el gobierno aparece como árbitro. No hay tal, la lucha es contra los capitales predadores y contra el modelo privatizador que se impulsa desde el poder, la lucha es a todas luces política y los movimientos más estructurados y participantes en redes lo tienen cada vez más claro.

La defensa del patrimonio es un movimiento esencialmente popu-lar. La reivindicación de territorios y recursos es transclasista y multi-sectorial: una lucha societal que con frecuencia moviliza a todos -o casi todos- los miembros de una so-ciedad regional, un ejemplo prácti-co de unidad en la diversidad. Los peligros que se ciernen sobre una región y que amenazan de diferen-tes maneras a todos sus habitantes, generan respuestas incluyentes pues el riesgo compartido destaca los intereses comunes de quienes viven en un mismo territorio, aun si lo hacen de manera divergente y a veces antagónica. Es sabido que los

territorios son ámbitos de enconos, conflictos y rencillas entre quienes tienen intereses y pensamientos encontrados. Pero los territorios amenazados pueden ser también espacios de reconciliación y uni-dad, donde la pluralidad de saberes y capacidades enriquece y fortalece la convergencia en torno a los in-tereses de la mayoría. Las luchas territoriales realmente potentes son incluyentes al tiempo que plebeyas y en esto radica su fuerza.

Donde hay cohesión y organi-zaciones preexistentes el movi-miento es más fuerte. Las ame-nazas graves de por sí movilizan, pero más fácilmente donde los afectados disponen de previas ex-periencias organizativas, como las de la Unión de Comunidades Indí-genas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y otras que impulsan en el Istmo de Tehuantepec la resis-tencia a las eoloeléctricas; la Coo-perativa Tosepan Titataniske, de la Sierra de Puebla, que anima la re-sistencia a minas e hidroeléctricas invasivas; el Frente Democrático Campesino y El Barzón, que se movilizan en Chihuahua contra los pozos clandestinos y el acapa-ramiento de agua por los menoni-tas, etcétera. Y es que la defensa del territorio puede ser explosiva, pero por sí misma no genera prác-ticas y estructuras que le den con-tinuidad a los movimientos. Más allá de los sabidos e inevitables flujos y reflujos de la participación popular, la permanencia de los núcleos básicos depende de que se vaya creando patrimonio organi-zativo y densificando el entrama-do social, lo que habitualmente se logra pasando de las emergencias coyunturales a la atención de pro-blemas estructurales.

La resistencia en los territorios es campesindia. Tanto los indí-genas como los mestizos defien-den su patrimonio, pero no es la coincidencia de unos y otros en ciertas luchas lo que hace de ésta una resistencia campesindia. El concepto que propongo no remi-te a una mezcla de etnias, a una hibridación, sino a la coherente y unitaria identidad política de un sujeto social que, al defender tanto la tierra del que la trabaja como el territorio del que lo ocupa, resiste a la vez la opresión de clase y la opresión de etnia, el capitalismo y el colonialismo. Al reconocerse parte de un actor social de larga duración, gran calado y presencia continental, quienes asumen que al racismo y a la explotación se les resiste en una y la misma lucha, son campesindios, no importan el color de su piel ni su genealogía. Y por la naturaleza de la contradic-ción estructural que lo genera, el

movimiento territorial de un con-tinente colonizado y sometido al capital será campesindio o no será.

Sin dejar de apelar a sus raíces el movimiento va mirando al futu-ro. La preservación del territorio es un combate al comienzo reac-tivo y defensivo. Por lo general y en su arranque, los movimientos que buscan proteger el terruño y los recursos locales responden a amenazas nuevas que introducen o actualizan contradicciones antes ausentes o sólo latentes. Es por ello que al desatarse generan alinea-mientos sociales inéditos: conver-gencias de diversos que antes de la agresión marchaban separados o aun enfrentados. En esta capa-cidad de unir a los que estaban desunidos está su fuerza, pero para potenciarse los movimientos nece-sitan hacerse propositivos: gene-rar un proyecto compartido, una modesta utopía. Tal fue el caso de la forestería comunitaria que le dio perspectiva a las comunida-des de la Sierra Juárez de Oaxaca que luchaban contra Fapatux; del Plan de desarrollo regional que fortaleció los nahuas de La Mon-taña de Guerrero que resistían a la presa San Juan Tetelcingo; del concepto de Policía Comunitaria que permitió a las comunidades de la Costa Chica y La Montaña guerrerense recuperar los territo-rios perdidos por la acción de la delincuencia y las arbitrariedades de la fuerza pública; del proyecto de Turismo con identidad que por un tiempo cohesionó a la Coor-dinadora Regional de Desarrollo con Identidad (Cordesi) en la Sie-rra Norte de Puebla. Y en el plano nacional, tal es el caso de propues-tas legislativas como la nueva Ley general de aguas, que promueve la Campaña Agua para Tod@s, Agua para la Vida; las iniciativas para preservar nuestro territorio genó-mico, que impulsa la Campaña Nacional Sin Maíz no hay País; la Ley minera ciudadana; la Ley de consulta popular…

Aun sin proclamarlo, el movi-miento es anticapitalista. Opo-nerse al despojo y la depredación,

es decir a la violencia expropiatoria con que el gran dinero se hace de las premisas de la acumulación, y resistir su forma destructiva de consumir esos recursos, es poner en entredicho uno de los dos pilares del sistema capitalista. El otro es la conversión de nuestra fuerza vital en mercancía y la explotación del trabajo, cuestiones canónicas que algún día recuperarán la centrali-dad en el combate libertario que tu-vieron durante los siglos XIX y XX.

El grado de participación en las luchas por el territorio depende del arraigo. La fuerza y profun-didad de los lazos que unen a la gente con los lugares en que habi-ta es lo que le da identidad y ra-zones para luchar. Muchos crecen y hasta florecen en un territorio, pero no todos tienen en él raíces profundas que les permitan resistir el vendaval. Al defender un lugar y sus recursos se defienden muchas cosas: propiedades, intereses eco-nómicos, derechos… Pero los mo-vimientos invencibles, los movi-mientos capaces de sobreponerse a los golpes y las derrotas, son los que defienden al terruño porque ahí tienen fincada su identidad. Y sin identidad nada somos. Por eso

“La tierra como el agua y la industria nos pertenecen”. David Alfaro Siqueiros, México, 1959


la lucha indígena por sus ámbitos ancestrales es tan potente.

Arraigo es un concepto denso y complejo en el que identifico tres dimensiones temporales com-plementarias: pasado, presente y futuro. Profundidad histórica, densidad organizativa y capacidad de convocatoria del proyecto son factores que se combinan en el arraigo; el recurso más poderoso de los movimientos territoriales. El pasado remite a las raíces mítico-culturales de un poblamiento; el presente a la intensidad, solidez y calidad de las relaciones sociales vivas, es decir al grado y tipo de organización de la que disponen los que se movilizan; el futuro a las expectativas que tengan los partici-pantes de poder edificar un mejor porvenir en su territorio, el futuro es la esperanza. Y sin raíces, orga-nización y esperanza, es decir sin arraigo, no hay mucho qué hacer.

Para defender los territorios es bueno tener los pies sobre la tie-rra. En muchos casos se defienden los patrimonios localizados sin ha-cer énfasis en los espacios agríco-las, no porque la cuestión de la tie-rra ya pasó y ahora lo que cuenta

es el territorio, sino porque a causa del hostil entorno socioeconómico y las políticas públicas desalenta-doras, el proyecto campesino para el agro está desfondado. Y esto es alarmante pues la pequeña pro-ducción familiar es el sustento más sólido de la ocupación terri-torial. No todos los pobladores son campesinos que cultivan, pero sin labriegos no hay territorios rurales. Ciertamente los lugares se ocu-pan, se nombran, se significan, se gobiernan pero si no se cultivan son lugares sin alma.

Al respecto, un activista me in-forma que en una reunión en la Sierra Norte de Puebla, donde se planeaba la defensa del territorio amenazado por hidroeléctricas y minas, alguien comentó que hacía tres años que no se paraba por su parcela, pero que ahora sí la iba a cultivar para que no se la quitaran. La misma idea expresa Ignacio del Valle, principal dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). El líder aten-quense no vive exclusivamente de la agricultura y el pozo que tenía fue clausurado por las autoridades, por lo que ahora depende del tem-poral para hacer milpa, pero aun

así a principios junio siembra algo de maíz y poco después cebada. “Sembramos -dice- para que la gente que ha caído en el desánimo vea que defender la tierra, defen-der nuestra identidad como cam-pesinos sí tiene sentido”.

El movimiento se organiza en re-des temáticas que son su fuerza y su debilidad. Las organizaciones rurales nacionales que fueron pro-tagónicas en las oleadas de lucha por la tierra, por la producción, por los derechos autonómicos… hasta ahora han tenido una esca-sa participación en los combates contra el despojo. Por su parte, las redes que las mismas resistencias locales han construido con apoyo de grupos de la sociedad civil, son convergencias estrechamente te-máticas y aunque a veces buscan englobarse como oposiciones a los “megaproyectos”, el hecho es que hasta ahora han servido para visibilizar y procurar solidaridad pero no para mucho más. El mo-vimiento recurre a las moviliza-ciones, pero estas son casi siempre locales, focalizadas en el proble-ma específico que las provoca y protagonizadas por los agraviados directos y sus acompañantes soli-darios. Sin duda la lucha contra las presas, contra las minas, en de-fensa del agua y contra los daños ambientales mira más allá de sus regiones y hasta se globaliza, pero por lo general lo hace a través de convergencias en red y encuentros temáticos, de modo que su presen-cia nacional es menos visible que la de otros sectores, como los cam-pesinos organizados, que tienen entre sus usos políticos grandes marchas conjuntas y movilizacio-nes en la capital de la República.

Las organizaciones civiles son los intelectuales orgánicos del movi-miento. En la lucha por la tierra de los 70’s del pasado siglo y en los combates por la producción de los 80’s, fue importante la partici-pación de estudiantes y maestros neonarodnikis catapultados por el movimiento de 1968. En la insur-gencia de los pueblos originarios a fines de los ochenta y en los no-venta tuvieron un papel destacado las organizaciones no guberna-mentales, muchas de ellas vincu-ladas a la Iglesia católica, que para esos años ya proliferaban. Desde entonces el discurso calificado de la “sociedad civil” ha sido insepa-rable de las resistencias. Acompa-ñamiento en el que encuentro las virtudes de la profesionalización y las limitaciones de su tendencia al patrimonialismo y su propensión a especializarse, impuesta en parte por la lógica de la “cooperación” internacional. Y es que si hay ra-zones para que las asociaciones civiles se enfoquen en un solo tema, no es deseable en cambio la excesiva compartimentación de las diferentes vertientes del movi-miento: presas, minas, agua, trans-génicos, radios comunitarias...

DEFENDIENDO LOS LUGARESArmando Bartra

Minería a cielo abierto que deja a su paso titánicos tajos. Exploración y explotación altamente contaminantes de combustibles fósiles, ahora también mediante fractura hidráulica de esquistos. Gran-des presas, carreteras y ductos que desplazan pueblos, alteran cuencas y desquician ecosis-temas. Silvicultura predadora que arrasa bosques y selvas, lo que da lugar a deslaves y redu-ce la infiltración de la lluvia propiciando erosión hídrica y eólica del suelo con el conse-cuente azolve de los ríos, que a su vez ocasiona inundaciones. Colonización de las semillas y reducción de la diversidad maicera por vía del secuestro, alteración y privatización de su genoma. Invasión del cuerpo de las mujeres por leyes sexis-tas que conculcan sus derechos reproductivos. Urbanizaciones desmedidas y emprendimien-tos turísticos invasivos. Ocupa-ción de los espacios del peque-ño comercio por las grandes tiendas departamentales. Inva-sión del paisaje urbano por la publicidad comercial y políti-ca; desposesión del tiempo de ocio y sus lugares domésticos y comunitarios por los medios electrónicos de comunicación masiva que usufructúan el es-pectro electromagnético. Mi-nería de datos en el ciber terri-torio, practicada, entre otros, por los espías del imperio. Privatización de las playas y el paisaje. Mercantilización del patrimonio cultural material e inmaterial. Saqueo cinegéti-co y pesquero. Concentración de tierras agrícolas. Acapara-miento y contaminación del agua dulce. Pérdida de pobla-dos, cultivos y tierras saldo de eventos meteorológicos que el deterioro intencional de los ecosistemas, la pobreza y la imprevisión transforman en desastres sociales. Cárteles de la droga que imponen su ley sobre extensos territorios…

Todos los despojos el despojo: la nueva cabeza de Medusa, la multiforme maldición del milenio.

La expoliación se concreta por lo general en acciones o even-tos localizados, que chocan con formas preexistentes de apropia-ción del espacio y en particular de usufructo territorial. Así, de mil maneras, las comunidades rurales y urbanas vemos ame-nazado nuestro hábitat por una legión de poderosas y predado-ras empresas. Corporaciones a las que casi siempre respalda el gobierno, no sólo porque la teología de la neoliberalización llama a privatizar sin medida ni clemencia, también porque los funcionarios saltan jubi-losos de los cargos públicos a los consejos de administración de los negocios que beneficia-ron. Capitales intrusos que, a primera vista, no están tan interesados en explotar nues-tro trabajo como en expropiar nuestros bienes patrimoniales y, si es necesario, expulsarnos de la tierra interrumpiendo o desquiciando los intercambios sociales, laborales y simbólicos que nos unen con el lugar que habitamos. Y este es un acto de violencia, de violencia extrema.

No sólo los pueblos indios y otros pobladores seculares, to-dos los vivientes ocupamos un lugar sobre la tierra; todos nos inscribimos en relaciones geo referenciadas por las que al habitar, trabajar y significar el entorno mantenemos física y metafísicamente la vida; todos, sin excepción, participamos de nexos sociales situados por los que refundamos a diario el cos-mos y le restituimos el sentido a las cosas. Si se rompe este vínculo mágico, si somos ex-pulsados de nuestro lugar o se destruyen las condiciones que nos permitían permanecer, se rompe real y simbólicamente el equilibrio del mundo. FO

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En memoria de Arnaldo Córdova

Neoporfirismo: Hoy como ayer*

Con la restauración del régimen priista y la imposición de Enri-que Peña Nieto (EPN)

como presidente de la República, se reproducen bajo formas nuevas los mismos patrones de subordina-ción, entreguismo y despojo de los recursos de la Nación y de las co-munidades campesindias que pre-valecieron durante el porfiriato y, en parte, durante la reforma liberal.

La “primavera campesindia” en la historia de México duró muy poco: de 1910 a 1982. El derecho a ser considerados parte del proyec-to nacional y a acceder a la resti-tución de las tierras comunales y al reparto agrario para constituir el ejido duró únicamente -con mati-ces, restricciones y acotaciones- al-rededor de siete décadas.

Salir de la exclusión, el despojo, la cuasi esclavitud, la invisibilidad y la negación de todo derecho no fue fácil: fue necesaria una revo-lución social y décadas de luchas ininterrumpidas para lograr el des-mantelamiento del latifundio y el reparto agrario. De esta manera, más de 54 por ciento del territorio nacional pasó a manos campesin-dias por medio de 31 mil 500 eji-dos y comunidades y 5.6 millones de hombres y mujeres titulares de derechos agrarios. Si a esto agre-gamos la existencia de 1.6 millo-nes de pequeños propietarios, la mayoría de los cuales tiene cinco hectáreas o menos, con el 35.7 por ciento de la superficie nacional, resulta que casi 90 por ciento del territorio del país está en manos campesindias (según datos de Héc-tor Robles; Programa Nacional en Apoyo a los Pequeños Productores; mimeografiado; 2014).

Toda una hazaña histórica si con-sideramos que durante la reforma liberal (Ley Lerdo de 1856) y, so-

bre todo, la dictadura porfirista (Ley de Colonización y Compa-ñías Deslindadoras de 1883) se despojaron casi 50 millones de hectáreas a las comunidades indí-genas y que para 1910 se tenía la siguiente estructura agraria: cinco mil 932 haciendas poseían 94 por ciento de la tierra, 32 mil 557 ran-cheros eran propietarios del cinco por ciento y el uno por ciento res-tante correspondía a las comuni-dades y pueblos. El 40 por ciento del área total del país estaba en manos de media docena de lati-fundios y tres y medio millones de campesindios subsistían como peo-nes acasillados y aparceros (citado por Arnaldo Córdova; La ideología de la Revolución Mexicana; ERA; 1972; p. 42-43).

Ahora, en pleno siglo XXI, con la contrarreforma constitucional en materia de energía, se promulga al mismo tiempo en su artículo Oc-tavo transitorio la versión Peña de la Ley Lerdo de desamortización de bienes de las corporaciones ci-viles (y religiosas) de 1856 y de la ley porfiriana de colonización y compañías deslindadoras de 1883.

Efectivamente, con la contrarre-forma energética de EPN, bajo similar ideología a la porfiriana (ideología liberal-positivista-ex-tranjerizante), se endereza una nueva ofensiva contra la propie-dad social de la tierra y los recur-sos de las comunidad campesinas e indígenas con el argumento liberal-porfirista de que las tierras y recursos en manos campesindias son “bienes en manos muertas” y que, “si queremos progreso” deben privatizarse y entregarse a “manos vivas”, o sea, al capital energético y minero trasnacional.

Privatización y despojo vía con-trarreforma energética de di-ciembre de 2013. El pasado 6 de enero, el presidente EPN anunció la realización de un diálogo con las organizaciones campesinas para una “gran reforma del cam-

po” para “impulsar su desarrollo y bienestar”.

Aseguró, asimismo, “que el campo mexicano debe ser una de las ma-yores fortalezas del país”.

El 5 de marzo del presente, EPN anunció en Manzanillo la reali-zación de una consulta nacional para acordar los términos de “una reforma de gran calado”, afirman-do que su gobierno “priorizará el desarrollo del campo” y que “no se va a modificar el actual mandato constitucional respecto a los dife-rentes regímenes de propiedad de la tierra y no se busca privatizar el ejido y la comunidad”.

A partir de estos anuncios, la Se-cretaría de Agricultura y los gobier-nos estatales han estado realizando innumerables foros estatales, temá-ticos y regionales y se ha consti-tuido una “Comisión permanente para la reforma del campo” para procesar y decidir el contenido de “la gran reforma” que deberá de concluir en la firma con centrales campesinas y cámaras agro empre-sariales de un “acuerdo marco” en agosto próximo.

Sin embargo, más allá de los dis-cursos, promesas y “consultas”, el hecho duro es que el presidente EPN, con el apoyo del Congreso de la Unión y la mayoría de los Con-gresos Estatales, ya decidió el conte-nido central de la “gran reforma del campo” con la promulgación de la reforma constitucional en materia de energía en diciembre pasado.

En efecto, en dicha reforma se es-tablece que, además de entregar a compañías extranjeras la renta pe-trolera y el control del petróleo de la Nación, las actividades de explo-ración y explotación de petróleo y gas, así como toda la industria de hidrocarburos son actividades es-tratégicas y de interés social y orden público y, por tanto, tienen priori-dad y preferencia sobre cualquier otra actividad que se realice en el

suelo y subsuelo de territorio nacio-nal. A la letra, el artículo Octavo transitorio de dicha reforma consti-tucional establece lo siguiente:

“Derivado de su carácter estratégi-co, las actividades de exploración y explotación del petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribu-ción de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto, se considera de interés social y orden público, por lo que tendrán pre-ferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas.

“La ley preverá los términos y condiciones generales de la con-traprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación su-perficial o, en su caso, la indemni-zación respectiva.”

Adicionalmente en las leyes secun-darias se establece que las activida-des mineras no tendrán prioridad sobre las actividades de exploración y explotación de petróleo y gas, pero sí sobre cualquier otra acti-vidad que se realice en el suelo y subsuelo de los territorios concesio-nados a las corporaciones mineras.

Así, vemos con claridad y sin lu-gar a dudas cuál es la decisión del presidente Peña Nieto respecto a su anunciada “reforma del campo de gran calado”: el campo, la agri-cultura, los campesinos y las cam-pesinas, los ejidos y comunidades, las pequeñas propiedades, los pue-blos indígenas, los modos de vida rurales, la biodiversidad, los recur-sos hídricos, los sitios históricos y ceremoniales, la autosuficiencia alimentaria, la soberanía y seguri-dad alimentaria y nutricional, los derechos a la libertad de trabajo, los derechos a la propiedad, los derechos a la alimentación y a un medio ambiente sano NO SON ESTRATÉGICOS, NO SON PRIORITARIOS, NO TIENEN PREFERENCIA.

Ni siquiera están en un segundo orden de prioridad, porque este lugar lo ocupa la minería.

De hecho, con la promulgación de la reforma constitucional en materia de energía de EPN se pro-mulgan al mismo tiempo las ver-siones siglo XXI de la Ley Lerdo expropiación y privatización de bienes en “manos muertas” y de la ley porfiriana de colonización y deslinde de terrenos “baldíos”.

Lo “estratégico”, lo “prioritario”, “lo de interés público y orden so-cial” para los campesindios es que acepten romper con sus comu-nidades y ejidos para individuali-zarse, que reconozcan que ya no tienen un lugar en el proyecto na-cional, que entreguen sin resisten-cia sus tierras y sus recursos y que migren, que se vayan, ¡sobran!

Para EPN y la agenda corporativa trasnacional, parafraseando a Porfi-rio Díaz, la consigna para los campe-sindios y en general para la población rural es: “¡Emígrenlos en caliente!”

De esta forma, EPN busca culmi-nar las contrarreformas agrarias que emprendió Carlos Salinas de Gortari entre 1988 y 1994 con la modificación al artículo 27 cons-titucional, el Tratado de Libre Co-mercio de América del Norte (TL-CAN) y el abandono del campo.

Con la contrarreforma agraria vía la reforma energética, EPN preten-de acabar con la propiedad social de la tierra, promover su reconcen-tración en pocas manos, intensi-ficar la expulsión de la población rural, debilitar la resistencia social frente al despojo de los recursos naturales de la Nación y de los campesinos y pueblos indígenas, y profundizar la dependencia e inse-guridad alimentaria y nutricional del país. Lo anterior para servir a la agenda de los neo hacendados, las empresas energéticas y mineras, el capital corporativo trasnacional y a la estrategia de seguridad energéti-ca de los Estados Unidos.

Con base en estas reformas cons-titucionales en materia de ener-gía, ahora se discuten las leyes secundarias en materia de hidro-carburos y minería, en las que se pretende reglamentar la Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias. Se pretende estable-cer, entre otros, procedimientos de “desamortización y deslinde de terrenos baldíos” figuras tales como: “reservas nacionales”, “ser-vidumbre legal de hidrocarburos”, “contratos de ocupación” y de “ex-propiación por causa de utilidad privada” a favor de las empresas extranjeras con “asignaciones”, “contratos”, “autorizaciones” y “permisos” de exploración y explo-tación de hidrocarburos.

Esta es la verdadera “reforma del campo de gran calado” de EPN que ya fue con la reforma cons-titucional en materia de energía promulgada en diciembre pasado.

Amenazas adicionales de la “re-forma del campo” de EPN. La “reforma del campo” de EPN im-plica adicionalmente, las siguien-tes graves amenazas:

1. Privatización acelerada del ejido y la comunidad, bajo el pretexto de “desburocratizar y simplificar” los procedimientos establecidos en la ley agraria desde 1992 a raíz de la contra-rreforma agraria salinista.

2. Profundización del modelo fallido de “libre comercio” y de subordinación a las corpo-raciones trasnacionales a través de las negociaciones secretas y firma del Tratado Transpacífico (TPP). Lo anterior, no obstante de 20 años de fracaso del

LEY PEÑA DE “DESAMORTIZACIÓN” DE TIERRAS CAMPESINDIAS

Víctor Suárez Carrera Director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC)

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TLCAN en la agricultura y soberanía alimentaria del país.

3. Continuidad y profundización del modelo agotado de revolu-ción verde a través de la autori-zación de siembra comercial de maíz y otros cultivos transgéni-cos y el reforzamiento de una agricultura de agro insumos químicos, en manos de mono-polios, de alta emisión de car-bono y baja resiliencia frente al cambio climático global.

4. Profundización y generaliza-ción del despojo y depredación de los recursos naturales de eji-dos y comunidades a través de las concesiones, expropiaciones y/o compra-venta de tierras y te-rritorios para el establecimiento de megaproyectos de muerte: petroleros, fracking, mineros, hi-dráulicos, eólicos, gaseros, turís-ticos, inmobiliarios, etcétera, y

5. Profundización de la desigual-dad en el campo y continuidad del fallido enfoque asistencialis-ta de “combate” a la pobreza ru-ral así como la utilización de los recursos públicos para comprar elecciones y para el control del descontento social.

Agenda inmediata de resistencia y alternativa campesindia. Hoy

como ayer, la resistencia campesin-dia es la única vía frente a la privati-zación, el despojo, la exclusión, las injusticias, la carencia de libertades y de derechos humanos impulsada por la contrarreforma energética y la Ley Peña de “desamortización” de tierras campesindias.

Frente a este gran reto histórico, diversas centrales campesinas han preferido hacer a un lado la con-trarreforma del campo que ya fue y concentrarse en el “diálogo y ne-gociación” para un “pacto rural” con el gobierno neoporfirista y para “una reforma de gran calado para el campo”.

Por su parte, el gobierno federal desvía y distrae la energía de estas centrales campesinas y está en la “mejor disposición” de negociar “dulces y curitas” a cambio que se mantenga sin cambio alguno la esencia de la Ley Peña.

Es posible que estas posiciones abonen a una nueva derrota his-tórica del movimiento campesi-no como la que se experimentó frente a la contrarreformas agraria salinista de los años 90’s del siglo pasado.

Por su parte, el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC) y la Campaña Nacio-

nal Sin Maíz no hay País, entre otros, han expresado sin ambages su rechazo a la Ley Peña de “des-amortización” de tierras en manos campesindias y a la “reforma del campo” de EPN.

Asimismo, en el México profundo, desde abajo y a lo largo y ancho del país, se han desplegado innu-merables movilizaciones, frentes y redes en contra de los megapro-yectos de muerte y en defensa de la propiedad social de la tierra y los modos de producción, vida y cultura de las comunidades cam-pesinas e indígenas del país.

Es posible y necesario organizarse y prepararse para una lucha larga e ininterrumpida en los próximos meses y años para detener y rever-tir las contrarreformas energética y del campo de EPN y de las cor-poraciones trasnacionales.

A continuación se propone una agenda mínima de resistencias y alternativas campesindias:

1. Rechazo a la contrarrefor-ma energética y a la Ley Peña de “desamortización” de tie-rras campesindias y sus leyes secundarias.

2. Son y deben reconocerse como actividades estratégicas, de inte-

rés público y orden social las acti-vidades del campo, la propiedad social de la tierra, la producción alimentaria, el manejo susten-table del agua, la preservación de la biodiversidad; los modos de producción, vida y cultura campesindios; el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano, y la sobe-ranía y seguridad alimentaria y nutricional del país.

3. Autosuficiencia alimentaria con campesinos y campesinas, con sustentabilidad, sin transgéni-cos y sin monopolios.

4. Precios remunerativos y certi-dumbre en la comercialización de cosechas.

5. Respeto a los derechos de los campesinos y campesinas y pue-blos indígenas sobre sus territo-rios y a sus modos de produc-ción, vida y cultura. Derecho a no migrar. Respeto a la consulta previa, libre e informada.

6. Derecho a la seguridad y a una vida buena para la población del campo.

7. Derecho a una ciudadanía ple-na y a la organización autóno-ma y autogestiva.

8. Asambleas informativas y deli-berativas en cada ejido, comuni-dad y poblado rural para acordar el rechazo a las contrarreformas energéticas y del campo, adhe-rirse a la agenda campesindia y acordar planes locales y regio-nales de resistencia y alterna-tiva. La mejor defensa frente a la Ley Peña es la auto organiza-ción y el uso comunitario y sus-tentable del territorio y recursos en manos campesindias.

9. Establecer una estrategia legal integral para revertir la contra-rreforma energética y frenar la privatización y despojo de tierras campesindias: consulta popular vinculatoria en 2015, acción de inconstitucionalidad, acción colectiva, amparos caso por caso, quejas ante CNDH y CIDH, etcétera, etcétera.

10. Encuentros regionales, estata-les y nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida en todo el país, para confluir el 6 de di-ciembre en una gran moviliza-ción nacional campesina, para conmemorar el centenario de la entrada de los ejércitos cam-pesinos de Zapata y Villa en la ciudad de México en diciembre de 1914.

*Frase tomada del título de libro de Andrés Manuel López Obrador; Editorial Grijalvo; 2014.

LA REFORMA DEL CAMPO, ¿UNA AMENAZA?La Jornada del Campo hizo a varios dirigentes campesinos dos preguntas. ¿Considera que la reforma del campo amenaza la propiedad social y la pequeña propiedad rural? Y ¿Cómo reaccionará su organización? He aquí las respuestas marcadas con los números 1 y 2.

Plutarco Emilio García

COORDINADORA NACIONAL PLAN DE AYALA CNPA

1. Le dan una vuelta; en la refor-ma del campo están declarando que no se va a afectar la propie-dad social de la tierra, pero lo ha-rán indirectamente vía la reforma energética. Le van a dar priori-dad al extractivismo con motivo de obtener petróleo, minerales y agua. Es allí donde la propiedad social de la tierra va a ser afecta-da. La amenaza está disfrazada.

2. Diversos dirigentes hemos co-mentado y coincidimos en que

si no creamos un foro fuerte de resistencia y ataque por parte de las organizaciones campesinas, es-taremos fritos. Tenemos la idea de ir tejiendo una red, articulando a diferentes organizaciones para que de aquí al 6 de diciembre podamos llegar todos a la Ciudad de Méxi-co, aprovechando el centenario de la entrada de Emiliano Zapata y Francisco Villa con sus ejércitos a esta capital. También acudiremos a la vía jurídica, por ejemplo con recursos de amparo.

Max Agus n Correa

CENTRAL CAMPESINA CARDENISTA CCC

1. Por declaraciones hechas a principios de año por el titular de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, en el sentido de que la reforma salinista al 27 constitu-cional no concluyó, pues no llevó a dominio pleno las parcelas en la propiedad social, y que a eso se debe la pobreza y la falta de productividad, y por otras consi-deraciones de la abogada general de la Sagarpa, Mireille Roccatti, pareciera que la intención de reforma del campo que tenía el gobierno en mente originalmen-te sí afectaba la propiedad social. El presidente Peña Nieto en Co-lima el 5 de marzo expresó su compromiso de no atentar, de no modificar el régimen de propie-dad. Sin embargo, sigue latente la intención (debido a algunas iniciativas de ley presentadas por el PAN particularmente en el sexenio de Felipe Calderón y debido a la presión de empresa-rios para que se facilitar la adqui-sición del dominio pleno de las parcelas vía una modificación a la Ley Agraria). Es posible enton-ces que surja una iniciativa y la mayoría en las Cámaras aprue-ben una modificación a esta ley,

que atente contra la propiedad ejidal y comunal. Pero hoy por hoy lo que sin lugar a dudas aten-ta contra la propiedad social y el territorio es la reforma energéti-ca. Atenta contra la biodiversi-dad, contra los recursos natura-les, en este caso no sólo la tierra sino también el agua. También atenta contra los territorios de muchos pueblos y comunidades de todo el país, pues declara “de interés social y público” la explo-tación, conducción y el procesa-miento de hidrocarburos sobre cualquier otra actividad, incluida la producción de alimentos. Pero ante eso hay una férrea oposición de las comunidades campesinas e indígenas.

2. Hemos publicado desplegados y hemos tenido encuentros y ge-nerado declaraciones en defensa de los territorios y sus recursos. Y vamos a participar en la gran movilización social del 23 de ju-lio. Por otra parte, la Comisión Permanente para la Reforma del Campo deberá generar en breve un documento que haga balance de todos los foros y las propuestas que se han realizado. (Junto con representantes del Ejecutivo, del

Legislativo y de organizaciones), yo participaré en la redacción y ese documento debería contener el acuerdo de que se respete el derecho de los pueblos, ejidos y comunidades a decidir el destino de su tierra, agua, recursos natu-rales y su territorio.

Gustavo Sánchez

RED MEXICANA DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS FORESTALES RED MOCAF

1. Además de las reformas ener-géticas y de la preferencia que ya tiene la minería sobre otras acti-vidades, no vemos alguna refor-ma específica tendiente a

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minar la propiedad social, pero ya con aquellas reformas es suficiente: ponen en riesgo la propiedad social y en general el tejido social en el campo.

2. Estamos proponiendo una serie de medidas de salvaguar-da sociales y ambientales para que –esperamos, en el proceso de discusión de las leyes secun-darias de la reforma energética en la Cámara de Diputados- se incluyan en la legislación. Esas salvaguardas plantean funda-mentalmente que se tiene que respetar los derechos humanos de campesinos e indígenas y de la población en general en torno a un medio ambiente saludable. Y buscamos que también se in-cluyan en la Ley Forestal, a fin de que las actividades petrole-ras, energéticas y mineras no se conviertan en el corto plazo en los principales motores de la de-forestación. Se ha dicho que la agricultura, ganadería y cierto tipo de turismo propician la de-forestación, pero hoy tememos que de pronto haya una etapa salvaje de aprovechamiento de hidrocarburos, instalación de presas, proyectos mineros y que todo esto sea rápidamente factor de destrucción y degradación de bosques, atentando contra acuerdos internacionales que ha signado México para enfrentar el cambio climático y para redu-cir emisiones por deforestación y degradación.

Alfonso Ramírez Cuellar

EL BARZÓN

1. En el caso de la reforma para el campo, este es un tema que no se ha tocado. He estado no sólo en los foros sino también en las discusiones que pueden implicar la redacción de un acuerdo marco como le llaman (de la reforma del campo) y este tema (afectar las formas de ena-jenación de la tierra) no está contemplado. El peligro mayor en relación a la propiedad social y al conjunto de los tipos de pro-piedad viene por el lado de la reforma energética. En realidad la compra de la tierra para la agricultura no es algo que haya ocurrido. El atentado principal en relación a la tierra, y particu-

larmente a la propiedad social, ha venido por el lado de las uni-dades habitacionales y las mi-nas, y ahora por la exploración y explotación de hidrocarburos. Pero sé que hay una rebelión de legisladores priistas y de sectores del PRI ligados a la Procuradu-ría Agraria y ligados a los asun-tos de las organizaciones cam-pesinas oficiales, del gobierno, en contra de estos atentados a la propiedad social y privada en el medio rural.

2. Nos vamos a movilizar el 23 de julio. El espacio que hemos logrado articular es muy rico porque están participando or-ganizaciones indígenas y todos los movimientos de resistencia contra los proyectos energéticos o mineros.

Gerardo Sánchez

CONFEDERACIÓN NACIONAL CAMPESINA CNC

1. Con la reforma profunda al campo lo que se pretende es ha-cer de los productores un cam-pesinado con visión empresarial, con respeto al minifundio y a la pequeña propiedad, pero bajo el esquema de la organización. En las propuestas del proyecto de la CNC para la transformación del campo se ha dejado en claro que con la reforma se busca lograr que a los titulares de las más de 30 mil unidades de producción agropecuaria en el país les vaya bien y se respete a la propiedad social. Actualmente 22 por cien-to de la población nacional vive en zonas rurales y de ese porcen-taje el 14 por ciento se dedica a actividades agropecuarias. Del total, cerca de 16 millones de personas viven con grandes ca-rencias, lo que ubica a muchos trabajadores del campo y a sus familias en situación de pobre-za extrema. Entonces, hay que promover nuevos esquemas de comercialización, fundamental-mente la agricultura por contrato y las distintas formas asociativas que existen. Ello, sin olvidar que con su régimen de propiedad social en el campo México es ejemplo ante el mundo y por eso la CNC establece respetar el minifundio y la organización del campesino en ejidos.

José Jacobo Femat

CENTRAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS Y POPULARES COCYP

1. La mayor parte de la tierra rural es propiedad social: son 103 millones de hectáreas, y suman más de 31 mil ejidos y comunidades. Asimismo, un 25 por ciento del territorio nacional está entregado a pequeños y me-dianos propietarios privados. La tierra debe estar en manos de quien la trabaja y la gente que trabaja la tierra debe tener un compromiso con la nación para abastecer los alimentos que el pueblo requiere, pero también un compromiso de conserva-ción de la biodiversidad y del medio ambiente. En los foros de consulta que se realizan para la reforma del campo observamos que hay un interés por modifi-car el régimen de la tierra, y el gobierno quiere enmascararlo. El planteamiento principal es modificar el régimen de propie-dad a partir de modificar la le-gislación agraria, para que sean los individuos, los ejidatarios y comuneros, los que tomen deter-minación en torno a la adopción del régimen de domino pleno y con ello cambiar la propiedad social al régimen privado. La re-forma no busca los objetivos ge-nerales, sociales, soberanos y de protección de la biodiversidad, lo estamos ya observando ahori-ta. La Sagarpa, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territo-rial y Urbano (Sedatu) están co-ludidas fomentando la apertura de cientos de miles de hectáreas de cultivos en el sur sureste –en Campeche, Chiapas, Veracruz y Tabasco- para introducir cultivos no enfocados a la producción de alimentos: etanol y biodiesel, que forman parte de inversiones extranjeras cuantiosas en esos territorios. Son más de 200 mil hectáreas abiertas en esos esta-dos a palma, jatropha y caña de azúcar, así como hule. Esto es lo que contradice el discurso ofi-cial del presidente. La ley agraria establece actualmente que debe haber 50 por ciento más uno de los comuneros y ejidatarios para tomar decisiones trascenden-tales en el régimen de propie-dad, incluso para poder aprobar

rentas y ventas de la superficie que tienen en posesión. Pero ninguno de estos criterios ha sido respetado. De hecho se ha presionado a los ejidatarios para aceptar acuerdos favorables a las empresas. Además, la Sedatu, la Procuraduría Agraria y el Regis-tro Agrario Nacional han sido promotores inmobiliarios al ser-vicio de las trasnacionales. Son esas instituciones las que han es-tado obligando a los ejidatarios y comuneros a adoptar acuerdos de concesión de su territorio a fa-vor de las empresas mineras, eó-licas y aprovechadoras del agua, además de las empresas que construyen autopistas, que han abierto áreas al desarrollo turísti-co, por encima de la mayoría de los campesinos en los diferentes estados de la República.

2. Estamos preparando una gran movilización el 23 de julio con todas las organizaciones, cam-pesinas, sociales y sindicales del país. Esperamos la participación mínima de cien mil personas para manifestar nuestro desacuer-do con las reformas estructurales.

Sebas án de la Rosa Peláez

COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS URBANAS Y CAMPESINAS CODUC

1. La reforma energética está considerando la exploración y explotación de hidrocarburos como prioritaria y prevé la expro-piación de la propiedad social y privada con esos fines. Así, la re-forma del campo no es más que la continuidad de aquélla y por supuesto a lo que apunta es a ase-gurar que cambie el régimen de la propiedad; restarle facultades a la asamblea ejidal, para facilitar el paso al dominio pleno (esto es, el paso a la condición de propie-dad privada de las tierras) y ejidos y comunidades van a quedar en la indefensión, pues con el do-minio pleno es más fácil que el gran capital se apropie de las tie-rras. Para ello el gobierno federal está cocinando una iniciativa de cambios a la Ley Agraria.

2. En el marco del Frente Autén-tico del Campo (FAC), que es un movimiento nacional en el que

participa CODUC, nos estamos planteando una serie de movili-zaciones y actos de resistencia, algunos de los cuales ya realiza-mos. Vamos a ir a una defensa de la propiedad social de la tierra. Cuando la discusión de estas re-formas pase a la Cámara de Di-putados podemos prever que la maquinaria que las favorece haga valer su fuerza numérica. Esta-mos buscando distintas salidas (por ejemplo una redacción de la reforma energética que proteja la propiedad social de la tierra), pero si ello no prospera, no nos queda más que la movilización social.

Olegario Carrillo Meza

UNIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES REGIONALES CAMPESINAS AUTÓNOMAS UNORCA

1. Sin haber concretado aún la re-forma del campo, ha habido aten-tados contra la propiedad social. Y todo lo que tiene que ver la refor-ma energética y sus leyes secunda-rias son una amenaza desmedida contra la propiedad, principalmen-te la ejidal y comunal, y esto nos preocupa porque en el decir y ha-cer del presidente de la República hay mucha inconsistencia. En marzo, en Colima, el presidente expresó que no se iba a tocar la pro-piedad social. Pero ahorita el deba-te en que estamos inmersos indica lo contrario: toda la maquinaria legislativa que el presidente tiene a su disposición está encauzándose a afectar esta propiedad. Creo que se van a poner las cosas muy tensas. Tenemos que defender al ejido y los bienes comunales. Incluso la UNORCA ha planteado que se tie-ne que hacer una contrarreforma, para regresar a su estado original el 27 constitucional, que fue modifi-cado en 1992 por Salinas y que li-beralizó la enajenación de la tierra social.

2. No vamos a avalar ningún foro, ninguna ley que ponga en riesgo la propiedad social. Exigi-remos al gobierno que sea más consecuente, que tenga más respeto a los que somos parte del sector social, porque de lo contrario, pareciera rémora o discurso, pero la gente ya se está enfadando. En cualquier rato les va a dar una sorpresa.

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Entrevista con Ignacio del Valle

ATENCO, LUCHA PERMANENTE EN DEFENSA DE LA TIERRALourdes Rudiño

“Sólo unidos, basados en la razón del derecho legítimo a nuestras tierras, logramos tirar los decretos” que el go-

bierno federal había expedido en 2001 para expropiar una superficie de más de cinco mil hectáreas en la región aledaña al Lago de Tex-coco, y particularmente en el mu-nicipio de San Salvador Atenco, con el fin de construir un nuevo aeropuerto internacional.

“Con ello vino una confianza de que sí se puede, y que organizados el peso de la razón gana”. Es así como Ignacio del Valle se refiere a los hechos sucedidos en 2001 cuando 13 comunidades de Aten-co, Chimalhuacán y Texcoco, conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FDPT) casi de manera inmediata luego de que el 22 de octubre el gobier-no de Vicente Fox emitió los de-cretos expropiatorios.

Integrados en el Frente, recuerda, la población decidió no dejar la tierra. “Eso tuvo que ver con reuniones en la plaza, deliberaciones sobre lo que iba a pasar con el agua –pues somos pueblos de agua-; sobre las reubicaciones que nos ofrecían en unas ‘palomeras’ a las faldas de un

cerro de Ecatepec; la preocupación porque nuestra vida siempre había sido y sigue siendo al aire libre, con los espacios que tiene un pueblo, esos espacios que nos dan un am-biente de libertad y de campo, que representan una forma de vida. El proyecto del aeropuerto cambiaba radicalmente esa forma de vida, prácticamente nos extinguían”.

Y en Atenco más de 80 por ciento de las tierras que pretendían ser afectadas por la expropiación son de labranza. “Por eso en Atenco

surgió con más ímpetu la incon-formidad, y luego los demás pue-blos se adhirieron a esa razón de defender la tierra”, comenta Del Valle y explica: “esta zona, como muchas de nuestro país, es conse-cuencia de lo que fue la lucha de la Revolución Mexicana; nuestros abuelos nos platicaron cómo fue su vida de niños, cuando sus pa-dres trabajaron en la hacienda y cómo se recuperaron esas tierras para formar el ejido. Ese conoci-miento nos llevó a reflexionar y a que el pueblo todo se movilizara.

Todos nos sentíamos afectados por este despojo y desplazamien-to automático de comunidades. Nos estaban quitando práctica-mente el suelo donde nacimos”.

Atenco se mira hoy como un lugar emblemático de la defensa de la tierra. Pero no sólo por lo vivido en 2001 y por el éxito de los pueblos al lograr la derogación de los decretos expropiatorios nueve meses después de su expedición. Lo es también porque la defensa de la tierra con-tinúa vigente, pues el interés por quitársela a los pueblos sigue vivo.

Ignacio del Valle, quien ha sufrido encarcelamiento y persecución, igual que algunos miembros de su familia a lo largo de esta lucha, comenta cómo desde el sexenio pasado la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se ha pervertido y corrompido institucionalmente para convertirse en intermedia-ria y trabaja con denuedo ya no para lograr la expropiación sino para convencer a los pobladores de las 13 comunidades, y otras más vecinas, a fin de que vendan sus tierras. Asimismo, el actual comisariado ejidal de Atenco, An-drés Ruiz Méndez, ha convocado asambleas de manera amañada

con el propósito de dividir al pue-blo, dividir a los campesinos, y modificar el carácter de la tierra de ejidal a privada. Para ello, por ejemplo ha dado ilegalmente voz y voto a 700 posesionarios, cuando los únicos que pueden tener voz y voz son los 530 ejidatarios.

Comenta Del Valle que los in-tentos de despojo se realizan de manera disfrazada, primero la Co-nagua dijo que la tierra la querían para un parque ecológica, ahora lo que se informa es que se busca esta-blecer una “ciudad futura”. En rea-lidad, señala, lo que hay aquí es una voracidad del gran capital, encabe-zada por el Grupo Atlacomulco, y con participación de empresas que actúan de forma corrupta como la constructora española OHL, y lo que quieren es revivir el proyecto del aeropuerto y todo alrededor la llamada ciudad futura, con servi-cios e instalaciones que nada tiene que ver con el interés campesino. “Y ¿qué va a pasar? Yo sé lo que va a pasar. Los que estamos decididos a no dejar la tierra vamos a dar todo porque no suceda esto, tenemos que agotar todas las formas que existen en ese derecho, pues tene-mos la razón y vamos a defender la herencia de nuestros abuelos”.

Chiapas

EL CONFLICTO DE LA SELVA LACANDONA, OTRA VEZEmanuel Gómez

Los comuneros lacando-nes han dado un giro en su proceso organizativo, esta vez hacia el movi-

miento campesino de Chiapas. Por primera vez en más de 40 años desde que inició el conflicto agrario, polí-tico y ambiental de la selva oriental de Chiapas, las autoridades agrarias de la Comunidad Lacandona estre-chan alianzas con comunidades que militan en la Asociación Rural de In-terés Colectivo-Independiente y De-mocrática (ARIC-ID) asentados en la cuenca del Río Negro desde antes de que se publicara el decreto de re-serva de la biosfera Montes Azules.

En asambleas celebradas el 23 de abril de 2014, los representantes de Comunidad Lacandona, Fron-tera Corozal y Nueva Palestina reconocieron a las comunidades Salvador Allende, Ranchería Co-rozal y San Gregorio.

Este acuerdo es legítimo con base en la fracción VI del artículo 2 de la Constitución federal, en el que se re-conoce la autonomía de los pueblos indígenas para el uso y disfrute “pre-ferente” de los recursos naturales. En teoría, a partir de los acuerdos agrarios entre pueblos, ejidos y co-

munidades, hay una vía para la re-solución y manejo de los conflictos territoriales en la Selva Lacandona.

Sin embargo, las políticas ambien-tales parecen ir en otro sentido. La declaratoria de Área Natural Prote-gida Montes Azules no está permi-tiendo la resolución de los conflictos agrarios; por el contrario, supedita la acción agraria a los criterios de con-servación ambiental y, en la prácti-ca, no hay avance en materia agra-ria, ni ambiental, ni social.

En 1971 se decretó la resolución presidencial por la cual se recono-cen derechos agrarios a favor de 66 familias lacandonas en una superfi-cie de 614 mil 321 hectáreas. En la práctica este gran territorio, conoci-do como Comunidad Lacandona, se sobrepone con al menos cuatro tipos de poblados: hay 22 acciones agrarias anteriores a la Comuni-dad, 47 acciones agrarias posterio-res, 71 pequeños propietarios y 43 grupos de población irregular.

El proceso de regularización agra-ria de estos poblados debería ser resultado de un proceso de diálogo directo entre campesinos, avalado por las autoridades agrarias, lo que incluso facilitaría la ejecución de políticas ambientales y sociales. Le-jos de este escenario ideal, las polí-ticas conservacionistas obstruyen la acción de otras políticas, como la de regularización agraria. El 12 de ene-ro de 1978 se publicó en el Diario Oficial el decreto por el cual se crea la reserva de la biosfera Montes Azu-les, aunque este decreto tenía poca efectividad por vacíos en el marco jurídico institucional hasta 1988, cuando se publicó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protec-ción al Ambiente (LGEEPA).

Esta ley no debería ser retroactiva y no tendría por qué afectar a los gru-pos de población asentados antes de su publicación, incluso, en su artícu-lo 47 la LGEEPA establece la obli-gación de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) de incluir a los pueblos indígenas y sus organizacio-nes en la protección y preservación de los ecosistemas y su biodiversidad.

Tal parece que la realidad es al revés: la política pública en la Sel-va Lacandona está supeditada a un ordenamiento de quinto orden, si consideramos que la jerarquía jurídica ubica los programas de conservación ambiental en quinto lugar. Siguiendo resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el orden en que debe-ría aplicarse la ley es el siguiente: Constitución federal, tratados in-ternacionales, leyes secundarias, normas o reglamentos y, en quin-to lugar, programas de políticas públicas. En la Lacandona las autoridades agrarias no aceptan la legalidad de los acuerdos entre comunidades, y las autoridades ambientales pretenden imponer sistemas de manejo y ordenamien-to territorial como medidas prefe-rentes a las que definen ejidos y

comunidades, pese a que la Cons-titución reconoce a los pueblos in-dígenas como sujetos agrarios y en los tratados internacionales se les reconoce como sujetos de derecho.

El pasado 30 de mayo los repre-sentantes de gobierno federal y estatal se comprometieron a evitar el uso de la fuerza y reconocer a la organización de derechos hu-manos Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) como una instancia capaz de establecer un mecanis-mo de diálogo, comunicación y seguimiento que facilite la cons-trucción de acuerdos para resol-ver la problemática regional. Una oportunidad para la paz, siempre y cuando se respete a las autoridades agrarias como sujetos de derecho.

Para la Comunidad Lacandona, según lo exigieron sus autoridades agrarias ante las organizaciones campesinas reunidas el pasado 21 de junio en un foro realizado en San Cristóbal de Las Casas, la prioridad es iniciar la brecha que delimita su territorio. Sin seguri-dad jurídica en la tenencia de la tierra, las políticas ambientales no tienen futuro, pues la Selva La-candona tiene dueño.

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Para mi abuelo José Torres, ferrocarrile-ro, que como buen mexicano atendió el

llamado de Lázaro Cárdenas y llevó a la Alameda Central de la Ciudad de México

su aportación para consumar la Expro-piación Petrolera. Pocos años después

murió de tifo.

El Istmo mexicano es un territorio ubicado en el sureste de México, el cual ha sido habitado

desde tiempos inmemoriales por diferentes pueblos indígenas. En diversas épocas esta estratégica y rica región ha sido escenario de disputas y graves conflictos entre los pueblos originarios y grupos de poder que han buscado apoderar-se de sus tierras y de sus recursos naturales.

Durante el porfiriato se impuso un megaproyecto de infraestruc-tura y se despojó de cientos de miles de hectáreas a los pueblos de la región, mismas que fueron cedidas a empresas estadouniden-ses e inglesas. Pocos años después estas tierras fueron recuperadas al calor de la Revolución. A partir de los años 60’s del siglo pasado se instrumentó un nuevo megapro-yecto, y en el Istmo y su entorno se crearon dos refinerías, y se cons-truyeron grandes represas, lo que trajo como consecuencia funesta que miles de indígenas fueran lan-zados de sus tierras, relocalizados usando la jerga tecnócrata de los empleados del Banco Mundial.

Bajo el gobierno salinista, hacia 1994 arranca una nueva oleada invasora en el Istmo mexicano. El cambio climático y sus perturbado-res efectos potencian la búsqueda de generación de fuentes alternas de energía. Grandes empresas trasnacionales ven en ello un gran

negocio e impulsan megaproyectos “amigables con el medio ambiente”. Nace así el megaproyecto eólico del Istmo y en sus tierras se entroniza el llamado “capitalismo verde”.

La nueva invasión. En apenas nueve años el paisaje istmeño se modificó profundamente. Miles de hectáreas de los antiguos bie-nes comunales del pueblo binnizá de Juchitán y de algunos ejidos de la región como La Venta, La Ventosa, la Mata e Ingenio Santo Domingo han sido ocupadas por más de mil 300 aerogeneradores construidos principalmente por empresas europeas como Vestas, Iberdrola y Acciona para proveer de energía barata a corporacio-nes como Femsa, Cemex, Bimbo, Wall Mart entre otras.

Se estima que hasta ahora unas 14 mil hectáreas de tierras indígenas han sido despojadas a sus dueños mediante aviesos contratos de arrendamiento, contratos ilegales que no soportarían el más mínimo escrutinio de la ley. Instrumentos que les brindan a las empresas trasnacionales el usufructo por 30 años y todo tipo de facilidades a costa de los más elementales dere-chos de los dueños de la tierra.

La violación de la ley ha sido la constante en este proceso. Cuan-do por disposición constitucional era potestad de la Nación el ge-nerar electricidad, las empresas eólicas extranjeras pudieron ge-nerar electricidad bajo el pretexto del autoabasto, fundadas en una ley secundaria a todas luces an-ticonstitucional. Con excepción de dos, en los parques del Istmo de Tehuantepec los permisos que extendió la Comisión Reguladora

de Energía tienen como fin el au-toabasto, aunque los excedentes, que no son pocos, los venden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), misma que los adquiere a precios elevados. Este negocio redondo de funcionarios y em-presarios nos ayudaría a entender en parte una de las causas del quebranto que sufre esta empresa gubernamental.

Cuando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) obliga al Estado mexicano a consultar a las comu-nidades indígenas sobre proyectos que les impacten, en el Istmo de Tehuantepec se han construido hasta ahora 15 parques eólicos sin el más mínimo ejercicio de con-sulta. El Banco Mundial dice ha-ber enviado a un consultor cuando se construía el Parque La Venta II, hecho que nadie recuerda, pero lo que sí recuerdan los ejidatarios es que el comisariado que se oponía a ceder las tierras fue encarcelado, acusado falsamente de dos homici-dios. En estos momentos, como lo ha venido denunciando la Asam-blea Popular del Pueblo Juchiteco, la Secretaría de Energía instru-menta una simulación de consulta con el fin más de guardar las for-mas que de acatar una disposición legal y respetar un derecho de los pueblos originarios.

En el caso de las tierras comunales de Juchitán los notarios, magistra-dos y funcionarios han hecho todo tipo de maniobras para legalizar el despojo y para ello han forma-lizado y validado contratos de arrendamiento donde han hecho pasar tierras comunales como si fueran propiedad privada. Ante la inexistencia de órganos de repre-

sentación y de la Asamblea, miles de hectáreas comunales han sido privatizadas de manera ilegal.

El gigantesco programa de gene-ración de energía eléctrica que se ha venido imponiendo en el Istmo mexicano por medio del aprove-chamiento de sus fuertes vientos, ha tenido dos coartadas, una: las tierras de la región son improduc-tivas y la otra que “era necesario producir electricidad sin conta-minar”. Ambas justificaciones son falsas.

Ya en su momento denunciamos que la construcción del Parque Eurus en el ejido La Venta había destruido un campo de riego que

producía al año más de diez mil toneladas de alimentos. Por su parte, los vecinos de La Ventosa y La Venta han denunciado la gran mortandad de aves y el molesto zumbido que provoca el constante movimiento de las aspas; mien-tras tanto, algunos pescadores de Unión Hidalgo han reportado manchones de aceite en aguas de las lagunas huaves.

Las resistencias comunitarias. Algunas organizaciones y pueblos de la región, entre ellos la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) venían alertando desde 1997 sobre el riesgo de una nueva invasión; en 2001, en un encuentro ocurrido en La Ventosa, Oaxaca, con la Co-mandancia del EZLN, se vislum-bró que la imposición del llamado Plan Puebla-Panamá representaba una grave amenaza para los terri-torios y los derechos indígenas de los pueblos de Mesoamérica.

A partir de 2003 decenas de opera-dores de bienes raíces al servicio de las grandes empresas recorren día y noche las diferentes comunidades tratando de “apartar y contratar” tierras. La falta de información facilitó entre otras razones que decenas de campesinos indígenas suscribieran contratos leoninos, donde se les ocultaba información y se les hacían diversas promesas.

El Grupo Solidario La Venta fue la primera organización que levantó la voz en contra del des-pojo y encabezó la defensa de las tierras del ejido frente al proyecto La Venta II, que es impulsado por la CFE y la trasnacional española Iberdrola. Esta resistencia no logró frenar la construcción del mencio-nado parque, pero, a pesar de la persecución y criminalización que sufrieron, los opositores lograron que más de 500 hectáreas ejidales no fueran contratadas.

EL DESPOJO DEL ISTMO MEXICANOCarlos Beas Torres

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DISPUTA O REGULACIÓNAldo González Rojas

Los territorios indíge-nas de México son nuevamente invadidos por capitales extran-

jeros que vienen a “invertir” en ellos para generar “progreso”. Los pueblos indígenas, despoja-dos en la Colonia de sus terri-torios originales y desplazados hacia la periferia, conservan muchas “riquezas” que no pue-den aprovechar, por lo que los inversionistas están dispuestos a darles una ayudadita.

La reforma al artículo 27 rea-lizada en 1992 sentó las bases del despojo. El mecanismo que se diseñó para ejecutarlo fue el Programa de Certificación de Derechos Agrarios y Solares Ur-banos (Procede), hoy Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR). Otor-gar seguridad jurídica a los cam-pesinos fue el primer paso para empujarlos a vender la tierra; luego se establecieron políticas públicas para lograr su empobre-cimiento, a fin de que dejaran de ser campesinos y se convirtieran en migrantes; una vez despobla-do el territorio sería más fácil ocuparlo.

En los años recientes en Oaxaca se estableció un proyecto minero en San José del Progreso, después de haber comprado tierra a ejida-tarios, corrompido a sus autorida-des locales y derramado sangre de quienes se siguen resistiendo; en contrapartida, en las comuni-dades zapotecas de Capulalpan de Méndez y Magdalena Teiti-pac se han rechazado dos minas. Sin embargo decenas de conce-siones mineras han sido entrega-das principalmente a empresas canadienses sin el conocimiento de las comunidades propietarias. La situación no es halagüeña para las comunidades, pero tam-poco para las empresas.

El establecimiento de empresas eoloeléctricas principalmente de capital español es otro ejemplo de

cómo se pretende despojar a co-munidades indígenas de las tierras donde soplan los aires más veloces del planeta. Mientras se pregona que producirán energía limpia que combate el cambio climático (por lo que las empresas reciben subsidios de la Unión Europea), a los campesinos se les ofrecie-ron insignificantes precios por el alquiler de sus tierras, al mismo tiempo que se les impide el uso agrícola o ganadero. Los campe-sinos denuncian que la tecnología que se usa es obsoleta, pues los ae-rogeneradores avientan aceite a su alrededor, además de que preten-den instalarlos en lugares sagrados o que producen el mantenimiento de las comunidades, como donde se pesca camarón. Mientras en algunos lugares ya se convenció a algunos ejidatarios de las bonda-des del proyecto, las comunidades ikoots (huaves) y zapotecas pega-das al mar siguen en resistencia.

La oposición al establecimien-to de presas para generación de energía que no se distribuiría localmente, el acceso campesino al agua de los mantos freáticos de sus tierras, la defensa de la biodiversidad frente a la preten-sión de establecer áreas naturales protegidas que limitarían a las comunidades acceder a sus tie-rras, la negación rotunda a la en-trada de semillas transgénicas y paquetes tecnológicos asociados, la oposición a la construcción de carreteras que no pretenden comunicar comunidades sino fa-cilitar el tránsito de mercancías y la resistencia al establecimiento de gasoductos en la región más estrecha del país, son otras lu-chas que se libran en territorio oaxaqueño entre comunidades indígenas que prefieren conser-var sus propias formas de vida y organización, frente a disposicio-nes e intereses del gobierno fede-ral e inversionistas extranjeros.

Los pueblos indígenas de Mé-xico tienen derecho a la libre determinación expresada como

autonomía para decidir sus for-mas internas de convivencia y organización social, económi-ca, política y cultural, así como conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos estable-cidos en nuestra Constitución; sin embargo, hasta ahora no hay mecanismos que permi-tan la implementación de es-tos derechos. La exigencia de que antes de que se establezca algún proyecto en sus tierras éstos sean consultados para lo-grar un acuerdo o alcanzar su consentimiento libre, previo e informado (LPI), como lo prevé el Convenio 169 de la Organiza-ción Internacional del Trabajo, se ha convertido en un reclamo generalizado.

En Oaxaca el gobierno del es-tado ha presentado al Congreso local una iniciativa para que se realice la consulta y el consen-timiento LPI, cuando se trate de proyectos o programas de desarrollo relacionados con las tierras y territorios de los pueblos indígenas que afecten su modo de vida, y sobre todo cuando impliquen reasentamientos o traslados poblacionales, el alma-cenamiento o desecho de mate-riales peligrosos y la utilización o explotación de recursos minera-les, hídricos, eólicos y genéticos, entre otros, así como cuando los municipios pretendan autorizar cambios de uso de suelo.

En el ámbito federal, la Comi-sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cuenta con un protocolo para la implementación de consultas a pueblos y comunidades indíge-nas, asimismo la Comisión para el Diálogo con los Pueblos In-dígenas de México está coadyu-vando en la implementación de consultas e impulsando la elabo-ración de una Ley General de Consulta a los Pueblos Indígenas.

La moneda está en el aire.

Tiempo después el Centro de Derechos Humanos Tepeyac y algunos maestros juchitecos que integran el Colectivo 14 de Junio acompañaron acciones legales que buscaban anular contratos leoninos que habían suscrito con engaños campesinos de Juchitán y Unión Hidalgo; con esta intervención lograron la nulidad de numerosos contratos y con ello rescatar tierras que ya habían sido arrendadas.

La construcción del parque eólico en la Barra de Santa Teresa puso en peligro la fuente de sustento de unas cinco mil familias de pes-cadores y así provocó una intensa movilización de los pueblos ribe-reños, los cuales, acompañados de diferentes organizaciones y colec-tivos nacionales e internacionales y desplegando una estrategia múl-tiple, logró después de un largo año de lucha la cancelación del megaproyecto que impulsaba el holding Mareña Renovable. Este ha sido sin lugar a dudas el triunfo más importante que ha tenido la resistencia istmeña que enfrenta este gigantesco megaproyecto.

Los campesinos y pescadores ju-chitecos que han enfrentado al parque Bii Hioxo no han corrido con la misma suerte; perseguidos y constantemente agredidos, los miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco no contaron con el apoyo unificado de los de-más pueblos y organizaciones, y este parque se encuentra ahora en un avanzado estado de conclusión.

El desarrollo del megaproyecto eólico del Istmo nos muestra que a pesar de las luchas y diferentes acciones, el movimiento social que defiende las tierras y los de-rechos indígenas ha fracasado en buena medida, y a ello han con-tribuido varios factores, entre los que se encuentran: el sectarismo de algunos colectivos; la traición

de los partidos de izquierda; la po-breza de los campesinos y su falta de información y organización, y por supuesto la campaña constan-te de hostigamiento, denostación y criminalización en contra de cam-pesinos, pescadores y activistas por parte de los gobiernos municipa-les, estatal y federal.

Hacer legal el despojo. La con-trarreforma energética tiene como objetivo central abrir el sector de energía a la inversión privada, y con ello sólo se formaliza el despo-jo que en el Istmo se ha enseñorea-do en los años recientes. Las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica que ya se cocinan y que seguramente se concretarán los próximos días para permitir a las empresas trasnacionales el generar energía eléctrica y realizar trabajos de explotación petrolera auguran una nueva etapa de invasiones, despojos y de violencia para los pueblos originarios de México.

Con tal de privatizar los recursos comunes, seguramente la mayoría legislativa al servicio de las trasna-cionales votará por considerar la ac-tividad de estas empresas como de interés social y orden público, y con ello facilitará el saqueo de los pue-blos originarios y la completa desna-cionalización del sector energético.

El presente para nuestros pueblos es harto difícil y el futuro se presen-ta aciago. A lo largo y ancho del país nuestras comunidades enfrentan los proyectos de muerte que impul-san poderosas empresas mineras, eléctricas, de la construcción y otras, incluida Pemex. Ante la tenaz resistencia, la defensa de los territo-rios comunitarios es abiertamente reprimida. Defensores de las co-munidades como Mariano Abarca de Chiapas o Bernardo Vázquez de Oaxaca han sido brutalmente ase-sinados; muchos más como Marco Antonio Suastégui del estado de Guerrero y los poblanos Juan Car-los Flores o Enedina Rosas Vélez se encuentran encarcelados, acusados de delitos que no cometieron.

El grupo gobernante prepara un gran atraco a la Nación, las mal llamadas reformas que impulsa son una abierta regresión, signifi-can despojo, pérdida de derechos y de soberanía nacional. Como banda del crimen organizado des-de la oscuridad han decidido que México es su plaza, su gran nego-cio, y con tal de hacer realidad sus delirios de riqueza y poder, son capaces de hacer cualquier cosa. Salinas de Gortari, Beltrones y Gamboa Patrón son los capos de este grupo delictivo que en venta de garaje buscan vender al mejor postor el patrimonio nacional y amenazan la existencia misma de nuestros pueblos; ante ello sólo nos resta seguir luchando, cons-truir resistencias más colectivas e invocar la protección, el apoyo y el consuelo de la Virgen de Guadalu-pe. Qué más nos queda… FO

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Michoacán

CHERÁN: EL NARCO Y EL BOSQUE

En abril de 2011, los comuneros purépechas de Cherán, Michoacán, emprendieron la defensa de sus bosques y de sus vidas contra organi-zaciones criminales que combinan el negocio del narcotráfico con el de la extracción de la madera.

“Eran entre 150 y 200 camionetas -cuenta Jesús Silva Tomás, del Consejo de Bienes Comunales-. Alcanzaban a sacar dos viajes dia-rios, pues está relativamente cerca la carretera, como dos mil árboles verdes cada día. Y pues veíamos cómo se devastaba nuestro monte, sobre todo el que llamamos ‘El San Miguel’. Me tocó ver que esos, los talamontes, pasaban por el centro del pueblo aun cuando la calle era de sentido contrario. Pasaban y nadie decía nada. Al contrario, creo que hasta nos agachábamos para no tener problemas. Hasta que la gente se fue hartando. Y más cuando empezaron a derribar cerca del ojón de agua que nosotros conocemos como La Cofradía. Eso fue lo que hizo que nos levantáramos”.

Y “nadie decía nada” porque los rapamontes eran parte de “los malos”, “los armados”, “los mañosos”, grupos criminales fuerte-mente pertrechados que además del tráfico de drogas se apropian de recursos mineros y forestales sobornando y aterrorizando a la población. A la postre, los de Cherán no se dejaron. Hartos de esperar que la intervención de la fuerza pública resolviera y les devolviera la seguridad, pusieron retenes armados a las puertas del

pueblo y en las noches encendían fogatas donde los vigilantes vela-ban. Hoy Cherán es Municipio Autónomo y referente de todos los que resisten desde los territorios y, en mayo de 2014, se anotó un tanto de gran importancia para todas las comunidades indígenas que exigen que se haga valer su derecho a la consulta, cuando la Suprema Corte decidió que la reforma constitucional aprobada por el Congreso de Michoacán en marzo de 2012, debía ser anu-lada pues no se había recabado el punto de vista de Cherán (AB).

Veracruz

EL CARNAVAL DE LA VIDA, EL AGUA Y LA ALEGRÍA

Otros pueblos que habitan, trabajan y tienen a sus muertos en lugares ame-nazados por presas, son los que afec-tarían los 112 proyectos que la Comi-sión Federal de Electricidad (CFE) ha diseñado para Veracruz, entre ellos Zongolica, sobre el Río Apatlahuaya; Jalcomulco, sobre el Río Pescados-La Antigua, y Tlapacoyan y Atzalan, sobre el Río Bobos-Nautla. En el mismo esta-do, la hidroeléctrica El Naranjal, sobre los ríos Blanco y Metlac, requeriría un canal de 22 kilómetros a cielo abierto y afectaría a pobladores de cinco mu-nicipios, que para impedirlo formaron el colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre, que desde 2011 tiene fre-nada la obra.

De entre estas amenazas destaca la defensa de sus aguas que están ha-ciendo los pueblos ribereños del Río La Antigua, que se verían afectados por una represa que planea el go-bierno del estado en asociación con la trasnacional brasileña Odebrecht Participacoes e Investimentos, y que almacenaría 135 millones de litros destinados a la ciudad de Xalapa a la que llegarían por bombeo. El proyec-to fue aprobado por el Congreso del estado en 2013, pero se oponen a él el Comité de Pueblos Unidos Contra las Presas, el Movimiento en Defensa contra la Presa de Jalcomulco, la Co-lectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pescados, así como el mo-vimiento Pueblos Unidos en Defensa de La Antigua.

El 14 de marzo de 2014, unos ocho mil habitantes de siete municipios veracru-zanos marcharon a la capital, Xalapa, al ritmo de tambores y trompetas, dis-frazados como botargas y portando globos verdes y azules en una acción airada pero festiva a la que llamaron Carnaval Vida, Agua y Alegría. En una de las mantas del campamento que instalaron en la congregación de Tuza-mapan se lee: “Disculpen las molestias, estamos salvando la vida”. Dice uno de los activistas:

“Aquí nadie se ha rajado. Nos estamos jugando nuestro patri-monio, la vivienda, el trabajo por el cultivo de limones en las áreas verdes cercanas al río y la pesca, así como la seguridad en tiempos de lluvias.”

El 13 de marzo la Colectividad de la Cuenca Hidrológica del Río Los Pes-cados sentó un precedente jurídico al presentar en el juzgado una demanda de acción colectiva por “acción de obra peligrosa”, en la que se exige suspender el ingreso de maquinaria y parar los trabajos de construcción de la presa Jalcomulco.

En 2014 se creó en el mismo estado la convergencia llamada La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) que, entre otras afectaciones se opone a las grandes hi-droeléctricas (AB).

MOVILIZACIÓN PARA DEFENDER LA TIERRA, EL AGUA, LA BIODIVERSIDAD Y LOS SUEÑOS

“Por la tierra, por el agua y por la vida”, un conjunto de organizaciones, asociaciones, redes y ciudadanos en lo particular se mo-vilizarán a partir de agosto, primero en un gran encuentro, el día 16 en San Salvador Atenco, y luego en jornadas nacionales de resistencia que se desarrollarán durante tres meses, para culminar con una acción con-junta y pública el 6 de diciembre, el aniver-sario cien de la entrada a la Ciudad de Méxi-co de los ejércitos campesinos de Emiliano Zapata y Francisco Villa con la consigna “Tierra y libertad”, bandera ésta que –dice Milton Gabriel Hernández García, uno de los organizadores- “nos sigue unificando”.

Toda esta movilización, señala Hernández García, quien es investigador del Centro de

Investigación y Capacitación Rural, AC (Ce-dicar), “surge porque el despojo del agua, del aire, de la biodiversidad, del patrimonio familiar y comunitario, de los bienes comu-nes, de los derechos individuales y colecti-vos, de la salud, de la cultura alimentaria, e incluso de nuestros sueños y esperanzas, se ha vuelto una realidad cotidiana”, intensifi-cada por el neoliberalismo y apuntalada con modificaciones a la Constitución y sus leyes, modificaciones que iniciaron en 1992 en el 27 constitucional y la Ley Agraria para pri-vatizar el ejido y la comunidad; que siguie-ron con la Ley minera, para darle prioridad a la extracción de minerales sobre cualquier otra actividad, y que hoy se observan con la reforma energética y con la amenaza de la reforma del campo, esta última encaminada

a facilitar el paso al dominio pleno de las tie-rras de propiedad social.

En este marco, dice el entrevistado, “las ex-propiaciones se han vuelto canallas, pero afor-tunadamente crecen también las resistencias”.

El documento preparatorio de la movili-zación precisa: “Nos despojan la minería a cielo abierto, las grandes presas, las carrete-ras y ductos, la urbanización desordenada, los grandes desarrollos turísticos, los priva-tizadores del agua, los que se adueñan de la biodiversidad y le ponen precio, los que comercializan y empobrecen nuestra rique-za cultural, los agro negocios, la publicidad y omnipresencia de la comida chatarra, los talamontes, los empresarios turísticos que se adueñan del paisaje, los cárteles del nar-co… Pero también nos despojan quienes monopolizan el espectro electromagnético y quienes mediante los transgénicos coloni-zan nuestro genoma. Nos despojan un sin-número de corporaciones trasnacionales y mexicanas, y nos despojan los gobiernos que son sus personeros y cómplices, que además criminalizan a quienes defienden la vida y se oponen a la muerte que significa el avance de la barbarie”.

Entre los organizadores –quienes prevén delinear mecanismos de defensa y esbozar proyectos de futuro- están la Campaña Na-cional Sin Maíz no hay País, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vito-ria, la AC Agua para Tod@s, la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), el Comité de Derechos Humanos de las Huas-tecas y la Sierra Oriental (CODHHSO), El Poder del Consumidor, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de Atenco, El Barzón, Semillas de Vida y la Red Mexi-cana de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC).

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ESTRATEGIAS Y RESPUESTAS JURÍDICAS EXITOSAS, A FAVOR DE LOS PUEBLOS: LÓPEZ BÁRCENASLourdes Rudiño

Si bien es cierto que hay una tendencia global brutal a mercar con los recursos naturales, como

el agua y el aire, así como con la tierra, despojando a los pueblos, y que la reforma energética apun-ta a situaciones tan graves como “ocupaciones temporales”, esto es una especie de arrendamientos forzosos, también es cierto que hay una corriente igualmente global de derechos humanos que ha permeado en la población y en las organizaciones sociales de México, y ante las andanadas de despojo a las comunidades rurales hay respuestas jurídicas novedosas que en muchos casos se concretan exitosamente.

Así lo considera Francisco López Bárcenas, prominente abogado en derecho indígena comprome-tido con causas sociales y asesor agrario. Afirma: “En términos ju-rídicos, la globalización tiene una doble cara”: abre las posibilidades para el despojo y la contaminación de los recursos, “pero también hay una tendencia de derechos huma-nos que hay que saber usar y que se puede usar a favor de los pueblos”.

Comenta que él ha hecho un se-guimiento durante diez años a las demandas, y sobre todo al tipo de demandas, que emprenden los pueblos para defenderse, y observa que hay planteamientos y estrate-gias novedosos e inteligentes, en buena parte basados en instru-mentos internacionales, como es el caso de la invocación del derecho a la consulta, en deman-das que piden al presidente de la República que no abuse en su de-recho a otorgar concesiones y que consulte a los pueblos.

“Por ejemplo, en Chihuahua hay casos donde los pueblos están de-mandando territorios, no tierras. En ese estado hay varias senten-cias importantes, una de ellas un amparo ganado contra el proyec-to turístico Barrancas del Cobre, que invadía y destruía territorios indígenas; la sentencia ordena la modificación del proyecto. Asi-mismo, en Creel se frenó un aero-puerto porque lo construyeron sin consultar a la gente y destruyó sus accesos y el lugar donde tomaban agua. Los cucapás en Baja Califor-nia están demandando que se mo-difique el Área Natural Protegida porque no dejan pescar; en Cam-peche dos comunidades deman-daron a Monsanto porque la miel que ellos producen se contamina con la soya transgénica de esa em-presa, y acaban de ganar un ampa-ro que obliga a frenar la siembra de esa soya. En San Miguel Pro-greso, Guerrero, los me´phaa (tla-panecos) dijeron: ‘vamos contra la Ley minera y contra las concesio-nes mineras’, y les dieron el ampa-ro contra las concesiones mineras, no contra la ley, eso lo están ape-lando, pero tuvieron un éxito”.

Un caso emblemático es el de Wirikuta, con el pueblo wixarika (huicholes) como protagonista. Ellos desarrollaron una estrategia con muchos elementos, “y me lla-mó mucho la atención por lo bien que lo hicieron. Presentaron su demanda contra la minera cana-diense First Magestic Silver Corp, pero armaron toda una estrategia de difusión, una red de apoyos, de cabildeo en los tribunales y en el Poder Legislativo, así como en el ámbito internacional, en la bolsa de valores de Canadá, y lograron lo que querían: sacar a la minera. Si el

capital combina todo eso, aparte de que tiene de su parte al gobierno, tiene sus cabilderos, sus operado-res, su estrategia, nosotros tenemos también que hacer algo así.

“Aunque se piense que el derecho no tiene la función que nos han dicho, de proteger a la sociedad, aunque se sepa que hay corrup-ción, que hay muchos tribunales que de estos temas conocen poco, la gente está haciendo demandas y obtiene éxito”.

Pero, aclara el entrevistado, “¿dón-de hemos visto que se traban las cosas? En la ejecución de las sen-tencias. Los tribunales no ejecu-tan las resoluciones, las reenvían al Ejecutivo y el asunto se vuelve a enredar en los intereses políticos, te ponen trabas y tienes que recu-rrir nuevamente al tribunal para decir ‘oye, no estás ejecutando bien’. Entonces hay pueblos que dicen: ‘ganamos un amparo pero en realidad perdimos’.

“Eso nos decían en San Francis-co Cherán, Michoacán. El pue-blo ganó una sentencia para que lo reconocieran como municipio indígena, y que el Legislativo del estado hiciera una consulta antes de legislar. Pero el Legislativo dijo: ‘bueno, pues allí cuando yo legis-le los consulto, por lo pronto voy a hacer la ley’, y los deja fuera. Es un cinismo terrible desde la clase política; el Legislativo debió decir ‘voy a parar la ley porque me está pidiendo la Corte que los consul-te’. Hay una sentencia favorable a los yaquis que suma dos años sin poderse ejecutar, y otra a favor de la comunidad de Huetosachi, de la sierra Tarahumara, que deman-da el reconocimiento de su terri-

torio, y lleva como tres años sin poder ejecutarse. Ese es realmente el problema que tenemos”.

Otro caso, el de la Presa Zapo-tillo en Jalisco, “es terrible para la justicia mexicana porque suma como diez amparos ganados, todos dando la razón al pueblo, y además los ganaderos de Los Altos ganaron un amparo contra el acueducto (no la presa). Y ¿qué dice la Comisión Nacional del Agua? –porque es el gobierno el que se ha visto renuen-te a cumplir con esta sentencia-. Dice que eso implica mucho di-nero perdido… La discusión no es el dinero sino la pervivencia de un pueblo y el cumplimiento de la ley. ¿Por qué el gobierno invirtió dinero sin antes asegurarse de la legalidad del proyecto? Alguien, algún funcionario, se excedió en sus funciones, y en todo caso ha-bría que fincarle responsabilidad a ese funcionario, y no decir ‘no voy a cumplir la sentencia porque in-vertí mucho dinero’”.

López Bárcenas comenta que esta no es una situación privativa de México; “ocurre en todo el mundo, porque el derecho también se glo-balizó. Muchas de nuestras leyes no se hacen en el Congreso, se discu-ten en las grandes empresas, las di-señan los bufetes de las trasnaciona-les.. Antes uno presentaba un juicio y si tenía razón, lo ganaba, no había tanto interés acumulado en la jus-ticia, ahora eso es imposible. ¿Qué tenemos que hacer?, debemos darle otro sentido al uso del derecho.

“A nivel de Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay mu-chísima jurisprudencia bastante progresista. Por ejemplo, en Méxi-co cualquier tipo de propiedad se demuestra con documentos -una sentencia o una escritura o una resolución presidencial-. Bueno, pues resulta que la Corte Intera-mericana ha dicho que los pueblos no tienen por qué presentar un do-cumento para demostrar que son propietarios, porque fundamental-mente su derecho viene de antes de que se formara el Estado. Lo que necesitan los pueblos es de-mostrar que tienen posesión. Esto es algo muy importante para los indígenas, y es parte del derecho mexicano. Si llega una empresa y pide papeles a los pobladores de un territorio, ellos deben respon-der que no necesitan papeles. O, según ha dicho la misma Corte, cuando ya sacaron a los pueblos, ellos tienen derecho a regresar aunque no tengan papeles. Esto es algo que los abogados deben ir conociendo como parte del ar-senal jurídico con el que pueden defenderse.

“Lo principal, lo central, es crear conciencia en los pueblos y que los pueblos se organicen. Hay pro-cesos importantes, muchos que no vemos, por ejemplo los nuevos movimientos indígenas. Están en un proceso de fortalecimiento in-terno. Están recuperando parte de sus creencias, cultura, prácticas cotidianas, les están devolviendo el poder a sus líderes de ellos, no a los que se comunican con los agentes externos, sino a sus autoridades, a sus rezanderos. Eso está pasando y es importante porque fortalece el sentido de pertenencia. Lo veo en muchas partes. Eso implica que en algún momento vamos a ver un movimiento nacional grande; por el momento su lógica es esa y van a resistir cosas”.

Evento: Foro Día Mundial en Contra de la Minería a Cielo Abierto.

Fecha y lugar: 22 de julio de 2014. A partir de las 9:30 ho-ras. En el lobby del Instituto de Diseño e Innovación Tec-nológica Carlos Escandón Domínguez SJ. Universidad Iberoamericana-Campus Puebla.

Información: [email protected]

Evento: Exposición, trueque y venta de semillas.

Organiza: Foro Tianguis Al-ternativo Ecológico #CDMX.

Fecha y lugar: 29 de julio de 2014, en Av. Álvaro Obregón 185, Col. Roma.

Información: https://www.fa-cebook.com/TianguisForoAlternativo?sk=info

Evento: Encuentro en defen-sa de la tierra, el agua y la vida.

Organiza: Varias organiza-ciones.

Fecha y lugar: 16 de agosto de 2014, en San Salvador Atenco.

Información: www.sinmaiz-nohaypais.org

Publicación: Estudio “La agricultura familiar en Amé-rica Latina. Un nuevo análi-sis comparativo” (Descargar PDF de la síntesis) - http://www.ifad.org/pub/lac/FF_lac_s.pdf

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EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A TIERRA Y TERRITORIOJaime Martínez Veloz Titular de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México

Rodolfo Stavenhaguen, ex Relator Especial para los Derechos Hu-manos de los Pueblos

Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), define en un concepto lo que representa el derecho de los pueblos indígenas a la tierra y al territorio: un derecho huma-no; no sólo por lo que implica para la subsistencia, conserva-ción y sustento de los pueblos originarios, sino por la relación especial que tienen con la tierra desde tiempos remotos que la ocupan, poseen, aprovechan, y que los define en gran medida como pueblos indígenas, por-que tienen la propiedad social y ancestral sobre ésta.

Esa relación y unidad indiso-luble entre comunidad, tierra y naturaleza representa la cos-mogonía de los indígenas; el territorio es parte de su cultura y de su concepción del mundo, y es el lugar donde la estructura social de su pueblo se consolida y fortalece. Para los pueblos in-dígenas, el territorio va más allá del simple concepto de espacio, es un todo que históricamente les corresponde. El derecho sobre el territorio está vinculado con el derecho a los recursos naturales, a su uso y disfrute, que son esen-ciales para su desarrollo econó-mico y social.

Es por ello que a la par de la evo-lución a nivel internacional de los derechos humanos, sus doc-trinas, prácticas y aplicación, de la misma manera lo han hecho los derechos colectivos de los pueblos indígenas; muestra de ello son el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo del año 1989; la Decla-ración de Naciones Unidas sobre

los Derechos de los Pueblos In-dígenas del 2007; y las Normas y Jurisprudencias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y Recursos Naturales, aunadas a la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado mexicano ha sido de los princi-pales impulsores de estos ins-trumentos a favor de los pueblos indígenas ante los organismos in-ternacionales y con otros países.

En México también existen nuevos instrumentos que ga-rantizan los derechos humanos: la reforma del 2011 al artículo Primero sobre la materia, que les otorga rango constitucional a los Tratados y Convenios Inter-nacionales, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hace de observan-cia obligatoria la jurisprudencia emitida por la Corte Interameri-cana de Derechos Humanos.

A pesar de este paulatino avance en el reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en nuestro país his-tóricamente se han presentado sistemáticas violaciones a estos derechos, en todos los aspectos: salud, educación, vivienda, ac-ceso a la justicia, discrimina-ción, etcétera. Las violaciones de mayor gravedad son a los de-rechos a la propiedad y al terri-torio; para muestra, en los pasa-dos cuatro sexenios, desde 1994 a 2012, se entregaron 43 mil 675 concesiones mineras a em-presas nacionales y extranjeras. Muchas de éstas se encuentran sobre territorio ancestral, sin el consentimiento de los pueblos. Aunque en la actualidad otros datos oficiales nos informan

que sólo existen 26 mil 823 con-cesiones mineras vigentes que abarcan una superficie de más de 31 millones de hectáreas, lo cierto es que una gran parte del territorio nacional ha sido utili-zada por multinacionales para extraer enormes cantidades de recursos naturales.

En el periodo 2000-2012, la industria minera produjo casi 420 toneladas de oro, más del doble de las que se produjeron durante más de tres siglos de la Colonia. Del 2007 al 2012 gene-ró una ganancia de 693 mil 66 millones 900 mil pesos, de los cuales 15 mil 231 millones 435 mil 200 ingresaron a las arcas nacionales por el concepto de pago de derechos sobre mine-ría. Es decir, sólo 2.2 por ciento del valor total de la producción, según cifras de la Auditoría Su-perior de la Federación (ASF). Ganancia de la cual los pueblos y comunidades indígenas no re-cibieron nada o casi nada.

Gran parte de la actividad mi-nera, como la de explotación de recursos naturales, la construc-ción de megaproyectos ajenos a los intereses de los pueblos indígenas, ha incrementado la tensión social entre las comuni-dades, empresas y gobierno de distintos órdenes.

El aprovechamiento y la afec-tación del territorio indígena por parte de empresas y go-biernos sin el consentimiento de los pueblos es la génesis de múltiples conflictos sociales, que, en algunos casos, derivan en enfrentamientos sociales, desplazamientos forzados de comunidades, aumento de la violencia, deterioro medioam-biental, y pueden llegar a cau-

sar la extinción de los pueblos originarios.

Lo anterior además de ser una grave amenaza a la integridad cultural y territorial de los pue-blos indígenas, es una violación a sus derechos sobre sus tierras an-cestrales, a sus derechos huma-nos y un peligro para su super-vivencia, por ser el territorio el elemento sagrado que articula la vida social, económica, política y cultural de los pueblos indígenas.

El despojo territorial profun-diza la pobreza; la realidad de los pueblos es que la población indígena en México es la que concentra el mayor índice de po-breza por sector, con el 72.3 por ciento, comparado con la media nacional (45.5 por ciento), la ru-ral (61.6 por ciento) y la urbana (40.6 por ciento). Los indígenas son los pobres entre los pobres.

Ante la realidad histórica que enfrentan los pueblos indígenas, de marginación, despojo y empo-brecimiento, el Estado mexicano tiene el reto y el compromiso de trazar una ruta para: saldar la deuda histórica con estos pue-blos, el reconocimiento de sus de-rechos y garantizar el ejercicio de éstos. Por ello en el Plan Nacio-nal de Desarrollo 2013-2018 una de las estrategias es impulsar un Acuerdo Nacional para el Bien-estar, el Respeto y el Progreso de los Pueblo Indígenas de México, cuyos instrumentos deben ser el diálogo, y el reconocimiento a la libre determinación como dere-cho fundamental y a la Consulta Previa, Libre e Informada.

El Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación establece en su línea 1.5.3 el compromiso de “impulsar la ar-monización del marco legal na-cional con los Tratados interna-cionales en materia indígena”; esto, mediante la participación indígena en procesos de cons-trucción de acuerdos y elabo-ración de iniciativas de ley, que permitan la armonización legal.

Tenemos claro lo complejo que significa este proceso, sin em-bargo estamos empeñados en llevar a cabo de la mano de los pueblos indígenas esta armoni-zación que permita a los pueblos indígenas, tener un marco nor-mativo, que les brinde certeza jurídica y posibilidades de desa-rrollo. Sólo así se podrá termi-nar con la situación de pobreza, marginación y exclusión en la que viven los indígenas. Sólo así podremos construir un país de-mocrático, justo e incluyente.

América La na

EL SAQUEO ES GLOBAL Y TAMBIÉN LAS RESISTENCIAS

El saqueo de tierras patrimonios es enorme pero del mismo tamaño que el despojo es la oposición que despierta. La resistencia a la expoliación territorial capitalista es hoy un fenómeno global, transclasista y multiétnico aunque se intensifica entre los pobres de la perife-ria y en particular entre las poblaciones originarias con quienes los saqueadores se ensañan. Según el Atlas de justicia ambiental, que para fines de 2014 había capturado información sobre cerca de dos mil conflictos territoriales en todo el mundo, alrededor de 40 por ciento de éstos involucran poblaciones indígenas y entre 15 y 20 por ciento han tenido éxito en interrumpir los proyectos agre-sivos, lo que es un porcentaje alenta-dor. Sin embargo, el costo ha sido alto: un informe de la organización Global Witness, que se ocupa únicamente de acciones en defensa de la naturaleza, obtuvo datos verificables sobre cerca de un millar de ambientalistas muertos por causa de su lucha de mediados de 2013 a mediados de 2014.

En el continente americano las incon-formidades se han multiplicado en los tres lustros recientes, haciendo de la de-fensa territorializada de bienes comunes: naturales, socioeconómicos y culturales una de las vertientes más concurridas del conflicto social del siglo XXI. En Chile la etnia mapuche mantiene su ancestral lucha por el territorio ahora mordido también por grandes empresas mineras; en Argentina los pobladores de Neuquén se oponen a la técnica del fracking que emplea ahí la Chevron; en Tolima, Co-lombia, se batalla contra la Anglo Gould Ashanti; fracasado el proyecto de que se compensara a Ecuador por no extraer petróleo en el bloque ITT del Parque Nacional Yasuní, el gobierno ha decidi-do autorizar su explotación, medida a la que se oponen organizaciones indígenas y ambientalistas; en el Territorio Indí-gena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), en la amazonia boliviana, comunidades y ecologistas rechazan la carretera Villa Turani-San Ignacio de Moxos; en Cajamarca, Perú, se com-bate contra la empresa Yanacocha; en Nicaragua, se resiste al proyecto de un nuevo canal transístmico; en el estado brasileño de Pará los ecologistas y defen-sores de derechos humanos se oponen a la construcción de la presa Belo Monte sobre el río Xingú, que sería la tercera más grande del mundo y pondría en riesgo la existencia de pueblos indígenas de la zona como los kayapó, arara, jurtu-na, araweté, xikrin, ariní y parakañá; en Brasil, Argentina y otros países del cono sur, hay un movimiento contra el pro-yecto de interconexión del Amazonas, el Orinoco, La Plata y otra docena de ríos, y así. Atendiendo a una sola amenaza, la que representa la minería, a fines de 2013 la Comisión Económica para Amé-rica Latina y el Caribe (Cepal) hizo un recuento de los conflictos que genera, según el cual los países con mayor inci-dencia son Perú y Chile, cada uno con 33 confrontaciones de la población con las empresas del ramo, y Argentina y Mé-xico, con 26 casos cada uno (AB).

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no. 82 geofagia despojo y resistencia en los territorios

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