no. 02 la soberania alimentaria ¿con qué se come?

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13 de noviembre de 2007 • Número 2

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

13 de noviembre de 20072

Te invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

Suplemento informativo de La Jornada 13 de noviembre de 2007 • Número 2

Hincados ante el dios de la econo-metría más chata, los tecnócra-tas poquitean al campo porque

dicen que es sólo un sector más de la producción y el valor de sus cosechas ha venido disminuyendo. Pero despreciar al agro porque únicamente aporta 3.40 pesos de cada cien que se producen en el país es como ningunear nuestra literatura porque la industria mexicana del libro es modes-ta, o como despreciar nuestro componen-te autóctono porque sólo uno de cada 10 mexicanos se reconoce indígena. La real importancia económica de lo rural no se mide en porcentajes, además de que nos llegan del campo otros dones, tanto socia-les como culturales y ambientales.

En lo económico, el agro es funda-mental por los insumos que proporciona a diversos sectores de la producción, pero sobre todo porque de ahí viene la comida, de modo que su aportación es decisiva en la disponibilidad, composición y el costo de la canasta básica. Esto significa que de la agricultura dependen nuestra sobe-ranía y seguridad alimentarias, y cuando la comida es utilizada por las grandes potencias agroexportadoras para avasa-llar políticamente a los dependientes, la autosuficiencia en básicos es cuestión de seguridad nacional.

Importante por la cantidad, pero sobre todo por la naturaleza y calidad de su contribución económica, el sector agro-pecuario es aún más relevante por su gra-vitación en el ingreso y en la generación de empleos, que es cinco veces mayor que su monto relativo en el PIB, pues aportando poco más del tres por ciento del valor de la producción, la agricultura emplea a 16 de cada cien de los econó-micamente activos: alrededor de 6 millo-

nes de trabajadores rurales, entre ellos la mayoría de los mexicanos pobres y muy pobres. Esto significa que de la agricultu-ra depende parte importante de nuestra soberanía y seguridad laborales, y cuando la migración económica es criminalizada por Estados Unidos, la capacidad de crear y preservar empleos dignos es asunto de seguridad nacional.

Pero si el sector agropecuario genera menos de cuatro de cada cien pesos de valor agregado y menos de dos de cada 10 empleos, casi cuatro de cada 10 mexi-canos viven en poblaciones de menos de 10 mil habitantes. Así, el campo sigue siendo socialmente relevante, pues más de una tercera parte de nuestra demogra-fía es población rural. Desbaratar nues-tra agricultura, y en particular nuestra agricultura campesina, es dar al traste con la aún extensa convivencia rústica, y de paso desfondar la vida citadina, pues gran parte de la población expulsada por el naufragio campirano se refugia en las ciudades trocando el subempleo rural en subempleo urbano.

El campo es un sector económico que produce cosechas y genera empleo, sin los cuales no hay seguridad alimentaria ni laboral. Es también ámbito de la socie-dad mexicana de cuya viabilidad depen-de la salud del resto del tejido social, pues la pudrición rústica cría pudrición citadi-na. Pero el campo no es sólo economía y socialidad, también ocupa la mayor parte del territorio nacional y atesora nuestros más valiosos recursos naturales: físicos y bióticos. Así, además de alimentos, ma-terias primas, empleos, ingresos y socia-lidad, el campo aporta aire puro, agua limpia, tierra fértil, diversidad biológica, clima amable y bellos paisajes. Del campo

depende nuestra sostenibilidad socioeco-nómica pero también nuestra soberanía y seguridad ambientales, y cuando el agua dulce, las “bellezas naturales” cotizables y la biodiversidad son ambicionados por las grandes corporaciones globales, la capacidad de defender nuestros recursos naturales por conducto de comunidades campesinas que los aprovechen y preser-ven es tema de seguridad nacional.

El campo es economía, es sociedad y es ecología, pero es también cultura. Del campo viene no el arte elitista, ni tampoco el esparcimiento industrial de los medios de masas, pero sí la cultura popular, tanto la rural como la urbana. Porque nuestra riquísima diversidad lingüística, nues-tra enorme variedad culinaria y etílica, nuestro inagotable repertorio artesanal, musical, dancístico, arquitectónico e in-dumentario, nuestra pluralidad de usos y costumbres son de origen rural, y es en el campo donde se producen y reproducen. El campo es piedra angular de nuestra poliédrica efigie, y cuando la globaliza-ción salvaje busca hacer de todos los pue-blos rebaños de consumidores uncidos al American way of life, preservar las raíces y desarrollar creativamente la identidad es cuestión de seguridad nacional.

El agro es economía, es socialidad, es ecología y es cultura pero, además, del campo depende en gran medida nuestra estabilidad política y nuestra gobernabi-lidad. Un campo que pierde rentabilidad económica, viabilidad social y sosteni-bilidad ambiental se torna ámbito de delincuencia −simple y organizada− y es-cenario de conflictos políticos: unos pací-ficos, otros violentos y otros más armados. Cuando las guerrillas libertarias se siguen moviendo como peces en el agua y el poder económico y político de la delin-cuencia organizada le disputa el territorio al Estado, promover un desarrollo rural económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente sano es la forma más barata y legítima de contrarrestar el desgobierno y es asunto de seguridad nacional.

Resumiendo: salvar al campo es salvar a México, porque la soberanía alimentaria, la soberanía laboral, el bienestar social, la sostenibilidad ambiental, el desarrollo del patrimonio cultural, la preservación de la identidad y el restablecimiento de la paz son cuestiones de seguridad nacional. No por una, sino por muchas razones, recupe-rar al agro es asunto de vida o muerte.

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COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Luciano Concheiro Subcoordinador

Enrique Pérez S.Lourdes E. RudiñoHernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavalotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuéllar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño

BUZÓN DEL CAMPO

LO QUE EL CAMPO NOS DA

13 de noviembre de 2007 33

Gisela Espinosa Damián

Porque es una conquista social, pero también por la pobre-za del campesinado, el derecho a la salud rural es respon-sabilidad del Estado. Sin embargo éste no lo asume: los

programas y presupuestos públicos para salud rural son con mu-cho inferiores a los destinados a derechohabientes y citadinos.

El precario ingreso familiar campesino y la marginalidad de la salud rural en el gasto público significan una reducción de los fondos familiares y fiscales destinados a ese fin hasta un nivel que pone en riesgo el bienestar y la propia vida. Las estrategias para recuperar la salud exigen gastos catastróficos y si no se realizan el riesgo es la muerte: cada año, 3 millones de no derechohabientes pierden 30 por ciento de su ingreso

anual en urgencias médicas; 35 por ciento posterga su aten-ción por carencia de recursos y 55 mil personas mueren por este motivo. Drama que se agudiza en el campo.

Como el bolsillo no aguan-ta y el Estado se escabulle, se amplían e intensifican las tareas femeninas, tanto en la casa como en la comunidad. Así, la elasticidad del trabajo reproductivo de las mujeres compensa la caída del gasto público y la irresponsabilidad del Estado.

En el hogar, las mujeres han sido siempre las garantes de la salud. El noventa y siete

por ciento de ellas ocupa 66 horas semanales en trabajo do-méstico y empalma, hasta donde puede, casi 20 horas destina-das al cuidado de la familia (INEGI, 2007).

Fuera de casa, programas que se apoyan en la participa-ción comunitaria feminizan aún más la atención a la salud: en 2006, el IMSS-Oportunidades tenía 17 mil 204 comités rurales de salud, 13 mil 971 asistentes de salud, 156 mil 622 promotoras voluntarias y 5 mil 240 parteras (www.imss.gob.mx). Gracias a este ejército de mujeres, la salud rural no cae más bajo, y el IMSS-Oportunidades logra dar atención, bási-camente preventiva, a 10.6 millones de habitantes. Con toda razón afirma que “el elemento humano es el activo más va-lioso del sistema”.

Sin embargo, la “participación comunitaria” en los programas de salud destinados al campo es más una estrategia de ahorro que una propuesta democratizadora, de diálogo intercultural o de reconocimiento a las mujeres. Tan sólo los 447 mil partos atendidos anualmente por parteras o enfermeras (INEGI, 2007) representan un ahorro de 200 millones de pesos (a tarifa baja de la Secretaría de Salud), mismos que pagan las familias rurales o que subsidian las parteras con su propio trabajo.

Para hacer realidad el derecho a la salud en el campo mexi-cano no sólo basta prevenir; también es necesaria una política de servicios y atención médica, que valore y remunere los sa-beres y la función social de las mujeres, en lugar de enmas-carar la irresponsabilidad del Estado y el trabajo impagado, en el culto a la abnegación femenina y en el discurso de la participación comunitaria.UAM-Xochimilco. [email protected],

feminización de las responsabilidades

SER MUJER EN EL CAMPO“A b n e g a c i ó n ” : p a l a n c a i n v i s i b l e d e l o s p r o g r a m a s s o c i a l e s

Martha A. Castañeda

Despojada de sus bienes y productos, a la gente del campo también se le está arrebatando su salud.El estado de salud de la población refleja la des-

igualdad en la distribución de los recursos del país: es en la población rural donde se concentran las más altas tasas de mortalidad y de morbilidad por causas fácilmente preveni-bles y curables, pues existen los conocimientos así como los recursos técnicos y económicos para abatirlas.

Desde finales del siglo pasado la salud de los pobres co-menzó a verse como mercancía: el Programa de Ampliación de Cobertura (PAC) y el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa) cambiaban servicios básicos de sa-lud por el tiempo y trabajo de las mujeres; el Progresa les daba además un poco de dinero para comer a cambio de invadir la intimidad de su casa y su cuerpo. El Oportuni-dades carga a las mujeres la responsabilidad de mantener saludable a la familia y educar a los jóvenes... hasta que éstos agarren su mochila y se vayan a buscar trabajo en otro lado.

Se trata de mantener un mínimo de salud rural mien-tras se vacía el agro. Pero, devastado y todo, el campo sigue poblado y los servicios de salud con los que cuenta son un desastre: los centros de salud familiares carecen de medi-camentos; los hospitales comunitarios no tienen capacidad resolutiva; para recibir atención oportuna a una urgencia, ésta debe ocurrir en horarios hábiles, y aun así es difícil con-seguir transporte de emergencia.

Con el arribo de gobiernos panistas, la salud comenzó a ver-se como un nicho de mercado, como una fórmula para mejo-rar los indicadores socioeconómicos, como el producto de un proceso hospitalario, como el problema de una parte de la po-blación que se podría atender si se aprobara la reforma fiscal y si el secretario de Salud consigue ayuda de la iniciativa privada.

También ha habido intentos bieninten-cionados. El Seguro Popular, por ejemplo, se planteó como una política para garantizar que todas las personas, sin importar su capa-cidad de pago, tengan acceso a una amplia gama de servicios médicos, desde los más elementales hasta tratamientos y cirugías sofisticadas. Con ello se espera que la salud rural se acerque a las medias nacionales.

Sin embargo, esto no ha sucedido. En 2004, por ejemplo, 32 por ciento de las mujeres que en Oaxaca murieron por ma-ternidad, tuvieron que viajar entre dos y 10 horas para ser atendidas de una hemorragia o de convulsiones por presión arterial alta, y después de un vía crucis por clínicas y hospitales, finalmente llegaron a morir a un hospital en la capital del estado. Otro dato estremecedor: 38 por ciento de las oaxaqueñas que murieron por un parto complicado en 2005 no intentaron llegar a un hospital y fallecieron en su casa.

El Seguro Popular opera con una red de servicios deterio-rada, insuficiente y con graves problemas de interconexión. No todas las unidades médicas pueden brindar los servicios que prometen, y éstos no se dan por conducto de IMSS-Oportunidades, programa con cobertura significativa en el medio rural.

Así las cosas, se cae en un círculo vicioso: el Seguro Po-pular destina recursos financieros para que las familias cam-pesinas e indígenas reciban servicios que no tiene capacidad de brindar. Las familias ingresan a la estadística de un servi-cio que en realidad no reciben. Y uno se pregunta: ¿adónde van finalmente los recursos erogados?

Un punto de ruptura de este círculo vicioso está en las

decisiones sobre el monto y destino de los recursos.

El actual secretario de Salud ha declara-do que el presupuesto del Seguro Popular es insuficiente para cons-truir la infraestructura que requiere el país. Sin embargo, con una inversión millonaria, se ha puesto en marcha el Plan Maestro de In-fraestructura Física en Salud, proyecto que no tiene como prioridad atender el rezago rural y se orienta más bien a la construcción de hos-pitales de alta especiali-dad para poder recibir

(con el pago correspondiente) a pacientes de hospitales pri-vados, aunque también a los que refieran las instituciones públicas de salud y el mismo Seguro Popular.

Quizá atender a los hombres y mujeres del campo no sea rentable. Pero la salud no es una mercancía, es un bien individual y social, un derecho tan básico como la alimen-tación, y el gobierno es el responsable de garantizarlo a toda la población y debe destinar presupuesto suficiente para atender los problemas de salud de la población rural e indígena.

Y es que con el rezago que acarrean y los pocos recursos que el Seguro Popular les destina, el único servicio que mu-chos reciben es la recomendación de que hagan ejercicio y coman bien. No se vayan a enfermar...Integrante de la Red de Promotoras y Asesoras [email protected]

EL DESPOJO DE LA SALUD

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Lourdes Edith Rudiño

Incongruente e ineficiente son la palabras que mejor adje-tivan al gasto público rural. Entre 2001 y 2007 el llamado Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Ru-

ral Sustentable (PEC) creció en 48 por ciento real, al pasar de 123 mil 900 millones de pesos a 183 mil millones, con pesos de 2008 sin embargo, el desempeño del agro en lo productivo, en la satisfacción alimentaria para la población y en la balanza comercial deja mucho qué desear.

“Entre 2000 y 2006 la tasa de crecimiento agrícola en Méxi-co registró el lugar 17 entre 20 países latinoamericanos. Creció en ese periodo sólo un poco más que Haití, que de hecho se mantuvo estancado, y que Cuba y Colombia, éste último con los problemas en campo que todos sabemos”, comenta Luis Gómez Oliver, consultor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

No hay más que mirar la estadística oficial. Neciamente con-trarias al secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas −quien está montado en una estrategia publicitaria que a diario difun-de “un campo ganador” y que prepara promocionales musica-les con “triunfadores” como Joan Sebastian y Lorena Ochoa−, las cifras del gobierno muestran un agro inmovilizado.

Estancamiento productivo. Los 10 cultivos básicos (granos y oleaginosas) han rondado la cifra de 30 millones de toneladas anuales desde los años 80, ¡hace casi tres décadas! Y los rendi-miento por hectárea de estos cultivos se estancaron; pasaron de

2.66 a 2.8 toneladas por hectárea entre 1995 y 2005.El especialista de la FAO remarca su planteamiento: “hay

preocupaciones válidas, justificadas, respecto de las formas de asignación y ejecución del gasto público rural en México. La situación es muy desfavorable y necesita ser modificada”. México, subraya Gómez Oliver, es el tercer importador mun-dial de cereales, el cuarto en oleaginosas, el tercero en fibras, el quinto en carnes y el número uno en importaciones de leche. “La verdad es que la relación de productividad de la agricul-tura con el nivel de desarrollo relativo del país es la peor en el contexto de América Latina”.

La participación del gasto público rural dentro del gasto to-tal en México, de 10.3 por ciento en 2007, es de las más altas en el subcontinente, sólo por debajo de los países centroameri-canos, cuyas agriculturas pesan mucho en sus economías. Y el gasto rural en México respecto del PIB (51 por ciento del PIB agropecuario, forestal y pesquero, y 16.9 del PIB nacional) es el mayor en esta comparación, salvo Uruguay, que tiene una red de protección social muy fuerte para su población, incluida la rural, que es muy pequeña, dice Gómez Oliver.

Programas desconectados de la realidad. En octubre, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Dipu-tados presentó la investigación Metaevaluación de programas de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) dirigidos a productos agrícolas básicos, coordinada por Germán Vargas, investigador de la UAM Iztapalapa.

Allí, en congruencia con los resultados del libro, Miguel Ángel Phinder, funcionario de la Auditoría Superior de la Fe-deración (ASF) y responsable de la evaluación del desempeño de la Sagarpa, puso el dedo en la llaga.

“El proceso de planeación de los programas rurales es de-ficiente; (éstos) no cuentan con un diagnóstico de la proble-

mática por atender, por lo que su focalización suele no ser la adecuada, y su operación está determinada por la demanda del subsidio, lo cual implica dispersión de los recursos y un menor impacto de los programas”, dijo.

Además, los programas dirigidos al medio rural no estable-cen metas de mediano plazo, y en su diseño no se contempla cómo se superará la necesidad de los subsidios a pesar de que éstos son temporales.

Para Roberto Michel Padilla, titular de la Unidad de Eva-luación y Control de la Cámara de Diputados, igual que en educación básica, se observa que en el medio rural el gasto público es sumamente ineficiente, “y creo que son varios los factores que influyen: dispendio y corrupción en algunos casos, prácticas irregulares, políticas ineficientes, improvisadas y des-coordinadas, etcétera”.

Todo sigue igual. El problema es que hay inercias, inelasti-cidades en el aparato público para cambiar el estado de cosas, y peor aún, hay un marco legal que coloca en manos del Eje-cutivo la responsabilidad de la evaluación interna y externa de los programas y al Poder Legislativo lo sitúa como simple espectador. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria otorga a la Secretaría de Hacienda la atribución de las evaluaciones y al Congreso de la Unión le brinda la oportu-nidad de opinar sobre éstas, pero nada más.

Entonces, aunque hay señales, resultados de las evaluacio-nes de la cuenta pública (hechas por la ASF) y percepciones de que el presupuesto rural debe transformarse radicalmente, no pasa nada.

Este año, como siempre, con plazos limitados para la dis-cusión en el Congreso del Presupuesto de Egresos de la Fe-deración (PEF), los cabildeos sobre el PEC han estado a la orden del día. Gobernadores, organizaciones de campesinos, la representación empresarial de la agroindustria, la asociación de secretarios de Desarrollo Agropecuario, en fin, todos han desfilado presentando sus propuestas.

En su mayoría éstas son por más y más recursos.Esto, al tiempo que el Ejecutivo presentó una propuesta del

PEC que redujo sustancialmente, de 136 a 61, el número de programas que ejercen, entre otros, las secretarías de Agricul-tura, Reforma Agraria, Economía, Salud, Educación, Medio Ambiente, del Trabajo y las instituciones financieras del me-dio rural.

Esa reducción, que convirtió en “componentes” programas que antes existían, incluidos los de apoyo al maíz, frijol, caña de azúcar y leche, ha generado inquietudes en el sentido de que el Ejecutivo busca mayor discrecionalidad en la aplica-ción de los recursos.

Pero varias agrupaciones, las que en 2002 crearon el movi-miento El Campo no Aguanta Más, están llamando la aten-ción en el sentido de que los recursos del PEC, en particular los de orientación productiva y de capitalización, se concen-tran en productores capitalizados y en el norte de la Repúbli-ca, y entonces obtener más presupuestos significa ampliar las desigualdades e injusticias en el medio rural.

Por ello, un planteamiento que hacen es modificar la estruc-tura institucional del Ejecutivo. Buscaron en la coyuntura de discusión del PEF 2008 inducir a la creación de la “secretaría de reforma agraria y desarrollo rural”, la cual tendría su en-foque en todos aquellos productores de pequeña y mediana escala que no son objeto de atención de parte del Ejecutivo hoy día, en particular de la Secretaría de Agricultura.

Crece el gasto

con resultados

decepcionantesMéxico, prominente

importador de alimentos; la producción interna, estancada

Inercias limitan modificar la orientación del gasto; el dispendio, a la orden del día

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¿ADÓNDE VAEL PRESUPUESTO RURAL?


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FUENTE: CEDRSSA. *Los datos fueron defl actados con el INPC y luego actualizados con el defl actor implícito del PIB.


La posibilidad de contener los previsibles efectos negativos de la apertura total del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN) en maíz y frijol se diluyó como agua en las manos del Poder Legislativo.

En la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación 2008, el grupo parlamentario del PRD presentó en la Cámara de Diputados una propuesta de artículo tercero transitorio, con el mandato de crear un mecanismo de adminis-tración de importaciones y exportaciones de maíz blanco y frijol a partir de enero de 2008, para impedir riesgos de desabasto y sobreofer-ta especulativa y vaivenes manipulados en los precios al agricultor de estos dos granos priori-tarios en la producción y dieta mexicanas.

Ésta es una historia de traición. El 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, la priísta Confederación Nacional Campesina (CNC) realizó un gran mitin en la Cámara baja, y ante unos 4 mil campesinos, su pre-sidente Cruz López; el coordinador de la bancada del PRI, Emilio Gamboa Patrón, y el presidente de la Comisión de Agricultura, Héctor Padilla, se comprometieron a generar mecanismos de protección a ambos granos.

Eso fue lo que dijeron. En los hechos, el 18 y el 23 de octubre los diputados priístas vota-ron en bloque, como aplanadora, junto con el PAN, en contra de incluir ese artículo terce-ro. Y en el Senado se mantuvo la tónica.

Así, el Congreso dijo “no” a ese mecanis-mo de administración, mismo que, además, no era nada nuevo, pues una de las negocia-ciones críticas del Acuerdo Nacional para el Campo, de abril de 2003, derivó en su artículo 50, que establece que el Ejecutivo realizaría consultas con los gobiernos de Es-tados Unidos y Canadá, para revisar las con-diciones de apertura del TLCAN en maíz blanco y frijol, y debía “(...) convenir con las contrapartes el sustituirlo por un meca-nismo permanente de administración de las importaciones o cualquier otro equivalente que resguarde los legítimos intereses de los productores nacionales y la soberanía y segu-ridad alimentarias”.

El Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc), la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) y ANPAP-El Barzón cabildearon con legisladores en favor del mencionado artículo transitorio, el cual además es absolutamente legal, pues –si bien contradice al TLCAN–, la Constitución, que es ley suprema, dota al Congreso de la Unión de facultades para or-denar los esquemas arancelarios del comercio exterior, y sólo permite que esto se delegue al Ejecutivo en ocasiones extraordinarias, y así lo valida una tesis elaborada por el abogado, ex-perto de la UNAM, Ruperto Patiño.

Corporativismo PRIAN. “El comporta-miento hoy de los diputados cenecistas y del conjunto del PRI nos hace ver que estos actores se guían por intereses mezquinos, por componendas e intercambios corruptos –llamados “negociaciones”−, donde los bene-ficios son para grupos de poder, vía cuotas de programas y subsidios públicos y mecanismos clientelares y corporativistas donde conviven PRI y PAN”, señalaron en un comunicado las agrupaciones campesinas.

“Constatamos que (...) son aliados de la línea neoliberal de Felipe Calderón y de los monopolios que dominan el comercio y la in-dustrialización alimentaria (Cargill, Maseca, Monsanto), mismos que manipulan, espe-culan y se enriquecen a costa de la pobreza campesina y del encarecimiento al consu-midor en la alimentación de los mexicanos, como lo demostró la experiencia de 2006 y 2007 en maíz y tortilla”, agregaron.

La incongruencia entre el dicho y los hechos de la CNC está a la vista. Estaba en trámite

aún la Ley de Ingresos 2008, cuando Cruz Ló-pez advirtió que México enfrentará en breve una sobreoferta temporal de más de 2 millones de toneladas de maíz, lo cual propiciará que el grano se eche a perder y se afecten sus precios.

En donde la CNC sí mantiene una cons-tante es en su demanda de más y más presu-puestos. Con argumentos tales como que el gobierno federal no cumplió con la renegocia-ción del TLCAN en maíz y frijol, no ha cesa-do de buscar que el presupuesto rural 2008 se incremente sobre la propuesta del Ejecutivo.

Pareciera −comenta Víctor Suárez, de la Conoc− que a PRI y CNC no les convienen soluciones de fondo para el campo. El costo político lo sigue pagando el gobierno del PAN, y por otro lado, en la medida que se empobre-ce más y más el medio rural, a su población se le capitaliza políticamente en línea con las intenciones de restauración del poder totalita-rio priísta. En el medio está el uso clientelar y corporativo de los recursos que la CNC obtie-ne de sus “negociaciones” (LER).

TRAICIÓN DE PRIÍSTAS Y CENECISTAS A CAMPESINOS

Rechazan en el Congreso mecanismo de protección de maíz blanco y frijol

Arribismo en presupuestos y cuotas de poder, motores de la CNC

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Prácticamente todo el espectro de orga-nizaciones campesinas nacionales −con excepción de la Confederación Nacio-

nal Campesina y las nacidas y alimentadas desde el PAN– decidieron unirse para exigir un cambio radical en el presupuesto rural, y pedir a los grupos parlamentarios de oposición que se comporten como eso, como oposición, “y no como comparsa de las políticas anticam-pesinas, entreguistas y hambreadoras”.

El énfasis de estas agrupaciones –las mis-mas que en 2002 conformaron El Campo no Aguanta Más– no es por más recursos públi-cos, sino que al Presupuesto Especial Con-currente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) 2008 se le impongan candados y vigi-lancia desde el Congreso de la Unión, para que al menos 70 por ciento de sus montos, propuestos en 211 mil millones de pesos, se canalice a localidades y regiones rurales de alta y muy alta marginación; al desarrollo pro-ductivo de agricultores de pequeña y mediana escalas, y a actividades estratégicas que asegu-ren la soberanía alimentaria y erradiquen la desnutrición, anemia y obesidad en el país.

Otra vez unidos. El Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (Conoc), el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp), la Coordinadora Plan de Ayala (CNPA), La Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (AN-PAP-El Barzón), la Unión Nacional de Orga-

nizaciones Regionales Campesinas Autóno-mas (Unorca) y el Frente Nacional Lechero (FNL), signaron el planteamiento. Desde 2004 no habían hecho bloque juntos.

“¿Para qué mayor presupuesto a la admi-nistración federal si cada año se incrementa el PEC y al mismo tiempo existe más pobre-za rural; se incrementan las asimetrías entre norte y centro-sur-sureste y entre los diversos tipos de productores y pobladores rurales; au-menta el déficit comercial agroalimentario y la emigración rural; se encarecen los alimen-tos; aumenta la desnutrición y la obesidad, y se destruyen y mal manejan los recursos na-turales vinculados al territorio rural?

“¿Para qué mayores recursos públicos a una Secretaría de Agricultura (Sagarpa) que los canaliza en más de 70 por ciento a los agricultores ricos, a los agroempresarios, a las localidades, municipios y estados más desa-rrollados, a sus compadres y correligionarios? ¿Para qué más recursos fiscales que alimen-tan una burocracia ignorante, inepta, indo-lente, desvinculada de los grandes problemas del campo y subordinada a las corporaciones agroalimentarias globales y a las élites y caci-ques rurales”, se preguntan las agrupaciones.

Llaman a los diputados de oposición a que aprovechen “la valiosa oportunidad” de modifi-car propuesta del Ejecutivo para el PEC 2008.

Este presupuesto, dicen, debe ser instru-mento de una nueva política hacia el campo, con metas estratégicas precisas, y con una orientación verificable y con rendición de cuentas hacia la revalorización de la agricul-tura campesina y la soberanía alimentaria; el cambio de la agricultura convencional hacia la agricultura sustentable; la disminución de la pobreza mediante de una estrategia pro-ductiva, principalmente, y luego vía progra-mas compensatorios; la preservación y gene-ración de empleo rural, con énfasis en el no agropecuario, y el ordenamiento de los mer-cados agropecuarios, forestales y pesqueros, por medio de la administración campesina de la oferta, entre otros.

Piden a los diputados que impongan obli-gatoriedad a las dependencias involucradas en el PEC (la Sagarpa como la principal) a ejercer en su totalidad los presupuestos por ramo, programa y subprograma tal y como se apruebe por el Congreso, sin recortes ni rea-signaciones, y que establezcan con claridad las sanciones a imponerse a secretarios, subse-cretarios y otros funcionarios que incumplan.

Las agrupaciones consideran que dentro del PEC los diputados deben incorporar un meca-nismo de administración del comercio exterior de maíz blanco y frijol, para evitar los daños previstos por la liberalización total del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a partir de enero de 2008 (LER).

REORIENTAR LAS ASIGNACIONES FISCALES, DEMANDAN ORGANIZACIONES

¿Renace El Campo no Aguanta Más?Exigen apoyos productivos para pobres

¿Para qué más dinero a burocracias ineptas, coludidas con trasnacionales?

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Héctor Robles

Con excepción de tres –Procampo, Oportunidades y Fomento Productivo Café−, los programas y recursos públicos dirigidos al medio rural presentan problemas

de insuficiencia, dispersión y falta de equidad, además de que brindan pocas posibilidades para que los productores pobres

cuenten con financiamiento y apoyos a capitalización, produc-tividad y competitividad.

Un análisis basado en fuentes oficiales y hecho sobre una muestra de 30 programas del Presupuesto Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC), que en 2007 contó con casi 177 mil millones de pesos, concluye así, y también evidencia que altos porcentajes del PEC en manos de las secretarías de Agri-cultura, Reforma Agraria y Economía, y de las instituciones de

financiamiento rural, se destinan a municipios de baja y muy baja marginalidad o a municipios donde la población urbana es mayor que la rural, lo cual contesta con un “no” a la pregunta de si los recursos llegan a quienes más los necesitan.

Muchos de los programas no llegan a los sectores más nece-sitados, especialmente los que tienen que ver con actividades productivas.

El estudio, Impacto de las políticas públicas en el desarrollo rural (disponible en la página web www.cedrssa.gob.mx), fue realizado por la Dirección de Estudios sobre Soberanía Alimen-taria y Nueva Ruralidad del Centro de Estudios para el Desarro-llo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados.

Ínfima incidencia en los pobres. El documento muestra que la cobertura de los programas rurales es claramente insuficiente respecto de la población objetivo. Por ejemplo, en 2006 la Fi-nanciera Rural otorgó créditos sólo a 1.3 por ciento de sujetos con potencial productivo, el PROGAN apoyó a 12.3 por ciento de las Unidades de Producción (UP) bovinas en condiciones de pastoreo; Desarrollo Rural, a 24.4 por ciento de las UP con actividad agropecuaria, y Apoyos al Ingreso Objetivo, a 6.1 por ciento de los productores medios o comerciales.

La situación se agudiza en los programas dirigidos a población específica (pescadores, indígenas, jornaleros) debido a que sus presupuestos son muy bajos. Por ejemplo, los Fondos Regiona-les Indígenas atienden sólo uno por ciento de la Población Eco-nómicamente Activa de los municipios indígenas; los programas de pesca, a 13.4 por ciento de los productores; el Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad, a 1.8 por ciento de los productores organizados, y el Programa de Jornaleros Agrícolas atiende sólo a 14.4 por ciento de este sector.

Asimismo, el Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales atiende apenas a 18.5 por ciento de las propietarias de tierra incluidas las privadas, y el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), 2.8 por ciento de las ejidatarias y comuneras.

La falta de equidad del PEC es visible en el presupuesto de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa). En 13 programas analiza-dos de esta dependencia (sin considerar Procampo) se observó que 63.5 por ciento de los beneficiarios viven en municipios de alta y muy alta marginación, y recibieron sólo 40.8 por ciento del presupuesto en 2006. En contraste, 19.6 por ciento de los be-neficiarios viven en municipios de baja y muy baja marginalidad y captaron 25.6 por ciento del presupuesto.

Asimismo, en programas de perfil productivo de la Sagarpa, Competitividad, Inversión y Capitalización y Sistemas Produc-to, poco más de 70 por ciento de los recursos llega preferente-mente a municipios de baja y muy baja marginalidad.

Y en esos programas, junto con Energía Eléctrica, Investiga-ción y Transferencia Tecnológica, de la propia Sagarpa, la ma-yor parte de los recursos se va a municipios donde la población urbana es mayor a la rural y hay menos UP agropecuarias.

En el rubro de financiamiento, tanto lo otorgado por la Fi-nanciera Rural como lo que reporta el Fideicomisos Ins-

EL PRESUPUESTO;INJUSTO, DISPERSO E INEFICIENTE

Escasos recursos productivos a los agricultores pobresA indígenas, mujeres y jornaleros, montos mínimosNecesario, focalizar el PEC

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Gisela Espinosa Damián y Lucía Pérez Fragoso

Varios programas dirigidos a mujeres rurales dicen tener “perspectiva de género”, sin embargo, no siempre ex-

plican cuáles son las desigualdades de género que pretenden erradicar, y el concepto puede significar distintas cosas y hasta contradecir la noción más simple: la búsqueda de equidad entre varones y mujeres. Además, hay progra-mas para mujeres que no tienen soporte finan-ciero, y sin dinero suficiente todo es retórica.

En el medio rural el programa Oportuni-dades destaca por su cobertura: opera en to-das las entidades; por la cantidad de familias beneficiadas: 6 millones en 2007; por la mag-nitud de sus recursos: 36 mil 16 millones de pesos (más del doble que lo destinado a Pro-

campo, 16 mil 678 millones), y por el hecho de que las titulares del programa son mujeres madres, aunque ellas no sean las beneficia-rias finales.

Oportunidades se dirige a familias en po-breza, pero su aporte es mínimo en compa-ración con lo que requiere una población rural devastada por la política económica. Dice el programa que una de sus priorida-des es fortalecer la posición de las mujeres en la familia y en la comunidad, pero esta feminización del combate a la pobreza sólo consiste en que ellas reciban los incentivos destinados a que sus hijos se eduquen (becas, ligeramente superiores para las niñas a partir de la secundaria), para la salud (un paquete básico de servicios que casi se reduce a me-didas preventivas) y para la nutrición (apoyo alimentario familiar).

A cambio de recursos indispensables para la subsistencia, que de ningún modo erradican la pobreza (4 mil pesos mensuales máximo por familia), las titulares tienen que reforzar la imagen y la disciplina femenina tradicional y, de paso, apechugar la falsa idea de que los hombres son ajenos a estos temas. También deben vigilar que niños y jóvenes vayan a la escuela a como dé lugar; asistir a pláticas de salud que, dicen algunas, se reducen a un simple “pase de lista”, asegurar que la familia vaya a sus citas médicas y recibir con frecuen-cia “consulta” de promotoras de salud que no tienen formación ni recursos para atender en-fermedades. Así, sus jornadas laborales se in-tensifican para cumplirle a Oportunidades.

Los dineros del programa son cuantiosos y sin embargo insuficientes para asegurar el consumo mínimo, la salud y la educación

de sus beneficiarios o para modificar la des-ventajosa posición femenina. Que los pesos lleguen primero a manos de las mujeres evi-ta, a veces, que terminen en la cantina, pero también ha servido para el clientelismo polí-tico y el control de los cuerpos y decisiones reproductivas de las beneficiarias.

A esto se añade que Oportunidades igno-ra el papel productivo de las mujeres, omi-sión imperdonable cuando la migración está feminizando al mundo rural y apenas 18.8 por ciento del Procampo llega a manos de campesinas.

Hace falta dinero para las mujeres, sí, pero también repensar los porqués de la desigual-dad en el México de hoy y en el campo en particular, de modo que los programas so-ciales no sean un parche a la pobreza, sino un medio para construir la igualdad social y entre varones y mujeres. [email protected] UAM-Xochimilco [email protected] Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia A.C.

Mujeres, dinero y “Oportunidades”

PROPUESTA DE PEF 2008 Y PEF EJERCIDO 2006 Selección de programas del PEC

Programa Unidad de medida Población a atender Monto PEF 2008 (millones $)

Monto por unidad ($)*

Cobertura 2006 (beneficiarios)

Cobertura 2006 respecto a población a atender ( por ciento)

SAGARPA

Ganadero (PROGAN) UP con ganado bovino1,290,155 3,700.0 2,868 119,823 9.3

UP bovinas en condiciones pastoreo 971,311 3,809 119,823 12.3

Desarrollo Rural UP Totales3,823,063 3,000.0 785 932,012 24.4

PROCAMPO UP con actividad agrícola3,794,025 16,678.0 4,396 2,241,094 59.1

Fomento Productivo Café UP con café486,678 1,178.8 2,422 393,003 80.8

Productividad Productores medios y comerciales 2,178,463 270.0 124 126,106 5.8

Apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización

Productores medios y comerciales 2,178,463 8,358.1 3,837 133,537 6.1

Secretaría de Economía

FOMMUR Mujeres propietarias de tierra1,108,622 82.4 74 205,171 18.5

FONAES Productores asociados381,156 490.3 1,286 6,793 1.8

SRA Fondo de Apoyo para Proyectos Productivos (FAPPA)

Sujetos agrarios organizados1,539,960 536.0 348 9,721 0.6

Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG)

Ejidatarias y comuneras826,475 547.1 662 23,267 2.8

Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras Ejidatarios 65 años o más

1,109,500 420.0 379 1,050 0.1 FUENTES: CEDRSSA, con base en XII Censo de Población y Vivienda, VII Censo Agrícola y Ganadero 1991, VIII Censo Ejidal 2001, proyecto de Decreto de PEF 2008, bases de datos de lo programas de gobierno solicitadas por medio del IFAI-SISI * Monto hipotético, que resulta de promediar el presupuesto entre la población objetivo.


Violeta R. Núñez Rodríguez

En México habitan más de 12 millones de indígenas. A partir de 2003 el gobier-

no federal decidió “transformar” el Instituto Nacional Indigenista (INI) en Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), hecho que sustituiría la política dirigida a los pobladores originarios por una nueva orientación centrada en la “transversalidad”, es decir, todas las dependen-cias federales asignarían una parte de su presu-puesto a la solución de los problemas que enfrentan estos pueblos.

A lo largo del sexenio 2001-2006 el presupuesto anual real del INI/CDI fue aumentando. Inició con mil 491.5 millones de pesos, y concluyó con 4 mil 64.3 millones. Sin embargo, representó una proporción su-mamente baja del presupuesto total de la federación, en prome-dio 0.1 por ciento.

Con la creación de la CDI, el Programa de Infraestructura Bá-sica para la Atención de los Pue-blos Indígenas (PIBAI) comenzó a ser el de mayor presupuesto. En 2004 se dirigió al PIBAI más de la mitad de los recursos desti-nados a la CDI; en 2005, 65 por ciento, y para 2006, un poco más de 50 por ciento.

Esto evidencia que la política en materia indígena en el sexe-nio pasado fue la construcción de carreteras, puentes, caminos, entre otros, lo que fue confir-mado por argumentos de la ex titular de la CDI Xóchitl Gálvez, en el sentido de que “el atraso en

que todavía se encuentran las co-munidades indígenas de México se resolverá sólo con grandes obras de infraestructura que, aunque son costosas, garantizan una transformación de fondo en la vida de esas poblaciones”.

En la misma tesitura, el nue-vo comisionado, Luis H. Álva-rez, indicó: “estoy convencido de que un camino integra a la gente con la civilización y de que una escuela cumple con el proceso de culturización para

elevar la calidad y capacidad y conocimiento de los indígenas”. Esta afirmación es reforzada por el coordinador general de admi-nistración y finanzas de la propia Comisión, quien señaló que “la estrategia gubernamental es do-tar de infraestructura”.

En línea con la tendencia del sexenio pasado, el PIBAI conti-núa siendo el programa con la mayor cantidad de presupuesto. En 2007 recibió más de 62 por ciento del total de los recursos de la CDI y para 2008 se proyecta 57 por ciento. La pregunta, a partir de los datos y afirmaciones, es si la infraestructura por sí misma logrará desarrollar a los pueblos indígenas.

Además de los recursos di-rigidos al INI/CDI, a partir de 2002 se integró en el decreto

de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) el monto total de las erogaciones federa-les para atender a la “población indígena”. Sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado en este instrumento el desglose de los recursos.

De acuerdo con informes de la CDI, durante sus primeros tres años de existencia, la Secre-taría de Desarrollo Social captó alrededor de una tercera parte del presupuesto dirigido a los

pueblos indígenas, debido al gran monto destinado al Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. Por su parte, a partir de 2004 la Secretaría de Edu-cación Pública ocupó, por mucho, el primer lugar de destino del gasto. En promedio anual captó 40 por ciento de los recursos totales. En particular, el programa de Educación

Básica Preescolar y Primaria Indígena ocupó un lugar prota-gónico en cuanto al destino del presupuesto (alrededor del 26 por ciento de los recursos).

En suma, lo que observamos durante todo el sexenio pasado fue un crecimiento de los re-cursos destinados a los pueblos originarios. Sin embargo, en su mayor parte no sabemos a qué programas y secretarías se dirige. Esto significa que la transversa-lidad es asunto pendiente. En cuanto a los recursos cuyo desti-no sí conocemos, los de la CDI, el gran cuestionamiento es si la política seguida hasta ahora −la construcción de infraestructura− es la correcta, es decir, ¿realmen-te una carretera, un camino, un puente, podrá desarrollar a las comunidades indígenas?

¿En qué se gasta el presupuesto destinado a los pueblos originarios?

¿Indígenas incivilizados?

Según Luis H. Álvarez, responsable

de la Comisión Nacional para

el Desarrollo de los Pueblos

Indígenas (CNI), su encargo

consiste en “integrar a la

gente con la civilización”

tituidos en Relación con la Agricultura se otorgan siete de cada 10 pesos en municipios de baja marginalidad, lo que se puede explicar porque estas instituciones atienden preferentemente a productores rentables y co-merciales que puedan pagar los préstamos que se les dan.

Llaman la atención los programas productivos del sector agrario. Sólo 60 por ciento de sus recursos se aplican en los municipios rurales, donde se concentran dos de cada tres ejidatarios y comuneros; el porcentaje restante se otorga a municipios con predominio de población urbana.

Se requiere focalizar. Debemos reconocer que si bien el presupuesto rural se ha incrementado en los años recientes, es insuficiente para resolver todos los problemas del campo, por lo que es indispensable direccionar los recursos a la población más pobre. Es momento de reflexionar también sobre opciones de financiamiento de las actividades productivas de la po-blación pobre. El combate a la pobreza tendrá éxito siempre y cuando se promuevan las actividades de fomento productivo.

Los programas del PEC de mayor alcance son los que cuentan con un pa-drón de beneficiarios específico y definido. Oportunidades, cuya población objetivo son los hogares en condiciones de pobreza, atiende a 5 millones de familias y prácticamente a todos los hogares en municipios de alta y muy alta marginación; Fomento Productivo Café apoya a ocho de cada 10 producto-res de este cultivo, y Procampo a seis de cada 10 UP agrícolas

Ello debería reforzar la disposición de la Cámara de Diputados de esta-blecer en el decreto de presupuesto de cada año la obligación de que los programas con subsidios cuenten con un padrón de productores, el cual pueda ser público, verificable y al menos construido a escala municipal.

De los resultados del estudio resalta que los apoyos productivos en zonas pobres son escasos y de mínimo impacto.

Además de Fomento Productivo Café, otros programas con enfoque pro-ductivo que al menos destinan la mitad de sus recursos a zonas marginadas son: PAPIR, PROGAN, Microrregiones, Opciones Productivas, los de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Programa de Infraestructura Básica de Albergues Indígenas, Fondos Regionales Indí-genas, Mujeres Indígenas, Programa de Capacitación a Pueblos Indígenas y Turismo) y PROCYMAF. El problema es que a estos programas se les asignan escasos recursos, por lo que benefician a muy pocas personas.

Reducir el número de programas. Considerando esto y el hecho de que en general en los programas del PEC hay dispersión de la acción guber-namental y están disminuidos la concurrencia de acciones y los posibles impactos en el desarrollo de las zonas rurales, debemos reflexionar sobre la conveniencia de reducir aún más el número de programas que se presenta-ron en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.

Tal reducción obligaría al conjunto de los actores rurales (gobiernos fede-ral y estatales, Congreso de la Unión, organizaciones de productores y cam-pesinas y agentes rurales) a definir con mayor claridad los ejes de la política de desarrollo rural y la estructura programática para el sector rural.Investigador del CEDRSSA, Cámara de [email protected]

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Libertad incondicional a Diego Arcos

Hoy 13 de noviembre 2007 se cumple un año de la masacre de Viejo Velasco en la Selva Lacandona, Chiapas …

DIEGO ARCOS MENESES sigue injustamente preso

MARIANO PÉREZ GUZMÁN, MIGUEL MORENO MONTEJO, PEDRO NÚÑEZ Y ANTONIO PEÑATE siguen desaparecidos.

LOS VERDADEROS RESPONSABLES CONTINÚAN EN LA IMPUNIDAD

XI’NICH’: COMITÉ DE DEFENSA DE LA LIBERTAD INDÍGENA, UCISECH, TSOBLEJ YU’UN JWOCOLTIC, FRENTE POPULAR DEL SURESTE DE VERACRUZ. COMITÉ DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS DEL NORTE DE VERACRUZ, FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO AC.

Responsable: Sergio Cobo


A M E RASOCIACIÓN MEXICANA DE ESTUDIOS RURALES A.C.Por un Desarrollo Rural Sustentable con Equidad y Justicia Social

DECLARACION DEL VI CONGRESO Encrucijada del México Rural: Contrastes regionales en un mundo desigualVeracruz, Veracruz, 22 al 26 de octubre, 2007

Nos enfrentamos a un escenario sumamente preocupante como resultado de las condiciones completamente desfavorables en que se ha dado la inserción de la economía nacional en la globalización trasnacional. El primero de enero de 2008 con el inicio de la nueva fase del TLCAN, se pretende consumar la apertura comercial defi nitiva para el maíz, frijol, leche y azúcar, sin importar que con ello se acentúen las críticas condiciones sociales, económicas, culturales y políticas que hoy se viven en el campo mexicano. Esto es resultado no sólo de la falta de voluntad política para enfrentar los problemas de las sociedades rurales y particularmente para llevar a cabo la renegociación favorable del TLCAN sino de la continuidad de una política pensada e instrumentada para favorecer a un pequeño grupo de empresas trasnacionales y a sus socios locales, promovida por gobiernos comprometidos con el modelo neoliberal, gobiernos con escasa credibilidad en amplios sectores de la población.

Mientras un pequeño sector privilegiado y vinculado a los mercados mundiales concentra los benefi cios de este modelo, la mayoría de la población y millones de pequeños productores enfrentan sus efectos más negativos al ver amenazadas día a día las estrategias que garanticen su subsistencia y sometiéndose a procesos más profundos y complejos de desigualdades sociales, económicas, de género, culturales y políticas que constituyen cada vez más un obstáculo para avanzar en el bienestar, crecimiento económico y en el establecimiento de formas democráticas de participación. Los efectos de este modelo excluyente se observan en la concentración de los recursos y la riqueza, y en la caída de la producción nacional con la creciente dependencia de las importaciones de alimentos. A esto se añade el impulso mundial a la producción de agrocombustibles, que ya ha impactado los precios internacionales del maíz, y repercutido en severos incrementos al precio de los alimentos básicos. El modelo tecnológico neoliberal se ha impuesto sin considerar los efectos ambientales que incluyen la pérdida de importantes recursos naturales, destrucción de bosques, contaminación de aguas, pérdida de la biodiversidad y los recursos fi logenéticos nativos y con ello la amenaza de la desaparición de culturas ancestrales.

ANTE ESTE ESCENARIO, LOS ASISTENTES AL VI CONGRESO DE LA AMER:

• Demandamos el establecimiento de una nueva estrategia nacional por la soberanía alimentaria y el derecho a una alimentación sana, por la sustentabilidad ambiental, la equidad y la justicia para el campo mexicano.

• Exigimos la renegociación del TLCAN en su capítulo agropecuario y la suspensión de la apertura total a las importaciones de maíz, frijol, leche y azúcar programada para el 2008.

• Convocamos a apoyar la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria “Sin maíz no hay país”, por la reactivación del campo mexicano.

• Hacemos un llamado al legislativo mexicano a revisar el marco legal para el campo (como la ley federal de producción, certifi cación y comercialización de semillas, la ley de bioseguridad, etc.) poniendo por delante la soberanía nacional sobre el interés de un pequeño grupo de empresas trasnacionales.

• Exigimos completa regulación y vigilancia para evitar la experimentación e introducción comercial de organismos genéticamente modifi cados, en especial para el maíz.

• Exigimos el cese de la violencia de Estado, la respuesta a las demandas y movilizaciones sociales por la vía de la negociación política y la inversión en desarrollo rural y la garantía de todos los derechos humanos de la población.

• Nos pronunciamos por una política que reconozca y compense a las y los productores del campo, especialmente a los indígenas, por la protección del agua, la diversidad biológica y la agrobiodiversidad que han hecho de nuestro país una región megadiversa a nivel mundial.

• Nos pronunciamos por el impulso a una política educativa y de investigación que se apoye en los conocimientos de las y los campesinos e indígenas como base para la búsqueda de alternativas. En lo relativo a la educación para los jóvenes del campo demandamos inversión en infraestructura y personal docente, así como incorporar las nuevas tecnologías educativas. Demandamos que se garantice el derecho de los pueblos indios a medios de comunicación propios.

• Demandamos al Estado mexicano la defensa integral de los derechos y la dignidad de los migrantes mexicanos en el extranjero y el respeto para los migrantes de otros países en tránsito por el nuestro.

Comité Ejecutivo Nacional AMER

Ana de Ita

En 1996 la FAO denunció la existen-cia de 800 millones de hambrien-tos en el mundo y comprometió a

los gobiernos a reducir este número a la mitad para 2015. Sin embargo, las medidas de “seguridad alimentaria” que los gobier-nos han adoptado ⎯como garantizar los alimentos a partir de importaciones⎯ no han funcionado, pues el hambre lejos de reducirse afecta ya a 854 millones de per-sonas este año. Las trasnacionales tienen el control de los alimentos y en la próxima década los precios serán altos. Por eso, Vía Campesina opone al principio de libre co-mercio que rige las políticas agrícolas, el principio de soberanía alimentaria.

En el foro Soberanía alimentaria y tra-tados de libre comercio que la Vía Campe-sina de la región Norte de América realizó en la Ciudad de México, el 1 y 2 de agosto pasado, organizaciones de varios países hi-cieron importantes señalamientos.

TAILANDIA. La Asamblea de los Pobres de Tailandia denunció que des-pués de que el tratado comercial firmado con China inundó su mercado de frutas y hortalizas desplazando a los productores locales, su gobierno pretende firmar otro con Estados Unidos (EU), que les obliga-ría a reconocer patentes sobre la vida. Para los Tai el arroz jazmín es la herencia de sus antepasados y no quieren perder la pro-piedad sobre sus recursos genéticos. Hasta ahora, la movilización de la población ha impedido el avance del nuevo acuerdo.

ESTADOS UNIDOS. Para el Frente de Trabajadores Agrícolas de la Frontera de Estados Unidos, las políticas migratorias gringas son complemento de la estrategia de producción de mercancías baratas. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte agudizó la migración forzada de mexicanos a EU, país al que le conviene la existencia de una mano de obra ilegal, exportable y deportable, de modo que ante lo impetuoso del movi-miento de los migrantes, el gobierno pre-tende controlar esa mano de obra, pero sin que deje de ser exportable y deportable. El Frente lucha por la soberanía alimentaria y el combate a las políticas antimigrantes impulsando las alianzas entre campesinos e indocumentados.

INDONESIA. En este país la tras-nacionalización de la agricultura empezó en la época colonial y continúa en la fase neoli-beral, señaló la Federación de Uniones Cam-pesinas de Indonesia. Las primeras compa-ñías establecieron plantaciones de hule,

caña de azúcar, té, y expulsaron a muchos campesinos de sus tierras. “Llevamos más de cien años produciendo cosas que no necesi-tamos”. Hoy, mediante de la agricultura por contrato, los campesinos restantes pierden el control sobre sus procesos de producción y trabajan como esclavos, pero en sus propias granjas. Pese a que Indonesia es el segundo país exportador de aceite de palma, se disparó ahí el precio de los aceites comestibles, de-bido a que aumentó su demanda para agro-combustibles, y cuando el precio internacio-nal subió, las trasnacionales agroexportadoras vaciaron el mercado interno.

EUROPA. “Más valen tres peque-ños que uno grande”, sostiene la Con-federación Campesina Europea en su lucha contra el modelo que pretenden imponer las trasnacionales, y según el cual “sobran 2 millones de campesinos en Polonia, 400 mil en Francia y otros tantos en el Estado español”. Hay un proceso global de concentración de la tierra y de la producción, de modo que la reforma agraria no sólo es un tema de los países del Sur, pues en Europa los agricultores han perdido el control sobre 80 por cien-to de las tierras cultivables. Y es que más allá de su uso agrícola o social, la tierra devino un bien especulativo financie-ro. “Queremos vecinos, no carreteras ni ferrocarriles”, dice la confederación; en contra de los “alimentos kilómetros”, de-fendemos la “agricultura de cercanías” y el control de la comida y de los recursos naturales por los campesinos y ciudada-nos. El paquete tecnológico neoliberal es incompatible con la sobrevivencia de una agricultura y una cultura campesinas: “A lo mejor podemos aguantar 10 años más, pero al final el modelo hipertecni-ficado destruye nuestras posibilidades de sobrevivir como agricultores y es incapaz de mantener un mundo rural vivo y una agricultura que sirva a la sociedad. Ya que no es posible seguir tratando de regular a las grandes corporaciones, pues todos los mecanismos políticos están en sus manos y han cooptado a los gobiernos y parla-mentos, tenemos que ir directamente en contra de ellas: ¡Desmantelemos las trasnacionales!”

¡CAMPESINOS DEL MUNDO, UNÍOS!Soberanía alimentaria, trasnacionales y tratados de libre comercio

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“Tierra, la despedidaSiempre es una agonia.

Tierra, en medio morimos…”“Yo quiero ser llorando el hortelano,

de la tierra que ocupas y estercolas…”Miguel Hernández

Víctor Suárez CarreraTus amigas y amigos te acompañamos en la pena

por la muerte de tu padre

*LEOPOLDO SUÁREZ SERRANÍA*Para toda la familia un solidario abrazo


Lorena Paz Paredes

Con sede en la remon-tada Cuetzalan (sierra nororiental de Pue-

bla), la Cooperativa Tosepan Titataniske agrupa a 5 mil 800 campesinos y campesinas de 60 comunidades nahuas y totona-cas de 10 municipios. La mayo-ría con alrededor de una hectá-rea de cultivo, donde cosechan algo de café, pimienta, maíz, frijol, cítricos, macadamia y miel virgen. Pero también hay jornaleros, amas de casa, artesa-nos, albañiles, carpinteros... En 2007 la organización festeja tres décadas de que los fundadores

se agruparon para luchar por una vida digna. Porque en ná-huatl, Tosepan Titataniske sig-nifica “Unidos Venceremos”.

En 1977 cinco pueblos se organizaron contra el enca-recimiento de los alimentos. Así lo cuenta Epifanio García, fundador de la Tosepan y va-rias veces miembro del consejo directivo: “Nos juntamos para comprarle el azúcar directa-mente al gobierno. Pero el ca-cique más grande de aquí −el ya difunto Régulo Ramírez, que vendía de todo y caro− nos acusó de que lo queríamos para hacer aguardiente y así embru-tecernos y rebelarnos contra

la “gente de razón”. Primero empezamos por el abasto, más adelante le entramos a la co-mercialización de la pimienta, pues resulta que, sin trabajar, el acaparador se quedaba con dos tantos y nosotros sólo con uno. Luego seguimos con el café, la naranja, el zapote, el mamey… Y nos fuimos dando cuenta de que organizados po-díamos tener una vida mejor”.

En una región indígena mal comunicada cunden los acapa-radores. Por eso hace 25 años la cooperativa empezó a operar el programa Conasupo-Coplamar, gestionó agua potable, electrifi-cación, escuelas, clínicas..., y

creó una constructora para ha-cer buenos caminos, mientras que en lo productivo puso pa-tios de secado, bodegas y bene-ficios de café y pimienta, que le permiten vender directamente los granos que son corazón de la economía campesina local. “En 30 años hemos logrado mucho para la región −aprecia Romualdo Zamora, miembro de la Tosepan y presidente de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras−: caminos, abasto, un precio justo para el café y la pimienta, y que la gente mejore sus ingresos. Ya no vamos a regresar al coyotaje de antes”. Según Emiliano Sa-lazar, otro de los fundadores y presidente por varios años de la Macehual Xicaulis (Fuerza In-dígena), la nueva comercializa-dora, “el mayor logro es que el indígena aprendió a defenderse y a hacer valer sus derechos. En esto la Tosepan ha hecho una escuela grande”.

Una de cal

TOSEPAN TITATANISKELOS PRIMEROS 30 AÑOS

Neskaltilis tein nochipa tech uikas kuali

Simón Teresa, 13 añosCada cuarto domin-go del mes acompa-ña a su abuelo Juan Martín a las juntas de representantes de la Tosepan: “Desde los ocho vengo para anotar lo que se trata

en la reunión, porque a mi ueytat (abuelo) le cuesta escri-bir. Además aprendo cómo hacer la milpa sin químicos y estoy en la caja de ahorro. Pero lo que más me gusta es la computadora”.

Nazario Diego, 36 añosEmpecé a participar cuando no cumplía ni los 12, acompa-ñando a mi tetat (padre) a las asambleas, y ahora soy presi-dente del consejo de administración de la Tosepan. Tenemos varios programas como los de cafecultura y agricultura sus-tentable. Como la tierra es poca, nos obligamos a diversificar cultivos porque de eso depende la alimentación de la fami-lia. Queremos producir buen café, pero aprovechando todo: lo procesamos en beneficios ecológicos que no ensucian el agua y usamos la cáscara y la pulpa para producir hongos

y luego abono orgánico. También hacemos licor y aceites esenciales. Y lo vendemos tostado y molido con nuestra pro-pia marca. Tenemos un vivero para renovar cafetales, refo-restar y ayudar a propagar plantas nativas que nos sirven de alimento, de medicina y como árboles de sombra. Tenemos un mariposario y un laboratorio rústico para aumentar la di-versidad de las especies de la región y crear un atractivo para la gente que nos visita en la Tosepankali o Nuestra Casa, que es un proyecto de turismo alternativo, que al mismo tiempo es educación ambiental a los campesinos. Para esto último tenemos en las comunidades un grupo de 22 promotores que ha-blan náhuatl y totonaca, apoyados por técnicos de la Yecnemilis, A.C. (Vida Digna) que también es parte de la cooperativa.

Aurelia Cuamait, 45 añosMe volví organizada desde los 19 años y ahorita soy presiden-ta de la regional de mujeres de la Tosepan. Somos 480 las juntadas en 20 grupos de muchas comunidades. Tenemos cuatro tortillerías, una farmacia en Xiloxochixo, panaderías, molino de nixtamal, venta de materiales para construcción

y una tienda de artesanías, porque todas tejemos en telar de cintura. Lo que a mí más me gusta de participar es que nos apoyamos unas a las otras. Antes no hablábamos, nomás está-bamos calladitas en las asambleas. Ahora no, yo me levanto, yo digo. Ya estamos parejas con los hombres y todos reco-nocen que valemos. Y es que en la Tosepantomi, la caja de ahorros de la cooperativa, somos más mujeres que hombres.

Romualdo Zamora, 50 añosLa Tosepantomi o “Dinero de Todos”, es como un banquito propio. Hay 6 mil 100 socios de 110 comunidades, una ofi-cina central en Cuetzalan y tres sucursales, y para los pue-blos muy lejanos abrimos dos o tres veces a la semana los Kaltonimehualoyan o Lugar donde se ahorra el dinero, que ya son seis. La gente está con-tenta porque hay los servicios que necesita: ahorro, crédito productivo, para vivienda, para emergencias, y sirve para reci-bir remesas y guardarlas con buenas tasas de interés. Hay un comité en cada comunidad, y esto nos da mucha fortaleza. Todos son socios: mujeres, jóvenes, niños. Este año ahorramos 32 millones de pesos y prestamos 37 millones, y el ahorro infantil llegó al millón.

“Para vivir mejor hay que aprender y compartir −dice Nazario−. Para eso está el Kalta, el centro de ca-

pacitación de la Tosepan. Allí nos educamos todos los de la región, no nomás los coope-rativistas: vienen jóvenes, personas mayores, niños (...) Porque el desarrollo de las concien-cias es lo más importante para nosotros”.

“La cría de conciencia es lo más valioso y viene de la educación −subraya don Epifa-nio−; aquí siempre hay capacitaciones, ta-lleres... es una alternativa grande porque los socios y sus parientes pueden terminar aquí

la primaria, la secundaria, el bachillerato. Estar en la coo-perativa me sirvió de mucho y todos mis hijos estudiaron, yo tuve 10, y los que menos llega-ron al bachillerato. Y es que a los jóvenes les da otro aire, les abre horizontes”.

“Muchas mujeres han estudiado en el Kalta −cuenta Aurelia−. Yo aquí terminé la prima-ria y la secundaria abierta. Mi mamá no sabía leer ni escribir porque le dijeron que eso no era para las mujeres, y aquí le enseñaron a

poner su nombre. En mi pueblo, Santiago Yacuictlalpan, nos dan clase a las señoras: una abuelita de 80 años está estudiando”.

Para Minerva de 23 años, hija de don Epifanio y promotora de la cooperativa desde que salió de la prepa, “es un orgullo hablar náhuatl. En mi casa así me edu-caron, con amor a mi cultura, y yo gané el primer premio de gastro-

nomía regional aquí en la cooperativa, con la sopa de chilpozonte de hongos, guiso que nos heredaron los abuelos, como el ixguacato, que es una bebida de maíz germinado”.

“Para que la cooperativa no envejezca y dure 100 años, en el Kalta se forman las nue-

vas generaciones y también los nuevos diri-gentes,” dice Aldegundo González.

“Muchas organizaciones campesinas tie-nen una sola línea de trabajo −reflexiona Ro-mualdo− y esto hace que vayan envejecien-do los que impulsaron esa línea. En cambio, como en la Tosepan hay tantos frentes, es posible que se interesen otras generaciones, como los jóvenes y los niños en el ahorro, en el centro de cómputo del Kalta o en el eco-turismo (...) Y así, en el futuro, ellos serán los nuevos socios”. “No queremos que nues-tros jóvenes se vayan −dice don Emiliano−; queremos que regresen a sus comunidades, que siempre haya un joven con la camiseta de la cooperativa, para que la Tosepan no decaiga nunca”.

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anPadres, hijos y nietos trabajando por “desarrollarnos para una vida mejor”


Víctor M. Quintana S.

La sabiduría campesina reza: “somos fuertes si producimos lo que nos come-mos”. Esta experiencia vital sistematizada es lo que permite que la organi-zación internacional Vía Campesina haya desarrollado el concepto de so-

beranía alimentaria durante la Cumbre Mundial sobre Alimentación, en 1996.1.- Los factores que integran la soberanía alimentaria:

a) Control del proceso de la propia producción.b) Capacidad de autoabastecimiento de los alimentos básicos por parte

de la unidad que los produce y consume: unidad familiar, comunidad, lo-calidad, región y/o país.

c) Cualidades de los alimentos producidos-acopiados: suficientes en cali-dad y en cantidad, y culturalmente apropiados al contexto social.

d) Formas de producir dichos alimentos: respetando los modos campesi-nos, pesqueros e indígenas de producción, comercialización agropecuaria y de gestión de los espacios rurales. Sistemas diversificados de producción.

e) Finalidad social de la soberanía alimentaria: llevar una vida sana, dig-na y autónoma por parte de unidades familiares, comunidades, localidades, regiones y países.

2.- Definición de soberanía alimentaria:El derecho de los pueblos a determinar sus políticas sustentables, apropiadas, de producción, abasto y consumo de alimentos para responder, efectivamente y con autonomía, al derecho de la población al acceso de alimentos sanos, nu-tritivos, apropiados en términos culturales y suficientes en calidad y cantidad para llevar una vida sana, digna y autónoma, todo esto basado sobre todo en la producción nacional diversificada de los campesinos, indígenas y pescadores.3.- Los derechos implicados:La soberanía alimentaria, pues, incluye tres derechos mutuamente impli-cados: el derecho de la población a acceder a alimentos sanos, nutritivos, culturalmente apropiados y suficientes en calidad y cantidad para llevar una vida sana, digna y autónoma. El derecho de los pueblos a determinar sus políticas sustentables y apropiadas de producción, abasto y consumo para responder al derecho de la población al acceso de alimentos. Y, por último, el derecho de los actores de los modos de producción autóctonos, es decir, de los campesinos, los indígenas, los pescadores, que pueden llamarse tam-bién “las agriculturas familiares”, a ser respetados como actores o producto-res principales de esta soberanía alimentaria.4.- Un modelo agroalimentario contra la soberanía:Desde principios de los años 80, los poderes económicos trasnacionales, sobre todo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, imponen un mo-delo de producción-comercio internacional y consumo que Blanca Rubio llama “la fase agroalimentaria global”. Bajo la égida de este modelo, los países desa-rrollados se apoderan del mercado agroalimentario del orbe mediante la pro-ducción y el control de los alimentos básicos. Mantienen una política de bajos precios internacionales subsidiando a sus grandes productores y presionan a los países pobres a abrir sus fronteras, mediante los tratados de libre comercio o los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Con esto atropellan los tres derechos que constituyen la soberanía alimentaria en los países que sojuzgan.

Cesión de derechos. México no es la excepción: con la apertura comer-cial hemos ido cediendo nuestro derecho a desarrollar una política agroali-mentaria soberana. Se ha disparado nuestra dependencia de las importacio-nes de este tipo de bienes.

Según el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la So-beranía Alimentaria de la Cámara de Diputados, en 2005 las importaciones de productos agrícolas y alimentos representaron 40 por ciento del consumo total de nuestro país, contra 15 por ciento en 1982 y 20 por ciento en 1994, y para 2008 se prevé que el porcentaje llegará a 50 para pasar a 60 en 2012.

Por otro lado, a consecuencia de no hacer efectivo este derecho fun-damental del pueblo de México a definir sus políticas agroalimentarias soberanamente, tampoco se hace efectivo el derecho de los productores familiares a producir. Así, 600 campesinos tienen que abandonar el campo cada año al no hacerles efectivo el gobierno su derecho a producir, porque las políticas que aplica han derrumbado la rentabilidad de la agricultura.

El derecho a la alimentación tampoco lo hace efectivo el gobierno fede-ral: según sus propias cifras, el número de personas que está dentro

Derechos, políticas y marco legal

Un muro de organizaciónLa segunda semana de octubre, más de 80 directivos de 14 organizaciones campesinas de productores de granos básicos de 16 estados de la República, casi to-dos miembros de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, inicia-ron una serie de talleres de formación que se prolon-garán por cinco meses. Al final del primer módulo: Historia político-económica del movimiento agrario, se concluyó que “debemos construir un muro por la soberanía alimentaria y la soberanía laboral. No un muro de lamentaciones, ni tampoco como el gringo, para que no crucemos, sino un gran muro de orga-nizaciones y proyectos productivos exitosos, que nos quiten de importar alimentos y exportar personas”.

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¿Y el derecho al trabajo, qué?

Como la creciente depen-dencia alimentaria, el im-parable éxodo de mexica-nos testimonia la ausencia de políticas públicas que defiendan la producción y el empleo. Y si garan-tizar los alimentos a los ciudadanos es compromi-so ineludible del Estado, lo es también asegurarles chambas decentes. “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y social-mente útil; al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización del trabajo (...)”, mandata el artículo 123 de la Cons-titución, pero el resto se ocupa sólo de los dere-chos laborales y las rela-ciones obrero-patronales. Hace falta, entonces, una Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad La-borales, que incorpore a la “rectoría del desarrollo” y la “planeación democrá-tica”, que corresponden al Estado, criterios, estra-tegias e instrumentos que los vuelvan incluyentes y equitativos. Se trata de hacer exigible el derecho constitucional al “trabajo digno y socialmente útil”, que hoy no puede ejer-cer el medio millón de compatriotas que todos los años escapa a Estados Unidos ni el otro medio millón que se refugia en la economía subterránea.

Foro mundial de MaliLa expresión de “soberanía alimentaria” no tiene una definición reconocida en la Organi-zación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), pero organiza-ciones civiles pugnan para que la institución la conceptualice como “el derecho de los pue-blos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas”, según la declaración final del Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria, realizado en febrero, en Mali, África. La soberanía alimentaria, continúa la declaración, ”promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para controlar su propia alimentación y nutrición”. Asimismo, “es un medio de garantizar que los derechos de acceso y gestión de la tierra y territorios, aguas, semillas, ganado y biodiversidad estén en manos de aquellos que producen los alimentos”.

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Víctor Suárez C.

De cara a enero de 2008 –cuando se liberalizará totalmente el Tratado de

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)−, y a los desajus-tes de la oferta/demanda de mate-rias primas agrícolas, que están a la vista ya y que mantendrán con-vulsionados los mercados agroali-mentarios mundiales durante por lo menos cinco años, es urgente que el Senado de la República vote y dé luz verde a la Ley de Planeación para la Soberanía y Se-guridad Alimentaria y Nutricional (LPSSAN).

Esta legislación, aprobada por la Cámara de Diputados en la LIX Legislatura, representa una red mínima de seguridad para los pro-ductores, los consumidores y para el país en general, pues mandata la creación de reservas alimenta-rias y de mecanismos de anticipa-ción a riesgos climáticos y geopo-líticos, y sobre todo establece una política de Estado que frenaría la discrecionalidad y los poderes me-taconstitucionales del Ejecutivo en la aplicación de presupuestos públicos y garantizaría, con políti-cas multianuales y de largo plazo, la consecución de la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricio-nal, lo cual no es cosa menor.

El dictamen de la ley ya lo men-ciona: en 2006 la dependencia de alimentos del extranjero fue de 40 por ciento. Entre 1994 y 2005 importamos 110 mil millones de dólares en alimentos, a la vez que exportamos 2 millones de trabaja-dores rurales. Las importaciones de los pasados cinco años equivalieron a 54 por ciento de las divisas obteni-das por la exportación de petróleo, y representaron también 75 por ciento de las remesas recibidas.

Un reto fundamental es abatir la desnutrición, que afecta a 31.6 por ciento de la población rural, a 41 por ciento en los estados del sur de la República y a 44 por ciento las zonas indígenas. De seguir con la inercia actual, tardaría 121 años erradicar la desnutrición entre la población indígena.

El problema es que el Senado no reacciona. El 16 de octubre, Día Mundial de la Alimentación, un grupo significativo de organizacio-

nes, incluidos el Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, la Asociación Mexicana de Secreta-rios de Desarrollo Agropecuario y la Confederación Nacional Campesi-na (CNC), publicamos el Llamado urgente al Senado de la República para que apruebe la LPSSAN, y no hemos tenido respuesta.

El panorama, pues, es oscuro. Dada la composición en el Senado, los priístas son claves para cualquier iniciativa y votación. Su mancuerna con PRI o PRD es definitiva.

Aquí vemos conflictos de lideraz-go interno de la CNC, pues al pare-cer Heladio Ramírez se contrapone a Cruz López, presidente actual de la confederación y quien enca-bezó la Comisión de Agricultura de la LIX Legislatura e impulsó la LPSSAN.

Pero vemos algo más de fondo, la CNC, nacida en 1938 para contro-lar y aglutinar a los campesinos en el gobierno de Lázaro Cárdenas, ha tenido históricamente una misión: “servir al poder”, y el poder –que hasta hace pocos años fue siempre hegemónico del PRI y sus gobier-nos– hoy día está en el Ejecutivo panista aliado con los oligopolios alimentarios, para quienes el tema de planeación es antagónico con el credo neoliberal y podría entorpe-cer el libertinaje comercial del que gozan las industrias del sector.

Certidumbre. La LPSSAN, además de establecer un rumbo de largo plazo al Ejecutivo, otorga certidumbre y pautas fijas para los programas del campo. Por ejem-plo, para el Procampo determina una vigencia al 2012; una recompo-sición de sus apoyos, de tal forma que se destine más a los producto-res más pobres; además, impone a los beneficiarios compromisos de tipo organizativo, ecológico y productivo.

La LPSSAN pretende también una visión intersecretarial, intersec-torial, pues incide sobre políticas agropecuarias, sociales, de salud y

de seguridad nacional (en manos de las secretarías de Agricultura, Desarrollo Social y Gobernación, respectivamente).

Hoy la incertidumbre es la única certidumbre en el agro. Han trans-currido 10 meses de 2007 y no se sabe cuándo ni cómo la Secretaría de Agricultura va a ejercer un pro-grama de apoyos a maíz y frijol. Asi-mismo, no sabemos qué destino van a tener el Procampo y el programa de Ingresos Objetivo. Se desconoce cómo se van a ordenar los exceden-tes de maíz en épocas de cosechas al tiempo que esté libre la entrada de grano de Estados Unidos.

La política que hoy tenemos para el campo es absolutamente variable, discrecional, inconsisten-te, incongruente. Cada gobierno sexenal y cada secretario de Estado opera los presupuestos de acuerdo con estilos personales o con sus intereses ideológicos, de grupo o camarilla.

El Ejecutivo actúa sin sujeción a leyes y sin contrapeso. No hay poder constitucional en este país que haga que el Ejecutivo cumpla tal o cual mandato. Los presupues-tos rurales crecen y sin embargo la producción, el empleo, el ingreso campesino y el bienestar de las comunidades rurales se deteriora cada vez más.

El tema de fondo es éste entonces. La política económica de México exige una nueva institucionalidad, que tiene que ver con acotar los poderes extraordinarios y anticons-titucionales o metaconstitucionales del Ejecutivo y darle más poder al Legislativo, a la sociedad rural y a las autoridades locales.

Y no estamos inventando nada. Estados Unidos y la Unión Eu-ropea tienen en su Farm Bill y Política Agrícola Común, respecti-vamente, un ejemplo de leyes de planeación agroalimentaria de ca-rácter multianual.Director de la ANEC [email protected]

Urge la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

Complicidades con el poder colocan a PRI y CNC contra la legislación

Abatir la desnutrición, tarea prioritaria; 44 por ciento de los indígenas sufren hambre

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É SE COME LA ALIMENTARIA?

de lo que se considera “pobreza alimentaria”, es decir, que no tiene ni para comer lo suficiente, aumentó de 2004 a 2005 en un millón 39 mil 725 mexicanos. Hace tres años se contabilizaban 17 millones 914 mil 516 y en 2005 fueron 18 millones 954 mil 241. Las dos terceras partes están en el medio rural.5.- Marco legal y políticas para la soberanía alimentaria:La opción por la soberanía alimentaria es una opción de país, de sociedad. Para construirla se requieren la voluntad política eficiente del Estado y la participación activa de la sociedad; un espacio público donde los actores involucrados, gobierno, productores en toda su diversidad y consumidores, vayan dialogando racionalmente y con un sentido nacionalista y compro-miso democrático para construir, en primer lugar un modelo alternativo de desarrollo rural y en el contexto de éste elegir las políticas de largo, mediano y corto plazos.

En este sentido, la Ley de Planeación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional –que está en manos del Senado, en espera de ser votada y aprobada− constituye un excelente marco e instrumento para construir la soberanía alimentaria como proyecto nacional. Y, como señala Armando Bartra, “define a grandes trazos un modelo alternativo de desarro-llo rural”; su objetivo es “lograr y mantener la seguridad alimentaria”.

El desafío para las organizaciones campesinas es hacerse presentes, im-pulsar la aprobación de la ley, y luego participar y aprovechar los espacios y mecanismos que ésta prevé. Deben también organizarse para diseñar y proponer políticas y programas efectivos para construir la soberanía alimen-taria nacional en varios aspectos: política macroeconómica de fomento a la agricultura campesina; fortalecimiento de las y los campesinos y sus co-munidades como actores productivos; para facilitar su acceso a la tierra y recursos naturales, y para la dotación de infraestructura y tecnología.

Además, deben requerir políticas de precios adecuados en tarifas e insumos, de capitalización y financiamiento de las unidades productivas, de apoyos a la comercialización, de recuperación de la tecnología autóctona y desarrollo de in-novaciones y políticas para garantizar alimentación sana y suficiente para todos.

Cuando sociedad y gobierno construyen la soberanía alimentaria, ci-mientan el círculo virtuoso de los derechos de todos.

Compromisos en suspenso

El Acuerdo Nacional para el Campo, firmado en abril de 2003, esta-blece que la política agroalimentaria tendrá como eje rector a la so-beranía y la seguridad alimentarias, concebidas éstas como “la libre determinación del país en materia de producción, abasto y acceso de alimentos a toda la población”. (AB)

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Marco Buenrostro

Hace unos 9 mil años, en el territorio de lo que hoy es México, nuestros an-tepasados con observación y sabiduría

lograron la domesticación del maíz; se requi-rió el trabajo inteligente, ordenado y sistemá-tico de varias generaciones, pues el proceso tomó cerca de un milenio. Esto quiere decir que hubo acuerdo entre los que continuada y conscientemente hicieron este trabajo.

Desde entonces los integrantes de los pue-blos indios y otros campesinos continúan trabajando en la selección genética del maíz en cada ciclo agrícola. México es centro de origen y diversidad del maíz. Es también uno de los pocos puntos donde se inventa y se di-funde la agricultura en el mundo.

Un indicador de la estrecha relación del humano con el maíz es el aprovechamiento integral de esta planta maravillosa desarrolla-da por el hombre.

Cuando hablamos de aprovechamiento integral, nos referimos a dos formas principa-les: la primera es siguiendo el desarrollo de la planta desde la siembra hasta su cosecha, para aprovechar las mazorcas como grano. Las plantas menos desarrolladas se retiran, las cañas verdes se usan como golosina pues con-tienen azúcares. Las hojas verdes de la planta sirven para envolver tamales; las hojas frescas del elote se usan como recipiente y envoltura para muchos productos: tamales, queso fresco y esquites, por ejemplo.

Los elotes se hierven o asan. El maíz sirve para un buen número de preparaciones en la cocina, como tamales, panes y sopas.

El otro eje se refiere a la planta misma cuando está madura, la raíz se recicla como abono para la tierra, el tallo sirve para hacer artesanías de pasta de caña, como frontales y figuras de cristos y santos y también se apro-vecha como forraje.

Con las espigas se preparan atoles, y los “ca-bellos” de la mazorca tienen usos en la medi-cina tradicional pues se preparan en té o infu-sión diurética. Las hojas secas de la mazorca tienen múltiples usos, tanto como envoltura como en la artesanía. Con ellas se envuelven o embalan infinidad de productos, como ta-males, mantequilla, copal, dulces, jícaras.

El totomoxtle o joloche, como se le llama en el sur del país a las hojas secas de la mazor-ca, tiene en la producción artesanal una infini-dad de usos. Con estas hojas se manufacturan muñecas y flores; las hojas tejidas se emplean para hacer bolsos, manteles individuales y otros productos. Las hojas de la mazorca se utilizan ya sea combinando sus colores naturales o te-ñidas con anilinas de brillantes tonalidades.

Los olotes son un buen combustible y tam-bién se aprovechan para hacer pipas, tapones y oloteras para desgranar maíz.

Algo que vale la pena destacar es el aprovecha-miento del cuitlacoche, hongo que en otras cul-turas se considera plaga. En México es un recurso para elaborar sabrosas preparaciones. Lo mismo sucede con los gusanos llamados eloteros.

En otra ocasión haremos una relación de los usos del grano en la cocina, y en una más de los usos industriales del maíz, que por cierto muchos tienen origen en el aprovechamiento que hacían desde la época mesoamericana nuestros sabios [email protected]

NUESTRO MAÍZ APROVECHAMIENTO INTEGRAL

SIACOMEX



Sobre la mesa de muchos gobiernos y par-lamentos, incluidos los de México, está una propuesta elaborada por expertos, y apoyada por consultas sociales, que pretende dar un viraje a las reglas de comercio internacional de la agricultura para impedir la destrucción de los ecosistemas locales y globales y la exterminación de los campesinos, desastres que ocurrirán irremediablemente si con-tinuamos reverenciando al libre comercio como hoy se concibe.

Ese propuesta se presentó públicamente en octubre con el nombre Slow trade –Sound farming (Comercio sano-Agricultura sosteni-ble) y es resultado de dos años de trabajo de investigación, consultas y talleres en todos los continentes, hechos por el Ecofair Trade

Dialogue, bajo los auspicios de las fundacio-nes alemanas Heinrich Böll y Misereor, así como del Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy.

Daniel de la Torre, director asociado del Instituto de Agricultura de la Universidad de Tennessee, y uno de los 12 expertos que elabo-raron el documento, destaca en entrevista:

“El principio fundamental del proyecto es revalorar la agricultura y a partir de ello construir un nuevo sistema de reglas de co-mercio internacional. ¿Por qué revalorar? Porque tradicionalmente vemos a la agricul-tura como generadora de empleo, de cierta contribución al producto interno bruto, de cierto nivel de ingreso para los productores y de beneficio para las empresas, y nos ol-vidamos de tres cosas: del papel esencial de la agricultura, que es satisfacer la necesidad

básica de la alimentación; de la función de la agricultura, de extraer recursos del medio ambiente, lo cual pone en peligro la soste-nibilidad no sólo de la producción sino del planeta, y por último, nos olvidamos de que la agricultura es un factor importantísimo para la formación del tejido social de mu-chos países”.

Riesgos de destrucción social y ambien-tal. Hoy, al promover el comercio agrícola en función de lo que es más barato, de lo que se puede exportar, de lo que es más reditua-ble para las empresas, de lo que más se de-manda, con una estandarización de mercan-cías y de precios de mercado muchas veces dumping, y valorando el capital humano y social en función sólo de los beneficios eco-nómicos, “estamos eliminando la capacidad de la agricultura en esos tres puntos básicos. Esto nos lleva a destruir la base de recursos naturales de la agricultura y la base producti-va, que son los campesinos”.

Sobre todo cuando la llamada tecno-logía de punta en la agricultura depende cada vez más de insumo s petroquímicos y de ingeniería genética, ambas cosas con grandes capacidades de depredación de los recursos ambientales.

“Hemos subyugado cualquier interés nacional a darle un derecho absoluto a las empresas para exportar o importar, sin consi-derar si la sociedad o el país así lo quieren. Si los mexicanos decidieran ‘no queremos maíz transgénico’, las reglas de comercio dicen que no se puede discriminar, pues se estaría infringiendo el derecho de los agentes eco-nómicos libres para comerciar. Entonces el sistema está patas arriba”.

Continúa De la Torre: “La idea de libre comercio es muy fácil de vender porque da la imagen de reglas para todos, de transpa-rencia, de justicia, equidad, pero entenda-mos que en el sector agrícola, especialmen-te, no existe la equidad, y no hablemos de la parte social, sino de los recursos naturales. ¿Todos los países tenemos la misma cantidad y calidad de suelos, tierra, agua, clima? No, la desigualdad empieza desde allí.

Sistema injusto. Además, “el sistema ac-tual nos quiere hacer creer que lo único que interfiere en el comercio libre es el estado y no considera que existen instancias privadas, las trasnacionales, que tienen tanto o más poder que los Estados. Entonces se imponen reglas iguales para todos, para grandes y chi-cos, cuando la justicia debería llevarnos a re-glas que favorezcan a los chicos. Con reglas iguales, el más grande, el de más poder, es el victorioso”.

Así, la propuesta de Ecofair Trade Dialo-gue es que el comercio agrícola deje de regir-se por la Organización Mundial de Comer-cio (OMC), a menos que ésta se “reinvente”, y que en el marco de las Naciones Unidas se establezca un nuevo esquema de regulación, el cual dé prioridad al interés social sobre los negocios del agro; que se anteponga la cali-dad de los recursos; el mejoramiento del me-dio ambiente; la justicia en la distribución de los beneficios económicos de la agricultura, y la soberanía de las naciones para imponer mecanismos arancelarios en función del in-terés social y ecológico.

“Se debe promover el comercio de pro-ductos que desde la etapa productiva favo-rezcan la regeneración de recursos naturales. Por ejemplo, sería posible entender que un maíz transgénico que importe la industria de México pague un arancel de 30 por ciento, pero si es un maíz producido con prácticas sostenibles, pueda entrar sin ningún arancel. Tendríamos un sistema que dice ‘no quere-mos cualquier comercio. Queremos un co-mercio sano, que proteja el recurso ambien-tal, que no agravie a nuestros productores’”.

Razones poderosas. El entrevistado re-conoce que esta propuesta se enfrenta a obstáculos, incluidos los tratados de libre comercio y el interés de los países ricos por utilizar la biomasa global para generar agrocombustibles.

“Es cierto que hay que derribar barreras poderosas, pero las razones para hacerlo son también poderosas. Como ciudadanos del mundo, por lo menos en las sociedades occi-dentales, pensamos que el problema alimen-tario no existe, pues acudimos al mercado y obtenemos lo que queremos, sin pensar que hace cien o 120 años la producción agrícola era la esencial de los pueblos para reprodu-cirse. Creemos que ya vencimos esa etapa, pero no, y aquí, lo que se trata es llamar la atención y advertir que estamos destruyen-do nuestros recursos naturales y sociales. Y si encima introducimos la incertidumbre de lo que pueda generar el cambio climático, estamos abriendo una caja de Pandora, con agudización de conflictos sociales y econó-micos, desesperación de los campesinos, des-abasto de alimentos, y a la larga, y quizá para entonces sea muy tarde, nos daremos cuenta de que debíamos haber cambiado”.

Con esta propuesta “hay que incidir en las organizaciones multilaterales que existen, ONU, FAO, UNCTAD, OMC, FMI, BM, en el sistema financiero, en el gobierno, en los parlamentos. Al principio sabemos

ECOFAIR TRADE dialogue:

LOS APORTES SOCIALES DEL AGRO

Alimentación, preservación ambiental y cuidado del tejido social, fundamentos

Propuesta internacional que pretende nuevo sistema comercial agrícola

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Slow Food (Comida Lenta), el movimiento social que nació en Italia en 1986, y que hoy integra a 85 mil consumidores, agricul-tores, restauranteros y gastrónomos de 80 países, enfocó este año

su atención en México, y decidió aprobar el nacimiento del baluarte del mezquite tostado de los seris de Sonora. Además de que tiene en lista de estudio a más de 12 productos de regiones de nuestro país, como el chile poblano y la pimienta, la miel y el café de Cuetzalan, Puebla.

Ya Slow Food considera a la vainilla de Chinantla, Oaxaca, y al amaranto de Tehuacán, Puebla, como baluartes. ¿Y eso qué signi-fica?, que su red de socios conoce, aprecia y difunde la importancia cultural, biológica y social de estos alimentos, y les brinda apoyo para que encuentren vías de mercado internacionales, particularmente en Europa, bajo el concepto de “comercio justo”, con la posibilidad de obtener precios entre 20 y 30 por ciento superiores a los que se ma-nejan normalmente.

Del 8 al 11 de noviembre Slow Food realizó su quinto Congreso Internacional en la ciudad de Puebla, con conferencias y exposicio-nes sobre agricultura y artesanías, y con la presencia en su Salón de los sentidos de los productos mexicanos baluartes y de los que anali-za como candidatos a baluartes: además de los mencionados arriba, están el pulque, la flor de jamaica, los chapulines, el maíz rojo y el azul, los gusanos de maguey, la chía, el nopal, el chocolate, el ca-cao, los escamoles, los ayocotes y el mezcal, todos los cuales fueron degustados por los 700 delegados de diversas partes del mundo que acudieron al encuentro.

Paola Nano, vocera de la organización, con sede en en Bra, Italia, y Mario Riestra Venegas, representante en México, explican la filosofía de Slow Food:

Esta agrupación nació como reacción de rechazo cuando hace 21 años se quiso establecer en la Plaza España, de Roma, un Mac

Donald’s, y ha crecido como una bola de nieve como movimiento en contra de la fast food (comida rápida o macdonalización) y de la globalización de la comida.

Es la única instancia que conecta al consumidor con los agricul-tores, con tres parámetros: que la comida debe ser limpia (no conta-minada por pesticidas ni aguas negras), saludable y que entre en el

comercio justo.Además, Slow Food está com-

prometido con la biodiversidad, dice Paola Nano, y precisamen-te porque México es uno de los países más ricos en recursos ge-néticos y en gastronomía es que nuestra nación está siendo centro de atención.

Los productos que Slow Food convierte en baluartes (tiene alre-dedor de un centenar en todo el mundo) son aquellos cuyas formas tradicionales de producción están

en riesgo de extinción, en el contexto de un comercio mundial donde las corporaciones líderes se mueven con altas escalas de producción y de mercado, y desplazan a los pequeños agricultores. “Los baluartes son protegidos para que el comercio desleal no los elimine”.

Lo que hace Slow Food es apoyar a los productores de los baluar-tes con conexiones de mercado. Pero además difunde la historia, la cultura, la importancia regional y social de los productos, y crea un vínculo humano, sensible, entre los consumidores y los agricultores.

Para aprobar los “baluartes”, Slow Food recaba información técni-ca, base respecto de los riesgos de extinción del producto alimentario que se trate, y delimita la región, organizaciones y poblaciones a las que habrá de apoyar.

IMPULSA SLOW FOOD ALIMENTOS MEXICANOS EN COMERCIO JUSTO INTERNACIONAL

Vainilla de Oaxaca,

Amaranto de Tehuacán

y Mezquite de Sonora,

con difusión y apoyo

La miel, pimienta, café

de Cuetzalan, en lista

para ser baluartes

de la agrupación


AMARANTO DE TEHUACÁNJunto al maíz y los frijoles era el producto fundamental en la alimentación de los pueblos prehispánicos, desde México has-ta Perú, pero a diferencia de los otros dos, el amaranto, tras la conquista fue abando-nado casi por completo. Importante por sus propiedades nutritivas y la capacidad de sobrevivir en las zonas más áridas, fue redescubierto en los pasados 30 años.

La variedad Amaranthus hypochon-driacus, originaria del valle de Tehuacán, alcanza dos o tres metros de altura. Las hojas son grandes y verdes y las flores mag-níficas: altos penachos de colores brillan-tes, rojo vino con matices y rosa salmón.

Justo por su belleza, antiguamente fue protagonista de celebraciones y ri-tos religiosos, algunos particularmente cruentos. Razón esta última por lo que su cultivo fue severamente prohibido por los misioneros cristianos.

Después de 500 años se ha iniciado una lenta pero importante labor de recu-peración y reintroducción de algunas de sus variedades. El amaranto, de hecho, posee una función fundamental: rico en proteínas (en particular lisina, aminoáci-do crítico para el crecimiento), equilibra y enriquece la dieta de las poblaciones

indígenas de Centro y Sudamérica, basa-da en el maíz y los frijoles. Las plantas de amaranto se pue-den consumir como verdura; las hojas, ricas en hierro (más que las espinacas), son importantes en la alimentación de los niños. Se consumen en ensalada, en sopas, o bien se dejan secar y se usan como especias.

Con las semillas tostadas se preparan dulces tradicionales como la alegría, en México, o bien se obtiene una harina óptima para elaborar tortillas (mezcla-da obviamente con la de maíz), tortas y bizcochos.

Además, al igual que el trigo sarrace-no, el amaranto pertenece a una extraña familia de seudo cereales que no contie-nen gluten y que, justo por ello, pueden ser ingredientes de panes, pastas y biz-cochos en las dietas de los celíacos.

El baluarte. La Organización Alter-nativas (Alternativas y Procesos de Parti-cipación Social), que desde 1980 trabaja para recuperar los saberes tradicionales y en el estudio de sistemas de cultivo y de irrigación, se halla ahora ocupada en la recuperación del amaranto. Alternativas ha organizado cooperativas en 60 po-

blaciones, comprome-tiendo a mil 100 familias indígenas de la región mixteca. Cada familia siembra un promedio de un cuarto de hectárea de amaranto, y en el resto de la parcela cultivada (milpa) combina maíz, frijoles, chiles y calaba-za. Las cooperativas, a su vez, se han puesto de

acuerdo para crear un grupo en grado de producir alimentos a base de amaranto con la marca Quali, que en la lengua náhuatl significa “bueno”.

El baluarte trabaja en tres frentes: puesta en valor de un dulce tradicional a base de amaranto (la alegría), la crea-ción de un centro de exposición y venta del amaranto en el interior de un Museo del agua, y la experimentación con pro-ductos a base de amaranto. Respecto de este último aspecto, con la Universidad de Milán y el apoyo de la Fundación Cariplo se ha elaborado el proyecto “El redescubrimiento del amaranto”, cuyos objetivos son: mejorar la producción desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, analizar nuevos productos aptos para la dieta de los celíacos, y acti-var nuevas salidas comerciales.Slow Food: Ficha técnica del amaranto de Tehuacán sobre productos mexicanos.

Seguridad alimentaria, conservación ambiental y combate a la pobreza rural con el Programa de Atención a los Productores de Menores Ingresos (PAPMI) del Gobierno de GuerreroEl Programa de Atención a Productores de Menores Ingresos (PAPMI) es un programa destinado a apoyar a los productores más po-bres del Estado de Guerrero a través de apo-yos temporales, cuyo objetivo es el de elevar el ingreso alimentario de las familias en pobreza extrema, la creación de habilidades y capaci-dades para el desarrollo familiar y comunitario, sostenido y sustentable. Es complementa-rio a Oportunidades y articula acciones con Sagarpa, Conafor y FAO.

Los apoyos y el acompañamiento se brindan por tres años para que la familia rompa el círculo vicioso de la pobreza, la inseguridad alimentaría y el deterioro ambiental y esté en condiciones de emprender proyectos de mayor envergadura.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Atender la situación alimentaría de los cam-pesinos más pobres a través del mejoramiento de sus sistemas de milpa y traspatio para me-jorar su ingreso nutricional.

Fortalecer las capacidades técnicas, pro-ductivas y sociales de las unidades familiares.

Contribuir al establecimiento de un sistema de microfi nanzas para los campesinos pobres.

Consolidar esquemas de acopio de exce-dentes y organización campesina.

Disminuir el deterioro ecológico, y manejar, conservar y mejorar los suelos agrícolas, el agua y la biodiversidad.

VERTIENTES DEL PROGRAMAEl programa incluye cuatro componentes:

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COBERTURADurante 2007 con recursos asignados por el Congreso Federal que complementaron los propios, el PAPMI incorporó 186 localidades, 27 municipios, 6 regiones, lo cual implica atención integral a 5,500 unidades de producción familiar (UPF) lo que signifi can 25,000 hab. En 2006 se había iniciado ya benefi ciando a 530 familias.

Se busca que la atención familiar del pro-grama evolucione a una atención comunitaria y ésta a su vez, a una planeación territorial integral. Es por ello que el PAPMI operará a través de 8 Agencias de Desarrollo Rural (ADR) quienes brindan asistencia técnica, ca-pacitación y desarrollan la metodología de pla-neación participativa en cada una de las UPFs incorporadas.

AVANCES Y RESULTADOS Sobre la base de un proceso de planeación familiar que incluyó, promoción, levantamiento de encuesta familiar, diagnóstico de cada UPF (análisis FODA) y diseño del Plan de Desarrollo Familiar, se elaboraron más de 15 mil peque-ños proyectos con los que se encuentran com-prometidos los recursos del programa al 100 por ciento y se están llevando a cabo las inver-siones en todas las regiones del Estado. Así, más de 6 mil familias (cerca de 30,000 hab) están en el camino de la superación estructu-ral de sus condiciones de pobreza.

Se están desarrollando proyectos tales como captación de agua, producción de hortaliza con sistema de riego, producción de cerdo, chivo y conejo, cría de aves para postura, mejoramien-to de maíz, conservación de suelos, reforesta-ción, estufas lorena, frutales, entre otros.

COMPLEMENTA AL PROGRAMA OPORTUNIDADES IMPULSANDO UN PROCESO DE MEJORAMIENTO DE LAS FAMILIAS

La asistencia técnica comunitaria es perma-nente por lo que el ánimo de las comunidades es de apropiación del proyecto, confi anza en las instituciones públicas y reconocimiento de que ellos tienen en sus manos la posibilidad de lograr un desarrollo sostenido.

que será una discusión sorda, pero no podemos dejar de hablar. Como organizaciones civiles podemos hacer presión dentro del sistema internacional, y éste está obligado a escuchar a los países miembros. Debe-mos entender que no es tarea fácil, pues los países que tienen un mensaje diferente, como Bolivia, Venezuela, son inmediatamente satanizados”.

Pero “imaginemos qué sería si tuviéramos un Fondo Monetario Internacional o un Banco Mundial que di-jeran ‘te damos ayuda, préstamos, siempre y cuando la producción sea sostenible’. Eso sería ideal de un sistema internacional. O que pudiéramos evitar que los países del Norte dejaran de vender a precios dumping. Con eso lograríamos reducir mucho la agresión que hace el libre comercio a nuestros recursos naturales, a los campesinos y en general a los ciudadanos”.

El Ecofair Trade Dialogue surgió luego de las nego-ciaciones de la OMC en Cancún, en 2003, cuando la agricultura se impuso como el tema clave. Y entre 2007 y 2009 realizará conferencias y seminarios en todo el orbe para impulsar sus propuestas. www.ecofair-trade.org

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Pablo Sigüenza Ramírez

Dando una vistosa bien-venida a la entrada de la ciudad de Cobán, Alta

Verapaz, en Guatemala, se encuen-tra la Plaza Magdalena. Se trata de un complejo comercial con alrededor de 60 negocios, espacios de distracción y venta de comida. Lo más interesante del lugar es la estructura externa: una imponente construcción con forma de casco central de finca cafetalera alemana decimonónica. No deja de llamar la atención lo agudo del mensaje que los dueños de la Plaza Magdalena dejaron plasmado en la estructura: le recuerda a la población del área urbana y a los miles de campesinos que llegan a la ciudad día a día, indígenas q’eq’chies y pocomchies en su mayoría, que el poder en Alta Verapaz, al igual que en el país, está ya definido y está en manos del sector terrateniente esencialmente cafetalero.

La finca de café se constituyó en la unidad de producción fun-damental en los pasados 150 años en el país, hasta la crisis causada por la gran caída internacional de los precios del grano a inicios de

la década actual. A partir de las transformaciones liberales de fina-les del siglo XIX, el cultivo de café determinó las relaciones sociales de producción y de convivencia en vastas áreas del territorio nacio-nal, llegando a producir actitudes de servilismo al mero estilo de la época medieval en Europa. Dichas relaciones se viven en fincas de Alta Verapaz incluso en estos primeros años del siglo XXI.

La desigual e injusta distribu-ción de la tierra en Guatemala tie-ne varios perfiles: por un lado, es el resultado de procesos históricos de despojo de tierras a las comunida-des indígenas, por otro, es uno de los problemas que están en la raíz de las condiciones de pobreza y ex-clusión claramente descritos en los informes del desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); pero la cara más impactante del fenómeno es la de las niñas, los jóvenes, los hombres y las mujeres que siguen siendo explotados en las fincas y terrenos dedicados a los monocul-tivos extensivos de exportación, sin posibilidad de acceder al recurso tierra para producir sus alimentos de forma digna.

El discurso de los grandes empre-sarios y sus funcionarios es que la tierra ya no es un medio indispen-sable para el desarrollo en las áreas rurales, muy al estilo del enfoque de la nueva ruralidad; sin embargo, el capital nacional y trasnacional ejercen hoy una presión muy fuer-te sobre las pocas tierras comunales que existen, a fin de impulsar la producción extensiva de cultivos como la caña de azúcar, la palma africana, el maíz para la producción de etanol y biodiesel. Nuevamente se produce en regiones fértiles, como la del valle del río Polochic, el desplazamiento y la expulsión de comunidades indígenas con la in-tención de expandir, a toda costa, la producción agroexportadora.

Indudablemente no es por con-ducto del actual gobierno ni del go-bierno que será electo próximamen-te, que se detendrá esta avanzada del capitalismo salvaje sobre nuestros re-cursos naturales y nuestros pueblos. Tampoco es con la actual conforma-ción legislativa que se promoverá la ansiada y necesaria Ley de Reforma Agraria Integral. Es claro: son los pueblos los que de forma espontá-nea al inicio, y organizadamente después, lograrán establecer un go-bierno del pueblo y para el pueblo, que avance hacia la trasformación de las condiciones de desigualdad. Mientras tanto, la Plaza Magdalena nos da la bienvenida a Cobán y nos invita, a propios y extraños, a disfru-tar una deliciosa taza de café y visitar el museo del grano en la casa de la “ilustre” familia Diesseldorf, princi-pal terrateniente de la región.Instituto de Estudios Agrarios y Rurales, de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop)

Jorge Belarmino

Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla. Entre el 8 y el 10 de septiembre, en las cabañas de la Kaltaixpetalinoyan

(La casa donde se abre el espíritu), construi-das para la capacitación y el turismo rural de la Sociedad Cooperativa Agropecuaria Regio-nal Tosepan Titataniske (30 años de historia, 4 mil productores de café, pimienta, maíz…), se celebran tres talleres. Los convoca la sec-ción mexicana del Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano (Moicam).

El movimiento viene naciendo desde 2001, por medio de cinco encuentros que reúnen hasta centenar y medio de organizaciones nacionales, regionales y locales, de los siete países centroamericanos, de México y, even-tualmente, el Caribe.

Lo hace aprovechando el impulso de ám-bitos mundiales y continentales –la Vía Cam-pesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo−, a partir de la preocupación por el Plan Puebla-Panamá.

Detrás, el sustrato de la rica, antigua historia del subcontinente, y un pasado próximo de contactos: luchas de los pueblos indígenas por el reconocimiento de sus derechos auto-nómicos, guerrillas y acción de la Iglesia cató-lica comprometida.

Una Mesoamérica rural, dice el Moicam, de vocaciones y problemas comunes, “bajo asedio”, “encadenada por tratados comerciales injustos”, “lacerada por megaproyectos”, “de-pendencia alimentaria”, “migración crónica”.

En los talleres de Cuetzalan una preocupa-ción: integrar en términos reales al movimien-to, desde las organizaciones de base, mediante de intercambios y actividades que traspasen la lógica de las campañas (por la reforma agra-ria, la soberanía alimentaria, la reivindicación de los pueblos originarios, la incorporación de la perspectiva de género al campo…). Por eso los talleres sectoriales: maíz; café, y servi-cios ambientales y turismo rural.

Esta vez sólo tienen tiempo y recursos para llegar siete delegados centroamericanos, pero representativos de los tres sectores, y con los 129 mexicanos hacen tres días de sesiones intensas.

En el de maíz, la preocupación por el des-tino del grano y la soberanía alimentaria en el área se plantea en muchos planos y toca problemas de producción, comercialización, industrialización, abastecimiento: el produc-to orgánico de las tortilladoras de Tosepan, por ejemplo, topando con las corporaciones que dirigen los hábitos de consumo; o el dé-ficit del básico en el departamento de Vera-paz, en el norte de Guatemala, precisando la ayuda de las organizaciones chiapanecas, que ya venden por debajo del precio guatemalte-co al vecino Petén; o las virtudes y límites de la urea solidaria que Venezuela hace llegar a Nicaragua, y el compromiso de la Asociación de Trabajadores del Campo de ese país para tratar de extenderla a otras naciones.

El taller sobre café, cuyo núcleo está com-puesto por organizaciones nacionales, regio-nales y locales mexicanas, reconoce a Meso-américa como el ámbito natural, hasta ahora oculto en la vastedad de la Central Latinoa-mericana de Cafeticultores.

El de servicios ambientales y turismo rural reúne al mayor número de instancias repre-

sentadas y explora un sector casi inexistente en la región, a pesar de las enormes ventajas de ésta para ello.

La plenaria final parece cumplir con el objetivo de dar los primeros pasos en la cons-trucción de un Moicam articulado, que res-ponda a las necesidades de las organizaciones de base. Y propone una serie de foros secto-riales para preparar el próximo encuentro del movimiento, a realizarse durante febrero próximo en Managua.

Desafiando a los búnkers de trasnacionales como Monsanto, Nestlé y

Coca Cola que flanquean la Vía Dutra, conexión de Río de Janeiro con Sao Paulo, se alza la Escuela Nacional Florestán Fernándes (ENFF) del brasile-ño Movimiento de los Trabaja-dores Rurales sin Tierra (MST), donde durante cuatro meses de internado cerca de un centenar de dirigentes sociales de 56 or-ganizaciones y 18 países toman un intenso curso de teoría polí-tica latinoamericana, impartido por Jaques Chonchol, Joao Pe-dro Stedile, François Houtart y Enrique Dussel, entre otros, en el contexto del Pro-yecto Pedagógico de la ENFF, que se propone “cons-truir la unidad entre los movi-mientos sociales sobre la forma de interpretar nues-tra historia y mirar al futuro”, promo-viendo el “inter-cambio político entre dirigentes”.

Muestra de la vitalidad campe-sina en el tercer milenio es que cerca de la mitad de los partici-pantes milita en organizaciones rurales como la anfitriona MST, que además de esta universidad, edificada por ellos mismos, inau-gurada en 2005 y con capacidad de alojar y capacitar a cientos de estudiantes, tiene 21 centros de formación, uno por cada estado de la República. Por cierto; en la bibliografía del curso hay harto Marx, a quien habría sorprendi-do la existencia de campesinos en el tercer milenio... y más de campesinos marxistas. Cosas ve-redes Engels. Cosas veredes.

Sierra de Puebla:

DIÁLOGOS MESOAMERICANOS

Guatemala: DE MALLS, FINCAS CAFETALERAS Y OTROS SÍMBOLOS DE LA IGNOMINIA

Brasil:LOS CAMPESINOS VAN A LA UNIVERSIDAD (Y ESTUDIAN A MARX)


Julio Moguel

Fue muy fácil para el pensamiento occidental moderno encamisar al hombre en el molde simple y llano

del vértigo que viene de “lo abierto”, léase de lo urbano y de su tiempo-línea-fuga-movimiento, alias velocidad. Lo abstracto se vio como “lo propio”, y la forma hizo a un lado sus contenidos específicos para hacerse volátil, rayo acaso, o nada. “Todo lo sólido se desvanece en el aire”: tal fue la voz de identidad –y alerta– de la nueva temporalidad.

En la década de los 50 del siglo pasado, en México, cuando la mayoría de los filóso-fos y literatos se preparaban para ajustar sus plumas a dicha dimensión, un vendedor de llantas de la Goodrich, enamorado de su tierra y de las letras, llegó para contrade-cir. Y dijo que en lo otro, en la alteridad de lo rural y de los muertos, habría claves-ver-dades esenciales –propias, fundantes– del referido homo de esa modernidad.

La presente nota quiere recordar la –en-tonces– solitaria voz de Juan Rulfo, lanza-da desde Pedro Páramo, su obra mayor.

Los personajes populares de Pedro Pára-mo son, desde la mirada del protagonista principal, prácticamente inexistentes, me-nos que fantasmas, nada. Ello se expresa con suficiente claridad en la siguiente conversación entre Fulgor Sedano y su mandamás:−Será lo que usted diga, don Pedro; pero

esa mujer que vino ayer a llorar aquí, ale-gando que el hijo de usted le había matado a su marido, estaba de a tiro desconsolada. Yo sé medir el desconsuelo, don Pedro. Y esa mujer lo cargaba por kilos. Le ofrecí cincuenta hectolitros de maíz para que se olvidara del asunto; pero no los quiso. Entonces le prometí que corregiríamos el daño de algún modo. No se conformó.−¿De quién se trataba?−Es gente que no conozco−No tienes pues por qué apurarte, Ful-

gor. Esa gente no existe.Este desprecio desde el poder cobra toda

su relevancia cuando entendemos que se trata de un ninguneo asumido por los propios pobladores de Comala, pues des-de su propia voz son poca cosa, ilusiones perdidas (como las de Damiana), volunta-des vencidas (como las de Juan Preciado), sueños apenas, sombras, nada. Se trata, en suma, de una “servidumbre aceptada o vo-luntaria” que encuentra en “el destino” o “la culpa” los orígenes últimos de su mal.

¿Cuál es el significado de que Juan Pre-ciado pregunte a otros muertos: “están uste-des muertos”?, inquirió en algún momento el periodista argentino Máximo Simspon al autor de Pedro Páramo. La respuesta de Rulfo es una perla:

“Con la pregunta ‘¿están ustedes muer-tos?’ se quiere encontrar una respuesta al porqué de las fuerzas del poder, no obstante

que operan en todas direcciones, permane-cen en la oscuridad. Hay ocasiones en que uno desearía saber dónde se oculta aquello que causa a veces tanto daño. Por ejemplo, ignoramos cómo se produce y cunde la pobreza; quién o qué la causa y por qué. Yo no me preguntaría por qué morimos, pongamos por caso; pero sí quisiera saber qué es lo que hace tan miserable nuestra vida. Usted dirá que ese planteamiento no aparece nunca en Pedro Páramo; pero yo le digo que sí, que allí está desde el principio y que toda la novela se reduce a esa y única pregunta: ¿dónde está la fuerza que causa nuestra miseria? Y hablo de miseria con to-das sus implicaciones.”

Pedro Páramo es el cacique absoluto, dueño de hombres y “de toda la tierra que se puede abarcar con la mirada”, a la vez que alma negativa sustanciada en los do-lores, males y desgracias de los pobladores vivos-muertos de Comala. Representa, entonces, además de un poder específico que deriva su fuerza de la fuerza, del uso y abuso de la violencia, un poder desplegado que mata sin matar, corrompe en vida y envilece.

¿Representa entonces Pedro Páramo el poder de los caciques mexicanos de una región particular en un tiempo determina-do? Sí y no, pues “extiende” su ámbito de “representación” hacia un tiempo que es pasado y es futuro, en una configuración mítica que simboliza en realidad “todo poder”. De allí la condición universal del personaje. Nadie mejor que el propio Rul-fo para hablar sobre los alcances de dicha “representación”:

“Pedro Páramo es un cacique. Eso ni quien se lo quite. Estos sujetos aparecie-ron en nuestro Continente desde la época de la conquista con el nombre de enco-menderos, y ni las Leyes de Indias ni el fin del coloniaje, ni aun las revoluciones, lograron extirpar esa mala yerba. Aún en nuestros días, los hay que son dueños hasta de países enteros; pero concretándonos a México, el cacicazgo existía como forma de gobierno siglos antes del descubrimien-to de América, de tal suerte que los con-quistadores españoles sólo ‘echaron raspa’, es decir, les fue fácil desplazar al cacique indio para tomar ellos su lugar. Así nació la encomienda y más tarde la hacienda con su secuela de latifundismo o monopolio de la tierra. Esa es la realidad, sin tapujos

ni metáforas ni nada de sueños. Pedro Pá-ramo es un cacique de los que abundan todavía en nuestros países: hombres que adquieren poder mediante la acumulación de bienes y éstos, a su vez, les otorgan un grado muy alto de impunidad para some-ter al prójimo e imponer sus propias leyes. No hay en ello, pues, ninguna metáfora, si acaso cierta metamorfosis que los con-vierte, por asociación, en consorcios o en sociedades anónimas al servicio de deter-minados intereses (...)”

“Caciques”, “encomenderos”, “dueños de países enteros”, “hombres que adquie-ren poder mediante la acumulación de bienes”, “consorcios” o “sociedades anóni-mas al servicio de determinados intereses”: en síntesis, los Pedro Páramo de antes y de ahora, que tienen “un alto grado de impu-nidad para someter al prójimo e imponer sus propias leyes”.

En otras palabras, al construir su per-sonaje Rulfo, extiende el sentido de su reflexión hacia las manifestaciones sutiles y complejas del “poder abstracto” de las épocas modernas, sustanciado en sus for-mas complejas de fetichización o encanta-miento: “Este mundo, que lo aprieta a uno por todos lados, que va vaciando puños de nuestro polvo aquí y allá, deshaciéndonos en pedazos como si rociara la tierra con nuestra sangre”, dijo Bartolomé San Juan a su hija Susana en la novela.

Para “territorializar” plenamente ese sentido del poder Rulfo, acompaña su es-

critura con otra línea de aproximación: hace a un lado el revestimiento jurídico-institucional que soporta y entreteje las relaciones de poder, para integrar la trama en un espacio-tiempo primordial de carác-ter ficcional “no-historizado”. Salvo por el licenciado Gerardo Trujillo, cuyo paso por la novela es relativamente fugaz, en Pedro Páramo no hay comisarios o agentes polí-ticos, presidentes municipales o funciona-rios ni aparece institución alguna, sea ésta escolar, de salud, de policía, de servicio social o de administración pública.

Pero la escritura de Rulfo avanza aún más para mostrar otra clave propia de las relaciones de poder: Pedro Páramo necesi-ta de Susana San Juan como Dionisio de Ariadna. Lo que lleva obligadamente a la pregunta: ¿cómo es que el “Dios de la afir-mación” requiere de esa otra voluntad in-discernible que llega a él desde lo más frágil y ligero? Porque todo poder afirmativo re-quiere de su propio soporte: “La afirmación de la afirmación, la segunda afirmación o el devenir activo”, dice Gilles Deleuze, en Misterio de Ariadna según Nietzsche.

Y si el poder del que se trata es grave y pesa, sólo la levedad del guiño –femeni-no, en esencia– será capaz de redimirlo. En ausencia de ese gesto cómplice, de esa “afirmación de la afirmación”, el armatos-te humano que se ha valido de todos y de todo para ejercer su inconmensurable po-der terminará por derrumbarse. Como un montón de piedras.

DE PODERES Y ALTERIDADES EN PEDRO PÁRAMO

DESDE LA LITERATURAuna mirada al campo

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Jorge Fernández Souza

Las leyes de Desamortización y de Colonización que propiciaron el despojo de las comunidades indígenas y campesinas fueron revertidas en la Constitución

de 1917, pero en alguna medida regresaron a la Carta Mag-na con la reforma neoliberal de 1992, que nuevamente deja la propiedad de la tierra sujeta a “las fuerzas del mercado”.

Así las cosas, en los Diálogos de San Andrés entre el Ejército de Liberación Nacional (EZLN) y el gobierno federal, uno de los temas fuertes fue el de la propiedad y el acceso a la tierra y a los recursos natura-les de los pueblos indios, amena-zados por las reformas salinistas. Sin embargo, las condiciones de la negociación no permitieron tratar a fondo la reversión de los cambios de 1992 y la restauración del carácter no enajenable e im-prescriptible de las propiedades ejidales y comunales.

Por eso, en el punto de acuer-do general e introductorio de los Acuerdos de San Andrés, el EZLN señaló “la falta de solución al gra-ve problema agrario nacional y (…) la necesidad de reformar el artículo 27 constitucional(…)”, expresando su inconformidad con los cortos alcances de los acuerdos en las cuestiones de la tierra y los recursos naturales. Y es que, en el documento 2, relativo a las propuestas conjuntas que el gobierno federal y el EZLN se comprometían a enviar a las instancias de debate y decisión nacionales, se hizo una mención al terri-torio como base material de la reproducción de los pueblos indígenas y como expresión de la unidad indisoluble hom-bre-tierra-naturaleza, pero sin que se establecieran formas para asegurar la pertenencia del territorio a estos pueblos.

A lo más, en el mismo documento, en el apartado V so-bre reformas constitucionales y legales, se estableció, en el inciso b), la propuesta de que se legislara para garantizar la protección a la integridad de las tierras “(...) de los grupos indígenas (...)”, de acuerdo con el concepto de integridad territorial contenido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por México. Y en el inciso c) del mismo apartado, se incluyó la propuesta de que se reglamentara un orden de preferencia que privile-giara a las comunidades indígenas en el otorgamiento de

concesiones para la explotación y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Lo que se había establecido en los Acuerdos de San An-drés como propuestas sobre integridad territorial y recursos naturales quedó traducido como el derecho de los pueblos indígenas para “acceder de manera colectiva al uso y dis-frute de los recursos naturales de sus tierras y territorios, entendidos éstos como la totalidad del hábitat que los pue-blos indígenas usan u ocupan, salvo aquellos cuyo domi-nio directo corresponde a la nación”, en la fracción V del

texto elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación (Co-copa), integrada por diputados y senadores del Congreso de la Unión.

De esta manera, si en los acuerdos se proponía legislar sobre la integridad territorial de los pueblos, en el texto de la Co-copa ya no se hacía referencia a la protección de los territorios ni de la tierra, y sólo se mencionaba el acceso a los recursos naturales. Es decir, no se establecía ningu-na garantía sobre la tenencia de la tierra, y además se hablaba de un derecho de acceso a los recursos que, desde una perspec-tiva integral constitucional y le-gal, le corresponde no sólo a los

pueblos indígenas, sino a cualquier persona física o mo-ral que cumpla con algunos requisitos jurídicos. En otros términos, la propuesta de la Cocopa de ninguna manera garantizaba que los pueblos indios fueran los únicos que pudieran acceder al uso y a la explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. Y al no dar-les la exclusividad de ese derecho (el cual por otra parte ya tenían por ser mexicanos), los dejaba compitiendo con quien tuviera los medios económicos para explotar los re-cursos naturales, medios que generalmente no abundan en las manos de los pueblos indígenas.

En el texto constitucional, que finalmente se aprobó en 2001, el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a los recursos naturales quedó sujeto “(…) al respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra (…)” establecidas en la Constitución, descartándose así cualquier forma de propiedad que no fuera la privada, la ejidal o la comunal, con los subsistentes riesgos de privatización que desde 1992 amenazan a las formas de tenencia colectiva.

No hay, de acuerdo con el texto actual, cabida para una forma de propiedad de las tierras y territorios indígenas que escape a la intención privatizadora, como tampoco la había en el texto de la Cocopa. La misma fracción VI del artículo 2 de la Constitución que impone esta limitación, señala que las comunidades y los pueblos tendrán el uso y disfrute “preferente” de los recursos naturales de los “lugares” (no habla de tierras ni de territorios) que habitan y ocupan las comunidades. Igual que en el texto que había propuesto la Cocopa, no se le da a los pueblos y comunidades indígenas la exclusividad para la explotación y el uso de los recursos naturales de sus territorios, única posibilidad que tendrían frente al poder económico empresarial privado y, en ese mismo sentido, la mención sobre lo preferente es de poca trascendencia.

Por otro lado, que en el texto constitucional no se men-cione el acceso colectivo de los pueblos indígenas a los re-cursos naturales, como sí se marcaba en la propuesta de la Cocopa, no hace mayor diferencia, ya que al referirse el actual artículo 2 de la Constitución, “al derecho de los pueblos y comunidades indígenas” evidentemente se está refiriendo a derechos colectivos, independientemente de los derechos individuales como los que se mencionan en la fracción VIII del mismo artículo.

Reivindicar la llamada Ley Cocopa contra la reforma aprobada fue políticamente legítimo, entre otras cosas por-que la primera proponía que el Congreso tuviera facultades para legislar en materia de derechos indígenas y que las comunidades fueran consideradas como entidades de dere-cho público, mientras que la segunda dejó en las cámaras locales la posibilidad de legislar en aquella materia y consi-deró a las comunidades indígenas como de interés público. Pero en la medida en que la propuesta de la comisión era tan insuficiente como el actual texto constitucional para asegurar el acceso de los pueblos indígenas a la explotación de sus recursos naturales y para la defensa jurídica de sus tierras y territorios, no tiene sentido seguir reivindicándola, al menos en estos aspectos.

La controversia pierde sentido aún más cuando la nor-matividad internacional ha sido enriquecida con la Decla-ración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de ese organismo en septiembre de este año. En particular, los artículos 26, 27, 28 y 29, ofrecen nuevas bases para la defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, en una perspectiva que merece atención y mayores comentarios.

En todo caso, y sin perder tampoco de vista los Acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la OIT, otras tendrán que ser las reformas constitucionales que hagan justicia a la lucha que cotidianamente llevan a cabo los pueblos y las organizaciones indígenas y campesinas en la defensa de sus tierras y sus recursos naturales.Profesor-Investigador Departamento de Derecho, UAM-Azcapotzalco, [email protected]

Los límites de la Ley CocopaTenencia de la tierra, recursos naturales y reforma constitucional•

De la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos IndígenasARTÍCULO 26. Los pueblos indígenas tie-nen derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido (...)ARTÍCULO 28. Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación (...) por las tierras, los territorios y los recursos que tradi-cionalmente hayan poseído (...) y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utiliza-dos o dañados sin su consentimiento (...)ARTÍCULO 29. Los pueblos indígenas tie-nen derecho a la conservación y protección del medio ambiente y de la capacidad produc-tiva de sus tierras, o territorios y recursos (...)

Guadalupe Espinoza Sauceda

Del 11 al 14 de octubre se llevó a cabo en Vícam, Sonora, el Encuentro de los Pueblos Indios de América,

convocado por el Ejército Zapatista de Libe-ración Nacional (EZLN), la Comisión Sexta y el Congreso Nacional Indígena (CNI). De México concurrieron muchos pueblos: kika-pús, cucapás, rarámuris, mixtecos, zapotecos, nahuas, triquis, tenek, zoques, totonacos, chi-chimecas, wirrárikas, yoremes mayos, kumiai, purépechas, amuzgos, tzotziles y los anfitrio-nes: los yoremes yaquis; pero también repre-

sentantes de Canadá, el Caribe y Sudamérica. Alrededor de 570 delegados y un buen núme-ro de observadores, nacionales y extranjeros.

Mientras que el discurso de los delegados que venían de Estados Unidos y Canadá era de pueblos guerreros que están combatiendo el capitalismo, el de los delegados de Latino-américa era más por la autodeterminación. Pero fue planteamiento común que ellos mismos tenían que hacerse respetar y cuando los estados nacionales no les reconocieran la autonomía, hacerla valer en los hechos, como en Guerrero la Policía Comunitaria, en Chia-pas las Juntas de Buen Gobierno, en Oaxaca

el municipio autónomo de San Juan Copala, entre otros.

Cuestión muy mentada fue el derecho al territorio: todos denunciaron que agentes ex-ternos se apoderaron o quieren apoderarse de

sus tierras, aguas y demás recursos naturales. Otra fue que los gobiernos son los que pro-vocan el divisionismo. Y quedó un mensaje: que el movimiento indígena está vigente y que, con altos y bajos, en México se articula mayoritariamente en el CNI.

Pero no sólo aquí hubo acciones el 12 de oc-tubre, declarado Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas por la III Cumbre de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, realizada en marzo de 2007 en Guatema-la; también las hubo en Bolivia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Perú, Chi-le, Colombia y Cuba. Sus reivindicaciones se resumen en: luchar contra el neoliberalismo impuesto por los estados, los organismos mul-tilaterales y las trasnacionales; exigir respeto a sus territorios y recursos naturales; rechazar tratados de libre comercio; trabajar por la cons-trucción de estados plurinacionales, y repudiar la persecución y asesinato de dirigentes, autori-dades y miembros de los pueblos indígenas.

INDÍGENAS DEL CONTINENTE

EN LA NACIÓN YAQUI

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15 AÑOS DE JUSTICIA AGRARIA


Bienvenidos todos a esta fiesta. Estamos re-unidos hoy jóvenes de muchas colonias de

la ciudad, chavas y chavos de todas las edades, amas de casa, trabajadores urbanos; chilangos la mayoría, pero también gente del campo que ha venido a este magno concierto. Estamos hoy aquí, en esta enorme plancha de cemen-to, para defender al maíz y a los campesinos de México.

Y es que nosotros, los mexicanos todos, somos gente de maíz, no nomás los que vi-ven en el campo y siembran milpa. También los citadinos que nunca han caminado entre surcos tienen su raíz profunda y su identidad cultural en este grano milenario. Por eso

defender el maíz y el frijol mexicanos no es asunto solamente de los campesinos que lo producen, sino de todos.

Estos granos base de la alimentación del pueblo mexicano están en peligro de muer-te y los campesinos en peligro de extinción. Si no peleamos por sacar a nuestro maíz y nuestro frijol del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), estaremos de rodillas ante el imperio gringo, habremos perdido nuestra soberanía alimentaria. Otra amenaza que va de la mano con el TLCAN es la siembra experimental y muy pronto comercial de maíz transgénico que pone en riesgo a los maíces nativos.

En esta ocasión, los que estamos aquí, re-unidos para compartir una larga tocada, quere-mos demostrar que también la música puede acercar los sueños urbanos y los sueños rurales en un México donde quepamos todos.

Y ORA TE PIDO UN FAVOR:EN LO QUE LA BANDA TOCAPON A MÉXICO EN TU BOCA

Y RECUERDA ESE SABOR

Y MIENTRAS BAILAS FELIZQUE LA MÚSICA Y LAS ARTESREPITAN POR TODAS PARTES¡QUE SIN MAÍZ NO HAY PAÍS!

Del 27 al 30 de septiembre Caracas, Venezuela, fue la sede del Primer Encuentro Latinoamericano Somos de Maíz, en el que delegados de México, Argentina, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Brasil, Bolivia, Cuba y Venezuela refrendaron su oposición a los transgénicos y a la utilización de maíz para etanol, y reiteraron el compromiso de resguardar cultura, tradiciones y alimentación a base de “nuestro maíz”.

MILPAS BOLIVARIANAS

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SALVEMOS AL CAMPO PARA SALVAR A MÉXICO

Lorena Paz ParedesFragmentos de las palabras de bienvenida al concierto por el maíz de la Campaña Nacional en Defensa de la Soberanía Alimentaria y la Reactivación del Campo Mexicano: Sin maíz no hay país, pon a México en tu boca, 27 de octubre de 2007.

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Miles de campesinos de distintas regiones de México, se concentraron a las afueras de la Secretaría de Economía para exigirle al gobierno la salida del maíz y el frijol del TLCAN. La movilización ocurrió el 5 de noviembre.

no. 02 la soberania alimentaria ¿con qué se come?

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