número 113 de mayo de 2013 - mientrastanto.org
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Número 113 de mayo de 2013
Notas del mes
Cuaderno de depresión: 20
Por Albert Recio Andreu
Los indultos del gobierno español durante 2012: un panorama
preocupante
Por Antonio Madrid Pérez
Construir la alternativa
Por Agustín Moreno
La modificación de la Ley de Costas
Por Mar Aguilera Vaqués, Àlex Peñalver i Cabré y Lluís-Xavier Toldrà i
Bastida
El Mediterráneo en llamas
Por Boaventura de Sousa Santos
Una visión distinta del origen del paro
Por Joaquín Juan Albalate y Jesús Matamala Bacardit
Desafíos para el sindicalismo
Por Antonio Antón
Comentarios prepolíticos: 15
Por Joan Busca
Ley Wert: Iglesia, empresa y democracia
Por José Manuel Barreal San Martín
Los afluentes del Duero y las competencias docentes
Por Ángel I. Pérez Gómez
¿Lecciones desde Cuba?
Por Carlos Lema Añón
Ensayo
Más allá de la negación. El neoliberalismo, el cambio climático
y la izquierda
Philip Mirowski, Jeremy Walker y Antoinette Abboud
La Biblioteca de Babel
El libro de los deberes
J. A. Estévez Araújo (ed.), J.-R. Capella, J. L. Gordillo, R. Campderrich
Bravo, A. Giménez Merino, P. Mercado, A. Cambrón, A. Madrid
En la pantalla
1
Antonio Gramsci. Los días de la cárcel
Lino Del Fra
15M: Málaga despierta {trailer}
La espiral de la muerte del hielo marino ártico
El extremista discreto
Detalles de poca importancia
El Lobo Feroz
Quiasmos rencorosos y aforismos intransigentes
Fuertebrazo
...Y la lírica
La princesa está triste
Rubén Darío
Reparto de cosa ajena en el mercado de los ladrones
Roque Dalton
De otras fuentes
El rey, la infanta, el chambelán y el fiscal
José María Mena
Delenda est monarchia
Luis García Montero
Este país no da espías: del oasis a la granja de Orwell
Gregorio Morán
Grecia ha muerto
Pelayo Martín
La OTAN topa de nuevo con su pasado terrorista
Rafael Poch de Feliu
De cómo la escasez de recursos y el cambio climático podrían
producir una explosión global
Michael T. Klare
Foro de webs
Crisis Energética
Diario "Contropiano"
Revista "Capitalism Nature Socialism"
2
Cuaderno de depresión: 20
Albert Recio Andreu
¿Derechos contra economía?
La decisión del Tribunal Supremo portugués de declarar inconstitucional el
recorte de salarios a los funcionarios ha vuelto a poner en la palestra el
debate entre la lógica de los derechos de la democracia y la lógica de los
mercados. Es evidente que, desde sus inicios, la contrarrevolución neoliberal
se centró en demoler el sistema legal que concedía derechos a la población,
aunque la derogación de estos derechos se ha producido fundamentalmente
por la vía política. Más que una lucha entre derecho y mercado, lo que hemos
y seguimos presenciando es una lucha entre propuestas políticas en que los
defensores de los derechos del capital van ganando por goleada. De hecho,
los mismos mercados financieros que desempeñan un papel tan crucial en el
desencadenamiento de tormentas económicas, que se utilizan para justificar
la introducción de reformas antisociales, son una creación política. Una
política que ha permitido la aparición de grandes conglomerados financieros,
de una amplia variedad de activos financieros, opacidad fiscal, paraísos
fiscales... Y una política que ha creado un imponente entramado de
salvaguardias que han evitado a este sistema financiero irse a pique por
méritos propios. Desde esta perspectiva puede concluirse que no existe una
oposición entre política y economía, sino una confrontación entre políticas que
tienen efectos económicos diferentes.
Una cuestión distinta es analizar en qué medida una estrategia centrada
exclusivamente en la defensa de derechos formales es capaz de contrarrestar
satisfactoriamente la dinámica del capitalismo mundial. Esta fue en gran
medida la configuración del modelo keynesiano posterior a la Segunda Guerra
Mundial, el que generó reconocimiento de negociación colectiva, prestaciones
sociales y un cierto derecho a la ciudadanía económica. Es en gran medida el
núcleo de las políticas socialdemócratas de embridamiento del capitalismo.
Dejar que la actividad económica se dirija fundamentalmente bajo pautas
capitalistas e introducir regulaciones que limitan su campo de acción y obligan
a establecer concesiones, a veces sustanciales, a la mayoría de la población.
Un modelo que sólo funcionó mientras a las élites económicas les resultó
aceptable mantener estas concesiones. El problema crucial es que el marco
legal deja en manos de los capitalistas las decisiones cruciales de asignación y
movilización de recursos económicos, y articula un enorme arsenal de
medidas que protegen las rentas de la propiedad por encima de otras
demandas sociales. Ello concede a los capitalistas una enorme capacidad de
iniciativa y acción frente a la que la lógica de los derechos siempre va a
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remolque. La globalización económica, la articulación de un nuevo marco de
acción a escala planetaria, no ha hecho sino ampliar el espacio de acción del
capital y debilitar la eficacia de la defensa de los derechos. El caso portugués
es ilustrativo: la decisión judicial sobre los sueldos públicos puede permitir
que los funcionarios recuperen su salario, pero no va a impedir que el
Gobierno practique otros recortes.
Oponer simplemente derechos a economía tiene, además, otro peligro. El
establecimiento de derechos se realiza en momentos concretos, suponiendo
que la realidad económica va a seguir inalterada. Pero la actividad económica
real está inevitablemente asociada a cambios continuos que pueden afectar a
estos derechos. En la economía actual esto se traduce a menudo en un
vaciamiento de las condiciones económicas que permiten satisfacer estos
derechos. Pero también pensando en una gestión económica alternativa no
capitalista subsiste este problema. Siempre que pienso en una transición a
una economía igualitaria y sostenible me resulta evidente que ello obliga a
tocar muchos derechos establecidos, no sólo del capital. Pues, al fin y al cabo,
nuestra propia valoración de lo que es un marco de vida aceptable está en
gran parte fijada por nuestra experiencia pasada. Una experiencia que incluye
las luchas por los derechos, pero también el despilfarro ambiental, la
explotación colonial y el sometimiento de las mujeres.
Tenemos la necesidad de luchar por otro modelo económico que garantice a
todo el mundo condiciones materiales esenciales. Lo que sugiero es que la
estrategia de defender derechos establecidos es insuficiente, y a veces
inadecuada, para llevar a cabo una transición hacia una economía
democrática, igualitaria y sostenible; una estrategia que obliga a plantearse la
defensa de los derechos y la democracia desde otra perspectiva. En primer
lugar, aumentar los derechos sociales en el campo de la toma de decisiones
—lo que incluye la democratización de las políticas públicas, el aumento del
papel de las actividades colectivas y la planificación democrática de
actividades clave—, el desarrollo de otras formas de propiedad y gestión
económica, y la institucionalización de la participación de la sociedad sobre
las actividades de todo tipo de empresas o unidades productivas. En segundo
lugar, introducir mecanismos deliberativos serios que permitan un verdadero
debate y una toma de decisión social sobre la forma en que se concretan los
derechos básicos. Y, en tercer lugar, desarrollar una estrategia de acción
internacional básica para quebrar el entramado de poderes internacionales
que protege y refuerza los poderes del capital.
Pescanova: ¿un caso aislado?
I
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Pescanova añade un nuevo acento a la sostenida crisis económica del país. Se
trata del “petardazo” de la primera empresa nacional en un sector en el que
el país es una relativa potencia mundial: la pesca. La empresa, fundada por
empresarios gallegos en 1960, siempre ha estado orillando el peligro. En el
plano financiero ya tuvo graves problemas en la década de 1990, estuvo a
punto de ser absorbida por el coloso anglo-holandés Unilever y sólo pudo
superar la situación con un generoso crédito avalado por la Xunta de Galicia
presidida por Fraga (las buenas relaciones con el PP gallego y con las cajas
gallegas han sido cruciales en su historia). En el plano de la gestión ambiental,
la empresa ha merecido numerosas denuncias; no en vano es uno de los
grandes tratantes y manipuladores de camarones (en países como
Guatemala, Nicaragua o Ecuador), una actividad con un brutal impacto tanto
ambiental —sobre los marjales costeros— como social, puesto que destruye
las actividades pesqueras tradicionales. Es también el prototipo de empresa
pesquera transnacional (en Latinoamérica, en el cono sur de África, en
Australia...) con un grado de actividad insostenible. En el plano político, aparte
de sus relaciones con el PP gallego, destaca su vieja asociación con capitales
sudafricanos en tiempos del apartheid, lo que le permitió sentar una de sus
principales bases de operaciones en Namibia y Sudáfrica. Un exponente más
de transnacional a la española, donde suelen combinarse buenas relaciones
políticas, riesgo financiero y depredación ambiental.
También la historia de su crisis se ciñe a un modelo clásico. A los problemas
generales de todas las empresas locales se ha sumado el descubrimiento de
una deuda adicional de unos 1.000 millones de euros que el máximo
responsable del grupo (la familia Fernández de Sousa, que aún controla un
20% del capital) había conseguido ocultar a sus mismos socios (el grupo
cervecero Damm y diversos grupos financieros). Ocultó asimismo el fracaso
de sus actividades de acuicultura en Chile (salmón) y Portugal (rodaballo)
—muestra de los problemas de esta actividad—, algo agravado en el caso de
la instalación portuguesa por haberse ubicado en un emplazamiento
inadecuado. La elección de Mira (Portugal) fue fruto de la pataleta de la
empresa ante su fracaso (por la acción del movimiento ecologista y los jueces)
a la hora de instalar la planta en un paraje natural protegido de la costa
gallega. No podía faltar tampoco el toque canalla del uso de “información
privilegiada”, consistente en que la familia Fernández de Sousa vendió, poco
antes de que se destapase la gravedad de la situación, un importante paquete
de acciones (7%) por la módica suma de 31,5 millones de euros, una venta
que está dando lugar a la apertura de un proceso judicial. La crisis de
Pescanova es otro ejemplo prototípico del fracaso de la burbuja española
(aunque en este caso es de pescado y marisco en lugar de inmobiliaria),
incluyendo en ello la incapacidad o complicidad de la auditora que año tras
año evaluaba las cuentas o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
que debía controlar estrechamente una empresa cotizada. El caso Pescanova
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sirve, además, para mostrar que los grandes grupos empresariales pueden
utilizar el entramado de sus diversas filiales para, entre otras cosas, camuflar
deudas (además de evadir impuestos y transferir rentas).
II
Puede que estemos ante un caso particular, uno más, en la larga serie de
fiascos empresariales que han ido estallando a lo largo de los últimos cinco
años. Pero es también posible que el descontrol de la deuda que ha puesto de
manifiesto el caso de Pescanova no sea más que un ejemplo, una punta de
iceberg, de un problema más global: el del elevado endeudamiento de las
grandes empresas españolas y el del ocultamiento de la misma, lo que puede
acabar generando un nuevo estallido financiero. Hay pistas de que está entre
los riesgos probables a corto plazo. Es una cuestión que seguir en un
momento en que el discurso oficial es que ya hemos culminado el
saneamiento financiero de la economía.
La deuda de las empresas no financieras se situaba a finales de 2012 en 1,14
billones de euros. Sólo la deuda de las empresas no financieras cotizadas en
el Ibex (las que más movimiento tienen en bolsa) se situaba en 270.000
millones de euros (40.000 más que al final del año anterior). En el total se
incluye la deuda de las empresas inmobiliarias, pero en el caso de las
empresas del Ibex las inmobiliarias son prácticamente inexistentes. Las
causas de este endeudamiento, burbuja inmobiliaria aparte, redican
fundamentalmente en el elevado apalancamiento con el que se ha producido
el crecimiento y la internacionalización de las grandes empresas españolas: la
compra de empresas en el exterior mediante créditos. Mientras la economía
estaba en crecimiento, podían suponer que el aumento de las ventas en el
futuro podría permitir la devaluación paulatina de los créditos, pero en una
economía estancada o en recesión esto no es posible. Como muchos de los
grandes créditos se obtienen con un plazo de devolución relativamente corto
(5-7 años), las empresas endeudadas pueden encontrarse con graves
problemas de liquidez cuando vence un plazo importante. De hecho, este
problema también lo tienen los bancos que recurrieron a la financiación
exterior, pero en este caso los grandes bancos han podido acudir al crédito
“blando” y generoso que les suministra el Banco Central Europeo (y que a
finales de 2012 superaba los 300.000 millones de euros).
El problema del apalancamiento y la devolución de los créditos ya se planteó
hace unos años, y la respuesta en la mayor parte de los casos fue la
refinanciación de la deuda, esto es, un acuerdo por el que se aplazaba la
devolución del principal, se pactaban nuevos intereses y, en determinados
casos, se condonaba parte de lo adeudado a cambio de la entrega de activos
(aquí se ha generado la enorme cartera de activos inmobiliarios —edificios,
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solares, etc.— en manos de la banca) y hasta se concedían nuevos créditos. El
resultado interesaba a ambas partes: con el aplazamiento, las empresas
obtenían oxígeno para seguir viviendo y los bancos evitaban tener que
contabilizar esos créditos como impagados. La solución podía ser buena en
una coyuntura crítica a corto plazo, la crisis en forma de V en la que muchos
creían (una recesión corta seguida de una rápida recuperación de la
actividad), puesto que el aplazamiento trasladaba el momento de los pagos al
de la recuperación. Pero en una economía deprimida de larga duración, en la
que las ventas no crecen, el aplazamiento del pago simplemente pospone la
situación de crisis (la puede incluso agravar si se han negociado intereses más
altos como contrapartida del aplazamiento, lo cual aumenta el volumen de las
cantidades a devolver). En gran medida, la magnitud de estas
renegociaciones de grandes créditos explica también la ausencia de créditos
al resto de la economía, pues los bancos han tenido que destinar grandes
sumas a evitar quiebras de sus grandes clientes. Prueba de que la cuestión
empieza a escocer es que las grandes empresas españolas se han aprestado a
poner en venta activos importantes para reducir deuda, aunque en tiempos
como los actuales la venta no siempre es fácil y a menudo es una operación
ruinosa. Hay, por tanto, un riesgo serio de que el affaire Pescanova no sea un
caso aislado, sino que inicie una nueva serie de grandes suspensiones de
pagos (“concursos voluntarios”, se dice ahora; suena más suave) que generen
nuevas tensiones al sistema bancario. No hay razones para pensar que no
existan otras empresas que hayan realizado prácticas filibusteras para
trampear su situación. La libertad que se le permitió al sector financiero para
continuar las prácticas especulativas, con la coartada del riesgo global, puede
acabar deparando un riesgo mayor y constituir uno de los elementos de
prolongación de una crisis que para millones de personas ha pasado ya a ser
un drama kafkiano.
30/4/2013
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Los indultos del gobierno español durante 2012: un panorama
preocupante
Antonio Madrid Pérez
Durante 2012 el gobierno español concedió 534 indultos. Los medios de
comunicación suelen airear determinados indultos especialmente llamativos:
el de los 4 policías catalanes que durante 2012 se beneficiaron de dos indultos
encadenados en el plazo de unos meses (el primero en febrero y el segundo
en noviembre), el del ex alcalde que había sido condenado por prevaricación,
el del ex toxicómano que recibió el apoyo popular para conseguir su indulto, el
del kurdo que lanzó un zapato al presidente turco como muestra de protesta,
el concedido a la mujer maltratada que mató a su marido, el indulto concedido
a un preso que llevaba 35 años cumpliendo condena o los concedidos a
responsables políticos condenados por corrupción.
De los 534 indultos concedidos en 2012, la inmensa mayoría se aplicaron a
personas que habían cometido delitos contra la salud pública (205 de 534, el
38,3%). El resto de indultos se aplicaron a personas que fueron condenadas
judicialmente por haber provocado lesiones a otras personas, por robos, por
delitos contra la seguridad vial, por homicidio imprudente, por abandono de
familia, por alzamiento de bienes, por delitos contra el medio ambiente,
contra la propiedad intelectual, por falsedad documental, por desobediencia,
por deserción, por secuestro, por torturas… y se podría seguir con una retahíla
de delitos cometidos. En bastantes ocasiones, la persona condenada ha
cometido varios delitos. El indulto, que concede en Consejo de Ministros, se
puede aplicar al tiempo de condena de privación de libertad así como a otras
sanciones: multas o inhabilitaciones, por ejemplo.
Uno de los usos del indulto menos conocido es la concesión del mismo a
soldados que desertan. Si un soldado profesional se marcha de su destino, de
su unidad o de su lugar de residencia, con intención de incumplir sus
obligaciones militares, está desertando. Este delito se pena con prisión un
mínimo de 2 años y 4 meses y un máximo de 6 años. En 2012 se concedieron
33 indultos a soldados que se hallaban en esta situación. Otro uso llamativo
es la concesión de indulto a petición de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el
Rico. El rey Carlos III concedió un privilegio singular a esta Cofradía: la
concesión del indulto solicitado por esta cofradía. En 2012, siguiendo esta
tradición, se indultó a un preso a petición de esta cofradía.
Durante 2012, los indultos que más oposición han encontrado por parte del
poder judicial (que es el que dicta sentencia) y por parte de las asociaciones
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de defensa de derechos han sido los concedidos a cuatro mossos d’esquadra
(policía autonómica catalana). Los delitos cometidos por estas personas eran
en el caso más leve: delito contra la integridad moral, una falta de lesiones,
un delito de detención ilegal y una falta de maltrato. Las penas impuestas por
estos delitos y estas faltas fueron de: dos años y tres meses de prisión,
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo
de condena e inhabilitación especial para el empleo o cargo público durante el
mismo tiempo, ocho meses de multa con una cuota diaria de diez euros, e
inhabilitación absoluta durante nueve años. Pues bien, en febrero de 2012 a
esta persona se le conmutó las penas de inhabilitación especial para empleo o
cargo público e inhabilitación absoluta impuestas, por una única pena de dos
años de suspensión para empleo o cargo público. Y la pena de cárcel de dos
años y tres meses de prisión se conmutó por otra de dos años de prisión. De
esta forma el gobierno preparaba el terreno para evitar la estancia en prisión
de este mosso d’esquadra. Unos meses después, en noviembre de 2012, el
gobierno conmutó la pena privativa de libertad que le quedaba por cumplir
por otra de dos años de multa (a razón de 10 euros diarios). Los otros tres
mossos, condenados por torturas más otros delitos, recibieron el mismo trato
que el primero. En resumen: el gobierno español indultó dos veces seguidas
en el mismo año a cuatro policías autonómicos que habían sido condenamos
por delitos graves a varias penas.
La figura del indulto y su utilización plantea una serie de interrogantes acerca
del poder que detenta el Estado y el uso que hace de él. El acto de indultar es
una característica del poder soberano. En términos históricos, el indulto es
una expresión del derecho de gracia del soberano, de su potestad de
clemencia, de perdón, es decir, de su reserva del ejercicio de poder sobre la
vida de los súbditos. La pena (entendida como sanción penal) y el indulto
(entendido como medida de gracia) son expresiones del poder estatal: el
poder de castigar e imponer el castigo y el poder de reducir o suprimir el
castigo impuesto. Sin embargo, la evolución del modelo estatal y de la
estructuración política y jurídica del poder que detenta, ha hecho que el
indulto se halle en una situación fronteriza: condena el poder judicial e indulta
el poder ejecutivo.
Sorprende saber que la Ley que regula el “ejercicio de la gracia del indulto” es
de 1870, aunque fue modificada en algunos aspectos en 1988. Se podría
pensar, y en parte con razón, que el indulto es un residuo histórico que no ha
de tener sentido en un sistema jurídico que garantice un proceso equitativo y
una punición rehabilitadora. No obstante, determinados usos de la figura del
indulto, como los casos de los mossos d’esquadra o los indultos concedidos a
responsables políticos condenados por los llamados delitos de cuello blanco,
expresan un rasgo que continúa siendo preocupante en el funcionamiento del
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poder ejecutivo del Estado: el recurso a una vía excepcional para recomponer
estructuras funcionales al mantenimiento del poder estatal.
El problema es que estos funcionamientos, como puede ser el abuso de poder
en algunas intervenciones policiales o la connivencia malhechora entre
responsables políticos, empresarios y partidos políticos, son precisamente los
funcionamientos que han de ser transformados. Estos usos del indulto se
muestran como salvaguardas de estructuras que son contrarias al estado de
derecho, a la transparencia y a la exigencia de responsabilidad por los actos
de los cargos públicos y del aparato estatal.
Estas actuaciones generan frustración entre la ciudadanía y entre quienes se
toman en serio la lucha por la justicia. Entre la ciudadanía provoca
desconfianza respecto del funcionamiento de las instituciones de gobierno al
evidenciar la utilización de dobles y triples raseros jurídicos y morales. Entre
quienes rechazan una justicia de amigos y allegados, estas actuaciones
provocan indignación.
30/4/2013
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Construir la alternativa
Agustín Moreno
Realmente vivimos tiempos sombríos, que diría Brecht. Aquellos que todavía
ríen ignoran el posible despido que les puede afectar, los recortes que
sufrirán, las nuevas subidas de impuestos, el deterioro de los servicios
públicos, los años que tendrán que seguir trabajando más allá de lo razonable
y la merma futura de su pensión. Ya no hay muchos jóvenes que rían porque
sufren el brutal paro, conocen la inseguridad laboral y quizá estén haciendo
las maletas. Los griegos han sido empobrecidos un 40%; en España vamos, de
momento, por el 22% y el paro es mayor, la desprotección aumenta y se
convierte en humillante en muchos casos.
El problema de España es sobre todo político. Las crisis económicas y
financieras se repiten periódicamente, pero son la consecuencia de las
equivocadas políticas que se han aplicado durante mucho tiempo: modelo
especulativo, dependencia tecnológica, subvenciones a los empresarios,
mercado de trabajo degradado y con bajos salarios, excesivo gasto militar… Y
la rampante corrupción: se repartieron comisiones delincuentes metidos a
concejales y políticos, se financiaron los grandes partidos, se enriquecieron los
sinvergüenzas. Acabó la fiesta del ladrillo, nadie pagó la cuenta y ahora nos la
pasan a todos nosotros.
La crisis tiene un carácter político que presenta rasgos más importantes
incluso que la crisis económica. Desafección política y electoral, desconfianza
hacia partidos, instituciones y casta política. Deslegitimación que se resume
en el “No nos representan” como metáfora del alejamiento de los ciudadanos
de lo que consideran un simulacro de democracia.
Cuánto vamos a aguantar, se preguntan muchos, conscientes de que la
política de ajuste nos lleva al abismo, a levantarnos cada día con un nuevo
recorte de derechos. En Grecia resisten, y algún día de huelga y de protestas
ardieron bancos y edificios en Atenas. En algunos barrios sublevados contra la
injusticia como la Exarchia los vecinos y los jóvenes anarquistas se
autoorganizan en la solidaridad y en la lucha: no entra allí la policía. Aquí se
han quemado cuatro papeleras con un alto coste de detenciones y el
Ministerio de Gobernación, dirigido por un tipo del Opus Dei, quiere
criminalizar a la PAH por los escraches, porque consideran que no entra en el
sueldo de los políticos que actúan contra el pueblo que les llamen
sinvergüenzas y ladrones. La vía para cambiar las cosas no es la violencia. La
violencia suele ser el recurso que ejerce el poder para mantener inmutable la
injusticia y en ese terreno llevamos las de perder.
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Si tras la Transición había quien hablaba del desencanto por la quiebra de
expectativas, hoy podríamos hablar del tiempo de la desesperanza. O de la
simple espera a que llegue algún día el final de esta pesadilla. Y esto es lo
peor. El desánimo y la pasividad son los aliados cruciales para que el poder
imponga sus políticas. Aquí nada va a cambiar a mejor por sí solo. Cuando una
parte importante de la sociedad no es capaz de armarse de esperanza y juntar
un volumen importante de optimismo y de energía transformadora, el
horizonte se nos cierra más a todos y la vida se vuelve más angustiosa.
Ha empezado a haber un importante proceso de movilización. Pero la
pregunta que se hace todo el mundo es si va a servir para algo. O si al final, a
pesar de tanta calle y huelgas, acaba ganando de nuevo las elecciones la
derecha, un gobierno que se protege de los ciudadanos, o los que también
harían políticas económicas liberales. Por todo lo anterior, los ciudadanos
tenemos la responsabilidad de cambiar las cosas. De lo contario, la
movilización sin expectativas de cambio se convierte en una rutina de
manifestaciones. Y acabarían teniendo razón los que dicen que cada pueblo
tiene el gobierno que se merece, por odioso que nos pueda parecer. Y, en este
caso, estaremos más cerca de ser súbditos políticos y esclavos del mercado,
que ciudadanos libres.
Como parece que Rajoy no va a dimitir voluntariamente, ni se vislumbra
siquiera una moción de censura, hay que mantener la movilización sostenida
y toda la desobediencia civil susceptible de generalizarse. También hay que
crear y desarrollar espacios de autonomía ciudadana y formular propuestas
alternativas para influir en las instituciones y fuerzas políticas. Pero no hay por
qué renunciar al espacio político-electoral, el reto es recuperarlo para la
ciudadanía. Y para ello es fundamental trabajar de cara a las primeras
elecciones políticas que se celebren. No importa de qué sean las elecciones.
Hay que convertirlas en un profundo rechazo de la política de saqueo de
derechos que se está practicando.
Y en algo más importante si fuéramos capaces: un profundo cambio político
que conllevaría un proceso constituyente hacia una democracia real. “La
cuestión clave estriba en cómo conseguir que las reivindicaciones aisladas o
sobre temas concretos (…) confluyan en un proceso constituyente
protagonizado por las mayorías sociales, por las clases populares, por lo que
se ha dado en llamar el 99%”, como dice Gerardo Pisarello en un interesante
artículo sobre el tema.
Si estamos a un año de las elecciones europeas, no hay tiempo que perder.
Hay que seguir en la calle deslegitimando un poder ilegítimo que actúa al
servicio de los mercados, que arruina al país, que incumple por completo su
programa electoral. La lucha es importante, pero hace falta una alternativa
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que sea palanca de cambio. Josep Fontana lo expone muy crudamente: Que
salgan en manifestación los jóvenes no importa a nadie. Mientras vayan a la
Puerta del Sol o la plaza de Catalunya y sus padres voten al PP o a CiU, no hay
nada que hacer.
En este país ha habido ejemplos históricos que conviene tener presente.
Siempre que se ha producido un cambio político en profundidad: la “Gloriosa”
de 1868 (que acabó con el trono de Isabel II), las elecciones municipales de
1931 (que permitieron la proclamación de la II República), hubo previamente
un acuerdo amplio y muy plural de las fuerzas políticas de la oposición.
El Pacto de Ostende o el Pacto de San Sebastián permitieron que el pueblo
español visualizara la alternativa de cambio y se volcara en los
levantamientos populares que apoyaron a Prim y a Serrano, o fueran a votar
masivamente por las candidaturas republicanas en una elección de
concejales.
Hay que ponerse manos a la obra, a allanar el camino para dar con una
alternativa política esperanzadora y viable. Y en este proceso deben de
participar todos y todas las personas, movimientos ciudadanos, miembros de
organizaciones y sindicatos, partidos políticos que sientan la urgencia de
cambiar la situación política, económica y social en España. Hay que
arremangarse para la tarea, teniendo en cuenta que, como decía Paco
Fernández Buey, la política sin ética es politiqueo y la ética sin política puede
ser narcisismo.
No nos sirve el PSOE, si no cambia de programa de forma radical, ya que
practica una política que les hace ser parte del problema y no una solución. Lo
que podríamos llamar el “socialismo de derechas” que implantó González y
que consiste en una impostura de izquierda para hacer políticas económicas
neoliberales que apenas se diferencian de la derecha; no olvidemos el cambio
constitucional del artículo 135 para que el pago de la deuda sea la gran
prioridad, es decir, la rendición del Estado Social a la deudocracia. Por otro
lado, practica la “política de la fruta madura”, esperando que el desgaste del
PP por la crisis le permita recuperar el poder y seguir jugando al eterno juego
del bipartidismo cómplice. Es decir, esperando no ganar las elecciones, sino
que las pierda el gobierno; y para ello no necesitan renovación ni cambio
programático de fondo.
No es suficiente el avance que pueda experimentar IU. Las encuestas le
pronostican hasta un 15% y es importante y merecido, pero hace falta más
presencia política y electoral para cambiar las cosas de raíz. Y se necesita
generosidad política para entender que los intereses generales deben de estar
por encima de los de la formación, después de tantos años de travesía del
desierto.
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Habría que crear algo así como “el partido de los honrados”, “el frente por la
decencia”, donde se sientan representados esa amplísima mayoría que
padece las políticas actuales y que necesita un referente político electoral.
Que necesita recuperar la ilusión de que es posible acabar con la falsa política
de apaciguamiento de los mercados que conduce al recorte si fin. Para que no
se quede la indignación en casa y llegue a las urnas, porque la abstención es
un regalo para el poder que seguiría gobernando tan deslegitimado como
ahora. Para salir de la actitud de espera, para romper el miedo.
Para ello, haría falta avanzar en una serie de líneas de acuerdo: un programa
de mínimos que cuestione la política de ajuste, se plantee la recuperación de
derechos expoliados y los objetivos del empleo, la protección social y los
servicios públicos; una orientación hacia un proceso constituyente que cambie
las bases del modelo político, que resignifique el concepto de democracia y
cambie la ley electoral; una elección de candidatos con criterios muy
participativos, representativos y plurales (mujeres, jóvenes, afectados,
personas con la formación necesaria…); un código ético muy riguroso en el
ejercicio de los cargos públicos, la limitación de mandatos y la revocación; así
como todas aquellas propuestas de interés que se consensuen. En
resumen, un programa alternativo y una bandera ética.
Cómo se llame el movimiento de alternativa (unidad popular, bloque
progresista, frente amplio, océano de mareas…) no es lo más importante,
aunque debería no tener connotaciones excluyentes ni que produzcan rechazo
y que sirva para sumar y construir. Que dispute el poder institucional y
combine ésta presencia con la organización en las bases y la movilización
social.
Para que esta alternativa política ciudadana cristalice, tienen que participar
los ciudadanos comunes. Pero el mayor riesgo no es la radicalidad del
proyecto sino los sectarismos y contra ellos hay que vacunarse. Como
decía Paulo Freire, “la radicalidad es tolerante, mientras que el sectarismo es
ciego y antidemocrático, aferrado a sus certezas. El radical está al servicio de
la verdad, mientras que el sectario está al servicio de su verdad, que además
pretende imponer”. De ahí que el sin duda difícil debate sobre proyecto y
propuestas no debe de estar reñida con un funcionamiento amable que
permita confluir a muchos y desmontar de forma paciente los sectarismos
bloqueadores.
Si falta la inteligencia necesaria para construir la alternativa, el futuro nos
deparará más desigualdad, menos derechos y más represión para imponerlo.
Estamos ante la ocasión histórica de acabar con el bipartidismo de esta
segunda restauración borbónica, de cambiar de base esta sociedad y abrir un
nuevo proceso constituyente. No va a ser fácil, seguro. Pero el 23-F demostró
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con un gran éxito en la movilización que es posible la unidad de muchas
mareas o movimientos sociales, ciudadanos y políticos. Quiero mantener la
esperanza de que seamos capaces, pero no tengo la certeza. Si lo
conseguimos y luchamos tendremos esperanza, por ello estamos obligados a
intentarlo.
1/4/2013
15
La modificación de la Ley de Costas
Una reforma para desproteger y privatizar la costa
Mar Aguilera Vaqués, Àlex Peñalver i Cabré y Lluís-Xavier Toldrà i
Bastida
La Ley de Costas de 1988 ha sido una herramienta que se ha revelado útil,
pese a sus limitaciones, pues ha encarnado uno de los aciertos más que
notables en la protección del litoral frenando así, en parte, la aniquilación de
la costa española que venía produciéndose en las décadas que la preceden.
Estos 35 años de vigencia de la Ley de Costas han sido un ejemplo de
transversalidad ideológica en la preservación de la costa. Prueba de ello ha
sido su supervivencia normativa durante estos años de gobiernos de diferente
signo. Algo que sería muy positivo en los tiempos actuales. Este proceso de
conservación ha implicado a muchos ciudadanos de todas las tendencias y
color político. No es justo que ahora se abandone la costa a este peligroso
fantasma conocido como “el mercado”.
El actual proyecto de ley que modifica esta norma de 1988 (recientemente ya
aprobado por el Senado y pendiente de su inminente posterior aprobación
definitiva por el Congreso de los Diputados) causa una profunda decepción.
Aunque se autodenomina “ley de protección y uso sostenible del litoral”, este
proyecto abre la puerta a una banalización, degradación y destrucción aún
mayor de nuestras costas. Por ello, se debería denominar “Ley de explotación
del litoral”, puesto que, de manera más coherente, indica lo que se va a
perpetrar. Se olvida que asumir y asegurar una política activa de conservación
del litoral es la manera que mejor contribuye a mantener e impulsar la
actividad turística y económica de nuestro litoral. No podemos compartir de
ningún modo la reducción de la zona de servitud de protección de 100 metros
para permitir desarrollos urbanísticos en municipios cuyas dos terceras partes
ya estén transformados. Tampoco entendemos la amnistía generalizada de
construcciones fuera de ordenación dentro del dominio público-marítimo
terrestre (DPMT). Causa estupor la legalización de monstruos del pasado que
se excluyen del DPMT (como Empuriabrava y otros once más) y la amenaza
sobre espacios naturales de altísimo nivel de protección (como el Salobrar de
Campos, en Mallorca). Marinas y salinas de nueva construcción dejarán de ser
DPMT. Se aumenta a 75 años el plazo de la concesión de ocupación (DPMT) lo
que también fomenta el uso privado del litoral. Además, ignora las previsiones
del cambio climático al mantener construcciones existentes en zonas de
dominio público-marítimo terrestre pudiendo ser a cargo del Estado los costes
de las obras de defensa. Todas las previsiones mínimamente protectoras
tienen su consiguiente excepción que, como ya sabemos y viene ocurriendo
en derecho español, se convertirán en norma. No hace falta ser muy sagaz
16
para ver que se trata de medidas que, a socaire de los vientos de crisis,
contienen una clara intención ideológica de permitir una mayor urbanización
de nuestras costas para mayor gloria de los lobbies del cemento que han
destruido nuestra geografía y nuestra economía.
Esta desagradable propuesta normativa que, de no mediar cambios
parlamentarios de última hora, será aprobada por las Cortes Generales, hace
gala de un profundo desconocimiento de las tendencias normativas sobre el
litoral en el Mediterráneo. Se ignoran los protocolos que derivan del Convenio
de Barcelona y las directrices europeas sobre protección integrada del litoral
que nunca incluyen referencias a ser más permisivos con los usos y la
edificación de la franja que nos ocupa. Parece que se haya olvidado que, por
ejemplo, España es parte del Convenio para la Protección del Mar
Mediterráneo contra la Contaminación, denominado posteriormente Convenio
para la Protección del Medio Marino y de la Región Costera del Mediterráneo
(conocido como «el Convenio de Barcelona») al que se adhirió la Comunidad
Europea mediante las Decisiones 77/585/CEE (1) y 1999/802/CE (2) del
Consejo. La Decisión del Consejo de 27 de noviembre de 2006, autorizó las
negociaciones organizadas por el Convenio de Barcelona con vistas a la
preparación de un Protocolo sobre la gestión integrada de las zonas costeras
del Mediterráneo (denominado «el Protocolo ICZM»). Este protocolo fue
precisamente aprobado en la reunión de plenipotenciarios de 20 de enero de
2008, celebrada para mayor escarnio en la capital de este Estado (de lo cual
seguro que no se acuerdan el Consejo de Ministros ni los diputados y
senadores que han votado a favor de esta reforma legislativa).
Posteriormente, dicho protocolo fue adoptado como Decisión del Consejo el 4
de diciembre de 2008 bajo las siglas “Protocolo IZGC”. La modificación de la
Ley de Costas incumple una tras otra sus previsiones sobre el litoral.
Recordamos que uno de los considerandos de esta decisión establece que “los
Estados miembros y sus autoridades competentes se encargarán de formular
y aplicar determinadas medidas concretas contempladas en el Protocolo
ICZM, tales como el establecimiento de zonas donde esté prohibido edificar.”
También es recomendable la lectura de los primeros párrafos del preámbulo
del Protocolo de Madrid: “Considerando que las zonas costeras del mar
Mediterráneo constituyen un patrimonio común natural y cultural de los
pueblos del Mediterráneo, que conviene preservar y utilizar juiciosamente en
beneficio de las generaciones presentes y futuras. Preocupadas por el
aumento de la presión antrópica sobre las zonas costeras del mar
Mediterráneo que amenazan su fragilidad y deseosas de detener e invertir el
proceso de degradación de esas zonas y de reducir, de manera significativa,
la pérdida de biodiversidad de los ecosistemas costeros. Inquietas por los
riesgos que amenazan a las zonas costeras debido a cambios climáticos que
pueden provocar, entre otras cosas, una elevación del nivel del mar, y
17
conscientes de la necesidad de adoptar medidas sostenibles para reducir los
efectos negativos de los fenómenos naturales […].
Sobre el llamado “informe Auken” del Parlamento Europeo al que se hace
referencia en el preámbulo del proyecto de ley causa una gran estupefacción
comprobar cómo sólo se hace referencia de forma sesgada a un fundamento
concreto y, por el contrario, se obvian clamorosamente todos los otros. Así,
por ejemplo, el fundamento V recuerda como “esta actividad extendida que
respaldan las autoridades locales y regionales irresponsables a través de una
legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es
contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado
considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses
económicos y políticos que tiene en Europa, debido a la aplicación laxista de
las legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes en las
Comunidades Autónomas españolas en algunas actuaciones urbanizadoras,
así como la aparición de algunos casos relevantes de corrupción ocasionados
por ellas”.
Resulta increíble que el Gobierno sea tan miope e insensible a las sencillas y
clarividentes prescripciones de esta normativa internacional y europea.
Además el Gobierno permanece ciego a las iniciativas consolidadas de otros
países del continente como la que en Francia hacen instituciones tan bien
valoradas por la ciudadanía de aquel país como el Conservatoire du Littoral et
des Rivages Lacustres que desde 1975 ha adquirido y protegido
conjuntamente con otras administraciones públicas casi el 25% de la línea
costera francesa. Se trata de un ente público muy bien conceptuado (incluso
pese al descrédito generalizado de las instituciones) por los ciudadanos, que
ha sobrevivido a cuarenta años de gobiernos de diferente color político. Este
ejemplo hubiera podido exportarse perfectamente al sistema jurídico español
y esta ley que se está gestando será la enésima ocasión perdida a este lado
del Pirineo.
En conclusión, si es cierta la afirmación que la vicepresidenta portavoz del
Gobierno vertió ante la prensa (y ante los ciudadanos) de que se pretende
conservar más y mejor el litoral, entonces debe abandonarse este proyecto de
ley. De lo contrario, la sociedad no puede quedar impasible a este
despropósito y, pese a sus modestos medios (aunque con el poder de la
convicción), hará lo que esté a su alcance para dejar sin efecto una normativa
irresponsable que sume el único capital que tenemos (nuestro territorio) en
unas tinieblas más inciertas que la situación económica de este país.
[Mar Aguilera Vaqués, Àlex Peñalver i Cabré y Lluís-Xavier Toldrà i
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Bastida son miembros del Fons de Defensa Ambiental]
30/4/2013
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El Mediterráneo en llamas
Boaventura de Sousa Santos
Regresé de Túnez, donde participé en el Foro Social Mundial, convencido de
que el Mediterráneo continuará haciendo justicia a la importancia que le
atribuyeron Hegel y Fernand Braudel, aunque por razones diferentes. Si para
Hegel el Mediterráneo fue el elemento unificador y el centro de la historia
mundial, para Braudel fue la cuna del capitalismo. Ambos pusieron en valor el
Mediterráneo a partir de Europa y de lo que entendían que era la superioridad
de Europa. Yo veo en el Mediterráneo la premonición de un mundo diferente,
no sé si mejor o peor, pero donde la Europa que esos autores imaginaron será
un pasado cada vez más pequeño para poblaciones cada vez mayores en el
mundo.
Puede parecer extraño que estos pensamientos se me ocurran en el momento
en el que participo en una reunión de muchos miles de personas venidas de
todo el mundo, unidas por la voluntad de luchar por un mundo mejor. Pero
como sociólogo, no puedo huir de la magia de esta ciudad de Túnez donde
nació, en 1332, Ibn Jaldún, aquel que hoy considero que fue el gran fundador
de las Ciencias Sociales modernas después de haber enseñado durante
décadas que ese título correspondía a Max Webber, Émile Durkheim y Karl
Marx. En un libro espléndido, Ibn Jaldún aborda temas tan diversos como la
historia universal, el ascenso y la caída de las civilizaciones, las condiciones
de la cohesión y de cambio social, economía, teología islámica y teoría
política. Me refiero a Muqaddimah, o Prolegomena, escrito en 1377.
Inmerso en el bullicio del comercio de Medina, o en la algarabía de la marcha
monumental con la que abrió el Foro Social Mundial, releo de memoria el libro
y entiendo por qué las dos orillas del Mediterráneo están en llamas. Al norte,
los ciudadanos de países supuestamente democráticos asisten al secuestro de
sus ahorros, de sus salarios y de su esperanza para satisfacer a los banqueros
insaciables; al chantaje de sus gobiernos a los tribunales constitucionales,
como si las constituciones fuesen tan descartables como la montaña de papel
que queda de la comida macdonaldizada; a la pesadilla alemana que, después
de destruir a Europa dos veces en un siglo, parece querer destruirla una
tercera, siempre en nombre de la superioridad teutónica. Y todo esto pasa en
las ciudades italianas otrora libres, y en países como Portugal y la España a la
que Braudel confirió tanta importancia en el nacimiento del capitalismo
moderno y que ahora, ninguna importancia consiguen conferir a la humillación
a la que son sometidos.
Al sur, ciudadanos sedientos de democracia y de dignidad han concluido que
20
han estado sujetos a dos dictaduras: a la de los dictadores y sus policías, y a
la del capitalismo global. Entre la sorpresa y la confirmación de tanta derrota
histórica, verifican que sus vecinos del norte saludaron su libertad de la
primera dictadura, pero que en ningún caso tolerarán que se libren de la
segunda. Por el contrario, arrestan, matan o dejan morir a sus hijos que,
desesperados, se lanzan al mar con la esperanza de una vida mejor llamada
Isla de Lampedusa. Si con la democracia ven la miseria, no es difícil decretar
la miseria de la democracia. Y es aún más fácil si las dictaduras más
retrógradas del golfo Pérsico vienen de un Islam agresivo que sabe explotar la
piedad de los creyentes para bloquear el ímpetu democrático que, en caso de
que el contagio funcionase, un día podría llegar a su tierra. ¿Qué le sucedería
a los superricos del norte si los superricos del sur no pudiesen disponer de
esas dictaduras para prosperar en sus negocios?
Ibn Jaldún no narra estos hechos, pero narra otros muy parecidos. Común a
todos es la idea de que la civilización declina cuando las élites políticas que
quieren servir al pueblo no lo pueden hacer y las que se quieren aprovechar
del pueblo tienen el camino libre. En términos contemporáneos sería así. Los
miembros de la clase política que se dedican al país lo hacen de forma que
nunca podamos participar en la gobernanza. Todos los demás, la aplastante
mayoría, gobiernan el país en función de sus carreras personales futuras, sea
en las instituciones internacionales, como comentaristas políticos o colocados
en multinacionales. Si esto no es el principio del fin, es el fin de todos los
principios.
[Boaventura de Sousa Santos es doctor en Sociología del Derecho y
director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra
(Portugal)]
14/4/2013
21
Una visión distinta del origen del paro
Joaquín Juan Albalate y Jesús Matamala Bacardit
La ausencia de empleo se ha asociado, generalmente, a la pobreza y a la
exclusión social ya que, para aquellos que necesitan trabajar por cuenta de
terceros, el hecho de no ganar un salario puede convertirse en un suceso
nefasto, especialmente, para quienes aquél constituye la única fuente de
ingresos. A su vez, estar en paro no sólo significa no tener empleo, sino que
comporta, entre otras cosas, la pérdida de las cualificaciones de la persona
desocupada conforme transcurre el tiempo que tarda en volver a la
ocupación, además de que se tiende a enfermar en mayor proporción que los
que tienen empleo continuado (Recio, 1997)
Por el contrario, tener empleo, no sólo es ganar un salario, es también tener
una posición social, una identidad profesional, autoestima, relaciones sociales
con terceras personas en el centro de trabajo, etc. Ahora bien, que no exista
paro o éste sea mínimo no implica que no exista pobreza o exclusión social. El
caso de EE.UU. es paradigmático en este sentido.
Hoy en día, no hay ningún medio de comunicación ni conversación en el
espacio público que, directa o indirectamente, no haga referencia a la
situación de desempleo en la que se encuentran muchas personas en España.
En la actualidad, el paro ha alcanzado unos niveles absolutos y relativos sin
precedentes en la historia reciente de España desde que en 1976 se iniciara el
cómputo de las cifras del paro.
Se mire como se mire (desde la EPA, desde la Seguridad Social o desde el
INEM), las cifras de parados en España han superado todos los límites
registrados hasta ahora. Según datos de la EPA (que es la única fuente de
referencia para comparar los datos del empleo en Europa), a finales de
diciembre de 2012 habían casi seis millones de parados en España
(5.965.000), mientras que en ese mismo mes de 2007, esa cifra no llegaba a
los dos millones (1.950.000).
Que España tuviera, según Eurostat, las tasas de paro global y juvenil más
alta de todos los países de la Unión Europea y de la OCDE —26,04 y 50,1,
respectivamente, a inicios de 2013— no es novedoso pues hace ya muchos
años que encabeza el "honor" de ser el país con el mayor porcentaje de
desocupados dentro de estas organizaciones internacional. Lo inédito es que
el número de parados registrados por el INEM nunca antes había alcanzado
los 5 millones de personas.
22
Entonces, ¿qué pasaría en España si todos los que trabajan parcial o
totalmente en la economía sumergida, decidieran "darse de alta" como
nuevos parados?, ¿qué sucedería si todos los mayores de 16 años que están
en situación de inactividad (y, por tanto, no computan como parados), se
pusieran de golpe a buscar trabajo porque, por ejemplo, el "colchón" que
financiaba su vida cotidiana hasta ahora, desapareciera también de golpe?
Estas y otras preguntas no parecen suscitar demasiado interés entre los
tertulianos y los mismos servicios de información de los medios de
comunicación más importantes los cuales, junto a otras fuentes de
socialización, son corresponsables de crear una opinión pública negativa del
parado.
En la actualidad, es muy común que estos agentes privados o públicos sólo se
dediquen a discutir —a menudo, con formas vulgares que son, según parece,
las que proporcionan mayor audiencia y, por tanto, mayor negocio vía
publicidad— aspectos nimios o dramáticos de las consecuencias del paro,
pero sin profundizar en las graves consecuencias objetivas y subjetivas de la
existencia de esta lacra social y, menos aún, de las causas que explican la
existencia de ese estrago social.
Parece como si ya nos hubiéramos acostumbrado a convivir,
irremediablemente, con la ausencia de empleo para una gran parte de la
sociedad, sin otra alternativa para encontrar ingresos que no sea la de recurrir
al autoempleo o, como ya sucede últimamente, volviendo a emigrar a otros
países con una estructura económica más sólida que la nuestra. Autoempleo,
en forma de autónomo o, como hace ya unos años se viene diciendo, en
forma de "emprendedor". Eufemismo éste que parecería esconder, quizás,
una mala imagen del término centenario de empresario —¿por sus
connotaciones de responsable de la explotación de los asalariados?— como si
los empresarios de antes no hubieran sido emprendedores o, peor aún, como
si los denominados emprendedores de ahora fueran innovadores de por sí y
distintos a aquellos, porque el ánimo de lucro no sería su objetivo principal
sino uno más, quedando subsumido a otros de "calado superior".
Llegados aquí, sería necesario aclarar qué dimensiones tiene el paro en la
sociedad española actual y, sobre todo, qué causas y consecuencias pueden
explicar las consecuencias de tal situación. Para ello sería pertinente empezar
por definir qué se entiende por paro o desempleo o, mejor aún, por parado,
para pasar luego a apuntar las posibles causas que explicarían el paro.
El concepto de parado no se desarrolla hasta principios del siglo XX en
algunos países occidentales y se consolidará tras la Segunda Guerra Mundial.
Hasta entonces los que no tenían empleo, simplemente, o eran pobres de
23
solemnidad (“el ejército de reserva” que diría Marx), o eran considerados
vagos, despreciables o, incluso, delincuentes.
Tras el largo período del fordismo en los países occidentales y hasta la llegada
de la crisis económica de 1973, el paro era, prácticamente, inexistente y las
pocas personas que padecían el desempleo era, básicamente, de tipo
friccional —tiempo que se tardaba en salir de una empresa para entrar en
otra— para, a partir de mediados de los setenta, iniciar una trayectoria de
carácter estructural, hasta ahora, irreversible. Es decir, desde esas fechas, el
paro en España comenzó a alcanzar tasas elevadas de forma permanente, con
aumentos y descensos en función del ciclo económico, para llegar a principios
del siglo XXI a unos niveles hasta ahora nunca habidos desde la implantación
de la democracia.
Causas del paro
El número de puestos de trabajo en una economía capitalista depende,
directamente, de la productividad de esa economía, es decir, del valor de lo
que se produce en esa economía dividido por el valor de lo que cuesta esa
producción, algo que, generalmente, se simplifica calculándolo, únicamente, a
partir del coste del factor trabajo. Por tanto, lo primero que se podría deducir
es que, a mayor productividad menos necesidad del factor trabajo ocupado, a
no ser que ese sobrante ocupacional se pueda contrarrestar con una
reubicación en otras actividades o, caso de no ser posible, creando nuevos
puestos de trabajo ajustados a las características de las personas
excedentarias. Cuando esa compensación no se produce aparece un aumento
del paro más o menos coyuntural, en función de la oferta de trabajo existente
en el mercado de trabajo.
Según la teoría económica neoclásica (aún hoy de hegemónica impartición en
gran parte de las facultades de economía, en comparación con otras
perspectivas de la economía), las causas de la aparición del paro están
relacionadas, fundamentalmente, con dos argumentos:
a) si hay paro es porque las reivindicaciones salariales de los sindicatos no se
compensan con iguales aumentos de productividad, es decir, se elevan los
costes de producción mientras que la productividad no crece al mismo ritmo.
Esto, si sucede, sólo podría ser, relativamente, plausible en los sectores con
productos sometidos a una elevada competitividad en el mercado. Se trata de
empresas que no siempre pueden trasladar la totalidad de esos costes a los
precios de venta de sus bienes o servicios. Ahora bien, son cada vez menos
las empresas que están sometidas a esta lógica de competencia, además de
que, cada vez, son menos también las reivindicaciones sindicales que
consiguen elevar los salarios por encima de la inflación real y, por tanto, que
24
sean los sindicatos los únicos responsables de la erosión a la baja de la
productividad.
De hecho, los costes salariales reales han oscilado durante los últimos
decenios, según se han comportado una serie de variables (expansión
económica, existencia de acuerdos generales entre los agentes sociales,
presión sindical, inflación, etc.), no obstante, en su cómputo final, han tendido
hacia la baja, en razón a un descenso continuado del incremento real de los
salarios respecto el aumento de la inflación. Más aún, el paro ha sido mayor
en los países europeos con salarios más bajos, lo cual podría indicar que,
tanto las decisiones de inversión de los empresarios como la competencia
internacional se rigen por factores que van más allá de los costes salariales
(Juan, 2011).
b) la segunda argumentación es que, si hay paro, es porque los desocupados
no aceptan las ofertas de trabajo que presentan los empresarios. Y eso porque
no son suficientemente flexibles para admitir las condiciones de trabajo y
salariales que se ofrecen, o no ponen el interés necesario para buscar empleo.
Una vez más, si bien pueden existir personas que puedan permitirse
desestimar algunas ofertas de empleo, lo cierto es que la gran mayoría de los
desocupados necesitan dinero para vivir y, por tanto, trabajar (sólo hay que ir
a las colas del INEM para ver la cantidad de individuos que cada día esperan
encontrar un empleo). También es cierto que hay personas que desisten de
buscar empleo porque se han cansado de buscarlo, a veces durante años, por
lo que, al no encontrarlo, han decidido abandonar esa búsqueda hasta el
punto de que —y cada vez más— han pasado a formar parte del creciente
ejército de personas que mendigan algo que comer en todas las ciudades de
España, suceso éste, que a algunos les recuerda épocas pretéritas de
incrédula reaparición.
Ahora bien, ante esos dos argumentos es necesario recordar que, por encima
de todo, si existen personas en paro, es porque no se crea el suficiente
número de puestos de trabajo para cubrir una determinada demanda de
empleo, por lo que, como sólo crean empleo el Estado y los empresarios, los
principales responsables de que exista paro no reside en los trabajadores que
no encuentran empleo, sino que, en todo caso, recae sobre esos dos agentes
sociales.
Si el paro es masivo es porque ambos agentes son incapaces de crear el
empleo suficiente para cubrir la demanda. Quienes gobiernan el Estado,
porque se niegan a desarrollar políticas expansivas de demanda y empleo
aunque eso implicara elevar el déficit público o la inflación. Los empresarios,
porque sólo crean empleo si creen firmemente que el riesgo de mantener o,
en su caso, ampliar, la inversión productiva existente y, por tanto, la plantilla
25
correspondiente, supera el beneficio que obtendrían si invirtieran el mismo
capital en otras inversiones (por ejemplo, en productos financieros), con
réditos equivalentes con un riesgo parecido al de mantener o ampliar la citada
inversión productiva.
Y es que, no lo olvidemos, el ideal de un empresario capitalista estándar es
depender el mínimo imprescindible del trabajo humano. Si contrata a
personas para que trabajen en su empresa es porque, a priori, espera que su
valor aportado le proporcione más beneficios de los que habría ganado si no
las hubiera contratado. Por tanto, en cuanto aparecen coyunturas económicas
que no permiten compensar los costes con los ingresos, el despido aparece
como una alternativa para solucionar, temporal o definitivamente, las
pérdidas en las que incurre ese empresario. Otra cosa sería juzgar si esa
lógica —la de contratar a las personas cuando gana el empresario y
despedirlas cuando no gana lo que esperaba o, incluso, si pierde; es decir, que
no cubre ni los gastos generales— es moralmente justa o no. Lo único que se
puede decir es que el "juego" de la oferta y la demanda en el mercado
capitalista de trabajo funciona así.
Tampoco esta teoría tiene en cuenta otras causas que han contribuido y
siguen contribuyendo, tanto o más que las anteriores, a que el paro siga
siendo masivo en España. Además de la crisis de ventas y de reorganización
productiva de los sectores con mayor ocupación e intensivos en trabajo desde
la década de los ochenta, debido al cambio tecnológico y al aumento
constante de la competitividad internacional, especialmente, en la industria y
en algunos servicios como, por ejemplo, los seguros o, más recientemente, la
construcción y los servicios financieros; existen otros factores que,
igualmente, inciden a la baja en la productividad de un país y causan el
aumento del paro, pero que no suelen aparecer en los manuales tradicionales
de economía y, a menudo, en los medios de comunicación.
Para empezar, no se puede olvidar que algunos errores de los empresarios en
la toma de decisiones sobre los productos o servicios a producir (que luego
demostraron que carecían de la demanda esperada), o que algunas de las
inversiones efectuadas en la compra de materias primas a precios no
competitivos, o que la financiación externa ha resultado ser mucho más
costosa de lo que se había calculado de antemano, o que la compra de
equipos y tecnologías no ha resultado ser lo eficiente que se previó en el
momento de su compra (averías continuas, inexistencia de ergonomía,
infrautilización de las prestaciones, etc.), pueden haber tenido gran
trascendencia para que ciertas empresas hayan tenido que cerrar, sin que,
generalmente, los trabajadores hayan podido intervenir en tales decisiones
erróneas.
26
Asimismo, la inexistente o escasa previsión del impacto negativo para la
empresa de la competencia (leal o desleal; interna o externa) de terceras
empresas o de multinacionales puede haber sido otro factor que haya
conducido a otras empresas a tener que cerrar.
Pero dentro de la propia empresa, determinadas ineficiencias en la gestión de
los recursos humanos como ciertos “fichajes estrella”, selección de ejecutivos
con salarios muy elevados (con repercusión desproporcionada en los costes
de producción, pero también la inexistencia o escasa formación continua de
los trabajadores, de un nivel tecnológico bajo, de políticas comerciales
inadecuadas, etc., han podido contribuir también a que otras empresas no
pudieran hacer frente a los costes y, por tanto, tener que cerrar.
Todo lo anterior, en un país donde los salarios y la presión fiscal se sitúan,
significativamente, por debajo de la media europea. Por ejemplo, según datos
de la OCDE para 2011, España tenía una presión fiscal del 32,4% sobre el PIB,
por debajo de países como Checoslovaquia (34,5%), Portugal (36,1%), Hungría
(40,2%), Italia (42,8), etc., por no hablar de Dinamarca (48,6) o de Suecia
(44,9).
Por tanto, el argumento históricamente aducido por la patronal española
contra una supuesta carga fiscal excesiva no parece que pueda sostenerse
como causa del paro tan elevado. Ni tampoco se sostiene el exceso de
demandantes de empleo extranjeros en el actual mercado de trabajo pues, si
a alguien le interesó la entrada masiva de inmigrantes fue, precisamente, a
los empresarios al ver en ellos una potencial fuente de negocio al entender
que, procediendo de países más pobres, con salarios más bajos, cubrirían la
demanda de trabajo empresarial de media y baja cualificación en ciertos
sectores como la construcción y la hostelería a un coste inferior, aunque fuera
a costa del despido de los autóctonos, normalmente adheridos a convenios
que garantizaban salarios y condiciones de trabajo superiores.
En definitiva, estar en el paro, sobre todo si es de larga duración (más de un
año, según el INEM) en la sociedad capitalista, no sólo tiene repercusiones
materiales (descenso del consumo, además de que el subsidio dura, cada vez,
menos tiempo y siempre es menor que el salario que se cobraba cuando se
estaba en activo), sino que no es una situación deseada y que se alarga a
voluntad del sujeto —como insinúan ciertos políticos y economistas
neoliberales, cuando difunden públicamente ese mensaje a través de
determinados medios de comunicación controlados por empresarios afines a
esa ideología— además de que tiene consecuencias socio-psicológicas
(desánimo y autoculpabilización, como resultado de la exclusión social que se
sufre, pero también, por sentirse responsable de los conflictos familiares que
suelen generarse por no traer ingresos al hogar, etc.), sin olvidar las
27
consecuencias de orden profesional (obsolescencia de las cualificaciones
conforme transcurre el tiempo de desocupación, pérdida de oportunidades de
promoción en la empresa y en la propia sociedad, etc.).
Bibliografía
JUAN ALBALATE, JOAQUÍN (2011), Sociología del trabajo y de las relaciones laborales,
Barcelona: Edicions UB.
OECD (2012), Tax Income in OECD Countries.
RECIO, ALBERT (1997), "Paro y mercado laboral: formas de mirar y preguntas por contestar",
en Recio, A. et al., El paro y el empleo: enfoques alternativos, Valencia: Germania.
[Joaquín Juan Albalate y Jesús Matamala son profesores de Sociología
de la Universidad de Barcelona]
10/4/2013
28
Desafíos para el sindicalismo
Antonio Antón
Acaban de celebrarse los congresos confederales de los principales sindicatos:
CC.OO. y UGT Sus estrategias afectan al conjunto de la sociedad y, en
particular, a las clases trabajadoras y la izquierda social. Es un momento para
participar en el debate colectivo sobre la experiencia reciente del sindicalismo
y los desafíos presentes y futuros.
Fracaso del diálogo social
En los últimos años, junto con el paro masivo y las graves consecuencias
sociales producidos por la prolongada crisis económica, se consolidan y
generalizan las políticas de ajuste económico y austeridad para las clases
trabajadoras en España y la UE, particularmente, desde el Consejo europeo de
mayo del año 2010. Al recorte de condiciones y derechos sociolaborales de la
ciudadanía se suma la apuesta liberal por el desequilibrio en las relaciones
laborales, con refuerzo del poder empresarial y debilitamiento de los
sindicatos. La imposición gubernamental de esas políticas regresivas, con el
apoyo del poder económico y financiero, conlleva el fracaso del sistema de
diálogo social como vía de freno a esas medidas y marco para establecer una
política equilibrada y compartida frente a la crisis.
La tradición del movimiento sindical ha combinado en diferentes momentos
una doble estrategia basada en el conflicto social y el acuerdo general, en la
movilización sindical y sociopolítica y en la negociación y el diálogo
institucional. La combinación de esos dos elementos básicos está
condicionada por las estrategias y la posición de las contrapartes (gobiernos y
organizaciones empresariales), así como por las expectativas de avance en los
objetivos reivindicativos fundamentales para trabajadores y trabajadoras y la
ciudadanía: mejoras sociolaborales y de empleo sustantivas, y fortalecimiento
de la participación popular y, específicamente, del sindicalismo como
instrumento de representación de intereses y mediación de propuestas y
reivindicaciones de sus bases sociales. La acción sindical es un medio
fundamental para conseguir resultados concretos en los dos planos: avances
reivindicativos; mejorar la capacidad representativa, movilizadora y
contractual del sindicalismo. En condiciones defensivas, se puede formular
como freno al deterioro de las condiciones en los dos ámbitos con una acción
firme y continuada que modifique esa situación desventajosa.
En los últimos años la estrategia sindical de diálogo social ha materializado
tres grandes pactos generales: Acuerdo para la negociación colectiva del año
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2010; acuerdo social y económico con el aval a la reforma de las pensiones
del año 2011, y nuevo acuerdo para la negociación colectiva del año 2012.
Ninguno de ellos ha supuesto avances sustantivos ni mejoras significativas
para trabajadores y trabajadoras. Los supuestos compromisos de las
contrapartes a los sacrificios salariales y de pensiones acordados también se
han incumplido, y las arduas negociaciones posteriores han fracasado.
En el primer caso, no evitó la ruptura del diálogo social sobre la reforma
laboral y con el beneplácito de la patronal el Gobierno del PSOE impuso su
regresiva reforma laboral, a la que hubo que contestar con la huelga general
del 29-S, exigiendo su rectificación y la consiguiente ILP.
En el segundo caso, la mayoría de las direcciones sindicales, aun con una
ligera suavización respecto del plan inicial, colaboró con un recorte sustancial
de los derechos de pensiones, con importantes dificultades de legitimación
social. La mayoría ciudadana estaba y está en contra de las dos condiciones
de aplicación mayoritaria para acceder a una pensión completa: la edad legal
de jubilación a los 67 años y el aumento de cotización de 35 a 37 años; las
consecuencias son, entre otras, la correspondiente penalización de casi un
20% (15% + 4,5%) respecto de los derechos actuales del 100%, en los casos
más ordinarios según la edad (65 años) y cotización (35 años). Ese gran
sacrificio para los asalariados ha sido cuantificado oficialmente como de 3,5
puntos del PIB (35.000 millones de euros anuales) cuando se apliquen
íntegramente esas medidas (a los que se añadirían la reducción estimada por
el Gobierno del PP de 4.000 millones por la reciente reforma de la jubilación
parcial y anticipada y el recorte de los subsidios de desempleo).
Pero, además, también fue incumplida la contrapartida gubernamental de
consensuar la siguiente reforma de la negociación colectiva. Por tanto, el
acuerdo sindical con el retroceso en los derechos de las pensiones tampoco
evitó la imposición unilateral por el Gobierno del PSOE de otra reforma
atentatoria de los derechos y equilibrios contractuales en la negociación
colectiva. Hubo que constatar esa trampa y contestar esa nueva agresión,
junto con un distanciamiento a la política gubernamental y europea que se
reafirmaban en las políticas de austeridad (reforma constitucional) y, más
tarde, ya con la derecha en el Gobierno, en mayores y profundas reformas
regresivas.
En el tercer caso, el acuerdo firmado en enero de 2012 para la negociación
colectiva, además de aceptar y favorecer la pérdida de poder adquisitivo de
los salarios y la desactivación de las exigencias reivindicativas en los
convenios colectivos, tampoco evitó la ruptura de la negociación institucional
sobre las normas reguladoras de la negociación colectiva. El Gobierno del PP
aplicó una dura y agresiva reforma, la de mayor trascendencia en estas
30
décadas, para debilitar los derechos de la población asalariada y desequilibrar
todavía más las relaciones laborales en beneficio del poder empresarial y en
perjuicio de la representación sindical y la capacidad defensiva en las
empresas. Hubo que contestar con la huelga general del 29-M.
Las tres grandes reformas han constituido un fracaso en los dos planos:
retroceso de condiciones y derechos sociolaborales, y debilitamiento de la
capacidad contractual del sindicalismo (reforma laboral y de la negociación
colectiva) o de su legitimidad social (reforma de las pensiones). Los intentos
negociadores en torno a ellas no las han modificado y han fracasado. Siguen
pendientes los objetivos de revertir esos retrocesos: garantías laborales,
equilibrios en las relaciones laborales y derechos de jubilación (65+35).
Combinado con esos pactos globales se han promovido tres grandes huelgas
generales, con importante participación y mayor apoyo popular a sus
objetivos. Han sido procesos de reafirmación del sindicalismo y aumento de su
legitimidad social, imprescindibles tras las evidencias de las fuertes
agresiones gubernamentales, su incumplimiento de las promesas anteriores y
el fracaso de la negociación. Han expresado el otro componente fundamental
de la acción sindical. La firme voluntad sindical y la masiva contestación
popular contra medidas impuestas e impopulares. Es verdad que tampoco han
conseguido sus objetivos reivindicativos inmediatos de echar atrás las
respectivas reformas laborales. Pero han señalado el camino para ello, han
consolidado una opinión ciudadana contra los recortes sociales y laborales y
en defensa de un empleo decente, han debilitado la credibilidad
gubernamental, y apuntan a una rectificación de esa política regresiva.
Suponen también una relegitimación de la actuación representativa y de
liderazgo del sindicalismo, aspecto crucial ante los intentos conservadores de
su marginación.
Firmeza reivindicativa por el cambio de la política socioeconómica y
laboral
Existe un contexto de hegemonía de las políticas regresivas y fuerte poder
institucional y patronal. Junto con la continuidad del paro masivo y las nuevas
brechas sociales, las medidas regresivas que se están aplicando, todavía van
a tener efectos sociales y sindicales más perniciosos. Pretenden una salida
regresiva de la crisis y la subordinación de las capas populares, junto con
marginación del sindicalismo y la neutralización de la indignación ciudadana.
La estrategia sindical de diálogo social o acuerdos generales no ha ofrecido
soluciones a los grandes problemas y objetivos externos (reivindicativos) e
internos (capacidad representativa y contractual). Tampoco ha servido,
significativamente, en un sentido defensivo, como veto o freno a dinámicas
31
mucho más agresivas.
La acción sindical fundamental no pasa por la prioridad de un diálogo social
subordinado y de colaboración con esa dinámica. La pasividad o simple inercia
tampoco es suficiente. La experiencia de las tres huelgas generales ha
expresado los límites de participación y de resultados reivindicativos, aunque
ha permitido ampliar el apoyo social a los objetivos y la representatividad de
los propios sindicatos. Igualmente, las importantes movilizaciones sectoriales
en diversos ámbitos sectoriales y territoriales (como la enseñanza en Madrid o
los empleados públicos en Catalunya) han demostrado el amplio respaldo a
las iniciativas sindicales, aun cuando sean lejanos o parciales los frutos
reivindicativos. En su conjunto, se han puesto de manifiesto las dificultades
sindicales para garantizar los derechos sociolaborales y evitar la involución
social. La realidad de la crisis socioeconómica y de empleo y las regresivas
políticas gubernamentales son un obstáculo para avanzar en una salida
equitativa y progresista de la crisis. Pero ha quedado claro que la política
sindical de colaboración o pasividad con los recortes de derechos tiene
efectos perniciosos para la población trabajadora y el propio movimiento
sindical, y que el distanciamiento y la oposición a los mismos, condicionan su
aplicación y facilitan un mayor prestigio y legitimación del sindicalismo,
palanca desde la cual se posibilita el avance posterior.
Los próximos años no aventuran un deseo gubernamental y de las
instituciones europeas de un cambio sustancial hacia una salida más justa y
equitativa de la crisis. Esa es la alternativa que el sindicalismo pretende
conseguir en defensa de un modelo social, laboral, democrático y productivo
progresista. Para ello, sería necesaria una acción sindical firme y prolongada
de activación de todos los recursos laborales y sindicales para revertir esa
tendencia dominante y abrir una dinámica de cambio de esas políticas y el
reequilibrio en las relaciones laborales. Los sindicatos son agentes
representativos fundamentales para condicionar esa orientación. Su
reconocimiento institucional y el impulso negociador deben estar basados en
los resultados de mejoras reivindicativas para las clases trabajadoras, en el
cuestionamiento de los retrocesos.
Supone impugnar el acuerdo de la negociación colectiva e impulsar la acción
reivindicativa en la negociación colectiva y frente a las reestructuraciones
empresariales. Es preciso que los sindicatos promuevan una firme acción
sindical y sociopolítica, junto con otros agentes y movimientos sociales,
particularmente contra los recortes sociales y del Estado de bienestar,
asegurando la calidad de los servicios públicos, una protección social plena y
los derechos de las pensiones. Se trata de enmarcar esa acción sindical en un
proceso de activación sindical y movilización social contra las medidas
agresivas más relevantes y, en primer lugar, por la abolición de las reformas
32
laborales impuestas. Para ello es necesaria una estrategia global, continuada
y prolongada, basada en la firmeza para exigir la reorientación de la política
socioeconómica y laboral y en defensa de los intereses y derechos de
trabajadores y trabajadoras que, además, refuerce al propio sindicalismo y la
acción democrática de la ciudadanía. En el plano sociopolítico favorecerá la
democratización del sistema político y la renovación y el fortalecimiento de las
izquierdas, cuestión necesaria para avanzar en una salida justa de la crisis.
En definitiva, el sindicalismo, junto con diversos grupos sociales, ha sido capaz
de activar un amplio movimiento sociopolítico contra la austeridad y
constituye una fuerza social clave para defender a las clases trabajadoras y
promover un cambio de rumbo. Pero ha cometido algunos errores que han
debilitado su legitimidad social y su capacidad transformadora. Y sus inercias
organizativas dificultan una mejor vinculación con significativos segmentos de
la sociedad. A los sindicatos se les puede pedir más: evitar actuaciones
erróneas, incrementar su dinamismo y firmeza en la acción sindical y renovar
sus dinámicas organizativas y sus discursos. Así se fortalecerá su doble
dimensión reivindicativa y social.
[Antonio Antón es profesor honorario de Sociología de la Universidad
Autónoma de Madrid]
15/4/2013
33
Comentarios prepolíticos: 15
Joan Busca
De impaciencias, rupturas y posibilidades de acción
Estamos forzosamente enfrentados a una situación de difícil salida. La crisis
actual y su manejo político constituyen una evidencia del fracaso social del
neoliberalismo y de la necesidad de superar el capitalismo. La crisis ambiental
y la crisis de los cuidados plantean la necesidad de introducir grandes
cambios en la organización de la vida cotidiana, de la regulación social. La
corrupción y la dictadura de las élites apoyan la necesidad de un cambio
sustancial en las formas de articulación política. En nuestro país, además, el
escenario político se completa con la reaparición de la cuestión republicana y
el siempre presente tema de la articulación territorial. El tiempo parece
abierto a todo tipo de rupturas y transformaciones radicales, de tablas rasas y
nuevas construcciones sociales (del capitalismo, del euro, de la monarquía,
del Estado español...).
Se trata de un contexto propicio a los impacientes, a los que creen contar con
la solución inmediata, a los que proponen salidas automáticas. Me sumo al
grupo de los impacientes, de los que creen que las cosas podrían ir
increíblemente mejor con un cambio radical, con nuevas instituciones
promotoras de la democracia participativa y deliberativa, del igualitarismo, de
la cooperación. Pero cuando trato de ver cómo llevar a cabo esta ruptura
descubro límites claros a mis ganas de acción.
Empezando por la propia densidad humana de las personas que trabajan por
la ruptura. Hay muchos activistas, pero insuficientes, en número, capacidad,
voluntad para desarrollar acciones de largo alcance. Lo peor no es esto, sino
que a menudo queman sus energías en enfrentamientos estériles. O en la
construcción de proyectos organizativos que, en lugar de cooperar con lo ya
existente, tienden a competir con ello. Siguiendo por la enorme acumulación
de poder, de recursos, de resortes con que cuentan los beneficiarios del orden
actual, un poder que no dudan en utilizar impunemente (ahí está la campaña
de demonización de la PAH) para mantener el statu quo. Un poder
estructurado a niveles diferentes, desde el local al planetario, por una
sucesión de instituciones que bloquean el cambio social. Siguiendo también
por las aspiraciones contradictorias de todas las personas beneficiarias de un
posible cambio, pero cuya experiencia vital les ha llevado a “normalizar” las
relaciones sociales dominantes, a mantener actitudes y prácticas funcionales
al orden existente, que les ha impedido pensar y desear un orden social
distinto. Y terminando por que tampoco distingo que haya claras propuestas
34
de cómo articular una sociedad alternativa ni qué medidas de transición poner
en marcha. En el ambiente de los movimientos sociales y de la izquierda hay
numerosas propuestas de cambio, pero muchas de ellas son parciales, a
veces contradictorias, contienen más un recetario que una estructura. Y aún
tienen que apechugar con el sambenito del fracaso del modelo soviético. Todo
ello conduce a la perplejidad, a la contradicción ante la necesidad de un
cambio radical y la dificultad de llevarlo a cabo por la desigualdad de fuerzas,
la ausencia de una cultura alternativa compartida y de una buena propuesta
alternativa. Los clásicos solían expresar sus análisis en clave militar.
Utilizando este esquema diríamos que estamos en una situación que demanda
una “guerra de movimientos” (una acción rápida, transformadora, de cambio
real) y, en cambio, estamos atrapados en una sucia “guerra de trincheras” en
que el enemigo controla buenas posiciones, tiene fuerzas y se enfrenta a una
ofensiva a menudo poco o mal organizada.
Considero básico entender la contradicción esencial que supone esta
situación. Y empezar a pensar una actuación política partiendo de la misma.
No hacerlo conduce a caminos sin salida: al radicalismo sin posibilidades, al
esteticismo vacuo, a la desesperanza y la apatía. Asumirla supone aceptar
que, posiblemente, a corto plazo hay que picar mucha piedra para socavar la
estructura del poder. Y hay que hacerlo en múltiples direcciones: reforzando la
organización de las víctimas, su capacidad de conocimiento, elaborando mejor
las propuestas, articulando bien las acciones. Además, exige un enorme
esfuerzo de tolerancia y voluntad para minimizar las tendencias fratricidas
que siempre sobrevuelan a los grupos y la gente de izquierdas, y conseguir
que las distintas voces y acentos puedan acabar dando un buen orfeón.
Necesitamos personas con capacidades diversas, de sensibilización, de
organización, de mediación, de elaboración teórica… Las necesitamos todas.
Las necesitamos pacientes y, al mismo tiempo, insistentes.
Parece claro que cualquier avance pasa por fijar algún objetivo intermedio
posible, que permita ampliar los poderes y la capacidad de acción de la
inmensa mayoría social. Pero esto difícilmente se conseguirá si no se produce
alguna confluencia en torno a algún objetivo concreto. La urgencia de la
situación está provocando la proliferación de manifiestos, propuestas de
organización, propuestas electorales, pero se corre el riesgo de que queden
en nada. Tenía razón Agustín Moreno cuando recordaba hace poco que el
advenimiento de las dos repúblicas españolas vino precedido de un amplio
acuerdo de fuerzas que generó el espacio político y cultural que lo hizo
posible. No estoy seguro de que los tiempos sean los mismos, pero en todo
caso creo que éste es un buen recordatorio de lo que debería hacerse en casi
todos los campos: generar propuestas unitarias con objetivos concretos que
permitieran desbloquear la situación, que abrieran algún espacio al cambio. Y
seguir trabajando con diálogo, tesón, esfuerzo y sentido del humor en articular
35
vías de transición que permitan la superación de la inhumana sociedad del
capital.
30/4/2013
36
Ley Wert: Iglesia, empresa y democracia
José Manuel Barreal San Martín
Podría parecer que salir, actualmente, en defensa de la Escuela Pública
resulta manida y hasta obsoleta tal actitud. Pero, no. Es decir, repetir que una
escuela pública, laica y de calidad para todas y todos, además de gratuita,
democrática, participativa, integradora, e igualitaria y que solo con ella y así,
se conseguiría tener una garantía de integración y cohesión social, no solo no
está desactualizada, sino que es urgente volver a decirlo alto y claro.
El Proyecto de Ley, la LOMCE, que el gobierno del PP, de la mano del inefable
Wert, quiere convertir en el futuro modelo por el que se regirá la enseñanza
pública en España, hace que se tenga que volver a recordar y a defender los
principios básicos expuestos.
En mi opinión, dos son, entre otros, los aspectos que hacen vislumbrar una
educación pública puesta al servicio no precisamente de todas las personas
con derecho a una educación pública de calidad. Me refiero: a) la enseñanza
de la religión en la escuela pública y b) la función integradora y democrática
que debe de tener.
La regulación de la enseñanza de la religión en la escuela ha suscitado en
España controversias y no pocos enfrentamientos a lo largo de los últimos
años.
Como cabía esperar, la mayoría absoluta del PP, y la anterior dejación de las
otras mayorías que hubo (PSOE) y la buena vecindad de los gobiernos de
Zapatero con la Iglesia Católica, ha vuelto a reabrir un nacionalcatolicismo
que, en mi opinión, no había desaparecido, pero que ahora, en buen lógica de
la derecha, se recrudece. La polémica gira, como siempre, en torno a la
cuestión sobre qué lugar debe ocupar la religión en los centros de educación
pública. ¿Debe formar parte del currículo escolar la enseñanza de la religión?
Y, si formase parte, con qué carácter ¿confesional o aconfesional? A mi juicio,
el debate es falso. Lo único que cabe decir es que en el marco de una Estado
aconfesional la religión como asignatura (voluntaria o no) sobra en el currículo
de la Escuela Pública y por añadidura, con ella, el profesorado que mediante
el único “mérito” de ser señalado por el obispo de turno se introduce como
enseñante en la educación pública. Sería, de una vez y por todas, la hora de
una escuela libre, democrática, laica y justa. De otra manera, el Estado
abandona sus competencias educativas para dejarlas en manos de la iglesia
católica en todo lo relativo a determinación del currículo, aprobación de libros
de texto. Etcétera.
37
Para avanzar hacia el Estado laico y, así, respetar la libertad de conciencia de
alumnos y alumnas, y por extensión, de todos los ciudadanos, se necesita, sin
lugar a dudas, una reforma de la Constitución que dictamine el carácter laico
del Estado; una revisión total de la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa
de 1980; y tal vez, lo primero de todo, la anulación de los Acuerdos entre el
Vaticano y el Estado español. Mientras se continúe como ahora, se seguirá
retrasando el momento de tener un estado moderno y europeo. El
anteproyecto de la LOMCE elimina, de facto, los derechos efectivos a la
libertad de conciencia y libre elección de todos los ciudadanos.
En lo referente a la conexión educación-empresa el preámbulo de la LOMCE,
que modifica la LOE, considera a la educación como una actividad orientada
principalmente a incidir en el sistema productivo desde dos perspectivas que,
reflejadas con claridad posteriormente, son: espíritu “emprendedor” y
formación para el empleo; es decir, en ningún caso considera la educación
como un bien público, un derecho universal que el Estado tiene la obligación
de garantizar a todos los ciudadanos. En Román Paladino y para entenderse:
formar, instruir para ser buenos actores sumisos en el sistema de producción
capitalista y de consumo. Un ejemplo que corroboraría lo dicho es la supresión
de materias que no son susceptibles de “producir”, pero que sí serían
educadoras de sentido crítico y sensible, me refiero a la Filosofía o a la
Educación para la Ciudadanía. Así, ese querer formar “emprendedores”,
digamos empresarios, hace peguntarse si todo el alumnado tendrá las mismas
oportunidades, al margen de su estatus social o de sus capacidades.
No es pesimismo pensar, insistiendo en la función integradora que la
enseñanza pública debe tener, que la disminución de un año del itinerario
común y el adelantamiento de la opción por el Bachillerato o la Formación
Profesional sean un filtro clasista. Que esto pueda ser así, lo hace prever que
la FP se vaya a desarrollar no tanto en centros educativos como en grandes
empresas, que tendrán de este modo una abundante, barata y precaria mano
de obra.
En lo relacionado con el funcionamiento democrático de los centros, la LOMCE
modifica la LOE en lo relativo a los Consejos Escolares, que si ya tenían poco
que decir ahora nada dirán ya que se introducen cambios sustanciales en las
competencias de los mismos en el sentido de convertirlos en órganos
consultivos en lugar de órganos de gobierno, hurtando la ya poca incidencia
que la llamada comunidad escolar (profesorado, padres/madres y alumnado)
tenían en lo que afecta a la vida y funcionamiento de los centros
educativos. En el mismo sentido van los cambios orientados a reforzar el
poder del Director del centro en general, y especialmente en la selección del
profesorado.
38
Es fácil, pues, entender que "la mejora educativa” que el tal Wert quiere
introducir en la educación española es una congruente apuesta por las élites
sociales y económicas; es decir al resto: las clases trabajadoras, los
inmigrantes, las personas sin recursos, que sus aspiraciones tienen un límite,
que todos no somos iguales. Es una ley que entra de lleno en el debate
político e ideológico, no tanto en el técnico ni en el exclusivamente
pedagógico.
20/4/2013
39
Los afluentes del Duero y las competencias docentes
Ángel I. Pérez Gómez
Puesto que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, un informe
sobre los catastróficos resultados de los candidatos a docentes en la
Comunidad de Madrid ha sido utilizado para denigrar una vez más al
profesorado, imponer sin debate un cambio radical de baremo y solicitar la
modificación de la formación inicial del profesorado, creo que no vendría mal
intentar separar el grano de la paja, deshacer mitos incuestionados y
denunciar las interesadas simplificaciones y falsedades generadas por dicho
informe y difundidas por los medios.
En primer lugar convendría considerar los límites de un supuesto informe que
no ha sido realizado con los requisitos de la investigación científica en ciencias
sociales y que nadie ha podido analizar y contrastar. ¿Cuales han sido las
condiciones experimentales del proceso? ¿Qué se pretendía medir, y como se
ha realizado la prueba? ¿Quién garantiza la fiabilidad de los datos ofrecidos y
la ausencia de manipulación interesada de los mismos? ¿Qué datos se han
seleccionados y cuales han sido omitidos? ¿Cuál es el motivo real para su
selectiva publicación actual?
En segundo lugar, llama poderosamente la atención la naturaleza de los
contenidos que aparecen como constitutivos de la prueba. ¿Es la reproducción
fiel, memorística y mecánica de datos e informaciones, de utilidad discutible,
el núcleo de esta prueba de valoración de la capacidad del docente para
provocar aprendizaje en las nuevas generaciones? ¿Son estas informaciones,
este escalón inferior del conocimiento, las herramientas con las que queremos
preparar a las futuras generaciones para afrontar el mundo complejo,
cambiante e incierto en el que estamos navegando y al parecer con más
frecuencia de la deseada naufragando, en la España actual?
A la luz de lo que hemos conocido sobre el contenido de esta prueba, quienes
deberían considerarse suspensos son los responsables de su diseño y
aplicación para la selección de maestros. ¿A quién se le ha ocurrido una
prueba tan ridícula e irrelevante para la selección de los docentes que
requiere la era digital? ¿Dónde están las capacidades de orden superior:
pensamiento crítico, creativo, innovador, las capacidades de comunicación y
evaluación, argumentación, toma de decisiones, elaboración de juicios
sensatos y consistentes, actuación racional y proporcionada, elaboración de
hipótesis, diseño y planificación de propuestas y programas? Identificar las
provincias o pueblos por los que transita cualquiera de los ríos de España o de
cualquier otro país está al alcance de cualquier individuo, en cualquier
40
momento y en cualquier situación, solamente a un clik de su móvil. Ocupar los
circuitos cerebrales y el tiempo del aprendizaje en la acumulación de datos
era una pretensión tal vez justificada en épocas pasadas de la humanidad,
donde los datos o se almacenaban en la mente de cada individuo o no
estaban disponibles para la mayoría de ellos.
Hoy día es una pretensión imposible y además estéril. Nadie puede acumular
la ingente cantidad de datos que producen la investigación científica y el
desarrollo social, económico y cultural en progresión exponencial en la era
digital contemporánea. Pero además es claramente un despropósito, una
necedad, cuando hemos sido capaces de construir artificios tecnológicos
capaces de almacenar sin limite y recuperar fielmente los datos que
necesitemos en cualquier momento y actualizados en tiempo real. Situemos
los datos e informaciones en el “disco duro externo”, y utilicemos nuestro
cerebro para construir esquemas, modelos y mapas mentales que nos
permitan organizar, relacionar y aplicar los datos a los propósitos y finalidades
que consideremos valiosos. Estas capacidades de orden superior son las que
requiere el ciudadano y el profesional contemporáneo para poder comprender
y actuar en el complejo, cambiante y caótico mundo que nos ha tocado vivir y
ahora parece que fundamentalmente sufrir. Y estas capacidades son las que
tiene que poseer de manera excelente el docente contemporáneo si
queremos que ayude a que los ciudadanos las desarrollen desde sus primeros
años de formación.
Sorprende el cinismo o la ignorancia de algunos responsables políticos en
educación, en este caso de la Comunidad de Madrid, cuando al mismo tiempo
que proponen este tipo de pruebas se escandalizan de los mediocres
resultados de los estudiantes españoles en las pruebas de PISA. ¿Que puede
extrañarles? En las pruebas de PISA no hay ninguna pregunta que requiera
reproducir de memoria, datos e informaciones. Por el contrario, plantean
problemas y situaciones de la vida cotidiana, con distinto grado de
complejidad, que hay que resolver aplicando razonamiento. Si para la
resolución de los mismos se requieren datos o fórmulas se les facilitan en el
mismo enunciado de los problemas a resolver. Ninguna pregunta como “las
capitales que recorre el rio Duero”, tiene cabida en estas pruebas de
reconocido prestigio internacional. No podemos sorprendernos del resultado
mediocre de nuestros estudiantes en las pruebas de PISA, si durante toda la
escolaridad la estrategia pedagógica dominante en España es fomentar el
aprendizaje memorístico de datos sin cabida en dichas pruebas, y no el
desarrollo de la capacidad de pensar y aplicar el conocimiento.
Las competencias profesionales de los docentes en la era digital se hacen
cada día más complejas y son bien diferentes a la mera transmisión
memorística de datos e informaciones. Acompañar, estimular y orientar el
41
aprendizaje relevante de todos y cada uno de los estudiantes que tenemos
encomendados requiere la fortaleza de dos pilares imprescindibles y
complementarios: pasión por el saber (teórico y práctico), por la aventura de
descubrir y utilizar el conocimiento y pasión por ayudar a aprender y
desarrollar la singularidad de cada uno. Ninguno de ambos pilares se fortalece
por el aprendizaje memorístico y la reproducción mecánica de datos, fechas,
formulas y algoritmos.
18/3/2013
42
¿Lecciones desde Cuba?
Carlos Lema Añón
En un estudio publicado recientemente en el British Medical Journal se
concluye que la profunda crisis que sufrió Cuba en los años noventa se tradujo
indirectamente en un descenso muy significativo de la mortalidad por
enfermedades coronarias y por diabetes. Las razones de ello tienen que ver
con una pérdida de peso moderada de la población (5,5 kg de media) y con un
aumento del ejercicio físico moderado, producto respectivamente de la
disminución de la ingesta calórica y de la escasez de combustible para el
transporte.
Lo que me resultó sorprendente, una sorpresa agradable, es haber conocido
este estudio en un periódico como El País, habitualmente hostil incluso hasta
el ridículo ante cualquier información sobre Cuba. Lo hacía además con un
titular en su edición digital que, quizá sin quererlo, apunta al núcleo de una
cuestión importante; ”La lección de la crisis cubana para rebajar la
mortalidad”. Obviamente la lección de la que habla, y a la que apunta el
estudio, no es que debamos ver algo positivo en la crisis y en la penuria, o
que haya algo deseable en una disminución forzosa del alimento y de la
energía disponible para el transporte. No hay nada ejemplar en ello, para
decirlo sencillamente. La lección aquí es que el caso de la crisis cubana de los
noventa es un ejemplo casi ideal, de laboratorio, por así decirlo. Lo es porque
permitió un estudio con datos completos en un período de tiempo muy largo,
con una crisis muy profunda que provocó la mencionada escasez en muy poco
tiempo y —esto será importante— sobre una población homogénea en
términos de salud, es decir, sin grandes desigualdades socioeconómicas ni en
el acceso a los cuidados de salud. En estas circunstancias es posible
establecer una relación directa entre las condiciones citadas y un descenso en
la mortalidad por enfermedades cardiovasculares y diabetes, por más que no
sea posible decir si fue más importante la menor ingesta de calorías, la
pérdida de peso o el aumento del ejercicio. Así, la lección de la crisis cubana
para la reducción de la mortalidad, según este estudio, no es nada sobre las
crisis económicas, sino sobre el hecho de que las políticas de prevención de
este tipo de enfermedades habrían de estar dirigidas al conjunto de la
población y que efectivamente el peso y el ejercicio tienen una gran
importancia, por más que en el caso cubano viniesen dadas por circunstancias
no queridas y, en su conjunto, indeseables.
Pero la crisis de los noventa en Cuba esconde otras lecciones útiles para la
salud pública y para la gestión de las crisis económicas en lo que respecta a la
salud de las poblaciones. Este tipo de lecciones son tanto más importantes en
43
la presente crisis económica que sufrimos, uno de cuyos efectos está siendo el
deterioro de la salud de la población. Este deterioro se ponía de manifiesto en
un artículo publicado hace poco en otra prestigiosa revista médica, The Lancet
, en el que se concluía que la crisis financiera y la austeridad estaban
constituyendo una fuerte amenaza para la salud pública en Europa, que ya se
estaba empezando a sentir especialmente en países como España, Grecia y
Portugal, algo que ya había advertido hace algún tiempo —incluso a pesar de
su habitual conformismo político— la OMS. Y todo ello sin tener en cuenta dos
cosas. En primer lugar que las principales consecuencias de las políticas
actuales de recortes, exclusión y privatización en el ámbito sanitario no se
percibirán con toda su amplitud más que en el medio plazo. En segundo lugar,
que el principal factor que afecta a la salud de las poblaciones en los países
desarrollados no es tanto —sorprendentemente, pero la evidencia empírica es
demoledora al respecto— el acceso o la extensión de los servicios de salud,
sino la desigualdad socioeconómica. Como se sabe, la desigualdad
socioeconómica se ha disparado en el Reino de España, siendo hoy el segundo
Estado con más desigualdad en la Unión Europea, sólo por detrás de Lituania.
La lección de la crisis cubana de los años noventa muestra que no es
ineluctable que una crisis económica, ni siquiera si es de enorme profundidad,
necesariamente tiene que llevar a un deterioro grave de la salud o a un
incremento de las desigualdades en salud. En definitiva, que hay otras
políticas de salud posibles en situaciones de crisis, e incluso en una situación
de emergencia, una vez que se establecen cuáles son las prioridades.
Se acepta generalmente que el régimen revolucionario cubano prestó desde
el inicio una atención destacada a la salud pública, con resultados destacables
en comparación con los países de su entorno. Sin embargo, el hundimiento de
la Unión Soviética, con la que Cuba mantenía unas relaciones económicas
privilegiadas que le permitían compensar el bloqueo norteamericano, provocó
en los años noventa un desastre económico de proporciones enormes, lo que
el gobierno cubano denominó “período especial”. Entre 1989 y 1993 el
comercio exterior se redujo en un 80% y el PIB cayó un 34%. Paralelamente el
bloqueo norteamericano que ya se venía produciendo durante tres décadas se
intensificó con las leyes Torricelli y Helms-Burton. Lo que todo esto supuso
para los programas de salud es imaginable. Así, la falta de divisas redujo a un
tercio la importación de medicinas al tiempo que la industria farmacéutica
local se deterioró por carencia de materias primas. Los efectos del bloque,
que incrementaron las presiones a las multinacionales farmacéuticas para que
no comerciaran con Cuba supusieron también un aumento de los precios, de
forma que en 1994 Cuba pagó 5,2 millones de dólares por transporte de
medicinas desde países de Europa o Asia que sólo habrían costado 1,4
millones en el caso de que se hubieran podido transportar desde Estados
Unidos. Es una anécdota, pero significativa, que también se interrumpiese el
44
suministro de libros de texto de medicina desde España: la editorial que los
publicaba fue adquirida por la norteamericana McGraw Hill, que bajo las leyes
del embargo no llegó a cumplir el contrato. La situación económica no empezó
a revertirse sino en el año 1994, pero el tamaño de la economía era sólo del
65% respecto a 1989 y las importaciones se habían reducido para aquel
entonces a la cuarta parte.
En términos de resultados de salud, todo este proceso significó un
empeoramiento de las condiciones. Ya no sólo por las carencias provocadas
en el sistema de salud, sino por el deterioro ya destacado de las condiciones
nutricionales, así como por el resurgimiento de enfermedades tales como la
tuberculosis o la diarrea. Vale la pena detenerse a considerar la cuestión
nutricional. La ingesta de calorías se redujo un 40% de 1989 a 1993 y a pesar
de que las políticas nutricionales intentaron proteger a los niños, a los
ancianos y a las embarazadas, el porcentaje de nacidos con bajo peso subió
del 7,3% en1989 al 9% en 1993, después de los diez años anteriores de
mejora del indicador. El nivel nutricional sólo se logró recuperar en 2001,
mientras que el nivel de reducción de nacidos con bajo peso se recuperó algo
antes, en 1998.
Sin embargo, frente a lo que suele ocurrir en situaciones de crisis económica,
el ajuste estructural llevado a efecto en esos años no puso en cuestión el
carácter público, gratuito y universal de la atención sanitaria. En destacable
estudio de campo conducido por Nayeri y López Parado, publicado en 2005 en
el International Journal of Health Services, mostró que a pesar de la evidente
escasez en servicios y atención hasta la recuperación de 1995, no se
produjeron en cambio graves problemas de desatención sanitaria ni —lo que
es tan importante— un acceso desigual a la misma (incluso a pesar de
introducirse reformas favorables al mercado y la oferta d tratamientos
médicos a turistas como forma de ingresar divisas). Se vieron afectadas, sí, la
atención secundaria y la terciaria debido a la falta de suministros y de
tecnología médica, pero eso no ocurrió en el caso de la atención primaria.
Ciertamente la crisis tuvo consecuencias para la salud pública. Pero el hecho
de contar con un sistema fuerte de asistencia universal que no fue puesto en
cuestión durante la crisis, junto con una apuesta por la mejora de la atención
primaria y la participación comunitaria, mitigaron los efectos sanitarios de la
crisis e incluso, sorprendentemente, permitieron mejorar algunos indicadores
básicos. Así, por ejemplo, la mortalidad infantil que en 1990 era de 10,7 por
cada 1.000 nacidos vivos, se redujo en 1995 —durante el peor momento de la
crisis— a 9,4 (e incluso a 6,5 en 2001).
El contraste puede venir incluso por lo que en esos mismos años ocurría en los
países resultantes de la desaparición de la Unión Soviética: una catástrofe
45
sanitaria de la mano primero del colapso de la economía y después por el
deterioro de las instituciones sanitarias, las privatizaciones salvajes, el
desmantelamiento de los servicios públicos, el aumento de la desigualdad y el
deterioro de las condiciones de vida. El tránsito a una economía capitalista
incrementó en Rusia de forma masiva el porcentaje de la población viviendo
en condiciones de pobreza (la liberalización de precios de 1992-1993 supuso
un descenso del 40% de los ingresos reales de la población). Con ello, los
resultados en términos de salud medidos por los principales indicadores,
reflejaron un empeoramiento con pocos precedentes en tiempo de paz. La
esperanza de vida para los hombres cayó desde 63,8 años en 1990 a 57,6 en
1994 y aunque se recuperó en 1998 (61,4), volvió a caer a 58,5 en 2001.
El contraste sirve para resaltar la otra lección de la crisis cubana, es decir, que
es posible mantener la protección de la salud en niveles razonables incluso en
los peores escenarios de crisis. Llegados a este punto, sin embargo, soy
consciente de que es casi una temeridad analizar el caso de Cuba para buscar
alguna lección. Es casi imposible hablar de Cuba razonablemente por encima
de todos los prejuicios, o evaluar un aspecto concreto sin tener que pasar por
el fastidioso peaje del juicio sumario sobre su sistema político-social, sólo a
partir del cual muchos formarán su criterio sobre lo escrito. Pero también lo
es, en el tema que nos ocupa, por la incorporación que en esta experiencia de
salud pública se hace de los elementos más destacables de la tradición
latinoamericana de medicina social. Y ya se sabe que es una tradición que por
considerarse periférica y subdesarrollada es invisible o fácil y
displicentemente desechada desde el centro. Creo, sin embargo, es lo que me
anima a escribir esto, que no están los tiempos para —como suele denunciar
Boaventura de Sousa Santos— desperdiciar experiencias.
[Carlos Lema Añón es profesor titular de Filosofía del Derecho de la
Universidad Carlos III de Madrid]
30/4/2013
46
Ensayo
Philip Mirowski, Jeremy Walker y Antoinette Abboud
Más allá de la negación. El neoliberalismo, el cambio climático y la
izquierda
Vivimos en un invierno de desconexión [los autores hacen un juego de
palabras entre discontent y disconnect, N. del t.] mientras se funde el
permafrost y el calentamiento global se acelera, llevándonos a la cúspide de
cambios medioambientales catastróficos, los gobiernos y las empresas siguen
su campaña de negación.
El último libro de Ian Plimer, presentado por John Howard en el Club Minero de
Sydney, anima a los escolares a que los expulsen por acosar a sus profesores
de ciencias. El libro de Plimer, que tiene como objetivo a los ejecutivos
mineros y a los ideólogos del libre mercado, nunca tuvo la intención de hacer
una contribución al conocimiento científico o la educación. No obstante,
justificó una refutación exhaustiva punto por punto por parte del
Departamento de Cambio Climático y Eficiencia energética.
Cuando no estamos liados defendiendo la posición firmemente verificada de
que se está produciendo un cambio climático antropogénico, nos encontramos
—aunque a veces a nuestro pesar— respaldando soluciones “basadas en el
mercado” como la única opción política plausible. Aquellos que todavía
defienden la legislación del gobierno laborista esperan que la gente recuerde
algún día que el “tóxico” impuesto sobre el carbono es solo una parada
temporal para salir del paso, que será eliminada gradualmente en la
construcción de una solución de mercado del carbono duradera.
El agotamiento de la izquierda (definida aquí en su sentido más amplio) se
ejemplifica en el artículo de Robert Manne en la edición de agosto del Monthly
. “La larga guerra que el movimiento negacionista ha luchado contra la ciencia
y contra la razón —escribe— en los EE.UU. y en todo el mundo anglófono,
verdaderamente ha conseguido una gran victoria. Es una victoria que las
próximas generaciones que nos maldigan verán como quizá la más oscura en
la historia de la humanidad.”
Nick Feik va más allá en un texto reciente en Age, castigando a los ecologistas
por haber fracasado en “convertir el consenso científico en acción”. Como los
negacionistas han ganado, argumenta, es hora de abrazar todo el abanico de
tecnologías de geoingeniería de alto riesgo especulativas como nuestra única
47
esperanza restante frente al desastre planetario.
Muchos de nosotros estamos atrapados en el teatro público de la política
climática, perplejos porque algo tan transparentemente ilógico como la
rotunda negación de la ciencia haya sido tan efectivo. ¿Por qué la izquierda,
que siempre se ha visto a sí misma como si tuviese a la ciencia de su lado, ha
quedado tan paralizada por la política climática?
Aunque estamos de acuerdo en que la situación es realmente terrible,
queremos subrayar otra dimensión a la tragedia: el no reconocido dominio de
las ideas neoliberales en todo el espectro del debate climático aceptable. Es
crucial que los análisis de la política del cambio climático vayan más allá de
las tácticas de los “negacionistas”. También creemos que la vaguedad que
acompaña las discusiones sobre el neoliberalismo contribuye a la parálisis
intelectual impidiendo que la izquierda articule cualquier clase de alternativa
viable.
El neoliberalismo es un movimiento político coherente encarnado en la
historia institucional de la red mundial de think tanks: el American Enterprise
Institute, el Cato Institute, el Institute of Economic Affairs, el Institute of Public
Affairs (el nodo clave australiano de la red) y sus think tanks propagandistas
dedicados a la contraciencia. Se puede seguir la pista de todos ellos hasta la
Mont Pelerin Society, el think tank central de la contrarrevolución neoliberal,
fundado en 1947 por Friedrich Hayek y Milton Friedman.
Una razón por la que los neoliberales han triunfado sobre sus rivales
ideológicos es que se han aventurado más allá de una simple “solución” a un
problema dado, desplegando en cambio un amplio espectro de políticas,
desde los recursos más prescindibles a corto plazo, a políticas a medio plazo,
a proyectos utópicos en un horizonte lejano. Aunque podrían parecer políticas
distintas y contradictorias, están verdaderamente integradas de forma tal que
ocasionan una capitulación final al libre mercado.
Pensamos que la mayor parte de la gente en la izquierda no comprende
plenamente que el fenómeno del negacionismo científico, el comercio de
emisiones y la geoingeniería no son de hecho panaceas no relacionadas o
rivales sino que en realidad constituyen todas juntas la respuesta total
neoliberal al calentamiento global.
Las razones por las que esta diversidad se califica de “neoliberal” son dos.
Primera, todas ellas se han originado en think tanks y unidades académicas
asociadas al pensamiento colectivo neoliberal; segunda, la consecuencia neta
48
de las tres es dejar el problema no al Estado sino al mercado. El negacionismo
compra tiempo para las otras dos opciones; la financiarización del ciclo del
carbono consigue la atención en el medio plazo; la geoingeniería se incuba
bajo las alas como un deus ex machina tecnoutópico para cuando las otras
dos opciones fallen.
La izquierda ha creído ingenuamente que la aceptación atávica de la derecha
de la ciencia estilo culto de carga y de estadísticas poco firmes estaba
condenada al fracaso, que una vez el estrépito producido por los provocadores
groseros de Murdoch y tranquilizados los chiflados de Alan Jones, surgiría un
debate razonable y “racional” sobre política climática basado en la
neutralidad transparente de la ciencia.
La izquierda ha pensado tradicionalmente que la ciencia estaba de su lado.
Pero “naturaleza” y “economía” nunca han estado claramente separadas en la
historia de la economía política. Como los economistas se han visto a sí
mismos como científicos estudiando un fenómeno natural llamado “la
economía”, el colapso ecológico arroja a los hábitos convencionales de
pensamiento a la confusión: el “crecimiento económico” es, después de todo,
una metáfora biológica tranquilizadora que desvía la atención de lo que
describe realmente: la tasa a la que los humanos convierten la tierra alguna
vez ocupada por los ecosistemas en minas de carbón y tecnomasas
industriales.
Como la izquierda ha mezclado alguna vez el neoliberalismo con la economía
neoclásica, o ha confiado en que la “economía medioambiental” podía
conformar una política climática racional, es importante clarificar las
diferencias entre estos enfoques bastante distintos.
La economía neoclásica y “el medio ambiente”
La razón por la que la economía es una fuente de nuestra parálisis política es
que supone, tanto en lo relativo al formalismo como en lo relativo a la
ontología, que el mercado es idéntico a la naturaleza.
La “economía política” (pensemos en Smith, Ricardo, Mill y Marx) ha supuesto
siempre que la sociedad industrial estaba dividida por conflictos sobre la
tierra, el trabajo y el capital. La desigualdad, la coerción y el poder eran
obstáculos al surgimiento de la ciencia de la sociedad neutral, matemática,
que los fundadores de la economía neoclásica buscaban desarrollar en la
década de 1870. El modelo general de equilibrio de una sociedad ideal
autoregulada de individuos autoregulados eliminó la “tierra” y “la política” de
la ecuación. El carácter “científico” de la economía neoclásica sigue atado a la
49
afirmación de que los precios de mercado son el hecho más básico de la
existencia social, determinados mecánicamente por una escasez natural que
limita el impulso “naturalmente” infinito a acumular riqueza.
La forma estándar de lidiar con la degradación medioambiental dentro del
marco neoclásico ortodoxo ha sido preguntar cómo un agente económico
racional debería responder a la ruina de su medioambiente por el
funcionamiento normal del mercado. Pero dado que la economía se describe
siempre en la ciencia económica como natural, plantear la cuestión de esta
manera lleva a paradojas. En particular, no puede existir la idea de mercados
existentes como implacablemente hostiles al medio ambiente natural: ¿cómo
puede estar la naturaleza en guerra consigo misma?
La “economía medioambiental” ejemplificada por el trabajo de William
Nordhaus y el ampliamente leído informe Stern extiende la economía
ortodoxa al colapso ecológico. Afirma que si el hombre racional no muestra
signos de despertarse para hacer algo por el calentamiento global se debe a
“fallos de mercado”: algo está atascando los trabajos, quizá en paralelo con la
adulteración de la atmósfera.
Las intervenciones de los economistas profesionales han servido para desviar
nuestro foco hacia el modelo abstracto del hombre económico racional,
impidiendo así una comprensión de la economía como el reino de lo
intrínsecamente artificial y de la transformación intencional de los recursos
naturales en artefactos como soplahojas de jardín, McMansiones e iCosas. Si
la degradación medioambiental aparece en la economía ortodoxa como un
“fallo del mercado” y se atribuye a “externalidades”, esto equivale a
argumentar que el cambio climático aún no ha recibido un precio en las
decisiones de inversión porque los derechos de propiedad privada sobre la
atmósfera todavía no se pueden asignar en contratos financieros. En la
economía convencional, la contaminación no es mala porque disturbe y
debilite la naturaleza, sino porque de alguna manera desbarata el mercado.
La receta general es conceder un rol al gobierno para restaurar el mercado a
su estado pristino natural, en lugar de hacer en realidad algo para reparar la
naturaleza o dejar de hacer las cosas que la fastidian.
Discutir el cambio climático de esta forma sirve principalmente para desviar la
atención de las cuestiones políticas que la economía es intrínsecamente
incapaz de resolver. ¿Qué tipo de naturaleza podemos esperar conservar o
relegar para que sea barrida de la faz del planeta? ¿Estamos preparados para
excavar y exportar hasta el último pedazo de carbón y gas para vivir en una
burbuja con aire acondicionado, mirando nuestras pantallas planas mientras
50
la Armada intercepta aquellos exresidentes de Bangladesh o Kiribati lo
suficientemente resueltos como para subirse a un barco desvencijado antes
de que todo se hundiese?
Los neoliberales lo hacen de forma diferente
Aunque los neoliberales comparten con los economistas neoclásicos una
visión exaltada de la naturalidad del mercado, y aunque es cierto que
numerosos economistas neoclásicos (siendo los más famosos los de la Escuela
de Chicago) son también neoliberales, hay diferencias cruciales en sus
posiciones. Los neoliberales tienen una concepción muy diferente de lo que
hace un mercado y exponen una doctrina innovadora respecto al rol del
Estado. En lugar de reclamar simplemente el practicar una ciencia neutral
capaz de un análisis racional de “la economía”, los neoliberales son activistas
políticos dedicados a un proyecto integral de transformación social.
Lo que surgió en la última parte del siglo XX fue un cambio sustancial de la
vieja definición de “la economía” como la “asignación de medios escasos a
fines dados” mediante las leyes invariables de la oferta y la demanda, a la
reificación neoliberal del “mercado” como el árbitro omnisciente de la verdad,
un cambio inspirado por la insistencia de Hayek en los precios como un
sistema autoorganizado de conocimiento distribuido, siempre bajo el riesgo de
la intervención del gobierno y la planificación racional.
Desde la Depresión en adelante, la carrera de Hayek se definió por su
oposición a las políticas económicas derivadas de la obra de Keynes, políticas
que él insistía en que eran una pendiente resbaladiza hacia el socialismo
totalitario. Al elaborar su crítica de la democracia social keynesiana, Hayek
llegó a ver incluso el marco ortodoxo de economía neoclásica como peligroso
para la “libertad”, desde el momento en que la afirmación de poseer una
ciencia de la economía tienta a los expertos a creer que la planificación
gubernamental puede ser posible.
Los neoliberales otorgan al mercado cualidades sobrehumanas de
procesamiento de la información —es el Cyborg Definitivo, llevado a ser más
inteligente que cualquier ser humano y capaz de transmitir exactamente la
información correcta a aquellos que la necesitan en tiempo real—. Como dijo
Hayek en su famoso artículo de 1945 sobre “El uso del conocimiento en la
sociedad”:
el agente inmobiliario cuyo conocimiento se reduce casi exclusivamente a oportunidades
temporales, o el arbitrajista cuyas ganancias se derivan de las diferencias locales de los
precios de las mercancías, todos ellos desempeñan funciones útiles basadas en un
conocimiento particular de las circunstancias de un momento efímero que no tienen los
demás. (…) De esto se deduce que la planificación central basada en la información
51
estadística no puede, por su naturaleza, hacerse cargo directamente de estas circunstancias
de tiempo y lugar (…) Es más que una metáfora el describir el sistema de precios como una
especie de maquinaria para registrar el cambio, o un sistema de telecomunicaciones.
Los neoliberales todavía consideran al mercado como un aspecto especial de
la naturaleza —ninguno está preparado para renunciar a eso—, pero la
naturaleza es representada (a partir de ideas desarrolladas en la cibernética,
la ecología y la teoría de sistemas) como indescriptiblemente compleja. El
mercado es adaptativo, no lineal, caótico: un orden no planificado que
evoluciona en respuesta a la inerradicable ignorancia con la que, para Hayek,
continuamente se enfrentan individuos y organizaciones. Este es el núcleo de
la crítica neoliberal del socialismo: ninguna inteligencia humana podría nunca
comprenderse a sí misma, mucho menos el caos que constituye su medio
ambiente natural, hasta un grado suficiente como para planificar cualquier
parte de la economía, porque la razón con la que contamos es siempre menos
compleja que los fenómenos que queremos dominar.
En la versión neoliberal del mundo, la naturaleza no es algo externo que
acorrala o constriñe la economía. Más bien, la naturaleza es algo que los
humanos nunca podemos conocer realmente, excepto por la información que
es absorbida por el mercado y destilada para nosotros mediante señales de
precios. La ciencia no es un modo independiente de descubrimiento de la
verdad: es un formato de conocimiento de boutique validado solo por “el
mercado de las ideas”. En consecuencia, los científicos naturales no pueden
pronunciarse sobre política económica, porque esto implicaría que el mercado
podría equivocarse.
Los neoliberales no creen en el simple laissez-faire, aunque han sido
conocidos por promover esta doctrina como una distracción. En realidad,
suscriben la doctrina de un Estado fuerte, preparado y deseoso de construir y
mantener el mundo de los mercados. Esto a veces parece confuso a los
extraños que no pueden comprender cómo los neoliberales pueden demonizar
tan alegremente el Estado y, sin embargo y simultáneamente, buscar
capturarlo. Su receta para las quiebras del mercado es siempre más mercado
—pero esta receta solo puede ser impuesta por un Estado fuerte capaz de
obligar al electorado a acatar las normas—. El estado debe ser despojado de
las obligaciones con la sociedad y ser utilizado en cambio para aislar al
mercado de la democracia.
La ciencia en un planeta neoliberal
Para los neoliberales, no se puede confiar en que los seres humanos sepan
52
nunca si la biosfera está en crisis o no, porque la naturaleza y la sociedad son
enormemente complejas y en evolución. La solución neoliberal es por tanto
emplear al Estado para asegurar que el mercado decida lo que debe hacerse,
si es que hay que hacer algo, en respuesta. Esto solo se puede conseguir, sin
embargo, si se deja al mercado manifestarse con todo su poder.
Esta es la razón por la que los neoliberales atacan a los científicos afirmando
hablar en nombre del interés público, mientras someten al mismo tiempo a
toda la estructura institucional de educación pública e investigación científica
al ethos de la gestión corporativa y la privatización del conocimiento,
produciendo así un nuevo tipo de científico empresarial.
En cada paso del camino, los neoliberales garantizan que su dogma básico
siga vigente: el mercado arbitrará las respuestas a la degradación de la
biosfera porque sabe más que cualquiera de nosotros sobre la naturaleza y la
sociedad. Como extra, algunos sectores de la izquierda, actuando bajo la
impresión de que se pueden oponer a una o más de las opciones neoliberales
abogando por otra —esto es, pueden pensar que pueden derrotar el
negacionismo o la geoingeniería abogando por el comercio de emisiones—
terminan como involuntarios soldados rasos de la larga marcha neoliberal.
Cada componente de la respuesta neoliberal está firmemente anclado en la
doctrina económica neoliberal y tiene su propia función especial. Similar a las
estrategias de las compañías tabaqueras, el negacionismo científico pretende
ahogar los impulsos inmediatos para responder a la crisis, comprando así
tiempo para que los intereses comerciales encuentren alguna vía para el
beneficio. Los think tanks que están detrás de la negación del cambio
climático no creen seriamente que ganarán, en el largo plazo, la guerra de las
ideas dentro de la ciencia académica. Pero vapulear a las vistas como
arrogantes élites intelectuales les da cierto caché populista, protegiendo a la
vez los intereses comerciales de las empresas petrolíferas, a las mineras del
carbón y a los perforadores de gas.
El proyecto para crear mercados de permisos de emisiones es una estrategia
neoliberal a medio plazo, bien sintonizada para atraer a gobiernos centristas,
ONG y sectores educados de la población, así como al sector financiero. De
hecho, la estrategia es una maniobra elaborada para dar gato por liebre,
donde los actores políticos originalmente decididos a usar el poder del Estado
para frenar las emisiones directamente son en cambio desviados a
interminables tecnicismos sobre el establecimiento y mantenimiento de
nuevos mercados para permisos y compensaciones de carbono, mientras las
emisiones de carbono crecen rápidamente.
Seamos claros: el comercio de carbono no funciona —y nunca fue pensado
53
para que lo hiciese—. Una vez establecido el comercio de permisos, la
innovación financiera y los lobbies inundarán el mercado incipiente con un
exceso de permisos, compensaciones y otros instrumetos de forma que el
tope nominal de emisiones de carbono nunca entorpece en realidad el
crecimiento de las emisiones. Esto, a su vez, lleva a que los precios de los
permisos tiendan a un absoluto colapso, que es precisamente lo que ha
sucedido numerosas veces con el Sistema de comercio de emisiones de la
Unión Europea desde su implantación en 2005. Los precios del Sistema de
comercio de emisiones de la UE cayeron a cero en la primera fase en 2007, y
han caído de nuevo, incluso cuando, al mismo tiempo, las emisiones han
subido más o menos continuamente, excepto un breve periodo de tiempo
durante la primera fase de la crisis financiera. La superabundancia maquinada
de permisos no es temporal. En Nueva Zelanda, el mercado de emisiones ha
sufrido un destino similar, con un precio inicial del carbono en 2009 de unos
20 dólares neozelandeses por tonelada y comerciándose actualmente con un
90% de descuento. El Chicago Climate Exchange, un programa voluntario que
comerciaba reducciones de emisiones anticipándose a que los EE.UU. tuviesen
finalmente que adoptar la reforma, ha cerrado; el valor de los certificados
colapsó a cero tras la crisis financiera y nunca se recuperó.
Los sistemas de comercio tienden a reforzar el poder oligopólico porque
siempre eximen a los mayores emisores y penalizan a los nuevos
participantes. En el bienentendido de que los sistemas de comercio tienden a
aplastar otras medidas tecnológicas para frenar las emisiones. El dinero que
hubiera podido ser utilizado productivamente para transformar la
infraestructura energética se bombea por el contrario a otro conjunto de
instrumentos financieros especulativos, llevando a horizontes de inversión a
ultracorto plazo, dinero caído del cielo para los comerciantes y todos los
síntomas habituales de la financiarización.
Es difícil imaginar por qué en Australia será diferente cuando el proyecto de
comercio se lleve a efecto en 2015. Pero, por supuesto, la extrema turbulencia
en los mercados no molesta a los neoliberales, puesto que ellos tienen una
visión a largo plazo. El recurso neoliberal tras que el modelo de
“tope-y-comercio” [cap-and-trade] inevitablemente fracase será la
geoingeniería, que se deriva del núcleo de la doctrina neoliberal que los
emprendedores innovarán soluciones de mercado para resolver los serios
problemas medioambientales.
La geoingeniería es un baúl que incluye toda una serie de manipulaciones
54
intencionadas a gran escala del clima de la Tierra. Incluye fenómenos tales
como el aumento del albedo de la Tierra mediante la “gestión de la radiación
solar” (mediante el volcado de enormes capas de partículas reflectantes en la
estratosfera o gigantescos espejos en el espacio); el secuestro de CO2
(sembrando el océano, enterrando biochar, introduciendo organismos
genéticamente modificados o con la captura y almacenamiento de carbono); y
la directa modificación del tiempo atmosférico (mediante el sembrado de
nubes o la modificación de tormentas).
Este es el lado de últimisima ciencia ficción futurista del neoliberalismo,
financiado por multimillonarios inspiradores “líderes del pensamiento” como
Bill Gates o Richard Branson. Como lo entiende Branson:
Si pudiésemos elaborar una respuesta de geoingenería a este problema, Copenhague no sería
necesario. Podríamos seguir volando nuestros aviones y conduciendo nuestros coches.
De ahí la avalancha para patentar tecnologías de geoingeniería, algo que
comprometió tanto al equipo científico británico del proyecto Inyección de
Partículas Estratosféricas para la Ingeniería Climática (SPICE por sus siglas en
inglés) que sus campos de prueba tuvieron que ser cancelados. De forma
similar, los científicos coautores de un informe sobre geoingeniería con
diversos tecnólogos militares y halcones políticos neocon (entre los que se
encuentra el veterano miembro de think tanks Thomas Schelling) para el
Bipartisan Policy Center, un think tank de Washington, ya habían tomado
posiciones como dueños de patentes y directivos de empresas incipientes en
el mundo de la geoingeniería. Ken Caldeira —un gestor del fondo de Bill Gates
para la “innovación climática” y Jefe del Departamento de Tecnología de
Nuevos Emprendimientos Intelectuales— es cofirmante de numerosas
aplicaciones de patentes de geoingeniería, incluyendo cinco para la “gestión
de huracanes”, con su famoso patrón.
Como en la mayor parte de las recetas neoliberales, el aspecto más
importante de este torturado matrimonio de ciencia y mercantilización
corporativa es que no funciona. La geoingeniería supone que las empresas
pueden llevar a cabo acciones unilaterales violando tratados internacionales
sin tener que responder por las consecuencias. No resuelve el problema de
raíz —el aumento de las concentraciones de CO2— y no parará la acidificación
de los océanos, algo tan grave que algunos científicos han pedido un conjunto
de nuevas técnicas de “ingeniería oceánica” para impedir el colapso de los
arrefices de coral.
Quizá la promesa utópica para los emprendedores resida en el hecho de que
55
la geoingeniería, una vez puesta en práctica, no tendrá estrategia de salida,
exigiendo durante los próximos siglos intentos ininterrumpidos y cada vez
más drásticos para desviar la radiación solar. Hasta que Marte pueda ser
transformada mediante geoingeniería, la población de la Tierra estará
acorralada en el mercado cautivo definitivo.
¿Y entonces qué?
La vía de salida de nuestro actual punto muerto implica una seria
reconsideración de lo que es en realidad “la economía”. En lugar de
permitirnos enrolarnos pragmáticamente en el guión neoliberal, necesitamos
recordarnos a nosotros mismos que hay otras opciones políticas. Por ejemplo,
fijar tasas sobre el carbono altas o en aumento aplicadas universalmente a
todas las transacciones con carbón, petróleo y gas merece nuestra seria
consideración, puesto que podría en realidad cumplir el efecto de una “señal
de precios” y estimular la desinversión en el siempre en expansión sector de
los combustibles fósiles. No es una sorpresa que la derecha haya vilipendiado
tanto esta estrategia.
Si la ciencia ha estado alguna vez sólidamente situada al lado de la izquierda,
esos días hace mucho que se fueron. Para el neoliberalismo, el negacionismo
es solo un recurso a corto plazo en un programa político mucho más
elaborado, aquel que también implica una visión de la ciencia plenamente
privatizada. La ciencia está siendo arrancada del dominio del “bien público” y
se hará que se conforme cada vez más de acuerdo con el imperativo del
mercado, como se puede ver en los ataques a los profesores de ciencias de
los institutos y la reingeniería de la universidad para la economía del
conocimiento.
En lugar de que nuestros gobiernos ajusten la actividad económica a las
necesidades de la sociedad y el planeta, los neoliberales ven un planeta
modificado por la reingenería de las fuerzas del mercado de forma que “los
negocios como siempre” puedan seguir por siempre. Es el neoliberalismo, más
que simplemente el “negacionismo”, lo que debe ser derrotado. Si fracasamos
en esta tarea, nos podríamos también acostumbrar a la turbia luz de sol
sintética de una atmósfera pagada por el usuario.
[Philip Mirowski ocupa la cátedra Carl Koch Chair de Economía y de
Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Notre Dame
(Illinois). Jeremy Walker da clases de economía política y estudios
medioambientales en la Universidad de Tecnología de Sidney.
Antoinette Abboud es una profesora residente en Sidney y escritora
56
con una amplia experiencia trabajando en comunicaciones y defensa
del sector sin ánimo de lucro. El presente ensayo se publicó en inglés
en el n.º 210 de la revista australiana Overland
(http://overland.org.au/). La traducción al castellano es de Carlos
Valmaseda.]
21/4/2013
57
La Biblioteca de Babel
J. A. Estévez Araújo (ed.), J.-R. Capella, J. L. Gordillo, R. Campderrich
Bravo, A. Giménez Merino, P. Mercado, A. Cambrón, A. Madrid
El libro de los deberes
Las debilidades e insuficiencias de la estrategia de los deberes
Trotta, Madrid, 2013, 264 pags.
En no pocas ocasiones la mirada del ciudadano lego
en derecho es más lúcida que la del propio jurista cuando de derechos se
trata, sobre todo cuando estos parecen desvanecerse. El jurista, interpelado
sobre si en definitiva tenemos derecho, por ejemplo, a la vivienda, podrá
moverse con soltura apelando al valor indudablemente normativo de la
constitución, a la vinculación de todos los poderes públicos a la constitución y
al resto del ordenamiento, a la ubicación sistemática del artículo 47 o a la
naturaleza jurídica de los principios rectores de la política social y económica.
Pero, en definitiva, y en términos claros para que la ciudadanía sepa a qué
atenerse ¿tenemos o no tenemos derecho a una vivienda digna? Aquí el
jurista bienintencionado y acaso favorable a la expansión de los derechos en
un sentido propicio a los más débiles no sabrá bien qué contestar. Si una
respuesta cínica está fuera de lugar, aceptar sin más la debilidad de los
derechos se le antoja contraproducente. ¿No sería admitir también la
debilidad de los argumentos que en algún momento habrían de servir para
intentar forzar su mayor protección legal o su exigibilidad ante los tribunales?
¿No sería renunciar de alguna manera a la fuerza argumental y de legitimidad
que otorgaría el reconocimiento normativo como derecho?
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Estas prevenciones podrían tener sentido mientras fue de alguna manera
plausible el relato de la expansión y consolidación de los derechos, junto con
la convicción de que la fase ascendente de los derechos era una tendencia de
fondo, por más que fuera compatible con retrocesos puntuales incluso si estos
podían llegar a ser graves. En tales condiciones se trataba de ir avanzando
jurídicamente, paso a paso, de recuperar eventuales retrocesos en un proceso
en el que los juristas —desde distintas posiciones— tendrían un protagonismo
especial. Poner en duda el relato sería una mala táctica, por más que en
ningún caso —y por la propia coherencia del relato— podría llegar a
comprometer las trincheras básicas, garantizadas por la irreversibilidad
histórica del Estado de derecho y de la Democracia. No interesa discutir en
qué momento dejó de ser plausible esta visión o si lo debió haber sido alguna
vez. El hecho es que hemos podido ver cómo la crisis iniciada en 2008
propició el barrido sistemático de unos derechos sociales que apenas si
mostraron capacidad de resistir la corriente que se venía encima. Ya antes, las
políticas securitarias desatadas con motivo del terrorismo habían erosionado
gravemente algunos de los derechos antirrepresivos con más solera histórica
y creado zonas de excepción en las que ni siquiera estaban presentes los
derechos. Lo que tienen en común ambos casos es que los derechos
sucumbieron estrepitosamente justo en los momentos en que parecían
llamados cumplir su principal razón de ser. Justo en el momento en que
habían de suponer, por utilizar una metáfora ya muy maltratada, la línea roja
que no se podría traspasar bajo ningún concepto, el límite mínimo ante el cual
otras consideraciones (políticas, económicas, de eficacia…) debían ceder.
No es que no se hubiera advertido antes de que culminaran todos estos
hechos consumados, claro está. Se repitió muchas veces que los derechos y
las conquistas sociales no eran irreversibles, aunque cabe cuestionarse si
éramos plenamente conscientes de lo que realmente implicaba esta
afirmación. El propio Juan-Ramón Capella, uno de los autores del libro, había
insistido ya tiempo atrás en el hecho de que la cristalización de los derechos
suele traer consigo la disolución de las fuerzas sociales que han contribuido a
su victoria, la disolución de ese poder y su delegación para ser administrado
por parte de funcionarios estatales. Pero precisamente por eso es destacable
el esfuerzo sistematizador que hay en El libro de los deberes por desarrollar
las implicaciones de este punto de vista, lo que involucra un desarrollo de
categorías conceptuales originales que presentan novedades destacadas
respecto a las que venimos utilizando habitualmente para pensar estas
cuestiones. Pero más allá de su novedad, lo destacable es que estos
conceptos y marcos de trabajo presentan importantes potencialidades para el
análisis y contribuyen a pensar mejor viejos y nuevos problemas. Y esto es
algo que los propios autores se encargan de demostrar a lo largo de unos
capítulos que al afrontar una amplia gama cuestiones ponen a prueba el
esquema de partida. Solo esto bastaría para decir que estamos ante un libro
59
importante, que debería además abrir caminos en la investigación, sí, pero
también caminos en la invención de prácticas emancipatorias nuevas.
El argumento central de este libro, ya desde la propia intención explícita de
los autores, es poner el acento en los deberes, como contenido esencial [1]
de los derechos. Mediante esta operación de poner los deberes en primer
plano se lograrían varias cosas. Por un lado hay una cuestión metodológica, es
decir se trata de buscar una vía para analizar el derecho y los derechos “de un
modo que descarte falsedades fundamentales”. Una intención explícitamente
antiideológica, pues. Pero, además de eso, se trata de afrontar algunas
cuestiones que desde el lenguaje y la práctica de los derechos no pueden ser
abordadas satisfactoriamente.
Por eso resulta un mérito nada desdeñable del planteamiento de este libro,
que se percibe desde su subtítulo, el concebir los derechos como una
estrategia emancipatoria, esto es, como un recurso. Esto es importante, pues
no en pocas ocasiones la centralidad de los derechos, el postularlos como la
medida de todas las pretensiones legítimas, conduce a resultados perversos.
Así en el ámbito del activismo por los derechos, pero sobre todo en la
academia, ocurre no pocas veces que si una pretensión, por más justificada
que pueda antojarse, es incapaz de ser traducida al lenguaje de los derechos,
eso será tomado como una razón contra ella, no como una deficiencia del
lenguaje de los derechos. Pensemos en los variados ejemplos de los derechos
relativos al medio ambiente, de los derechos de las generaciones futuras, de
los derechos de los animales o aún de los derechos colectivos, entre otros. De
las dificultades —de variada índole— que tienen para ser concebidos como
auténticos derechos (o para ser debidamente ejercidos o garantizados) se
llega con frecuencia a suponer que su relevancia es menor o que no vale la
pena volcar esfuerzos en esas cuestiones. Si, por tomar uno de los ejemplos,
las generaciones futuras no pueden ser titulares de derechos, en lugar de
concluir que eso es una insuficiencia de tal institución, se concluye que los
intereses de estas no han de ser valorados con tanta intensidad como otros.
Ello sólo se puede hacer desde una concepción que de alguna manera cosifica
la propia noción de derechos hasta poner la institución por encima de aquello
para lo que debía servir. Hay que notar, que ni en este caso ni en ninguno de
los otros que he usado como ejemplo, la noción de deber —junto con la de
responsabilidad— tiene esos inconvenientes.
El libro se articula en buena medida a partir del capítulo de J. R. Capella
“Derechos, deberes: la cuestión del método de análisis”, que funciona como
referente teórico general con el que se dialoga para el tratamiento de las
distintas cuestiones que se van afrontando en los demás capítulos. En este
trabajo se desarrolla entre otros asuntos el que sería el eje principal y la tesis
más importante del libro: la ya mencionada de que el contenido de los
60
derechos no es el bien que protegen sino los deberes que otros tienen, de tal
modo que no se tiene realmente un derecho si otros no tienen deberes
respecto a aquello que se quiere proteger. En este sentido, la noción de deber
sería primaria respecto a la idea de derecho, que sería derivada de aquella. Si
no existen deberes relacionados no se puede decir que en el plano jurídico
exista un derecho o, en todo caso, si los deberes son insuficientes tendremos
un derecho medio vacío.
Ésta que por comodidad denominará la tesis de los deberes puede,
efectivamente, emparentarse con la noción de las garantías, tal y como la ha
desarrollado L. Ferrajoli en su teoría garantista de los derechos
fundamentales. Así lo sugiere por ejemplo Pedro Mercado, uno de los autores
del libro. Ferrajoli argumenta la conveniencia de distinguir entre derechos y
garantías. Para Ferrajoli los derechos expresan expectativas respecto a ciertas
obligaciones, que pueden ser obligaciones de prestación o prohibiciones y que
constituirían las garantías primarias. A la vez, habría garantías secundarias
que son obligaciones de reparación para el caso del incumplimiento de las
garantías primarias. Así, aunque se trata de nociones relacionadas con la del
deber, para Ferrajoli puede darse el caso de la existencia de un derecho
fundamental, esto es, un derecho jurídicamente reconocido con carácter
general, pero que todavía no cuente con las garantías adecuadas.
Creo, sin embargo, que hay algunas diferencias notables entre estas dos
propuestas. Para Ferrajoli la inexistencia de las garantías no afectaría a la
existencia del propio derecho, dado que ambas cosas son diferentes y
relativamente independientes. La existencia del derecho implicaría un
mandato jurídico vinculante para el poder que le compelería a incorporar las
garantías correspondientes. Esta presencia de un derecho proclamado,
combinado con la ausencia de garantías, suele ocurrir frecuentemente dada la
habitual distancia entre las grandes proclamaciones constitucionales (e
internacionales) de derechos y el derecho ordinario. Sin embargo, lejos de
constituir una negación del derecho fundamental lo que hace es incorporar
limitaciones a la potestad del legislador que deberá verse obligado a
incorporar las garantías. Tendríamos, por retomar el ejemplo con el que
comenzamos, derecho a una vivienda digna, si bien las garantías
correspondientes no estarían (todavía) o estarían insuficientemente
desarrolladas. La propuesta de los deberes como contenido esencial, por el
contrario, juzga que en una situación como esta el proclamado derecho sería,
en el plano jurídico, un derecho vacío o como mucho un derecho a medias por
carecer total o parcialmente de contenido. No creo que esta diferencia sea
puramente lingüística, reconducible a la idea de que donde para unos
tenemos jurídicamente un derecho, para otros no lo tenemos, sin que de eso
se derivasen mayores consecuencias. Para la tesis de los deberes como
contenido esencial, en la medida en que los deberes y obligaciones son
61
primarios respecto a los derechos, sólo una vez que tengamos los primeros
podremos pasar a considerar el derecho.
Hay una segunda diferencia que creo destacable. En la medida en que la tesis
de los deberes evalúa la calidad de un derecho de acuerdo con los deberes y
obligaciones en que consiste, tiene un indudable carácter antiideológico,
empezando por evitar los autoengaños en el análisis jurídico. Pero ¿no cabe la
posibilidad de caer al tiempo en un cierto formalismo jurídico? La respuesta es
sin duda negativa, precisamente por otra diferencia notable con el
planteamiento garantista, y es que no se trata de una tesis en absoluto
juridicista. Por más que se plantee situar en los deberes el centro del análisis
jurídico de los derechos, hay un elemento que evita este problema: la
conciencia radical de la precariedad de los derechos. En efecto, en la medida
que muchos —y en ocasiones la totalidad— de los deberes son deberes del
Estado no podemos tener la garantía de que el Estado cumplirá sus deberes.
Es decir, los mecanismos puramente jurídicos para asegurarse de que el
Estado cumplirá sus deberes son precarios, como precarios son entonces los
derechos. Así será siempre, sin que exista la posibilidad de dar por ganado un
derecho de una vez por todas. De ahí que también ha de ponerse en primer
plano la cuestión del poder social, la politicidad de las luchas que el derecho
tiende a despolitizar [2]. La rigurosidad del análisis jurídico no exige, más bien
al contrario, que el análisis sea sólo jurídico o formal.
Quizá no habría ni que aclararlo, pero la tesis de los deberes no es
conservadora, antimoderna o banal. Desde luego no es banal, porque de lo
dicho hasta aquí ya resulta claro que la pretensión de los autores no es
meramente hablar de derechos desde unos deberes que serían una mera
contracara interdefinible de aquellos, sino que hay aquí mucha más enjundia.
Con respecto a las otras cuestiones, es cierto que en ocasiones el reclamo de
una mayor incidencia en los deberes ha venido de la mano de cierto
pensamiento conservador, incómodo con la propia noción de los derechos y
desde una pretensión paternalista. Quizá esa identificación conservadora haya
sido uno de los motivos por los que generalmente haya habido una cierta
reticencia a teorizar los deberes. Pero no hay aquí ningún tipo de nostalgia
premoderna o comunitarista sino la constancia de que la reducción a derechos
(en muchas ocasiones privados de contenido) de las instituciones —mentales
y materiales— que hemos podido crear como intentos de contener la injusticia
y la barbarie, ha supuesto un considerable empobrecimiento que se hace
urgente corregir. Es necesario, como afirma Capella, inventar instituciones
nuevas, ante las debilidades e insuficiencias de las que tenemos.
Los casos analizados en el libro para poner a trabajar la tesis de los deberes,
se agrupan en tres partes: los deberes ante la violencia estatal, los deberes
ante nuevos problemas y los deberes de las empresas. El trabajo de José Luis
62
Gordillo “Leviatán sin bridas” evalúa la “demolición controlada” de los límites
al uso estatal de la fuerza. En él se analiza cómo algunas de las instituciones
que venían limitando el uso de la fuerza por parte de los Estados han sido
puestas en cuestión en lo que supone un ataque a cualquier atisbo de
democracia y derechos… en nombre precisamente de la democracia y de los
derechos humanos. Particularmente la recuperación de doctrinas como la de
la “guerra justa” o la misma idea de “guerra contra el terrorismo” han
contribuido a demoler las instituciones materiales que intentaban contener
algunos de los usos más extremos de la fuerza estatal. Pero al mismo tiempo
han hecho un trabajo de destrucción análogo respecto de las instituciones
mentales en que se apoyaban, generando en las sociedades una conciencia
de excepción que sirve para legitimar decisiones del poder para llevar a cabo
guerras de agresión o para suspender selectivamente derechos que se
antojaban capitales. Para ello no se ha dudado en mentir y en manipular
utilizando el miedo (el terror y el terrorismo) para destruir instituciones que
parecían básicas: la prohibición de la guerra como instrumento político, la
universalidad de los derechos de defensa, el uso del derecho y del proceso
penal —no la guerra o la venganza— como instrumento frente a los crímenes,
la prohibición de la tortura, la responsabilidad de los Estados, la limitación
jurídica de la actuación discrecional y abusiva del poder… En fin, la demolición
—en ocasiones selectiva, para guardar las apariencias— de una serie de
instituciones jurídicas sin duda insuficientes y precarias, pero que parecían
una barrera sólida en la medida en que casi nadie se atrevía seriamente a
cuestionarlas abiertamente. Por eso quizá es tanto más grave la demolición
de las instituciones mentales que les daban cobertura. Una vez aceptada la
justificación de la “guerra preventiva”, aceptado que no hay casi límites frente
al enemigo —interno o externo—, aceptado que las ejecuciones extrajudiciales
son una forma de “hacer justicia” (como dijo en su momento Obama coreado
por casi todos), entonces se deshacen también las bases para la pervivencia
de esas instituciones como instituciones jurídicas y materiales. Frente a ello,
Gordillo recuerda que si las garantías jurídicas para los deberes y obligaciones
de los Estados resultan suprimidas, con ellas también desaparecen las bases
de cualquier atisbo de legitimidad de esos poderes. Y por eso la última
garantía, ya extrajurídica, sería la resistencia popular legítima no violenta.
El capítulo de Ramón Campderrich examina la cuestión de la (deficiente)
justicia transicional con relación al pasado franquista y a sus crímenes.
Afrontar casos de graves injusticias y atrocidades sistemáticas cometidas en
el marco de una dictadura no suele ser una tarea fácil, ni política ni
conceptualmente. Pero el caso español puede ser visto, como afirma el autor,
como uno de los ejemplos históricos de justicia transicional “menos intensa”
que se conozcan. Que un intento tan limitado como el de la ley para la
recuperación de la memoria histórica haya sido atacado de forma tan
desproporcionada es muy significativo. En el trabajo se analizan y refutan los
63
argumentos contrarios a la justicia transicional frente a los crímenes del
franquismo. Muchos de esos argumentos incluso entroncan con los propias
sinrazones de legitimación franquista, lo que pone de manifiesto la necesidad
de una justicia transicional también en el nivel simbólico. Entre los
argumentos que se manejan está el de la negación del carácter fascista del
régimen, como si de esta calificación dependiese el desvelar su carácter
criminal o represor. Otros de los argumentos analizados son el de la
equiparación moral, política e histórica de ambos bandos de la guerra civil, o
incluso —llevándolo al extremo de la indecencia el razonamiento— la
justificación del golpe de estado de 1936 y de los crímenes franquistas como
una forma de evitar males mayores. En la necesaria reconstrucción de una
memoria colectiva sobre los crímenes del franquismo, los poderes públicos
han de asumir también una serie de deberes en el ámbito jurídico.
Los siguientes capítulos confrontan la estrategia de los deberes a tres
problemas como es el del género, el de la crisis ecológica y el de la eutanasia.
Común a todos ellos es lo insatisfactorio del uso de la gramática de los
derechos para afrontarlos de manera adecuada, por contraste con una vía
más prometedora como es la de los deberes. Estos problemas constituyen por
eso excelentes ejemplos de las “debilidades e insuficiencias de la estrategia
de los derechos”, por retomar el subtítulo del libro. El capítulo de Antonio
Giménez Merino enfrenta la dificultad ya no sólo de pensar los problemas
regulatorios del género mediante derechos, sino la propia dificultad de los
abordajes jurídicos de la cuestión. Las desigualdades sociales reproducidas a
través de relaciones de poder, han venido ofreciendo una resistencia
poderosa a las tentativas jurídicas de atacarlos desde el derecho. Pero
además, según analiza el autor, el énfasis en la diferencia sexual antes que en
la desigualdad social —de diferentes tipos— no ha contribuido a mejorar la
situación. Es necesario pasar de estrategias basadas en derecho y de las
basadas en discursos a las basadas en los deberes y en los poderes sociales
democratizados.
El planteamiento de Pedro Mercado en el capítulo referido a la crisis ecológica
habla de “derechos insostenibles”. Para el autor, una de las razones por las
que el derecho ambiental y los derechos del medio ambiente han resultado
tan débiles es su posición subordinada, incapaz de contrarrestar
significativamente el peso de unos derechos preexistentes y plenamente
asentados en la lógica sistémica de un crecimiento sin conciencia de los
límites ecológicos. Esos derechos preexistentes, el derecho a contaminar, el
derecho a apropiarse de recursos no renovables, a extinguir especies, etc.,
están tan asentados en los derechos de propiedad, de libre empresa, de libre
circulación de mercancías que no obstante ser estos unos “derechos
insostenibles” desde el punto de vista ecológico, han mostrado una enorme
capacidad de resistencia. Para el autor es necesario superar la idea del
64
desarrollo sostenible o resignificarlo a través de las ideas de límite y de
preocupación por el futuro. La traducción jurídica de estas ideas nos habría de
conducir a las nociones de deberes, de responsabilidad colectiva y de
definición de un estatuto jurídico de los bienes comunes ambientales.
En la tercera cuestión, la de la eutanasia, de la que se ocupa Ascensión
Cambrón, se comienza evaluando la posibilidad de que sea reconocido un
derecho individual a ser auxiliado para morir como forma de evitar graves
padecimientos. A la aceptación social de esta aspiración habría contribuido la
idea del valor de la autonomía personal. Ahora bien, si el reconocimiento
jurídico del valor de la autonomía habría favorecido la consolidación de la
institución del “consentimiento informado”, existen todavía grandes
resistencias para que se pueda también reconocer a partir de él el deber de
aceptar las decisiones de las personas cuando se refieren a su propia muerte.
Pero con ello lo que se está haciendo es imponer un deber inverso de vivir
contra la propia voluntad, vulnerando de paso las obligaciones de los poderes
públicos relativas a la aconfesionalidad. Especialmente relevante es aquí la
cuestión de la objeción de conciencia, pues una mera despenalización de las
conductas eutanásicas sin determinar si existe algún deber de auxiliar al que
quiere morir, podría significar un derecho a una muerte digna vacío de
contenido. Como sostiene la autora, sin embargo, no se trataría de la objeción
de conciencia frente a un mero deber jurídico como podría ser la prestación
militar, lo que no afecta directamente a derechos de otras personas, sino de
una objeción de conciencia que podría comprometer el ejercicio de un
derecho fundamental. En este sentido, ya no es únicamente que esa objeción
de conciencia debiera ser considerada de forma restrictiva, sino que tendrían
que quedar perfectamente definidos los deberes y responsabilidades respecto
a quién ha de auxiliar al enfermo.
La última parte del libro se refiere a los deberes de las empresas. El capítulo
de Antonio Madrid se refiere a los deberes de las empresas trasnacionales.
Este tipo de corporaciones ha alcanzado cuotas de poder comparables a las
de muchos Estados, ya no sólo en lo que se refiere a su potencia económica
sino a su capacidad para afectar a nuestras vidas. Sin embargo, los límites
jurídicos a su actuación vienen fundamentalmente dados por formas de
regulación débil, de cumplimiento optativo o basado en la autorregulación. En
este punto la noción de Responsabilidad Social Corporativa aparece como
sospechosa de ser poco más que una forma de publicidad funcional al
proyecto globalizador neoliberal. Si bien la idea de la RSC parte de que
además de con los shareholders (accionistas) las empresas tienen
responsabilidad con los stakeholders (personas y grupos de alguna manera
afectados por la acción de la empresa), parece necesario un enorme esfuerzo
de redefinición para que esta noción pueda captar el intenso trabajo que se
hace necesario para un control democrático mínimo de la acción de estas
65
empresas. También aquí la vía a adoptar habrá de notar las dificultades de las
estrategias basadas en los derechos frente a estrategias basadas en
obligaciones y responsabilidad de las empresas que, sin embargo, deben
establecerse de tal modo que su cumplimiento no sea potestativo.
En el último capítulo, José Antonio Estévez se ocupa de la privatización de los
derechos, a partir de la constatación de que las empresas aplican derecho y
de que se ha producido un proceso de privatización mediante el que también
crean derecho. Lo hacen, además, de una forma que afecta a los derechos de
los trabajadores, de los consumidores y en general de todos, en la medida en
que también afectan a la salud y al medio ambiente. Con ello no sólo se pone
en cuestión el relato tradicional según el cual el derecho es creado por el
legislador y aplicado por el juez. También se hace real que actores privados
puedan ser responsables de violaciones de derechos análogas en su magnitud
y gravedad a las de los estados. La posición jurídica de las personas afectadas
por estas violaciones, es incluso más débil que la que tienen respecto a los
Estados, pues los intentos de definir en este ámbito una ciudadanía en alguna
medida análoga a la ciudadanía política, se han ido saldando de forma
insatisfactoria. En todo caso, el autor muestra como la privatización de los
derechos ha venido favoreciendo su vaciamiento: ya sea en la regulación de
los derechos de los trabajadores o la protección ambiental, bien sea mediante
la autorregulación o las formas privadas de resolución de conflictos, todas
ellas han contribuido a favorecer la posición con mayor poder de negociación.
Por ello se hace necesario revertir esta privatización, lo cual, sin embargo, no
puede consistir en volver a entregar sin más su custodia al Estado. Y esta
última es una lección que tiene carácter general como se insiste a lo largo de
todo el libro.
Notas
[1] No deja de ser llamativo el detalle de subvertir la noción de “contenido esencial” de los
derechos, una antipática construcción doctrinal con regusto iusnaturalista que aparece en el
artículo 53.1 de la constitución española con la idea de poner límites ante posibles leyes que
intentasen devaluar el ejercicio de los derechos y libertades. El Tribunal Constitucional —STC
11/81— entiende el “contenido esencial” bien como el núcleo de cada derecho que
“preexiste” al momento legislativo (algo así como su “naturaleza jurídica”) y bien como
vinculado con los “intereses jurídicamente protegibles que dan vida al derecho”. En esta
visión el “contenido esencial” sería algo así como el núcleo mínimo más allá del cual un
derecho resulta irreconocible, pero siempre pensando en el bien jurídico-constitucional objeto
de protección (la vida, la intimidad, la libertad de expresión, etc.).
[2] Si quisiéramos seguir con el lenguaje de las garantías, tendríamos que hablar de lo que
se ha dado en llamar garantías sociales no jurídicas o extrainstitucionales.
66
Carlos Lema Añón
30/4/2013
67
En la pantalla
Lino Del Fra
Antonio Gramsci. Los días de la cárcel
Italia, 1977
En los últimos años han aparecido numerosos libros que han
vuelto a analizar, desde diferentes perspectivas ideológicas y metodológicas,
la vida y el pensamiento del gran pensador comunista Antonio Gramsci. Más
concretamente, se está desarrollado un interesante y hasta polémico debate
en torno a los años que Gramsci pasó en la cárcel por su antifascismo y sobre
su relación con la dirección del Partido Comunista de Italia en el exilio. Sobre
estos temas, el director italiano Lino Del Fra realizó en 1977 una película
histórica que sigue siendo útil e interesante para tener una primera idea tanto
del cautiverio de Gramsci como de las reflexiones que desarrolló en sus
célebres Cuadernos de la cárcel. Un material visual, pues, pensado para
ayudar al espectador a acercarse a este clásico del pensamiento
emancipatorio. Mientrastanto.e reproduce aquí la versión original de la
película subtitulada en castellano.
30/4/2013
15M: Málaga despierta {trailer}
15 de mayo de 2011. Miles de personas salen a las calles para denunciar el
secuestro de la democracia en manos del sistema neoliberal al servicio de la
banca. Bautizados como 15M, se organizan en las plazas de sus ciudades, en
un movimiento sin líderes que se reproduce viralmente por todo el mundo. En
Málaga, la céntrica plaza de la Constitución sirve de escenario de ese
despertar colectivo, uniendo a personas de condiciones y generaciones muy
diversas. 15M: Málaga despierta recoge algunas de las historias surgidas
gracias a ese despertar colectivo.
68
30/4/2013
La espiral de la muerte del hielo marino ártico
Estos dos vídeos ilustran la acusada disminución de hielo que el Ártico está
experimentando en la actualidad. Así, mientras que en 1979 la extensión del
hielo durante el mínimo estival fue de unos 17.000 kilómetros cúbicos, en
2012 fue de poco más de 3.000 kilómetros cúbicos, lo cual supone una
disminución de más del 80%.
Los puntos rojos del segundo vídeo señalan los cálculos semanales del
volumen de hielo ártico entre 1979 y el año en curso. La escala oscila entre
los 0 y los 35.000 kilómetros cúbicos. Se produce una expansión estacional
del hielo en invierno y una contracción en verano. No existen evidencias de
que en los últimos 700.000 años haya tenido lugar un deshielo total del Ártico
en verano, pero los científicos prevén que eso ocurra en los próximos entre 5
y 30 años. (En este sentido, y tomando en consideración los mecanismos de
retroalimentación positiva que gobiernan el clima, el profesor Peter Wadhams,
de la Universidad de Cambridge, ha predicho que quizá veremos un Ártico
libre de hielo en verano en una fecha tan temprana como 2015-2016, y ha
advertido de que eso equivaldrá a añadir veinte años de emisiones de CO2.)
A este fenómeno se lo ha denominado "espiral de la muerte del hielo marino
ártico", y está relacionado directamente con la emisión de gases de efecto
invernadero y el calentamiento global de origen antropogénico. Es probable
que el Ártico haya alcanzado ya un punto de no retorno irreversible a partir
del cual no pueda recuperar ya el hielo perdido.
Una buena muestra de la extraordinaria velocidad a la que está
produciéndose este fenómeno es la siguiente imagen, en la que puede
apreciarse claramente la diferencia cada vez mayor entre las previsiones de
diferentes modelos climatológicos elaborados en el pasado y la pérdida
exponencial de hielo ocurrida en las últimas décadas:
70
Para comprender mejor las graves implicaciones de la mutación al que
estamos asistiendo, es recomendable la lectura del artículo «Entender la
gravedad del cambio climático 2: ¿Qué es el cambio climático "desbocado"?
(Punto de no retorno ¿hacia dónde?», del blog Usted no se lo cree.
Como podrán deducir los lectores y lectoras de lo expuesto en dicho artículo,
las notables fluctuaciones meteorológicas que hemos estado experimentando
últimamente tal vez no haya que atribuirlas a los caprichos de la naturaleza,
sino más bien a las transformaciones que el deshielo del Ártico está
ocasionando en la "corriente en chorro" (o jet stream) y en el régimen de
vientos asociado a ella.
Carles Mercadal
15/4/2013
71
El extremista discreto
El Lobo Feroz
Detalles de poca importancia
El diktat de la Generalitat catalana
Ahora la Generalitat se niega a acatar las sentencias de los tribunales. Es
como ese general que dijo que la Constitución es solamente una ley, sin caer
en que un general es general solamente por una ley. Si la Generalitat catalana
no acata a los tribunales, los ciudadanos de Cataluña nos quedamos sin
razones para acatar su normativa. Pues la ley ha de ser ley para todos, opina
modestamente el Lobo.
Fútbol trucado
El fútbol es hoy el opio del pueblo, el que facilita unos instantes de consuelo
"al margen de lo que no es un juego". Y es además un opíparo negocio, como
todas las drogas en este mundo desalmado donde tanta gente las necesita
tanto.
A veces la competición está trucada, como bien saben en Italia, donde por
causa de apuestas o de descensos de categoría se han amañado muchos
partidos. Pero eso es delito menor, hasta cierto punto. Delito mayor se
produce cuando el truco lo montan los organizadores de las competiciones.
¡Ay, aquella eliminatoria de España en el mundial de Corea! No se podía
permitir que los eliminados fueran los anfitriones. Ahora la china le ha tocado
al Málaga en la supercompetición europea. No se podía prescindir del lucrativo
negocio televisivo alemán.
Dicho de otra manera: esta droga del fútbol puede estar mal cortada por el
vendedor.
Estropicios en el castellano
Cuando ya nos habíamos recuperado del "pienso de que" de Roca Junyent
—en vez de "pienso que", "creo que", etc.—, se ha puesto de moda el "de
entre": usar dos preposiciones para un solo caso, cuando siempre se puede y
se debe prescindir de una de las dos. La cosa es bastante grave porque
mucha gente ya no se atreve a usar sola la preposición "entre", y se apunta al
"de entre". Ruiz Gallardón da una vuelta de tuerca más al afirmar, por
72
ejemplo, que doce de los miembros del CGPJ deben ser elegidos de entre y
por jueces y magistrados (lo correcto lingüísticamente sería entre jueces y
magistrados y por ellos).
Los estropicios en el castellano de Gallardón no son nada en comparación con
los que introduce en la administración de justicia y no digamos en el Código
Penal.
No hay mal que cien años dure
Pero puede durar otra legislatura. ¡Poneos las pilas!
"Un activo de España"
¿Se imaginan al presidente de cualquier república europea diciéndole "¿Por
qué no te callas?" a otro jefe de Estado?
Adivinanza
Se trata de adivinar, en menos de dos segundos, qué conocida familia
catalana hace suyo el siguiente lema: Entre tots ho afanarem tot.
Del evangelio del Lobo
Por el morro los conoceréis.
Científicos postmodernos
Gran Noticia: científicos de la Universidad de Stanford han descubierto que el
origen de la diversidad de los gustos musicales está en el cerebro.
¿En qué otro sitio podía estar?
¿Acaso en las subculturas sociales?
De la Academia
Una fundación de la Universitat de Barcelona ha escrito al Lobo Feroz con
recomendaciones: "Haz que tu conocimiento llegue al mercado —me dice—.
Colabora con empresas e instituciones". Se han inventado una cosita nueva:
los "proyectos colaborativos", y pagan a gente para vender ese colaborativo
humo.
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A las autoridades universitarias el mercado las provoca vahidos de placer. No
dejan de repetir: "¡Ponedlo en valor!", o sea: ¡llevadlo al mercado! Pero los
conocimientos del Lobo que suscribe, al igual que los de mucha buena gente
que no son lobos, no son mercancías, sino directamente valores de uso y, a
veces, medios intelectuales de producción de medios intelectuales que son
valores de uso (tal vez estas autoridades de ahora ni siquiera entiendan el
significado de todo esto). Es una verdadera lástima que las universidades se
vayan olvidando de los valores de uso y sólo produzcan envoltorios que se
pueden vender en el mercado, algo así como los kinder-huevo, aunque, como
es natural, los venden muy caros (los títulos de maestría, aquí llamados
masters, por ejemplo, son carísimos, aunque no se sabe qué certifican: ¡quién
osará suspender a quien ha pagado esos costosísimos cursos!).
Por cierto: hubo una época en que las autoridades académicas, antes que
autoridades académicas, eran dignidades académicas. Cuando perdieron la
dignidad quedaron solo en autoridades, y ahora son, finalmente, el refugio de
personas que en sus especialidades no suelen tener ya nada que decir;
únicamente ¡señor, sí, señor! a las órdenes de los empresarios y sus
delegados políticos.
Ni saben guardar las formas. El Lobo nunca podrá perdonar que gente como
esa se atreva a tutearle.
Acosadores
La Madera Nacional mandada por el PP acosa a los periodistas. He aquí una
pequeña lista sacada de la prensa digital (la otra calla):
Juan Martín Zarza, fotoreportero, trabaja para el periódico
15-M: “El día a de la Huelga del 14N, sufrí una agresión de un policía
con la porra que, a pesar de que vio que estaba acreditado y con
equipo profesional, no le gustó que le hiciese fotos. En el escrache de
plaza Castilla me registraron la mochila y me identificaron.
Detenciones por ahora no, denuncias: una de sanción administrativa y
dos por vía penal; de las tres, en dos he sido absuelto y la tercera,
tengo el juicio en Junio.
Ana Miranda, fotoperiodista de Periodismo Digno: “He sido
identificada y multada por realizar mi trabajo en diferentes ocasiones.
25S, 14N en dos encierros oficinas de Bankia una en Gran Vía y la otra
en Elipa; las multas las tiene la abogada. Identificada en todos y cada
uno de los desahucios y en tres escraches, uno a Soraya, escrache a
Gallardón y escrache del viernes Serrano”.
74
Jaime Alekos, freelance: “En lo que va de año me habrán
identificado unas 12-15 veces, multas de momento no tengo ninguna.
Cubriendo la mani del 23F me tiró un antidisturbios al suelo de un
empujón. En el Stopdesahucios del 5 de abril, un antidisturbios me dio
un puñetazo en la boca al pedirle que dejaran de empujar, pues había
una señora mayor en el suelo y la estábamos aplastando, tengo parte
de lesiones. Ese día, me sacaron a golpes del portal de la afectada y
me rompieron el parasol del objetivo. Cubriendo la manifestación de
apoyo a los detenidos por el encierro en el banco malo, 21 de marzo,
me tiraron al suelo a empujones y me rompieron la capucha del
abrigo. Lo del 23F fue un empujón deliberado, estaba grabando una
detención, no estaba en ningún tumulto ni nada, vino un antidisturbios
por detrás y me tiró al suelo".
Isabel Montenegro, fotoreportera de Periodismo Digno: “En el
desalojo del CSOA Casablanca me pidieron la identificación tres veces,
una mientras hacía una foto”.
Alicia Armesto, colabora con Toma la Tele, Tele K, etc.,
haciendo streaming que se emiten en directo: “Desde hace unos
meses, han empezado a tener un trato diferente con la prensa que
ellos consideran “alternativa” o “de segunda”, es decir, prensa que no
pertenece a los medios más conocidos o cadenas televisivas más
populares, tanto es así, que ya cuando te identifican ponen que eres
prensa o no según les parezca y por supuesto el motivo ni lo dan, me
ha llegado una multa del pasado noviembre, sin especificar que soy
prensa, diciendo que se me puso en un sitio donde no era y por incitar
a la gente a ocupar la calzada ... nos salva que está todo grabado en
directo y se puede ver claramente que todos esos datos no son
correctos, pero es un ejemplo del acoso al que se nos está
sometiendo. Aparte de recibir patadas, golpes con escudos, de tirarnos
el equipo (esto último en el escrache a Sáenz de Santamaría), con el
detalle de que también tiraron a uno de una tele convencional y a ellos
sí les pidieron los datos para pagar el arreglo o lo que fuera, y a mi
simplemente pues a fastidiarse”.
El lema del Ministerio del Interior seguramente es: "¡Más madera! ¡Más
madera! ¡Es la guerra!".
Como cuestión de hecho, la de madero parece la única oferta de empleo
público que se anuncia.
24/4/2013
75
Fuertebrazo
Quiasmos rencorosos y aforismos intransigentes
Siguiendo el consejo de Manuel Sacristán, durante mucho tiempo me declaré
un “derrotado con buen humor”. Pero mi buen humor, desde hace unos años,
ya no aguanta las piedras políticas que se nos caen encima. De modo que, si
no puedo evitar el mal humor, más vale tratar de ser ganador.
***
En España, ningún tipo de nacionalista se separará jamás de los otros. Es más
gratificante odiar a tus adversarios que amar a tus correligionarios.
***
Antes los esclavos eran deslocalizados allá donde estaban las empresas. Hoy
las empresas son deslocalizadas allá donde están los esclavos.
***
Es curioso: una buena parte de nuestra izquierda rechaza la Monarquía pero
acepta formar parte de un Imperio (alemán).
***
El político liberal confunde a la gente sofisticando conceptos simples; el
economista liberal confunde a la gente simplificando conceptos sofisticados.
***
No hay alternativas al tener que buscar alternativas.
***
Si el comunismo realmente existente murió entre los escombros de un muro
berlinés, la socialdemocracia realmente existente es un escombro que aún no
sabe que está muerto.
***
El poder desgasta sobre todo a quien no lo entiende.
***
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El drama de la izquierda de la Transición: haber llegado en las mejores
condiciones en el peor momento. El drama de la izquierda de hoy: haber
llegado en el mejor momento en las peores condiciones.
***
Desconfiad de aquellos peperos y sociatas que siempre apelan al “sentido de
la responsabilidad”. No es tanto porque no tengan responsabilidad. Es que,
dicho por ellos, no tiene sentido.
***
El periodista político es un tío al que le pagan por no hablar de todo lo que
sabe; el tertuliano político es un tío al que le pagan por hablar de todo lo que
no sabe.
***
La Unión Europea es una estructura que todos padecen, pocos aman y nadie
puede mejorar.
***
En todo el Estado español hay canallas que se creen el último refugio de la
Patria.
***
El otro día un “militante del PSOE” me envió un correo para felicitarme por
mis aforismos. Lector, lectora: juro que no lo hice aposta y que no volverá a
ocurrir.
***
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27/4/2013
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...Y la lírica
Rubén Darío
La princesa está triste
La princesa está triste..., ¿qué tendrá la princesa?
Los suspiros se escapan de su boca de fresa,
que ha perdido la risa, que ha perdido el color.
La princesa está pálida en su silla de oro.
Está mudo el teclado de su clave sonoro,
y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor.
El jardín puebla el triunfo de los pavos reales.
Parlanchina, la dueña dice cosas banales,
y, vestido de rojo, piruetea el bufón.
La princesa no ríe, la princesa no siente;
la princesa persigue por el cielo de Oriente
la libélula vaga de una vaga ilusión.
17/4/2013
Roque Dalton
Reparto de cosa ajena en el mercado de los ladrones
Nos han dicho que el Poder Ejecutivo
es el Primer Poder
y que ese Poder Legislativo que se reparten
un grupo de sinvergüenzas fraccionado en «Gobierno» y «Oposición»
es el Segundo Poder
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y que la prostituida (pero siempre Honorable)
Corte Suprema de Justicia
es el Tercer Poder.
La prensa y la radio y la TV de los ricos
se autonombran el Cuarto Poder y desde luego
marchan tomadas de la mano con los primeros tres poderes.
Ahora nos salen con que la juventud nuevaolera
es el Quinto Poder.
Y nos aseguran que por sobre todas las cosas y todos los poderes
está el Gran Poder de Dios.
«Ya están todos los poderes repartidos
—nos dicen a manera de conclusión—
no hay ya poder para nadie más
y si alguien opina lo contrario
para eso está el Ejército y la Guardia Nacional.»
Moralejas:
1) El capitalismo es un gran mercado de poderes
donde sólo comercian los ladrones
y es mortal hablar del verdadero dueño
del único poder: el pueblo.
2) Para que el verdadero dueño del Poder
tenga en sus manos lo que le pertenece
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no deberá tan sólo echar a los ladrones del Templo Comercial
porque se reorganizarían en los alrededores:
por el contrario, deberá derribar
el mercado sobre las cabezas de los mercaderes.
10/4/2013
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De otras fuentes
José María Mena
El rey, la infanta, el chambelán y el fiscal
El rey
Al duque de Palma pueden quitarle la calle de Palma, pero no el título. El título
de nobleza lo da el rey, con carácter graciable, personal y vitalicio, a los
componentes de la familia real, en la que se incluyen las infantas y sus
consortes mientras lo sean o permanezcan viudos (Real Decreto 1368/87). Y
no está previsto en ninguna norma que las infantas dejen de ser Infantas. El
rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad para el mantenimiento
de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma (artículo 65 de la
Constitución). Dirige, manda, nombra y cesa libremente todo, y a todos los
funcionarios de la Casa (Real Decreto 434/88). Al rey, por lo tanto, le
corresponde el mantenimiento de la parte de la familia real que es la familia
Urdangarín. Consecuentemente le corresponde conocer sus necesidades, y su
situación económica, sus gastos y sus ingresos, sus ocupaciones y su
alojamiento. Y dispone de medios para conocer todo eso. Por eso conocía las
andanzas de su yerno.
Cuando las conocidas andanzas de Iñaki resultaron enojosas para su
majestad, le envió un recado, le tildó de poco ejemplar y le mandó a
Washington. Las andanzas han resultado ser indiciariamente delictivas. El rey,
en el famoso mensaje de navidad, le abandonó a su suerte “igual para todos”.
Nadie, ni la Casa Real, o sea el rey, ni la fiscalía, ha discutido la corrección de
la imputación de Urdangarín, ni, por lo tanto, los hechos en que se basa.
La infanta y el chambelán
García Revenga era, y es, secretario de las infantas, pero prefería aparecer,
en las andanzas de Urdangarín, con el pomposo título de “Vocal Asesor de la
Casa de S. M. el Rey”. Así pues, no es excesivo ni desajustado llamarle
chambelán, que es tanto como gentilhombre de cámara. Alto funcionario
palaciego, ni más ni menos. En los negocios indiciariamente delictivos del
duque la infanta y el chambelán compartían una condición peculiar: la de
cooperadores. Ninguno de los dos apareció personalmente jamás en las
empresas del duque, ni participó ni intervino en ninguna actividad, reunión o
decisión. Simplemente, ambos conocían y consentían, según el juez, que en
las cartas de presentación de sus empresas, el duque y su socio exhibieran el
rango y títulos de ambos cooperadores, “con la pretensión de aparentar ante
empresas privadas e instituciones públicas que todas sus operaciones eran
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conocidas y gozaban del respaldo de la Casa de S. M. el Rey”.
Los que cooperan a la ejecución de un delito con un acto sin el cual no se
habría efectuado, son los cooperadores necesarios, que son tan responsables
como los autores materiales o directos. Cuando la participación no es
imprescindible, son cómplices, y tienen una pena menor. La cooperación de la
Infanta y del chambelán puede ser más o menos imprescindible, ya se verá. El
juez deja abiertas las dos posibilidades. Pero, por ahora, lo relevante es si
sabían que eran delictivos (indiciariamente) los negocios del duque que ellos
posibilitaban con su presencia nominal.
El juez, en un ejercicio encomiable de sensatez deductiva, y de transparencia
expositiva, va señalando los argumentos de los que deduce que la Infanta y el
chambelán tenían que saberlo todo. No son datos objetivos sino inteligentes
deducciones. Y, por si con ello no bastara, añade el cañonazo final de los
mensajes informáticos generadores de nuevas deducciones, aportados por el
amigo traidor. Ya se sabe en la experiencia criminológica que las bandas
criminales, como todas las tramas delictivas, suelen hundirse por la mano de
un traidor interno.
Al desdichado chambelán le ha pasado, procesalmente, lo mismo que al
duque. Le han abandonado a su suerte “igual para todos” (aunque no consta
que le hayan cesado en el cargo, que es facultad libérrima del rey). Nadie, ni
la Casa Real, que es el rey, ni la fiscalía, ha discutido la corrección de la
imputación de García Revenga, ni por lo tanto, los hechos en que se basa.
Pero cuando la imputación se dirige contra la Infanta saltan las alarmas. La
Casa Real, que es el rey, se permite opinar negativamente sobre el pretendido
cambio de criterio del juez, y alabar a la fiscalía por su imparcialidad, que es
una forma poco sutil de referirse al juez como parcial. Nunca debió hacerlo.
No sólo porque una institución no tiene derecho a pronunciarse sobre un
Poder del Estado, sino porque es lo que le faltaba al titular de esa institución
para poner de manifiesto sus resabios de ancien régime. Además, es casi
razonable su pérdida de la ecuanimidad, si se considera que no es difícil
suponer, al ciudadano medio, que si se afirma que la Infanta sabía la
dimensión indiciariamente delictiva de los negocios que el duque arropaba
con el manto real, también lo sabría el dueño del manto. Y una cosa es que
este sea constitucionalmente inviolable, y otra es que también hay una
libertad de expresión que debería ser inviolable…
El fiscal
La fiscalía anticorrupción de Palma siempre ha sido considerada como
ejemplar, eficaz, valiente, íntegra. No es posible pasar, de un día para otro, de
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la exaltación a la satanización. Si la posición del fiscal es propia de su libre y
personal criterio profesional, tal como parece, tan sólo cabe mostrar una
respetuosa discrepancia.
En efecto, el juez, en su auto de inculpación contra la infanta, dispone de
deducciones inteligentes más que de datos objetivos. No será el juez, sino el
fiscal, quien tendrá que pelear en el juicio oral frente a defensores que saben
la debilidad de las pruebas objetivas. Si el fiscal no se considera bien armado
de pruebas acusatorias, es razonable que sea cauto en la preparación del
juicio, y pretenda evitar una acusación sustentada con deducciones fácilmente
rebatibles, según su criterio.
Pero ahora, todavía, no se está juzgando a nadie. En esta fase procesal sólo
hay que decidir si la Infanta y el chambelán han de quedar total y
definitivamente fuera del proceso, como ajenos a todo lo ocurrido, a pesar de
formar parte de la dirección de las sociedades desde las que se tramó el delito
(indiciariamente), o si han de comparecer ante el tribunal, para que sea este
el que decida si su participación llegó al límite de la cooperación, y si esta fue
necesaria o no tanto.
Al fiscal le parece que con las deducciones del juez no hay suficiente, o teme
no hallarse suficientemente armado para la confrontación del juicio.
Sorprende el exceso de cautela del fiscal, y se lamenta.
En la calle las deducciones del juez resultan convincentes. El arribista duque,
sus pícaros compinches, el chambelán y la infanta han quedado al
descubierto. Y el rey, que es inviolable pero no ciego, tenía que haberlo visto
todo (indiciariamente).
[Fuente: la lamentable. José María Mena es ex fiscal jefe de Cataluña]
4/4/2013
Luis García Montero
Delenda est monarchia
Es el título de un famoso artículo que publicó José Ortega y Gasset el 15 de
noviembre de 1930 en el periódico El Sol. Después de apoyar el golpe de
Estado de Primo de Rivera, Alfonso XIII había intentado regresar a una
aparente normalidad constitucional a través del gobierno presidido por el
general Berenguer. Como en España nunca pasaba nada —eso se decía—,
como la sociedad española era confundida con un rebaño, el error de Alfonso
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XIII y de Berenguer consistió en creer que la realidad no les iba a pasar
factura. El filósofo convocó a los ciudadanos: “Y como es irremediablemente
un error, somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente de la calle,
de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestro
conciudadanos: ¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!”. Ortega
acertó y el 14 de abril se proclamó la II República.
Sería un error nuestro pensar ahora que la imputación de la Infanta Cristina en
el proceso por corrupción del caso Nóos, y la presión sobre la justicia ejercida
por la Casa Real mediante un comunicado fuera de tono, suponen
acontecimientos equiparables al golpe de Primo de Rivera y al gobierno
Berenguer. Son noticias que no desencadenan una república de la noche a la
mañana. Pero también sería un error no tomar conciencia del descrédito que
estos sucesos implican para una monarquía que está en horas muy bajas. El
sentido común de la calle ya no acepta de forma sumisa la opacidad de las
cuentas del Rey y va a resultar muy difícil que la gente no comprenda que las
corrupciones de su yerno se han gestado al amparo de la Casa Real. ¿Qué otro
poder tenía el señor Urdangarín para ganar dinero con tanta facilidad?
Tampoco será fácil que la gente no se ría cuando el monarca vuelva a decir en
el tono solemne de los discursos que todos los españoles son iguales ante la
ley. Y que los ciudadanos no vivan como un acto de humillación política que el
Partido Popular y el PSOE se pongan de pie para ovacionar durante muchos
minutos semejante hipocresía.
El Congreso de los Diputados ovacionó a un monarca que, advertido de los
negocios de su yerno y su hija, había intentado silenciar el asunto
mandándolos vía Telefónica a los Estados Unidos. ¿Está España en
condiciones de seguir viviendo en la mentira? ¡Españoles, vuestro Estado no
existe! ¡Reconstruidlo!
Y es que la corrupción que afecta a personajes de la familia real se produce en
un momento de radical empobrecimiento, de indignación ante los escándalos
generalizados y de fracaso de la política. Y la Corona empieza a vivirse como
el síntoma más evidente de la tristeza de España, de las mentiras de España.
Las cosas se agravan, además, cuando el fracaso de la política se entiende
como consecuencia del sistema organizado por la Transición, el rey Juan
Carlos a su cabeza. Las precariedades en la justicia, los amparos públicos, la
economía, la información y el juego bipartidista exigen un cambio de época, la
configuración de un nuevo tiempo.
Una ilusión política puede surgir de la gente de la calle, gente de tres al cuarto
y nada revolucionaria. Que el sistema esté envenenado por la corrupción y la
mentira desencadena una serie de responsabilidades. En primer lugar fueron
las cúpulas de los partidos mayoritarios. Después se hicieron cómplices los
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militantes de base por su incapacidad de exigir responsabilidades a sus
dirigentes. Permitieron que las siglas se ensuciaran y se generalizara el
descrédito. Y el turno nos llega ahora a los votantes. Corremos el riesgo de
convertirnos en la causa última de la descomposición, bien por volver a votar
a los corruptos, bien por no articular una respuesta política de dignificación
del Estado.
Y no se me ocurre ningún distintivo mejor para el ciudadano insumiso que una
escarapela republicana.
[Fuente: diario Publico]
4/4/2013
Gregorio Morán
Este país no da espías: del oasis a la granja de Orwell
No tenemos tradición ni para la llamada novela negra, menos aún para el
género de espías. Los maestros sabían de qué escribían. Dashiell Hammett
había ejercido de canalla contratado por los empresarios para dedicarse a
romper huelgas, y con toda probabilidad en más de una ocasión se pasó en la
paliza. La tapadera era una agencia de detectives en la que estaba empleado.
La experiencia debió de ser tan demoledora que de allí salió para cumplir tres
cosas que condicionarían lo que le quedaba de vida: escribir novelas, hacerse
comunista —lo que le costaría cárcel en los Estados Unidos de la libertad y la
guerra fría—, y beber hasta matarse. Tuvo la suerte de conocer a una dama
elegante y pija, valiente hasta la osadía, rica del sur, Lillian Hellman,
dramaturga de éxito y memorialista imprescindible, que le echó la última
mano cuando ya su talento estaba anegado en destilados pero seguía siendo
un hombre digno.
El género de espías es un producto de la guerra fría; había precedentes, el
gran Eric Ambler, por ejemplo. Cuando David Cornwell, agente operativo en la
Alemania dividida toma el nombre de John le Carré, han pasado muchas
cosas. Las traiciones de la Central en Londres, donde los chicos guapos se
disfrazaban de comunistas. La más selecta high class intelectual trabajaba
para el enemigo comunista. Para un lector común pensar que tal o cual
personaje se pasa de bando es como un incidente novelístico. Se equivoca por
ignorancia. Que Kim Philby, sin ir más lejos, el más grande de los espías
probablemente del siglo XX, trabajara para los soviéticos, no tiene nada que
ver con la literatura.
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Tendemos a ver al gulag, a Guantánamo, a los crímenes que leemos, como si
se tratara de textos. No. Son vidas. Que Kim Philby trabajara para el enemigo
significó centenares de vidas que con toda probabilidad terminaron
fatalmente. La tortura a un espía no tiene nada que ver con lo que la gente
cree que es la violencia del Estado. Es la conversión de un ser humano en un
desecho capaz de cualquier cosa con tal de que le dejen morir. Siempre
entendí que Le Carré no quisiera nunca encontrarse con Philby en Moscú. Lo
mismo hizo Graham Greene, otro profesional del servicio de espionaje. Era
como embalsamar a los amigos muertos.
Nosotros tenemos muy poco que ver con esto. Nuestros espías, desde los
tiempos de Felipe II —acaba de aparecer un libro sobre su espía principal—
son muy representativos de un Estado frágil, torpe, con escasos recursos de
talento y sin embargo munificente en el pago. En Catalunya nos ha dado por
aquel Garbo que parece que consiguió él sólo ganar el desembarco de
Normandía, pero no solemos recordar que el eminente hombre de negocios y
político Bertrán y Musitu fue el primer jefe de espionaje de Franco durante la
Guerra Civil. Producía cierta pena ver el exagerado documental que se dedicó
a este Joan Pujol Garbo. Un tipo listo que nunca se enteró de nada que fuera
importante. El hombre de la gran operación de engaño británico de la
operación de Normandía se llamaba Ted Roberson, capaz de inventarse un
póquer con comodín para alcanzar la cima del gran engaño. Nuestro Garbo no
tenía ni zorra idea de lo que estaba en juego, felizmente, porque ni los nazis
eran idiotas ni nosotros talentos tan distinguidos.
Esta introducción es imprescindible, creo, para situarnos en un restaurante
discreto llamado La Camarga, donde una agencia dedicada al trabajo sucio y
al cobro limpio, Método 3 (me seduce el nombre), que empezó una pareja y
un chaval dentro de toda sospecha, Francisco Marco, con inclinaciones que
exigen proveedores, colocaron un florero, ¡un florero con micrófono! Si al
difunto Orson Welles le cuentan la historia los hubiera echado de la habitación
por falsarios. Con menos, él había hecho la obra maestra de El tercer hombre,
sin que fuera suya, y sin una sola chapuza en la impecable realización. (Con
Alida Valli. En castigo a un lapsus antiguo me he comprometido a citar a Alida
Valli cada vez que me refiera a El tercer hombre. Es lo menos que puedo
hacer). O los periodistas somos tontos o disimulamos. Un encuentro entre
Alicia Sánchez-Camacho, que a mí digámoslo en lenguaje machista me parece
un esperpento, y una chica que dice haber sido amante de un hijo de Jordi
Pujol, experto en este tipo de lances. Se habla de dinero negro, fuga de
capitales e incluso violencia de género, con toques de sexo hard. ¿Y el florero?
¿Quién estaba interesado en escuchar lo que no le correspondía? Yo, lo
admito, no me reuniría con Alicia Sánchez-Camacho ni en una floristería; me
produce una cierta repulsión física que no sé muy bien cómo calificar, si de
ideológica o mental.
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Pero eso sucedió en el verano del 2010, cuando gobernaba el tripartito y
aquel inefable Zapatero. Hasta aquí la historia transcurre en el mejor estilo
catalán. No tenemos ni idea de qué va eso del espionaje y los servicios. Los
servicios no tienen sexo. Pero por qué esos tipos de Método 3, famosos al
parecer por haber sido contratados por un tipejo de aspecto sórdido al que
llamaban el nen, que fue jefe de no sé qué del Barca, luego de Convergència y
ahora de la Generalitat, creador de un grupo al que se llamaba en el gremio
“los mortadelos”, y que responde al nombre de Xavier Martorell, vinculado a
esa especie de cofradía de masones católicos que orienta “el rei del pinyol”,
expresión intraducible al castellano y que sería algo así, como el ayudante del
padrino, en términos sicilianos. Pero resulta que los de Método 3 habían sido
contratados, a la sazón, por Pepe Zaragoza, antiguo camillero y luego líder
local del socialismo, más conocido entre su gente, ya sea militante o
compañera de pernada, como “el sucio”. Cada vez que lo contemplo en un
informativo, admito que me produce “pena de telediario”, que diría aquella
teórica de las transformaciones profundas en la Catalunya socialista,
Montserrat Tura, y es que le veo como alguien que va a hacer algo por lo que
habremos de sufrir.
Resumiendo, hay un individuo, factótum de Método 3 al que todos recurren
para hacer trabajos que no exigen mayor esfuerzo. Hasta los pobres de las
CUP aseguran que los contrataron para ir al registro de la propiedad y saber si
un alcalde tenía tales o cuales fincas. (Reconocerán conmigo que la política
catalana está alcanzando niveles que aún superan la estupidez de la política
mesetaria, para entendernos) Trabaja para José Zaragoza y el PSC, también
para Convergència, y nada menos que para espiar a sus propios dirigentes.
¿De verdad estos tipos no deberían ser cesados todos a una y ser objeto de
una visita al frenopático, previo paso por el juzgado de guardia?
¿Y la dama? Oh, la dama. Apenas unas horas antes que los servicios del
Estado detuvieran a nuestro 007, guardador de los secretos de este
pretendido Estado en trance de llegar a Ítaca, se encontró con una dama. Era
al mediodía, casi la hora de comer, y la entrevista duró una media hora. Luego
ella salió y tras cruzar la calle —hay quien asegura, en su descargo, que cruzó
tres calles— se metió en el coche del responsable de los Mossos d’Esquadra,
Manel Prat. La escena es más cutre que una operación del inspector Carvallo.
Ella es periodista, Mayka Navarro, y no sé por qué nosotros actuamos como la
mafia siciliana y los diarios españoles, ocultando los nombres. Recuerdo que
escribió un libro, por llamarlo de alguna manera, una biografía de Magda
Oranich; lo que tiene su mérito conseguir echar hacia delante una biografía de
tan egregia personalidad. Me esforzaré en ser más claro y contundente en la
segunda entrega de este culebrón, aún sin más violencia que el hecho de que
todos los coches camuflados de la Policía Nacional, aparcados y sin conductor,
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en los alrededores del set de esta película de “lladres i serenos”, aparecieron
con las ruedas pinchadas. Lo que se llama colaboración entre cuerpos de
Seguridad del Estado. No recuerdo una cosa igual desde Palermo y su Brigada
Móvil.
Estamos rozando la emergencia social y nuestros grandes letrados, gente
aguda, sostiene que eso de estar imputado en procesos de corrupción política
apenas si es un accidente. Casi una medalla por los servicios prestados a la
patria… catalana o española, da lo mismo. No preocuparse, sólo están
implicados en casos de corrupción. Luego, cuando sean procesados, diremos
que no es lo mismo que te procesen a que te condenen. Y luego, cuando los
condenen, te explicarán que mientras la condena no sea firme, siempre caben
recursos. Y para entonces, nosotros estaremos muertos y los nietos de los
Pujol Ferrusola estarán organizando otra consulta soberanista.
Una pregunta nada retórica: ¿ustedes se imaginan a este país independiente,
dirigido por esos mismos imputados en casos de corrupción? Sería como en
Madrid, con la diferencia de que no me imagino a un mosso d’esquadra
registrando la casa de un líder político del mismo partido que dirige los
Mossos d’Esquadra. Primero no estarían imputados. Segundo no habría juez
capaz de seguir adelante con el asunto, a menos que lo hiciera como aquel
inefable del caso Palau, muy profesional, pero que parecía dirigir a los
elefantes de Aníbal; cuando se cansó de tanto esfuerzo, lo sustituyeron.
Yo contemplo a Luis Bárcenas, ínclito encargado durante años de las finanzas
del PP, y me aterrorizo. Es la Italia del socialista Bettino Craxi que hizo rico a
su recogedor de pelotas de plata, Silvio Berlusconi. Fueron los intelectuales
como Indro Montanelli quienes se inventaron aquella fórmula genial e
irresponsable: tapaos la nariz, pero votad a los corruptos. Ellos tienen una
responsabilidad en el desastre, que ninguno asumió nunca. Murieron con ese
halo entre Marinetti y Malaparte, de haber tenido siempre razón; sólo se
equivocaba la historia. Lo mismo que estos chicos, aprendices de asesorías,
cuando sacaban pecho cuando algunos decíamos que no había ni siquiera que
ir a votar, para mostrarles nuestro desprecio. ¿Y nuestra responsabilidad
ciudadana? Se la han pasado estos caballeros por sus partes.
¿Y ahora qué hacemos? Se inventaron hace años un espejismo al que algunos
llamamos oasis, para ridiculizarlo, mientras el país se iba degradando a pasos
agigantados. La nueva prensa del Movimiento Nacional y la inteligencia se
convertían en serviles ante el poder que las subvencionaba. En Madrid había
pelea, aseguraban, duelos a primera sangre, que se decía antiguamente.
Nada decisivo, porque el día que dos diputados autonómicos socialistas se
pasaron al enemigo y dejaron a los suyos compuestos y sin alternativa, ese
día la suerte estuvo echada. La hegemonía conservadora perduraría durante
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el tiempo que la gente aguantara. Y la gente aguanta décadas, incluso siglos,
de humillación y silencio. Luego vienen los historiadores y explican que había
mucha oposición pero que no se notaba, porque era silenciosa, como sus
papás y sus abuelas.
Para los antiguos, como yo, la situación se asemeja a los tiempos de la prensa
del Movimiento, cuyo lema era “los que gobiernan nos pagan, y no cabe
quejarnos, tal y como está el patio”. Los partidos políticos en Catalunya han
decidido jugar a la parábola del dentista: no nos vamos a hacer daño. Es muy
bestia decir que el partido que gobierna Catalunya tiene su sede principal
embargada por los tribunales de justicia por el caso Palau. ¿Palermo?
¿Catania? Por supuesto, sólo están implicados, no hay sentencia y cuando la
haya, la única certeza es la que pronosticaba el gran Keynes para el futuro:
todos calvos.
Nos inventamos el oasis como chascarrillo, y resultó que muchos se lo
creyeron. Tanto camello y tanto beduino disfrazado daban para componer un
cuadro escénico tentador. ¡Se acabó el bròquil! Nuestra clase política está
dando los últimos estertores antes de que el personal se subleve y esto sea la
de Dios es Cristo. La paciencia de la gente tiene un límite. No es que la gente
se sienta estafada, es que la han estafado y en la más absoluta impunidad. Y
de ahí partirá una agresividad inevitable. El Estado sólo puede ser el que
monopoliza la violencia si al tiempo garantiza la justicia. No se puede engañar
a la gente con el descaro que se ha hecho hasta ahora. La transición fue una
estafa, un juego de trileros donde todos sabían dónde estaba la pelotita, pero
nadie quería levantar la chapa.
No sé si estos graciosos, bien engrasados, de la imputación como medalla y
riesgo de las responsabilidades políticas, son conscientes de que estamos
llegando a un punto de ebullición que nos retrotrae a otras épocas. La actitud
de los partidos políticos y de los medios de comunicación que de ellos
dependen está llevando a una desafección política absoluta. Yo escucho a
Dolores de Cospedal y me produce una irritación que no recordaba desde Pilar
Primo de Rivera. Oigo a Duran Lleida vacilar con nosotros sobre si su partido
cometió un delito o fue sencillamente un gesto galante no bien interpretado
por la judicatura, y pienso en lo que hubiera hecho yo, y montones, hace un
puñado de años. Nadie tiene el derecho de mofarse de ti impunemente. Estos
caballeros están fraguando la violencia. No te puedes descojonar de un ciego
y luego llamarle ínclito invidente.
Ha vuelto la necesidad, es decir, el hambre. Y sobre todo una cosa que ha sido
siempre en las sociedades un motor para la agresividad y la violencia, la
absoluta falta de perspectivas. Los supuestos líderes hablan con “lengua de
madera”, como dicen los franceses, y por más que se inventen soberanismos
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y demás frivolidades para gente asentada, no colma las necesidades de unos
tipos que han trabajado como chinos antiguos y que se encuentran ahora con
ahorros robados, pensiones ridículas, prejubilaciones, y juegos financieros que
consienten a sus jefes beneficios de escándalo, mientras ellos han de limitarse
a la supervivencia doméstica.
La clase política debe entender que está poniendo la mecha sobre el explosivo
que ha ido fabricando, y que carece del más mínimo mérito para considerarse
ni siquiera “la casta”, como dicen en Italia. Porque allí existe y existió siempre,
por ser país dominado por las grandes potencias, el talento emergente de una
sociedad civil. Nosotros no tenemos eso. Hasta nuestra inteligencia es
gregaria y sumisa. ¿Se acuerdan de tantos apoyos a Zapatero cuando
gobernaba? ¿Ninguno de ellos tendrá la dignidad de suicidarse, me es
indiferente si física o ideológicamente? Pero un gesto. Sólo un gesto les
salvaría de la vergüenza de haber sido los cómplices de aquel irresponsable.
Lo más despreciable: la complicidad silenciosa.
Aferrarse al escaño. Muchas más razones tendría el trabajador para aferrarse
a su puesto de trabajo. Primero, porque lo sudó. Segundo, porque bien que le
sacaron su plusvalía. Y tercero, porque creyó en ellos, unos estafadores de
tres al cuarto. Esos diputados de Convergència, del PSC, del PP, o de la
izquierda desmañada, “aferrados al escaño”. Eso es una provocación para
quien no puede aferrarse a nada que no sea su indignación y esa sensación de
haber sido burlado y humillado por una camarilla de personajes que él eligió
en mala hora y que ahora le miran con gesto de conmiseración: “Chico, es lo
que hay”.
Vamos a la violencia, de cabeza. ¿Quién no tendría la tentación de llevar hasta
la UCI de un hospital con recortes a esos tipos de la troika, que deciden que tu
familia es una mierda, tu trabajo una nadería y tu vida inútil? Imagínenselo
por un momento. Usted ha ahorrado unos dinerillos que han utilizado como
han querido unos gángsters que no necesitaron matar para ganarse el título, y
que de pronto le dicen que “usted vivía por encima de sus posibilidades”, y le
arruinan.
Me ha dejado una desazón absoluta saber que Oriol Pujol Ferrusola, imputado,
al que parece que hubiéramos de dar las gracias por no cesar en nada que no
siga cobrando, estudió veterinaria y es experto en granjas de cerdos. ¡Hostia,
la pesadilla de Orwell! Del oasis a la granja.
[Fuente: La Vanguardia, 16 y 23 de marzo de 2013]
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15/4/2013
Pelayo Martín
Grecia ha muerto
A los hospitales ya llegan los que desesperados, tras muchos meses de
exclusión social, presentan cuadros solo vistos en antiguos libros de
medicina... un hombre con el 90% de su cuerpo corroído por la sarna... una
mujer con un tumor de pecho del tamaño de una naranja, tan grande que ya
asoma por la herida que se limpia con servilletas de bar... médicos y
enfermeras que salen del dispensario para que el paciente no les vea llorar...
Grecia ya apenas ocupa espacio en los medios, de un tiempo a esta parte sus
problemas apenas son un murmullo entre el estruendo de los papeles de
Bárcenas, las faldas de Corina, los diferidos y los simulados... Grecia ya no
existe, es solo un montón de cenizas bajo una gran cortina de humo.
"Silencio radio", término acuñado durante la Segunda Guerra Mundial, referido
al cese total de las transmisiones. Aplicado al ámbito militar significa que no
se permite comunicación alguna hasta nueva orden. El silencio de radio tiene
como objetivo evitar la localización o alerta por parte del enemigo, impedir
que las señales interfieran con las comunicaciones oficiales de una
determinada misión, u operación de rescate.
Silencio, silencio absoluto... y que lo que no esconda el silencio... que lo
esconda el ruido.
Grecia ya apenas ocupa espacio en los medios, de un tiempo a esta parte sus
problemas apenas son un murmullo entre el estruendo de los papeles de
91
Bárcenas, las faldas de Corina, los diferidos y los simulados... Grecia ya no
existe, es solo un montón de cenizas bajo una gran cortina de humo.
Quizá sea pura prevención... quizá sea por nuestro bien, quizá sea que lo que
fue Grecia se ha transformado en una inmensa bola de cristal, la que refleja
con detalle nuestro porvenir... lo que está por llegar... y por eso ya no se habla
de esos once millones de personas que no hace mucho parecían ser el centro
de la economía mundo, el epicentro de la gran quiebra occidental... quizá no
sea por ninguna de esas razones, y sea porque ha comenzado la voladura
controlada del mundo que conocimos.
Siento curiosidad por saber cómo harán para, llegado el momento, volver a
conectarnos con aquél pozo de miseria, cuales serán las palabras que
justifiquen tan prolongada desconexión, su salida de las portadas de los
grandes periódicos, cómo enlazarán la simple crisis con ese infierno en que se
ha convertido Grecia.
Ya lo sé... nos dirán que todo ocurrió ayer... nos darán grasientas raciones de
medias verdades y embalsamados enviados especiales... o simplemente
callarán... es lo más probable.
Saltarán de la nada al holocausto, que eso siempre impacta en el telediario de
las tres, y luego, poco a poco, irán administrando las imágenes más duras...
los testimonios doblados con voz de tarado... y todo ligeramente desenfocado,
los colores desvaídos los rostros difuminados, con aspecto de catástrofe en un
país muy, muy lejano, lejano y distinto... cuando distinto significa peor.
Lo que hoy ocurre en Grecia es muy fácil de entender... es que la crisis ya
pasó... y han entrado en un indefinible estado de agonía, a medio camino
entre la guerra civil y la postguerra.
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El documento de rendición se llama MEMORANDUM.
Allá por febrero de 2012, los parlamentarios griegos pusieron su firma en lo
que no es más que una condena a muerte de todo un país. “Memorando de
Entendimiento” (MOU en sus siglas en inglés), es la entrega sin condiciones de
la soberanía de Grecia en manos de bancos y empresas extranjeras. Páginas y
páginas en las que se diseña el paulatino y sistemático desmantelamiento del
estado, la usurpación de sus recursos naturales, de sus industria, de lo más
necesario para la supervivencia de los ciudadanos...
El edicto impone normas estrictas para todo, desde la reducción de gastos en
medicamentos de vital necesidad a las “limitaciones impuestas a los
minoristas en la venta de productos de categorías restringidas, como
alimentos para bebés."
En otro apartado exige un progresivo recorte del sueldo de los funcionarios y
demás trabajadores del gobierno, descapitalización de los fondos de la
seguridad social y pensiones, privatizaciones de activos de propiedad pública,
y una consecuente reducción del PIB. Algunos de sus párrafos dicen así:
El gobierno está comprometido a sacar a la venta las participaciones que aún mantiene en
empresas propiedad del Estado, si es necesario, para alcanzar el objetivo de la privatización
total. El control público será puramente testimonial y limitado solo a casos críticos...
El gobierno no propondrá ni implementará medidas que infrinjan en modo alguno las normas
del libre movimiento de capitales.
El gobierno griego debe revocar el derecho a huelga y a la negociación colectiva, derogar la
legislación sobre el salario mínimo que socava la “competitividad de los costes” [ya se ha
aplicado en cuatro ocasiones la ley marcial].
El gobierno establecerá un mecanismo especial para revisar el tratamiento de determinados
contenciosos judiciales (evasión de capitales), mecanismo que ha de incluir incluso la
posibilidad de eliminar de los archivos judiciales ciertos casos en espera de ser juzgados.
93
Atenas permanece oculta bajo una espesa capa de humo, parte de ese humo
proviene de las estufas de quienes ya no pueden pagar la factura de la luz, de
quienes han arrasado los bosques que rodean la ciudad para conseguir
madera gratis y no morir de frío durante este invierno... otra parte de ese
humo procede de los edificios en llamas, edificios que ya no arden por ser
atacados con cócteles molotov, sino con explosivos caseros.
En la plaza de Exarchia, en el mismo centro de la capital, ya no existe nada
que pueda recordar al lugar que fue en su día. El pequeño comercio ha
desaparecido, traficantes de todo tipo se entremezclan con grupos de jóvenes
ansiosos por dar con el responsable de su rabia y de su frustración, la mafia
albanesa de la heroína se ha establecido definitivamente y campa a sus
anchas, bandas de chiquillos la emprenden a golpes con todo aquél que tenga
aspecto de inmigrante...
No muy lejos de la plaza, cientos de bolsas azules llenas de fruta son
repartidas por miembros de "Amanecer Dorado" entre los paseantes (previa
inscripción voluntaria en el partido)... ya ni siquiera se dejan ver por el barrio
los lujosos descapotables cargados de chicos, chicas, y bolsos de Louis
Vuitton, hijos de familias acomodadas ansiosos por "saborear la revolución"...
la violencia ya dejó de ser contenida, casi al mismo tiempo que la miseria.
Pintadas desmañadas cubren cada pared, muchas de ellas reivindican ataques
a edificios públicos, otras prometen venganza por la muerte de Lambros
Funtas, miembro del grupo armado "Lucha Revolucionaria"... un muro
empapelado con carteles recordando la muerte de un quinceañero llamado
Alexis Grigoropulos... más nombres... todos muertos a tiros durante
enfrentamientos con la policía.
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No solo Atenas ya no es Atenas... nada es como era en Grecia... todo se refleja
en un espejo imperfecto que ya nadie llama crisis... todo se ha deformado
hasta lo irreconocible. Coches negros con los cristales tintados llegan de
cuando en cuando a las barriadas de inmigrantes para atropellarlos, incluso
ante la complaciente mirada de la policía...
Las posibilidades de encontrar trabajo ya no son distintas entre jóvenes y
adultos, todas se reducen a empleos por horas, a esporádicas reparaciones a
domicilio, a cobrar en especias... a ganar cinco euros al día por ayudar en un
taller o en una panadería, a conseguir algo de pan o chatarra que vender para
pagar la gasolina del generador eléctrico... comprar champú, mantequilla,
pilas para la radio... y poder escuchar las palabras de Yannis Stournaras
(ministro de Economía griego): "Si abandonamos la austeridad no recibiremos
el siguiente tramo del préstamo. Hemos establecido objetivos que tenemos
que cumplir. Si no, perderemos la confianza que hemos empezado a
reconstruir".
Los griegos se preguntan cuándo comenzó esta guerra que no han visto
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empezar, esta guerra sin trincheras, sin banderas y sin cartelones llamando a
filas... esta guerra sin bombas, pero con tanta miseria como la que más... esta
guerra sin noticias del frente.
Amnistía Internacional ha denunciado ante la Comisión de Derechos y Justicia
de la UE en Bruselas el hecho de que se esté deteniendo a personas sin la
asistencia de un abogado, que se las incomunique y se las torture... son de
ver los groseros retoques de la fotografías tomadas a los detenidos para
ocultar las señales de sus rostros.
Patrullas compuestas de policías y miembros de "Amanecer Dorado" patrullan
las calles y dan caza a todo aquel con aspecto de ser inmigrante.
Ya son más que habituales los multitudinarios saqueos de los supermercados,
ya nadie se extraña de la complicidad de los mismos empleados que facilitan
a los asaltantes el acceso a la comida y artículos de primera necesidad. Son
varios los asaltos a sucursales bancarias en los que los atracadores han
repartido el dinero entre los viandantes.
Cientos de pequeños empresarios agrícolas se niegan a cumplir la orden del
gobierno de destruir sus productos y deciden distribuirlos gratuitamente por
colegios y hospitales.
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Casi un centenar de activistas armados con cócteles molotov atacaron una
mina de oro y cobre situada al norte del país, una mina cuya explotación se ha
cedido a una empresa canadiense... una mina de la que se esperan extraer
más de 12.000 millones de euros solo en oro... una empresa que paga a al
estado griego apenas 11 millones... una mina que está causando efectos
desastrosos en la agricultura y la pesca de toda la zona.
La mitad de los griegos viven ya bajo lo que se considera índice de pobreza. El
9,5% de paro de antes del "rescate" se ha transformado en un 28%... hoy sólo
uno de cada siete parados recibe algún tipo de subsidio... subsidios que
oscilan entre un mínimo de 180 euros y un máximo de 468 euros... por un
periodo nunca mayor de 12 meses. Los más afortunados... los pensionistas y
los que aún conservan su trabajo, se han visto obligados a aceptar un recorte
del 50% de sus ingresos... a renunciar a su derecho de estar asegurados.
En Grecia ya no existe ningún tipo de deducción fiscal para familias
numerosas, en paro, o con miembros discapacitados... por el contrario, se han
creado nuevos impuestos sobre la vivienda y las rentas del trabajo... las
exenciones fiscales a las grandes multinacionales alcanzan en algunos casos
el 60%... la carga impositiva sobre pequeñas y medianas empresas se ha
incrementado en un 420%... y con ese dinero se rellena esos agujeros negros
llamados "recapitalización bancaria" o "pago de la deuda"
El consumo de gasóleo para calefacción ha caído en más de un 75%... y aun
así su precio se multiplicado por tres desde 2009. A pesar del frío intenso de
este invierno, a pesar de que incluso la Corte Suprema ha declarado
inconstitucional el corte de luz por impago, el gobierno ha cedido a las
presiones de las grandes compañías energéticas y casi un tercio de los
hogares no reciben suministro eléctrico desde hace meses.
El presupuesto sanitario ha quedado reducido a al mitad... el copago de las
medicinas se ha doblado... una gran mayoría de los griegos ya no pueden
pagar sus medicamentos... Los diabéticos no pueden costearse la insulina, el
uso de antidepresivos y otros fármacos para prevenir el suicidio, están fuera
del menú, las tasas de tuberculosis y VIH son altísimas.
El Centro de Control de Enfermedades de la UE ha emitido un informe que
avisa contra el más que probable rebrote de todo tipo de infecciones y
enfermedades contagiosas... la asociación de médicos advierte del
espectacular incremento de casos en los que bebés son llevados a los
hospitales con graves problemas estomacales dado que los padres no pueden
pagar los adecuados a su edad.
A los hospitales ya llegan los que desesperados, tras muchos meses de
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exclusión social, presentan cuadros solo vistos en antiguos libros de
medicina... un hombre con el 90% de su cuerpo corroído por la sarna... una
mujer con un tumor de pecho del tamaño de una naranja, tan grande que ya
asoma por la herida que se limpia con servilletas de bar... médicos y
enfermeras que salen del dispensario para que el paciente no les vea llorar...
Grecia debe salir, rápida y temporalmente del euro, y aún a riesgo de la definitiva destrucción
de su economía, su moneda habrá de ser devaluada en un 20-30%. La situación actual ha
llegado a un punto tal de degradación que podría ser considerada como tragedia humanitaria,
y por tanto, deberíamos empezar a barajar la hipótesis de pedir la intervención de la ONU.
Estas son las recomendaciones de un reciente informe presentado con
urgencia ante el Consejo de Europa, el BCE, y la Oficina de Preupuestos y
Hacienda de la UE. Está firmado por los más influyentes economistas de
Alemania, entre ellos Hans Werner Sinn (asesor personal de Merkel).
Probablemente seguiremos escuchando palabras como "rescate" "ayuda" o
"recuperación" durante mucho más tiempo... las palabras "genocidio",
"catástrofe humanitaria", o "crímenes contra la humanidad" todavía tardarán
en llegar... si es que llegan.
Alguna razón habrá para que ya nadie hable de Grecia... será por ocultarnos
ese futuro que nos viene... será por no alterar esa falsa esperanza de que todo
este infierno será para bien... o tal vez, sencillamente... porque Grecia no ha
soportado tanta ayuda... porque Grecia ha muerto aplastada por el rescate... o
quizá porque, bajo el silencio radio y tras la gran cortina de ruido, Grecia ya
no existe... y comienzan a surgir otras nuevas.
La economía griega está acabada. La economía griega está en una tremenda depresión … No
hay potencia, no hay fuerza dentro de la economía griega, ni hay fuerza dentro de la sociedad
griega para evitarlo … Imagínense si estuviésemos en Ohio en 1931 y preguntásemos: "¿Qué
puede hacer la casta política de Ohio para conseguir sacar a Ohio de la Gran Depresión?". Y la
respuesta es “nada". [Yannis Varoufakis, economista griego].
98
[Fuente: Kaos en la Red]
24/4/2013
Rafael Poch de Feliu
La OTAN topa de nuevo con su pasado terrorista
“Gladio” reaparece en Luxemburgo
Un testigo inesperado ha dado esta semana un extraordinario giro al “proceso
del siglo” que se sigue en Luxemburgo desde febrero. Se trata del caso
“Bommeleeër”, literalmente el “colocador de bombas”: una serie de veinte
atentados con bomba realizados en el tranquilo ducado entre 1984 y 1986
que fueron cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. El
historiador alemán Andreas Kramer ha dado un vuelco al caso: el autor de 18
de aquellas 20 bombas, fue su padre, un agente del servicio secreto alemán,
BND, que actuaba por cuenta de una estructura secreta de la OTAN, ha dicho.
Es así como la trama “Gladio”, relativamente bien conocida en países como
Italia y Bélgica, asoma ahora en Luxemburgo. El testimonio de Kramer exculpa
a los dos acusados del caso, Marc Scheer y Joseph Wilmes, ex miembros de la
brigada móvil de la gendarmería y coloca en el primer plano de las sospechas
al padre de Kramer, Johannes Kramer, fallecido en 2012 y definido por el hijo
como “un prototipo de nazi”. También apunta al ex jefe de los servicios
secretos de Luxemburgo (SREL), Charles Hoffmann.
Kramer es uno de los 90 testigos del proceso entre los que figuran el primer
ministro Jean-Claude Juncker, el ex primer ministro y ex presidente de la
Comisión Europea, Jacques Santer, el ex ministro de justicia Mar Fischbach y
los príncipes Juan y Guillermo, hermanos del Gran Duque Enrique de
Luxemburgo.
Los atentados de Luxemburgo, contra la cumbre de la Unión Europea del 2 de
diciembre de 1985, contra una sede judicial y una larga serie de torres
eléctricas, fue obra de un grupo de 40 personas, diez de ellas
luxemburguesas, incluido el jefe de la “Brigada Móvil” de la Gendarmería
local, Ben Geiben, en conexión con los servicios secretos alemanes (BND) y
británicos (MI6), explicó Kremer.
“Mi padre era un terrorista, se trataba de puro terror y de asesinatos,
99
calculaba conscientemente la muerte de personas”, declaró Kramer ante los
jueces. Su padre le explicó sus hazañas porque quería que el hijo ingresara
también en el BND. “Me amenazó de muerte en caso de que explicara algo,
me lo tomé muy en serio”, dice el hijo.
Kramer sostiene que su padre participó en el atentado con bomba más grave
de la historia alemana de posguerra, el del 26 de septiembre de 1980 en
la Oktober Fest de Munich, la fiesta de la cerveza, que dejó 13 muertos y 213
heridos y fue inverosímilmente atribuido a la acción de un solo neonazi que
murió en la explosión. El artefacto era complejo, una granada introducida
dentro de un extintor, y requirió una notable pericia técnica.
En Luxemburgo se trataba de cultivar la estrategia de la tensión, el gran
ducado era reticente en la probación de legislación de seguridad y había que
motivarlo, explicó Johannes Kramer a su hijo. La operación formaba parte de
la estructura “stay behind”, una red internacional conocida en Italia como
“Gladio” que creó inicialmente grupos armados preventivos para acciones de
sabotaje en la retaguardia europea en caso de una invasión soviética y que
acabó siendo utilizado políticamente en Europa y nutriéndose de
ultraderechistas.
La existencia de Gladio, una estructura de la OTAN, secreta dentro del secreto
de la Alianza, que Kramer describe como “un servicio secreto dentro del
servicio secreto”, fue reconocida en Italia por el primer ministro Giulio
Andreotti en agosto de 1990.
En un informe de 326 páginas de la comisión de investigación del Senado
italiano sobre los sangrientos actos terroristas que Italia conoció entre 1967 y
1987, en el marco de la estrategia de la tensión para impedir, entre otras
cosas, la participación de los comunistas en el gobierno, lo que le costó la vida
al primer ministro Aldo Moro (491 muertos y 1.181 heridos en dieciocho años),
la cámara concluyó finalmente, en junio del año 2000, que, “aquellas
masacres bombas y acciones militares fueron organizadas, o promovidas, o
apoyadas por hombres dentro de las instituciones del Estado italiano y, como
se ha descubierto más recientemente, por hombres vinculados a las
estructuras de la inteligencia de Estados Unidos”.
La historia de esta estructura es parcialmente conocida gracias al estudio del
profesor suizo Daniele Ganser publicado en 2005, Gladio los ejércitos secretos
de la OTAN. El juicio de Luxemburgo es sumamente interesante porque
incluye las veinte bombas del gran ducado en una serie vinculada a algunos
de los mayores actos terroristas realizados en Europa en los años setenta y
ochenta.
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Kramer dijo el jueves en su declaración que los atentados se coordinaban a
través del “Comité Clandestino Aliado”(Allied Clandestine Committee) bajo la
dirección del General alemán Leopold Chalupa. Aún vivo, Chalupa fue
comandante en jefe de las tropas de la OTAN en Europa Central (CINCENT)
desde 1983 a 1987. Kramer ha pedido que sea llamado a declarar junto con el
ex secretario de estado de defensa Andreas von Bülow y otro agente del BND
vinculado al “stay behind” llamado Norbert Zuretzko.
Los abogados de la defensa, Gaston Vogel y Lydie Lorang consideran que esta
trama explica el cúmulo de irregularidades y misterios que la instrucción del
proceso ha conocido a lo largo de los años, en forma de decisiones judiciales
ignoradas, desaparición de más de 80 pruebas, destrucción consciente de
documentos por el SREL así como informaciones sensibles que la policía de
Luxemburgo no entregó a los investigadores y que habrían exculpado a sus
defendidos, meros chivos expiatorios.
Kramer dijo que los atentados de Luxemburgo crearon divergencias dentro de
la OTAN que llevaron a interrumpir la serie de golpe en 1986 para
concentrarse más en Bélgica.
Entre 1983 y 1985 Bélgica sufrió una insólita ola de atentados que ha pasado
a la historia como las “masacres de Brabante”, gran parte de ellos a cargo de
unas “Células Comunistas Combatientes” (CCC) que en realidad fueron
organizadas por la extrema derecha y que utilizaron armas y explosivos
procedentes de una acción clandestina de entrenamiento de las fuerzas
especiales americanas en la localidad de Vielsalm en la que murió un oficial
de la policía belga.
Particularmente actual e inquietante ha sido la impresión manifestada por
Kramer en el juicio de Luxemburgo de que la estructura del “stay Behind”
continúa activa en Alemania y que el escándalo de la célula neonazi NSU,
cuyo juicio comienza el miércoles en Munich podría estar relacionado. El caso
“Clandestinidad nazi” (NSU) es el asunto de terrorismo más grave registrado
en la Alemania de los últimos veinte años y ha venido marcado por una
misteriosa ineficacia de los servicios secretos. Durante más de una década el
grupo responsable de diez asesinatos, nueve de ellos xenófobos, dos
atentados con bomba y más de una docena de atracos entre 1998 y 2011,
actuó impunemente sin que oficialmente fuera detectado.
[Fuente: La Vanguardia]
16/4/2013
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Michael T. Klare
De cómo la escasez de recursos y el cambio climático podrían
producir una explosión global
Prepárense. Puede que aún no se lo digan, pero, según los expertos de todo el
mundo y la comunidad de la inteligencia estadounidense, la tierra está
cambiando ya bajo sus pies. Lo sepan o no, ustedes están sobre un planeta
diferente, un mundo con los recursos asediados a un nivel no experimentado
nunca antes por la humanidad.
Dos escenarios de pesadilla —la escasez global de recursos vitales y el
comienzo de un cambio climático extremo— están empezando ya a
converger, y es muy probable que en las próximas décadas produzcan una
oleada de agitación, rebelión, competitividad y conflicto. Puede que aún sea
difícil discernir cómo será ese tsunami de desastres, pero los expertos
advierten de “guerras del agua” sobre disputados sistemas fluviales, de
disturbios alimentarios globales provocados por las crecientes subidas de los
precios de los productos básicos, de migraciones masivas de refugiados
climáticos (que acabarán desencadenando actos de violencia contra ellos) y
de ruptura del orden social o de colapso de los estados. Es probable que, al
principio, ese caos estalle básicamente en África, Asia Central y otras zonas
del Sur subdesarrollado, pero, con el tiempo, todas las regiones del planeta se
verán afectadas.
Para apreciar el potencial de esta amenazante catástrofe, es necesario
examinar cada una de las fuerzas que están combinándose para producir ese
futuro cataclismo.
La escasez de recursos y las guerras por los recursos
Empecemos por un supuesto sencillo: la perspectiva de futuros períodos de
escasez de recursos naturales vitales, incluyendo la energía, el agua, el
territorio, los alimentos y los minerales básicos. Todo esto, en sí mismo,
garantizaría agitación social, fricciones geopolíticas y guerras.
Es importante tener en cuenta que para que ese escenario se produzca no es
necesario que haya en el horizonte una escasez absoluta en alguna categoría
de determinados recursos. Es suficiente con que haya una carencia en los
suministros adecuados para satisfacer las necesidades en una población
creciente, cada vez más urbanizada e industrializada. Dada la oleada de
extinciones que los científicos están registrando, algunos recursos
—determinadas especies de peces, animales y árboles, por ejemplo— serán
menos abundantes en las décadas venideras y puede que incluso lleguen
102
todas a desaparecer. Pero materiales clave para la civilización moderna como
el petróleo, el uranio y el cobre serán sencillamente cada vez más difíciles y
más costosos de adquirir, produciéndose en los suministros cuellos de botella
y periódicas escaseces.
El petróleo —el producto más importante en la economía internacional— nos
aporta un ejemplo adecuado. Aunque los suministros globales de petróleo
pueden realmente crecer en las próximas décadas, muchos expertos dudan
de que puedan ampliarse lo suficiente como para satisfacer las necesidades
de una creciente clase media global que se espera, por ejemplo, compre
millones de coches nuevos en un futuro próximo. En su World Energy
Outlook de 2011, la Agencia Internacional de la Energía afirmaba que en 2035
iba a satisfacerse una prevista demanda global de petróleo de 104 millones de
barriles al día. Esto, sugería el informe, podría conseguirse gracias, en una
gran parte, a los nuevos suministros de “petróleo no tradicional” (las arenas
bituminosas, las pizarras bituminosas, etc.), así como 55 millones de barriles
de petróleo nuevo de campos “aún por encontrar” y “aún por desarrollar”.
Sin embargo, muchos analistas se burlan de tan optimista valoración,
postulando que los crecientes costes de producción de la energía (cuya
extracción será cada vez más difícil y más costosa), la oposición-reacción del
medio ambiente, las guerras, la corrupción y otros impedimentos harán
extremadamente difícil conseguir incrementos de esa magnitud. Es decir,
incluso aunque se consiga incrementar la producción durante un tiempo
desde el nivel de 87 millones de barriles al día de 2010, el objetivo de 104
millones de barriles no va a alcanzara nunca y los principales consumidores
del mundo se enfrentarán a una virtual, cuando no absoluta, escasez.
El agua nos ofrece otro ejemplo potente. Sobre una base anual, el suministro
de agua potable que proporcionan las precipitaciones naturales sigue siendo
más o menos constante: alrededor de 40.000 kilómetros cúbicos. Pero gran
parte de la tierra que recibe estas precipitaciones es la de Groenlandia, la
Antártida, Siberia y la Amazonia interior, donde vive muy poca gente, por
tanto el suministro de que disponen las mayores concentraciones humanas es
con frecuencia sorprendentemente limitado. En muchas regiones con altos
niveles de población, los suministros de agua son ya relativamente escasos.
Esto es así sobre todo en el norte de África, Asia Central y Oriente Medio,
donde la demanda de agua continúa creciendo como consecuencia de las
poblaciones crecientes, la urbanización y la aparición de nuevas industrias
que utilizan el agua de forma intensiva. El resultado, incluso cuando el
suministro es constante, es un medio ambiente de creciente escasez.
Dondequiera que mires, la imagen es aproximadamente la misma: los
suministros de recursos fundamentales pueden estar aumentando o
decreciendo pero parece que nunca superan la demanda, produciendo un
103
sentimiento de escasez extendida y sistémica. Sin embargo, una vez que se
genera, la percepción de escasez —o de inminente escasez— lleva
regularmente a la ansiedad, el resentimiento, la hostilidad y la beligerancia.
Es una pauta que se comprende muy bien y que ha sido evidente a través de
la historia humana.
En su libro Constant Battles, por ejemplo, Steven Leblanc, director de
colecciones del Museo Peabody de Arqueología y Etnología de Harvard, señala
que muchas civilizaciones antiguas experimentaron la mayor incidencia de
guerras cuando tuvieron que enfrentarse a una escasez de recursos
sobrevenida por el aumento de población, las cosechas fallidas o las
persistentes sequías. Jared Diamond, autor del bestseller Collapse ha
detectado un modelo similar en la civilización maya y en la cultura Anasazi de
Chaco Canyon, en Nuevo México. Más recientemente, la preocupación por el
alimento suficiente para la propia población fue un factor importante en la
invasión japonesa de Manchuria en 1931 y en las invasiones alemanas de
Polonia en 1939 y la Unión Soviética en 1941, según Lizzie Collingham, autora
de The Taste of War.
Aunque el suministro global de los productos más básicos se ha incrementado
enormemente desde el final de la Segunda Guerra Mundial, los analistas ven
que la persistencia de conflictos está relacionada con los recursos en zonas
donde las materias siguen siendo escasas o hay ansiedad por la futura
fiabilidad de los suministros. Muchos expertos creen, por ejemplo, que las
luchas en Darfur y otras zonas asoladas por la guerra del norte de África han
estado impulsadas, al menos en parte, por la competencia entre las tribus del
desierto por el acceso a los escasos suministros de agua, exacerbados en
algunos casos por los niveles crecientes de población.
“En Darfur —dice un informe de 2009 del Programa Medioambiental de la ONU
acerca del papel de los recursos naturales en el conflicto—, la pertinaz sequía,
el aumento de las presiones demográficas y la marginación política son
factores de destacado peso entre las fuerzas que han empujado a la región
hacia una espiral de desorden y violencia que desde 2003 ha provocado
300.000 muertes y el desplazamiento de más de dos millones de personas.”
La ansiedad ante los futuros suministros es también a menudo un elemento a
tener en cuenta en los conflictos que estallan por el acceso al petróleo o al
control de las disputadas reservas de petróleo y gas natural. Por ejemplo, en
1979, cuando la revolución islámica en Irán derrocó al Shah y los soviéticos
invadieron Afganistán, Washington empezó a temer que algún día pudiera
negársele el acceso al petróleo del golfo Pérsico. En ese momento, el
presidente Jimmy Carter anunció con prontitud lo que pasó a llamarse
Doctrina Carter. En su Discurso al Estado de la Nación de 1980, Carter afirmó
104
que cualquier movimiento que impidiera el flujo de petróleo del Golfo sería
considerado como una amenaza para los “vitales intereses” de EE.UU. que
sería repelida por “todos los medios necesarios, incluida la fuerza militar”.
En 1990, este fue el principio invocado por el presidente George H. W. Bush
para justificar la intervención de la primera guerra del golfo Pérsico, al igual
que haría su hijo para justificar, en parte, la invasión de Irak en 2003. En la
actualidad, sigue siendo fundamental en los planes estadounidenses el
empleo de la fuerza para impedir que los iraníes cierren el estrecho de Ormuz,
la estratégica vía de agua que conecta el golfo Pérsico con el océano Índico, a
través del que pasa alrededor del 35% del comercio marítimo de petróleo del
mundo.
Recientemente, una serie de conflictos por los recursos han estado llegando al
punto de ebullición entre China y sus vecinos del sudeste asiático en lo que
referente al control de las reservas de gas y petróleo del mar del Sur de
China. Aunque los consiguientes enfrentamientos navales no han provocado
aún pérdida de vidas humanas, hay grandes posibilidades de que se produzca
una escalada militar. Una situación similar se da también en el mar Oriental
de China, donde China y Japón están luchando entre ellos por controlar
similares valiosas reservas submarinas. Mientras tanto, en el océano del
Atlántico Sur, Argentina y Gran Bretaña están de nuevo disputando por las
Islas Malvinas al haberse descubierto petróleo en las aguas que las rodean.
Según se dice, los potenciales conflictos derivados de recursos como éstos
van a ir en aumento los próximos años según vaya creciendo la demanda y
menguando los suministros, porque gran parte de lo que queda se halla en
zonas en disputa. En 2012, un estudio titulado “Resources Futures”, del
respetado think tank británico Chatham House, expresó una especial
preocupación ante las posibles guerras por los recursos del el agua,
especialmente en zonas como las cuencas del Nilo y del río Jordán, donde
varios grupos o países deben compartir el mismo río para la mayoría de sus
suministros de agua y pocos poseen los medios necesarios para desarrollar
alternativas. “En este contexto de escasez de suministros y competitividad,
las cuestiones relativas a los derechos al agua, los precios y la polución son
cada vez más polémicas”, indicaba el informe. “En las áreas con capacidad
limitada para gobernar recursos compartidos, el intento por equilibrar las
competitivas demandas y movilizar nuevas inversiones pueden originar
nuevas y abiertas confrontaciones”.
Rumbo a un mundo de recursos asediados
Las tensiones de ese cariz estarían abocadas a crecer por sí mismas porque
en demasiadas zonas los suministros de recursos clave no podrán satisfacer la
105
demanda. Aunque, como suele ocurrir, no es sólo “por sí mismas”. En este
planeta, una segunda mayor fuerza ha entrado en la ecuación de forma
significativa. Con la creciente realidad del cambio climático, todo se vuelve
mucho más aterrador.
Normalmente, cuando consideramos el impacto del cambio climático,
pensamos ante todo en el medio ambiente: el deshielo del casquete polar del
Ártico o de la capa de hielo de Groenlandia, el aumento en el nivel de los
mares del planeta, la intensificación de las tormentas, los desiertos en
expansión y el peligro de extinción o desaparición de especies como el oso
polar. Pero cada vez mayor número de expertos están dándose cuenta de que
los seres humanos experimentarán directamente los efectos más potentes del
cambio climático a través del deterioro o destrucción total de los habitats de
los que dependemos para la producción alimentaria, actividades industriales
o, sencillamente, para la vida. Esencialmente, el cambio climático causará
estragos en nosotros al reducir nuestro acceso a los elementos básicos de la
vida: recursos vitales que incluyen el alimento, el agua, el territorio y la
energía. Esto será devastador para la vida humana, y más aún a medida que
aumente significativamente el peligro de conflictos de todo tipo a causa de la
lucha por los recursos.
Sabemos ya bastantes cosas sobre los futuros efectos del cambio climático
como para poder predecir los siguientes con razonable seguridad:
El aumento en los niveles de los mares en los próximos cincuenta años
eliminará muchas zonas costeras, destruyendo grandes ciudades e
infraestructuras vitales (incluyendo carreteras, ferrocarriles, puertos,
oleoductos, refinerías y centrales eléctricas) y excelente tierra
agrícola.
La disminución de las lluvias y las prolongadas sequías convertirán las
que fueron verdes tierras de cultivo en zonas desérticas, reduciendo la
producción alimentaria y convirtiendo a millones de seres en
“refugiados climáticos”.
Tormentas más graves e intensas oleadas de calor agotarán las
cosechas, desencadenarán incendios forestales, causarán
inundaciones y destruirán infraestructuras vitales.
Nadie puede predecir cuánto alimento, tierra, agua y energía se perderá como
consecuencia de este brutal asalto (y otros efectos del cambio climático que
son más difíciles de predecir o incluso posiblemente de imaginar), pero el
efecto acumulativo será sin duda impactante. En “Resources Futures”,
Chatham House ofrece una advertencia especialmente seria en lo que se
refiere a la amenaza de las decrecientes precipitaciones de lluvia para
alimentar la agricultura. “En 2020”, dice el informe, “los rendimientos de la
106
agricultura de secano se reducirán hasta en un 50%” en algunas zonas.
Se teme que las proporciones más altas de pérdidas se den en África, donde
la dependencia de la agricultura de secano es mayor, pero también es muy
probable que resulte gravemente afectada en China, la India, Pakistán y Asia
Central. Olas de calor, sequías y otros efectos del cambio climático reducirán
también el caudal de muchos ríos vitales, disminuyendo el suministro de agua
para el regadío, las instalaciones de energía hidroeléctrica y reactores
nucleares (que necesitan cantidades masivas de agua a efectos de
refrigeración). El deshielo de los glaciares, especialmente en los Andes en
Latinoamérica y los Himalayas en el sur de Asia, privará también a las
comunidades y a las ciudades de importantes suministros de agua. El
esperado incremento en la frecuencia de huracanes y tifones supondrá una
amenaza cada vez mayor para las plataformas petrolíferas marítimas, las
refinerías costeras, las líneas de trasmisiones y otros componentes del
sistema global energético.
El derretimiento del casquete polar del Ártico abrirá esa región a la
exploración de gas y petróleo, pero el incremento en la actividad de los
icebergs hará que todos los esfuerzos para explotar los suministros
energéticos de esa región sean peligrosos y sumamente costosos. Estaciones
cada vez más largas en el norte, especialmente en Siberia y las provincias del
norte de Canadá, podrían compensar a algún nivel la desecación de las tierras
agrícolas en latitudes más meridionales. Sin embargo, el traslado del sistema
agrícola global (y de los agricultores del mundo) hacia el norte desde las
abandonadas tierras agrícolas en EE.UU., México, Brasil, la India, China,
Argentina y Australia sería una perspectiva desalentadora.
Puede asumirse con seguridad que el cambio climático, especialmente si se
combina con una creciente escasez de suministros, provocará una reducción
importante de los recursos vitales del planeta, un aumento del tipo de
presiones que han llevado históricamente al conflicto, incluso bajo mejores
circunstancias. De esta manera, según el informe de Chatham House, el
cambio climático se entiende como un “multiplicador de amenazas… un factor
clave que exacerba la vulnerabilidad de los recursos existentes” en Estados
ya propensos a esos desórdenes.
Al igual que otros expertos en la materia, los analistas de Chatham House
afirman, por ejemplo, que el cambio climático reducirá la producción agrícola
en muchas áreas, haciendo que los precios globales de los alimentos suban
por las nubes y provoquen disturbios entre quienes están ya al límite a causa
de las situaciones actuales. “La incrementada frecuencia y gravedad de
fenómenos meteorológicos extremos, tales como sequías, olas de calor e
inundaciones, también provocarán mayor y mucho más frecuente escasez de
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cosechas locales por todo el mundo… Esta escasez afectará a los precios
mundiales de los alimentos cuando los centros importantes de producción
agrícola se vean afectados, además de ampliar la volatilidad de esos precios”.
Esto, a su vez, incrementará las probabilidades de disturbios civiles.
Cuando, por ejemplo, una ola brutal de calor diezmó la cosecha de trigo en
Rusia durante el verano de 2010, el precio mundial del trigo (al igual que el
del elemento básico de la vida, el pan) empezó a subir inexorablemente,
alcanzando niveles especialmente altos en el norte de África y Oriente Medio.
Con los gobiernos locales muy poco dispuestos o capacitados para ayudar a
las desesperadas poblaciones, la indignación ante la imposibilidad de adquirir
alimentos, mezclada con el resentimiento hacia los regímenes autocráticos,
desencadenó el masivo estallido popular que conocemos como la Primavera
Árabe.
Ese tipo de explosiones son muy probables en el futuro, sugiere Chatham
House, si prosiguen las tendencias actuales y la escasez de recursos y el
cambio climático se funden en una única realidad en nuestro mundo. Una
única y provocativa pregunta de ese grupo debería obsesionarnos a todos:
“¿Estamos al borde de un nuevo orden mundial dominado por las luchas por el
acceso a recursos asequibles?”.
Para la comunidad de la inteligencia estadounidense, que parece haber sido
influida por el informe, la respuesta fue contundente. En marzo, por vez
primera, el director de la Inteligencia Nacional, James R. Clapper, enumeró “la
escasez y competencia por los recursos naturales” como una amenaza para la
seguridad nacional en igualdad con el terrorismo global, la guerra cibernética
y la proliferación nuclear.
“Muchos países importantes para EE.UU. son vulnerable al impacto de
recursos naturales que degradan el desarrollo económico, frustran los intentos
de democratización, aumentan el riesgo de inestabilidad que amenaza a los
regímenes y agravan las tensiones regionales”, escribió en su preparada
declaración para el Comité de Inteligencia del Senado. “Fenómenos
meteorológicos extremos (inundaciones, sequías, olas de calor) perturbarán
cada vez más los mercados energéticos y alimentarios, exacerbando la
debilidad de los Estados, forzando migraciones humanas y desencadenando
disturbios, desobediencia civil y vandalismo”.
Hubo una frase nueva en sus comentarios: “el shock en los recursos”. Capta
algo del mundo hacia el que sin remedio nos precipitamos, y el lenguaje es
sorprendente en una comunidad de inteligencia que, al igual que el gobierno
al que sirve, ha rebajado o ignorado en gran medida los peligros del cambio
climático. Por vez primera, altos analistas del gobierno pueden estar
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empezando a apreciar lo que siempre han estado advirtiendo los expertos de
la energía, los analistas de recursos y los científicos: que el consumo
desenfrenado de los recursos naturales del mundo, junto con el advenimiento
de cambios climáticos extremos, producirá una explosión global de caos y
conflicto humano. Estamos yendo ya, directos y de cabeza, hacia un mundo
de recursos asediados.
[Este artículo, publicado originalmente en Tom Dispatch, ha sido
traducido del inglés por Sinfo Fernández para Rebelión. Michael T.
Klare es profesor de Estudios sobre la Paz y la Seguridad Mundial en
109
el Hampshire College y autor del libro recién publicado The Race for
What’s Left: The Global Scramble for the World’s
Resources (Metropolitan Books).]
30/4/2013
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Foro de webs
Crisis Energética
lacrisisenergetica.wordpress.com
La página web Crisis Energética, decana en el Estado español sobre todo lo
relacionado con los acuciantes problemas energéticos a los que se enfrenta la
humanidad, se ha trasladado —al menos temporalmente— a esta nueva
dirección en formato blog.
Las primeras entradas de la nueva plataforma digital están dedicadas a
recoger las ponencias de la interesante jornada de debate organizada por el
Espai Marx el pasado 20 de abril sobre "Crisis económica, crisis ecológica,
crisis de civilización. ¿Qué hacer?", que contó con la participación de Pedro
Prieto, Óscar Carpintero y Joaquim Sempere.
30/4/2013
Diario "Contropiano"
www.contropiano.org
Contropiano es un diario italiano de orientación política comunista. Nacido en
1993 como periódico cercano al partido de Refundación Comunista,
actualmente es un diario digital cuyo objetivo es el de dar voz a las luchas de
la izquierda alternativa de todo el mundo y reflexionar sobre la articulación de
un proyecto anticapitalista sólido y coherente.
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27/4/2013
Revista "Capitalism Nature Socialism"
www.cnsjournal.org/
Capitalism Nature Socialism es una revista ecosocialista estadounidense que,
desde hace muchos años, analiza y reflexiona con rigor acerca de los
movimientos políticos rojiverdes de todo el planeta, la historia
medioambiental, las luchas en el mundo del trabajo, la ecología y la economía
ecológica, el feminismo y la democracia radical.
27/4/2013
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