Níílui baio el horror

i Fuerzas combinadas del ejército y de la PNP en la operación de rescate de 34 menores de edad que estaban en manos del terrorismo.

Desde los años ochenta del siglo pasado. Sendero Luminoso -en una de sus facetas más bárbaras-perpetró crímenes diversos con­tra niños, niñas y adolescentes (NNA): los asesinócomo parte de

masacres contra comunidades, por considerarlos "carga"durante sus desplazamientos, por some­terlos a condiciones extremas de desnutrición, por temor a que los delataran si eran rescatados por el ejército o a que cuando crecieran tomaran ven-ganza.También les infligió tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, especialmente en los departamentos de Ayacucho, Cusco, Apurímac, Huancavelica y Huánuco, entre los años 1983-1984 y 1989-1992; en algunos casos, con la intención de causar temor en las comunidades en las que incursionaba (mutilación de manos en el distrito de Iguaín, corte de orejas en Satipo, etc.) o"como castigo ejemplarizante" en los campamentos.

El horror no se detuvo allí. SL secuestró, explotó y retuvo forzosamente a NNA de las zonas más pobres del país para utilizarlos en sus acciones armadas o en labores vinculadas a estas. En el caso de las niñas y las adolescentes, además, perpetró actos de violación sexual en agravio de muchas de ellas. La Comisión de la Verdad y Reconciliación lo ha documentado ampliamente. Según su Informe Final, "La aprehensión y la utilización de niños y niñas en la hostilidades es una práctica genera­lizada y sistemática que Sendero Luminoso usó desde el inicio del conflicto armado haciéndose más aguda entre los años 1983-1985 y 1987-1990". De acuerdo con la data disponible, más del 40% de los crímenes de SL contra la infancia se concretaron en actos de reclutamiento forza­do, los que se produjeron mayoritariamente en Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Junín, sien­do campesinos, de extracción rural y varones el 75% de las víctimas. Los niños, reclutados bajo coacción, violencia y engaños,"estaban obligados a cumplir con múltiples tareas. Así, los menores de 11 años no participaban directamente en los enfrentamientos, ni en las incursiones. Más bien.

al Juez ante el cual se encontraba pendiente de resolver un recurso de hábeas corpus a favor de los niños secuestrados; y también, enviaron un informe ante la Fiscalía Provincial Penal de Ayacu­cho que conocía de la denuncia interpuesta por la Procuraduría del Ministerio de Justicia contra los integrantes de la organización terrorista por los delitos de secuestro y exposición y abandono de personas al peligro.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Nación contra VíctorQuispe Palomino y los que re-sulten responsables por los hechos de Sinaycocha

la reinserción y atención de estos niños y niñas; y se invocó a las mismas a elaborar una ley de prevención que proteja a los niños y niñas que han sido y que continúan en condición de secues­trados por SL para su reintegración y reinserción a la sociedad sin estigmas y libres de violencia.

Como se ha demostrado recientemente, los remanentes de la organización terrorista en el VRAEM no han dejado la práctica infame del secuestro, los trabajos forzados. La trata. La es­clavitud. El crimen contra la infancia. Lamenta­b l e m e n t e ^ ^

entrega de información adicional y actualizada sobre los menores de edad reclutados por SL, las medidas adoptadas para prevenir tal secuestro y los resultados alcanzados. Y sí, pues, el mes de octubre está a la vuelta de la esquina. Aquicito nomás. ¿Mera coincidencia? ¿Acicate para la ac­ción? ¿Necesidad de mostrar logros? ¿Estrategia que encontró la oportunidad esperada para ser desplegada? Francamente, no importa. La libera­ción de 34 niños vale el esfuerzo. Un éxito. Si eso, además, le sirve al Estado peruano para responder a Ginebra, que así sea.

lizada y sistemática que Sendero Luminoso usó desde el inicio del conflicto armado haciéndose más aguda entre los años 1983-1985 y 1987-1990". De acuerdo con la data disponible, más del A0% de los crímenes de SL contra la infancia se concretaron en actos de reclutamiento forza­do, los que se produjeron mayoritariamente en Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Junín, sien­do campesinos, de extracción rural y varones el 75% de las víctimas. Los niños, reclutados bajo coacción, violencia y engaños,"estaban obligados a cumplir con múltiples tareas. Así, los menores de 11 años no participaban directamente en los enfrentamientos, ni en las incursiones. Más bien, realizaban otro tipo de labores como: la vigilancia, mensajería, espionaje y la provisión de alimentos y víveres -limpiando y trabajando en la chacra-Otros fueron utilizados como portadores, es decir, trasladaban las banderas y las municiones. (...) La "fuerza principar'enseñaba a los niños pioneros, a partir de los 12 años, el uso y manipulación de armas, lanzas, hondas y la elaboración de bombas. Desde esta edad eran entrenados para participar en acciones armadas y en los enfrentamientos".

Ningún mando -n i siquiera el verdugo mayor, el matarife contumaz- o militante senderista fue acusado o condenado expresamente por estos crímenes contra la infancia. Ni una sola sentencia se detuvo a considerar, con cierto detalle, el pade­cimiento sufrido. En los estrados judiciales nadie habló de ello. Ni jueces ni fiscales le dedicaron una palabra o una frase a semejante crueldad. La canallada permaneció en la impunidad. Así fue.

Estos crímenes fueron denunciados en su oportunidad por los organismos de derechos humanos. Nacional e internacionalmente. Ellos dirigieron comunicaciones a la Comisión Intera-mericana de Derechos Humanos, al Comité de Derechos del Niño de la ONU y a la representante personal del Secretario General de la ONU sobre el tema de niños y conflictos armados, señalan­do la práctica criminal de SL; instaron al Estado peruano a recuperar a los NNA secuestrados; re­mitieron un informe en Derecho"Amicus Curiae"

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al Juez ante el cual se encontraba pendiente de resolver un recurso de hábeas corpus a favor de los niños secuestrados; y también, enviaron un informe ante la Fiscalía Provincial Penal de Ayacu­cho que conocía de la denuncia interpuesta por la Procuraduría del Ministerio de Justicia contra los integrantes de la organización terrorista por los delitos de secuestro y exposición y abandono de personas ai peligro.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Nación contra VíctorQuispe Palomino y los que re­sulten responsables por los hechos de Sinaycocha (Junín) se dijo expresamente:"los actos criminales de Sendero Luminoso, ejecutados a lo largo de casi una década, considerados en conjunto forman parte de un continuo ataque contra la población civil y miembros de nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional; ataque es­pecialmente agravado por el modus operandi consistente en dar muerte a los efectivos castrenses heridos, y por el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes, en su accionar".

Posteriormente, solicita­ron, obtuvieron y participaron en la audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se denunció la"Utilización de niños en organizaciones arma­das". Y entidades como Iprodes y Save the Children, entre otras, recurrieron ante distintos comités de la ONU señalando su preocupación por la suerte de los NNA secuestrados. La misma inquietud fue trasmitida a las autoridades peruanas: diversas cartas a la PCM y al Ministerio de la Mujer así lo atestiguan. En ellas se instó a las autoridades a desarrollar una estrategia para el rescate pronto,

En ios últímos cuatro años, el Estado rescató a 51 niños. La mayoría de la etnia asháninka. Bien por ello. De ese número, 34 menores de edad fueron liberados la semana pasada. Es dedr, las dos tenseras partes. Bien por

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la reinserción y atención de estos niños y niñas; y se invocó a las mismas a elaborar una ley de prevención que proteja a los niños y niñas que han sido y que continúan en condición de secues­trados por SL para su reintegración y reinserción a la sociedad sin estigmas y libres de violencia.

Como se ha demostrado recientemente, los remanentes de la organización terrorista en el VRAEM no han dejado la práctica infame del secuestro, los trabajos forzados. La trata. La es­clavitud. El crimen contra la infancia. Lamenta­blemente, desde el retorno a la democracia, el Estado no diseñó una política pública en favor de los NNA víctimas del terror (prevención, rescate,

acompañamiento y rein­serción social). No sólo eso. No ejecutó acciones consistentes en el tiempo para hacer cesar la tragedia. Los niños, ay, siguieron bajo el horror. De manera espo­rádica, suelta, los buscaron. En operaciones aisladas, ocasionales, hallaron a al­gunos de ellos. Así pasó el tiempo. Así los maltrató la democracia.

En los últimos cuatro años, el Estado rescató a 51 niños. La mayoría de la et­nia asháninka. Bien por ello. De ese número, 34 menores de edad fueron liberados la semana pasada. Es decir, las

dos terceras partes. Bien por ello. El afán defines de julio es digno de aplauso. Se consiguió la libe­ración de los NNA. Eso es lo que importa.

Insisto, digno de aplauso. Dicho esto, hay que señalar también que la operación de búsqueda y el rescate exitoso han coincidido con la cercanía de la fecha límite dada al Estado peruano por el Comité de Derechos del Niño de la ONU para hacer

entrega de información adicional y actualizada sobre los menores de edad reclutados por SL, las medidas adoptadas para prevenir tal secuestro y los resultados alcanzados. Y sí, pues, el mes de octubre está a la vuelta de la esquina. Aquicito nomás. ¿Mera coincidencia? ¿Acicate para la ac­ción? ¿Necesidad de mostrar logros? ¿Estrategia que encontró la oportunidad esperada para ser desplegada? Francamente, no importa. La libera­ción de 34 niños vale el esfuerzo. Un éxito. Si eso, además, le sirve al Estado peruano para responder a Ginebra, que así sea.

Claro que el señor Húmala, y quien venga después, deben tener muy en claro que el Estado tiene que pagar la deuda pendiente con los NNA secuestrados por SL. Como le dijeron Save the Children e Iprodes

al entonces presidente del Consejo de Ministros Óscar Valdés, en carta de fecha 26 de abril del 2012, el Estado debe aprobar una política pú­blica que contemple el rescate (¿cuántos son?, ¿dónde están?), protección, atención, integra­ción y recuperación de los NNA sometidos por el terrorismo; garantizarles un trato digno, evi­tando la revictimización; el traslado a espacios de acogida adecuados y seguros, con personal especializado, nunca aun centro de internamien-to o a una base militar o policial; la atención individual y grupal, integral y diferencial (género, lengua, grupo étnico, entre otras); la atención especializada que incluya el abordaje familiar, comunitario y educativo: el progresivo restable­cimiento de los lazos familiares y comunitarios, así como la reinserción escolar y la capacitación laboral; la protección frente al riesgo de estigma y discriminación, etc. Lo que supone, además, una fuerte voluntad política en ese sentido, dotación de recursos suficientes para la acción, esfuerzo articulado y personal calificado.

En verdad, todo eso les debemos. Y m á s *

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