nicora - ponencia 26 cndp

8/6/2019 Nicora - Ponencia 26 CNDP

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Introduccin

El principio acusatorio inspir al constituyente de 1853, que encomend a

los gobernantes abandonar el paradigma inquisitivo, a partir de modificar la

legislacin colonial en todos sus ramos e instaurar el juicio por jurados. As

lo interpret la Corte Suprema cuando dijo que La Constitucin Nacional estableci como objetivo legal un proceso penal acusatorio y con

participacin popular 1.

Esta voluntad constituyente se ratific en casi todas las oportunidades de

reforma constitucional, y se potenci enormemente en la ltima estacin

reformista, en la que se elevaron a la jerarqua constitucional las normas de

los tratados multilaterales enumerados en el art. 75.22, que sin duda alguna

requieren de la vigencia del principio acusatorio en materia de proceso

penal.

La lenta progresin de la que habla la Corte en el fallo Casal, tambin

puede advertirse con el mismo ritmo casi exasperante en la produccin de

los procesalistas. Aun as, estamos en un punto cuando menos aceptable,

es poco posible imaginar que alguien pudiera sostener hoy con xito un

cuestionamiento o relativizacin del principio acusatorio. El problema radica

en la dificultad generalizada en pasar del acusatorio declamativo o

epidrmico, a su vigencia concreta y radical.

La propuesta de este trabajo consiste en analizar si el principio

acusatorio y sus antecedentes y consecuentes necesarios, se encuentran

contemplados en la etapa de ejecucin penal segn el derecho vigente. En

especial, quiero hacer hincapi en una de esas condiciones: la imparcialidad

del juez de ejecucin. Si bien el ttulo de la ponencia adelanta la respuesta

negativa (al menos, desde el anlisis dogmtico de la normativa vigente), se

propondr aqu un modo factible de poner en todo el pas jueces imparcialesa disposicin del control de la ejecucin de la pena, sin aguardar dos

docenas de reformas legislativas.

1 CSJN, 20/9/2005, C. 1757. XL. RECURSO DE HECHO Casal, Matas Eugenio y otro s/ robo simple en grado de tentativa -causa N 1681- .


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1. Tomando la posta

El punto de partida de esta reflexin ser un excelente trabajo que

mereca ms difusin, y que sospecho que se perdi algo de vista por causa

del frenes refutatorio que caus en los procesalistas penales el rush

blumberiano.

En la obra colectiva que result del seminario dirigido por Zulita F ELLINI

en la UBA durante el ao 2004, Andrs H ARFUCH , Rolando V ELA y Durga

ANGULO son autores del captulo VI 2, que pone en blanco sobre negro la

necesidad de hacerse cargo de lo que diez aos atrs haba explicitado la

reforma constitucional, y que un ao despus proclamara Casal: la rotunda

e ineludible vigencia del principio acusatorio y sus principales

consecuencias: un proceso (no slo un juicio) oral, pblico y ante un juez

imparcial, con alguna forma de participacin popular 3, y lo imprescindible de

que el mismo principio rija al proceso de inicio a fin.

La incisiva mirada de los autores inicia por postular que los lineamientos

bsicos del acusatorio para la etapa de ejecucin incluyen:

Divisin clara de los roles de requerimiento y de decisin;

Imparcialidad del juez;

Funcin ejecutiva de la pena a cargo exclusivamente del fiscal; Plena vigencia del derecho de defensa del condenado;

Audiencia oral y pblica;

Derecho al recurso;

2 HARFUCH , Andrs, VELA, Rolando y ANGULO , Durga, La vigencia del principioacusatorio en la etapa de ejecucin de la pena. Observaciones crticas al fallo RomeroCacharane de la CSJN, en F ELLINI, Zullita (dir.), Derecho de ejecucin penal. Buenos Aires,Hammurabi, 2006, pp. 127-150 3 El prrafo que el voto mayoritario de Casal dedica a la cuestin no ha sido, hastadnde s, suficientemente discutido, y bien haran las primeras espadas del juradismo enmarcarle la cancha a la Corte, para que no nos sorprenda con alternativas lavadas comoel escabinado o el jurado popular con alto riesgo de copamiento por los juecesprofesionales, como puede verse hoy en Crdoba. Vale la pena citar aqu el prrafo encuestin: Posiblemente sea necesaria -aqu s- una interpretacin progresiva para precisar el sentido actual de la meta propuesta por la Constitucin. Habra que determinar si el

jurado que ese texto coloca como meta es actualmente el mismo que tuvieron en miras los constituyentes, conforme a los modelos de su poca, o si debe ser redefinido segn modelos actuales diferentes de participacin popular.


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Participacin ciudadana 4 .

Los autores sealan los problemas conceptuales de la ley 24660,

afirmando con F ERRAJOLI y CHRISTIE que el funcionamiento del sistema de

ejecucin ni siquiera se soluciona con la participacin judicial en la ejecucin

de la pena. Seguidamente, acometen contra el entonces flamante fallo

Romero Cacharane de la CSJN 5 al que, sin negarle la trascendencia en

cuanto a la clara necesidad de control judicial de la etapa de ejecucin, le

reprochan no haber profundizado sobre los alcances de ese principio: exigir

la institucin de un verdadero procedimiento de ejecucin penal en donde se

regulen las formas que deben observarse para asegurar las garantas de esa

etapa, a plantear el escenario en que ste debe desarrollarse y, finalmente,

cules son los actores legitimados para obrar en l y si es necesario redefinir

algunas funciones o crear otras. El fallo debe ser visto como un puntapi

inicial pero el riesgo de que todo quede en mera declamacin es muy

alto

Desde all, los autores abordan la faz propositiva, postulando reemplazar

el modelo vigente (an hoy) del juez como buen inspector por el del

espacio de litigio, donde como sabemos- los derechos y garantas

funcionan mejor.

Este rpido repaso (que no debe servir de excusa para omitir la lectura

completa de aquel trabajo) me sugiere algunas preguntas que intentar

responder en estas pginas:

Est el proceso ejecutivo de la pena realmente tan de espaldas al

principio acusatorio en todo el derecho positivo argentino?

4Anotan los autores que la participacin ciudadana es consustancial al principio

acusatorio. Formulado negativamente, no puede predicarse de acusatorio un determinado sistema de enjuiciamiento sin jurados HARFUCH et al., op. cit., p. 130, nota 4. Por razonesde extensin, debo abstenerme de abonar aqu esa idea, que comparto. Bstememencionar que en el trabajo se postula someter las decisiones de mucha gravedad o degran importancia para la comunidad a un tribunal escabinado. Si esta propuesta hubiesesido oda, muchos linchamientos pblicos de jueces de ejecucin se habran evitado. Pero lamentablemente- no hemos encontrado an el modo de hacer comprender a la academiaque el sistema de jurados adems de sus virtudes republicanas- es el ms potentemecanismo de defensa de los jueces profesionales.

5 R-230-XXXIV, Romero Cacharane, Hugo Alberto s/ Ejecucin penal, Rta. 9/3/2004


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Se perciben aires de cambio en las tendencias normativas?

Es posible hacer algo por la Constitucin sin esperar la nueva

generacin de cdigos procesales y las nuevas organizaciones

judiciales y fiscales?

2. Diseo inquisitivo de la etapa ejecutoria: una pasin nacional

Una modestsima investigacin sobre todos los ordenamientos

procesales vigentes en nuestro pas permite demostrar que hasta el cdigo

ms fuertemente acusatorio de la Argentina (sin dudas, el de la provincia de

Chubut) cede a la lgica inquisitiva en el libro consagrado a la ejecucin. Ni

hablar de los ordenamientos que derechamente desconocen el principio

acusatorio (que son la mayora 6), en los que no es esperable hallar trazas

significativas de aqul principio en la etapa de ejecucin.

2.1. Indicadores

Sin pretensiones de exhaustividad, asumiendo cierto grado de

generalizacin y acaso algo de discrecionalidad, hemos identificado cinco

indicadores que creemos interesantes para medir el compromiso del modelo

de ejecucin penal con el acusatorio. Ellos son:

A. El rol de Juez de Ejecucin : adems de los beneficios queacarrea la especializacin, entendemos que separar del trmite de

ejecucin penal al tribunal que dict el veredicto y la sentencia

incrementa fuertemente la garanta de imparcialidad.

B. La exigencia de instancia fiscal : parece de toda lgica que la

primera regla del acusatorio (separacin de las funciones

requirente y judicante) exige que nunca el Juez de Ejecucin tenga

a su cargo el velar por que las penas se cumplan. Esa es (debe

ser) claramente una atribucin del Ministerio Pblico fiscal, y lo

contrario es la negacin radical de la imparcialidad. Curiosamente,

como se ver, es ste el nico indicador ausente por unanimidad.

6 Hace tiempo que en estos eventos afirmamos sin hesitacin que los mltiples cdigosmixtos que padecemos, regulan el funcionamiento de indisimulados sistemas inquisitivos


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C. Defensa tcnica obligatoria : La complejidad de las cuestiones

involucradas en esta etapa, el alto riesgo de afectacin de

derechos de las personas en contextos de encierro y el estndar

generalmente admitido para las otras fases del proceso penal

hacen evidente la necesidad de que todo penado cuente condefensa tcnica efectiva, que en la mayora de los casos no est

prevista como mandatoria, sino ms bien eventual u optativa. Es

muy interesante que en la mayora de los casos, el legislador se

preocupa de permitir expresamente (como si hiciera falta

hacerlo) la defensa en juicio que es constitucionalmente

inviolable

D. Oralidad : Es imposible asegurar imparcialidad, contradiccin y

publicidad (tres garantas esenciales del acusatorio) sin oralidad.Slo la cultura inquisitorial en que todos hemos sido formados nos

permite reconocer el trmite cansino de un expediente como un

juicio. Como sucede con las instancias previas al juicio, la

oralidad no se ha generalizado an como el modo decisorio de la

ejecucin penal, sin perjuicio de los avances que en forma casi

espontnea pueden observarse en algunas jurisdicciones.

E. Control judicial de sanciones : Las sanciones disciplinarias

aplicadas por las autoridades penitenciarias tienen directa y

principal incidencia en la pena, ya que la acumulacin de

sanciones es el principal argumento a la hora de denegar la

libertad condicional, las salidas transitorias y en general, los

beneficios que hacen a la resocializacin. No puede sostenerse

que rige el principio acusatorio ni el de judicializacin de la

ejecucin, si un tercio del tiempo en prisin (y de hecho, casi todos

los beneficios y recursos tratamentales disponibles para facilitar la

resocializacin) depende del arbitrio incontrolado de funcionarios

del Poder Ejecutivo. Sin embargo, no hay una regulacin legal

expresa (salvo excepciones) de la necesidad de que en el

procedimiento disciplinario se garantice el control judicial, en

consonancia con el conocido precedente Romero Cacharane de

la CSJN.


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2.2. El relevamiento

La Tabla 1 refleja los cinco indicadores que acabo de describir, en

relacin a los ordenamientos procesales de la nacin (actual CPPN) y los

Cdigos Procesales (y cuando corresponde, Leyes de Ejecucin penal) de

todas las provincias argentinas7

. Debo remarcar que el relevamiento seocup tan slo de la faz normativa, y no de la concreta accin de los jueces,

fiscales y defensores en cada provincia.

Provincia Juez ad

hoc

Instancia MP

necesaria

Defensa tcnica

obligatoria

Audiencias Control de sanciones

disciplinarias Buenos Aires S No S No 8 S

Catamarca No 9 No No No No

Chaco S No No No No

Chubut S 10 No S S S

Ciudad

Autnoma

No No No No No

Crdoba No No S No No

Corrientes No No No No No

Entre Ros (V) 11 No No No No No

Entre Ros (N) S No S No No

Formosa No No No No No

7 El caso de Entre Ros es especial, ya que a la fecha de preparacin de este trabajo seencuentra en pleno proceso gradual de implementacin, por lo que hay dos cdigos rigiendosimultneamente. He optado, por razn de consistencia, por relevarlos separadamente.

8 En la actualidad tres departamentos judiciales de los dieciocho que componen laprovincia, estn desarrollando experiencias espontneas de oralidad, por acuerdo entre

jueces, fiscales y defensores, sin que las conducciones institucionales de la judicatura o elMinisterio Pblico ni el Ministerio de Justicia y seguridad intervengan de ningn modo (comos sucedi con la oralizacin del procedimiento de flagrancia, que naci como plan piloto).

9 Si bien desde el ao 2000 (antes de la sancin del actual CPP) la provincia deCatamarca ha creado y tiene en funcionamiento la figura del Juez de Ejecucin Penal,curiosamente el CPP vigente desde noviembre de 2004 ignora esta realidad y vuelve aponer la ejecucin en manos del tribunal que dicta la sentencia. No sin dudas, opto porincluir a este ordenamiento procesal entre los que no tienen juez especial, en atencin a losfines de este relevamiento, que apuntan a la persistencia inquisitorial y la falta decompromiso con el acusatorio.

10 El sistema de colegios adoptado por Chubut hace que todos los jueces penalescumplan alternativamente todas las funciones. Sin embargo, se ha establecido una rotacinen materia de ejecucin, por la que un nico juez de cada colegio se ocupa en formaexclusiva de toda la ejecucin penal por perodos anuales (renovables)

11 La provincia de Entre Ros se encuentra implementando en forma gradual el nuevoCdigo Procesal Penal (Ley 9754), por lo que ambos regmenes estn vigentes a la vez, yen materia de ejecucin se han producido cambios que justifican su anlisis por separado.


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Provincia Juez ad

hoc

Instancia MP

necesaria

Defensa tcnica

obligatoria

Audiencias Control de sanciones

disciplinarias Jujuy No No No 12 No No

La Pampa S No S No No

La Rioja No No No No NoMendoza S No S No S

Misiones No No No No No

Nacin S No No No S

Neuqun No No S 13 S 14 No

Ro Negro No No No No No

Salta S No S 15 No No

San Juan S No S No S

San Luis No No No No NoSanta Cruz No No No No No

Santa Fe 16 S No No No S

Santiago del

Estero

S No S No No

Tierra del Fuego S No No No S

Tucumn No No S No S

A la hora de analizar la vigencia concreta de derechos, sera inaceptable

soslayar que en varias jurisdicciones se reconoce por va pretoriana la

vigencia de la ley 24660 ya que establece estndares muy superiores al

nivel general de regulacin de la etapa ejecutiva de las penas; incluso en la

provincia de Buenos Aires la ley 24660 se aplica por va de interpretacin

constitucional, an contra la letra expresa de la Ley provincial 12.256, de

12 El art. 516 del CPP de Jujuy dispone que el trmite de libertad condicional se har en forma secreta con intervencin del Fiscal de la Sala de la Cmara en lo Penal que correspondiera y con exclusin de letrados y otras personas. El penado se enterar de la resolucin del Tribunal; al suscribir el acta de libertad condicional . Llama especialmente laatencin que el texto provenga de una ley sancionada en este siglo.

13 Slo aparece obligatoria la intervencin de defensor de confianza u oficial al momentode la audiencia de debate de libertad condicional (art. 467)

14 La nica audiencia prevista (y que slo puede dejar sin efecto el Tribunal mediandoacuerdo de partes) es la de libertad condicional (art., 467)

15 Slo es obligatorio en el incidente de libertad condicional (art. 514)16 Como es sabido, la provincia de Santa Fe ya ha comenzado a aplicar (gradualidad

por materia) algunas normas del nuevo Cdigo Procesal Penal. Ninguna de esas normas envigencia se aplican a la etapa ejecutiva. No obstante, s est expresamente incorporada alrgimen legal provincial la ley 24660, como se dijo antes.


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Ejecucin Penal, que se declara la nica ley aplicable en el territorio de la

provincia. Sin embargo, para los fines de este trabajo slo se ha asumido

vigente la norma federal donde expresamente consta a nivel procesal una

expresa remisin o adhesin (ej. Santa Fe, que adems por va de decreto

reglamentario de la ley de adhesin puso recientemente en vigencia unReglamento del Rgimen de ejecucin de la pena privativa de libertad que

involucra algunos avances normativos aqu recogidos).

Tampoco se releva cmo y cunto efectivamente se aplica la normativa

vigente en materia de ejecucin. Aqu la dispersin es enorme (no todas las

provincias presentan una realidad homognea en sus diversas

circunscripciones), y si bien es de la mayor importancia promover

investigaciones que miren la realidad y no slo la ficcin normativa, a los

efectos de este trabajo no era necesario ni posible.

2.3. Algunas reflexiones

Surge con evidencia de este relevamiento normativo el grado de

persistencia con el que, a la hora de normativizar el procedimiento penal, las

legislaturas de nuestro pas vienen desoyendo el llamado del principio

acusatorio.

Examinemos la evidencia de cargo, poniendo de relieve algunos datos

que surgen de la tabla:

Ninguno de los modelos hoy vigentes establece la ejecucin a

cargo del Ministerio Pblico (separacin de las funciones de

acusar y juzgar, presunta primera regla del acusatorio);

Ninguno consagra siquiera la prohibicin de detener o denegar

beneficios sin peticin fiscal en ese sentido ( ultra y extra petitio );

Slo Chubut incorpora los otros cuatro indicadores propuestosBuenos Aires, Mendoza y San Juan son las nicas tres provincias

que recogen tres indicadores cada una;

Once sistemas (42,3% del total) no exhiben ninguno de los

indicadores propuestos


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Este ltimo dato es especialmente significativo: casi la mitad de los

sistemas niegan llanamente la vigencia del principio acusatorio en la etapa

de ejecucin.

2.4. Prueba no superada

3. No fueron los asesinos, fuimos nosotrosQue los dejamos morir por ser tan pocos

Tabar E TCHEVERRY , Por ser pocos

Frente a esta evidencia, tenemos dos opciones. La primera consiste en

culpar al legislador: abrazados a nuestros sesudos trabajos que publicamos

en libros que slo leen nuestros alumnos o presentamos en los congresos,

protestamos por la incomprensin de los otros, e insistimos en exigir que se

contemplen las conclusiones de los certmenes y las modernas corrientes

doctrinarias.

La otra opcin, es la de sin dejar de ser consciente de los errores

ajenos- poner en primer lugar el reconocimiento de nuestras propias

responsabilidades como procesalistas:

ninguna legislatura puede sancionar una norma compleja como un

Cdigo Procesal Penal o una Ley de Ejecucin, sin contar conexpertos en Derecho Procesal Penal que redacten el esqueleto

principal;

ergo, todos estos ordenamientos han sido escritos, al menos en

parte, por procesalistas;

si somos sinceros, ninguno de los cinco indicadores acusatorios

propuestos habra sido alcanzado por la censura de ningn

manodurismo;

es una hiptesis plausible que, simplemente, no suelen incluirseinstitutos acusatorios en ejecucin, ni siquiera en el primer

borrador.

Para ser claros: si asignramos un punto a cada indicador hecho norma

en cada uno de los veintisis regmenes procesales vigentes hoy en nuestro


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pas, sobre 130 puntos posibles, obtendremos slo 33 (algo ms de un

cuarto) O sea que, en lo que hace a la etapa de ejecucin penal, el conjunto

de los procesalistas penales argentinos (al menos la parte de nosotros que

suele ser consultada por las legislaturas) reprueba en forma inapelable (no

llega al tres) el examen de adhesin al principio acusatorio.

4. Reformas en ciernes: para todos los gustos

As las cosas, qu pasa con los nuevos ordenamientos procesales en

vas de implementacin? Y con los proyectos en discusin?

4.1. Santiago del Estero

El nuevo CPP de esta provincia (cuya implementacin por

circunscripciones se encuentra previsto inicie este ao) no implementa

cambios significativos en materia de ejecucin respecto del actual: mantiene

la figura del juez de ejecucin con facultades de revocar de oficio libertad y

otros beneficios, y la defensa tcnica obligatoria slo para incidentes de

ejecucin condicional. No exige instancia fiscal, ni prev la realizacin

obligatoria de audiencias, ni establece un procedimiento judicial de revisin

de sanciones disciplinarias.

4.2. Jujuy

El nuevo Cdigo Procesal Penal de Jujuy (cuya entrada en vigencia

tambin est prevista para este ao) prev la existencia de jueces de

ejecucin, defensa tcnica obligatoria (slo para los incidentes de libertad

condicional, art. 529), y audiencia oral obligatoria (slo para la revocacin de

la condena de ejecucin condicional, art, 528). Evidentemente, mejorarn la

situacin respecto del cdigo hoy vigente (que no contempla ninguno de los

indicadores propuestos), pero sigue manteniendo al juez como principal

ejecutor de las condenas, y los avances acusatorios son ms bien

excepcionales y no fruto de la vigencia del principio acusatorio.

4.3. Santa Fe

El nuevo CPP de Santa Fe (ley 12734) prev (como el actual

ordenamiento) un Juez (a veces llamado Tribunal) de Ejecucin; impone


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audiencias para la sustanciacin y resolucin de los incidentes, la

intervencin obligada de un defensor y la apelacin de sanciones

disciplinarias. Es decir, la vigencia plena de este nuevo ordenamiento

procesal, pondr a la provincia en el primer nivel de vigencia del acusatorio,

junto con Chubut. Sin embargo (y es de lamentar), aun impera en el Cdigoen ciernes el paradigma del juez como buen inspector. No registra

tampoco, la necesidad de peticin fiscal para revocar o denegar libertades o

beneficios. De todas formas, es indudable que la inminente entrada en

vigencia plena del nuevo ordenamiento significar, en materia de ejecucin

penal, un gran avance hacia el acusatorio.

4.4. Neuqun

El Anteproyecto de la Comisin Interpoderes de la Honorable Legislaturade la Provincia de Neuqun prev, adems del Juez de Ejecucin, la

necesidad de instancia de parte para sus decisiones, la oralidad como regla

para todas las decisiones, y la defensa obligatoria. No recoge ninguna

previsin respecto del control judicial de las sanciones disciplinarias, pero el

carcter totalmente provisional de este interesante proyecto permite confiar

en que el texto que finalmente emerja del trmite parlamentario contemple

este importante indicador acusatorio.

4.5. CPP Modelo para el NEA

El Cdigo Procesal Penal Modelo para el Nordeste Argentino es una muy

interesante iniciativa, fruto del convenio de colaboracin entre INECIP y la

Universidad Nacional del Nordeste, que pretende ofrecer una plataforma

para el despegue de los demorados procesos de reforma de Chaco,

Corrientes, Formosa y Misiones. Si bien no es tcnicamente ni un proyecto

ni un anteproyecto, est claro que el CPPM-NEA ser una cita obligada y

una fuente de los proyectos regionales de reforma.

En materia de ejecucin penal, este Cdigo Modelo prev la existencia

de un Juez de Ejecucin, la defensa obligatoria, la revisin judicial de

sanciones y la resolucin obligatoria en audiencia oral y pblica de todas las

incidencias, lo que implica necesariamente la existencia de instancia fiscal.


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4.6. Nacin

El nico proyecto de reforma al siempre viejo y caduco CPPN que tiene

estado parlamentario es el que prepar INECIP y patrocinaron legisladores

de los principales bloques, ingresado a la Cmara de Diputados en 2010.

Este proyecto, en lo que hace a la ejecucin penal, no slo recoge todos

los indicadores aqu propuestos, sino que avanza sobre un tema que parece

tab, cual es el de los derechos de la vctima en la etapa de ejecucin penal:

en el art. 326 se le reconoce expresamente el derecho a ser informada de la

iniciacin de todo planteo en el que se pueda decidir alguna forma de

liberacin anticipada del condenado o la extincin de la pena o la medida de

seguridad, siempre que lo hubiera solicitado expresamente ante el juez con

funciones de ejecucin . El reconocimiento no se limita a la mera

informacin ya que el mismo artculo dispone que en este supuesto podr

manifestar cuanto estime conveniente 17 .

Como puede verse, salvo los proyectos ms avanzados, persiste en el

escenario nacional una notable dificultad para pensar los escenarios

procesales en clave acusatoria, y se sigue poniendo en cabeza del juez la

realizacin de la ley penal, lo que no puede sino negar la regla esencial del

acusatorio, que deja el inters pblico y la accin penal en manos del fiscal o

de la propia vctima, y al juez en su rol imparcial de limitacin al poder penal.

5. Efectividades conducentes

Cmo salir de este laberinto? Aun cuando siempre ser preferente

luchar por la reforma de los cdigos procesales, ya que su poder de

determinacin cultural no es nada despreciable, hace ms de un lustro que

el movimiento latinoamericano de reforma procesal ha comprobado que las

prcticas de los operadores son el autntico campo de batalla de la reformaprofunda, y que el cambio de cdigo nada asegura.

17 No es ocioso enfatizar que a criterio del autor, la participacin de la vctima es uno delos elementos centrales del acusatorio, aunque la ausencia de su reconocimiento pleno enlas etapas centrales del proceso, ha sugerido la inconveniencia de reclamar esaparticipacin como requisito del acusatorio en ejecucin.


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imparcial funciona como un dador (o negador) de permiso: si el Estado

quiere que la pena se cumpla, que lo pida y justifique. Si pretende que la

libertad condicional se niegue, deber pedirlo y sustentarlo en prueba. Si el

penado beneficiado con la ejecucin condicional (o quien est en libertad

condicional) no cumple las reglas de conducta, la revocacin no es unaconsecuencia automtica ni puede decretarse de oficio: en toda ley penal

existe un dispositivo racionalizador de la violencia estatal que se llama

oportunidad. Alguien debe tener la responsabilidad de accionarlo o no,

conforme el inters pblico. Que en el proceso penal acusatorio, no

descansa en el juez sino en el fiscal.

6. Colofn

Propongo al Congreso declarar que

1. La vigencia del principio acusatorio en la etapa de ejecucin

est condicionada a la separacin clara y tajante de las

funciones de acusar (ejecutar la pena) de las de juzgar, para

garantizar la imparcialidad del juez de ejecucin.

2. El uso de audiencias orales, pblicas y contradictorias para

litigar y resolver todas las cuestiones de la etapa de ejecucin

penal profundiza la vigencia del proceso segn Constitucin,

y debe ser adoptado como prctica, an sin expresa previsin

legislativa.

La imparcialidad del juez es qu duda cabe- una de las primeras

derivaciones del principio acusatorio. Tambin, una condicin ineludible. Las

leyes que le imponen al juez de ejecucin (o al que hace sus veces) la

defensa del inters pblico en que las penas se cumplan, debe tenerse por

no escrita. Hasta tanto ello no suceda, el principio acusatorio ser slo ellema de un certamen acadmico.

Mar del Plata, otoo de 2011

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