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SECRETARÍA EJECUTIVA SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

SE-SINAPRED

Plan Nacional de Gestión del Riesgo

Nicaragua

Managua, Nicaragua Junio, 2010

SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN A DESASTRES • SINAPRED

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 2010-2015 2

Elaboración de informe: Sandra Zúñiga Briceño (Coordinadora), Ana Izaguirre, Arlen Martínez, Nelly Miranda y Edmundo Miranda. Secretaría Ejecutiva del SINAPRED • Junio 2010

El presente documento fue liderado por la Secretaría Ejecutiva del SINAPRED, con la participación de la Comisión Nacional de CEPREDENAC, las Comisiones de Trabajo Sectorial y Estructuras Territoriales del SINAPRED, Agencias y Organismos no Gubernamentales, Empresa Privada y Equipo Técnico de la SE-SINAPRED.



INDICE

PRESENTACIÓN……………………………………………………………..………………..……………...… pág.3

I. INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………………………….… pág.4

1.1. Contexto……………………………………………………………………………………….

pág.4

1.2. Antecedentes…………………………………………………………………….……….….. pág.4

1.3. Marco de políticas públicas………………………………………………………………… pág.9

II. MARCO CONCEPTUAL……………...…………………………………………………………......……… pág.26

2.1. Riesgo y sus factores………...………………………………………………………..….… pág.26

2.2. Riesgo consolidado, riesgo aceptable y riesgo inevitable……………………………… pág.27

2.3. Riesgo extensivo e intensivo………………………………..……………………………… pág.28

2.4. Gestión del Riesgo………………………………………………………………….………. pág.28

2.5. Los procesos de desarrollo y riesgo de desastre………………………………..……… pág.29

2.6. Relación entre riesgo de desastre y pobreza……………………………………..…….. pág.31

2.7. Hacia una Gestión Integral del Riesgo……………………………………………..……. pág.32

III. ESTADO DEL RIESGO EN NICARAGUA…………………………………………………………..……. pág.33

3.1. Marco territorial de análisis…………………………………………………………………

pág.33

3.2. Las Amenazas y vulnerabilidades………………………….……………………………... pág.35

3.2.1. Las Vulnerabilidades…………………………………………………..…...………. pág.36

3.2.2. Las Amenazas y condiciones de inseguridad de las macro-regiones.... pág.48

IV. MARCO ESTRATÉGICO DEL PNGR 2010-2015……………………………………………………….

pág.59

4.1. Principios………………………………………………………………………………….…… pág.59

4.2. Cobertura y vigencia………………………………………………………………………..… pág.61

4.3. Objetivos, ejes programáticos y actividades del PNGR 2010-2015…………………..… pág.61

4.3.1. Objetivo de desarrollo…………………………………………………………..…… pág.61

4.3.2. Ejes programáticos y objetivos estratégicos…………………………………..….. pág.61

4.3.3. Objetivos operativos y actividades………………………………………............... pág.64

V. INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO

pág.93

V. ANEXOS……………………..…..………............................................................................................. pág.111

Anexo. 1

Anexo. 2

Anexo. 3 Documentos consultados…… …………….………...…………………………………… pág.113

Anexo. 4 Glosario de siglas y acrónimos…………….……..……………………………………… pág.118



PRESENTACIÓN

La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SE-SINAPRED), presenta el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2010-2015 (PNGR), como un compromiso nacional y regional para impulsar nuevos retos a partir de las necesidades y prioridades a integrar en la agenda nacional para el período 2010-2015, sobre la base establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano orientado a la reducción de la pobreza, dentro del marco del nuevo modelo de desarrollo alternativo del Poder Ciudadano. El período 2010-2015 representa para el Sistema Nacional, en el marco de una nueva visión social y de líneas programáticas trazadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), un período de ordenamiento y repunte de la Gestión Integral del Riesgo en un contexto favorable para el establecimiento de las bases de un desarrollo sostenible y seguro, con visión de equidad social. La elaboración del PNGR 2010-2015, constituye un momento determinante para definir la ruta en materia de gestión integral del riesgo en Nicaragua, vinculando aspectos de cambio climático, gestión ambiental, gestión del agua, reducción de la pobreza, desarrollo seguro, equidad de género, entre otros. El PNGR 2010-2015, es un instrumento de planificación nacional, regional, municipal y local, que pretende sea desarrollado desde una perspectiva integradora, multisectorial e interinstitucional por las entidades de gobierno, Organismos no Gubernamentales (ONG), organizaciones locales y con la participación activa de la población en general; el PNGR 2010-2015 es la estrategia de corto, mediano y largo plazo para abordar los desafíos de la reducción de riesgos ante desastres en Nicaragua. Es el reto de nación, avanzar en las políticas, estrategias y mecanismos para incorporar la gestión integral del riesgo en la planificación del desarrollo y reducción de la pobreza a todos los niveles. Durante el primer trimestre del presente año, la SE-SINAPRED ha liderado un proceso de consulta y validación de la actualización del Plan a nivel nacional y territorial, con el concurso de los actores sectoriales e institucionales involucrados en la gestión del riesgo de desastres, municipalidades, organizaciones locales, ONG y cooperación internacional. Asimismo, se han consultado documentos e informes técnicos pertinentes, considerando su relevancia como documentos rectores en los ámbitos internacional, regional, y nacional. El PNGR 2010-2015, está estructurado en cinco capítulos. En el primer capítulo, se presenta los antecedentes sobre las políticas, estrategias y planes relevantes que han sido implementadas desde un esfuerzo multisectorial e interinstitucional oreintados a la reducción de riesgo, además, se describe el marco de políticas públicas asociadas con la gestión del riesgo. En el segundo, se expone el marco conceptual que respalda el plan; el tercero, describe el estado del riesgo en Nicaragua; y finalmente el cuarto capítulo, expone los objetivos de desarrollo, estratégicos y operativos, así como las acciones ha emprender entre el 2010 y 2015.



VI. INTRODUCCIÓN

6.1. CONTEXTO

Nicaragua, se localiza geográficamente entre la República de Honduras al norte, República de Costa Rica al sur, el mar Caribe al este y el océano Pacífico al oeste. Su extensión territorial es de 130, Km.² con una población estimada de 5.6 millones de habitantes. Después del huracán Mitch en 1998, el país ha sido afectado por otros fenómenos naturales como el huracán Félix y el Ida que han impactado principalmente en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN). Las pérdidas económicas y atención a las poblaciones afectadas se han dado por las afectaciones a inundaciones, tormentas tropicales y huracanes, que a nivel territorial han devastado zonas vulnerables; los terremotos, también han azotado la región, lo que ha significado en los últimos 39 años pérdidas de vidas, bienes materiales y económicos. Los riesgos a desastres en Nicaragua aumentan debido a tendencias sociales y ambientales tales como rápida urbanización y asentamientos humanos desordenados, construcciones mal ubicadas, infraestructura inadecuada, empobrecimiento y prácticas ambientales inapropiadas. Gran parte del riesgo local puede reducirse con una planificación apropiada, mediante la tranversalizacion de la gestión integral del riesgo, incluyendo la planificación de los usos de la tierra y el manejo de los recursos de agua y ambiente, especialmente el manejo integrado de cuencas, desempeñan un papel fundamental en la reducción de riesgos. En respuesta a los desafíos post-desastres de los últimos años, Nicaragua ha avanzado hacia el enfoque de gestión del riesgo a nivel institucional, sectorial y territorial, ajustado a la aplicación de la ley 337 y sus reglamentos. En la actualidad se están sentando bases políticas, jurídicas, programáticas, que apunten hacia una articulación entre gestión del riesgo, la gestión económica, social, ambiental, entre otras, y así desde un abordaje integral, se puedan implementar acciones orientadas reducir la vulnerabilidad y el impacto de los desastres, y por tanto contribuir a un desarrollo seguro y sostenible del país.

6.2. ANTECEDENTES En Nicaragua, el Mitch cambió el rumbo de las acciones emprendidas para responder a los desastres, dirigiendo los esfuerzos hacia su prevención; en el marco de una asistencia preparatoria y con el apoyo técnico financiero del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se diseñó una Estrategia Nacional de Reducción de Riesgos, sustentada en tres pilares fundamentales1:

1. Marco Normativo, se crea el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, Ley 337 y sus Reglamentos (General, de Asignación de Funciones y del Fondo Nacional para Desastres).

2. Marco Institucional, por Ley del SINAPRED, se crea un Comité Nacional del más alto nivel del Estado, de la Secretaría Ejecutiva por Decreto Presidencial el 5 de mayo del 2000, como la

1 SE-SINAPRED (2003). Nicaragua. Informe país MITCH +5. Managua, Nicaragua.



entidad coordinadora, ejecutora y facilitadora del SINAPRED. El Comité Nacional2 es la instancia rectora que establece las políticas, planes, dirección y coordinación de sus actividades; dispone de una Secretaría Ejecutiva3 como instancia encargada de garantizar el cumplimiento de los principios, fines y objetivos del SINAPRED, coordina las acciones de las Comisiones de Trabajo Sectoriales4 (CTS) y actúa como enlace entre los diferentes niveles de organización territorial y sectorial que lo conforman.

3. Marco Programático, se formula un Programa Nacional de Reducción de Riesgos, oficializado por el Gobierno el 19 de mayo de 2000, convertido en la carta orientadora de las acciones de prevención, mitigación y atención de desastres en el país; como base para formular posteriormente la Estrategia del SINAPRED, en febrero de 2001.

En todo ese proceso, se involucraron a las instituciones del Estado, ONG nacionales e internacionales, organismos de cooperación y sociedad civil, con la asistencia técnica y apoyo financiero del PNUD, bajo la coordinación de la Comisión Nacional de CEPREDENAC para Nicaragua, pasando posteriormente como función de la SE-SINAPRED. De esta manera, a diez años de la creación del SINAPRED, se cuenta con herramientas de planificación y estrategias relevantes que han sido concebidas desde un esfuerzo multisectorial e interinstitucional:

La Ley 337, con sus reglamentos, aprobados por la Asamblea Nacional en el año 2000, siendo el principal instrumento normativo para gestión del riesgo ante desastres en Nicaragua. Esta ley crea el Sistema Nacional, bajo un concepto altamente participativo, interinstitucional e intersectorial, según el cual todas las instituciones del Estado, desde su mandato, deben realizar acciones de gestión del riesgo.

El Programa Nacional de Reducción de Riesgos, oficializado por el Gobierno en mayo del

2000. Con base en este Programa, se formula posteriormente la Estrategia del SINAPRED, en febrero de 2001.

El Plan Nacional de Formación y Capacitación, una propuesta metodológica para trabajar la gestión del riesgo a nivel central y territorial; un compendio didáctico en Gestión Local del Riesgo; un Manual para el Centro de Operaciones de Desastres (CODE), entre otros.

El Plan Nacional de Respuesta ante Desastres, elaborado en el año 2002 y cuya oficialización se efectúa hasta el año 2008. Es un instrumento que contiene las funciones de las Comisiones de Trabajo Sectorial y las actividades necesarias para garantizar la atención adecuada ante cualquier tipo de amenaza, respuesta que debe ser planificada por cada sector y coordinada desde el CODE.

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2010-2015 (PNGR), que durante el primer trimestre del año en curso se actualiza sobre la base del PNGR 2004-2008, mediante un proceso de consulta y validación con la partipacipación de instituciones y sectores miembros del

2 Gaceta Oficial, 7 de abril de 2000, Capítulo II 3 Gaceta Oficial, 7 de abril de 2000, Capítulo III 4 Ibíd



SINAPRED, ONG, organizaciones sociales, cooperación internacional. Se han considerado las política sociales actuales, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano (2008-2012); asimismo, en correspondencia con los marcos internacionales y regionales como Marco de Acción de Hyogo (2005-2015), Plan Regional de Reducción de Riesgos a Desastre 2006-2015 (PRRD) y la Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PCGIR).

Además, la SE-SINAPRED dispone del Plan Estratégico del Quinquenio 2007-2011. En la formulación de este Plan, se identificaron objetivos estratégicos que incorporan criterios relacionado con el PNGR, el PRRD e identificación de las prioridades nacionales; insumos para identificar los principales ejes estratégicos que están acorde con los objetivos generales del GRUN, y que tiene como uno de los ejes transversales reducir la pobreza y los riesgos a desastres, como un instrumento para promover la construcción de una cultura de prevención, y potenciar estas prácticas hacia el desarrollo sostenible y seguro de la sociedad nicaragüense.

Nicaragua actualmente cuenta con el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2009-2011 (PNDH), donde se definen principios fundamentales como la equidad, la corresponsabilidad participativa, la descentralización y la municipalización, aspectos que contribuyen al trabajo intersectorial y la articulación de la gestión integrada de riesgo, desde la perspectiva económica, social y su aplicabilidad en la gestión territorial.

“El modelo de desarrollo del Poder Ciudadano permite implementar una gestión ambiental integral, informada, participativa, convirtiéndola en sinónimo de buena gestión económica, que reduzca en la medida de lo posible la vulnerabilidad ante el cambio climático acelerado por el calentamiento global, que favorezca la gestión integrada de cuencas hidrográficas, reforestación masiva, conservación de áreas protegidas, protección de la biodiversidad y la reducción de la contaminación ambiental, reduciendo el impacto de los enormes daños causados por fenómenos naturales recientes” (PNDH, pág. 19)

El trabajo realizado en función de las estrategias y planes sectoriales se enfoca desde una perspectiva integradora, tanto del desempeño de sus componentes, como de las instituciones involucradas en el trabajo de reducción de vulnerabilidades. En ese sentido, han ocurrido avances en formulación de políticas, programas y proyectos dirigidos al conocimiento y monitoreo de los riesgos, fortalecimiento de capacidades para la gestión local del riesgo, manejo de emergencias, en el desarrollo de estrategias y planes sectoriales a través de las Comisiones de Trabajo Sectoriales (CTS) del SINAPRED, la legislación ambiental, en la reducción de vulnerabilidad ante desastres de los sistemas de agua potable, mejoramiento en el enfoque multisectorial de las instituciones de gobierno y población de los territorios vulnerables. El trabajo intersectorial ha permitido avances en la revisión y apropiación de los conceptos y el repaso de los elementos de contexto del tema de desastres, siendo estos los siguientes:



Comisión de Trabajo Sectorial (CTS)

Trabajo conjunto entre: Producto o resultado: Observaciones

Infraestructura y Fenómenos Naturales

Instituciones: MTI, UNI, Gremios de Ingenieros y Arquitectos, INVUR, INETER, Alcaldía de Managua, INIFOM, Instituto Nicaragüense de Cultura, INTUR, AMUNIC.

Comisiones Sectoriales de: Fenómenos Naturales e infraestructura.

Reglamento Nacional de la Construcción, actualizado en el año 2007 (RNC-2007).

Infraestructura, Fenómenos Naturales y Medio Ambiente

Instituciones: MTI, UNI, Gremios de Ingenieros y Arquitectos, INVUR, MARENA, INETER.

Comisiones Sectoriales de: Fenómenos Naturales, infraestructura, y Ambiente.

Anteproyecto de Ley de Urbanismo (2008)

En espera de aprobación por la Asamblea Nacional.


Instituciones: MTI, UNI, Gremios de Ingenieros y Arquitectos, INVUR, MARENA, INETER.

Comisiones Sectoriales de: Fenómenos Naturales, infraestructura, y Ambiente.

Anteproyecto de Ley de ordenamiento territorial (2008)

En espera de aprobación por la Asamblea Nacional.

Infraestructura

Instituciones: INVUR, MHCP, Banco Central.

Red de vivienda (54 Organizaciones territoriales agrupadas en la red), Movimiento Comunal, Cámara de la Construcción, COSEP, CADUR.

Ley de Vivienda (2008)

Infraestructura, Fenómenos Naturales, Medio Ambiente y ONG.

Instituciones: MTI, UNI, Gremios de Ingenieros y Arquitectos, INVUR, MARENA, INETER, ONG.

Comisiones Sectoriales de: Fenómenos Naturales, infraestructura, Ambiente, ONG.

Ley 217 “Ley General del Ambiente y Recursos Naturales” y sus correspondientes reglamentos y normativas específicas.

Fenómenos Naturales, Medio Ambiente y ONG.

Instituciones: UNAN, UNI, Gremios de Ingenieros y Arquitectos ambientalistas, MARENA, INETER, ONG, INVUR.

Comisiones Sectoriales de: Fenómenos Naturales, Ambiente, ONG.

Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático.


Instituciones: MTI , UNI,Gremios de Ingenieros y Arquitectos, INVUR, OPS/OMS


Disposición Ministerial (2007) de diseños de viviendas mínimas en zonas afectadas por impactos intensos de huracanes.


Instituciones: FISE, UNI, Gremios de Ingenieros y Arquitectos, INVUR, INETER.


Sistema de Gestión Ambiental con instrumentos de evaluación de emplazamiento y análisis ambiental.

Infraestructura, Fenómenos Naturales, Salud y Educación

Instituciones: MTI, UNI, Gremios de Ingenieros y Arquitectos, MINSA, MINED, INETER, ONG.

Comisiones Sectoriales de: Fenómenos Naturales, Infraestructura, Salud, Educación.

Capacitación en la aplicación del Instrumento de Índice de Seguridad Hospitalaria al personal de hospitales.

Capacitación en la aplicación del instrumento en medidas de mitigación para escuelas seguras.

Infraestructura y Comisión de Operaciones Especiales.

Instituciones: UNI, Defensa Civil, Ejército de Nicaragua.

Comisiones Sectoriales de: Ambiente, Infraestructura, Operaciones Especiales.

Diplomado en Gestión del Riesgo, dirigido al personal de Defensa Civil y Comisión de Operaciones Especiales.


Instituciones: MTI, FISE, ENACAL, ENAP, INE, Gremios de Ingenieros y Arquitectos, UNI, INVUR, INETER, MARENA, ONG.

Comisiones Sectoriales de Fenómenos Naturales, Infraestructura y Medio Ambiente.

Estandarización de formatos para la evaluación de daños post huracanes y lluvias intensas.

País Instituciones de Gobierno SE-SINAPRED, INETER, Defensa Civil.

Existencia de una Comisión Nacional de CEPREDENAC que funciona desde antes de ser concebida la Ley 337 del SINAPRED (2000).

País Instituciones UNI, UNAN/CIGEO, UCA. Oferta programática de cursos pre y postgrado sobre gestión del riesgo.

País Instituciones: SE-SINAPRED, MARENA CONAPAS (con las instituciones que la conforman)

Articulación de sectores en la gestión del riesgo.

País Instituciones, asociaciones, organizaciones sociales.

Fortalecida la participación ciudadana en la preparación y atención de desastres.

Fuente: SE-SINAPRED. Documento País Mitch +10 Nicaragua. Julio, 2009.



Nicaragua, ha tenido una participación activa en los foros internacionales y regionales, así como en la construcción de políticas, estrategias y planes orientados a la reducción de riesgo a desastres; todo ello, en cumplimiento con los compromisos y el desarrollo de acciones en correspondencia con las estrategias internacionales expresadas en el Marco Estratégico para Reducción de Vulnerabilidad y el Impacto de los Desastres, el Marco de Acción de Hyogo y el Plan Regional para Reducción de Desastres. En ese sentido, Nicaragua participó activamente en la actualización del Plan Regional de Reducción de Riesgos a Desastre 2006-2015 (PRRD), impulsado por CEPREDENAC en el año 2006; el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Nicaragua (2004-2010), fue uno de los documentos revisados durante la elaboración del PRRD. La Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgos promovida por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD), se basa en el SINAPRED que es el principal referente institucional nacional para la implementación del MAH. Nicaragua participó en la Segunda Sesión de la “Plataforma global de reducción de riesgo de desastres”, efectuada en junio de 2009 en Ginebra. Como resultado de la consulta nacional, Nicaragua presentó el Documento País Mitch +10 en el Foro Centroamericano Mitch +10 “Hacia una política centroamericana para la gestión integrada del riesgo: Un desafío regional diez años después del MITCH”. Este foro, ha constituido un momento determinante para definir la ruta en materia de gestión integral del riesgo en la Región, cuyo resultado ha sido la construcción de la propuesta de una Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo.

6.3. EL MARCO DE POLÍTICA PÚBLICA La política que da la base fundamental al proceso del Plan Nacional de Gestión del Riesgo es la Ley 337, del 2000. Esta crea el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) y le mandata elaborar un Plan Nacional. Dada la característica estructural del riesgo, con una causalidad que es intrínseca a los procesos y modelos de desarrollo, en el conjunto de políticas públicas que lo rigen es donde se encuentran también las opciones para la reducción del riesgo. Las siguientes son políticas que dan la base para la reducción y control del riesgo y, por tanto, a este plan:

Plan Nacional de Desarrollo Humano

El Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) 2009-2011 es el Programa de Gobierno que responde a la necesidad del pueblo nicaragüense para erradicar la pobreza y lograr el bienestar humano de la nación, con este accionar se inicia la elaboración del PNDH cuyas bases están cimentadas desde el pronunciamiento del pueblo en las elecciones de 2006, donde se realizaron las primeras consultas a este documento. El PNDH 2009-2011, analiza el contexto del modelo económico heredado y de las nuevas perspectivas de cambio social con la implantación del modelo de desarrollo alternativo del Poder Ciudadano más justo y democrático. Demuestra las acciones que han propiciado la degradación de



los recursos naturales, así como las políticas de gobiernos anteriores que han frenado la apertura productiva del país, donde el nivel de pobreza se ha acrecentado. El Modelo de Desarrollo del Poder Ciudadano, es un modelo integral y humanista que tiene a mujeres y hombres como sujeto fundamental del desarrollo. El PNDH apunta hacia “un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, proceso que para que sea sostenible, debe fomentar el desarrollo y protección de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente para nuestra generación y futuras generaciones. A la vez, dicho proceso implica el progresivo rescate de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos”. Partiendo del análisis de vulnerabilidad y del establecimiento de una línea de base nacional sobre la situación ambiental, social y económica heredada de gobiernos anteriores, el actual PNDH de forma novedosa planea la transversalización de nuevos ejes de trabajo hacia los cuales se construye el modelo de poder ciudadano con lo que se contribuirá a la erradicación de la pobreza en todos sus ámbitos de alcance:

1. Defensa de la naturaleza y el medio ambiente 2. Independencia, soberanía, rescate y afirmación de la identidad nacional 3. Seguridad y soberanía alimentaria 4. Reconciliación y unidad nacional para el desarrollo y el combate a la pobreza 5. Equidad de género y derechos de la niñez y la juventud 6. Descentralización del Estado y fortalecimiento del poder ciudadano y de los municipios 7. Restitución de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales 8. Autonomía y desarrollo de la Costa Caribe 9. Relaciones respetuosas con todos los pueblos, Unión Centroamericana, Latinoamericana y

Caribeña y Democratización del orden internacional. 10. Cooperación Externa con liderazgo nacional y soberanía

La selección de estos ejes de trabajo visualiza de forma holística y sistémica el crecimiento social y económico, permitiendo el aumento de la capacidad adaptativa, la reducción de la vulnerabilidad y el riesgo asociado. Es de especial importancia destacar que el PNDH encamina soluciones a corto, mediano y largo plazo en los distintos niveles sociales, sectores, gobiernos regionales, identidades culturales; desde el fomento de políticas macroeconómicas que benefician al sector privado, hasta la práctica de políticas de transformación socioeconómica como el Programa Usura Cero y el Banco de Fomento “Produzcamos”. Otro aspecto de gran interés ha sido la incorporación del componente de equidad social, que fortalece una política social que rescata los derechos básicos de las personas orientados a la educación, agua, salud, seguridad social, trabajo y vivienda. La implementación de las distintas políticas y acciones estratégicas del PNDH, contribuyen al mejoramiento de los indicadores socioeconómicos y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; el manejo adecuado de los indicadores socioeconómicos para la identificación de áreas amenazadas y poblaciones vulnerables, fortalecerá las acciones futuras sobre medidas de reducción de riesgo y su alcance en el actual Plan Nacional de Gestión del Riesgos. En el capítulo seis sobre políticas y programas estratégicos del PNDH, en la política del GRUN en cuanto a los desastres de origen natural y antrópico, se expone la necesidad urgente de reducir los



niveles de daños provocados por los fenómenos naturales o por la actividad humana, lo cual pasa ineludiblemente por reducir las vulnerabilidades socionaturales, estructurales y económicas, entre otras, que aquejan a la población y por ende al país. Para ello se requiere incorporar en el eje transversal de la planificación nacional para el desarrollo humano, las estrategias y políticas de una gestión integrada del riesgo, actuando sobre las causas que los producen, mitigando el posible impacto y preparar las condiciones para la respuesta, permitiendo de esta manera transformar y crear condiciones más seguras para la sociedad, el medio ambiente y la economía e ir propiciando escenarios de desarrollo seguros y sostenibles, en el ámbito nacional, territorial y sectorial. Deben definirse las causas y los factores que generan riesgos, por tanto las acciones de prevención de desastres deben dirigirse de manera intersectorial y multidisciplinariamente, que refuercen las iniciativas nacionales de reducción de la pobreza, tendientes a facilitar el acceso a servicios sociales a la población vulnerable y contribuir al pleno desarrollo de la sociedad nicaragüense. El PNDH plantea que la estrategia a desarrollar con la participación activa de la ciudadanía se basa en los siguientes lineamientos (PNDH, 2009:107,108)

a. Crear condiciones organizacionales, de planificación, capacitación, sensibilización y compromiso de todos los actores institucionales y sociales, en estricto apego a las leyes.

b. Contribuir a la inserción de la temática de gestión integrada de riesgos en todos sus procesos de la vida económica y social de la nación, tales como: la prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción dentro de los planes estratégicos institucionales, sectoriales y territoriales.

c. Promover la construcción de una cultura de prevención en la población y en todos los sectores sociales e institucionales del país y fortalecer la capacidad local en las diferentes fases de la gestión del riesgo.

d. Elevar la eficacia del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y atención de Desastres (SINAPRED), con la formación de recursos humanos, obtención de recursos financieros, materiales y tecnológicos, que aseguren una administración eficiente de riesgos.

e. Articular la gestión ambiental y de riesgos, a fin de dirigir esfuerzos para la reducción de vulnerabilidades y los posibles impactos de los fenómenos, cualquiera sea su origen. Se deben hacer ingentes esfuerzos, para tomar las medidas de adaptación al cambio climático e implementar políticas de transferencia del riesgo.

Estrategia de Reducción de la Pobreza

Así mismo, el PNDH 2009-2011 plantea como principal meta la Estrategia de Reducción de la Pobreza; se encuentra constituido por cuatro componentes: política de necesidades, política de ingreso, política de apoyo y política del poder ciudadano; su implementación de forma integral ayudan a reducir la brecha de pobreza nacional, donde la ciudadanía y comunidades organizadas tienen la posibilidad de articular sus propias demandas, promover sus propios intereses y defender sus propios derechos. Políticas de Necesidades, consiste en políticas de alimentación y nutrición, agua potable y saneamiento, salud y educación gratuitas y de calidad, medio ambiente sano y protegido, cultura popular y de superación, deporte, vivienda digna, seguridad energética a precios accesibles.



Políticas de Ingresos, nacionales y familiares se logrará a través de políticas de producción agropecuaria, forestal, de pesca, minera e industrial, de medianos y pequeños y artesanos y cooperativas, red vial, caminos de producción y transporte confiable, seguro y a precios accesibles, reinstalación del ferrocarril, acceso al agua de riego a precios razonables, apoyo de un Banco de Fomento a la Producción, asistencia técnica y mercados seguros, turismo para generar empleo y mejorar el nivel de vida, comercio justo y mayores ingresos familiares y subsidios que reducen los gastos familiares de los pobres. Políticas de Poder, su definición operativa consiste en políticas de seguridad humana, descentralización y fortalecimiento municipal, derechos humanos, y participación ciudadana. Además, también existen políticas de apoyo necesarias para la realización de las políticas sustantivas. Su definición operativa consiste en políticas de financiamiento interno y externo, inversiones internas y externas, fortalecimiento institucional, fortalecimiento legal y políticas de género, juventud, niñez y tercera edad; todo ello plasmado en planes, programas, proyectos y actividades. La Estrategia de Superación de la Pobreza del Modelo de Desarrollo del Poder Ciudadano, plantea mejorar la calidad del nivel de vida de los nicaragüenses mediante la satisfacción de necesidades, la generación de ingresos y la construcción del Poder Ciudadano mediante la participación ciudadana, para desarrollar una Nicaragua próspera con equidad, justicia y paz, desde la perspectiva ambiente, sociedad y servicios, todo ello ejercita en la población el ánimo de generar un ambiente adecuado que responda de forma efectiva a las lineamientos estratégicos que articuladamente contempla el Plan Nacional de Gestión del Riesgos.

La Política de Protección Social

La Política de Protección Social en el nuevo contexto del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) impulsa un modelo de restitución de los derechos sociales con atención familiar integral, bajo un enfoque preventivo y con una visión de desarrollo que corresponden con los articulados de la Constitución Política sobre los derechos de la población nicaragüense. Esta Política define a las poblaciones vulnerables, como aquellos grupos de población que por razones estructurales están excluidos de la cobertura de las políticas universales. Plantea una serie de acciones orientadas a reducir la pobreza de los grupos económicamente vulnerables y socialmente marginados, mediante la disminución de sus niveles de exposición a riesgos imperantes y un aumento de sus capacidades para protegerse ellos mismos contra impactos futuros y para generar suficiente ingreso para salir de la pobreza. Así, la pobreza tiene relación con la vulnerabilidad, la cual es entendida como un proceso multidimensional que confluye en el riesgo que tiene la población para incorporarse a partir de sus propias capacidades a un proceso dinámico y sustentable de desarrollo. Por lo tanto, el ámbito de acción de esta política es la promoción de acciones sostenibles para incorporar a las personas, familias y comunidades en condiciones de vulnerabilidad, en la actividad productiva y la minimización de los daños que generan las crisis sobre la población más vulnerable



(niñez y adolescencia, personas discapacitadas, mujeres, adultos mayores, hogares pobres, comunidades indígenas). Para ello, dentro del Plan Nacional de Desarrollo Humano se establecen programas cuya finalidad es la restitución de los derechos sociales de las personas:

Programa amor, aseguramiento de centros de atención especializada para niños, niñas y adolescentes con alto riesgo.

Programa casas para el pueblo, estrategia de subsidios directos según nivel de ingresos con bajas tasas de interés para el acceso, construcción y mejoras a las viviendas de interés social.

Propuesta de Plan Nacional de trabajo digno, creación de empleo productivo para mujeres y jóvenes.

Plan de Inversión Pública, mejores opciones de prioridad para la formulación, ejecución y seguimiento de proyectos sociales en salud, educación, agua y saneamiento.

Programa de salud, gratuidad de los servicios en los sistemas públicos de salud y suministros de medicamentos para aumentar la cobertura y la atención a la población.

Programa educativo, aseguramiento del derecho y acceso a la educación básica y media de calidad, gratuita, integral y obligatoria.

Programa usura cero, fomento al desarrollo de micro negocios en mujeres que habitan zonas urbanas a través del otorgamiento de microcréditos

Programa hambre cero y bono productivo, capitalización al segmento de familias rurales (mujeres cabeza de familia) con extensiones entre 1 y 10 mz empobrecidas, para que de acuerdo a sus posibilidades generen ingresos que les permita mejorar sus condiciones de vida.

Programa defensa de la produccion, crecimiento y empleo, contempla una serie de medidas de corto plazo para la estabilidad financiera, cooperación externa, inversion pública, apoyo a la producción y la inversión privada, empleo solidario y austeridad fiscal.

La práctica sistémica de todos estos programas que plantea el PNDH, conducen a reducir el nivel de vulnerabilidad y el riesgo asociado a las condiciones socioeconómicas imperantes en el medio, creando un ambiente más digno para la población nicaragüense y el terreno idóneo para la ejecución de las acciones del Plan Nacional de Gestión del Riesgo. La puesta en marcha de estos programas sociales han requerido de la instauración de un nuevo marco legal e institucional que responda a los intereses de la población, tal es el caso del sector vivienda, para quien el GRUN creó la Ley No. 6675, Ley especial para el fomento de la construcción de vivienda y de acceso a la vivienda de interés social, y su reglamento (Decreto 50-2009) cuyo objetivo es fomentar y promover la construcción de viviendas, con énfasis en las viviendas de interés social a través del sector privado o cualesquiera de las empresas que se organicen bajo las formas de propiedad establecidas en la Constitución Política de la República de Nicaragua.

5 Ley No. 677, aprobada el 29 de Abril del 2009. Publicada en Las Gacetas Nº 80 y 81 del 4 y 5 de mayo del 2009.



En el artículo 32 de la misma Ley, sin perjuicio de las funciones asignadas en la Ley No. 337 "Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres" y demás normas conexas, el SINAPRED tiene por rol, demandar que se prevean en los diversos proyectos habitacionales todos los programas y medidas de protección civil, en caso de cualquier eventual desastre, por lo que se deberá de considerar con oportunidad y suficiencia las acciones de previsión tanto en los modelos como en la construcción de las viviendas y sus entornos. De igual manera, en el artículo 72 del Reglamento6 de la Ley 677, establece la participación del SINAPRED, específicamente en los proyectos habitacionales, dícese “La participacion del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) en los proyectos habitacionales, se llevará a efecto en el marco de la ventanilla única de conformidad con los manuales de procedimientos que se establezcan al efecto para el funcionamiento de esta dependencia y en el marco de lo establecido en la Ley No. 337 “Ley Creadora del Sistema Nacional para la Prevencion, Mitigacion y Atencion de Desastres”. El marco legal para acceder al programa de viviendas de interés social se complementa con la Ley 457, Ley de Funcionamiento, Normativa y Procedimientos del Fondo Social de Vivienda (FOSOVI)7, el cual tiene como propósito el otorgamiento de subsidios para acceder a este beneficio canalizado directamente por el Instituto de Vivienda Urbana (INVUR), órgano rector de la vivienda urbana y rural y promotor del fortalecimiento del sector en todo el territorio nacional. La implementación de medidas para combatir la pobreza ayuda a reducir los niveles de vulnerabilidad social. Los programas de gobierno de lucha contra la pobreza actualmente están ejerceciendo presión de forma positiva sobre el contexto socioeconómico lo cual viene complementar el accionar de las líneas estratégicas impulsadas por el Plan Nacional de Gestión de Riesgo articuladamente.

Ley de Participación Ciudadana

La Ley de Participación Ciudadana8 (Ley 475) y su Reglamento (Decreto 8-2004), garantiza el derecho de la participación ciudadana en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y la gestión estatal, norma la participación en los asuntos nacionales y locales estableciendo el ámbito de participación y los procedimientos relacionados. El manejo de la gestión pública y la gobernabilidad del Estado en Nicaragua deben hacerse de forma transparente, siendo la participación ciudadana un elemento determinante y efectivo para ello, regulada con el objetivo de perfeccionarla, lo que representa una legitimación constante de los actos de gobierno.

Existen una diversidad de prácticas referidas a la participación ciudadana, que se vinculan al quehacer del espectro público del Estado en toda su dimensión, las que merecen ser reguladas y sancionadas jurídicamente por el gobierno. Actualmente, la gestión pública no puede ser concebida sin la participación directa y permanente de la ciudadanía, dado que esto constituye y exige uno de los aspectos del nuevo papel del Estado: apoyar la transformación de los modelos y concepciones

6 Reglamento de la Ley No. 677. Decreto Ejecutivo No. 50-2009, aprobado el 6 de julio del 2009, publicada en las Gacetas No. 140 y 141, del 28 y 29 de julio del 2009. 7 Ley No. 457, aprobada el 4 de junio del 2003. Publicada en La Gaceta No. 117 del 24 de junio del 2003. 8 Ley No. 475. Aprobada el 22 de octubre del 2003 y publicada en La Gaceta No. 241 del 19 de diciembre del 2003.



tradicionales sobre la manera de gobernar y convertir a los ciudadanos en protagonistas de los procesos de transformación de la sociedad nicaragüense y sus diferentes modalidades en la gestión, desde las comunidades de la nación. La Ley garantiza la participación ciudadana en la formulación de políticas públicas locales. Se establece la integración de los Comités de Desarrollo Municipal (CDM), su composición y funcionamiento. Para la elaboración de la estrategia, del plan de desarrollo y del plan de inversión de cada gobierno municipal, las autoridades locales están obligadas dentro de treinta días hábiles a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, a consultar al respectivo Comité de Desarrollo Municipal, en conformidad con lo establecido en la Ley de Municipios y la Ley de Régimen Presupuestario Municipal. En la Ley se establece que los pobladores de cada una de las demarcaciones territoriales tienen derecho a participar y a ser escuchados durante el proceso de la toma de decisiones por las autoridades locales, sobre ternas que resulten importantes para la comunidad y sus pobladores. Se establece la consulta popular con el fin de conocer la opinión del conjunto de habitantes o pobladores del municipio sobre aquellos aspectos que pudiesen incidir en la gestión y el desarrollo local. Se aborda la participación comunal en la formulación de la estrategia, el plan de desarrollo y el plan de inversión; donde cada gobierno municipal hará uso de los mecanismos establecidos en la Ley de Municipios y su Reglamento y lo establecido en la Ley de participación ciudadana. La Ley de Participación Ciudadana permite a la ciudadanía ser parte de la consolidación del Estado de Derecho, y desde el Plan de Nacional de Gestión del Riesgo, es el instrumento jurídico eficaz con el cual la población, desde sus propias necesidades, aportará los criterios, lo validará y exigirá su cumplimiento, así como la implementación de políticas y medidas que conlleven a la mitigación del riesgo. De igual manera la Ley de Participación Ciudadana le permite al PNGR, incluir su propio control y seguimiento desde la sociedad civil, promoviendo la incorporación de la gestión del riesgo desde la gestión del desarrollo, en todos los ámbitos territoriales. Considerando que la Constitución Política de 1987 estableció en el Título I, Capítulo Único, artículo 2 como un Principio Fundamental que “La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de los instrumentos democráticos, decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación” y que “El Poder Político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes... y podrá ejercerlo de manera directa”. Sobre la base de los principios fundamentales del carácter representativo y participativo de nuestro sistema democrático constitucional, se fortalece la institucionalización ya establecida creándose Los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano bajo Decreto Ejecutivo No. 112-20079, a fin de que el pueblo nicaragüense en el ejercicio de la democracia participativa y directa de los diferentes sectores sociales del país, se organicen y participen en el desarrollo integral de la nación de manera activa y apoyen los planes y las políticas del Presidente de la República encaminadas a desarrollar estos objetivos. De esta manera bajo el amparo que la Constitución Política otorga de crear comisiones o consejos para hacer efectivo el ejercicio del derecho de organización del pueblo, los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano se establecen en apoyo a las políticas del Presidente de la República donde el

9 Decreto No. 112-2007. Aprobado el 29 de Noviembre del 2007 y publicado en La Gaceta No. 230 del 29 de noviembre del 2007.



pueblo será el que gobierne para que conjuntamente se combata la pobreza y el desempleo heredado de las administraciones anteriores. En ese sentido, los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano (GPC) tendrán presencia en las comunidades, comarcas, barrios, distritos, municipios, departamentos, regiones autónomas y a nivel nacional, debiendo de existir en cada una de ellos un (a):

1. Coordinadora/or de Promoción de Derechos de Ciudadanía (capacitación). 2. Coordinadora/or de Comunicación y Propaganda. 3. Coordinadora/or de Seguridad Ciudadana, Intercambios comunitarios y solidaridad. 4. Coordinadora/or de Derechos de la Mujer. 5. Coordinadora/or de Derechos de Ias/os jóvenes y niñas/os. 6. Coordinadora/or de Derechos de Adultos Mayores. 7. Coordinadora/or para Salud. 8. Coordinadora/or para Educación. 9. Coordinadora/or para Medio Ambiente. 10. Coordinadora/or para Transporte e Infraestructura. 11. Coordinadora/or para Desarrollo Rural. 12. Coordinadora/or para Cultura. 13. Coordinadora/or para Deporte. 14. Coordinadora/or de Propuestas hacia los Gobiernos Locales. 15. Coordinadora/or de Programa y Proyectos de Promoción de Empleo, Auto-Empleo y trabajo

comunitario. 16. Coordinadora/or General. 17. Todos aquellos (as) otros (as) que ellos mismos decidan.

La Política Ambiental de Nicaragua

La Política Ambiental de Nicaragua, aprobada por Decreto 25-2001 se establece con el objeto de orientar las acciones de la Administración Pública en todos sus niveles y de la sociedad civil en general, a fin de preservar, mejorar y recuperar la calidad ambiental propicia para la vida, garantizando una gestión ambiental armonizada con el crecimiento económico, la equidad social, el mejoramiento de la calidad de vida y la preservación sustentable del medio ambiente. Corresponde al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) formular, proponer y dirigir la presente política de manera coordinada con el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR) y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC).

La Política Ambiental establece entre sus principios rectores que el uso sostenible de los recursos naturales y la Biodiversidad contribuyen a mejorar la calidad de la vida reduciendo la brecha de pobreza y vulnerabilidad ambiental y que el criterio de prevención debe prevalecer sobre cualquier otro en la gestión ambiental. En cuanto a los lineamientos específicos que propone se pueden citar los siguientes por su relación con el Plan Nacional de Gestión de Riesgos:



El Estado propiciará el desarrollo del SINAPRED, con especial énfasis en el pronóstico, monitoreo de riesgos, mecanismos de alerta temprana, respuesta rápida y alivio de daños ambientales.

El Estado junto a la sociedad civil promoverá un modelo de desarrollo equilibrado que asegure el mejoramiento de calidad de vida de la población, principalmente de grupos sociales más vulnerables.

El Estado promoverá la creación de un Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) que permita determinar la situación ambiental y la toma coordinada y concertada de decisiones.

El Estado promoverá la descentralización y el desarrollo de la capacidad local en la gestión ambiental mediante la transferencia de funciones, recursos y autoridad.

El Estado garantizará la incorporación de la variable ambiental en el análisis de costo/beneficio para la priorización de las inversiones públicas.

El Estado garantizará la aplicación de una regulación ambiental eficiente, que obligue a quienes degraden el medio ambiente a asumir los costos sociales de dicha alteración.

El Estado dará prioridad a la gestión preventiva y aplicará el principio de precaución en la aplicación del sistema de permisos y evaluación de impacto ambiental.

El Estado velará por la protección, desarrollo, manejo y conservación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, para la conservación de la biodiversidad, protección de las fuentes de agua, prevención de desastres naturales10 y desarrollo de alternativas económicas.

Su estrecha relación con el planteamiento del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH) en materia ambiental será “el desarrollo sostenible desde la defensa, protección y restauración del ambiente” lográndose a través del cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:

a) Proteger nuestras principales reservas de agua de la contaminación, asegurando su calidad con el manejo participativo de los recursos naturales de las cuencas en el seno de los consejos y gabinetes del poder ciudadano.

b) Asegurar la defensa de los recursos humanos del mar y ambientes marinos. c) Reducir el proceso de destrucción y degradación de nuestros recursos boscosos a través del

crecimiento de la cobertura forestal por la vía de la reforestación, conservación de las áreas protegidas y fomentando la creación de corredores biológicos.

d) Promover la conservación de la biodiversidad y la convivencia, vigilancia y el aprovechamiento sostenible de las áreas protegidas por parte de los pobladores organizados en el poder ciudadano, empresarios y organismos que trabajan en las áreas y sus comunidades aledañas.

e) Propiciar un medio ambiente sano para la población nicaragüense garantizando la armonía entre el desarrollo socioeconómico con el cuido del medio ambiente.

f) Preparar a la población organizada en el poder ciudadano para mitigar la vulnerabilidad y adaptarse al cambio climático.

g) Motivar un cambio de actitud positiva de la sociedad hacia la conservación del medio ambiente y los recursos naturales del país.

10 La Secretaría Ejecutiva del SINAPRED promueve un enfoque integral de los desastres, abordándolos desde las causas que los generan, las cuales no son enteramente naturales; por tanto, no se considera pertinente el uso del término “desastres naturales”



Estos objetivos se consolidarán con la puesta en marcha de las políticas ambientales que contempla el PNDH 2009-2012, en correspondencia con la Constitución Política, la Ley General del Medio Ambiente (Ley 217) y su reglamento, así como otras normativas nacionales e internacionales, para ello, tales políticas contemplan los siguientes lineamientos:

1. Conservación de fuentes de agua, a través de la Ley de aguas, su política y comités de agua.

2. Protección y desarrollo de recursos costeros, respaldada por la Ley para el desarrollo de las zonas costeras.

3. Uso productivo racional del agua. 4. Conservación y manejo de las áreas protegidas y biodiversidad. 5. Protección y desarrollo forestal. 6. Campaña Nacional de Reforestación. 7. Manejo Sostenible de la Tierra, en cumplimiento a la Convención de lucha contra la

Desertificación y Sequía. 8. Control y reducción de la contaminación, cumplimiento al Protocolo de Montreal. 9. Manejo integral de desechos sólidos. 10. Adaptación y mitigación al cambio climático, cumpliendo con los compromisos de la

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 11. Educación ambiental a todos los niveles.

Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria

Esta política obedece principalmente al artículo 63 de la Constitución Política “es derecho de los nicaragüenses estar protegidos contra el hambre. El estado promoverá programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución equitativa de los mismos”, y responde a los compromisos de País, adquiridos en la Cumbre Mundial de Alimentación celebrada en Roma en 1996. La Política de Seguridad Alimentaria tiene por objetivo lograr la seguridad y soberanía alimentaria nutricional de la población, mediante el suministro de servicios adecuados a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias que garanticen el uso sostenible de los recursos naturales y se sometan normas, procedimientos y regulaciones que estimulen la producción y productividad de alimentos, priorizando los de consumo básico, en un esfuerzo articulado que dinamice en el sector rural a lo pequeños y medianos productores (as) particularmente, a las mujeres. Sus principios rectores atienden los cuatro pilares en que se fundamenta la seguridad alimentaria y nutricional (disponibilidad de alimentos, acceso, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos) al igual que los lineamientos estratégicos:

Incremento de la producción y diversificación de alimentos Orientación de acciones para la inclusión de la población al derecho de la alimentación Desarrollo de capacidades a través del mejoramiento de las prácticas de consumo Promoción de prácticas higiénicas para el mejor aprovechamiento de alimentos



Esta política ha sido diseñada en respuesta a la problemática de alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria nutricional y desnutrición crónica infantil de la población nicaragüense. Sus instrumentos están vinculados con el PNDH 2009-2012, compromiso que tiene el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional con el pueblo, para hacer efectivo el combate a la pobreza, el hambre y la desnutrición, especialmente en zonas rurales a través de la ejecución de diversos programas productivos tales como:

1. Programa Hambre cero 2. Programa Usura Cero 3. Programa Nacional de Alimentos 4. Programa de Apoyo a los micros y pequeños empresarios (PROMIPYME) 5. Funcionamiento del Banco de Fomento de la Producción (PRODUZCAMOS) 6. Fortalecimiento de ENABAS para acopio y distribución a precios justos con apoyo del Poder

Ciudadano 7. Programas ALBA, Cocinas y tanques de gas para las familias pobres a bajos precios 8. Programa Forestal Nacional 9. Programa Nacional de Agroindustria Rural 10. Redes de distribución de pulperías con el apoyo del Poder Ciudadano

Esta armonización de instrumentos, política y plan nacional, en la práctica contribuye a garantizar el acceso y disponibilidad de los alimentos, y la reducción de la alta vulnerabilidad de la producción ante los fenómenos climáticos, iniciativas que hábilmente facilitarán el camino del Plan Nacional de Gestión de Riesgos. De igual manera, la recientemente aprobada Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional11 (Ley No. 693) refuerza estos instrumentos políticos, en donde se:

Propicia las condiciones que inciden en el mejoramiento de la producción interna de alimentos.

Alivia la pobreza, el hambre, la marginación, el abandono y la exclusión de la población. Facilita el acceso permanente de las personas a los alimentos inocuos y culturalmente

aceptables. Establece una educación basada en la aplicación de prácticas saludables de alimentación

sana y nutritiva, recreación y cuido del medio ambiente. Disminuye los índices de deficiencia de micro-nutrientes y la desnutrición proteínica-

energética. Garantiza la calidad del control higiénico sanitario y nutricional de los alimentos. Ordena y coordina los esfuerzos que realizan instituciones estatales, privadas, nacionales e

internacionales.

La presente Ley, tiene por objeto garantizar el derecho de todas y todos los nicaragüenses de contar con los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos acordes a sus necesidades vitales; que estos sean accesibles física, económica, social y culturalmente de forma oportuna y permanente asegurando la disponibilidad, estabilidad y suficiencia de los mismos a través del desarrollo y rectoría por parte del Estado, de políticas públicas vinculadas a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, para su implementación.

11 Ley No. 693, aprobada el 18 de junio del 2009 y publicada en La Gaceta No. 133 del 16 de julio del 2009.



La Política de Género

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), impulsando la igualdad entre hombres y mujeres ha definido una política de género, que evite la discriminación sexual, a través de medidas y acciones afirmativas que reduzcan las brechas existentes en todos los ámbitos de la administración pública. Es una necesidad que la mujer sea incluida en todos los espacios, respetada y valorada en su entorno, por su invaluable aporte en la construcción de una sociedad más justa y desarrollada socioeconómicamente. Precisamente, ese es el reto del GRUN plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano y que deberá ser adoptada en todas las políticas de las instancias nacionales, lo que conlleva su indiscutible incorporación de forma estratégica en el Plan Nacional de Gestión de Riesgos. La perspectiva conceptual de género en el marco de su política implica visibilizar la condición de las mujeres respecto a los hombres, detectar las causas y los efectos de la desigualdad, planificar acciones para modificar esta situación e Impulsar procesos que favorezcan el empoderamiento de las mujeres y fortalezcan su participación en la toma de decisiones a razón de su incorporación en las políticas públicas. La equidad de género conlleva a crear los sistemas que les permitan tanto a hombres como mujeres en igualdad de condiciones, tener las mismas oportunidades para acceder, usar y controlar derechos, recursos y beneficios, por lo que la Política de Género propone ser un eje transversal a todos los niveles de la sociedad, a la visión institucional, en la prestación de servicios, en la gerencia, la planificación, reclutamiento y selección de personal, convenios colectivos, capacitación, remuneración, asignación de tareas, supresión de lenguaje discriminatorio, y sobre todo “el no abuso de poder”. Por lo anterior, el PNDH 2009-2011 incorpora la Política de Género como uno de los ejes fundamentales del modelo del Poder Ciudadano que parte de las siguientes premisas: las mujeres como sujetos de cambios sociales y del desarrollo, el acceso a los bienes y medios productivos, equidad en la participación e igualdad de derechos y oportunidades, la inversión en áreas sensibles como educación, salud, vivienda, entre otras, la preeminencia de las mujeres pobres como mayoría, la organización y la participación social como medio para lograr el desarrollo. La prioridad es garantizar que todos los derechos de las mujeres se vean expresados en los programas fundamentales del gobierno, con esta visión se ha creado el Programa “Hambre Cero”, Programa productivo alimentario y “Usura Cero”, donde todas las beneficiarias directas son mujeres, y la alfabetización (“Yo Si Puedo”) que prioriza a las mujeres.

Marco de Políticas para la Descentralización

La Política Nacional de Descentralización orientada al Desarrollo Local12 (Decreto 45-2006) promueve la participación ciudadana del Poder Ciudadano, el desarrollo local y la gobernabilidad

12 Decreto No. 45-2006, aprobado el 17 de julio del 2006 y publicado en La Gaceta No. 151 del 04 de agosto del 2006.



municipal, así como garantizar a las municipalidades los recursos financieros necesarios por la vía de las transferencias municipales, para realizar programas y proyectos comunitarios que puedan elevar el nivel de vida de la población. El objetivo de desarrollo del proceso de descentralización y de desconcentración de la administración pública es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población acercando las decisiones de la administración pública a la ciudadanía, favoreciendo el diálogo público-privado para mejorar la competitividad del territorio (mayor productividad y crecimiento del empleo con equidad en todo el territorio nacional), alcanzar una mayor eficiencia en la localización y mayor efectividad del gasto público, mayor y mejor provisión de los servicios básicos, creando condiciones para el desarrollo local, contribuir al cumplimiento de las metas del milenio y alcanzar un desarrollo económico local sostenible con equidad. Así como también, el mejoramiento de la gobernabilidad, la creación de condiciones a nivel local (Regional, Departamental, Municipal) para la generación del clima de negocios y la modernización de la institucionalidad pública en los diferentes niveles de administración. Sus lineamientos tienen como finalidad viabilizar y hacer sostenible el proceso de descentralización para el desarrollo local:

1. Mejorar el sistema de relaciones intergubernamentales 2. Promover la viabilidad y sostenibilidad de los gobiernos autónomos regionales y locales 3. Mejorar el actual Sistema de Transferencias 4. Orientar las actuales prácticas de desconcentración-descentralización, hacia un enfoque

territorial de desarrollo integral, 5. Fortalecer el sistema nacional de concertación y participación ciudadana 6. Apoyar la formulación de planes de ordenamiento territorial a nivel municipal,

regional/departamental Promover la creación de instrumentos de apoyo financiero a la inversión para el desarrollo local (social, productivo y ambiental)

7. Posibilitar y generar el efectivo empoderamiento de mujeres y hombres en todos los niveles de gobierno

La política de descentralización pone a disposición los instrumentos para garantizar la sustentabilidad del desarrollo local, el mantenimiento y eficiencia de las inversiones públicas nacionales y locales y el incremento de la capacidad para solucionar los problemas sociales y económicos de la comunidad, en el marco de la democracia participativa del Poder Ciudadano. La descentralización viene siendo un eje transversal del Plan Nacional de Desarrollo Humano a través de su Estrategia de Reducción de la Pobreza. La Constitución Política de Nicaragua (1987/1995/2000), en su artículo 175, determina que para fines administrativos el territorio se divide en departamentos, regiones autónomas de la costa atlántica y municipios. El artículo 176, define al municipio como la unidad básica de la división política administrativa del país y el 177 le confiere autonomía política, administrativa y financiera, reconociendo que la administración y el gobierno del mismo le corresponde a las autoridades municipales, electas directamente por sufragio universal, y que éstas tienen competencias en toda materia que incida en el desarrollo socioeconómico de su circunscripción.



La Ley de Municipios (Ley 40)13 cuya finalidad es desarrollar la autonomía municipal, competencias, forma de gobierno y relaciones con otras instituciones estatales, así como la Ley de Municipios Reformada (Ley No.261)14 en el artículo 2, define la autonomía municipal como el derecho y la capacidad administrativa para regular y administrar, bajo su propia responsabilidad y en provecho de sus pobladores, los asuntos políticos que la constitución y las leyes le señalen. El artículo 11, le concede capacidad para contratar con el poder ejecutivo la delegación de atribuciones acompañada de los recursos necesarios, y el artículo 9 a contratar con otras entidades del estado o privadas la prestación de servicios de su competencia.

La Ley No 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua (1987), y su reglamento (Decreto 3584)15, acogen el principio constitucional de la multiculturalidad y plurietnicidad de Nicaragua, estableciendo el derecho de los habitantes de la Costa Atlántica a gobiernos electos, con autonomía en el régimen político administrativo de su división territorial a lo interno, en la administración de programas regionales, en el impulso de proyectos económicos, sociales y culturales, en el uso racional y explotación de sus recursos naturales, la defensa de su sistema ecológico, así como también, sobre la promoción, fomento, desarrollo, preservación y difusión de las culturas tradicionales, del intercambio multicultural, de la articulación de mercados intrarregional e interregional, del patrimonio y presupuesto regional, de los acuerdos entre gobiernos regionales y gobierno central y sobre todo, de los derechos, deberes y garantías de los habitantes de la Costa Atlántica de Nicaragua. La Ley No. 29016 Ley de Organización, Competencias y Procedimientos del Poder Ejecutivo (1998), en su artículo 4, define taxativamente los conceptos de Desconcentración Administrativa y Descentralización Administrativa, constituyendo dichas definiciones los fundamentos conceptuales de ambos procesos adoptados en la presente política. La Ley No. 347 Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (INIFOM), en sus artículos 4 y 5 regula las responsabilidades del INIFOM en materia de descentralización, particularmente en lo que concierne a la creación de capacidades para la descentralización y el desarrollo local: la coordinación, evaluación y sistematización de los procesos de descentralización y la asistencia técnica a los sistemas descentralizados de financiamiento municipal, entre otras. El Decreto 44-94, ratificado con el Decreto 10-98, da continuidad a los esfuerzos desarrollados en cuanto al funcionamiento del Comité Ejecutivo para la Reforma de la Administración Pública (CERAP) y sus comisiones sectoriales de reforma, dentro de las cuales está la Comisión Sectorial para la Descentralización (CSD).

Política General de Ordenamiento Territorial

Aprobada por el Decreto No 90-2001 responde a la necesidad planteada por la Ley General del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de asegurar la utilización correcta de los estos recursos a través del ordenamiento territorial. Así mismo, el Decreto Ejecutivo No. 78-2002, plantea las Normas,

13 Ley No. 40, aprobada el 2 de julio de 1988 y publicada en La Gaceta No. 155 de 17 de agosto de 1988. 14 Ley No. 40 reformada, aprobada el 28 de junio de 1988 y publicada en La Gaceta No. 162 del 26 de agosto de 1997. 15 Decreto A.N. No. 3584, aprobado el 9 de julio de 2003 y publicado en La Gaceta, Diario oficial No. 186 del 02 de octubre del 2003. 16 Publicada en La Gaceta, Diario Oficial Nº 102 del 3 de junio de 1998. Año CIII.



Pautas y Criterios para el Ordenamiento Territorial. Ambos decretos constituyen el marco jurídico actual para el establecer el Ordenamiento Territorial Nacional. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) por las atribuciones que le confiere su ley creadora (Ley 311) como Institución coordinadora responsable de la Comisión Sectorial de Fenómenos Naturales y del grupo de trabajo de Ordenamiento y Desarrollo Territorial dentro del SINAPRED, será el encargado de formular esta política como instrumento para coadyuvar el desarrollo sostenible de Nicaragua.

El objetivo general de la Política es orientar el uso del territorio en forma sostenible. Como objetivo específico se considera: coadyuvar en la promoción, ejecución e implementación de programas de mitigación de desastres causados por fenómenos naturales, integrados estratégicamente con los procesos de ordenamiento territorial, incluyendo los aspectos de capacitación y formulación. La Política General para el Ordenamiento Territorial establece como uno de sus principios que en el ordenamiento territorial, el criterio de prevención y mitigación debe prevalecer para salvaguardar la vida y los bienes de la población ante los fenómenos naturales y que el ordenamiento territorial dará especial atención a zonas costeras, zonas secas, zonas de frontera agrícola y zonas de desastres causados por fenómenos naturales, con base en la legislación vigente. Es así que surge la Ley para el desarrollo de zonas costeras (Ley 690)17, a fin de regular el uso y aprovechamiento sostenible y garantizar el acceso a la población a las zonas costeras del océano Pacífico y del mar Caribe. Esta Ley establece el régimen jurídico, para la administración, protección, conservación, uso y aprovechamiento turístico y desarrollo sostenible de las zonas costeras en las cuales se interrelacionan los diversos ecosistemas, procesos y usos en el espacio continental e insular, sin detrimento y menoscabo de los diferentes regimenes de propiedad que la Constitución Política de la Republica de Nicaragua, el Código Civil y las leyes garantizan. En la búsqueda por salvaguardar la vida humana, el artículo 22 expresa restricciones y prohibiciones de acceso a la zona costera, sean estas por razones sanitarias, por la conservacion de la flora y fauna marina y acuáticas, en caso que se ponga en peligro la seguridad y defensa de la nación, y sobre todo, por la seguridad de la ciudadanía ante el peligro inminente de eventos natuales. La presente ley mandata la elaboración del Plan de Desarrollo de Zonas Costeras, la que estará sujeta a las normas que rijan la planificación socioeconómica y el ordenamiento del territorio para cumplir con los objetivos de ley. En el caso específico de la Costa Atlántica, La ley 445 “Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”18, define el mecanismo de regulación de la propiedad comunal que garantiza los derechos, administración, manejo de las tierras y sus recursos mediante la demarcación y titulación.

17 Ley No. 690, aprobada el 4 de junio de 2009 y publicada en La Gaceta No. 141 del 29 de julio de 2009. 18 La ley 445. La Gaceta Diario Oficial, No. 16 del 23 de enero de 2003.



Por otra parte, en la implementación de esta Política General de Ordenamiento Territorial se establece que corresponde al INETER realizar los estudios para la prevención y mitigación de los efectos provocados por fenómenos naturales peligrosos, lo cual es completamente acorde con Ley 337 del SINAPRED. En cuanto a las estrategias propuestas, se plantea una componente específica relativa a las amenazas proponiendo:

Definir las zonas de mayor vulnerabilidad y en especial las afectadas por fenómenos extraordinarios peligrosos (Mitch).

Obtener la información para proponer a las instituciones legalmente facultadas para la toma de decisiones en la reconstrucción de la infraestructura productiva y de los servicios en las áreas de mayor vulnerabilidad.

Iniciar un proceso de ordenamiento territorial como el mejor instrumento para prevenir y reducir las pérdidas de vidas y de recursos materiales y naturales.

Establecer en los centros urbanos expuestos a amenazas naturales, formativas, regulaciones y medidas correctivas conducentes a prevenir y mitigar los efectos que pueden causar los fenómenos naturales.

Así mismo, surge como una estrategia institucional planteada por la Política General para el Ordenamiento Territorial, la elaboración del Anteproyecto de Ley General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, y lo ratifica el PNDH 2009-2012 en su acápite “la Tierra como factor de cohesión social, cultural y económica” con el propósito de regular el uso de la tierra conforme a su potencialidad y vulnerabilidad.

Plan Especial de Cambio Climático El cambio climático es un tema que en la práctica debe ser transversalizado a todos los sectores nacionales, este fenómeno irreversible y real, requiere de un cambio en las políticas y estrategias nacionales a fin de reducir sus impactos negativos. El PNDH lo incorpora en sus líneas de trabajo como parte de la política ambiental a ser desarrollada por el GRUN. Ante la creciente urgencia por prepararnos ante el cambio climático, han surgido varias iniciativas de los Poderes Nacionales, tal es el caso de la Resolución sobre el cambio climático y su adaptabilidad en Nicaragua (Resolución de la Asamblea Nacional No. 003-2009, Aprobada el 17 de junio de 2009) donde reconoce que por la naturaleza y potenciales impactos que puede ocasionar el cambio climático en el país, se requiere la articulación de acciones preventivas en la preparación e implementación de Estrategias y Planes Nacionales de Adaptación para aumentar la capacidad de adecuación de los sistemas humanos más vulnerables ante los eventos extremos, variabilidad y cambio climático, entendiendo que la adaptación no es una opción, sino una realidad ineludible y que por lo tanto, este fenómeno representa graves riesgos a nivel social, económico y ambiental debido a los altos niveles de exposición de las diferentes variaciones climáticas y múltiples amenazas. Es por ello, que resuelve, Instar a las autoridades respectivas, la aplicación de medidas de prevención y evaluación de los riesgos del Cambio Climático en las inversiones infraestructuras y



programas productivos, con énfasis en las inversiones públicas, para propiciar una ruta de desarrollo limpio de largo plazo permita reducir la tasa de crecimiento de emisiones con respecto a 1990. Así mismo, Instar al Poder Ejecutivo a que proceda a "formular e impulsar una Política de Adaptación al Cambio Climático, a fin de incorporar la adaptación y mitigación en los planes sectoriales", de conformidad con el artículo 60 de la Ley No. 217 "Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales" y su reforma Ley No. 647, recientemente aprobada el 13 de febrero de 2008. El Gobierno con su compromiso social y en la búsqueda de soluciones a corto, mediano y largo plazo frente la sequía que actualmente está afectando a la región Centroamericana, ha concebido un Plan Especial de lucha contra el cambio climático, en el cual las entidades del Poder Ejecutivo aúnan sus esfuerzos como Comisión Interinstitucional, para dar respuesta efectiva ante los impactos de este fenómeno de escala global; con la presentación del plan queda también instaurada la Comisión Nacional para enfrentar el fenómeno del Niño, quién ha generado la reciente y prolongada sequía que está afectando al 80% de los pequeños productores nacionales poniendo en riesgo nuestra seguridad alimentaria. El plan contempla la puesta en marcha de diversas opciones de adaptación, obras de infraestructura, y protección nacional que conduzcan a la salvaguarda de los sistemas humanos (sector recursos hídricos, agricultura, ganadería, forestería, energía, salud humana). De forma armónica con las acciones que se vienen tejiendo en cada una de las instituciones, el Gobierno firma y presenta al pueblo nicaragüense la Declaración Universal por el Bien Común de la Tierra y de la Humanidad. Así mismo, se ha creado una estructura de consulta y asesoramiento en materia de cambio climático que converge a la sociedad civil llamada “Alianza Nacional de Cambio Climático”, esta estructura reafirma que para Nicaragua, la adaptación es realmente una necesidad de sobrevivencia, pues se trata de reducir las tres vulnerabilidades que nos acechan: la ecológica, la económica y la social. Reitera la necesidad de un instrumento de política nacional, participativo e incluyente, que compatibilice y coordine las Estrategias y Programas sectoriales, proponiendo y ejecutando medidas y acciones bastante concretas a nivel territorial, que contribuyan entre otras cosas, al logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio y a los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo Humano, que converja en una sola Estrategia Nacional de Cambio Climático. Ante la diversidad y la imperante urgencia de actuar ante los impactos del cambio climático, la Declaración Universal por el Bien Común de la Tierra y de la Humanidad instituye una reflexión hacia el respecto de los derechos del ser humano y de la Madre Tierra a través de la protección y conservación de medio ambiente.



VII. MARCO CONCEPTUAL

A partir de la aplicación del marco conceptual definido en el Plan Nacional de Gestión del Riesgo vigente hasta el 2004, y en cumplimiento a la Ley 337 creadora del SINAPRED, se han elaborado una serie de métodos e instrumentos con la finalidad que sean integrado en la planificación nacional del desarrollo territorial bajo una perspectiva aún limitada a la prevención, orientadas al control de las amenazas y peligros mediante la potenciación de medidas de mitigación de los desastres tales como muros o diques de contención de inundaciones, actualización del Código de la construcción, entre algunos avances en los territorios priorizados a nivel nacional. Este proceso requiere de un sólido marco conceptual – claramente establecido y aceptado – que oriente la definición de estrategias, responsabilidades, métodos, abordajes e instrumentos. Solamente a través de un común entendimiento de problemas y causalidades, es posible desarrollar políticas coherentes y efectivas de reducción del riesgo. En su momento la Ley 337 estableció el concepto de riesgo: “Es la relación entre la frecuencia y las consecuencias de la ocurrencia de un evento determinado”. El SINAPRED en los primeros años de creada la Ley 337, avanzó en el desarrollo de acciones destinadas a la reducción de los riesgos, como aplicación del concepto de gestión del riesgo estructurado en procesos en cada fase del ciclo de los desastres. Más adelante, a través de otros instrumentos de política y planificación, el Sistema Nacional adoptó un enfoque de gestión del riesgo, marcando significativamente la visión de SISTEMA, sus expectativas institucionales y los instrumentos de trabajo que posteriormente se han derivado. Sin embargo, aún es incipiente la gestión del riesgo en cada uno de los procesos y acciones institucionales y sectoriales post-impacto: rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas por un desastre. A inicios del 2007, en la región centroamericana comienza el abordaje de Gestión Integral del Riesgo (GIR), como nueva estrategia de comunidades más seguras, con criterios de sostenibilidad territorial, equidad y participación de forma integrada. Así, la actualización del presente Plan se ubica dentro de esas nuevas corrientes conceptuales que el SINAPRED está promoviendo con un enfoque de desarrollo integral y seguro, orientado a reducir y prevenir el riesgo de desastres; además de ofrecer un valor agregado a los procesos que se están desplegando de manera más concreta en los territorios e integrando los enfoques sectorial y sistémico. 2.1. RIESGO Y SUS FACTORES Para el SINAPRED, riesgo es la probabilidad de que ocurra un desastre. Se expresa mediante las posibles consecuencias negativas (daños y pérdidas) de tipo económico, social y ambiental generadas por un desastre, frente a nuestra capacidad de resistirlas y recuperarnos de ellas (SINAPRED, 2003). Como elementos en común para explicar los factores de riesgo se tienen (Blaikie, 1996; Cardona, 1993; Lavell, 1996; Maskrey, 2000; Wilches-Chaux, 1989, otros): a) La vulnerabilidad, como factor



intrínseco según las características propias de elementos expuestos al riesgo, que los hacen susceptibles de ser afectados. Estas características son físicas, sociales, históricas, económicas y ambientales. La vulnerabilidad es la condición por la cual una población o estructura social, económica o infraestructura, está o queda expuesta al peligro de resultar afectada por un fenómeno de origen humano o natural: b) Las amenazas, como factor externo, se presentan o manifiestan en el espacio físico donde los elementos actúan y se desarrollan, se caracterizan por su potencial de causar daños.

Por otra parte, varios autores han sostenido que el riesgo es una característica de los procesos de desarrollo (Cardona, Lavell, Maskrey, 2000). Gradualmente se ha llegado al consenso que el riesgo mismo es el problema fundamental y que el desastre es un problema derivado. El riesgo y los factores se han convertido en conceptos y nociones fundamentales en el estudio y la práctica en relación a la problemática de los desastres … riesgos y desastres se visualizan como componentes de la problemática del desarrollo y no como condiciones independientes generadas por fuerzas exteriores a la sociedad (Lavell, 2000. Citado en BID, IDEA, 2003). Considerando entonces que el riesgo es una característica de los procesos de desarrollo, es en estos mismos procesos donde debe reducirse. Lo anterior, es fundamental para el abordaje y la propuesta estratégica metodológica que se derive, puesto que implica que son los actores de la gestión del desarrollo quienes efectivamente pueden reducir el riesgo mediante instrumentos, recursos y capacidad decisoria. 2.2. RIESGO CONSOLIDADO, RIESGO ACEPTABLE Y RIESGO INEVITABLE El concepto de reducción del riesgo como tarea de los procesos de desarrollo, debe tener en consideración algunas excepciones o situaciones no manejables. El riesgo consolidado (Lavell, 1996; Cardona, 2001) es aquel resultante de procesos de acumulación de vulnerabilidad, que elevan los niveles de probabilidad de un desastre a tal punto que los procesos de planificación del desarrollo difícilmente lo reducirían. Este riesgo consolidado requiere un abordaje directo, puesto que los procesos de planificación de mediano y largo plazo podrían no alcanzar a reducirlo antes de volverse desastre. Riesgo aceptable según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad de Colombia-Sede Manizales, “es el conjunto de posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que, implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma asume o tolera por considerar innecesario, inoportuno o imposible una intervención para su reducción dado el contexto económico, social, político, cultural y técnico existente”. El riesgo inevitable se da por razones probabilísticas (no hay prevención de cien por ciento) y por la escala global de algunas amenazas. El Cambio Climático, por ejemplo, está generando niveles de riesgo que un país por sí mismo no puede evitar: el peligro del aumento en el nivel del mar, la destrucción de medios de vida, entre otros.



2.3. RIESGO EXTENSIVO E INTENSIVO Ampliando el concepto de reducción del riesgo como tarea de los procesos de desarrollo, se debe considerar algunas excepciones o situaciones de impactos continuos de desastres de baja densidad que se convierten en desastres a pequeña escala que también afecta a la economía nacional. El Riesgo extensivo se caracteriza por los múltiples pequeños desastre en zonas ubicadas en grandes ciudades y pequeños centros urbanos en donde se asientan la población urbana más pobre. Los patrones de riesgo extensivo de desastres se ven configurado por el hecho de que una parte significativa de la población vive en asentamientos informales y emplazados en sitios no aptos para habitarlos, con deficiencias de infraestructuras y servicios. Muchas veces el riesgo extensivo afecta a los centros urbanos, ejemplo ciudades que se desarrollan en la cercanía de volcanes activos, situadas a lo largo ò sobre fallas sísmicas, cerca de zonas costeras de lagos, ríos o en litorales expuestos a huracanes, inundaciones ò tsunamis. El Riesgo intensivo a partir del riesgo extensivo, implica convertirse en riesgo intensivo particularmente en las áreas territoriales por altos niveles de amenazas similares y muchas veces el riesgo intensivo puede tener un impacto no solo local, sino también nacional. El ejemplo más claro como patrón de estas manifestaciones, se refleja en los sitios identificados con manifestaciones muy frecuentes de riesgo extensivo de inundaciones que resisten impactos intensivos durante la época ciclónica anual. Los eventos con un impacto intensivo, independientemente de que se asocien con amenazas de escala grande o pequeña, son normalmente caracterizados como desastres en todos los niveles. 2.4. GESTIÓN DEL RIESGO

La gestión del riesgo es la capacidad de una sociedad y sus funcionarios para transformar y evitar las condiciones que generan los desastres, actuando sobre las causas que los producen. Incluye la prevención, mitigación y el manejo de los desastres. En general, la gestión del riesgo, es un enfoque que surge por la necesidad de la sociedad de preservar la riqueza humana tanto material y no material ante las amenazas de la naturaleza, y que la misma sociedad ha contribuido a crear (SINAPRED, 2002). La gestión del riesgo se entiende como una característica necesaria de la gestión del desarrollo, más que una actividad específica y separada. En este sentido, la tarea principal es asegurar que esa “característica” esté presente en todos los niveles de planificación del desarrollo. Para esto, es preciso considerar en la planificación a los actores, sus funciones en la gestión del riesgo y los tipos de gestión posibles. Tipos y posibilidades de gestionar la reducción del riesgo La gestión del riesgo debe orientarse a las causalidades y factores que lo generan. De tal manera, su impacto podrá ser mayor y sostenible. Para efectos de este plan, se trabajará con los siguientes tipos de gestión:

a. Gestión prospectiva, que implica evitar la creación de riesgos futuros y controlar aquellos que deban considerarse aceptables o inevitables.



b. Gestión correctiva, en la que se actúa sobre el riesgo existente, también llamado riesgo consolidado.

c. Protección financiera, mediante mecanismos financieros de protección y transferencia del riesgo (fondos especiales, seguros).

d. Preparación y respuesta, también llamada Gestión de los Desastres, que son acciones orientadas a fortalecer capacidades de adaptación y respuesta ante las situaciones de desastre que inevitablemente se han de presentar.

a. Gestión prospectiva

Gestión prospectiva se refiere a la anticipación o previsión de riesgos futuros o sea, pretende evitar la generación de nuevos riesgos, asociados con procesos de desarrollo e inversión. Esta se realiza tomando medidas para impedir que nuevos factores de riesgo aparezcan con las iniciativas o proyectos en construcción, producción, circulación, comercialización, entre otros. La visión prospectiva se relaciona con la prevención, las medidas se aplican a la amenaza y/o a la vulnerabilidad. Más que alcanzar un nivel de riesgo “0”, se intenta llegar a niveles de riesgo aceptable. La prevención también es considerada por ciertos autores como el conjunto de medidas y acciones que, al contrario de la preparación, son estructurales, incluyendo las medidas legislativas y de ordenamiento territorial (BID, IDEA, CEPAL, 2003).

b. Gestión correctiva Por su parte, la intervención o gestión correctiva es un proceso que pretende reducir los niveles de riesgo existentes en una sociedad o en un subcomponente de ésta, producto de procesos históricos de ocupación del territorio, de fomento a la producción y la construcción de infraestructuras y edificaciones, entre otras cosas. Está relacionado con la mitigación, como conjunto de medidas y acciones estructurales y no-estructurales que buscan disminuir los niveles de riesgo ya existentes. Aquí se reacciona y compensa el riesgo ya consumado en la sociedad (BID, IDEA, CEPAL, 2003).

c. Protección financiera Comprende un conjunto de acciones de orden financiero, mediante el cual se puede diversificar y transferir el riesgo (mercado de seguros), fortalecer la resiliencia de sectores económico-productivos (reservas monetarias que garantizan la continuidad de las operaciones bancarias en situaciones de impacto) y enfrentar adecuadamente la respuesta y la reconstrucción (fondos diversos).

d. Preparación y respuesta (Gestión de los Desastres) La gestión de los desastres es el conjunto de acciones de preparación, respuesta y recuperación que se desarrollan para hacer frente a las situaciones de crisis potencial por riesgo consolidado. 2.4. LOS PROCESOS DE DESARROLLO Y RIESGO DE DESASTRE El riesgo de desastres se va configurando a lo largo del tiempo, por una compleja interacción entre los procesos de desarrollo que generan las condiciones de exposición, vulnerabilidad y amenaza. El riesgo de desastres está aumentando en relación con la mayoría de las amenazas, aunque el riesgo de pérdidas económicas se está intensificando mucho más rápidamente que el riesgo de pérdidas



humanas, siendo el principal impulsor de esta tendencia el rápido aumento de la exposición (PNUD, 2009). A medida que aumenta el desarrollo y van mejorando las condiciones económicas; la vulnerabilidad desciende, aunque no lo suficiente para compensar el incremento en exposición, especialmente en el caso de países como Nicaragua en donde prevalecen los ingresos bajos o entre medianos y bajos en relación al rápido crecimiento poblacional. El Marco de Acción de Hyogo (MAH), promulgado en la Conferencia Mundial sobre Desastres en enero del 2005 (Hyogo-Japón, 2005), es uno de los esfuerzos de política internacional que ha explicitado el vínculo entre el riesgo, el desarrollo y ambiente; el desafío del MAH es relacionar el riesgo con el desarrollo sostenible, ambiente y pobreza, como un nuevo criterio para avanzar respecto a la Estrategia y el Plan de Acción de Yokohama, en la plena participación de actores involucrados. El MAH induce a la integración sistemática de esfuerzos de reducción del riesgo de desastres hacia las políticas, planes y programas de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza con el apoyo de cooperantes y asociaciones a los niveles bilateral, regional e internacional. Tal como retoma el PRRD (2007), el enunciado del “Informe de Reducción de Riesgo a Desastres, un Desafío para el Desarrollo” (2004) del PNUD, el cual cita el argumento de que “La relación entre desarrollo y riesgo de desastres es claramente visible… en torno al 75 % de la población mundial vive en zonas, que al menos una vez entre 1980 y 2000, han sido afectadas por terremotos, ciclones tropicales, inundaciones o sequias. Los desastres provocados por estos fenómenos naturales han ocasionado más de 184 muertos diarios en distintas partes del mundo… Si bien solo el 11 % de las personas expuestas a amenazas naturales viven en países con bajo índice de desarrollo humano, estos representan el 53 % del total de muertos. Es evidente que el grado de desarrollo y el riesgo de desastre están íntimamente relacionados” Los elementos principales que caracterizan esta nueva visión en torno a la relación entre los desastres, la problemática ambiental y la insostenibilidad de los modelos de desarrollo son (PREVDA, 2006): La vulnerabilidad como principal determinante de los daños causados por los desastres. En el marco del enfoque de vulnerabilidad, la importancia concedida a los aspectos ambientales

en diferentes escalas, desde los problemas ambientales locales (por ejemplo, deforestación) a los globales (cambio climático).

La inserción de la reducción de la vulnerabilidad frente a los desastres en el contexto general de las estrategias de desarrollo sostenible.

En Nicaragua desde el paso del huracán Mitch en 1998, favoreció que las instituciones y sectores adoptaran medidas orientadas a la prevención, mitigación y atención de desastres. Hoy en día, se tiene conciencia sobre los riesgos como una condicionante de las inadecuadas prácticas humanas, que conlleva a la creciente escasez de recursos naturales, pérdida de hábitat natural y biodiversidad, por lo cual urge una máxima transformación del desarrollo humano a través de la reducción de la pobreza, perfilado a través de un modelo de desarrollo equilibrado, sostenible y seguro. Los patrones de riesgo extensivo asociados a las amenazas meteorológicas también crecen rápidamente, de igual forma, el cambio climático está alterando los patrones de amenazas. Sin embargo, los principales factores causales del riesgo son los aumentos locales específicos en



exposición, vulnerabilidad y amenaza en el contexto de los procesos más amplios de urbanización, desarrollo económico y territorial y el declive del ecosistema.

Los principales componentes del riesgo de desastres son:

Exposición: Las personas y los activos económicos, se concentran en zonas expuestas a amenazas ò peligros a través de procesos como el rápido crecimiento demográfico, la migración, la urbanización y el desarrollo económico.

Vulnerabilidad y resiliencia: El grado de riesgo real de las personas o activos económicos expuestos es una función de su vulnerabilidad. El concepto de vulnerabilidad hace referencia a la propensión o susceptibilidad a sufrir perdidas y esta vinculado con una serie de características de vulnerabilidad físicas sociales, económicas, culturales, institucionales y políticas. La resiliencia se refiere a la “Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad potencialmente expuesto a amenazas para adaptarse, resistiendo o cambiando, con el fin de alcanzar o mantener un nivel aceptable en su funcionamiento y estructura. Viene determinada por el grado en que el sistema social es capaz de organizarse para incrementar su capacidad de aprender de desastres pasados a fin de protegerse mejor en el futuro y mejorar las medidas de reducción de los riesgos” (EIRD, 2004).

Amenazas: Los patrones de amenazas o peligros están determinados por la ubicación geológica de las fallas locales, presencia de volcanes activos o litorales expuestos a tsunamis. Sin embargo el cambio del ambiente y la urbanización están modificando la magnitud, la distribución espacial y la frecuencia de las inundaciones, sequias, ciclones tropicales, deslizamientos de tierra y otras amenazas geológicas y meterológicas.

2.5. RELACIÓN ENTRE RIESGO DE DESASTRE Y POBREZA

Según el Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres. Riesgo y pobreza en un clima cambiante. Invertir hoy para un mañana más seguro (EIRD, 2009), a partir de una cantidad de datos empíricos, corrobora que el riesgo de desastre está estrechamente vinculado con la pobreza, además menciona que las zonas pobres sufren con los desastres altos niveles de daño y que está relacionada con otros factores por ejemplo las viviendas inseguras. El cambio climático está aumentando las interacciones entre riesgo de desastre y pobreza, también está alterando la previsibilidad, intensidad y distribución geográfica de muchas amenazas debido a las alteraciones drásticas en el ciclo hidrológico del agua, degradación de los suelos e inundaciones en las zonas costeras bajas. Tal como indica este informe, existen una serie de factores de riesgo subyacentes, como son gobernanza urbana deficiente, medios de vida vulnerables y ecosistemas degradados, que contribuyen a traducir la pobreza y el riesgo cotidiano en riesgo de desastre, en el contexto de procesos económicos y políticos más amplios (EIRD, 2009). La limitada resiliencia de las personas pobres se ve agravada por los factores causales de riesgo, encontrándose una protección social débil o inexistente, además de la escasa presencia de seguros contra siniestros en la mayoría de los territorios, a nivel nacional e institucional, son factores que contribuyen a traducir los efectos de los desastres en consecuencias para la pobreza. Los desastres no solo tienen impactos a corto plazo,



también tienen efectos a largo plazo que se reflejan en el manejo inadecuado de los recursos naturales y la degradación ambiental, en la salud, en el crecimiento desordenado de la red de asentamientos humanos, el desarrollo humano y la productividad, prevaleciendo más las condiciones de vulnerabilidad existentes y la pobreza. 2.6. HACIA UNA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Hoy en día, la gestión del riesgo es considerada como un eje transversal e integral para la seguridad de la sociedad y su indivisible relación con el desarrollo sostenible y seguro. En los últimos diez años, se han dado importantes avances de la información sobre amenazas como: inundaciones, tsunamis, sismicidad, deslizamientos, actividad volcánica y sequias, incluyendo el tema de la variabilidad climática; por lo que también es inminente y necesario intensificar los mecanismos de promoción y coordinación conjunta desde el nivel nacional –institucional con los territorios. Recientemente, la evolución en la materia de riesgo y su gestión ha alcanzado una visión y dimensión integral entre los responsables de las instituciones y sectores especializadas para concretar el carácter transversal de la gestión del riesgo; lo que se sustenta en la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (PCGIR) “El enfoque de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres se fundamenta en las dimensiones social, económica, ambiental y político-institucional del desarrollo y en su armonización, que se expresan territorialmente, buscando la creación de condiciones de seguridad integral territorial, que superen las deficiencias existentes y futuras causales del riesgo.” (PCGIR, 2009:11). Es así que en centroamérica, las instancias encargadas de la reducción de riesgo a desastres mediante consultas regionales y nacionales, están realizando un esfuerzo por construir el concepto de Gestión Integral del Riesgo incorporando aspectos relacionados con ambiente, recursos agua y ordenamiento territorial (GIRAA). Con la apropiación y disposición de las entidades miembros del Sistema Nacional de incorporar los elementos de la gestión integral del riesgo en todos los procesos del modelo de participación ciudadana, contribuirá a reducir las vulnerabilidades sociales, económicas, ambientales, productivas, y las relacionadas con el cambio climático, favoreciendo de esta manera la gestión integrada en los territorios en cuencas hidrográficas y transfronterizas, conservación de áreas protegidas, protección de la biodiversidad, disminución de la contaminación ambiental y reduciendo el impacto de los daños causados por las amenazas socio naturales.



VIII. ESTADO DEL RIESGO EN NICARAGUA Luego de muchos desastres sucedidos en todo el mundo, especialmente en los llamados países en vía de desarrollo, existe amplio consenso en definir el riesgo como el producto de diversas y complejas interrelaciones entre amenazas y vulnerabilidad, que tienen lugar dentro de una sociedad particular. Igualmente, las amenazas y vulnerabilidades, sus relaciones y el riesgo, se identifican como dimensiones dinámicas. De allí que la innegable realidad del riesgo se manifieste de muchas formas y sea prácticamente imposible obtener de él una caracterización única, completa y definitiva, por ello, su comprensión sólo puede lograrse mediante aproximaciones basadas en el conocimiento de las amenazas, la vulnerabilidad y de algunas de sus posibles interrelaciones. Los análisis post-desastre han sido fuente de información para acercarse al entendimiento de las formas como se combinan o se relacionan los factores de vulnerabilidad con las amenazas. Luego de definir causas que condujeron a desastres han podido establecerse patrones o características de vulnerabilidad aplicables o extrapolables para configurar “estados de riesgo”. 3.1. MARCO TERRITORIAL DE ANÁLISIS Nicaragua ocupa un territorio donde la dinámica global, tanto natural o física, como social y económica, constituye estados de riesgo que, históricamente, la han llevado a frecuentes situaciones de desastre. Esta combinación de causas de fondo con las amenazas afecta, en un círculo vicioso, los procesos nacionales de desarrollo, generando sufrimiento y deterioro en las condiciones de vida de la población. Los desastres frecuentemente ocurridos en el último siglo, se deben a factores adversos de tipo geológico, hidro meterológicas y antropogénicos, que someten a riesgos permanentes al país, amenazando a poblaciones vulnerables e infraestructuras como edificios, viviendas, escuelas y hospitales, así como las infraestructuras de puentes y carreteras, destruyéndolas por su alta vulnerabilidad y que son construidos como grandes proyectos de inversión, causando grandes daños tanto a la producción como a la economía nacional, y por ende a la población en general. A pesar de esta situación, no existe un instrumento metodológico que permita valorar la interacción entre el nivel posible de las afectaciones por las amenazas, la susceptibilidad de la infraestructura vial y sus alrededores como la población, actividades económicas, transporte y demás factores que se ven afectados al ocurrir un desastre. Otros fenómenos de menor magnitud y mayor frecuencia (deslizamientos, inundaciones, incendios, derrames, otros), han producido pérdidas que sumadas podrían acercarse a las generadas por eventos extraordinarios. Sin embargo, estos fenómenos menores no están sistematizados a través de un inventario que permita elaborar cálculos predictivos de pérdidas, establecimiento patrones de distribución, frecuencia y magnitud útiles en la gestión del riesgo para estos pequeños desastres. Por ejemplo, la degradación ambiental acumulada a través de los daños como consecuencia de la presión dinámica de la población, ha sido una de las causas fundamentales para que diferentes eventos, según su magnitud y frecuencia, generen las destrucciones que se registran principalmente en las cuencas mal manejadas por las principales actividades que se realizan sobre este medio natural. Las actividades agropecuarias, base fundamental de la economía nicaragüense, han



ejercido y siguen ejerciendo fuertes presiones sobre el medio natural, que se manifiesta en el agotamiento de los recursos y en la aparición cada vez más frecuente y generalizada en el territorio, de inundaciones, deslizamientos y caídas de rocas en comunidades y zonas aledañas a carreteras y puentes. El incremento de la población bajo condiciones socio económicas adversas genera aumento de los niveles de vulnerabilidad ante todo tipo de fenómenos. Por otra parte, en el proceso de emplazamiento de los asentamientos humanos y su infraestructura de bienes y servicios, se ha ignorado o restado importancia a la probabilidad de ocurrencia de fenómenos amenazantes y mayoritariamente. Por ejemplo en la zona del Pacífico nicaragüense, región de gran actividad sísmica y volcánica, se han consolidado los mayores centros urbanos del país sin considerar de manera consistente parámetros de seguridad ante estos peligros tan evidentes. Las características de amenazas y vulnerabilidades consideradas para elaborar estas aproximaciones al estado de riesgo, se han tomado de documentos e informes que muestran un panorama nacional integral de los aspectos específicos que abordan. Las principales fuentes de información son las siguientes:

Censo de población y vivienda (INIDE-2005). Amenazas Naturales de Nicaragua (INETER, 2001) Plan Nacional de Desarrollo Humano 2006-2013 Plan Nacional de Gestión de Riesgo (Julio 2004) Registros de Amenazas Naturales de Nicaragua (2008)

El análisis del Estado de Riesgo, se realiza sobre la base de la demarcación territorial de macro-regiones del país (Mapa No.1)

Mapa 1: Macro regiones de Nicaragua



Macro-región del Pacífico Se localiza en la franja costera del Pacífico, la cadena volcánica de Los Maribios, las sierras del sudeste y la depresión nicaragüense con sus grandes lagos Cocibolca y Xolotlan. Este territorio cuenta un área de 18,319.23 Km2 (INETER, 2010) que representa el 15% del territorio nacional y una población de 3,027.274 habitantes (proyección según censo de INIDE, 2005), el cual representa el 54 % de la población total del país. La red principal de ciudades incluida la capital, se agrupan en esta macro región (34% de la población urbana del país) con una densidad de 165.25 hab./ Km2. Los principales departamentos son Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Carazo y Rivas.

Macroregión Central-Norte En este territorio se caracteriza por su geomorfología denominada Tierras Altas, ubicado en la franja central del territorio nacional que conforma el escudo montañoso. Su superficie es de 34,113.41 Km2, (INETER, 2010) representando el 28% del territorio nacional, la población proyectada es de 1, 795,171 habitantes, es decir, el 32,04 % de la población total, con una densidad poblacional de 52,63 hab./km². En esta macro región el sistema de la red de asentamientos está muy poco desarrollado, localizándose los departamentos de Nueva Segovia, Madriz, Estelí, Boaco, Chontales, Jinotega y Matagalpa.

Macro-región del Atlántico La mayor superficie de este territorio nacional la comprende la planicie costera del Atlántico o planicie del Caribe, con una extensión territorial de 67,906.90 Km², (INETER, 2010), es decir, un 56,4 % del territorio nacional; la población proyectada es de 780,796 habitantes, representando un 13,93 % de la población total del país; un 65% de la población corresponde a población rural y cuenta con una densidad de 11,49 hab/ Km2. La macro región del Atlántico está conformada por la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) y el departamento de Río San Juan.

3.2. LAS AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 3.2.1. Vulnerabilidad Para analizar los principales factores de vulnerabilidad19 en Nicaragua, se utilizará el Modelo de Presión/Liberación elaborado por Blaikie en 1996, quien asocia la vulnerabilidad con: a) causas de fondo o procesos económicos, demográficos y políticos subyacentes en la sociedad y que reproducen la vulnerabilidad en el tiempo; b) presiones dinámicas o procesos y actividades que intensifican los efectos de las causas de fondo en los grupos humanos; y c) condiciones inseguras que son la expresión de la vulnerabilidad de una población en el tiempo y en el espacio junto con la probabilidad de ocurrencia de una amenaza. A manera de ejemplo, la pobreza en Nicaragua es una causa de fondo; el crecimiento de la población desfavorecida y su concentración en zonas urbanas, a través de asentamientos humanos informales, -sin la correspondiente mejora en los medios de

19 El concepto de vulnerabilidad refiere a la propensión o susceptibilidad de grupos poblacionales y de las sociedades a sufrir pérdidas y daños ante su exposición al peligro ocasionado por un fenómeno natural o humano. La vulnerabilidad se vincula con una serie de características físicas, sociales, políticas, económicas, históricas, culturales e institucionales. A contracara, la resiliencia es la capacidad de las personas y de las economías para absorber las pérdidas y recuperarse. Los hogares pobres tienen baja resiliencia a las pérdidas porque no cuentan con los recursos ni con las habilidades necesarias para enfrentar situaciones de desastre.



vida de los grupos empobrecidos (acceso inadecuado o carencia de servicios de salud, educación, suministro de agua potable y eliminación de excretas)-, constituyen presiones dinámicas que refuerzan las condiciones de inseguridad de dichos grupos: ubicación en lugares peligrosos de los asentamientos en los que habitan y viviendas construidas precariamente, y por tanto con mayor exposición a riesgos extensivos o de paulatina gestación e intensivos o súbitos y de alta magnitud.

La vulnerabilidad en Nicaragua: causas de fondo

Existen una serie de datos empíricos que señalan que las comunidades pobres son más vulnerables a las amenazas y que estos peligros las afectan de un modo más desproporcionado, lo que es reflejo de la desigual distribución de los riesgos de desastre observados a nivel global. Igualmente, estos datos reflejan que los pobres tienen menor nivel de resiliencia y enfrentan mayores obstáculos para afrontar los impactos de los desastres y para recuperarse. Tanto los impactos intensivos como los extensivos, tienen consecuencias para la pobreza, a corto y a largo plazo, entre ellas la reducción del ingreso y el consumo, el aumento de la pobreza y la desigualdad, y el retraso en el grado de desarrollo humano y el bienestar (Naciones Unidas, 2009). De acuerdo con la tendencia del valor del Índice de Desarrollo Humano (IDH),20 Nicaragua ha presentado consistentemente en el tiempo cierta mejora en el nivel de vida. Los cambios más rápidos ocurrieron entre 1990 y 2007. En los últimos siete años (2000 a 2007) dicha tendencia se ha ralentizado un poco (0.67% de crecimiento anual promedio del índice).

Fuente: Human Development Index Trends en http://hdr.undp.org/en/statistics/

El avance en el IDH de Nicaragua se ha dado en sus tres componentes: La esperanza de vida, la educación e ingresos como se puede apreciar en el siguiente cuadro en el que se compara el IDH global y los índices de cada uno de sus componentes entre el 2000 y el 2007. Año IDH

2007 Esperanza de

vida (años) Tasa de alfabetización de adultos (% en edades de

15 y más años)

Tasa de matrícula bruta combinada en

educación (%)

PIB per cápita (PPA US$ del

2006)

Índice de Esperanza de

Vida

Índice de Educación

Índice PIB per cápita

2007 0.699 72.70 78.00 72.10 2,570.00 0.795 0.760 0.542

2000 0.667 69.60 76.70 68.00 2,239.00 0.743 0.738 0.519 Fuente: Elaboración propia con datos de Human Development Index Trends en http://hdr.undp.org/en/statistics/

20 El Índice de Desarrollo Humano es un índice compuesto que mide los logros promedios en las dimensiones básicas del bienestar sobre la base de tres capacidades esenciales: vivir una vida larga y saludable, adquirir los conocimientos idóneos para desempeñarse exitosamente, disponer de los recursos necesarios para llevar una existencia decente. Los rangos del Índice son: Bajo: menor de 0.50; medio de 0.50 a 0.80; alto de 0.80 a 0.90; y muy alto mayor de 0.90.

Tasas de crecimiento anual promedio

Largo plazo Mediano plazo Corto plazo

Rango del IDH

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 Rango IDH 2006

Cambio de Rango 2006-

2007

(1980–2007)

(1990–2007) (2000–2007)

124 0.565 0.569 0.573 0.597 0.667 0.691 0.696 0.699 124 0 0.79 1.17 0.67



La mejora del IDH, el nivel de 2007 corresponde a un desarrollo medio. Constituye un desafío para el GRUN y la población de Nicaragua, superar las condiciones estructurales de la pobreza y lograr un mejor nivel de vida. La pobreza es el mayor problema y el principal factor de vulnerabilidad del país. Según la Encuesta de Medición del Nivel de Vida, EMNV 2005, utilizando diferentes métodos de medición de la pobreza, se obtienen los siguientes datos:

Método21 % Población Pobre22 % Población Pobreza Extrema

Ingresos 75.8 39.4 Necesidades Básicas Insatisfechas

65.9 36.8

Gasto 48.3 17.2 Fuente: (2005), VIII Censo de población y IV de vivienda 2005, INIDE y EMNV 2005.

La condición de pobreza entraña importantes inequidades entre los grupos sociales. El 20 por ciento más rico de la población de Nicaragua, capta el 49.3 por ciento del ingreso, mientras que el 20 por ciento más pobre solamente se apropia del 5.6 por ciento. La inequidad se acentúa en las regiones Central y Atlántica del país (INIDE, EMNV, 2005).

Incidencia de la pobreza por regiones y área de residencia 1993-2005

Pobreza extrema Cambio 2001-2005

Pobreza general Cambio 2001-2005

1993 1998 2001 2005 1993 1998 2001 2005

Nacional 19.4 17.3 15.1 14.9 -0.2 50.3 47.9 45.8 46.2 +0.4

Urbana 7.3 7.6 6.2 5.4 -0.8 31.9 30.5 30.1 29.0 -1.1

Rural 36.3 28.9 27.4 26.9 -0.5 76.1 68.5 67.8 67.9 +0.1

Managua 5.1 3.1 2.5 3.4 +0.9 29.9 18.5 20.2 19.2 -1.0

Pacífico 16.9 16.8 10.6 9.9 -0.7 45.8 52.9 46.1 45.4 -0.7

Central 35.6 25.9 27.4 24.4 -3.0 71.5 62.4 59.9 60.5 +0.6

Atlántico 19.6 29.4 20.6 23.7 +3.1 60.6 62.2 61.3 62.3 +1.0 Fuente: (2007), Nicaragua. Valoración común de país. Datos de la EMNV 1993,1998, 2001 y 2005; INEC.

Una de las mayores inequidades es la que históricamente ha enfrentado la población de la Costa Caribe de Nicaragua, siendo los niveles de insatisfacción muy superiores a los del resto del país. El

21 El método de Necesidades Básicas Insatisfechas está basado en la medición de variables e indicadores estructurales que se mueven más en el largo plazo y depende en buena medida de las políticas públicas y de acceso a los servicios básicos: hacinamiento, servicios insuficientes, vivienda inadecuada, dependencia económica y baja educación. El método de ingresos, por el contrario, mide el comportamiento de éstos en el corto plazo y depende más de la inserción de las personas al mercado de trabajo y de las posibilidades de obtener otro tipo de ingresos. El método del agregado de consumo corresponde a la medición desarrollada por el Banco Mundial que parte de medir la pobreza a partir de identificar una cuantificación del consumo promedio de las familias estudiadas y su valoración se relaciona a las necesidades de un mínimo nutricional. Finalmente, el índice de pobreza humana se relaciona al nivel máximo de privaciones combinando la esperanza de vida, y el acceso a educación, salud y agua potable. El criterio de pobreza humana, deja de hacer hincapié en el hogar para centrarse en las personas a fin de determinar las carencias entre las mismas. (PNUD, 2000). 22 La población total de Nicaragua al 30 de junio 2007 según estimaciones de INIDE basadas en los datos de la EMNV 2005 era de 5, 603,241.



huracán Félix, que en septiembre de 2007 afectó a la Región Autónoma del Atlántico Norte, RAAN, ocasionó la muerte de más de cien personas, destruyó gran parte de las viviendas, la infraestructura productiva y de servicios, dejando una grave situación de emergencia alimentaria y sanitaria, y agravando las condiciones de exclusión de la población costeña y de las comunidades más afectadas. Es importante señalar también que el impacto medioambiental se seguirá sintiendo a corto y mediano plazo, planteando un enorme reto de reconstrucción y de recuperación de la biodiversidad y los recursos naturales. A través del método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y sobre la base de los datos del VIII Censo Nacional de Población y IV de Vivienda, ambos del año 2005, el INIDE construyó el “Mapa de Pobreza Extrema Municipal”, instrumento que permite focalizar e incrementar la eficiencia de la utilización de los recursos para la atención de los más pobres. A continuación se presenta el mapa de pobreza extrema:

En el mapa se aprecia que la pobreza extrema severa y alta en términos de incidencia se concentra en las dos regiones autónomas (RAAN y RAAS), así como en la región Centro Norte, zonas que coinciden con las más afectadas por los mayores impactos de fenómenos naturales de retorno corto como: los ciclones, los deslizamientos de tierra y las inundaciones así como los de mayores impactos de amenazas antrópicas: la deforestación, el avance de la frontera agrícola, la degradación de los suelos y las sequías. Esta última como consecuencia de la menor cobertura vegetal sobre las cuencas hidrográficas y los acuíferos.

Mapa 2: Pobreza Extrema Nicaragua



Los problemas de salud están también concentrados en los más pobres. Así la tasa de mortalidad infantil nacional (niños y niñas por 1,000 nacidos vivos registrados que no alcanzarán el primer año de vida), es de 30 niños por cada 1000 nacidos vivos registrados, pero entre el 20% de ciudadanos más pobres la tasa es de 50 niños por mil nacidos vivos registrados comparada con 16 niños por 1,000 nacidos vivos registrados para el 20% más rico (INIDE-MINSA, 2007:45). De la población de 5.6 millones de habitantes, 4.2 millones son pobres y 2.2 millones viven en pobreza extrema medida por el nivel de ingresos. La pobreza sigue siendo esencialmente rural. Mientras la población urbana concentra un 22.3 por ciento de personas en condición de extrema pobreza y un 63 por ciento de personas en condición de pobreza general, en la población rural la proporción se eleva al 60.7 por ciento y 91.9 por ciento, respectivamente.

Progresión de la vulnerabilidad y presiones dinámicas

Densidad poblacional, crecimiento urbano y exposición al riesgo

Los datos publicados en el último Censo de Población y Vivienda de Nicaragua, efectuado en 2005, estimaron que la población de Nicaragua era de 5, 142,098 habitantes, el 51 por ciento de los cuales, lo constituyen mujeres. Cinco de cada diez habitantes residen en áreas urbanas. Las estimaciones y proyecciones de población elaboradas a junio de 2007, estimaron que la población nicaragüense era de 5, 595,538 habitantes (INIDE-MINSA, 2007). En Nicaragua predomina la localización urbana de la estructura productiva. Treinta ciudades de más de 15,000 habitantes representan el 43.4 por ciento de la población total del país y contribuyen con más de dos tercios del Producto Interno Bruto, PIB, comparado con menos del 20 por ciento en el sector agropecuario. En ellas, la cobertura de servicios supera los promedios nacionales y la pobreza tiende a ser menor. Sin embargo, este sistema urbano es precario en conectividad, adecuada cobertura de servicios públicos; interacciones campo-ciudad, entre ciudades y en su capacidad de oferta de servicios sociales básicos, sobre todo para cubrir las necesidades de los inmigrantes (SNU, 2007:17). Históricamente, la escasa capacidad institucional de las autoridades de Gobierno para facilitar tierras y servicios a las personas pobres, ha redundado en un modelo de crecimiento urbano que se caracteriza por la expansión de asentamientos no regulados en zonas propensas a las amenazas.

De esta manera, las personas y sus bienes económicos se concentran en las ciudades de Managua, región central y norte del país y del pacífico como se muestra en la tabla que se muestra seguidamente:

POBLACIÓN TOTAL Y DENSIDAD POBLACIONAL POR MACRO REGIÓN 2005 Y 1995 Población Densidad (Hab/Km2)

Macro Región 1995 2005 Superficie (Km2) 1995 2005

República 4357,099.00 5142,098.00 120,339.54 36.2 42.7

Managua 1093,760.00 1262,978.00 3,465.10 315.7 364.5

Pacífico 1373,982.00 1515,279.00 14,854.13 92.5 102.0

Región Central y Norte 1354,246.00 1647,605.00 34,113.41 39.7 48.3

Atlántico 535,111.00 716,236.00 67,906.90 7.9 10.5 Fuente: (2006), adaptado de Cuadro 3 del informe del VIII Censo de Población y IV de Vivienda, INIDE.



Fuente: (2006), adaptado del Cuadro 9 del informe del VIII Censo de Población y IV de Vivienda, INIDE.

23 La vivienda es todo local formado por uno o más cuartos, estructuralmente separado e independiente, destinado al alojamiento de una o más personas, parientes o no. El hogar está formado por una persona o grupo de personas presentes o no, que viven bajo un mismo techo y que preparan en común sus alimentos. El déficit de vivienda fue calculado restando el total de hogares del total de viviendas (INIDE, 2005:13).

Managua y las ciudades del pacífico constituyen zonas expuestas a sufrir las consecuencias de desastres de gran magnitud como son los terremotos. Las regiones, central y norte, con alta densidad población se ven afectadas recurrentemente por fenómenos de retorno corto entre ellos, las inundaciones y los deslaves. La población rural de Nicaragua es aún numerosa (44 por ciento) y vive en miles de pequeñas y dispersas localidades con significativos rezagos, restringido potencial económico, poca oferta de empleo productivo y altos índices de marginación, pobreza extrema y riesgo ambiental (SNU, 2007:17). Este proceso se va gestando poco a poco en el tiempo y el riesgo se hace más intensivo a medida que más personas y sus recursos quedan expuestos. En Nicaragua, como en otros países en vías de desarrollo, al mismo tiempo que el riesgo aumenta en algunas zonas urbanas, se va propagando de un modo extensivo a medida que grupos poblacionales se expanden hacia el interior del país, en busca de tierras para cultivar y de otros medios de vida. Este avance en la frontera agrícola, generalmente va acompañado de prácticas de deterioro ambiental como la deforestación, las quemas, la contaminación del agua, lo que refuerza el círculo vicioso pobreza-degradación ambiental- mayor exposición a los riesgos- y poca resiliencia para enfrentarlos. Los medios de vida de las poblaciones pobres a menudo no alcanzan a cubrir las necesidades de vivienda, por lo que su grado de exposición al peligro es mayor al carecer de infraestructura física para enfrentar los desastres sean éstos intensivos o extensivos. De acuerdo con los datos del VIII Censo de Población y IV de Vivienda, 2005 que se muestran a continuación, el déficit de vivienda23 en Nicaragua es de 66, 141 casas. El departamento de Managua tiene el promedio más alto de hogares sin vivienda (1.12).

VIVIENDAS, HOGARES Y DÉFICIT APROXIMADO DE VIVIENDAS POR MACRO REGIONES

Viviendas con Hogares

Macro Región Viviendas 1 Hogar 2 Hogares 3 Hogares y más Total Promedio

por Vivienda

Déficit aproximado de

viviendas

República 978,335.00 927,336.00 39,389.00 11,610.00 1044,476.00 1.07 66,141.00

% 94.8% 4.0% 1.2%

Managua 243,047.00 221,088.00 16,212.00 5,747.00 272,636.00 1.12 29,589.00

Pacífico 297,538.00 279,921.00 13,667.00 3,950.00 320,254.00 1.08 22,716.00 Región Central y Norte 312,987.00 303,496.00 7,862.00 1,629.00 324,541.00 1.04 11,554.00

Atlántico 124,763.00 122,831.00 1,648.00 284.00 127,045.00 1.02 2,282.00



Vulnerabilidades ambientales

Para el análisis de las vulnerabilidades ambientales se recurre a dos fuentes principales de información secundaria: El Informe del Estado del Ambiente 2007-2008 del MARENA y el Informe del Inventario Nacional Forestal 2007-2008 del INAFOR efectuado con asistencia técnica y apoyo financiero de la FAO. Tal como lo reporta el Informe del Estado del Ambiente de 2007-2008, la población pobre presenta mayor vulnerabilidad a los cambios ambientales por dos razones principales: a) Tienen mayor exposición y sensibilidad al riesgo; así la Costa Caribe, en la que tiene mayor incidencia la pobreza extrema severa, es la región con mayores riesgos de huracanes y existe una alta incidencia de necesidades básicas insatisfechas (70% de los hogares no tienen fuentes adecuadas de agua y sistema de eliminación de excretas, 25% habitan viviendas inadecuadas y 40% no tienen acceso a educación), b) Incapacidad de enfrentar y adaptarse a los cambios del medio ambiente: los bajos niveles de ingresos y el desempleo imposibilitan a los territorios más pobres cualquier posibilidad de adaptación y recuperación. La población pobre no solamente enfrenta las mayores dificultades para superar los cambios ambientales adversos sino que su mismo estado de pobreza constituye un círculo vicioso conducente al deterioro y a la degradación ambiental (pobreza-deterioro ambiental-más pobreza). La mayor manifestación de esta relación pobreza medio ambiente la constituye la agricultura de subsistencia, el avance de la frontera agrícola (tumba, rosa y quema) y la destrucción de los bosques. Debido a la falta de conocimientos técnicos de manejo sostenible de los suelos, la agricultura de subsistencia está asociada con la práctica de la quema de los suelos, lo que destruye su contenido de materia orgánica conducente a una baja en los rendimientos de cosechas sucesivas. Ante la reducción de la productividad de los suelos, los agricultores buscan nuevas áreas de suelos (avance de la frontera agrícola) para mejores rendimientos. Esta práctica va dejando, en su evolución, suelos degradados, usos inapropiados de los suelos según su vocación y extensas áreas desprovistas de bosques. Las vulnerabilidades de tipo ambiental ante los riesgos de desastres serán abordados en los siguientes grupos: Deforestación, uso de los suelos, cambio climático y cuencas y recursos hídricos. En la presentación de las vulnerabilidades y su dinámica sobre los riesgos de desastres no debe olvidarse que la base económica de Nicaragua es altamente dependiente de los recursos naturales, constituyendo éstos la base de la producción y la fuente de servicios reguladores del medio ambiente: ciclo del agua, conservación de los suelos, fijación de gases de invernadero como el CO2, regulación del clima y hábitat para la biodiversidad, entre los más importantes. Deforestación La deforestación se asocia con problemas ambientales importantes como la reducción de los niveles de mantos acuíferos, la alteración y la contaminación de las aguas superficiales por erosión de los suelos y sedimentación de los ríos, reduciendo los recursos acuíferos de la población; la reducción de la fijación de gases de invernadero como el dióxido de carbono; el incremento de la frecuencia y la intensidad de eventos peligrosos y de alto potencial de desastres como los deslaves y los deslizamientos de terrenos; desestabilización y destrucción de ecosistemas con la pérdida de biodiversidad. Además del efecto global del cambio climático en el régimen de temperaturas,



comportamiento de las precipitaciones (fenómenos de El Niño y La Niña) y la frecuencia e intensidad de fenómenos naturales como los huracanes, la pérdida de los bosques también afecta el régimen de precipitaciones, pero especialmente la capacidad de retención del agua de lluvia a través de la infiltración y su captura en los mantos acuíferos. La tasa anual de deforestación en Nicaragua se estima en 70,000 Ha/año (INAFOR-FAO, 2009). Según el inventario forestal realizado entre el 2007 y el 2008, Nicaragua cuenta actualmente con 3,254,145 Ha de bosques, equivalente al 25% del territorio nacional. En el año 2000, MAGFOR estimaba el área de bosques del país en 5,619,433 Ha equivalente al 43% del territorio. Aunque el informe INAFOR-FAO 2009 advierte sobre las diferencias de metodologías empleadas para la estimación de la cobertura forestal y sobre errores en comparaciones, de manera aproximada se observa casi un 20% menos de áreas de bosques 2008 versus 2000. En 1950 la FAO estimaba la superficie de bosques de Nicaragua en 6,450,000 Ha (casi 50% del territorio). Comparando el valor de cobertura de bosques en 2008 contra el de 1950 se obtiene una tasa anual promedio de deforestación de 55,100 Ha/años en el período de 58 años. No obstante, desde un punto de vista de precaución y conservación INAFOR-FAO indican considerar la tasa de 70,000 Ha/año como un mejor estimado de acuerdo con investigaciones realizadas por expertos. Un dato revelador del inventario forestal 2007-2008 es la pérdida de un 48% de la cobertura de bosques en las áreas protegidas, encontrando en sustitución actividades de cultivos anuales y ganadería extensiva, especialmente en el área de amortiguamiento de Bosawás, Cerro Silva, Wawashang, y en menor escala en la reserva Indo-Maíz y otras reservas del pacífico y centro del país. El cruce de información obtenida en el inventario forestal 2008 con la de las áreas protegidas de MARENA permiten afirmar que los bosques de estas áreas y de sus zonas de amortiguamiento se encuentran en un punto crítico, que de continuar dicha tendencia se darían cambios drásticos en sus ecosistemas. La estimación realizada de la cobertura de bosques refleja que el 62.7% de los bosques se localizan en la Costa Caribe (43.4% en la RAAN y 19.3% en la RAAS), 9.3% en Jinotega y 8.9% en Río San Juan para un total de 80.9 % del área de bosques del país localizada en territorios con altos índices de pobreza. Es relevante también mencionar que el 48% de los bosques existentes son de tipo secundario y éstos se concentran principalmente en la costa Caribe del país, reflejando las consecuencias del impacto de fenómenos naturales de gran envergadura como los huracanes de la última década (Joan, Beta y Félix). Uso de los suelos El uso potencial de los suelos del país corresponde en un 43.8% al uso forestal, lo cual se incrementa a un 72.4% cuando se consideran las combinaciones de uso forestal-agroforestal (16.57% agro-silvo-pastoril y 12.01% silvopasturas). La vocación de suelos para la producción agropecuaria corresponde al 20.6% (10.98% agrícola y 9.59% pecuario). Los suelos para la conservación representan el remanente 7.08% de la superficie terrestre del territorio.



Considerando una cobertura actual de bosques del 25% del territorio mientras se sugiere un potencial de 43.8% se tiene que un total de casi 2 millones de hectáreas de suelos de vocación forestal se sobre utilizan con otros usos de la tierra (INAFOR-FAO, 2009). El cambio del uso de la tierra de vocación forestal a otros usos como la ganadería extensiva está incrementado en 1,583,992 ha; el cambio del uso de la tierra en cultivos temporales y la adición de la deforestación del bosque en la transformación en tacotales en 1,907,643 ha, afectando las Regiones Autónomas del Atlántico Norte, Región Autónoma del Atlántico Sur, Jinotega, Matagalpa y Río San Juan. Las regiones central y atlántica que concentran las transformaciones de uso del suelo a la ganadería extensiva y cultivos temporales confirman el avance de la frontera agrícola. Son estas regiones y su población también, las que sufren los mayores impactos de amenazas naturales como huracanes, deslizamientos e inundaciones. En cuanto a los deslizamientos, INETER ha registrado en toda su historia un total de 163 eventos de derrumbe y deslizamientos, de los cuales más de la mitad (83) han tenido lugar en los departamentos norte-centro del país, destacando Matagalpa con 49 eventos. Es decir, que casi un tercio de estas amenazas se concentran en el departamento de Matagalpa. En la medida que se continúe dando un uso inadecuado a los suelos, especialmente en terrenos con pendientes y en terrenos próximos a las cuencas y los mantos acuíferos, la vulnerabilidad de los grupos poblacionales y los riesgos de deslizamientos, sequías e inundaciones ante la presencia de fuertes lluvias seguirá en aumento. Además, el agotamiento y la degradación de los suelos exacerban los problemas de seguridad alimentaria y el estado adecuado de nutrición, especialmente de la población rural. Cambio climático El cambio climático y el calentamiento global asociado está provocando el retroceso y la pérdida de los glaciares, la afectación de los recursos hídricos que ocasiona la disminución de las fuentes de agua potable, las sequías en diferentes regiones, una mayor frecuencia e intensidad de fenómenos naturales como los huracanes, la pérdida de biodiversidad y de vidas humanas. El cambio climático es un fenómeno de impacto global aún cuando han sido los países industrializados los principales emisores de los gases de efecto invernadero que lo ocasionan, principalmente el dióxido de carbono. El informe de las Naciones Unidas “Riesgo y Pobreza en un Clima Cambiante: Invertir hoy para un mañana más seguro. 2009” expone:

“Las amenazas de índole meteorológica tienen una importancia crucial en la configuración de los patrones de riesgos globales. Dos de las bases de datos globales más destacadas sobre pérdidas por desastres coinciden en que más de dos tercios de la mortalidad y pérdidas económicas por desastres documentados a nivel internacional están relacionados con amenazas meteorológicas, climatológicas e hidrológicas. El IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático por sus siglas en inglés) ha confirmado que la distribución geográfica, frecuencia e intensidad de estas amenazas ya están sufriendo alteraciones de consideración a causa del cambio climático. Están apareciendo ya cambios en volumen, intensidad, frecuencia y tipo de las precipitaciones.



Estos cambios llevan asociados un incremento en la extensión de zonas afectadas por sequías, el número de eventos de fuertes precipitaciones diarias que provocan inundaciones y la intensidad y duración de ciertos tipos de tormentas tropicales. Dada la concentración y distribución desigual del riesgo el impacto de cualquier aumento en las amenazas meteorológicas será muy asimétrico. Los países más pobres, en los que se concentra la mayor parte del riesgo actual, se verán afectados desproporcionadamente por el cambio climático”.

En el año 2000, se estimaba que el cambio climático era responsable de aproximadamente un 2,4 por ciento de las enfermedades intestinales en todo el mundo, y de un 6 por ciento de la malaria en algunos países de rentas promedios (OMS 2002 citado en IV Informe del Estado del Ambiente 2007-2008, MARENA, 2009.). Las enfermedades intestinales y la malaria son ahora mismo fuerzas devastadoras en los países en vías de desarrollo, y la posibilidad de que se vean exacerbadas por el cambio climático constituye una preocupación significativa. Las poblaciones más vulnerables han sufrido los embates de los incrementos de los ciclones tropicales en el Atlántico Norte desde aproximadamente 1970, correlacionada con el aumento de la temperatura de la superficie del mar en los trópicos. Las proyecciones de tendencias del cambio climático en Nicaragua con datos históricos de temperatura y precipitaciones muestran aumentos de temperatura (0.2°C a 1.6°C), disminución de precipitaciones (de 6 a 10%); y un fenómeno del Niño más frecuente que lo normal; además de un considerable aumento de incidencia de huracanes y tornados (MARENA, 2009). El cambio climático amplifica las interacciones entre riesgo de desastre y pobreza. Aumenta, por un lado, las amenazas de origen meteorológico y climático; por otro, incide negativamente en la resiliencia de muchos hogares y comunidades pobres para afrontar el impacto y recuperarse de las pérdidas sufridas, a causa de factores como una menor productividad agraria, el incremento de vectores de enfermedades y la escasez de agua y electricidad en muchas de las regiones propensas a los desastres. El cambio climático supone ya, por tanto, un factor global clave del riesgo de desastres (EIRD y otros, 2009). A nivel mundial, los esfuerzos por abordar el cambio climático mediante recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero y en el consumo energético son de una importancia capital si se han de evitar aumentos posiblemente catastróficos en las amenazas meteorológicas y climáticas en el futuro. Entre tanto, las amenazas actuales y el incremento en las mismas a causa de un cambio climático ya comprometido son un factor incuestionable en la fórmula del riesgo de desastres. Por su extensión territorial, su población y nivel de producción, Nicaragua tiene una influencia relativa prácticamente nula en el fenómeno del cambio climático. En el año 2000 se estimaban las emisiones de dióxido de carbono per cápita anual (indicador del ODM 7) en Nicaragua por 2.64 Ton/habitante, lo que está por debajo del promedio de los países de América Latina con 2.80 Ton/habitante y ocho veces por debajo del promedio de los países de altos ingresos, cuyas emisiones son de 15.9 Ton/habitante. En el siguiente cuadro se comparan las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero entre Nicaragua y varios grupos de países:



Comparación de las Emisiones de Gases de Efecto de Invernadero, Nicaragua y el Mundo

Porcentaje de emisiones de gases efecto invernadero

Nicaragua América Latina Otros países en desarrollo

Países industrializados

Mundo

Otros gases efecto invernadero 18 28 25 18.3 23

Emisiones de CO2 por cambios de uso de la tierra 76 46 30 -1.6 18

Emisiones de CO2 por generación de energía 6 26 45 83.3 59

Total 100 100 100 100 100 Fuente: IV Informe del Estado del Ambiente 2007-2008. Marena, 2009.

El aspecto más notable en el caso de Nicaragua consiste que su baja producción de gases de efecto invernadero está concentrada en los gases originados por el cambio del uso del suelo, la conversión de bosques hacia otras actividades como agricultura y ganadería, reduciendo la fijación de CO2 e incrementando la emisión de gases de mayor efecto invernadero como el metano (producido por el ganado y tiene 21 veces más efecto de calentamiento global que el CO2) y el óxido nitroso (producido por la quema de los bosques y con 310 veces el efecto del CO2). Estos valores colocan a Nicaragua como un país con potencial de mitigación por sus emisiones provenientes del cambio en el uso de la tierra. Pero más que mitigar este aspecto implica una serie de oportunidades compensatorias a través de mecanismos financieros de diferente índole para la protección de los bosques y proyectos de reforestación. Cuencas y otros recursos hídricos En Nicaragua los recursos hídricos tienen como principales fuerzas motrices de presión la deforestación (75 mil ha/año), prácticas agropecuarias con alto uso de plaguicidas y prácticas de quema para preparación de la tierra, el aumento de la población y distribución de forma desordenada en el país, ubicación de urbanizaciones sin tomar en cuenta las fuentes hídricas y la deficiencia en la infraestructura sanitaria alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Estas presiones han ocasionado la disminución de la recarga de los acuíferos y su afectaciones en su calidad, contaminación de las aguas superficiales por procesos de erosión aumentando la eutrofización y altísimos costos de los sistemas de tratamiento y restauración de ecosistemas acuáticos (MARENA, 2009). En el año 2008 sólo el 31.4% del total de aguas residuales generadas son tratadas antes de su deposición y la cobertura de alcantarillado sanitario es de 42%. Las presiones de la población y los sistemas productivos sobre las cuencas, han afectado negativamente a sus ecosistemas acuáticos de agua dulce y marinos; y por consiguiente a su propio bienestar que tanto dependen de los servicios ambientales de estos ecosistemas. La sobreexplotación y la contaminación del agua, así como la degradación de ecosistemas acuáticos, afectan directamente al bienestar humano. De las 21 cuencas de Nicaragua, ocho drenan hacia la vertiente del océano Pacífico cubriendo un área de 12,183 km cuadrados (10% del territorio) y trece drenan hacia la vertiente del Atlántico con un área estimada de 117,420 km cuadrados (90% del territorio nacional). Estas cuencas contienen



los principales acuíferos para abastecimiento de agua potable, producción agropecuaria y seguridad alimentaria y para el desarrollo industrial y energético del país. Desde el 2003 el Plan Hidrológico Indicativo Nacional y Plan Anual de Disponibilidad de Agua (PHIPDA) con la realización del Diagnóstico de los recursos Hídricos por Cuenca Hidrográfica proyectó para 2009-2010 la disponibilidad de agua en las Cuencas del Pacífico y para el 2011 y 2012 proyectó la disponibilidad en las Cuencas del Atlántico. Estas proyecciones reflejan para la mayoría de las cuencas del pacífico balances negativos de disponibilidad de agua (demanda supera a la oferta de agua). Para las ocho cuencas del pacífico la oferta total de agua proyectada a 2010 es de 3,568.86 MMC (millones de metros cúbicos), mientras la demanda es de 4200.96 MMC con una disponibilidad negativa de -632.1 MMC. En las cuencas del Atlántico el balance entre oferta y demanda es favorable con una disponibilidad de agua por 100,559.68 MMC. Con la aprobación de la Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales se ha establecido al Lago Cocibolca como “reserva natural de agua potable, siendo del más elevado interés y prioridad para la seguridad nacional, debiéndose establecer los mecanismos y regulaciones que aseguren y regulen la productividad del agua y al mismo tiempo el mantenimiento e incremento de los caudales que permitan el desarrollo de actividades económicas sin menoscabo de la producción de agua tanto en calidad como en cantidad, evitando la contaminación y deterioro de su ecosistema por vertidos industriales y domésticos”. No obstante, la evaluación general de las condiciones del Lago a lo largo de 9 años de investigación, indica el avance del proceso de eutrofización y su condición vulnerable. El desarrollo sostenible de su cuenca es condición primordial para conservar su potencial para consumo humano (CIRA-UNAN y Fundación del Saber, 2007 citados en MARENA, 2009).

Mapa 3: Cuencas Hidrográficas de Nicaragua (INETER, 2008)

Fuente: SINIA, 2010



Durante más de 50 años de historia el Lago Xolotlán ha recibido vertidos de contaminantes: residuos sólidos urbanos; aguas residuales domésticas y urbanas, vertidos de residuos industriales y aguas contaminadas por actividades agropecuarias. Dado estos antecedentes, el lago Xolotlán está fuertemente estresado sometido a alta contaminación. Este lago tropical ahora tiene un estado trófico muy alto (eutrófico – hipertrófico) y sus aguas no son adecuadas para consumo humano, ni aptas para irrigación y recreación (MARENA, 2009). Vemos que la población de la zona del pacífico es la más afectada y la de mayor estado de vulnerabilidad por la contaminación y la escasez de fuentes de agua para consumo humano, la producción, la seguridad alimentaria y nutricional. En el 2008 MARENA evaluó la vulnerabilidad en la cuenca Cosigüina - Río Tamarindo, que aloja más de medio millón de habitantes (10% de la población). Esta institución determina que con el fenómeno el Niño los 6 municipios más vulnerables al impacto de la sequía son Corinto, Chichigalpa, Chinandega, Posoltega, León y La Paz Centro. Con el fenómeno la Niña los 6 municipios con vulnerabilidad alta a las inundaciones son (acumulados históricos 700-800 mm): Chichigalpa, El Realejo, Corinto, Posoltega, Quezalguaque y León. Respecto a las aguas superficiales, el estudio muestra que esta cuenca tiene una vulnerabilidad media a alta frente a los eventos extremos y la variabilidad climática asociada al cambio climático. En años de Niño, los caudales de los ríos de esta cuenca disminuyen en comparación a los años normales y en los años de Niña se comporta de forma opuesta. Los factores no climáticos que aumentan esta vulnerabilidad son: crecimiento demográfico desordenado que incide en contaminación de los ríos al ser botaderos de basura y desechos líquidos de los industrias. Los ríos de mayor vulnerabilidad actual por contaminación son el Río Chiquito, Acome y Quezalguaque. El estudio de MARENA concluye con base a los resultados del perfil de vulnerabilidad que el sector rural es más vulnerable con un índice de vulnerabilidad de 51, lo cual es consistente con sus indicadores socioeconómicos relacionados con el nivel de pobreza, acceso a los servicios básicos, nivel de desempleo, nivel de escolaridad, desarrollo tecnológico, infraestructura deficiente, entre otros. En las aguas subterráneas del acuífero de León y Chinandega la simulación de la recarga para años con sequía indicó que la vulnerabilidad es muy alta reduciendo su potencial a un 50%; lo que implica que sin medidas de adaptación la sostenibilidad de este acuífero se puede ver afectada en el mediano plazo (15-20 años). En eventos extremos (como huracanes) este acuífero aumenta su vulnerabilidad a la contaminación debido a que las inundaciones acarrean en sus aguas toda clase de sustancias por su dinamismo y por los niveles del agua bajo el terreno que tienden aproximarse a la superficie. La carencia de un adecuado sistema de agua potable y alcantarillado sanitario, provoca, especialmente en las épocas de inundaciones, que las fuentes rurales que generalmente son pozos excavados o agua de río, se contaminen, incrementando las enfermedades contagiosas y los riesgos de epidemias. Las zonas urbanas se abastecen de pozos perforados, protegidos por lo que sufren menores consecuencias que la zona rural, la que se abastece de pozos excavados poco o nada protegidos.



3.2.2. Las Amenazas y las condiciones de inseguridad de las macro-regiones Nicaragua, en su división política administrativa, está conformada por 15 departamentos, 153 municipios y 2 regiones autónomas; agrupando lo anterior en tres grandes macro regiones homogéneas. La macro región del Pacífico la conforman 7 departamentos y 63 municipios; la macro región Central y Norte está compuesta por 7 departamentos y 65 municipios; y la del Atlántico por 1 departamento, 2 regiones autónomas y 25 municipios. La división geográfica por macro regiones, resulta la más apropiada para aproximarse al estado del riesgo desde las perspectivas de las amenazas, ya que las características particulares de cada uno de estos territorios conllevan manifestaciones diferentes y características propias de los fenómenos naturales potencialmente peligrosos.

La población total de Nicaragua al 30 de junio de 2007, era de 5, 603,24 (según estimaciones de INIDE basadas en los datos de la EMNV, 2005), de los cuales se concentran la cantidad total de 3, 027,274 habitantes en la macro región del Pacífico, 1, 795,171 habitantes en la macro región Central y Norte y 780,796 habitantes en la macro región del Atlántico. Macro región Pacífico Geográficamente está comprendida por la franja costera del Pacífico, la cadena volcánica, las sierras del sudeste y la depresión lacustre de Nicaragua, que se extiende desde el Golfo de Fonseca hasta la desembocadura del río San Juan. La depresión se le conoce como el graven de Nicaragua, ya que fue formado por el hundimiento de terrenos adyacentes a la cadena volcánicas, hundimiento que se encuentra confinado entre dos alargadas fracturas o fallas geológicas paralelas y separadas aproximadamente entre si por unos 40 km. Este territorio, engloba un área de 18,319.23 Km² equivalente al 15 % del área total nacional y una población de 3,027.274 habitantes el cual representa el 54 %de la población total del país). La red principal de ciudades incluyendo la capital se agrupan en esta macro región (concentra el 34% de la población urbana del país) y una densidad de 165.25 hab. / Km2. En esta zona se concentra la economía nacional, con una alta concentración de industrias de tipo alimentaria, minerías, mataderos, tenerías y refinerías de petróleo; a nivel rural, se tiene que la principal actividad es la agropecuaria, actividad que ha conllevado a la contaminación de más de 15 ríos, destacándose el río Acome, en el departamento de Chinandega. La amenaza sísmica, en la macro región del Pacífico es alta donde la mayoría de los epicentros sísmicos se ubican en el océano Pacífico, donde chocan las placas tectónicas Coco y Caribe, en este mismo territorio existe un cordón de sismos en un cinturón muy estrecho a lo largo de la cadena volcánica, desde el Cosigüina hasta el Concepción en la isla de Ometepe, por lo cual la amenaza sísmica, es alta en la zona expuesta a terremotos que abarca una franja de aproximadamente 60 km. de ancho que bordea el litoral del pacífico, una zona superpuesta y más angosta que coincide con el eje de la cadena volcánica, en la cual se ubican 21 volcanes activos y donde los sismos son superficiales a menos de 40 Km. y se producen en los sistemas de fallas por donde asciende el magma. La zona de alta sismicidad es la misma de alta actividad volcánica y además coincide con el área de alta densidad de población, incluyendo además de la ciudad de Managua, otras importantes ciudades del país. Considerando que en esta macro región se localizan 63 municipios; estos presentan amenaza sísmica y volcánica que se explica por los factores de las características



geológicas y geotectónicas dominantes en el Pacífico nicaragüense y el impacto directo sobre grandes áreas que es propio de los sismos. Tomando como referencia la información del estudio “Amenazas Naturales de Nicaragua” (INETER, 2001), se actualizó la información al año 2010 según la escala de amenazas naturales del 1 al 10. Así, de los 63 municipios que conforman esta macro región, un 5 % se ubican en zonas de Muy alta amenaza sísmica (escala 10 y 9) y con alto riesgo urbano: El Viejo, Mateare y Managua; el 54 % de los municipios se ubican en zonas de Alta amenaza por sismicidad ((escala 8 y 7) y un 13 % de los municipios se localizan en zonas de amenaza Media alta (escala 6 y 5). La exposición de las estructuras a la sismicidad afecta principalmente a las ciudades de los municipios de Chinandega, León, Managua, Masaya, Granada, Jinotepe, Rivas y San Juan del Sur; siendo el área de la ciudad de Managua la zona de mayor riesgo sísmico a nivel urbano en todo el país, donde las viviendas son consideradas como las más vulnerables a los sismos enfatizando las estructuras de adobe, taquezal y todas las improvisadas que no aplican el código de la construcción.

Fuente: INETER, 2010

Mapa 4: Amenaza Sísmica



Otros elementos expuestos a la amenaza sísmica en esta región son el Aeropuerto Internacional de Managua, los puertos Sandino y Corinto en la costa Pacífica, además de 200 industrias grandes y la mayoría de la infraestructura de apoyo a la producción del país. También las infraestructuras para la prestación de servicios de salud y educación están expuestas a la amenaza sísmica en esta macro región. La amenaza por tsunamis, es consecuencia de la alta sismicidad en la cuenca del océano Pacífico y de las características morfológicas del litoral, se presenta a lo largo de la costa Pacífica de Nicaragua, específicamente en sectores cuya elevación sobre el nivel medio del mar es menor a los 10 metros. Los tsunamis también pueden generarse por erupciones volcánicas, avalanchas submarinas y derrumbes en las costas de los lagos, razón por la cual la amenaza se restringe hacia las zonas costeras bajas. Según la escala de amenazas naturales, del estudio “Amenazas naturales de Nicaragua” elaborado por INETER en el año 1999, actualizando la información al año 2010, según la escala de amenazas naturales, del 1 al 10, el 21 % es decir 13 municipios ubicados en la zona costera sobresalen con un nivel de Muy alta amenaza por tsunamis: El Viejo, Puerto Morazán, Corinto, El Realejo, León, Nagarote, Villa Carlos Fonseca, San Rafael del Sur, Jinotepe, Diriamba, Santa Teresa, Tola y San Juan del Sur. Además se incluyen los 17 poblados costeros, en donde habitan más de 45 mil personas y zona donde se localiza una importante infraestructura económica y productiva, (Puertos Sandino y Corinto), los sitios más críticos son Padre Ramos, Corinto, El Tránsito, El Astillero; los asentamientos costeros entre Corinto y Casares y las playas abiertas y planas, son susceptibles de ser azotadas por tsunamis o maremotos generados en sismos superficiales en la zona de subducción de la placa tectónica Cocos. Las probabilidades del impacto directo de los Ciclones Tropicales es poco probable, debido a que en el océano Pacífico estos fenómenos se forman al Suroeste del litoral nicaragüense y tienen trayectorias de componente hacia el Oeste-Noroeste, sin embargo en esta macro región y en función de la escala de amenazas naturales del 1 al 10, los municipios con mayor riesgo de impacto de huracán es el 8 % del total de municipios, destacándose Somotillo, Villanueva, San Francisco Libre, Tipitapa y Managua. La peligrosidad de los huracanes en esta macro región, está en función del aumento de las precipitaciones, lo cual es un potencial factor de disparo de los deslizamientos asociados a las inundaciones; aun con la capacidad científica técnica del monitoreo y vigilancia meterológica aun quedan por resolver problemas de la falta de capacidad estructural de las viviendas para resistir a vientos y fuertes aguaceros. Las amenazas por inundaciones en esta macro-región del pacífico de Nicaragua, se ha presentado por el flujo de las aguas superficiales mayor del habitual, de tal manera que han afectado tanto a la población urbana como comunitaria. La región hidrográfica de la vertiente del Pacífico posee un área total de 12.183 km2, representando el 9% del territorio nacional. Los ríos de la vertiente del Pacífico, constituyen el drenaje superficial de 8 cuencas hidrológicas pequeñas. La mayor cuenca de esta vertiente es la del río Estero Real mientras que la más pequeña es la del río Brito; por otra parte la Laguna de Masaya se ve afectada por un alto nivel de contaminación debido a las descargas de las aguas residuales de la ciudad. En la laguna de Tiscapa una de las principales causas del deterioro



es la gran cantidad de desechos que son arrastrados a través de los cauces de la ciudad que descargan aguas de lluvia en la laguna. De los 63 municipios de la macro región el 21 % (13 municipios) se localizan en zonas de amenaza Muy alta a inundaciones, destacándose los municipios de El Viejo, Puerto Morazán, Somotillo, Chinandega, Corinto, El Realejo, León, San Francisco Libre, Tipitapa, San Rafael del Sur, Nandaime, Jinotepe y San Juan del Sur; y el 23 % es decir 14 municipios se ubican en zonas de amenaza Alta a inundaciones. En el caso de la vertiente Pacífica, hay que resaltar que en ella se asienta la mayor parte de la población y en donde las características físicas del territorio presenta ríos de rápida respuesta, convirtiendo las inundaciones en este territorio como la más peligrosas para la vida humana. Las mayores lluvias, torrenciales, se producen generalmente durante los meses de septiembre y octubre. Toda la zona costera del Pacífico, que va desde Jiquilillo hasta Puerto Sandino, y pequeñas áreas localizadas en el departamento de Rivas, están muy expuestas al fenómeno, así como registran que sufrieron importantes inundaciones, tanto durante el paso del huracán Juana, como huracán Mitch Dirección Recursos Hídricos, INETER). La influencia humana que se encuentran cercana al área de los cauces, es otro de los factores principales promotores de inundaciones o que las potencian, en primer lugar por la acumulación de basura, troncos de árboles u otros materiales, en los cauces provocan retenciones de las aguas que producen inundaciones locales aguas arriba y que en caso de rotura repentina lanzan una cantidad de agua que el cauce no puede acoger provocando también desastres aguas abajo. Por otra parte, las actividades agrícolas o la deforestación, son factores propicios que pueden incrementar la magnitud y la frecuencia de las inundaciones, modificando la capacidad de la tierra para absorber el agua, también podemos adicionar el problema de la impermeabilización del suelo, el crecimiento de la población, la urbanización y el incremento de asentamientos, las vías de comunicación y las obras hidráulicas. Las amenazas por erupciones volcánicas en esta macro-región del Pacífico de Nicaragua, existen 6 complejos volcánicos activos que son: San Cristóbal (pliniana), Telica (sub-pliniana), Cerro Negro (sub-pliniana), Momotombo (estromboliana), Masaya (freato-pliniana) y Concepción (estromboliana) que presentan una amenaza permanente para la población de Nicaragua en el Pacífico del país (Dirección de Geofísica, INETER). Los municipios que tienen mayor riesgo de ser afectados por una erupción volcánica son los ubicados directamente en la cadena volcánica que representa el 20 % del total de los municipios y en función de la escala naturales del 1 al 10 del estudio “Amenazas naturales de Nicaragua” elaborado por INETER en el año 1999, actualizando la información al año 2010, son 12 municipios los que se ubican en zonas de amenaza Muy alta entre los que se destacan los municipios de El Viejo, Chinandega, Chichigalpa, Posoltega, Telica, Quezalguaque, León, La Paz Centro, Mateare, Managua, Moyogalpa y Altagracia (isla de Ometepe); 15 municipios es decir el 24 % están ubicados en zonas de amenaza Alta y 16 municipios (25%) se ubican en zonas de amenaza Media alta.



La inestabilidad de laderas en la Macro-región del Pacífico se presenta principalmente en la laderas de los volcanes, debido a las condiciones de estas estructuras que poseen fuertes pendientes constituidas por materiales de depósitos de piroclástos y material no consolidado en las formaciones rocosas fracturadas que se evidencian en los depósitos de flujos de lava y se ubican en la zona de mayor amenaza sísmica donde la sacudida de un terremoto puede desencadenar el desplazamiento de rocas y otros materiales ladera debajo de los volcanes (Dirección de Geofísica, INETER). En función de la información del estudio “Amenazas naturales de Nicaragua” elaborado por INETER en el año 1999, actualizando la información al año 2010, según la escala de amenazas naturales, del 1 al 10, existe un 6%, es decir, 4 municipios que se ubican en zonas de amenaza Muy alta destacándose San Pedro del Norte, San Francisco del Norte, Cinco Pinos y Chinandega; el 11 % de los municipios (7) se ubican en zonas de amenaza Alta, destacándose los municipios de Chichigalpa, Posoltega, El Sauce, Telica, La Paz Centro, Nindirí, y Jinotepe.


Mapa 5: Cadena Volcánica Nicaragüense



La Sequia se destaca 23 municipios que representa el 24 % del total de los municipios que conforman esta macro región los que se ubican en zonas de amenaza Muy alta destacándose los municipios de San Pedro del Norte, San Francisco del Norte, Cinco Pinos, Santo Tomas del Norte, Somotillo, Villanueva, Chinandega, Corinto, El Realejo, Chichigalpa, Posoltega, Santa Rosa del Peñón, El Jicaral, Larreynaga, Telica, León, La Paz Centro, Nagarote, San Francisco Libre, Mateare, Villa Carlos Fonseca, Tola y Cárdenas; un 56 % (35 municipios) se localizan en zonas de amenaza Alta a la sequía. Macro Central y Norte

Este territorio se caracteriza por su geomorfología denominada Tierras Altas, ubicado en la franja central del territorio nacional que conforma el escudo montañoso. Su superficie es de 34,113.41 Km2, representando el 28% del territorio nacional, la población es de 1, 795,171 habitantes, es decir el 32,04 % de la población total y una densidad poblacional de 52,63 hab. / km ². Está conformada por los departamentos de Nueva Segovia, Jinotega, Madriz, Estelí, Matagalpa, Boaco y Chontales. La mayor parte de las aguas superficiales en esta macro región, en general son aceptables para el consumo humano, algunas fuentes presentan cierta contaminación como el río Malacatoya debido a la producción de la caña de azúcar y el río San Francisco de contaminación bacteriológica. Los ríos


Mapa 6: Inestabilidades de Laderas



Jinotega y Estelí, presentan riesgos de contaminación al recibir los vertidos humanos sin ningún tipo de tratamiento; en los departamentos de Boaco y Chontales se ha encontrado presencia de minerales superiores a los límites permisibles. En esta macro región, ocurren muy pocos sismos y normalmente de baja intensidad, además se percibe que el desarrollo de la actividad agropecuaria cubrió primero toda la macro-región del pacífico y comenzó un proceso de ocupación de las zonas de la macro-región Central y Norte, algunas de las cuales están siendo puente para continuar la expansión de la frontera agrícola hacia la macro región del Atlántico. Los principales eventos ocurridos en esta macro región son de origen hidro meteorológicas y geológicas, las características naturales de este territorio esta determinada por la deforestación de las cuencas, el avance de la frontera agrícola y el aporte de sedimentos provenientes de labores mineras, factores antrópico que incrementan la magnitud y la frecuencia de las inundaciones, especialmente en los departamentos de Matagalpa y Jinotega. La posibilidad de lluvias extraordinarias a causa de los Ciclones Tropicales en el mar Caribe cuyas trayectorias pueden atravesar la macro región, por las pendientes de las cuencas altas de los ríos y por la presencia de formaciones geológicas de baja permeabilidad existen una alta probabilidad de desbordamiento de los ríos, principalmente en los valles intramontanos y que se inunden principalmente las zonas mas bajas. En función de la información del estudio “Amenazas naturales de Nicaragua” elaborado por INETER en el año 1999, actualizando la información al año 2010, según la escala de amenazas naturales, del 1 al 10, los municipios que se localizan en zonas de amenaza Alta de impacto de huracán es el 8 % del total de municipios, destacándose Santo Tomas, El Cuá, San José de Bocay y Matagalpa. Las amenazas por inundaciones en esta macro-región Central y Norte de Nicaragua, se ha presentado por el desbordamiento de las aguas superficiales debido a fuertes precipitaciones de tal manera que han afectado tanto a la población municipal como comunitaria. De los 65 municipios de la macro región, según la escala de amenazas naturales, del 1 al 10, el 12 % (8 municipios) se localizan en zonas de amenaza Muy alta a inundaciones, destacándose los municipios de Condega, Estelí, Wiwilí de Estelí, Quilalí, Wiwilí de Jinotega, El Cuá, San José de Bocay y Matagalpa; el 17 % es decir 11 municipios se ubican en zonas de amenaza Alta a inundaciones: San Juan de Limay, La Trinidad, San Nicolás, Teustepe, San Lorenzo, Comalapa, Juigalpa, Acoyapa, San Isidro, Sebaco y Ciudad Darío. Debido a las características geomorfológicas, geológicas y climáticas, los deslizamientos son las amenazas más frecuentes en toda la macro-región Central y Norte: En la generación de los fenómenos de inestabilidad de las laderas intervienen una gran variedad de factores que determinan el tamaño de las áreas afectadas, la velocidad de los movimientos y el volumen de material desplazado y por ende el nivel de daño sobre los elementos expuestos; históricamente en este territorio, las lluvias extraordinarias suelen presentarse a causa de ciclones tropicales en el mar Caribe siendo un importante factor de disparo de los deslizamientos y caídas de bloques en caminos y carreteras. Según información recabada en el departamento de Deslizamiento del INETER cuentan con registros que los deslizamientos activos de gran magnitud en esta macro región son muy locales en áreas de influencia menores a los 100 metros del sitio del deslizamiento. Los municipios más



impactados por deslizamientos son Boaco, La Trinidad, San Nicolás, Esquipulas, Muy Muy, Matagalpa, San Sebastián de Yalí, Jinotega, San Juan de Rio Coco, Dipilto, Quilalí, Matiguas, y Rio Blanco; la características de la mayoría de los deslizamientos es de movimientos lentos, permanentes y profundos, pero cuya actividad puede incrementarse por las fuertes precipitaciones en los períodos lluviosos. La Sequia se destaca 20 municipios que representa el 31 % del total de los municipios que conforman esta macro región los que se ubican en zonas de amenaza Muy alta destacándose los municipios de El Jícaro, Mozonte, Ocotal, Somoto, Totogalpa, Yalaguina, Pueblo Nuevo, Condega, Estelí, La Trinidad, Teustepe, San Lorenzo, Acoyapa, La Concordia, San Isidro, Sebaco, Matagalpa, San Dionisio, Terrabona y Ciudad Darío, un 32 % , es decir, 21 municipios se localizan en zonas de amenaza Alta a la sequia: Jalapa, Murra, San Fernando, Dipilto, Macuelizo, Santa María, Ciudad Antigua, Palacaguina, San José de Cusmapa, San Jose de los Remates, Boaco, La Libertad, Juigalpa, Santo Domingo, Villa Sandino, Wiwilí de Jinotega, San Rafael del Norte, Jinotega, Tuma-La Dalia, San Ramón y Esquipulas; solamente 2 municipios (3 %) se ubican en zonas de amenaza Media alta: Comalapa y Muy Muy. Macro región Atlántico El área de este territorio es de 67,906.90 Km² equivalente al 56,4 % del área nacional. La población proyectada es de 780,796 habitantes, representando un 13,93 % de la población total del país, un 65% corresponde a zona rural, y cuenta con una densidad de 11,49 hab/ Km2. Esta macro región, esta compuesta por las dos regiones autónomas (RAAN y RAAS) y el departamento de Río San Juan.


Mapa 7: Suceptibilidad a Deslizamientos



Esta macro-región, se ubica frente al mar Caribe y al océano Atlántico, donde la formación de Ciclones Tropicales es muy frecuente, existe una alta probabilidad de impactos directos e indirectos por Huracanes, considerados como los fenómenos meteorológicos mas destructivos de las zonas tropicales y subtropicales, tiene la particularidad que esta macro región es más lluviosa que la costa Pacífica puesto que el número de meses de lluvia en la primera es de hasta 11 meses mientras que en la segunda es de 6 u 8 meses. Los principales eventos ocurridos en esta macro región son de origen meteorológicos y debido a las características territoriales se manifiestan en inundaciones, presencia de huracanes y ciclones tropicales. Las características de esta macro región están bien diferenciadas en dos zonas, la Norte con menos precipitación anual, pero más expuesta a los huracanes; y la sur más lluviosa, con valores de precipitación anual de hasta 5.000 mm y más protegida de los huracanes por su posición geográfica. Por ser esta macro región una amplia planicie costera de tierras bajas y pantanosas, recorrida por largos y caudalosos ríos que nacen en la zona montañosa del centro del país y desembocan en el mar Caribe, y por tener precipitaciones anuales entre 3000 y 5000 mm, la amenaza por inundaciones es muy frecuente, con una recurrencia de uno a tres años, aún sin la presencia de ciclones tropicales, pero se incrementan a la llegada de un huracán haciendo que las inundaciones alcancen magnitudes enormes. La zona del Caribe sufre inundaciones en toda su extensión, con serias afectaciones a poblados importantes y en muchas comunidades dispersas. Los ríos que ocasionan mayores afectaciones son el río Coco, limítrofe con Honduras, el río Prinzapolka, con su afluente el Bambana, Wawa y río Grande de Matagalpa. La amenaza sísmica, en la macro región del Atlántico es Media alta, donde tomando como referencia la información del estudio “Amenazas naturales de Nicaragua” elaborado por INETER en el año 1999, actualizando la información al año 2010 según la escala de amenazas naturales del 1 al 10, de los 25 municipios que conforman esta macro región, solamente 1 municipio se ubica en zona sísmica de amenaza Media alta: San Carlos. En la zona del Atlántico de Nicaragua, ocurren muy pocos sismos y los que ocurren son de baja intensidad. En función de la información del estudio “Amenazas naturales de Nicaragua” elaborado por INETER en el año 1999, actualizando la información al año 2010, según la escala de amenazas naturales, del 1 al 10, los municipios que se localizan en zonas de amenaza Muy alta de impacto de huracán es el 36 % del total de municipios, destacándose Waspam, Puerto Cabezas, Rosita, Bonanza, Prinzapolka, La Cruz de Río Grande, Laguna de Perlas, El Rama y Bluefields; el 12 % es decir 3 municipios se ubican en zonas de amenaza Alta: Kukra hill, El Tortuguero y La Desembocadura de Rio Grande. Entre las infraestructuras más importantes que tienen la probabilidad de verse afectadas por los huracanes se encuentran los puertos de Puerto Cabezas, el Bluff y El Rama; otras infraestructuras que se verían afectadas son el aeropuerto para vuelos locales, además de silos para el almacenamiento de granos básicos, trillos de arroz, aserríos industriales y las plantas procesadoras de camarones. La escasa infraestructura vial también es un aspecto vulnerable de ser severamente afectada, sobre todo por las crecientes de los ríos que arrastrarían puentes. En la mayoría de los municipios de mayor amenaza por huracanes habitan más del 40 % de la población en áreas urbanas. Las viviendas clasificadas como chozas y viviendas improvisadas son las más vulnerables a los efectos directos de los vientos fuertes de huracanes. Con el huracán Félix



y el Ida el estado de las viviendas en toda la Macro-región se reporta de alta vulnerabilidad por las condiciones en que quedaron después del impacto de estos huracanes y que aún no han construido sus ranchos o chozas. La combinación de los fuertes vientos, las intensas lluvias y las marejadas que caracterizan a los huracanes, además de afectar severamente a la población, producen daños en viviendas, infraestructuras, cultivos y bosques tanto por su acción directa, como por las inundaciones que provocan. Uno de los principales problemas en esta macro región, es la degradación de los ríos, evidenciados en los ríos Matiz, Santa Fé, el Tigre y Pis-Pis; debido al mercurio por la contaminación minera, impide su uso para abastecimiento y supone un gran riesgo para la vida acuática. En las cuencas del Atlántico, las crecidas están provocadas por precipitaciones prolongadas en el tiempo y distribución espacial extensa (inundaciones fluviales) o por eventos cortos (inundaciones relámpago o costeras) pero de gran intensidad sobre superficies de escasa extensión territorial, la ubicación de los ríos como el rio Coco, Ulang, Wawa, Kukalaya, Prinzapolka, Grande de Matagalpa, entre otros abarcan un área de 117, 420.23 kilómetros cuadrados. En el estudio “Amenazas naturales de Nicaragua” elaborado por INETER en el año 1999, actualizando la información al año 2010, según la escala de amenazas naturales, del 1 al 10, se tiene que 11 municipios es decir el 44 % del total se localizan en zonas de amenaza Muy alta por inundaciones: Morrito, San Miguelito, El Castillo, San Juan de Nicaragua, Puerto Cabezas, La Cruz de Rio Grande, Laguna de Perlas, El Rama, Kukra hill, Bluefields y La Desembocadura de Rio Grande. Fuente: INETER, 2010

Mapa 8: Inundaciones



La Sequia se destaca en 5 municipios que representa el 16 % del total de los municipios que conforman esta macro región los que se ubican en zonas de amenaza Media alta destacándose los municipios de El Almendro, Morrito, San Miguelito y San Carlos.



IX. MARCO ESTRATÉGICO DEL PNGR 2010-2015

4.1. PRINCIPIOS

1. Integralidad: establece sus actuaciones en virtud del desarrollo de las actividades de prevención, mitigación y atención de desastres en función de los intereses de la sociedad.

2. Orden y servicio público con interés social: diseña y efectúa las acciones propias y

necesarias para su ejecución dentro del ámbito de la prevención, mitigación, atención, rehabilitación y reconstrucción, las que deben ser consideradas dentro del ámbito del orden y servicio público con interés social.

3. Responsabilidad por generación de riesgos: establece la clasificación de la generación de los

riesgos por parte de las instituciones públicas o privadas, sean éstas personas naturales o jurídicas, que conlleven responsabilidades administrativas, civiles o penales, según sea el caso.

4. Garantía de financiamiento en función de ámbito de competencia: garantiza el

financiamiento de las actividades relacionadas con la prevención y mitigación por parte de las instituciones públicas o privadas, de conformidad al ámbito de su competencia. El artículo 8 de la Ley 337, ordena que cada institución del Estado incluya dentro de su propio presupuesto anual, las asignaciones necesarias para las tareas que le competen en prevención, mitigación y preparación de desastres. También, en su artículo 12, crea el Fondo Nacional para Desastres, como un fondo “para actuar frente a riesgos inminentes o situaciones de desastre”.

5. Asignación de responsabilidades a cada institución del Estado y órganos de la

administración pública que son parte del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) en cada uno de los diferentes sectores y niveles de organización territorial.24

6. Estructura y funciones del Sistema define la estructura y funciones del Sistema Nacional para

la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de conformidad a la definida para la organización y funcionamiento del Estado. Su estructura y funcionamiento no sustituye las funciones y responsabilidades del Estado.

7. Seguridad ciudadana y de los bienes es responsabilidad prioritaria del Estado: cuida por la

seguridad ciudadana y de los bienes de ésta y del Estado, reafirmando el compromiso del Estado nicaragüense como garante de la seguridad de sus ciudadanos.

8. Descentralización y Desconcentración: el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y

Atención de Desastres debe realizar sus actuaciones de conformidad a lo establecido en el

24 En el Decreto 98-2000 se definen las funciones y responsabilidades de cada institución del SINAPRED. El Arto. 11 del mismo decreto establece que los funcionarios que infrinjan las disposiciones de la Ley 337 y sus respectivos reglamentos, deben ser sancionados administrativamente, sin perjuicio de sus responsabilidades civiles o penales. Pág. 11 del Módulo I del Programa de Capacitación en Gestión del Riesgo.



contexto institucional de las políticas de descentralización y desconcentración. La política de descentralización promueve la participación ciudadana del Poder Ciudadano, el desarrollo local y la gobernabilidad municipal, así como garantizar a las municipalidades los recursos financieros necesarios por la vía de las transferencias municipales, para realizar programas y proyectos comunitarios que puedan elevar el nivel de vida de la población.

9. Preservación de los derechos y garantías constitucionales: es responsabilidad del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres prestar observancia y cuidado al efectivo cumplimiento de las medidas previstas, sin que esto represente poner en riesgo los derechos y garantías de la ciudadanía.

10. Participación de la población: involucra a la población en las actividades de las diferentes

entidades públicas y privadas que tienen participación en el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres. Se valora y promueve la participación de las mujeres como impulsoras de cambios y generadoras de desarrollo; de igual manera se promueve la participación real y efectiva de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el proceso de transformación económica, social, política y cultural del país. El nuevo mudelo de Poder Ciudadano abre oportunidades de plena participación a los ciudadanos desde su comunidad/barrio, de poder participar, en una forma significativa en el proceso de toma de decisión, apoyo de gestión, gestión de directa, monitoreo y seguimiento de la gestión y evaluación de las políticas públicas municipales, regionales autónomas y nacionales.

11. Coordinación interinstitucional, intersectorial y multidisciplinaria: establece los

mecanismos de colaboración de manera multinstitucional, multisectorial y multidisciplinario, con la finalidad de garantizar los elementos básicos necesarios para la coordinación.

12. Integración de la Reducción de Riesgos en la Planificación del Desarrollo: garantiza que la

reducción de los riesgos eventuales ante los desastres forme parte de la planificación del desarrollo, ordenamiento territorial y de la inversión pública y privada, en los diferentes niveles de la organización territorial del país.

13. Equidad e inclusión social: Garantiza el acceso de las mujeres y hombres a la igualdad de

oportunidades y a los beneficios del desarrollo; significa reconocimiento de la diversidad y eliminación de cualquier actitud o acción discriminatoria basada en el nivel de ingreso, género, raza, procedencia étnica, discapacidad, entre otros.

14. Multiétnicidad, multilinguismo, pluriculturalidad: Es el reconocimiento a la diversidad étnica,

multilingüe y multicultural, donde se promueve la participación de las comunidades indígenas y étnicas en los procesos de gestión del riesgo, respetando su identidad cultural, sus organizaciones, sus costumbres y su cosmovisión. De esta manera, se promoverá, en igualdad de condiciones, el respeto de la diversidad cultural de los pueblos y de las identidades institucionales.

15. Solidaridad: Es el conjunto de mecanismos, procedimientos y medidas de compensación social

orientadas a poblaciones en situación de pobreza, priorizando a las mujeres, que les permita reducir los riesgos a desastres y aumentar su resiliencia.



4.2. COBERTURA Y VIGENCIA

Este plan tiene como área de cobertura toda la República de Nicaragua, en el ámbito de su división formal territorial: Nacional, Regional, Departamental y Municipal. La vigencia del PNGR es de cinco años. Se realizará un proceso de control y evaluación permanente y se prevé una evaluación exhaustiva de medio término en el tercer año de su ejecución (2013). 4.3. OBJETIVOS, EJES PROGRAMÁTICOS Y ACTIVIDADES DEL PNGR 2010-2015

La formulación de los objetivos estratégicos, ejes programáticos, objetivos operativos y actividades del PNGR 2010-2015, surgen como producto del análisis de documentos estratégicos internacionales, regionales y nacionales tales como: el Marco Estratégico para la Reducción de Vulnerabilidades y Desastres en Centroamérica (1999), el Convenio Constitutivo Vigente (2007), el PRRD 2006-2015 (2007), Marco de Acción de Hyogo, 2005-2015, Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua (PNDH) 2008-2012, Plan Nacional de Gestión de Riesgo 2004-2010 de Nicaragua y Documento País Mitch +10 (2009). Posteriormente la propuesta fue consultada y validades en el proceso de consulta nacional, sectorial y territorial, con la participación de representantes de instituciones miembros del SINAPRED, ONG, organizaciones locales y cooperación internacional. 4.3.1. Objetivo de desarrollo Contribuir a la reducción de los riesgos a desastres, mediante el desarrollo de políticas y medidas de gestión integral del riesgo articulada con los procesos de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza de la población nicaragüense, desde un enfoque de derechos, y considerando la equidad de género y multiculturalidad. 4.3.2. Ejes programáticos y objetivos estratégicos

El plan se estructura en los siguientes programas y sus respectivos objetivos estratégicos: Programa 1. Gestión integral del riesgo en los procesos de desarrollo e inversión pública y privada. Objetivo Estratégico 1: Promover la incorporación de la gestión integral de riesgo de desastres en la legislación, políticas, planes y proyectos nacionales y sectoriales de desarrollo e inversión, como elemento transversal e integral de los procesos de desarrollo sostenible y seguro de Nicaragua, considerando aspectos de género y multiculturalidad.



Programa 2. Gestión Territorial Objetivo Estratégico 2: Fortalecer las capacidades nacionales para la planificación del desarrollo territorial y local, con enfoque de derechos y equidad de género, como elemento esencial para el desarrollo nacional y local. Programa 3. Generación, intercambio y utilización de la información científico técnica. Objetivo Estratégico 3. Fomentar la generación y transferencia de conocimiento que realizan las instituciones científico-técnicas, garantizando su acceso a los tomadores de decisión responsables de la planificación del desarrollo en los ámbitos nacional, sectorial y local, y población en general, que favorezcan la disminución de la vulnerabilidad en la población. Programa 4. Formación, educación y comunicación. Objetivo Estratégico 4. Reforzar las capacidades institucionales y locales con el acceso del conocimiento y difusión de la información sobre GIR, mediante recursos humanos técnicos profesionales formados, poblaciones informadas y preparadas, y sistemas de información coordinados. Programa 5. Gestión de desastre Objetivo Estratégico 5. Fortalecer la capacidad de los preparativos, respuesta, a todo los niveles (nacional, sectorial, institucional, y local), a fin de reducir las pérdidas de vida y bienes materiales de la población nicaragüense, incorporando el enfoque de género y multiculturalidad. En el siguiente cuadro podemos apreciar la coherencia existente entre los objetivos de desarrollo y objetivos estratégicos del PRRD 2006-2015, el resultado esperado y objetivos estratégicos del Marco de Acción de Hyogo 2005-2015 y el objetivo de desarrollo y objetivos estratégicos del PNGR 2010-2015 de Nicaragua.



Resultado esperado en los próximos 10 años del Marco Acción Hyogo 2005-2015:

Objetivo de Desarrollo PRRD 2006-2015:

Objetivo de Desarrollo PNGR 2010-2015 (Nicaragua):

La reducción considerable de las pérdidas ocasionadas pro los desastres, tanto de las vidas como de los bienes materiales, económicos y ambientales de las comunidades y los países.

Contribuir a la reducción del riesgo de desastres como parte integral del proceso de desarrollo sostenible y seguro de la sociedad centroamericana.

Contribuir a la reducción de los riesgos a desastres, mediante el desarrollo de políticas y medidas de gestión integral del riesgo articulada con los procesos de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza de la población nicaragüense, desde un enfoque de derechos, y considerando la equidad de género y multiculturalidad.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MAH 2005-2015

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRRD 2006-2015

OBJETIVO ESTRATÉGICOS PNGR 2010-2015

1. La integración más efectiva de la

consideración de los riesgos de desastre en las políticas, los planes y programas de desarrollo sostenible a todo nivel, con acento especial en la prevención y mitigación de los desastres, la preparación para casos de desastres y la reducción de la vulnerabilidad.

1. Promover la incorporación de la reducción de riesgo a desastres en la legislación, políticas, planes y proyectos de inversión, para el desarrollo sostenible y seguro de la Región Centroamericana.

1. Promover la incorporación de la gestión integral de riesgo de desastres en la legislación, políticas, planes y proyectos nacionales y sectoriales de desarrollo e inversión, como elemento transversal e integral de los procesos de desarrollo sostenible y seguro de Nicaragua, considerando aspectos de género y multiculturalidad.

2. Fortalecer las capacidades nacionales para

la planificación del desarrollo territorial y local, con enfoque de derechos y equidad de género, como elemento esencial para el desarrollo nacional y local.

2. La creación y fortalecimiento de

instituciones, mecanismos y medios a todo nivel, en particular a nivel de la comunidad, que puedan contribuir de manera sistemática a aumentar la resiliencia ante las amenazas.

2. Impulsar y desarrollar mayor resiliencia de la población centroamericana ante los riesgos de desastres.

3. Fomentar la generación y transferencia de conocimiento que realizan las instituciones científico-técnicas, garantizando su acceso a los tomadores de decisión responsables de la planificación del desarrollo en los ámbitos nacional, sectorial y local, y población en general, que favorezcan la disminución de la vulnerabilidad en la población.

4. Reforzar las capacidades institucionales y

locales con el acceso del conocimiento y difusión de la información sobre GIR, mediante recursos humanos técnicos profesionales formados, poblaciones informadas y preparadas, y sistemas de información coordinados.

3. Incorporación sistemática de criterios

de reducción de riesgos en el diseño y la ejecución de los programas de preparación para las situaciones de emergencia, de respuesta y de recuperación.

3. Promover la incorporación del análisis del riesgo de desastres en el diseño e implementación de programas de prevención, mitigación, respuesta, recuperación y reconstrucción con transformación en los países de la región.

5. Fortalecer la capacidad de los preparativos, respuesta, a todo los niveles (nacional, sectorial, institucional, y local), a fin de reducir las pérdidas de vida y bienes materiales de la población nicaragüense, incorporando el enfoque de género y multiculturalidad.



4.3.3. OBJETIVOS OPERATIVOS Y ACTIVIDADES A continuación se presentan los objetivos operativos y actividades, según cada eje programático:

Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres • SINAPRED

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO 2010-2015

Programa 1. Gestión integral de riesgo en los procesos de desarrollo e inversión pública y privada.

Programa 2. Gestión Territorial Programa 3. Generación, intercambio y utilización de la información científico técnica.

Programa 4. Formación, educación y comunicación.

Programa 5. Gestión de Desastre

Objetivo Estratégico 1: Promover la incorporación de la gestión integral de riesgo de desastres en la legislación, políticas, planes y proyectos nacionales y sectoriales de desarrollo e inversión, como elemento transversal e integral de los procesos de desarrollo sostenible y seguro de Nicaragua, considerando aspectos de género y multiculturalidad.

Objetivo Estratégico 2: Fortalecer las capacidades nacionales para la planificación del desarrollo territorial y local, con enfoque de derechos y equidad de género, como elemento esencial para el desarrollo nacional y local.

Objetivo Estratégico 3. Fomentar la generación y transferencia de conocimiento que realizan las instituciones científico-técnicas, garantizando su acceso a los tomadores de decisión responsables de la planificación del desarrollo en los ámbitos nacional, sectorial y local, y población en general, que favorezcan la disminución de la vulnerabilidad en la población.

Objetivo Estratégico 4. Reforzar las capacidades institucionales y locales con el acceso del conocimientos y difusión de la información sobre GIR, mediante recursos humanos técnicos profesionales formados, poblaciones informadas y preparadas, y sistemas de información coordinados.

Objetivo Estratégico 5. Fortalecer la capacidad de los preparativos, respuesta, a todo los niveles (nacional, sectorial, institucional, y local), a fin de reducir las pérdidas de vida y bienes materiales de la población nicaragüense, incorporando el enfoque de género y multiculturalidad.

Objetivo operativo 1.1. Profundizar en la integración sistémica de todos los sectores vinculados al SINAPRED desde el nivel nacional hasta el local, mediante la promoción, coordinación y ejecución de acciones multisectoriales, interdisciplinarias e interinstitucionales orientadas a la gestión integral de riesgos a desastres.

Objetivo operativo 2.1. Impulsar procesos de ordenamiento y desarrollo territorial que incorpore la gestión integrada de riesgo y que contribuya a reducir las condiciones de vulnerabilidad.

Objetivo operativo 3.1. Mejorar de forma creciente la calidad y disponibilidad de la información sobre evaluaciones de los riesgos a todo nivel, que permita que las instancias decisorias en los niveles regionales, nacionales y locales, sector privado, y las comunidades, tomen acciones eficaces para reducir el riesgo a desastres.

Objetivo operativo 4.1. Incorporar la gestión integral de riesgo de desastre en todo el sistema educativo nacional, desde la educación general básica y media, hasta la educación universitaria, para crear una cultura de seguridad y de resiliencia a todo nivel.

Objetivo Operativo 5.1. Consolidar la coordinación, comunicación y articulación sistémica entre la SE-SINAPRED y los titulares de instituciones; en un esfuerzo de coordinación interinstitucional permanente para situaciones de desastres y en situaciones normales.

Objetivo operativo 1.2. Impulsar la incorporación de la gestión integral del riesgo en la legislación, políticas, planes y programas de desarrollo e inversión pública y privada, a nivel regional, nacional, sectorial y local.

Objetivo operativo 2.2. Fortalecer los procesos de descentralización en el nivel local, asegurando la transferencia de competencias y recursos hacia los actores locales para el manejo integral de riesgos, así como criterios de sostenibilidad de las acciones promovidas en el territorio.

Objetivo operativo 3.2. Mejorar la cobertura y eficiencia de los sistemas de alerta temprana, que permitan a los decisores y comunidades expuestas a tomar acciones oportunas para reducir las pérdidas de vida y bienes.

Objetivo operativo 4.2.Dotar de conocimientos y capacidades al personal de las instituciones, técnicos y profesionales del desarrollo y gestores municipales, a fin de incorporar la gestión integral de riesgo de desastres en los procesos de desarrollo nacional y local.

Objetivo operativo 5.2. Fortalecer la capacidad de respuesta, mediante la promoción de procesos de coordinación, elaboración y actualización de los planes de respuesta en las diferentes instituciones, sectores y territorio.

Objetivo operativo 1.3. Promover la incorporación de la gestión integral del riesgo en los programas de reducción de la pobreza impulsados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) como Hambre Cero, Usura Cero, casas para el pueblo, entre otros.

Objetivo operativo 2.3. Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad, mediante la aplicación articulada de la gestión de riesgo, gestión ambiental, gestión de recursos hídricos y acciones específicas de adaptación al cambio climático.

Objetivo operativo 3.3.Fortalecer la investigación y el intercambio de conocimiento científico técnica generado sobre gestión de riesgo de desastres entre los distintos entes nacionales y locales vinculados con el tema.

Objetivo operativo 4.3. Impulsar una campaña sostenida de concientización de los riesgos de desastres, dirigida a los diferentes sectores políticos, sector privado y comunidad en general, a fin de promover la cultura hacia la gestión integrada de riesgos.

Objetivo Operativo5.3. Impulsar la revisión, actualización, validación y divulgación de manuales, protocolos, y procedimientos de las Comisiones Trabajo Sectoriales e instituciones integrantes del SINAPRED.

Objetivo de desarrollo: Contribuir a la reducción de los riesgos a desastres, mediante el desarrollo de políticas y medidas de gestión integral del riesgo articulada con los procesos de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza de la población nicaragüense, desde un enfoque de derechos, y considerando la equidad de género y multiculturalidad.

PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGO 2010-2015 • NICARAGUA



Programa 1. Gestión integral de riesgo en los procesos de desarrollo e inversión pública y privada.

Programa 2. Gestión Territorial Programa 3. Generación, intercambio y utilización de la información científico técnica.

Programa 4. Formación, educación y comunicación.

Programa 5. Gestión de Desastre

Objetivo Estratégico 1: Promover la incorporación de la gestión integral de riesgo de desastres en la legislación, políticas, planes y proyectos nacionales y sectoriales de desarrollo e inversión, como elemento transversal e integral de los procesos de desarrollo sostenible y seguro de Nicaragua, considerando aspectos de género y multiculturalidad.

Objetivo Estratégico 2: Fortalecer las capacidades nacionales para la planificación del desarrollo territorial y local, con enfoque de derechos y equidad de género, como elemento esencial para el desarrollo nacional y local.

Objetivo Estratégico 3. Fomentar la generación y transferencia de conocimiento que realizan las instituciones científico-técnicas, garantizando su acceso a los tomadores de decisión responsables de la planificación del desarrollo en los ámbitos nacional, sectorial y local, y población en general, que favorezcan la disminución de la vulnerabilidad en la población.

Objetivo Estratégico 4. Reforzar las capacidades institucionales y locales con el acceso del conocimientos y difusión de la información sobre GIR, mediante recursos humanos técnicos profesionales formados, poblaciones informadas y preparadas, y sistemas de información coordinados.

Objetivo Estratégico 5. Fortalecer la capacidad de los preparativos, respuesta, a todo los niveles (nacional, sectorial, institucional, y local), a fin de reducir las pérdidas de vida y bienes materiales de la población nicaragüense, incorporando el enfoque de género y multiculturalidad.

Objetivo operativo 1.4. Elaborar y poner en marcha una política de transferencia de riesgo que permita el aseguramiento del inventario construido (salud, educación, vivienda) y de los proyectados, así como de las actividades productivas, para contribuir a la reducción de los impactos socioeconómicos de los desastres.

Objetivo operativo 2.4. Contribuir al aumento de los niveles de seguridad de las infraestructuras públicas y privadas existentes y futuras (educativas, sociales, económicas), que permita reducir las pérdida de vida y medios de subsistencia.

Objetivo operativo 3.4. Fortalecer la capacidades técnica y científica mediante la modernización tecnológica, mejoramiento de la infraestructura y especialización de los recursos humanos existentes en el país.

Objetivo operativo5.4.: Fortalecer la capacidad nacional y local en el ámbito de preparativos y respuesta, mediante la formación y capacitación especializada al personal de las instituciones que conforman el SINAPRED, de acuerdo a su competencia institucional, sectorial, y local.

Objetivo operativo 2.5. Desarrollar un proceso de recuperación post-desastre,restableciendo las capacidades de las personas, sus medios de vida, las instituciones y los territorios, con la incorporación de medidas de reducción de riesgo para crear resiliencia y evitar el incremento y reconstrucción de las vulnerabilidades y las inequidades existentes. (PCGIR)

Objetivo Operativo 5.5.Contribuir al fortalecimiento de las capacidades locales en preparativos y respuesta ante desastres, mediante la organización, capacitación, ejercicios, dotación de medios técnicos y materiales a nivel local, que les permita estar mejor preparadas ante una situación de desastre, considerando el enfoque de género y multiculturalidad.

Objetivo Operativo5.6.: Fortalecer la plataforma de comunicación e información a nivel nacional y local.

Objetivo Operativo 5.7.: Fomentar mejoras en la gestión de albergues temporales y bodegas en zonas seguras.

Objetivo de desarrollo: Contribuir a la reducción de los riesgos a desastres, mediante el desarrollo de políticas y medidas de gestión integral del riesgo articulada con los procesos de desarrollo sostenible y reducción de la pobreza de la población nicaragüense, desde un enfoque de derechos, y considerando la equidad de género y multiculturalidad.



X. INFORMACIÓN, DIFUSIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO

La difusión del Plan de Nacional de Gestión del Riesgo hacia la población en general y en particular hacia los actores de la gestión, es fundamental para garantizar su éxito. En este apartado se tratan las acciones que se realizarán al respecto.

10.1. Información y difusión Se elaborará una estrategia para la difusión. Los instrumentos que al efecto se diseñen tomarán cuenta de las características de los diferentes públicos meta. En este sentido, más que “publicidad” para el plan, se buscará la transmisión de información concreta, planteada de modo que sea fácilmente interpretada e interiorizada por los actores. El diseño, estrategia de comunicación y material deberá estar diferenciado. Para esto se tomará en cuenta e integrarán criterios de la estrategia de difusión que ha desarrollado la SE-SINAPRED para la inserción de la prevención en la cultura. Instrumentos de Planificación, Seguimiento y Evaluación

10.2. Planificación La matriz de planificación que acompaña a cada programa establece los indicadores y medios de verificación, para monitorear el avance del plan. Se contará con los siguientes instrumentos para la implementación y seguimiento:

La elaboración de un Plan Operativo Anual (PAO), a cargo de la Secretaría Ejecutiva, en el cual se establecerán las metas y actividades de cada año. El POA incluirá las acciones de coordinación de la Secretaría Ejecutiva e integrará y articulará las acciones de las comisiones sectoriales y otros actores.

Formulación de Proyectos por Programa: Los programas que conforman el presente plan

tienen la característica de que pueden ser desagregados en proyectos a partir de los objetivos específicos y los indicadores que se señalan para cada programa.

10.3. Seguimiento

Elaboración de un instrumento de seguimiento y evaluación. La Secretaría Ejecutiva coordinará la elaboración de este instrumento, que integrará indicadores de impacto y de desempeño a nivel territorial, sectorial y nacional.



10.4. Evaluación Para el proceso de evaluación y actualización del Plan, se establecen dos instancias:

La Comisión de Seguimiento del Plan:

Estará conformada por un delegado del Comité Nacional del SINAPRED, el Secretario Ejecutivo de SINAPRED, los puntos focales de las áreas programáticas de la SE-SINAPRED, un representante de REDHUM, un representante del Sector Privado y Académico.

Esta Comisión propondrá a SE-SINAPRED la política de seguimiento y actualización del Plan, y revisará los procesos nacionales, sectoriales y territoriales respectivos.

Las actualizaciones del Plan Básico serán evaluadas por está instancia y remitidas a SE-SINAPRED para su evaluación.

El Foro Nacional, en el marco de del espacio de diálogo de Gestión Integral del Riesgo.

El proceso anual de revisión del plan será discutido y presentado en el espacio de diálogo de Gestión Integral del Riesgo, mediante un Foro Nacional sobre Riesgo de amplia base participativa. El foro tendrá carácter de recomendación.



INDICADORES



XI. ANEXOS ANEXO 1. INSTITUCIONES, SECTORES Y ORGANIZACIONES CONSULTADAS

DURANTE EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DEL PNGR 2010-2015.



ANEXO 2.



ANEXO 3. DOCUMENTOS CONSULTADOS 1. CEPREDENAC. (2003). Nuevo Convenio Constitutivo del Centro de Coordinación para la

Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC). Belice, 3 de septiembre.

2. ______. (2005). Evaluación del Quinquenio (2000-2004) del Plan Regional de Reducción de Desastres. Febrero.

3. ______. (2005). Lineamientos para el Establecimiento del Plan Regional de Reducción de Desastres para el Período 2006-2010. Febrero.

4. ______. (2006). Plan Regional de Reducción de Desastres 2006-2015. Guatemala, República de Guatemala.

5. ______. (2008). Marco Lógico Fortalecimiento del Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres 2009-2011. Área programática para la preparación y respuesta del CEPREDENAC.

6. Cristóbal. I. y Gómez. A. (2010). III Documento País DIPECHO Nicaragua: Profundizando en el

Análisis Territorial. Febrero.

7. Decreto No. 44-94. Creación del Comité Ejecutivo para la Reforma de la Administración Publica. Aprobado el 28 de octubre de 1994. Publicado en La Gaceta No. 203 del 31 de octubre de 1994.

8. Decreto No. 10-98. Reforma al Decreto de Creación del Comité Ejecutivo para la Reforma de la

Administración Pública. Aprobado el 3 febrero 1998. Publicado en la Gaceta No. 36 del 23 febrero 1998.

9. Decreto No.120-99. Reglamento a la Ley No.311 Ley orgánica del Instituto Nicaragüense de

Estudios Territoriales. (INETER). Aprobado el 15 de noviembre de 1999. Publicado en La Gaceta No.229 del 30 de noviembre de 1999.

10. Decreto No. 25-2001. Política Ambiental de Nicaragua y aprueba el Plan Ambiental 2001-2005.

Aprobado el 23 de febrero del 2001. Publicado en La Gaceta No. 44 del 02 de marzo del 2001.

11. Decreto No. 90-2001. Política General para el Ordenamiento Territorial. Aprobado el 18 de septiembre del 2001. Publicado en La Gaceta No. 4 del 07 de enero del 2002.

12. Decreto No. 3584. Reglamento a la Ley No. 28 “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la

Costa Atlántica de Nicaragua”. Aprobado el 9 de julio de 2003. Publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 186 del 2 de octubre del 2003.

13. Decreto No. 8-2004. Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana. Aprobado el 16 de

febrero del 2004. Publicado en La Gaceta No. 32 del 16 de febrero del 2004

14. Decreto No. 20-2006. Política de Protección Especial a los Niños, Niñas y Adolescentes. Aprobado el 23 de marzo del 2006, Publicado en La Gaceta No. 67 del 04 de abril del 2006.



15. Decreto No. 36-2006. Programa Nacional de Equidad de Género. Aprobado el 14 de junio del 2006. Publicado en La Gaceta No. 139 del 18 de julio del 2006.

16. Decreto No. 45-2006. Política Nacional de Descentralización Orientada al Desarrollo Local.

Aprobado el 17 de julio del 2006.Publicado en La Gaceta No. 151 del 04 de agosto del 2006.

17. Decreto No. 112-2007. Creación de los Consejos y Gabinetes del Poder Ciudadano. Aprobado el 29 de noviembre del 2007. Publicado en La Gaceta No. 230 del 29 de noviembre del 2007.

18. EIRD. (2005). Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las

naciones y comunidades ante los desastres. Conferencia Mundial para la Reducción de los Desastres. 18 al 22 de enero, 2005. Kobe, Hyogo, Japón. Ginebra: Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD).

19. EIRD. (2009). Informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres 2009.

Riesgo y pobreza en un clima cambiante. Invertir hoy para un mañana más seguro. Naciones Unidas, Ginebra, Suiza.

20. Ley No. 28. Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua.

Publicada en La Gaceta, Diario Oficial, No. 238 del 30 de octubre de 1987.

21. Ley No. 40. Ley de Municipios. Aprobada el 2 de julio de 1988. Publicada en La Gaceta No. 155 de 17 de agosto de 1988.

22. Ley No. 217. Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Aprobada el 27 de marzo de 1996. Publicada en La Gaceta No. 105 del 6 de junio de 1996.

23. Ley No. 290. Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo. Aprobada el 27 de marzo de 1998. Publicada en La Gaceta No. 102 del 3 de junio de 1998.

24. Ley No. 311. Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER). Aprobada el 24 de junio de 1999. Publicada en la Gaceta No. 143 del 28 de julio de 1999.

25. Ley No. 347. Ley Orgánica del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal. Aprobada el 9 de

mayo del 2000. Publicada en La Gaceta No. 121 del 27 de junio del 2000.

26. Ley No. 428. Ley orgánica del Instituto de la vivienda urbana y rural (INVUR). Aprobada el 02 de Mayo del 2002. Publicado en la Gaceta No. 109 del 12 de Junio del 2002.

27. Ley No. 647. Ley de Reformas y adiciones a la Ley No. 217 “Ley General del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales”. Aprobada el 13 de febrero de 2008. Publicada en La Gaceta Nº 62 del 03 de abril de 2008.

28. Ley No. 677. Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de acceso a la Vivienda de Interés Social. Aprobada el 29 de abril del 2009. Publicada en Las Gacetas No. 80 y 81 del 4 y 5 de mayo del 2009.



29. Ley No. 693. Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional. Aprobada el 18 de junio de 2009. Publicada en La Gaceta No. 133 del 16 de julio de 2009.

30. Ley No. 40 reformada. Aprobada el 28 de junio de 1988 y publicada en La Gaceta No. 162 del

26 de agosto de 1997.

31. Ley No. 690. Ley para el Desarrollo de las Zonas Costeras. Publicada en La Gaceta No. 141 del 29 de julio de 2009.

32. Gobierno de Nicaragua. (2000). Estrategia Reforzada de Reducción de la Pobreza. Managua,

Mimeo. 33. ______. (2005). Política Nacional de Protección Social. Plan quinquenal para la implantación del

sistema solidaridad para el desarrollo. 2005-2009. Presidencia de la República, Gabinete Social. Managua 11 de mayo, 2005.

34. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. (2007a). Prioridades nacionales del Gobierno de

Reconciliación y Unidad Nacional. Versión ampliada, Managua.

35. ______. (2007b). Programa Económico Financiero del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional 2007-2009, Managua.

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37. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales.

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51. Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención a

Desastres. (2003). Nicaragua. Informe país MITCH +5. Managua, Nicaragua.

52. ______. (2003). Resumen Ejecutivo. Informe país MITCH +5. Managua, Nicaragua. 53. ______. (2004). Plan Nacional de Gestión de Riesgo. Managua, Nicaragua.

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64. Resolución A. N. No. 003-2009. Resolución sobre el cambio climático y su adaptabilidad en Nicaragua. Aprobada el 17 de junio del 2009. Publicada en La Gaceta No. 126 del 07 de julio de 2009.

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66. SNU-Nicaragua (2007). Nicaragua: Valoración común de país. Managua, SNU.

67. ______. (2009). Primer Foro Red Humanitaria Nacional de Respuesta. Managua, Nicaragua.

Marzo.

68. UNICEF. (2008). Progreso para la infancia. Un balance sobre la mortalidad materna. No. 7, septiembre de 2008. www.unicef.org/spanish/infobycountry/nicaragua_statistics.html

69. Zúñiga. S. (2007). Memoria Taller Nacional de Ordenamiento Área Programática Científica Técnica. Managua, Nicaragua. 17 y18 de abril.

70. ______. (2007). Resumen Ejecutivo. Resultados Talleres Nacionales Científico Técnicos.

CEPREDENAC. Noviembre.

71. ______. (2008). Documento Memoria Taller Nacional “Análisis del Mecanismo Regional de Ayuda Mutua ante Desastres.2009-2011.CEPREDENAC/SE-SINAPRED. Managua, Nicaragua.



ANEXO 4. GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ALBA

Alternativa Bolivariana para América

AMUNIC

Asociación de Municipios de Nicaragua

ANA

Autoridad Nacional del Agua

ANAPRI

Asociación Nicaragüense de Aseguradoras Privadas

BCN Banco Central de Nicaragua

BID Banco Interamericano de Desarrollo

CATHALAC

Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y El Caribe

CAPRA

Evaluación Probabilística del Riesgo para Centro América (por sus siglas en inglés)

CCAH

Centro de Coordinacion de Ayuda Humanitaria

CEPREDENAC Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central

CIGEO

Centro de Investigaciones Geocientíficas

CIRA

Centro para la Investigación en Recursos Acuáticos de Nicaragua

COBAPRED

Comités de Barrios para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres

COCOPRED

Comités Comunales para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres

CODE Centro de Operaciones de Desastre

CODEPRED

Comités Departamentales para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres

CODIPRED

Comités Distritales para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres

CDM Comités de Desarrollo Municipal

CMNUCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

CNU

Consejo Nacional de Universidades

COLOPRED Comités Locales para Prevención, Mitigación y Atención de Desastres



COMUPRED Comités Municipales de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres

CONAPAS

Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

CORPRED Comités Regionales de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres

COSEP Consejo Superior de la Empresa Privada

CPC Consejos del Poder Ciudadano

CTS Comisiones de Trabajo Sectorial

DC Estado Mayor de la Defensa Civil del Ejército de Nicaragua

DIPECHO Programa de Preparación para Desastres de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (por sus siglas en inglés)

EDAN

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades

EIRD Estrategia Internacional de Reducción de Desastres Naturales de Naciones Unidas

EMNV Encuesta de Medición del Nivel de Vida

ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios

ENAP Empresa Nacional de Puertos

ENITEL Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones

EPN Empresa Portuaria Nacional

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (por sus siglas en inglés)

GIR Gestión Integral del Riesgo

GPC Gabinetes del Poder Ciudadano

GRUN Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

IDH Índice de Desarrollo Humano

IDR

Instituto de Desarrollo Rural

INAFOR

Instituto Nacional Forestal



INE Instituto Nicaragüense de Energía

INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

INIDE Instituto Nicaragüense de Información para el Desarrollo (antes INEC)

INJUVE Instituto Nicaragüense de la Juventud

INIFOM Instituto de Fomento Municipal

INISER Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros

INTA Instituto Nicaraguense de Tecnología Agropecuaria

INTUR Instituto Nicaragüense de Turismo

INVUR Instituto de Vivienda Urbana y Rural

IPCC Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (por sus siglas en inglés)

MAH Marco de Acción de Hyogo

MARENA Ministerio de Ambiente y los Recursos Naturales

MEM Ministerio de Energía y Minas

MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público

MIFAN

Ministerio de la Familia Adolescencia y Niñez

MIFIC Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

MINED Ministerio de Educación

MINREX Ministerio de Relaciones Exteriores

MINSA Ministerio de Salud

MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura

NBI

Necesidades Básicas Insatisfechas

NTON

Normas Técnicas Obrigatorias Nicaragüenses

Nuevo FISE Nuevo Fondo de Inversión Social de Emergencia



ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio

ONG Organización No Gubernamental

OPS

Organización Panamericana de la Salud

PCGIR

Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo

PNDH Plan Nacional de Desarrollo Humano

PNGR Plan Nacional de Gestión del Riesgo

PNR Plan Nacional de Respuesta

PNRR Programa Nacional de Reducción de Riesgos

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

POA Planes Operativos Anuales

PREVDA Programa Regional de Reducción de Vulnerabilidad y Degradación Ambiental

PRRD Plan Regional de Reducción de Desastres

RAAN Región Autónoma Atlántico Norte

RAAS Región Autónoma Atlántico Sur

RASNIC Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua

REDHUM Red Humanitaria

RESIS II

Reducción del Riesgo Sísmico en Centroamérica

SAT Sistemas de Alerta Temprana

SEPRES Secretaría de la Presidencia

SE-SINAPRED Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres

SE-SINASSAN Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional

SIBOIF Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras

SICA Sistema de Integración Centroamericana



SIGRUN Sistema de Información del Gobierno de Reconciliación Unidad Nacional

SINAPRED Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres

SINIA Sistema Nacional de Información Ambiental

SNIP

Sistema Nacional de Inversión Pública

SNP

Sistema Nacional de Planificación

SNU Sistema de las Naciones Unidas

UNAN

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

UNI Universidad Nacional de Ingeniería

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (por sus siglas en inglés)

UTE Unidades Técnicas de Enlace



Mapa Uso Actual (MAGFOR 2000)



Mapa Uso Potencial del Suelo (MAGFOR 2000)



http://www.sinia.net.ni/descarga/cobertura_forest06.jpg

Mapa de Cobertura Forestal de Nicaragua (MARENA / TNC 2006)

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