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NEOLIBE R ALISMO E INGOBERNABILIDAD: CACIQUISMO, MILITARIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN POPULAR EN EL MÉXICO DE ZEDILLO John Gledhill* UNIVERSIDAD DE MANCHESTER RELACIONES 96, OTOÑO 2003, VOL. XXIV

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NEOLIBER ALISMOE INGOBERNABIL IDAD: CAC IQUISMO, MIL I TAR IZAC IÓN

Y MOVIL IZAC IÓN POPULAR EN EL MÉXICO DE ZED I L LO

J o h n G l e d h i l l *U N I V E R S I D A D D E M A N C H E S T E R

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l parecer, cualquier intento de escribir sobre la políticamexicana contemporánea está destinado a verse reba-sado por eventos nuevos mucho antes de su publica-ción. Me encuentro ocupado con la tarea de terminar larevisión de la versión original oral de este artículo al fi-

nal de una semana en que el día 28 de agosto de 1996 el país fue sacudi-do por ataques perpetrados por el Ejército Popular Revolucionario (EPR)que dejaron a quince personas muertas y catorce más heridas en Oaxa-ca, Guerrero y el Estado de México (La Jornada 30/08/96). Aunque lamanifestación de parte del EPR de su presencia en Chiapas tuvo conse-cuencias menos sanguinarias, dos días más tarde un grupo de cuarentao cincuenta hombres fuertemente armados atacó un convoy militar en

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En el presente artículo, intento extraer algunas lecciones de la ex-periencia de dieciocho meses (enero 1995 a agosto 1996) en laadministración de Ernesto Zedillo, desde una perspectiva antro-pológica. Mi punto de partida es un problema clásico de la an-tropología política: el caciquismo. No obstante, busco explorar elcaciquismo desde un ángulo que ha surgido en discursos que cri-tican el acercamiento a la reforma política de Zedillo: políticos dederecha y de centroizquierda han insistido en que el “federalis-mo” promovido por la administración zedillista no sólo sirve paraproteger a los cacicazgos regionales sino que, en efecto, ha forta-lecido el poder de estos hombres fuertes de la política local frenteal gobierno nacional. Este argumento hace surgir asuntos concer-nientes a las cambiantes relaciones entre el poder centralizado ydescentralizado, así como respecto del grado en que el caciquismocontemporáneo sea una continuación de antiguos y establecidosrasgos de la vida política en México o, al contrario, haya adquiri-do nuevas características.

(Neoliberalismo mexicano, caciquismo, movilización popular)

* [email protected] Publicado originalmente en: Valentina Napolitano y Xó-chitl Leyva Solano (eds.), Encuentros antropológicos: Power, Identity and Mobility in MexicanSociety, Londres, ILAS, 1998, 9-28. El autor ha escrito un epílogo para la presente versiónen español.

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el camino entre Carácuaro y Villa Madero en el sureste de Michoacán.Este ataque dejó a un joven soldado muerto y tres heridos, pero en unabizarra demostración de la manera en que se está presentando al terro-rismo político como algo totalmente distinto a las demás amenazas alorden social y la seguridad personal, un portavoz oficial del gobiernodel estado de Michoacán se apresuró a declarar que los atacantes erannarcotraficantes y no guerrilleros, como si de alguna manera esta noti-cia fuera a tranquilizar al público. Poco después, el EPR tomó responsa-bilidad del ataque (La Jornada 31/08 y 1/09/96).

La izquierda intelectual de México se ha distanciado rápidamentedel EPR, como lo han hecho también organizaciones populares acusadaspor Arturo Núñez (subsecretario de la Secretaría de Gobernación), detener vínculos directos con el EPR, o con su ala política, el Partido de losPobres (PDLP).1 La Iglesia católica se ha alineado con los intelectuales, lospolíticos de centroizquierda y los activistas de derechos en argumentarque los catastróficos efectos sociales del neoliberalismo junto con el lla-mado “efecto de demostración” de la continua impunidad de que gozanlas fuertes y represivas reacciones de parte del gobierno a demandas so-ciales legítimas han creado las condiciones que permiten el surgimientode la violencia terrorista al lado de otras formas de violencia y desordensocial. Sería un error exagerar la contribución del EPR a la creciente olade desorden a expensas de analizar la situación más amplia, o asumirque una combinación de miseración y sufrimiento necesariamente haráque la gente ordinaria se vuelva violenta, mucho menos dispuesta a em-

prender aventuras militares contra el Estado. No obstante, el uso del EPR

por parte del régimen como un pretexto para intensificar las violacionesde los derechos de los miembros de comunidades rurales por parte delas fuerzas de seguridad en zonas disidentes bien podría generar un cre-ciente ciclo de represión y contraviolencia; un patrón que es bastante co-nocido en otras áreas de América Latina. Considero que los que ven enlos eventos actuales los síntomas más recientes de la intensificación deciertas contradicciones tienen razón en hacerlo.

Al contemplar el periodo desde el colapso económico de diciembrede 1994, los fríos hechos que afligen las vidas de los mexicanos ordina-rios parecen muy evidentes: los niveles de vida se han colapsado dra-máticamente, junto con la seguridad personal en las ciudades afectadaspor una ola de criminalidad que muestra pocos indicios de abatirse. Al-gunos narcotraficantes han sido detenidos y se han efectuado purgasentre la Policía Federal, pero aun así la violencia relacionada con lasdrogas parece ir en aumento, incluso al grado de contribuir a una cre-ciente crisis política en el estado de Jalisco, donde gobierna el PAN. Hancaído, ya, dos notables caciques políticos regionales: Sócrates Rizzo yRubén Figueroa, y en los círculos de poder se habla mucho de “acabarcon la impunidad”, aunque el gobierno de Ernesto Zedillo ha reafirma-do su apoyo para el gobernador –igualmente controvertido– de Tabas-co, Roberto Madrazo Pintado. La investigación del asesinato de Colosiopermanece enmarañada en confusiones, y la plétora de revelaciones so-bre corrupción en la administración de Salinas de Gortari aún no ha re-sultado en ninguna consecuencia más seria que un mayor ennegreci-miento de las reputaciones de varios personajes quienes, no obstante,han conservado sus posiciones sociales y cierto grado de influencia po-lítica con el gobierno actual. Negociaciones realizadas en una formamás bien teatral han generado algunos acuerdos entre los partidos po-líticos respecto de la reforma política institucional, mientras que el diá-logo en Chiapas –igualmente escenificado– ha producido montones deacuerdos en papel. Empero, estas aparentes búsquedas de consenso yde caminos que conducen hacia adelante son contrabalanceadas por loque parece ser una creciente dependencia en la intervención militar a finde conservar lo que en los contextos urbanos y rurales por igual pasapor “estabilidad”.

1 Incluidos los siguientes: el Frente Amplio de Construcción-Movimiento de Libera-ción Nacional (FAC-MLN), el Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata(FDOMEZ), y la Organización Campesina de la Sierra Sur (OCSS). Se supone que el PDPL esla reencarnación actual del Partido Obrero Clandestino Unión del Pueblo, una organiza-ción que usa el discurso de la vanguardia marxista urbana, y que los servicios secretosya presentaban como una presencia siniestra en la época de la campaña propagandísticaque despreciaba a la OCSS después de la masacre de Aguas Blancas en Guerrero. ElFACMLN ha coordinado las respuestas de organizaciones regionales en la Huasteca, Gue-rrero y Oaxaca ante los ataques gubernamentales en su contra. Los portavoces de estosmovimientos han negado públicamente todo vínculo con el EPR y han enfatizado la na-turaleza pacífica de su lucha, aunque también han expresado en general su respeto porlas distintas formas de lucha de otras organizaciones (La Jornada, 31/8/96).

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En el presente artículo, intento extraer algunas lecciones de la expe-riencia de dieciocho meses (enero 1995-agosto 1996), desde una pers-pectiva antropológica. Mi punto de partida es un problema clásico en laantropología política: el caciquismo. No obstante, busco explorar el ca-ciquismo desde un ángulo que ha surgido en discursos que critican elacercamiento a la reforma política del entonces presidente Zedillo quehan presentado los líderes pasados y actuales del Partido de Acción Na-cional (PAN), Carlos Castillo Peraza y Felipe Calderón Hinojosa, y delentonces líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el es-tado de Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, quien más tarde fueelegido líder nacional de su partido. Estos políticos de derecha y de cen-troizquierda, respectivamente, han insistido en que el “federalismo”promovido por la administración de Ernesto Zedillo no sólo sirve paraproteger a los cacicazgos regionales sino que, en efecto, ha fortalecido elpoder de estos hombres fuertes de la política local frente al gobierno na-cional. Este argumento hace surgir asuntos concernientes a las cambian-tes relaciones entre el poder centralizado y descentralizado, así comorespecto del grado en que el caciquismo contemporáneo sea una conti-nuación de antiguos y establecidos rasgos de la vida política en Méxicoo, al contrario, haya adquirido nuevas características.

Mi propuesta es que no debemos pensar en las diversas formas depoder caciquil existentes en México en la actualidad en términos de unasimple dicotomía entre lo “tradicional” y lo “moderno”, como los apo-logistas de la administración nacional hacen en ocasiones cuando sugie-ren que los cacicazgos persisten porque el gobierno no es capaz de disci-plinar a los grupos regionales cuyo poder depende del atraso de loslugares en que operan. En general, los antropólogos suelen ver el papelde los brokers como algo que llena la “brecha” entre, por una parte, co-munidades rurales débilmente conectadas entre sí porque su vida sociales estructurada por relaciones tipo patrón-cliente y, por el otro, las ins-

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No es mi propósito aquí tratar de predecir el futuro, sino simple-mente resaltar cómo los problemas que el país enfrentó durante la ad-ministración zedillista reflejan el fracaso, tanto político como económi-co, del neoliberalismo mexicano. La antigua hegemonía ya ha sidodesmantelada más allá de cualquier reparación, pero la transición haciauna nueva está resultando bastante difícil, y los costos sociales y econó-micos del neoliberalismo al estilo mexicano parecen ser mucho más al-tos que la mayoría de los analistas presagiaron en los días cuando el sa-linismo parecía abrir un camino viable, si bien socialmente doloroso,hacia la transformación económica y, además, parecía plausible enmar-car la discusión del cambio político en términos puramente institucio-nales enfocados, por ejemplo, en las maneras en que se pudiera reconfi-gurar el PRI y abrir para el PAN un papel activo en el gobierno en el nivelnacional. El problema con el tipo de debate en que participaron la ma-yoría de los politólogos no consistió simplemente en que no analizaroncon suficiente rigor lo que estaba sucediendo en la sociedad mexicanaen sí, ni tampoco la complejidad y variabilidad de situaciones regiona-les particulares, sino en que rara vez abordaron alguna interroganteprofunda acerca de la naturaleza de las elites mexicanas, o de la maneraen que las estructuras del poder social informal detrás de las institucio-nes formales de la vida política moldean las respuestas de estas elites alcreciente espectro de problemas que afectan al país.2

2 Un factor importante aquí es el grado en que los líderes del PAN están integrados enla misma clase política que los del PRI, no sólo a través de procesos de negociación clan-destinos, sino por su participación en las mismas redes sociales y estructuras de grupo.Este asunto es más importante que la cuestión de si los panistas en el poder están dis-puestos a adoptar las prácticas “tradicionales” del gobierno, aunque al parecer esto tam-bién es el caso. Aun cuando el triunfo de Felipe Calderón sobre los neopanistas en laselecciones internas del partido quizá refleje el interés entre las filas del PAN en mantenerun compromiso con el conservadurismo ideológico, ciertamente la integración está pre-sente en los casos de varios personajes claves del actual escenario político, cuyas accionesy palabras a menudo parecen formar parte de un proceso en el que el régimen en sí está“probando las aguas”. El gobernador panista de Guanajuato, Vicente Fox, por ejemplo,intentó asociar el movimiento de deudores, El Barzón, con el EPR y, en una fecha más tem-prana en el año, presentó un discurso notorio en que abogó por la privatización total dePEMEX. La extraña conducta del anterior candidato a la presidencia del PAN, Diego Fer-nández de Cevallos, quien se negó a intensificar su campaña tras su éxito en un debate

televisado, y el papel más reciente del procurador panista Lozano Gracia, quizá puedanverse como síntomas de complicidades subyacentes, pero la cuestión más importante eshasta qué punto están éstas enraizadas en las formas de socialidad de la clase políticamexicana, y no simples productos tácticos de maniobras pragmáticas en la búsqueda departicipación en el poder político.

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(Schryer 1990). Esto, junto con los intentos de parte del centro de inter-venir más decisivamente en la política regional, y los efectos sociales dela migración rural-urbana sobre el liderazgo en las comunidades indí-genas, produjo una nueva combatividad campesina que perdura en laactualidad. Las formas particulares del dominio caciquil pueden desa-parecer a lo largo de la historia, y el poder local que depende del apoyode capital externo o del Estado siempre es vulnerable. Las luchas faccio-nales por el liderazgo local y la activa resistencia al caciquismo en el ám-bito local quizá obstaculicen el establecimiento de un sistema estable yextensivo de dominio local, especialmente cuando intervienen asimis-mo fuerzas externas. Sin embargo, el hecho de que el dominio de “hom-bres fuertes” sea un rasgo recurrente en la vida política de México, tan-to en el contexto rural como en el urbano, como en el ámbito regionalcomo local, demuestra que no nos encontramos ante una reliquia delpasado, sino que debemos preguntarnos por qué se reproduce el caci-quismo en un sistema de Estado en que el “alcance” del gobierno nacio-nal ha sido en realidad mayor que en muchos otros Estados del “TercerMundo”. Sugiero que necesitamos considerar el grado en que el papelde los caciques locales y regionales refleje no tanto una “brecha” entrecentro y periferia, sino la naturaleza del poder de la elite y la manera enque esto es ejercido en todo México.

La discusión del caciquismo y del problema de las elites en Méxicome llevará hacia el problema de la “ingobernabilidad”, respecto del cualargumentaré que la creciente militarización del Estado mexicano repre-senta una consecuencia necesaria del abandono de las antiguas formasde hegemonía en condiciones en que las políticas económicas neolibe-rales sólo benefician a un reducido sector de la elite. Aun cuando lasmedidas de este tipo han tenido a menudo una cualidad preventiva,3 y

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tituciones de un gobierno nacional cuyo alcance en el ámbito local eslimitado (Gledhill 1994, 113). En esencia, esta versión representa la ex-plicación negativa que presentó Paul Friedrich en su estudio clásico deNaranja, Michoacán en los cincuenta (Friedrich 1986), y que ofrece unmodelo descriptivo de la dinámica del “proceso caciquil” ejemplificadapor el surgimiento y posterior caída de Elias “Caracortada” Caso. Auncuando Friedrich presenta valiosas observaciones sobre la manera enque se realiza, se reproduce y se contesta una forma particular de podercaciquil en el ámbito de la comunidad, su microanálisis no nos ayuda aentender el por qué las formas de caciquismo varían en el tiempo y elespacio, ni cómo esta variación pudiera relacionarse con la cambiantenaturaleza del sistema económico y político de México (Chevalier yBuckles 1995, 112). Como Chevalier y Buckles señalan en su análisis dePajapan, Veracruz, los regímenes caciquiles pueden ser transformadosradicalmente mediante la penetración de la economía del mercado y dela burocracia del Estado, pues en este caso un sistema político local do-minado por caciques rancheros y hombres fuertes indígenas aliados conellos cedió su lugar a una coalición “etnopopulista” opuesta a PEMEX yal Estado mexicano en sólo unos pocos meses, aunque pronto se dege-neró en el faccionalismo (op. cit. 113). No obstante, el cambio económicoy político crea asimismo nuevas formas de caciquismo: el hecho de quelos hombres fuertes indígenas de Pajapan repitan hasta el cansancio laretórica del “comunalismo”, “indigenismo” y “tradición” para proyec-tarse políticamente no cambia el hecho de que “el dominio moderno delos caciques depende más bien de la manipulación del dinero y de la au-toridad gubernamental, [y] no de la regulación del parentesco patrimo-nial por la costumbre”, de tal manera que no hay nada “tradicional”, nimucho menos inherentemente “indígena” en el tipo de poder que ejer-cen (Ibid.).

La dirección del cambio está moldeada tanto por el sistema localcomo por el sistema más amplio. En el caso de la Huasteca, la antiguatradición ranchera del “hombre fuerte” que buscaba la venganza envendettas familiares por cuestiones del honor cedió –con el paso de lasgeneraciones– ante nuevos estilos de hegemonía vinculados con la lógi-ca de la ganadería comercial modernizada y el abandono del estilopaternalista de interacción política que caracterizaba la época anterior

3 Se podría argumentar que en el pasado los cambios en las elites en América Latinahan sido acompañados de estrategias conscientemente preventivas, ya que el populismoy el corporativismo del Estado pretendieron controlar los incipientes proletariadosindustriales. Sin embargo, se puede cuestionar hasta qué punto las acciones actuales re-presenten un esfuerzo “estratégico” para dirigir el cambio social y político con un desen-lace en mente que está claramente definido en términos de un nuevo sistema.

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Barzón, que se ha extendido desde su base inicial en el estado de Jaliscoconsistente en un grupo de agricultores en bancarrota para convertirseen un movimiento urbano y rural que rivaliza al de los maestros (Fowe-raker 1993) en términos de su importancia nacional. Sus líderes tambiénhan sido víctimas del arresto arbitrario, y ahora comparte el destino deotras organizaciones campesinas e indígenas militantes de verse acusa-das de tener vínculos con el EPR. Sin embargo, si bien es innegable queha ocurrido un mayor surgimiento de actividades entre movimientossociales en todo México, ya que varias formas de movilización estáncreciendo en su intensidad conforme la situación económica y de segu-ridad se deteriora, parece ser importante no exagerar la escala de resis-tencia activa al neoliberalismo ni ignorar la manera en que las nuevascondiciones establecidas por el Estado neoliberal impactan las formasen que las luchas populares pueden realizarse. Regresaré a estas cues-tiones en la parte final de este artículo, donde presto particular atencióna las contradicciones de una política de derechos y de identidad comoun medio para defender los intereses populares y desafiar el proyectoneoliberal.

CONTINUIDAD Y CAMBIO EN EL CACIQUISMO MEXICANO

A la luz de la caída de Rubén Figueroa, pudiera parecer que el EjecutivoFederal pretende demostrar su resolución de acabar con la impunidadde manera por demás decisiva, dado que Figueroa era uno de los pocosamigos políticos de Zedillo y, además, su compadre.7 Sin embargo, la se-

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en parte son respuestas al incremento de la criminalidad,4 también sonun reflejo del grado de disidencia que existe en México hoy y del temorde que esta disidencia se esté volviendo cada vez más radical. En elcontexto urbano, la prolongada resistencia de los camioneros pertene-cientes al militante sindicato SUTAUR5 y asociada con la radical organi-zación política izquierdista, el Movimiento Proletario Independiente(MPI), terminó al fin con un acuerdo negociado, aunque el hecho de quela represión de sus líderes y las dificultades cada vez más serias que en-frentaron las familias de los trabajadores para alimentar y educar (a sushijos) no hayan conducido a una rápida resolución del problema nopudo haber sido alentador para el régimen.6 Desde otro punto del es-pectro social y político, encontramos el movimiento de deudores, El

4 Considero como axiomático que el aumento en la criminalidad es una consecuen-cia de la crisis social que resulta de las políticas económicas neoliberales, aunque los crí-menes relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico, de manera particular,merecen un análisis más cuidadoso, ya que el desarrollo de este tráfico en sí y su relacióncon la política tienen una historia más antigua. Además, la violencia entre los narcotrafi-cantes en México está vinculada con los cambios en la más amplia “narcoeconomía” in-ternacional, incluida una reorientación de las rutas de abastecimiento relacionada con lacompetencia para controlar los carteles colombianos. También debemos recordar queuno de los problemas que enfrenta al “Estado nacional de seguridad” en México es sim-plemente el hecho de que muchos de sus agentes están comprometidos, junto con sus pa-trones políticos. Uno de los temores que se expresó respecto de las purgas de la policíafue que los oficiales despedidos simplemente se dedicarían de tiempo completo a las ac-tividades criminales.

5 El Sindicato Único de Trabajadores de Autotransportes Urbanos Ruta 100.6 La prolongada batalla de SUTAUR comenzó cuando el gobierno clausuró la empresa

pública de transporte urbano, Ruta 100, en la ciudad de México alegando corrupción enel sindicato, y arrestó a sus líderes. Los eventos se tornaron cada vez más sangrientosdespués del supuesto suicidio del otrora jefe de la compañía de autobuses, quien se su-pone se disparó dos veces en la cabeza. Al paso del tiempo, la lista de víctimas llegó aincluir al juez Abraham Polo Uscanga, quien fue asesinado en su casa después de denun-ciar la ilegalidad de las acciones emprendidas contra los líderes de SUTAUR. Los bloqueosy manifestaciones de SUTAUR fueron atacados en repetidas ocasiones por la policía anti-motines, y sindicalistas internacionales vieron impedidos sus intentos de expresar suapoyo. A pesar de estas presiones, junto con otras más mundanas como las hipotecas ylos gastos de educación familiar que ya no podían solventar, los trabajadores despedidosrechazaron varios acuerdos basados en la redundancia, y lograron forjar una causa co-mún con otros grupos –como los maestros, los empleados del IMSS y los vendedores

ambulantes– aunque al final aceptaron un acuerdo negociado. Las marchas organizadaspor estos movimientos urbanos han sido las más impresionantes que se han visto en laciudad de México desde la década de 1960.

7 En principio, el hecho de que Zedillo tenga una débil red política personal compa-rada con la mayoría de los políticos de primer nivel, podría ser positivo para un reforma-dor, aunque la mayoría de los comentaristas lo consideran una debilidad. Hasta la fecha,parece que esta situación le ha obligado a ceder considerable influencia a facciones másoscuras en el centro del PRI, en particular al grupo asociado con Carlos Hank González.Aunque muchos de los “hombres fuertes” que quedaron como “los poderes detrás deltrono” son vistos como representantes del viejo estilo de la política, cabe señalar que tie-

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tinio más minucioso señala más bien la “modernización” de las baseseconómicas de los cacicazgos en Guerrero, pues las inversiones en pro-yectos turísticos forman parte central de las fuentes de riqueza “legíti-mas” a los niveles más altos, lo que llevó a un líder de la OCSS a sugerirque al final de cuentas Figueroa tuvo que salir porque estaba dañandolos intereses comerciales de personas claves en el régimen nacional. De-bemos notar asimismo la importancia de las relaciones en la carrera deAguirre que hizo en la Facultad de Economía de la UNAM, especialmentecon su padrino Jorge Tamayo López Portillo. Obviamente, no es posiblehablar del sistema regional como algo “aislado” en términos de las re-des políticas. Como Claudio Lomnitz-Adler observa respecto del casodel célebre cacique ranchero en la Huasteca, Gonzalo Santos, los caci-ques regionales pueden establecer su poder sobre grupos social y cultu-ralmente distintos en una cultura regional de maneras muy distintas, ya través de idiomas y discursos también diferentes (en este caso el delliberalismo e individualismo para los rancheros, y el de paternalismo yjerarquía para las comunidades indígenas). Los complejos sistemas dedominio regional como éstos también influyen en la manera en que loscaciques extienden su alcance hacia el espacio político nacional confor-me desarrollan estrategias de negociación con burócratas y políticos enel centro que enfatizan el apoyo que tienen en sus respectivas regiones.En el caso de Santos, este proceso implicó la transgresión deliberada delas normas del discurso respetuoso asociado con la elite nacional, muya la manera de Figueroa (Lomnitz-Adler 1992, 302). Las diferentes más-caras que los actores se ponen cuando negocian el camino hacia el podery la riqueza son, entonces, una guía inadecuada para entender las basesestructurales en la evolución del poder en términos de intereses econó-micos y redes políticas.

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lección de Ángel Heladio Aguirre Rivero como gobernador interino ase-guró la continuidad del sistema de organización política regional exis-tente. En su inauguración, Aguirre usó el lenguaje del reformador, peroél es a la vez el principal cacique de la Costa Chica.8 Dado el grado depobreza en el campo de este estado y el antiguo dominio del clan de losFigueroa, a primera vista Guerrero parece ser un caso en que sería plau-sible hablar de un sistema político enraizado en el pasado, o de un sis-tema “tradicional” vinculado con el atraso social. No obstante, un escru-

nen grandes inversiones personales en las políticas económicas del neoliberalismo mexi-cano; especialmente los que están del lado de los inversionistas extranjeros. Una vez más,la dicotomía “tradicional”-“moderno” resulta inapropiada, pues no hay nada particular-mente paradójico en el hecho de que un “hombre nuevo” como Zedillo, de antecedentesrelativamente humildes, pueda gozar de una relación tan cercana con el vástago de unaduradera familia política regional posrevolucionaria.

8 Aguirre o “Layo” como es conocido entre sus amigos políticos, es oriundo de Ome-tepec, el centro político y comercial de la Costa Chica y una de las zonas más afligidaspor la pobreza en todo el estado. Nacido en una adinerada familia ganadera que se esta-bleció en la región en la década de 1920, Aguirre no sólo goza de amistades con los ca-ciques locales en su región natal y con los rancheros que controlan las comunidadesindígenas, sino también ha comandado sus propios pistoleros (La Jornada, 18/03/96). Sutío Mateo, un otrora diputado local, lo presentó a su compadre, el anterior gobernadorCervantes Delgado, cuando éste ocupaba un puesto oficial en el Distrito Federal. Mástarde, Aguirre se unió al grupo alrededor del finado José Francisco Ruiz Massieu, otroragobernador. Sobre el papel de “Layo” como el cacique mayor de la Costa Chica, el ex-presidente del Comité Municipal del PRD en Ometepec comentó que Aguirre Rivero “or-ganiza a todos los caciques de estos lugares; sus amigos son la gente de Azoyú, donde elpresidente municipal, Lauro Justo, y su hermano, Luis, son famosos por usar pistoleros.También es amigo de Rufino Añorve, el expresidente de Xochistlahuaca, y el jefe de Tla-coachistlahuaca, Armando Ramos Brito, a quien nuestros camaradas mixtecos atribuyenel asesinato de ocho miembros del PRD. En 1989, Aguirre impuso a Mario Navarrete comopresidente municipal en Ometepec, a costa de derramamientos de sangre. El 6 de marzode 1990, unas horas después de que fuimos desalojados violentamente de la presidenciamunicipal, llegó Aguirre Rivero rodeado de la policía judicial y policías en motocicleta”(Ibid.). El caso de Tlacoachistlahuaca da un ejemplo indicativo de la condición actual delos cacicazgos mencionados en este comentario. Después de otro incidente violento entrelos jefes rancheros y la mayoría de mixtecos alineados con el PRD, estos últimos quema-ron la presidencia municipal y solicitaron un municipio propio, a fin de acabar con suvida bajo el yugo de los rancheros que violaban no sólo sus derechos políticos sino sumás fundamental derecho a la seguridad personal (La Jornada 24/11/95). En una ocasión,

Aguirre impuso a uno de los vaqueros de su familia como presidente municipal de Tla-coachistlahuaca (La Jornada 13/03/96). Como un político ambicioso, “Layo” aceptó la au-toridad de Rubén Figueroa y mantuvo una “amistad” con él, a pesar del hecho de que sucaciquismo chocaba con el de Figueroa en las elecciones municipales de 1993: “Figueroaimpuso sus candidatos, viejos caciques con pistolas en el cinturón […] [L]a gente deAguirre terminó como síndico e intentó crear un espacio político propio al formar la Aso-ciación de Síndicos de la Costa Chica” (Ibid.).

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lista”, en realidad han reestructurado sus bases de poder para adaptar-las a tiempos cambiantes; una reestructuración que depende de redesmucho más amplias que las vinculan –en muchos casos directamente–con figuras en el más alto nivel de la elite nacional, una elite que hamantenido sus puertas abiertas para los “nuevos ricos” a lo largo delperiodo posrevolucionario y que de hecho ha creado esos “nuevos ri-cos” mientras buscaban nuevas maneras de aumentar su propia riquezay conservar su poder social.

Desde una perspectiva histórica a más largo plazo, el caso chiapane-co sugiere que un modelo que concibe al caciquismo como la interme-diación entre localidades y el estado debería tomar en cuenta el papelque el mismo Estado nacional juega en la formación de nuevos lide-razgos locales y, por ende, de nuevos cacicazgos. Las bases de los caci-cazgos asociados con las modernas comunidades del altiplano centralfueron establecidas en la década de 1930, cuando Lázaro Cárdenas erapresidente (Rus 1994). Fueron productos de una estrategia diseñadapara debilitar las antiguas oligarquías regionales, pero esta estrategiasólo puede tener éxito si los cambios sociales que ocurren en el ámbitode la comunidad apoyan el acceso al poder de nuevos elementos. Suéxito depende asimismo del balance más amplio de las fuerzas socialesy políticas en el ámbito regional en algún momento histórico determi-nado. Lo que se necesita en el nivel de las comunidades es una nuevageneración de líderes potenciales que dispone de los recursos, tantoideológicos como materiales, que la coyuntura requiere; es decir, losrecursos que los colocan en la posición de prevalecer en una lucha porla “hegemonía comunal”, en el sentido que argumenta Florencia Mallon(1995). Por una parte, es una cuestión de recursos relacionados directa-mente con el papel de brokers o “intermediarios” en términos culturales,políticos y, en algunos casos, también económicos, tales como el alfabe-tismo o el bilingüismo. Por otra parte, las condiciones sociales y las for-mas de socialidad existentes y emergentes en las comunidades tambiénjuegan un papel importante en determinar cuáles tipos de cambios enlos papeles y estilos de liderazgo resulten posibles, y cuáles tipos depersonas sociales serán considerados aceptables como líderes. Las es-tructuras de parentesco, las alianzas entre familias, las redes y los con-tactos afuera de la comunidad, las estructuras de patronazgo, los siste-

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Este punto queda más claro aun en el caso de Tabasco, donde el po-der del gobernador Madrazo está fincado en una estructura de gruposregionales con una historia muy larga, pero fortalecido por alianzas conempresarios financieros que lograron riqueza y prominencia en el sexe-nio anterior, como el fugitivo banquero Carlos Cabal Peniche, acusadode estar involucrado en el narcotráfico y el lavado de dinero. Desde estaperspectiva, parece más difícil todavía hablar del caciquismo como unsistema estrictamente local, o de explicar sus formas concretas en térmi-nos de la idea general de la distancia y la incompatibilidad entre lo queLomnitz-Adler llama las “culturas íntimas” locales y el aparato buro-crático manejado por el gobierno nacional.

El caso de Chiapas refleja asimismo claros indicadores de cambio enlas bases del poder regional detrás de la aparente continuidad de las for-mas de dominio. Un ejemplo dramático es el despojo forzado de invaso-res de predios (“paracaidistas”) del rancho conocido como “El Gran Po-der”; un evento que tuvo lugar más tarde en la misma semana en que elpresidente Zedillo había declarado la “resolución” de los problemasagrarios en el estado mediante un acuerdo histórico firmado por sesen-ta y nueve organizaciones campesinas. Durante el desenlace violento dela invasión de este rancho, la policía del estado mató a dos de los líderesy a un miembro ordinario de una de las organizaciones firmantes, laCentral Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), ade-más de arrestar a cincuenta y nueve de sus militantes. Este rancho estáen el municipio de Nicolás Ruiz, donde gobierna el PRD, y ha sido la es-cena de conflictos agrarios desde el siglo XIX. Las comunidades indíge-nas adujeron tener títulos a los terrenos en disputa que datan del sigloXVIII, y concibieron a su lucha como otro episodio en su resistencia pri-mordial a los caciques locales (La Jornada 24/3/96). No obstante, el pro-pietario legalmente registrado de las tierras en disputa no era otro queCabal Peniche, cuya red personal incluía no sólo a Madrazo, sino tam-bién a los hermanos Salinas y al millonario y otrora regente de la ciudadde México durante la gestión de López Portillo y miembro del gabinetede Salinas, Carlos Hank González. Así, aunque las elites regionales deltipo que existe en Guerrero, Tabasco o Chiapas parecen ser “tradiciona-les” en el sentido de que siguen recurriendo a la violencia bruta para de-fender sus intereses y también practican un estilo de política “cliente-

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elección de oficiales comunales mediante “usos y costumbres” ocultancaciquismos, y otros –como la comunidad mazateca de Mazatlán Villa deFlores– donde una asamblea comunal dominada por sentimientos opo-sitores desafía los intentos de imponer procedimientos electorales “mo-dernos” por parte de un grupo de caciques priístas compuesto de otrorapresidentes municipales y maestros, y apoyado por el gobierno y lapolicía judicial.10 Al igual que en el caso mencionado arriba del discursode los caciques indígenas de Pajapan, para desentrañar el significado deestas diferentes situaciones locales, debemos analizar las políticas detrásde los discursos, así como las distintos públicos a los cuales se dirigen losdiferentes discursos; incluidos los funcionarios del estado, los periodis-tas y otros fuereños, así como los antropólogos que aconsejan al EZLN.

Inevitablemente, las luchas articuladas mediante discursos son almismo tiempo luchas por la “hegemonía cultural” y para orientar y di-rigir a “la comunidad”, así como pugnas para cambiar las relaciones depoder entre las comunidades y el resto de la sociedad regional y nacio-nal. Sin embargo, el hecho de que no se trata únicamente de procesos in-ternos a las comunidades es evidente en la manera en que las adminis-traciones presidenciales que se dedicaron activamente a desplazar arecalcitrantes elites regionales a favor de sus propios aliados, como losde Cárdenas o de Echeverría, también fueron productores de cacicaz-gos. No obstante, los resultados de estas estrategias de fortalecimientodel centro siempre han variado entre una región y otra. Por ejemplo,Cárdenas intentó reforzar su control político mediante la imposición deautoridades locales en Michoacán a personas vinculadas con él por la-zos más bien personales que ideológicos. Esta práctica a menudo resul-tó contraproducente, porque los liderazgos impuestos carecían de unabase de apoyo orgánica en las comunidades. Incluso, allí donde una base

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mas de tenencia de la tierra y la disponibilidad de tierra, las actividadeseconómicas alternativas disponibles, y toda una gama de otros factoressociales contribuyen a determinar el desenlace del conflicto interno;pero es importante a la vez tomar en cuenta el papel de la “cultura dela comunidad” y las ideas que la gente misma conserva respecto de loque la “comunidad” representa y de cómo su vida es constituida a tra-vés de prácticas sociales, en vez de considerar a la existencia de “la co-munidad” como una presuposición analítica no problemática.9

Hoy en las comunidades indígenas de Chiapas, el discurso de lagente ordinaria muestra una fuerte “objetualización” de “la comuni-dad” y de “lo comunal”. Esto no es cuestión de sobrevivencias o rema-nentes culturales, ni de apegos primordiales a “usos y costumbres”,santificados por “tradición”, sino un ejemplo de la manera en que “lacomunidad” y sus prácticas pueden ser reactivadas en forma de cons-trucciones políticas que constituyen elementos íntegros de luchas acti-vas para reordenar la vida social y hacer avanzar los intereses de los po-bres y de los marginados. Bajo diferentes condiciones de “hegemoníacultural”, el discurso de “comunidad” puede, sin embargo, ser manipu-lado también por los caciques contra sus oponentes. Como muestra elanálisis de Rus, el derecho de elegir los representantes políticos con baseen los “usos y costumbres” puede ser una expresión auténtica de la vo-luntad comunal de las aldeas de base zapatistas en la Selva Lacandona,pero la defensa de “la autonomía y la tradición indígenas” también haestado en el centro de las estrategias de los caciques en las tierras altascentrales (véase también Collier 1994). En Oaxaca, encontramos de nue-vo algunos contextos en que las antiguamente establecidas prácticas de

9 Aunque este asunto parece especialmente importante en el caso de las comunida-des indígenas, también parece ser necesario abordar el problema de las concepciones ylas ideologías de socialidad y de la relación entre los individuos, las unidades domésti-cas y “la comunidad” en otros contextos. En distintos sentidos, las comunidades no-indí-genas pueden encontrar a menudo que la reconstrucción del “sentimiento comunal” –unsentido del valor moral y práctico de una colectividad unificada– es especialmente difí-cil y contradictoria, aunque ciertamente las contradicciones no están ausentes de las co-munidades indígenas en sí. Para un reciente y bien elaborado análisis antropológico delsignificado de comunidad, véase el estudio de Monaghan del pueblo mixteca de Nuyoo(1995).

10 La postura priísta es que sus contrincantes son zapatistas y perredistas; cargos querechaza la mayoría que se opone a este partido. En 1996, el intento de los priístas de im-poner una elección por voto secreto terminó con el arresto del otrora presidente munici-pal opositor después de que mataron a un mazateco. A pesar de la intimidación y laviolencia, la asamblea comunal prosiguió y en febrero eligió un nuevo presidente muni-cipal mediante sus “usos y costumbres”. El municipio siguió en un estado de “paz arma-da” (La Jornada, 18/3/96). Mazatlán Villa de Flores es el lugar de nacimiento del padrede los hermanos Flores Magón.

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Estos procesos de cambio secular, estructural y social fueron impor-tantes en periodos históricos anteriores, y el desarrollo desigual hagenerado hasta cierto punto que “la historia se repita a sí misma” en dis-tintas regiones. Sin embargo, como Robert Smith (1998) muestra, el cam-bio de este tipo continúa al grado de que ahora es necesario adoptar unaperspectiva no sólo nacional sino internacional para poder entender lapolítica local de algunas comunidades que pudieran ser consideradasbastante “marginadas” en términos socioeconómicos. Desde la perspec-tiva antropológica, el reto sigue siendo el de “no perder de vista el bos-que por mirar a los árboles”. He argumentado que es importante aúnestudiar la “dinámica local”, que incluye tanto los sistemas hegemóni-cos regionales que organizan las relaciones entre diferentes grupos, y lasdistintas formas de socialidad que desde el punto de vista del fuereñoquizá caractericen a estos grupos o incluso a diferentes comunidadesque pertenecen a la misma categoría étnica o socioeconómica. Sin com-prender tanto la manera en que las comunidades son organizadas y lamanera en que se articulan entre sí en los espacios regionales medianteformas específicas de sistemas culturales regionales, es poco probableque lleguemos a entender el vaivén de la política local. Sabemos, porejemplo, que en muchos casos las etiquetas asociadas con los partidospolíticos nos dicen poco sobre las tácticas de oposición y alianza subya-centes a las facciones que moldean la expansión del apoyo prestado auno u otro partido político y que atan a la gente a su bandera. Inclusolas banderas en sí suelen ser pobres guías de las orientaciones ideológi-

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de este tipo existía, en el sentido de que una facción importante dentrode la comunidad apoyaba al cacique, en muchos casos los cacicazgos sevieron obligados a reproducirse mediante la violenta represión de fac-ciones disidentes. Sólo pudieron mantenerse mientras contaban con elapoyo incondicional de los de arriba. Lo que ha favorecido un cambiomás duradero en los liderazgos locales y también líderes que duran mástiempo, es un cambio generacional que coincide con un proceso de cam-bio social, como la migración rural-urbana, el mayor acceso a educacióny, más que cualquier otra cosa –aunque por lo general es consecuenciade cambios sociales de este tipo– el establecimiento de nuevas redes so-ciales entre líderes emergentes e individuos y organizaciones más alláde la localidad, como muestra el caso de la Huasteca (Schryer op. cit.).Para el caso de las comunidades indígenas, el papel de ambas, la Iglesiacatólica y la protestante, en el desarrollo de nuevos liderazgos ha sidoimportante en años recientes. Además, la orientación de los tipos de lí-der que han surgido de las filas de los catequistas católicos, por ejem-plo, ha sido formada a menudo por su experiencia personal en la migra-ción, de tal manera que diferentes factores selectivos pueden reforzarsemutuamente. No obstante, a lo largo del periodo posrevolucionario ensí (y a veces incluso desde antes), es probable que el factor más impor-tante hayan sido los lazos de amistad y patronazgo que los migrantesprovenientes de zonas rurales han logrado establecer con personas in-fluyentes en el entorno urbano.11

11 En algunos casos, los cacicazgos urbanos del tipo que asociamos con los sindicatosestán basados en un cierto lugar o localidad (por ejemplo, en un pueblo con un molino,o en un barrio en una ciudad mayor), pero Lomnitz-Adler (op. cit., 304) argumenta quelos líderes sindicales nacionales deben cultivar dos tipos de público: el de sus lugares deapoyo locales, donde aprovechan lazos del tipo patrón-cliente para acumular seguidoresincondicionales y personalmente leales y, aparte, una base más amplia que consiste engente controlada por otros líderes locales. Sugiere que las asociaciones con este públicomás amplio son renovadas mediante relaciones de un tipo relativamente impersonal, “através de la negociación, la cooptación y la coerción”, pero la dicotomía en su modelo pa-rece demasiado tajante. Si bien es cierto que la “enemistad” es una característica de lasrelaciones entre líderes nacionales establecidos y otros que aspiran a sus puestos, no esposible que las relaciones personales terminen en los límites de la base local. Algunossindicatos nacionales tienen la apariencia de “mafias”, donde los antiguos aliados dellíder principal se dispersan en toda la organización en el nivel local. Lomnitz-Adler esta-

blece asimismo otro punto importante: el hecho de que el principio de las “relaciones fa-miliares” estructure la manera en que se asignan empleos en empresas sindicalizadas, detal manera que los parientes o clientes puedan obtener un empleo a cambio de su leal-tad, constituye la racional –perversa pero lógica– de vender puestos (por grandes sumasde dinero) a personas no vinculadas con el líder mediante lazos personales. No obstante,su insistencia en atar su análisis a varias combinaciones de “lo tradicional” versus “lo mo-derno” desvía la atención de la tendencia omnipresente para que los lazos entre los líde-res mayores y menores sean santificados mediante el parentesco ritual y la existencia derelaciones intermedias entre la lealtad intensa, personal e incondicional y los lazos prag-máticos pero inestables de la ventaja mutua. La resistencia de las estructuras de poder enMéxico yace en la gama de personas que están “amarradas” al verse “comprometidas”en maneras que restrinjan la forma en que se realiza la competencia para los puestos.

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que han jugado el narcotráfico y el lavado de dinero en el desarrollo eco-nómico del estado, junto con el de una multitud de otras actividades ex-tra legales, tales como el saqueo de los recursos forestales. Debo enfati-zar que las nuevas formas de poder económico descentralizadas fueronestablecidas durante el apogeo de la estatización y que desde la pers-pectiva de buena parte del llamado “sector privado”, el patronazgo deactores en el centro político nacional normalmente era importante inclu-so en ese periodo. Siempre existió una compleja relación entre las basesde acumulación establecidas por la expansión del papel económico delEstado por un lado y, por el otro, las bases de acumulación de capitalprivado, mediadas por la relación entre la “acumulación política”, vin-culada con la ocupación de puestos públicos y el disfrute del empleo enel sector público, y la habilidad de invertir en empresas “en forma parti-cular”. Empero, el neoliberalismo ha reforzado las tendencias hacia elcrecimiento del poder económico descentralizado (aunque sin quitarleal éxito económico su elemento “político”). Esta no es una cuestión sim-plemente del impacto general de la política económica y de las facilida-des ofrecidas a las compañías privadas durante el proceso de la liqui-dación de los activos económicos públicos (muchos de los cuales enrealidad ya estaban en manos de caciques que los administraban de ma-nera interesada). También es cuestión del manejo político de la transi-ción hacia una economía estrictamente subordinada a los intereses delcapital transnacional de gran escala, que abarca algunas agrupacionescomerciales poseídas y administradas por nacionales mexicanos.

En primer lugar, existe el impacto de la táctica salinista que consis-tió en practicar un clientelismo estratégico mediante el cual se dividió alas fuerzas de oposición. En algunos momentos, esta estrategia estable-ció un lazo directo entre centro y localidad y saltó las instancias de po-der regionales, pero también a menudo procuraba “arreglos” con dichopoder, o bien porque faltaban maneras alternativas para conservar o re-construir el control priísta en las condiciones locales prevalecientes, oporque había vínculos ocultos entre los actores claves en la estructurade poder regional y el grupo que rodeaba a Salinas y sus aliados (mu-chos de los cuales, cabe repetir, siguen siendo figuras claves en el go-bierno de Zedillo). Segundo, como consecuencia de la crisis económicaprovocada por las políticas salinistas, el gobierno de Zedillo se encuen-

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cas, proyectos sociales, mentalidades y aspiraciones de los actores en losconflictos políticos locales (véase, por ejemplo, Zárate Hernández 1995).Por otra parte, para comprender los vínculos entre los actores locales yno locales que suelen ser tan importantes en moldear los desenlacespolíticos –los resultados prácticos en términos de quién accede al podery el tipo de poder que puede ejercer– es igualmente vital retomar demanera sistemática el estudio de las redes de poder; no sim-plementecomo un contexto para entender la carrera de algún individuo, sinocomo objeto del análisis estructural por derecho propio.12

EL IMPACTO DEL NEOLIBERALISMO

Ahora, paso a considerar el impacto específico del neoliberalismo. Aun-que los mecanismos “tradicionales” de control político jugaron un papelimportante en el periodo de transición en que la derrota del desafío delneocardenismo, la ratificación forzada del TLC y la privatización fueronasuntos claves, ahora el neoliberalismo mexicano ha dañado de maneragrave y probablemente irreparable, las estructuras del clientelismo esta-tal y de la incorporación política establecidas por la Revolución, ademásde abrir espacios para un reacomodo aun más radical de las estructurasdel poder local y regional.

Incluso antes del periodo neoliberal, la internacionalización de laeconomía tuvo un impacto notable sobre las “personas influyentes” quemoldearon las políticas en varias regiones de Michoacán, por ejemplo.Para los años recientes, parecería absurdo dejar de lado el papel central

12 En cuanto al rostro público del poder de los actores importantes, los casos de Agui-rre y Madrazo muestran la importancia de entender las bases actuales de la reproduccióndel caciquismo local, que parecen estar cada vez más integradas en estructuras del podermás amplias, y no al revés, como imaginan los que ven al caciquismo como un fenómenovinculado con la marginalidad. En el caso de los actores que juegan sus papeles políticoscomo brokers de poder atrás del escenario público, o que disfrutan su riqueza sin involu-crarse abierta o directamente en la política, también es importante investigar a profun-didad su lugar en las redes más amplias del poder político, no sólo porque tienden adisfrazar esos vínculos, sino también porque tienden a disfrazarlos atrás de una iden-tidad localista, que oculta las condiciones políticas necesarias para su éxito económico.

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clase política regional, que se ha visto desplazada del centro de la tomade decisiones a favor de un grupo de consejeros y colaboradores guber-namentales sin raíces en el sistema político oaxaqueño. Otro ejemplo es-pectacular de las desventajas de un gobierno estatal dirigido por un fo-rastero político obsesionado con cuestiones de “seguridad nacional” esla desastrosa gestión del general Carrillo Olea en Morelos. No obstante,la lógica que subyace a esta situación consiste en abandonar las basesdel consenso y negociación establecidas por la hegemonía posrevolucio-naria, junto con las otras tendencias ya mencionadas: los profundoscambios en las bases del poder económico en las regiones (así como enla prosperidad de diferentes regiones), y cambios en las estructuras depoder que favorecen cada vez más a los que gozan de amplias redes ycontactos estratégicos en los grupos dominantes en el centro.

En sus intentos de utilizar la represión para disciplinar a todos losgrupos organizados en la sociedad urbana –desde los barzonistas y losmaestros, hasta los chóferes de camiones y los vendedores ambulantes–y su militarización del México rural disidente, el régimen nacional hacreado condiciones que tienden a aumentar el conflicto, o bien en la for-ma de contraviolencia organizada o en la de una violencia de un tipomás bien individualizado y poco organizado. Esta estrategia ha abiertoespacios que conducen a soluciones represivas a los problemas socialesy políticos regionales por parte de los actores en ese nivel. Además, elneoliberalismo ofrece escasas posibilidades de una intervención en lasluchas por controlar los recursos regionales que al final no se inclina ha-cia los intereses de la clase propietaria, independientemente de la mane-ra en que ésta haya adquirido su riqueza. Estos conflictos tenderán atornarse cada vez más serios si en su afán por favorecer de manera tanextremosa a los intereses del capital transnacional de gran escala, las po-líticas económicas neoliberales lleguen a intensificar su amenaza a laposición económica de las elites regionales, especialmente en el centro ysur del país. Es de poca importancia distinguir entre los negocios “legí-timos” y los “ilegales”, ya que los dos están ahora tan íntimamente en-tretejidos, aunque el clima económico actual claramente impulsa a lagente a recurrir cada vez más a estos últimos. Tampoco es una cuestiónde la acumulación “política” versus la “iniciativa privada”, aun cuandoel alcance del primero se está disminuyendo en cuanto a sus áreas de

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tra obligado a conceder una descentralización casi completa a la admi-nistración en el ámbito estatal de lo que queda de los tan elogiados pro-gramas sociales de Salinas, al mismo tiempo que ha buscado controlarlas crecientes fuerzas de disidencia popular mediante la intensa milita-rización del sistema de seguridad pública. El ejército no está siendo lla-mado sólo a controlar las consecuencias sociales del fracaso económico,sino también los vacíos en el control político creados por la remodela-ción del régimen del PRI. Ciertamente, los problemas de “ingobernabili-dad” han sido complicados por el hecho de que el fracaso económico haaumentado la importancia de los sectores extralegales de la economía yla competencia para controlarlos, en un entorno donde se sabe bien quelas agencias civiles que se supone garantizan la seguridad pública estánfuertemente comprometidas y penetradas por las mismas fuerzas quesupuestamente deberían combatir. Sin embargo, convertir al ejército enuna fuerza policiaca y desarrollar nuevas agencias de seguridad respon-den a una dinámica más profunda y parecen haber sido centrales en laestrategia de Zedillo desde el momento en que subió al poder (Gledhill1995, 214).

Aunque el proceso era visible en el sexenio de Salinas, la evidenciade una colaboración cada vez más cercana entre el aparato de seguridadnacional y las fuerzas de seguridad regionales ha emergido con mayorclaridad en el gobierno de Zedillo: la colaboración técnica ahora incluyeentrenar y armar a guardias blancas que han jugado un papel importan-te en confrontaciones con los movimientos populares en estados comoChiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Veracruz. Hasta ciertopunto, se podría argumentar que el fortalecimiento del poder regionalfincado en la franca represión no es una consecuencia intencional ni ra-cional de la evolución de la estructura del poder en el régimen zedillista.

Podríamos tomar como ejemplo el caso de Oaxaca, donde el gober-nador Diódoro Carrasco preside una situación de creciente violencia eingobernabilidad, caracterizada por asesinatos, violentos choques fac-cionales en las comunidades y la cada vez mayor amenaza de levanta-mientos armados, provocados en parte por las operaciones militarespreventivas contra posibles focos de disidencia. Joven y apoyado porpatrones políticos en el centro, Carrasco está entregando su apoyo a ca-ciques locales, aunque no tiene una relación muy cordial con la antigua

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acciones y reacciones. Cuando consideramos las respuestas populares aun modelo económico neoliberal que ha tenido consecuencias particu-larmente desastrosas para amplios sectores de la población y ha dejadoincluso a la clase media con la idea de que fue engañada por las prome-sas de sus gobernantes, parece ser igualmente importante echar unacuidadosa mirada a las razones de la aparente ausencia de protesta ymovilización entre grandes secciones de la población mexicana, como loes examinar las varias manifestaciones de protesta abiertas.

Los que no participan en las manifestaciones callejeras ni en otros ti-pos de movilizaciones colectivas pueden, desde luego, seguir siendo di-sidentes, pues su disidencia puede expresarse en tácticas individualesde “resistencia cotidiana”, puede desplazarse de confrontaciones direc-tas con los poderes existentes mediante prácticas religiosas o una cultu-ra popular de sátira y humor negro (del tipo que llegó a caracterizar alas sociedades de la Europa oriental), o bien puede eliminarse al “huir”del entorno social donde experimenta el sufrimiento, abandonando lavida “normal” a favor de la actividad criminal, o emigrando para cortartodos los lazos con el lugar de origen. Sin embargo, la opción de huir oemigrar no necesariamente debe funcionar de esta manera, pues tam-bién puede constituir un medio para “volver con voz”, como muestraRobert Smith (1998). Será una tarea importante para futuros análisiscomparativos examinar los factores específicos que determinan por quéhay variaciones en el grado en que los migrantes internacionales en elotro lado de la frontera se organizan y logran jugar un papel activo enla política de sus comunidades natales.13 No obstante, aún es importantereconocer que la falta de entusiasmo o incluso el antagonismo para con

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oportunidad y, sin duda, el papel político de las organizaciones comer-ciales ha cambiado radicalmente a lo largo de los últimos ocho años. Ladefensa de los derechos de propiedad y de las posiciones sociales contralas exigencias de los marginados reúnen a un amplio rango de actoressociales diversos y de otra manera antagónicos, que abarca desde los ín-timos amigos del gobernador hasta pequeños rancheros y, gracias al es-cenario económico generado por el tipo particular de neoliberalismomexicano, los espacios de negociación están desapareciendo, a pesar deque los espacios para nuevas formas de caciquismo “populista” en lasregiones provinciales donde la “narcoeconomía” sigue floreciendo qui-zá estén expandiéndose.

Lo que caracteriza al tipo de neoliberalismo mexicano, además de larelación especial del país con Estados Unidos, es la intensa relación en-tre el poder y la influencia políticos y el gran poder económico. CabalPeniche quizá sea un fugitivo, y Raúl Salinas está en la cárcel, pero loscotidianos ataques periodísticos contra figuras claves como Carlos HankGonzález han tenido poco impacto hasta ahora sobre el asombroso al-cance de la impunidad. La impunidad tiene profundas raíces en la orga-nización social de una elite que ha concentrado para sí un poder sinigual en el mundo poscomunista, y que en ocasiones la ostenta como uninstrumento de poder (Gledhill 1995, 70). Esto también es un objetoapropiado para el análisis antropológico por derecho propio y quizá seadesafortunado que durante tanto tiempo nuestra fascinación con el apa-rato del PRI-Estado como el instrumento de la “dictadura perfecta” hayadesviado nuestra atención del estudio de la elite que se desarrolló yprosperó detrás de esta estructura de prácticas hegemónicas.

TEORIZANDO LOS LÍMITES DE LA RESISTENCIA POPULAR

Hasta ahora, he enfatizado los modelos de poder social enfocados en lossujetos del poder; es decir, en los actores. En mi opinión, este enfoqueaún es necesario, aunque es importante asimismo no perder de vistaaquello que nos pueda proporcionar otro acercamiento al análisis de lasrelaciones de poder; el que explora las formas capilares del poder quemoldean las subjetividades de los sujetos y canalizan y constriñen sus

13 Muchos trabajos recientes han enfatizado varias zonas de la mixteca, una regiónque tiene algunas peculiaridades históricas relacionadas con el bajo nivel de interacciónentre la población indígena y la población española/mestiza en el periodo colonial y elénfasis en el conflicto intercomunitario y en las identidades muy localizadas que resul-taron del entorno histórico específico (véanse, por ejemplo, Kearney 1986; Monaghan1995). Aunque la organización social y las identidades de las comunidades mixtecas es-tudiadas por Kearney fueron influenciadas en maneras muy importantes por la expe-riencia de la migración dentro de México hacia las zonas de agricultura comercial en elnorte, antes de su participación en el mercado laboral norteamericano, el carácter especí-fico de la región de la mixteca en sí quizá nos ayude a entender porqué ciertos principios

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nal en términos del mestizaje, una identidad que resulta esencialmentevacía fuera del contexto del nacionalismo porque en su afán por forjaruna comunidad política nacional niega la especificidad de las culturas re-gionales y las concepciones más específicas de “diferencia” y arraigo enlugares e historias locales que orientan a la gente en sus vidas cotidianas.

Como ha argumentado Roger Rouse (1995), la política moderna de“identidades” divide a la sociedad en una serie de colectividades hori-zontales y ofrece al Estado una herramienta útil para impedir la forma-ción de coaliciones que reúnen a segmentos de diferentes clases sociales.Además, representa otro aspecto de la “fragmentación posmoderna”que muestra una asombrosa afinidad con el régimen económico del ca-pital tardío que David Harvey ha llamado la “acumulación flexible”(Harvey 1989).16 No obstante, el problema específico en México es el queidentifica Héctor Díaz Polanco (1992): el hecho de que el poder de laselites dominantes está fincado en la manipulación de construccionesétnicas, con efectos bastante “productivos” desde el punto de vista de laclase gobernante. En el caso de Tabasco, por ejemplo, frente a la movili-zación de los vecinos de Chontal contra la devastación ambiental provo-cada por PEMEX –una movilización apoyada por el partido de oposición,el PRD, como parte de su campaña contra el gobernador Madrazo– el go-bierno pudo recurrir al argumento cínico pero efectivo de que “los in-dios quieren aprovechar los recursos de la nación”; es decir, obtener pri-vilegios especiales a expensas de otros mexicanos (quienes no pueden

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el proyecto político y económico neoliberal puede ser acompañado delrechazo de los movimientos de oposición política, especialmente de losde orientación más radical, y de un antagonismo aun mayor hacia lasdemandas de otros segmentos de las “clases populares”.

Aquí, concentro mi atención en otra dimensión del problema gene-ral de los límites de la resistencia popular: los límites de una respuestabasada en las políticas de derechos e identidades.14 No es ni posible nideseable negar el potencial emancipador de una política de derechos.No obstante, al parecer es vital reconocer que la posibilidad de una po-lítica de esta naturaleza es una consecuencia del triunfo histórico de laconcepción liberal de la relación Estado-sociedad15 sobre los modelos je-rárquicos y organicistas, y que el discurso de los derechos pueda con-vertirse –una vez que el Estado ofrece concesiones– en un discurso deregulación que se convierte en un obstáculo a proponer demandas másradicales que amenazan de manera más directa las estructuras del po-der y de la desigualdad social (Brown 1995). En el caso de los derechosindígenas en México, el problema se complica en comparación con otroslugares debido a la manera en que se ha construido la identidad nacio-

“tradicionales” de la organización comunitaria, profundamente enraizados en la socia-lidad mixteca, pueden ser reactivados y remodelados en repetidas ocasiones para res-ponder a las cambiantes circunstancias tanto en el entorno regional como en el campotransnacional de organización social y política que se ha desarrollado a través de la mi-gración laboral. En otras palabras, las diferentes maneras en que las comunidades trans-nacionales se organizan, y la naturaleza de las prácticas colectivas que surgen en dichascomunidades, quizá estén enraizadas en diferentes formas de socialidad y en diferentesconcepciones de la persona, de la comunidad, de la moralidad y de la cosmología social.Éstas, por su parte, quizá reflejen las condiciones de reproducción social en contextosregionales, incluidas las diferencias en la interacción intercomunitaria e interétnica queinfluyen en la manera en que las relaciones de clase y de dominio político son experi-mentadas y enfrentadas.

14 Para una discusión comparativa más extensa de este tema, véase Gledhill (1997).15 Debemos subrayar que los Estados liberales no son necesariamente Estados demo-

cráticos. Como una doctrina política, en el liberalismo existe la preocupación por los lí-mites de la intervención del Estado en la sociedad civil, un concepto del Estado “basadoen derechos” que tiene como su punto de partida una noción individualista de la socie-dad como una asociación de ciudadanos libres donde “la libertad” estuvo vinculada conla posesión de uno mismo (MacPherson 1962; Bobbio 1990). En los siglos XVII y XVIII, las

definiciones de los ciudadanos libres tendían, entonces, a excluir a las “clases trabajado-ras”, mientras que la democracia representativa fincada en el sufragio universal no for-mó parte de las principales corrientes originales del pensamiento liberal. Incluso, losliberales más “socialmente progresivos” del siglo XIX, como John Stuart Mill, aún consi-deraban que el analfabetismo y la dependencia en la asistencia parroquial eran razonesválidas para negar el derecho al voto.

16 El mismo Harvey es profundamente antagónico a la celebración posmodernista dela política de identidad, pues argumenta que la teoría posmodernista simplemente:“acepta las reificaciones y particiones, [y] en efecto está celebrando las actividades de en-mascarar y encubrir todos los fetichismos de localidad, lugar y agrupamiento social, altiempo que niega el tipo de metateoría capaz de comprender los procesos político-eco-nómicos (flujos de dinero, divisiones de trabajo internacionales, mercados financieros,etcétera), que se están volviendo cada vez más universalizadores en su profundidad,intensidad, alcance y poder sobre la vida cotidiana” (Harvey op. cit., 116-117).

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zación que ha tenido más éxito en hablar simultáneamente a todos estosdiversos públicos a lo largo de la historia ha sido el PRI, por supuesto,pues adoptó una variedad adecuada de distintos códigos (con la inter-vención de intermediarios regionales). Está claro asimismo que el creci-miento del apoyo para los partidos de oposición ha sido moldeado porestas diferencias regionales. Por otra parte, está la cuestión de las con-tradicciones que surgen de perseguir una política basada en los dere-chos en sí, frente no sólo a la segmentación social, sino también a la ma-nipulación que practica el Estado moderno.

Si bien las identidades indígenas ofrecen un recurso que algunas per-sonas pobres pueden movilizar no sólo en la nación sino en el mundopara presentar sus demandas ante el Estado liberal, también es fácil parael Estado aprovechar las contradicciones que surgen porque otras perso-nas pobres no pueden definirse como sujetos “étnicos” merecedores dederechos especiales,18 y así provocar el conocido efecto de “rebote”. En elúltimo análisis, la anomalía refleja el hecho de que las sociedades estruc-turadas en clases jamás existen en forma “pura”, sino preservan otrossistemas de distinción social. En tanto construcciones políticas, estas dis-

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jugar la carta de identidad porque son mexicanos mestizos, cuya etnici-dad no les da ninguna base para reclamar derechos especiales).17

Incluso el diálogo entre el gobierno y los zapatistas en Chiapas haproducido consecuencias inesperadas: parece ser que en algunas comu-nidades en Oaxaca se ha desarrollado un discurso del siguiente tipo:“¿Por qué hay talleres en Chiapas, por qué son escuchados, por qué re-ciben respuestas? […] mientras que [el gobierno] no presta atención a no-sotros, la gente de Oaxaca, que está incluso más pobre que la de Chia-pas” (Proceso, 27/5/96). Hasta ahora, este tipo de reacción parece indicarun antagonismo hacia el régimen y no hacia el EZLN, aunque no alientaesperanzas para el eventual éxito de los esfuerzos de parte del EZLN deconvertirse en una fuerza más allá de Chiapas y de jugar un papel im-portante en una más amplia coalición de fuerzas, ya que representa a loszapatistas como un grupo dedicado esencialmente a procurar solucionessólo para Chiapas. Esto suscita la cuestión más general acerca de cómose pudiera construir una oposición unificada a partir de los diversos mo-vimientos disidentes que existen hoy en la sociedad mexicana.

Por un lado, esta es una cuestión de organización social y de la prác-tica cotidiana de la vida social; una cuestión de las culturas locales y delas relaciones entre diferentes elementos de una sociedad que está aúnsegmentada en regiones. La brecha entre los tipos de sociedades regio-nales que existen actualmente en el norte y en el sur del país es mayorhoy que nunca, si sólo contemplamos el nivel más burdo de la caracteri-zación de las culturas regionales, que deben verse como sistemas quedefinen patrones de “diferencia” entre los estratos sociales, sus “identi-dades” y sus características mediante las relaciones de poder. La organi-

17 Los mexicanos ordinarios pueden expresar –y a menudo expresan– su “diferencia”respecto de la clase dominante al atribuir a este último una identidad distinta, como“españoles” o algún otro tipo de “extranjero”; aunque tales expresiones de alineación desus gobernantes sólo son atribuidos en una manera negativa: expresan un reclamo de unvalor moral como mexicanos “reales” en términos de una ideología propagada por losconstructores de la nación que se convirtieron en gobernantes políticos que no cuestio-nan la legitimidad de la estratificación social, ni en términos económicos ni raciales, yaque la “blancura” es positivamente marcada como algo asociado con el progreso y la mo-dernidad. Entonces, el tropo de “españolidad” malinterpreta y en cierto modo reafirmauna ideología de dominación.

18 Claro está que teóricamente todos tenemos alguna “etnicidad”, pero sólo puedenreclamar derechos especiales ciertas “minorías”, debido a la discriminación o a desventa-jas especiales relativas a los “ciudadanos ordinarios” quienes, por lo tanto, se conviertenen una mayoría, definida en contraposición a estas “minorías” (Bartra, 1992). Las mino-rías “indígenas” pueden reclamar los derechos de un tipo cuasi-nacional al argumentarque el proceso colonial los privó de su derecho “natural” a la soberanía (además de suje-tarlas a la opresión, la explotación y la pérdida de recursos). Todas estas construccionesreafirman de manera poderosa los principios de la categorización de los Estados nacio-nales, elaborada sobre premisas liberales, aunque también ofrecen posibilidades genui-nas de mejorar la justicia social, y también pueden asegurar una mayor igualdad deoportunidades para los individuos que se encuentran en estas estructuras. Ya que losderechos indígenas generalmente son exigidos por parte de colectividades (y no por in-dividuos), el impacto sobre estos últimos depende de la manera en que las colectividadesestán organizadas y funcionan, tanto como personas morales frente al Estado (represen-tado normalmente por líderes individuales que actúan como intermediarios), y como sis-temas que distribuyen la justicia y los recursos. Como señalé anteriormente, las prácticasasociadas con la “autonomía” de la comunidad –la selección de líderes mediante los“usos y costumbres” y no por el voto secreto– pueden convertirse en instrumentos decaciquismo, al mismo tiempo que pueden jugar un papel vital en las luchas contracaciques establecidos.

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gicos. Las consecuencias de estos cambios parecen ser un grado de re-chazo no sólo del partido oficial, sino de todos los partidos políticos, yun creciente desencanto con el camino de la negociación en un marcoinstitucional. Aun cuando el antineoliberal PRD ha logrado colocarse enla vanguardia de muchas luchas locales en diversas regiones, sería peli-groso asumir que la gente que participa en estas luchas en el ámbito lo-cal se identifique fuertemente con el proyecto político de los líderes na-cionales, o que las maneras en que se identifican con el PRD no podríancoexistir con otros tipos de identificación con el “México rebelde”.

CONCLUSIONES

La aparición de grupos del EPR portando armas de alta potencia durantela asamblea conmemorativa de las víctimas de la masacre en AguasBlancas en Guerrero no sólo le robó la escena a la presentación deCuauhtémoc Cárdenas como patrón de la ceremonia, sino también pro-vocó confusión en su partido cuando ponderó la espinosa cuestión de sihabía sido confrontado por un genuino movimiento insurgente o sólopor un acto de provocación cuidadosamente escenificado por parte delrégimen regional o nacional. El efecto a corto plazo de la aparicióndel EPR en la escena consistió en proveer el pretexto para la intensifica-ción de las operaciones militares en las regiones rurales que desde antesse sospechaba brindaban refugio a grupos potencialmente rebeldes, ypara el arresto de los líderes de organizaciones populares que sin dudarepresentan las querellas de una importante base social y que han trata-do en vano de negociar recursos con el gobierno federal, además deesforzarse para distanciarse del proyecto vanguardista y armado del EPR

y sus descuidados tiroteos en lugares públicos. Queda por verse si másgente llega a ver en la violencia de algún tipo su único recurso, como re-sultado de la intensificada represión militar y la limitada capacidad delrégimen de aprovechar los programas sociales dirigidos para menguarla disidencia en las condiciones actuales.

Sin embargo, la disidencia local entre los pobres y marginados en lasáreas rurales también ha encontrado expresión en formas que no atacanla raíz del problema, pero que son muy conocidas a partir de experien-

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tinciones son reproducidas y se desarrollan a través de una constante in-teracción entre la “sociedad civil” y un Estado burocrático que fortalecelas distinciones al reconocer los derechos de interlocutores específicos.19

Desde este punto de vista, el hecho de que la retórica actual de muchosmovimientos sociales mexicanos gira en torno a la idea de que la “socie-dad civil” debe movilizarse contra el Estado, repite una ilusión de laideología liberal: que el Estado ya está presente en la manera en que al-guna sociedad civil moderna esté estructurada, y que esta estructuraciónrefleja el peso acumulado de las luchas sociales en un campo donde seejerce el dominio. La negociación parcial de derechos especiales paragrupos específicos independiente de un programa de reforma social ge-neral quizá produzca algunos resultados, pero los acontecimientos re-cientes en países como Australia y Estados Unidos han mostrado cómoestas estrategias parciales pueden crear las condiciones sociales de lapérdida posterior de los avances gracias a la voluntad (democrática) dela “mayoría”, construida a partir de la definición de las “minorías”.

En el caso de México, sin embargo, estamos todavía lejos de una si-tuación en que los derechos indígenas tuvieran otra existencia más queen el papel. Lo que está ocurriendo en Oaxaca es otra expresión del pro-ceso de la “exclusión política” sobre el cual George Collier ha escrito enel contexto de Chiapas (Collier 1994). Las elites locales ya no necesitanmantener el tipo de sociabilidad que anteriormente acompañaba al sis-tema de dominación caciquil, pues ni su poder social y económico ni suautoridad política dependen ahora de “cultivar” lazos con clientelas lo-cales, ni material ni simbólicamente. La impunidad y la ingobernabili-dad aumentan a la par con esta exclusión y el decaimiento generalizadode los antiguos mecanismos hegemónicos representados en el PRI; me-canismos que fueron a la vez material/clientelistas y simbólico/ideoló-

19 En los casos de los derechos indígenas y de los derechos de otros tipos entre las“minorías étnicas”, este proceso de reconocimiento por parte del Estado a menudo impli-ca la participación activa de antropólogos como intermediarios y poseedores de un co-nocimiento “apropiado”. Los antropólogos claramente tienen un interés profesional enla “diferencia”, y no sólo es fácil que nuestros intereses lleguen a institucionalizarse en elmarco de las estructuras oficiales de regulación, sino además puedan convertirse en in-tereses especiales ajenos a las formas de vida representadas en nuestra intermediación, ya través de ella.

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EPÍLOGO

Este artículo fue escrito en 1996 y publicado en inglés en 1998. Una desus pretensiones fue orientar la discusión del caciquismo mexicano ha-cia horizontes de análisis más amplios de aquellas explicaciones negati-vas que solían presentar dicho fenómeno como la consecuencia de unatransición defectuosa hacia un “Estado moderno”, destacando que elcaciquismo también se moderniza. Otro objetivo fue destacar, tanto em-pírica como analíticamente, algunos aspectos claves del lado oscuro delneoliberalismo en el Sur, incluyendo el papel de la violencia y la milita-rización en la conformación de lo que ahora, con la seguridad de per-cepción tardía, se puede llamar, por lo menos de cierta manera, un“cambio de régimen”.

Por casualidad, me puse a escribir estas líneas el día 29 de abril de2003, un día después de la firma del nuevo Acuerdo Nacional para elCampo por los dirigentes de una amplia gama de organizaciones agrí-colas y campesinas, incluyendo tanto las exoficialistas como las disiden-tes, notablemente El Barzón y El Campo No Aguanta Más. El presiden-te Fox festejó “el entendimiento” logrado como el inicio de “una nuevaera en la relación del Estado con la sociedad, (pues) sustituimos las ten-siones, los desencuentros, las tentaciones por el descrédito, el envileci-miento de la política, por el acuerdo que abre el camino a un nuevomodo de hacer política” (La Jornada, 29 de abril de 2003). Sin duda, sedebe felicitar a todos los participantes por haber llegado a un acuerdo(aun con base en diferencias de interpretación de lo que significara eldocumento para el futuro), así fortaleciendo la capacidad de la sociedadmexicana para resolver sus problemas por el dialogo y la vía pacífica einstitucional. Sin embargo, el gobierno también advirtió explícitamentea los dirigentes de las organizaciones más militantes que no se espera-ban más movilizaciones ni reclamos que “quebrantaran la ley”, y man-tuvo un silencio total con respecto a sus demandas de que sean cance-ladas las órdenes de aprehensión en su contra. Frente a un gobierno quesigue apegado más fuertemente que nunca al modelo neoliberal (y cadavez más es promovido por la actual administración estadounidense),aun un gobierno que disfruta del prestigio de haber sido elegido demo-cráticamente, tal vez siga relevante el énfasis que puse en el argumento

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cias históricas pasadas: los conflictos entre comunidades vecinas y losasaltos contra los bienes de rancheros relativamente humildes. Al mis-mo tiempo, está claro que aún existe un fuerte deseo entre los mexi-canos comunes y corrientes –la mayoría de los cuales ahora son mexica-nos urbanos– de vivir en paz; un deseo que a veces puede sobreponerseal deseo también arraigado de acabar con la impunidad y los abusos delos caciques, y que ciertamente puede restringir las medidas que la gen-te está dispuesta a adoptar para resolver sus problemas y las opcionesque considera realistas. Asimismo, puede dejar a la población dispues-ta a apoyar a los autoritarios que prometen mayor seguridad. He argu-mentado que el caciquismo de hoy quizá revele continuidades con elpasado, pero que es una institución que se ha “modernizado” en mane-ras que reflejan la evolución de los sistemas políticos y socioeconómi-cos, y que no puede verse como un fenómeno de la “periferia” o algodesconectado de los proyectos y estrategias de la elite nacional mexica-na. Los actuales problemas de “ingobernabilidad” son el producto tantodel fracaso político del neoliberalismo mexicano como de su fracasoeconómico, mientras que la militarización de la pacificación social poneen entredicho los prospectos de una reforma política significativa, espe-cialmente porque es apoyada como estrategia por el PAN, el partido conmayores probabilidades de beneficiarse de los tipos de reforma políticadisponibles hoy. Es cierto que el año de 1996 fue testigo de algunosacontecimientos alentadores respecto de la moderación de las tradicio-nales divisiones entre las fuerzas políticas de izquierda, y una cierta dis-minución de los antagonismos entre los partidos políticos y los movi-mientos sociales De particular importancia es el importante grado dereconciliación entre el EZLN y el PRD, y el cambio de parte de la Coaliciónde Obreros, Campesinos y Estudiantes del Istmo de su postura de con-certación con el PRI a una alianza con el PRD en Juchitán, Oaxaca. No obs-tante, como antropólogos, debemos ser realistas en nuestros análisis dela dialéctica del poder social y político, y evitar la tentación de celebrarla “resistencia” sin primero explorar sus limitantes y contradicciones y,por encima de todo, rechazar las tentaciones de la historia “sin sujetos”hacia donde nos guía el relativismo posmodernista, en una época enque los que ostentan el poder social y político han manifestado su dis-posición de defender sus privilegios con el puño de hierro.

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original sobre la militarización de la “seguridad nacional” como unarespuesta a las tensiones provocadas por el intento de transitar haciauna nueva forma de hegemonía.

En ciertos sentidos, este tema cobra aun más importancia hoy gra-cias al renovado triunfo político doméstico de la ultraderecha estadou-nidense (menos democrático en sus principios que el de Fox), lo cual haproducido estrategias geopolíticas y acciones concretas (incluso algunasque perjudican a los derechos de ciudadanos mexicanos “bajo la ley”dentro de los Estados Unidos) casi inimaginables aun con base en lasexperiencias previas –Panamá, La Guerra del Golfo– bajo el mando delpadre del actual mandatario estadounidense. Si vamos hablar hoy de lanecesidad de apegarnos a un estado de derecho, el hecho de que el paísmás poderoso del mundo ha sustituido el marco de derecho internacio-nal por la justicia estilo somatén y un colonialismo renovado parecealgo más preocupante que el hecho de que los campesinos y granjeros amenudo se ven obligados a bloquear carreteras para ser escuchados porsus gobernantes (cuando intentan cuestionar el valor social de un siste-ma agroalimentario impulsado por los intereses estadounidenses).

Algunos lectores tal vez concluyan que la perspectiva ofrecida sobreel papel de los movimientos sociales en esta discusión es demasiado pe-simista a la luz de los acontecimientos que acabé de mencionar (juntocon ejemplos tales como el de los ejidatarios de Atenco), a pesar de lahistoria subsecuente del movimiento radical en Chiapas. Sin embargo,otro eje de la discusión original fue destacar la importancia de indagarmás sobre la multitud que no participa en movimientos organizados ysobre aquellas estrategias y reacciones alternativas que el neoliberalis-mo promueve en la sociedad en su conjunto. Esta cuestión sigue siendode suma importancia para entender las bases del poder caciquil dentrodel marco de regímenes neoliberales que pretenden reformar las institu-ciones formales para alcanzar mayor “transparencia” y la rendición decuentas pero siguen empobreciendo a las grandes mayorías. También esimprescindible para entender las dificultades que enfrentan las anhela-das “alternativas políticas” en casos tales como Argentina. También meparece innegable que gran parte de la discusión ofrecida en este artícu-lo sobre las redes informales de poder, impunidad y criminalización deelites sigue siendo central a las realidades mexicanas, como demuestra

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la historia subsecuente de Guerrero, por ejemplo, incluso el aspecto deesta historia que muchos comentaristas han intentado relacionar con lamuerte de Digna Ochoa. Si los guerrilleros inspirados por ideologíasanacrónicas afortunadamente han seguido siendo un elemento margi-nal a la vida política de México, la violencia ligada (directamente o indi-rectamente) al narcotráfico, sobre todo, ha seguido siendo un factor bas-tante negativo, no solamente por su costo en términos de vidas, sinotambién porque el Estado parece incapaz de intervenir en estos asuntos.El análisis del caciquismo ofrecido en este artículo me llevó a varios aná-lisis de mayor profundidad de lo que se puede llamar “un Estado en lasombra”, producto tanto de relaciones internacionales como de condicio-nes “internas” y procesos de desarrollo desigual (véase, por ejemplo,Gledhill 1999), y también a otros trabajos sobre elites (por ejemplo, Gled-hill 2002). “El cambio” en México no ha logrado desalojar a los grupos depoder atrás de la fachada de la política institucional, y no escapará a laatención del lector el hecho de que algunos de los actores claves dentro dela historia contada aquí todavía tienen buenas perspectivas en los futurosescenarios políticos del país. Pero lo que ahora me parece más importantees destacar que estos problemas no son únicamente mexicanos.

En el caso de Brasil, por ejemplo, un país con sus propias tradicionesde cacicazgos locales y regionales, actualmente hay mucha discusión enlos medios sobre la aparente incapacidad de un gobierno democrático,aun dotado con un mandato popular sin precedentes, de derrotar a lasfuerzas incrustadas en el “Estado en la sombra”. La preocupación prin-cipal a este respecto es el poder de los narcotraficantes, pero los pro-blemas van más allá que la cara más obvia de la “criminalidad” que sealimenta de la pobreza y exclusión social. Tanto en Brasil, como en Mé-xico, de vez en cuando se caen los caciques grandes, pero lo que másimpresiona son las bases duraderas de poder que alcanzan a disfrutar,sobre todo dentro de un sistema federal dentro del cual el gobierno cen-tral disfruta de menos peso. El senador Antonio Carlos Magalhães (co-nocido por el público como “ACM”), por ejemplo, ascendió con los aus-picios del régimen militar, ocupando los cargos de la prefectura de laciudad de Salvador y de la gubernatura del estado de Bahía (TeixeiraGomes 2001). En tiempos de democracia, su influencia política siguió enaumento: el gobierno de Fernando Henrique Cardoso se vio obligado a

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buscar una alianza con el partido encabezado por ACM. En 2003, el caci-que se vio obligado a renunciar gracias a un escándalo provocado porsu grabación ilegal de las llamadas telefónicas de sus enemigos políti-cos (sin hablar del teléfono de su examante). Pero el “carlismo” ha lo-grado establecer raíces profundas en la vida política de Bahía, tanto porlas cantidades espantosas de dinero que han caído en las bolsas del ca-cique por su “participación” en grandes obras de desarrollo públicas yprivadas como por su capacidad de construir una amplia base de apoyopopular. Todavía no parece totalmente imposible que ACM pudiera en-trar a la política formal una vez más, pero aun si esta posibilidad por finle fuera negada, es cierto que su cacicazgo ha dejado huellas profundasen el escenario político regional, sobre todo porque este es otro ejemplode una forma de caciquismo que ha logrado “modernizarse” en el trans-curso de los últimos años. Pese a las importantes diferencias de contex-to antes señaladas, también hay algunas semejanzas interesantes entreeste caso brasileño y el de Guerrero.

Creo, entonces, que sigue siendo imprescindible pensar en los mo-dos en que el neoliberalismo está minando las bases de un sistema demando democrático en el nivel global, y sobre todo en los sentidos enque el país que se presenta como el modelo de la democracia neoliberal,el todo poderoso vecino del Norte, cada vez más muestra rasgos de losmismos problemas una vez estrechamente asociados con las llamadastransiciones defectuosas del Sur. Si queremos estudiar la relación entrela globalización y nuevas modalidades de la corrupción política, Bruse-las, Houston y Washington tal vez ya sean sitios aun más reveladoresque las periferias en donde las “conexiones indecibles” tejidas por acto-res ubicados en dichos centros siguen reproduciendo nuevas formas decaciquismo local y regional.

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Traducción de Paul C. Kersey

FECHA DE ACEPTACIÓN DEL ARTÍCULO: 28 de julio de 2003FECHA DE RECEPCIÓN DE LA VERSIÓN FINAL: 28 de julio de 2003