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         Lunes 24 de julio de 2000

 

  |  Economía  

Las comunidades paralizan la liberalización farmaceútica decretada por Aznar en 1996

Los profesionales logran limitar la apertura de nuevas oficinas que impulsó el decreto Romay

Javier Alfonso, Valenciay Marta Matute, Madrid

El deseo del Gobierno Aznar de introducir competencia en el ámbito de los establecimientos de farmacia ha tenido un éxito muy limitado cuatro años después de aprobarse el llamado decreto Romay, que rebajaba la proporción mínima de habitantes por oficina de 4.000 a 2.800. En la actualidad, faltan por aprobarse seis leyes autonómicas, Navarra discute su anteproyecto a puerta cerrada en el Parlamento foral para evitar interferencias de los profesionales y Valencia ha retrasado sin fecha el reglamento que desarrollará su ley.

Los farmaceúticos navarros han demonizado a Santiago Cervera, consejero de Salud de la comunidad foral de Navarra, cuyo rostro puede contemplarse desde hace unos meses en todas las farmacias de Pamplona acompañando la protesta escrita de los farmacéuticos contra la intención del Gobierno de Unión del Pueblo Navarro de liberalizar totalmente el sector, aunque manteniendo garantías de financiación pública por 10 años para las 308 oficinas abiertas actualmente. Tal es la presión en aquella comunidad autónoma, que los parlamentarios han decidido reunirse a partir de septiembre a puerta cerrada para discutir la redaccción definitiva de la norma.

La liberalización impulsada en 1996 por el Gobierno de José María Aznar -el Decreto-Ley de Ampliación del Servicio Farmacéutico a la Población, aprobado el 17 de junio de 1996- sigue

DOCUMENTACIÓN  Noticias:

(06/07/2000) EDITORIALReformas a mediocamino

(19/07/2000) El85,4% de las farmaciasde Valencia secundó elsegundo cierre patronal

(06/07/2000) La OCDEaplaude las reformasde Aznar, pero pidemuchas más

(17/07/2000) EDITORIALLa guerra de lasfarmacias

(27/06/2000) Lossectores afectados porla liberalizaciónrechazan las medidas yla CEOE las aplaude

(12/07/2000) Masivoseguimiento del cierrede las farmacias contrael Gobierno

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Población, aprobado el 17 de junio de 1996- sigue sin convencer a los farmacéuticos y, lo que es más perjudicial para la competencia y los consumidores, a los gobiernos autonómicos. El decreto rebajaba el baremo mínimo de habitantes por farmacia de 4.000 a 2.800, lo que suponía la posibilidad de crear cientos de boticas en toda España.

Las comunidades debían trasladar este criterio a sus normativas y autorizar las nuevas farmacias. Los gobiernos regionales han adaptado o asumido, en el caso de las leyes posteriores al decreto, la garantía de población, pero el ritmo de apertura de nuevas oficinas se ha dilatado por problemas burocráticos en multitud de ocasiones. En el último año, por ejemplo, sólo se han abierto 217 nuevas oficinas en todo el Estado, donde actualmente hay 19.439 farmacias.

Algunos de los gobiernos autonómicos que han legislado sobre la materia no parecen tener ninguna prisa porque se abran nuevas farmacias. Es el caso de la Comunidad Valenciana, donde en junio se cumplieron dos años desde que se promulgó la Ley de Ordenación Farmaceútica. En ella se establecía el plazo de un año para elaborar un mapa por zonas farmacéuticas, que todavía no existe.

Este mapa es necesario para la elaboración posterior de un reglamento, que establezca las bases del concurso para la adjudicación de un centenar de nuevas farmacias, que se calculan que caben según el ratio de 2.800 habitantes. Para desesperación de los farmacéuticos aspirantes a las nuevas boticas, todavía no hay mapa, ni reglameto y el posterior concurso parece que va para largo.

El proceso en la comunidad valenciana es la historia de numerosos incumplimientos por parte de la consejería de Sanidad, que en septiembre de 1996 suspendió durante un máximo de seis meses miles de solicitudes de nuevas farmacias recibidas tras el decreto Romay. En junio de 1997 renovó la suspensión hasta que, publicada la ley, se regulase de manera inmediata el procedimiento de tramitación. Aún más, la Generalitat se comprometía a aprobar un sistema alternativo si no había ley el 31 de diciembre de 1997.

No hubo ley, pero tampoco procedimiento. Doce días antes de la fecha límite, Sanidad rectificó y dejó sin efecto, definitivamente, todas las solicitudes, emplazando a los interesado a la ley. Ésta no se aprobó hasta el 22 de junio de 1998, pero todavía no se ha desarrollado. Fuera del procedimiento previsto, la Consejería de Sanidad sí ha tramitido solicitudes anteriores a la promulgación del decreto Romay, con el criterio de

(28/06/2000) Losdescuentos sóloafectan al 40% de lasfarmacias

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(11/04/2000) ElSupremo admite unrecurso de Bono endefensa de su ley defarmacia

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(05/04/2000) La CEadmite a trámite ladenuncia contra eldoble precio de losfármacos

  

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promulgación del decreto Romay, con el criterio de 4.000 habitantes, mientras los jueces han amparado a numerosos solicitantes. En total, 60 nuevas farmacias se han abierto en los últimos cuatro años, 37 de ellas en Alicante.

 

Cantabria quiere dispensar fármacos en los centros de salud

El mapa farmaceútico regional aún no está completo. Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León y Navarra no han legislado al respecto, y sobre los textos de Galicia, Castilla-La Mancha y Extremadura pesa la sombra del recurso interpuesto por el Gobierno central ante el Constitucional.

Cantabria ha sido la última región en incorporarse a los territorios que discuten -desde hace años, como es el caso de Andalucía- y desde hace meses -como Navarra- qué criterios han de regir la apertura y trasmisión de oficinas de farmacias y la dispensación de medicamentos. La legislación farmacéutica es una de las materias más sensibles que pueden llegar a un parlamento regional. El caso de Navarra es un buen ejemplo, el de Castilla-La Mancha también. Esta comunidad autónoma decididó en su día legislar considerando la farmacia "un establecimiento sanitario de interés público autorizado" y estableció un concurso de méritos para otorgar las concesiones. El TSJ de Castilla-La Mancha suspedió el concurso de adjudicación y la comunidad se quedó sin las 300 boticas que necesita. Ahora el consejero de Sanidad, Fernando Lamata, negocia con los colegios de farmacéuticos una salida digna para todos, pero lleva ya más de cinco meses.

Cantabria también busca el beneplácito de los farmaceúticos. El primer borrador cántabro es extremadamente conservador en materia de trasmisión (garantía de tres años), distancia urbana (250 metros) y población (2.800 habitantes). Tanto, que la consejería de Sanidad ha decidido releer de nuevo el texto y buscar soluciones imaginativas a cuestiones tales como la dispensación de medicamentos en centros de atención primaria. Cantabria quiere dispensar fármacos en los centros de salud, para, entre otras cosas, rebajar el precio de la factura en farmacia, pero los boticarios de la región no están dispuestos a perder cuota de mercado.

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