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Revista Desarrollo Solidario No 2. Abril 2013

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Desarrollo Solidario es una publicación del Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador -MODES-. Está dedicada a la publicación de experiencias y aportes de las instituciones asociadas, a la discusión y la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades urbanas y rurales y de sus habitantes, poniendo énfasis en el enfoque de equidad de género, la generación de una nueva cultura democrática y participativa, la inclusión de sectores sociales mucho tiempo abandonados, como las personas con alguna discapacidad y los pueblos originarios.

Los contenidos de la Revista Desarrollo Solidario pueden ser citados o reproducidos, sin embargo, agradeceríamos ser notificados a [email protected].

Revista Desarrollo Solidario No 3, junio 2013, MODES, San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

Comisión Coordinadora

Berta Aguirre, PROCARES

Magdalena Cortéz, FUMA

Mercedes Sánchez, CIAZO

Vilma Vaquerano, ORMUSA

Raúl Durán, ACISAM

Gustavo Amaya, CECADE

Mirna Benavides, FUNSALPRODESE.

Desarrollo Solidario

Editor: Godofredo Echeverría

Diseño: Godofredo Echeverría

Fotografías: Guillermo Ramos

El MODES ha realizado un esfuerzo por mostrar trabajos de artes visuales de jóvenes de diferentes sectores, se incluye parte de un mural pintado por jóvenes en la Calle Antigua a Huizucar, grabados de una exposición de fin de ciclo de la Escuela de Artes de la Universidad de El Salvador y trabajos que se encuentran en la Casa de la Cultura del Artista Visual, como un reconocimiento al desarrollo que desde hace algunos años han tenido las artes visuales entre sectores de la juventud salvadoreña.

Portada: mural elaborado por Sara Geraldine Sibrián , junto con José Damián Rivera, Carlos Joaquín Mazariego, Carlos Fernando Flamenco y Jonathan Adonay Palacios.

El tema: “violencia infantil”

Estilo: arte urbano (los ladrillos con el color y forma natural de fondo es a propósito).

El mural se encuentra en el jardín de la Casa de la Cultura de las Artes Visuales de la Secretaría de Cultura de la Presidencia.

Fotografía de portada: Godofredo Echeverría

Los artículo publicados en este número de la Revista Desarrollo Solidario expresan los puntos de vista de sus autores y de sus respectivas instituciones, de ninguna manera expresan la opinión de las instituciones de la cooperación que apoyan dicha revista.

Contenido

Editorial 4

La lucha por el derecho humano al agua, por la sustentabilidad de los biene naturales y contra la minería metálica a gran escala: Entrevista con el Dr. Ángel Ibarra, presidente de la UNES

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La participación ciudadana: ejercicio de ciudadanía de las mujeres Blanca Mirna Benavides

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Pronunciamiento de MODES ante la amenaza de privatizar el agua

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Consideraciones sobre el diplomado de cooperación y desarrollo, incidencia, negociación y cabildeo Godofredo Echeverría

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Crisis de la cooperación y nuevas alternativas desde el Sur Henry Morales López

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Conversación con Ryna Garay, Directora General de Cooperación para el Desarrollo y Ana Mercedes Vásquez, Directora de Cooperación Descentralizada del Vice Ministerio para la Cooperación y el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador

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La inclusión de personas con discapacidad: un tema con muchas preguntas Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad

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25 años de lucha, resistencia, aprendizaje, construcción y transformación de la vida rural María Rudecinda Orellana.

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Exijamos el cumplimiento y aplicación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las MujeresVilma Vaquerano

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EDITORIAL

A pesar de la crisis que enfrenta Europa, en particular España, que ha provocado una reducción sustantiva de los fondos de cooperación para el desarrollo en diversos países en el

mundo, la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo, decidió destinar recursos para contribuir al fortalecimiento de MODES, como un compromiso con organizaciones de la sociedad civil para que éstas jueguen su rol de actoras del desarrollo,

En ese sentido, el MODES se encuentra cerrando un periodo de trabajo muy productivo, enriquecedor y colectivo, caracterizado por el abordaje de diferentes desafíos, centrales en la vida de las ONG´s de desarrollo solidario, las cuales se recogen en la PLATAFORMA, llamada la Agenda de Trabajo 2013 aprobada y publicada. Los ejes centrales de la Agenda o Plataforma son:

• Construcción de propuestas de ley y posicionamientos del MODES en temáticas específicas;

• Fortalecimiento de la democracia participativa y representativa;• Promover la participación de la sociedad civil e incidir en la

contraloría social del Plan Quinquenal de Gobierno.• Reducir las brechas de desigualdad y la reducción de la pobreza

en nuestra población;• Análisis permanente del entorno en la búsqueda de la eficacia de

la cooperación;• Fortalecimiento de las capacidades institucionales de cada una de

las asociadas;• Incentivar procesos internos de rendición de cuentas y acceso a la

información en la búsqueda de mayor transparencia en nuestras acciones.

Con estos puntos como guía, se iniciaron las actividades para aplicarlos en la vida cotidiana del Movimiento. De tal manera que en un periodo de tiempo corto se realizaron muchas acciones dentro de los lineamientos señalados:

Se ha llevado a cabo un proceso participativo para la construcción de una propuesta de ley que fomente las actividades de desarrollo solidario y reconozca el valor que para la sociedad salvadoreña aportan las instituciones que se dedican a esas actividades.

Se diseñó un sistema de Monitoreo del Plan Quinquenal de Gobierno para cumplir con una de las responsabilidades de la sociedad civil: ejercer la contraloría social en temas sensibles para la población, entre ellas revisar la política de equidad de género.

Se ha implementado un proceso de mejoramiento de la calidad de los procesos internos de las asociadas.

Se han realizado las siguientes investigaciones:

• Compilación de propuestas de ley relacionadas con la soberanía alimentaria, enfoques de producción con buenas prácticas de tecnología apropiada y adaptación al cambio climático en El Salvador”.

• Desarrollo de las ONGD: Impactos, aportes y contribución en los diferentes ámbitos y territorios para la reducción de la pobreza en El Salvador”

• Directorio de Organizaciones no gubernamentales de Desarrollo en El Salvador

Se promueve la elevación del conocimiento y el espíritu crítico mediante la implementación del programa de estudio participativo del Diplomado sobre Cooperación y Desarrollo, Incidencia, Negociación y Cabildeo, el cual muestra las tendencias actuales de la cooperación para el desarrollo contrastándolas con la cooperación tradicional y ubicando la experiencia de las ONG salvadoreñas en ese contexto.

Se fortalece la relación con las instituciones de gobierno como el Vice Ministerio de Cooperación para el Desarrollo y con organizaciones de ONG internacionales como el FOCIS, en conjunto con las cuales se elaboran propuestas para hacer aportes cada vez más significativos en beneficio de las poblaciones más vulneradas en sus derechos de todo el país.

Los resultados de los esfuerzos realizados por el MODES en su conjunto muestran el interés de las instituciones asociadas y de su personal en la búsqueda de nuevos espacios de intercambio de experiencias y debate sobre la realidad nacional e internacional para encontrar nuevas soluciones a viejos problemas en un ambiente fraterno y solidario.

En esta oportunidad agradecemos a todas las integrantes de MODES por su participación activa y aportes sistemáticos en el marco del Proyecto Fortalecimiento Institucional del Movimiento de ONGD para el Desarrollo Solidario de El Salvador, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Vale reconocer el trabajo constante de las compañeras y los compañeros de la Comisión de Coordinación del MODES, quienes fueron un apoyo sustantivo en la consecución de los resultados obtenidos en este último año de trabajo colectivo. Así mismo, agradecemos a la AECID por creer en el Movimiento de ONGD y por su aporte sustantivo en su fortalecimiento.

Movimiento de ONGD para el Desarrollo de El Salvador

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La lucha por el derecho humano al agua, por la sustentabilidad de los bienes naturales y contra la minería metálica a gran escala: Entrevista con el Dr. Ángel Ibarra, Presidente de la UNES

Nos encontramos conversando con el Dr. Ángel Ibarra Turcios, conocido ambientalista, presidente de la

Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), institución que celebra 26 años de actividad por la protección y defensa del medio ambiente en El Salvador.

¿Cuál es la situación del medio ambiente en El Salvador?

R. Primero, agradecerte Godo, la oportuni-dad que nos das de exponer nuestro pensa-miento.

Segundo, no es casual que informes que hablan sobre la problemática ambiental a nivel global, sitúen a El Salvador como uno de los países líderes en problemática sociales ambientales bastante graves. Aunque yo no comparto los criterios de la UNDAC (Agencia de las Naciones Unidas para la Gestión y Coordinación de Desastres [N del E], hace tres años apareció un informe que situaba a El Salvador como el país más vulnerable del mundo. La UNDAC es una agencia de las Naciones Unidas que tiene que ver con riesgos y desastres.

A mi me pareció que el Informe utilizaba criterios muy superficiales, pero independientemente, el Informe ya situaba a El Salvador como el país número uno en riesgo. Decía la UNDAC que el 88% del territorio nacional y el 95% de la población nacional vivíamos en situaciones de riesgo. Ya solo esa afirmación preocupante. En noviembre del año pasado, en Doha, Qatar, se dio a conocer un informe de German Watch que habla de los países más impactados por el cambio climático en los últimos 20 años y El Salvador aparece en el cuarto lugar. En la UNES no compartimos todos los criterios de

German Watch para hacer una valoración global del riesgo climático, pero lo preocupante del tema es que El Salvador aparece en el cuarto lugar; más allá de si todo eso es cierto o no, son indicadores y en un momento en el año 2009, otro informe, también de German Watch ponía al país como el más seriamente afectado a nivel mundial por los impactos del cambio climático ese año.

Si a esto le agregamos que somos el segundo país en América Latina en estrés hídrico, sólo superado por Haití. La gente debe saber que estamos hablando de una escasez crónica de agua donde la disponibilidad de agua para consumo humano disminuye a menos de 1750 m3 por persona por año. Con esos elementos, más allá de si mi estado de ánimo es optimista o pesimista, te quiero decir que la situación ambiental en El Salvador es extremadamente grave, con el agregado de que no es una cuestión estática, sino que podríamos concluir que estamos pateando los territorios de la insustentabilidad.

Es decir, la dinámica nacional, social, económica, poblacional, la forma como utilizamos el territorio, la forma como utilizamos los bienes naturales, particularmente el agua nos indican que estamos

Foto: Oscar Mauricio Ramírez. 1er lugar de concurso: “El agua en negativo”. UNES.

Foto: Alan Edgardo Rodriguez. “Ice-berg” Tercer lugar concurso: “El agua en negativo”. UNES.”

Foto: Carlos Roberto Márquez. 2o lugar concurso: “El agua en nega-tivo. UNES.


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caminando en saldo rojo y estamos llevando a este país a que dentro de pocos años sea inviable.

¿Cuáles son las tareas que tiene planteadas el movimiento ambientalis-ta en la actualidad?R. A partir de lo expresado, esta sociedad, por los graves problemas socio ambientales que tiene, necesita ambientalmente tratamiento de cuidados intensivos, se hace necesario revertir la forma como utilizamos el territorio, hay que revertir la forma como tratamos a los bienes naturales, a los ecosistemas, hay que revertir nuestra visión, uso y abuso de nuestros ecosistemas acuáticos. No se trata de si cuidamos bien el ambiente de manera aislada o no, se trata de que el metabolismo social de El Salvador está acabando con el medio ambiente y eso nos está volviendo inviables. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que cambiar la forma de cómo vivimos, de cómo producimos, de cómo y qué consumimos y hasta hay que pensar en una política de cómo la población utiliza el territorio, porque resulta que al acabarse los medios materiales de vida en las áreas rurales, el campo expulsa población hacia las zonas urbanas y hacia el extranjero. Somos un país que expulsa gente, somos un país que deteriora el medio ambiente y no hay políticas públicas sustanciales orientadas a cambiarle el rumbo a esta forma de vivir insustentable, casi suicida en que estamos viviendo. Entonces, tú mencionas dos

ejemplos: el tema del agua y el tema de las minas.

En el caso de las minas la situación es dramática, ya somos un país seriamente afectado, las minas utilizan intensivamente agua, ya no solo es el problema de la contaminación. En el caso de la mina El Dorado en Cabañas, la empresa para explotar la mina necesita deshidratar los suelos hasta unos 350 metros de profundidad, porque no pueden trabajar la minería subterránea si hay agua en los yacimientos donde se encuentra la roca con minerales; tienen que secar la zona y no solo el área que van a explotar, sino que tienen que deshidratar aquellos afluentes, aquellos acuíferos que tienen conexión con el agua subterránea que hay en la zona.

¿No sólo utilizan el agua para procesar las ex-cavaciones?–Eso es lo menos, hacen uso intensivo del


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agua, pero no se pueden meter bajo la tierra a ver si hay oro y plata si previamente no han deshidratado, si hay humedad. La principal cantidad de agua que ellos necesitan sacar del acuífero es esa de la que estamos hablando y al deshidratar la zona donde hacen las grandes excavaciones, siguiendo la mena, por supuesto que afectan la zona aledaña y eso depende de las características morfológicas del terreno, no pueden decir: “vamos a secar 40 manzanas” y sólo secan 40 manzanas. Ya en la fase de exploración en Cabañas se secaron lo que la gente llama ojos de agua; pero además, ya en la fase de explotación hacen un uso intensivo del agua para el lixiviado de los metales. En el caso de El Dorado, de acuerdo a los cálculos de la Pacific Rim, se necesitan unas 3 o 4 toneladas de suelo para obtener una onza troy de oro; es decir, que calculan una concentración de cerca de 10 gramos de oro por tonelada de roca.

¿y qué hay que hacer con esa roca? Hay que molerla, hay que triturarla, ponerle

agua y también ponerle cianuro, entonces la mina que te afecta el acuífero porque lo tienen que deshidratar, una vez que tienen la roca y la muelen, la tienen que hidratar, meterle bastante agua y bastante cianuro para que se proceda a la lixiviación, que es el desprendimiento del oro y la plata de la roca. Con el agravante de que estas minas utilizan bastante cianuro. Contrariamente a lo que dice Pacific Rim, de que el cianuro es inocuo, es tóxico. El cianuro, por sus características químicas, se evapora a 26 grados centígrados y la temperatura promedio de Cabañas, usualmente anda arriba de eso. Sin pretender decir que los mineros intentan envenenar a la gente, al llegar a los 26 grados, el cianuro se evapora y se va para el aire, se va para el agua y se va para el suelo y la gente que está trabajando allí puede intoxicarse al entrar en contacto con el cianuro, cuando respira, cuando toma agua y cuando ingiere sus alimentos.

Por eso, nosotros decimos, que si ya tenemos estrés hídrico –tenemos el segundo lugar en América Latina en estrés hídrico- si tenemos una densidad de población de un poco más de 300 habitantes por kilómetro cuadrado,- aquí no es Australia, aquí no es Bolivia, aquí no es Canadá- , entonces eso atenta contra la vida de una manera brutal. ¿Y dónde está situado el cinturón de oro de El Salvador? Está situado en la cuenca alta y media del Río Lempa, el cual constituye el 65% de los recursos hídricos superficiales, es la [arteria] Aorta del país. Todos estos datos nos indican que la minería metálica –pues no


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hay minería verde, no hay minería responsable– es incompatible con las condiciones socio ambientales del país.

–En cuanto a la Ley de aguas que se discute en la Asamblea Legislati-va…

Nosotros, como Foro Nacional por la Sustentabilidad y el Derecho al Agua presentamos en el 2006 una propuesta de Anteproyecto de Ley general de agua. Algunos la han señalado de ser muy “ambientalista”. ¡Claro que tiene una fuerte dimensión ambientalista! porque nosotros hablamos que hay que cuidar el agua en la cuenca y la cuenca significa territorio; afirmamos que en términos hídricos, este país necesita cuidados intensivos y ni siquiera lo llevamos a consulta externa. Nosotros necesitamos una ley que se haga cargo de esto, porque además, sólo el 8 % del agua superficial del país se puede tratar utilizando los métodos tradicionales de potabilización. Si se quiere tratar un porcentaje mayor hay que recurrir a tecnologías más caras. Es decir, la gran mayoría del agua está entre moderada y severamente contaminada, no es recomendable ni siquiera para uso recreativo o para riego, pero esa es el agua que tenemos hoy en nuestro país. Necesitamos ver el tema: ¿Cuál es la política pública en términos de saneamiento que se está implementando? ¿Cuántos proyectos privados o públicos hay para descontaminar los afluentes superficiales? Se invierte cero dólares del presupuesto nacional.

Por eso nosotros insistimos en que la ley general que se discute en la Asamblea, que ha estado siendo obstaculizada por ARENA, que ha estado siendo obstaculizada por la ANEP, que ellos hasta la última gota de agua quieren venderla, quieren apropiarse de ella. La contra propuesta de ley que presentó ARENA en marzo de este año es una ley que privatiza la entidad pública rectora del agua, es una ley que confisca los bienes que ANDA tiene –por cierto que hay que mejorar el servicio público de ANDA, eso no está en discusión– y lo ponen al servicio de los privados. Quieren hacer con la poca agua que queda, grandes negocios. Por eso es que ARENA, la ANEP, FUSADES y otros aliados, están pujando para que no haya una buena ley general de agua y entreteniendo la aprobación de la ley para que siga siendo un botín que se privatiza y se hacen dueños, como están haciendo con FIHIDRO o la última amenaza que hay en Nejapa, que La Constancia quiere duplicar su capacidad de extracción de agua en los pozos de la Coca Cola, cuando eso significaría sobreexplotar el acuífero local. Están planeando explotar de una manera irracional el acuífero de donde sale una tercera parte del agua que consumimos en el Área metropolitana de San Salvador.

Si se tiene comprometido el Lempa, si se tiene comprometido el acuífero de Nejapa ¿qué agua vamos a consumir? El agua que vendan las embotelladoras, que por cierto también es de mala calidad.

–¿De qué manera la lucha por la defensa del medioambiente se puede potenciar con la participación en el MODES?

R. El tema de la defensa de los bienes co-munes y el tema de la sustentabilidad como alternativa supera la visión y el qué hacer de los ambientalistas, es decir, no es un proble-ma solo de los ambientalistas. No es casual que en Nejapa estemos trabajando en favor de las comunidades, en favor del agua para la zona metropolitana, compañeros y com-pañeras que pertenecen al Foro de la Salud, que pertenecen a la Mesa Permanente de Gestión de Riesgo y estemos los que tra-bajamos en el Foro del Agua, porque se ve que la lucha por el agua no es sólo de los ambientalistas, y con el MODES tenemos una convergencia estratégica sobre las alter-nativas al desarrollo, el camino que nos pro-ponemos recorrer para mejorar la calidad de vida de la población salvadoreña, que es el objetivo central de las políticas de desarrollo que las ONG impulsamos desde MODES, tienen una base en la sustentabilidad: sin agua no hay desarrollo, con minas no hay desarrollo, entendiendo el desarrollo como el mejoramiento de la calidad de vida, la participación, la ciudadanía, la equidad y la salvaguarda de los bienes comunes naturales en función de las próximas generaciones. Todo esto constituye una agenda tácita y la lucha contra la minería y la lucha por el de-recho humano al agua y la sustentabilidad del agua se potencian en la agenda que como MODES se está construyendo. Esa es la si-nergia que se da en el marco del MODES en la lucha que estamos librando contra la minería metálica a gran escala y la lucha por el derecho humano al agua y por la sustenta-bilidad del agua.

–¿Cuál es la relación entre la lucha por preser-var el medio ambiente y el Buen Vivir?R. Ya te decía que estamos caminando peligrosamente en el terreno de la insustentabilidad y que los ambientalistas no estamos para impulsar una “agenda verde” de un modelo económico cuya esencia es depredadora del medio ambiente y la naturaleza; rechazamos el neoliberalismo, el capitalismo; por eso es que la alternativa que los ambientalistas, particularmente en


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América Latina sustentamos, apoyamos e impulsamos es el paradigma del Buen Vivir. El Buen Vivir es una propuesta que se nutre de una visión donde la naturaleza es sujeta de derechos, para nosotros es la máxima aspiración, pues se deja de considerar como recurso natural solo en función de los seres humanos, sino que la naturaleza en sí misma es sujeta de derechos, y los humanos somos parte de ella.

Eso es lo que se ha constitucionalizado en Bolivia y lo que se ha llevado en la Constitución de Montecristi en Ecuador. Cuando la naturaleza sea sujeta de derechos, la relación entre los seres humanos y ella cambia de una manera dramática, pues los humanos no nos consideramos amos ni dominadores de la naturaleza, sino que nos consideramos parte de ella, en interrelación con ella, vivimos con ella; superando el gran problema que tenemos hoy con el capitalismo que es el divorcio entre sociedad natural y sociedad humana, el Buen Vivir aparece vinculándola, religándola y es una reaproximación, entonces para vivir de una manera distinta.

–Sobre la viabilidad del Buen Vivir en El Sal-vador…

El Buen Vivir no es un tema idílico, un paradigma lejano; hoy por hoy es una necesidad si no queremos avanzar más hacia la barbarie. La grave crisis que el mundo padece y que ya impacta a El Salvador tiene en esencia esa visión extractivista, consumista, de la cual es necesario salir y para eso el Buen Vivir plantea ya no el problema del crecimiento económico o del desarrollo, si no que el Buen Vivir se plantea como una alternativa al desarrollo que es nuestro punto, donde se privilegia la calidad de vida de los seres humanos, su visión de armonía con la naturaleza, una visión distinta, también con las otras especies vivas y con las futuras generaciones.

Entonces hablar del Buen Vivir es hablar de una relación equilibrada, primero de

Sobre el autor:

Angel Maria Ibarra Turcios, salvadoreño, 57 años; doctor en medicina, post grado en salud publica, y master en ecología política. Académico y activista ambiental, altermundista. Docente universitario, ex rector de la Universidad Luterana. Presidente de la Unidad Ecológica Salvadoreña - UNES - , y miembro de la Red Latinoamericana de Ecologia Politica, y del Grupo sobre Cambio Climático de ACT Alliance

uno mismo revalorizándose como ser humano, abandonando la visión del tener por el Ser. Una visión de equilibrio y armonía en la comunidad. El Buen Vivir es un futuro de paz, donde los conflictos que aparecen se resuelven sobre la base del bien colectivo; y el tercer elemento es una relación equilibrada, respetuosa entre los seres humanos y la naturaleza. Políticamente, entonces, no es una política ambiental solamente, es otra forma de hacer economía. El sujeto del Buen Vivir económicamente hablando son las personas y las comunidades, no son las empresas transnacionales. El objetivo del Buen Vivir es la vida digna, no la ganancia; y el escenario del Buen Vivir es la comunidad donde predomina la solidaridad y no la competencia.

Un modelo que te educa para competir y no para ser solidario, un modelo que te dice que hay que consumir y que vos sos en cuanto tenés, tiene hasta otra cultura, una forma radical de ver el mundo, de ver a las personas, de verse uno mismo y de ver a la naturaleza; por eso nosotros insistimos y valoramos mucho que empecemos a discutir en El Salvador el paradigma del Buen Vivir.

Nosotros apoyamos y vamos a contribuir a llenar de sustancia este paradigma que no es una cuestión solo de los ambientalistas. Por ejemplo: los educadores deben estar interesados en esto, los economistas, agricultores, los gobernantes, pero también, todos los salvadoreños comunes y corrientes que vivimos o sobrevivimos en las ciudades debemos poner nuestras aspiraciones en un nuevo paradigma. Ese es un futuro necesario para la humanidad en general y también de mucha urgencia para nosotros y nosotras.


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Segunda Parte

Blanca Mirna Benavides

Ciudadanía de las mujeres

La ciudadanía de las mujeres es un hecho histórico en permanente construcción social, que parte desde las demandas de las mujeres estimuladas por la Revolución Francesa (S.

XVIII), como una reacción a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (Bertolotti, 1996). Esta reacción tuvo a su base la exclusión de las mujeres de la categoría de ciudadanas por carecer de patrimonio, al igual que las personas mulatas y esclavas, ya que este era un requisito para ser considerada como tal. Un hecho simbólico fue que en 1791, Olympe de Gouges “reconocía y declaraba que la mujeres tienen el derecho de subir al cadalso; debe tener también igualmente el (derecho) de subir a la Tribuna con tal que sus manifestaciones no alteren el orden público establecido por la Ley”1, la respuesta a tales pretensiones fue la guillotina.

Aquí se plantea el problema central: ¿Porqué las mujeres que no eran mulatas ni esclavas no fueron incluidas como ciudadanas?, simplemente porque no fueron consideras como iguales a los hombres por ser mujer, aspecto que las colocó en la sociedad de ese momento como personas de segunda categoría y no como ciudadanas. Las esclavas y mulatas eran consideradas personas de tercera categoría, que se fundamentaba en su condición de esclavitud y mestizaje, pero en el caso de las mujeres blancas y libres no existía una explicación lógica relacionada con su condición sino con su sexo, con el hecho de ser mujer. Aquí se configura claramente la división sexual del trabajo, que se visibiliza a partir de la asignación del ámbito privado reproductivo como el lugar y espacio de realización de las mujeres 1 Citada en Género, Gobernabilidad y Participación Política de las mujeres. www.un-instraw.org, pp. 4

y a los hombres el ámbito público “que es el campo de toma de decisiones por excelencia de la sociedad, y donde la mujer tiene una condición de subalterna”2. Esta condición de subordinación les limitó representarse a sí mismas y a no constituirse en sujetos de la acción de la sociedad.

De tal forma, que el concepto de ciudadanía desde que se erigió como un distintivo de participación ciudadana y política estableció dualidades: inclusión y exclusión, pertenencia y ausencia, identidad y diferencia. Esto en la práctica significó que

las mujeres quedaron excluidas de la calidad de ciudadanas, marcó su ausencia histórica en los espacios públicos e institucionalizó las desigualdades que persisten hasta el Siglo XXI.

Dado que el término ciudadanía es un concepto que está en construcción permanente se agregan o amplían derechos determinados por el contexto y en la medida que los movimientos sociales, feministas y de mujeres han impulsado fuertes luchas 2 Sojo, Ana: Mujer y política. Ensayo sobre el feminismo y el sujeto popular, pp. 71.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA: EJERCICIO DE CIUDADANÍA DE LAS MUJERES

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que reivindican nuevos derechos, tales como: derechos reproductivos y sexuales, ambientales, étnicos, generacionales, entre otros, que dieron paso a una ampliación de la conceptualización marshaliana que sustentó los derechos civiles, políticos y sociales, como un nuevo “pacto social” para reducir las desigualdades.

Cabe destacar que esta ampliación de los derechos no implica que las mujeres y hombres gocen de ellos de inmediato, ya que siempre se da un nivel de desfase entre la promulgación jurídica de éstos y la creación de mecanismos y espacios que garanticen el acceso y uso de dichos derechos por las mujeres o grupos excluidos. Por ejemplo, el derecho a la participación política de las mujeres, esta establecido en la constitución pero no existen garantías para su cumplimiento.

En la actualidad, hablar de ciudadanía activa de las mujeres significa que ellas deberían tener las posibilidades reales de elegir y ser electas, de participar en la toma de decisiones en espacios locales o nacionales, de acceder y controlar la distribución de la riqueza y la garantía del cumplimiento de sus derechos (INSTRAW, 2005).

En El Salvador y Honduras la ciudadanía de las mujeres en el discurso y en el marco jurídico supone que existe igualdad, sin embargo en el plano de lo real el ejercicio de ciudadanía de las mujeres es trunca, primero porque los derechos existentes le son negados por falta de mecanismos para garantizar su cumplimiento y el acceso a éstos; segundo, por su exclusión sistemática de los espacios de toma de decisiones ya sea como funcionarias públicas o como ciudadanas parte de un espacio o mecanismo que ejerza contraloría social; y tercero, por su limitada participación en el control de los recursos diversos con que cuenta la sociedad para la reproducción social de la vida.

Vivir esta ciudadanía trunca se traduce en el ejercicio de una ciudadanía pasiva por parte

de las mujeres, aspecto que sigue perpetuando las desigualdades de género y reproduce de manera colectiva una cultura de discriminación que las sigue considerando como objetos de la sociedad y no como sujetos sociales. Esto no niega que en las comunidades las mujeres se muestran activas en organizaciones locales para la resolución de problemáticas comunitarias relacionadas con los servicios básicos, pero estas organizaciones no se traducen en “referentes políticos fuertes que sean portavoces de sus derechos como género”3 más bien refuerzan los roles tradicionales de género.

En ese sentido, el ejercicio de una ciudadanía activa supone la conjugación de dos factores: uno el espacio público que posibilita la acción e interacción de la sociedad, el cual refleja los símbolos, las creencias y los discursos de la sociedad; y dos, la existencia y creación de los poderes de las mujeres, de los jóvenes, de los hombres, etc., quienes deliberan y ejercen control sobre la cosa pública.

Este concepto de ciudadanía pone el acento “en el protagonismo público de las mujeres como actoras sociales y políticas”4, parte de la idea que las mujeres son o están en proceso de convertirse en sujetos sociales, ya que “requieren representarse a sí mismas y al mundo, y crear lenguajes para pensar, para sentir, para nombrar, para decir y para constituir la subjetividad correspondiente a su conversión en sujetos”5.

La importancia que tiene que las mujeres se conviertan en sujetos sociales es porque los éstas se “constituyen política y culturalmente por grupos socioculturales que a partir de sus propias características protagonizan su existencia y su acción en la sociedad y en la cultura: proponen y actúan en la consecución de alternativas para lograr una determinada hegemonía”6.

Las mujeres son la mitad de la población pero las que actúan como sujetos sociales que protagonizan en los espacios públicos como actoras sociales y políticas son minoría; sin embargo esa minoría son “actoras en la creación de espacios, intereses, imágenes y discursos públicos, con sentido de identidad, pertenencia y membresía a una determinada comunidad política”7.

La ciudadanía activa supone que las mujeres como actoras sociales y políticas frente al estado y otros actores, tienen capacidad de crítica y de exigir de manera individual y colectiva el cumplimiento del marco jurídico existente. Además, exponen de diversas formas las carencias y limitantes que retrancan la actuación generalizada de las mujeres como sujetos sociales y políticos, de tal forma que proponen la ampliación de nuevos derechos que respondan a 3 Valdés, Alejandra y Provoste, Patricia (2000): Democratización de la gestión municipal y ciudadanía de las mujeres: sistematización de experiencias innovadoras, informe final, pp. 35.4 Valdés, Alejandra y Provoste, Patricia: Obra citada, pp. 7.5 Lagarde y de los Ríos, Marcela (2003): Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas; pp. 822.6 Lagarde y de los Ríos, Marcela (2003): Obra citada, pp. 820.7 Valdés, Alejandra y Provoste, Patricia (2000): Obra citada, pp. 6.


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las particularidades de las mujeres, espacios y mecanismos que garanticen su cumplimiento efectivo.

Dado que actualmente, las mujeres por lo general ejercen una ciudadanía trunca, tanto el gobierno municipal y otros actores locales con poder en las localidades como el gobierno nacional están llamados a contribuir a la construcción de la ciudadanía activa de la sociedad en general y en particular de la mujeres que están emergiendo como nuevos actores del desarrollo local y nacional.

Para encaminar acciones relacionadas con la construcción de la ciudadanía de las mujeres y la equidad de género es necesario potenciar 5 factores que Valdés y Provoste8 denominan dimensiones de la ciudadanía, las que creemos que ofrecen un marco para analizar la participación de las mujeres en su carácter de ciudadanas:

Asociatividad: Incremento de la capacidad organizativa de las mujeres para incidir en las decisiones estratégicas del municipio a favor de los derechos, necesidades e intereses estratégicos de género. La asociatividad puede ser solo entre mujeres, pero también pueden pactar alianzas con organizaciones mixtas que compartan la agenda de género, sin embargo, la precondición para establecer alianzas es la existencia de organizaciones con capacidad de propuesta y de incidencia. La asociatividad es un proceso organizativo en el que las mujeres logran entre sí el reconocimiento de elementos comunes de identidad e intereses y construyen la disposición de impulsar acciones orientadas a transformar la institucional local y nacional.

Ejercicio de derechos: Las gestiones municipales y el gobierno central o nacional garantizan el acceso de las mujeres a sus derechos como género (no discriminación, derechos sexuales y reproductivos, protección contra la violencia), incorpora sus especificidades y demandas como usuarias (horarios, condiciones de atención, atención a necesidades frecuentes como el cuidado de hijas e hijos o la salud mental) y desarrolla la identidad de mujeres como sujeto de derechos. Se establecen mecanismos municipales de cautela de los derechos de las mujeres en los distintos espacios de la vida local y nacional.

Control social de la función pública: Existencia de mecanismos de evaluación, fiscalización y/o cuentan públicas que permiten exigir compromisos contraídos con las mujeres, o bien, existen canales y medios efectivos para denunciar y/o sancionar actos de agentes públicos que toleran violencia o discriminación de género (Por ejemplo, expulsión de escolares embarazadas, acoso sexual por algún funcionario o autoridad, etc.).

Acceso a las decisiones: Se promueve y garantiza la participación activa y el incremento de mujeres en cargos de importancia pública, se desarrollan las capacidades de las mujeres para ejercer el poder en el espacio local y nacional, se aplican mecanismos para la participación 8 Valdés, Alejandra y Provoste, Patricia (2000): Obra citada, pp. 16.

deliberante de las mujeres en las decisiones políticas, se agendan temas de derechos de las mujeres en las instancias de deliberación o en la planeación y evaluación de políticas y programas sociales, económicos, culturales y políticos del municipio y el país.

Voz pública por los derechos de las mujeres: Se promueven y garantizan acciones o mecanismos no municipales que relevan ante la opinión pública local y nacional uno o más campos de derechos de las mujeres. En este sentido la municipal y las instituciones del gobierno central impulsan el fortalecimiento de la sociedad civil y en particular de las mujeres en la medida que generan condiciones o favorece iniciativas para la expresión autónoma de la sociedad.

El establecimiento de estas dimensiones es importante para analizar si las actuaciones del gobierno local y nacional contribuyen con la creación de una ciudadanía activa en las mujeres o si están reproduciendo el rol tradicional de ellas en la sociedad. Para concretar estas dimensiones también plantearon algunos indicadores que posibilitan un acercamiento analítico al avance en el ejercicio de la ciudadanía activa de las mujeres.

En general se comparte la propuesta de indicadores planteada por Valdés y Provoste9 , pero existen algunos agregados que enriquecen la matriz que se presenta a continuación: 9 Valdés, Alejandra y Provoste, Patricia (2000): Obra citada, pp. 29-31.

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Bibliografía

1. Bertolotti, Adriana (1996): Ciudadanía de las mujeres: Un reto de las democracias de nuestra región. www.mono-grafias.com

2. Celiberti, Lilian y Solana Quesada, A. S. (2004): Ciudadanía de las mujeres desde los espacios locales de Montevi-deo. La Comuna Mujer del CCZ 12: www.chasque.apc.org

3. Instraw (2005): Género, gobernabilidad y participación política de las mujeres: www.un-instraw.org

4. Lagarde y de los Ríos, Marcela (2003): Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas, (México, Universidad Nacional Autónoma de México).

5. Molina, Natacha (1997): Las mujeres en la construcción de la igualdad y la ciudadanía en América Latina: www.cussh.udg.mx

6. Richards, Patricia: Expandir el concepto de ciudadanía de las mujeres: la visión del pueblo y la representación de la mujeres mapuche en SERNAM: www.derechosindigenas.org

7. Salinas Meruane, Paulina (2002): Ciudadanía y género: mujeres y liderazgo en las Provincias de Antofagasta, El Loa y Tocopilla: www.udec.cl

8. Sojo, Ana (1988): Mujer y política. Ensayo sobre el feminismo y el sujeto popular, (San José, Costa Rica, Colección Latinoamericana) 9. Valdés, Alejandra y Provoste, Patricia (2000), Democratización de la gestión municipal y ciudadaní de las mujeres: sistematización de experiencias innovadoras, documento de trabajo..

Rostros femeninos en mural juvenil elaborado en Calle Antigua a Huizucar. Foto: Daniel Eduardo Echeverría


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Cuadro 1: Dimensiones e indicadores de ciudadanía activa de las mujeresDimensiones

de la ciudadanía

activa

Indicadores Criterios

1. AsociatividadReconocimiento formal o informal de la existencia de la instancia organizativa como interlocutora válida.

Incorporación de interlocutoras organizadas a mecanismos de participación.

Representatividad en relación con el universo de sus asociadas y asociados.

Integrantes de instancias asociativas. Perfil socio económico del universo de destinatarias y destinatarios. Proporciones de grupos de edad y sexo en el universo.

Promoción organizacional de procesos organizativos de mujeres con un enfoque de sujetas autónomas, de derechos y con identidad: Existencia de programas de formación o fortalecimiento de organizaciones sociales con identidad de género.

Programas para el desarrollo y fortalecimiento de organizaciones con identidad de género:

o Antigüedado Coberturao Recursos.

2. Acceso a toma de decisiones

Aporte al empoderamiento se promueve el desarrollo efectivo de la capacidad de acceder a las decisiones.

En que aspectos y contenidos relevantes participan las mujeres. Tipo de participación. Participación sistemática o puntual.

Mujeres en la toma de decisiones, para medir la efectividad de los programas y políticas que garantizan el cumplimiento del derecho a ser propuestas y elegidas en cargos públicos.

Porcentaje de mujeres en cargos de decisión. Tipos de cargos o puestos ejercidos por las mujeres.

Promoción de liderazgos de las mujeres, para conocer la existencia de herramientas que fortalezcan la capacidad de liderazgo de las mujeres.

Programas de formación y otras acciones:o Antigüedado Cobertura o Recursos

3. Ejercicio de derechos

Reconocimiento de nuevos derechos o de derechos existentes pero que no se ponen en práctica.

Nuevos derechos reconocidos. Mecanismos para hacer efectivo el uso de los derechos. Uso de los derechos reconocidos.

Reconocimientos y ejercicio activo de derechos de mujeres como género.

Uso efectivo de los derechos:o Nivel de demandao Frecuencia de uso.

Existencia de compromisos e instrumentos para hacer efectivos los derechos.

4. Control social de la gestión pública.

Mecanismos de control que garantizan la participación de la sociedad en la contraloría de la gestión pública.

Existencia de mecanismos que viabilizan la rendición pública de cuentas

Existencia de espacios o mecanismos que garantizan que la sociedad realice la contraloría de la gestión pública.

Tipo de participación de la sociedad en la contraloría social. Se procesan quejas y denuncias y se toman medidas correctivas.

Mecanismos de control de discriminación de género, que garantizan la participación de las mujeres y la sociedad.

Existencia de mecanismos y espacios que facilitan el control por parte de las mujeres.

Existencia de acciones de discriminación positiva. Canales y medios para denunciar discriminación.

5. Voz pública por los derechos de las mujeres

Articulación de actores en acciones que generan debates públicos sobre derechos o temáticas relacionadas con la condición y posición de las mujeres.

Tipo y magnitud de eventos impulsados. Acuerdos obtenidos.

Incidencia en la agenda local como resultado de propuestas o acuerdos tomados por diversos actores.

Incorporación de demandas de género en la agenda del gobierno local o nacional.

Existencia de mecanismos para darle seguimiento.Derechos de las mujeres en el debate público, que medirá la presencia de los derechos de las mujeres en dichos debates.

Contenidos relacionados con los derechos de las mujeres en foros y medios de comunicación.

Espacios permanentes para mantener el debate público. Tipos de apoyos a este tipo de acciones.

6. Equidad de género

Medidas encaminadas a la disminución de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Como reconocimiento de las desigualdades, generación de información y acciones.

Se genera información desagregada por sexo Identificación de brechas de desigualdad de género en ámbitos

específicos. Establecimiento de metas de disminución de brechas de género en

ámbitos específicos. Existencia de acciones de discriminación positiva o de acciones

positivas a favor de las mujeres.

Fuente: Elaboración propia sobre Valdés y Provoste (2000:33).

Datos de la autora: Licenciada en Letras y post grado en Investigación para el Desarrollo Económico Local, profesora, investigadora social, Directora de la Fundación Salvadoreña para la Promoción Social y el Desarrollo Económico (FUNSALPRODESE), Presidenta de ALPIMED, Vice Presidenta de la Microfinanciera ENLACE S.A. de C.V, Presidenta del IMU y miembra de la Comisión Coordinadora del Movimiento de ONGD para el desarrollo solidario de El Salvador (MODES).


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PRONUNCIAMIENTO DE MODES ANTE LA AMENAZA DE PRIVATIZAR EL AGUA

Después de más de siete años de haber presentado el Anteproyecto de Ley del Foro del Agua ante la Asamblea legislativa, y ante la urgente necesidad de contar con una Ley General de Aguas que enfrente la grave crisis de la gestión hídrica en el país; preocupados por el entrampamiento que ha sufrido su proceso de discusión y aprobación en el seno de la Asamblea Legislativa; además de la negativa a ratificar la Reforma constitucional aprobada por consenso en la legislatura anterior, todo por presiones y por la insistencia de sectores mercantilistas de convertir las aguas salvadoreñas en mercancía privatizando su gestión y negando su naturaleza de bien común esencial para la vida; las organizaciones sociales integrantes del Movimiento de ONG para el Desarrollo Solidario de El Salvador –MODES-, respetuosamente demandamos a la Honorable Asamblea Legislativa la ratificación de la reforma constitucional mencionada, y retomar de manera inmediata el proceso de discusión y aprobación de una Ley General de Aguas que reconociendo al agua como un bien común esencial para la vida, finito y frágil, establezca su gestión pública y democrática, garantice el goce del derecho humano al agua y su sustentabilidad, retomando los siguientes aspectos fundamentales:

1. Ratificación inmediata del reconocimiento del Derecho Humano al agua en la Constitución de la República.

2. Que reconozca plenamente el derecho humano al agua y garantice el goce del derecho comunitario de acceso, uso, aprovechamiento y protección del agua;

3. Que priorice los usos del agua, poniendo en el centro el consumo humano, la vitalidad de los ecosistemas y la soberanía alimentaria; y que no se privatice el agua bajo ninguna forma.

4. Que garantice la gestión pública del agua mediante la creación de la Autoridad Nacional del Agua, las tres Regiones hidrográficas y los Comités de cuencas con amplia y decisiva participación comunitaria.

5. Que se establezca la gestión integral y sustentable de las cuencas hidrográficas, dándole a la Cuenca del Rio Lempa un régimen de administración especial, y preste atención a las cuencas transfronterizas.

6. Que la gestión del agua sea la parte fundamental de la gestión integral sustentable de los ecosistemas; y de las políticas, estrategias y planes para la adaptación al cambio climático y la gestión ecológica para reducir los riesgos de desastres.

7. Que promueva planes agresivos de saneamiento y recuperación de los ecosistemas acuáticos; como ríos, lagos, humedales y acuíferos.

8. De manera especial llamamos a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a manifestarse y expresar su determinación de defender el agua como derecho de todas las personas que habitan el territorio salvadoreño.

¡¡El agua no se vende, el agua no es mercancía!!

San Salvador, 19 de julio de 2013


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La sociedad civil y sus organizaciones tienen el desafío

de participar de la vida nacional contribuyendo a la búsqueda de soluciones a la problemática de las poblaciones en las localidades y comunidades de todo el país. Este desafío lo han asumido las organizaciones de la sociedad civil desde antes

de firmados los Acuerdos de Paz.

Se trata de un esfuerzo sostenido en el tiempo, que ha obligado a la formación de capacidades para abordar las problemáticas más esenciales en áreas tan variadas como: educación, alfabetización, salud

preventiva, soberanía alimentaria, enfoque de género, técnicas productivas, agricultura orgánica, ganadería, pesca, atención a personas con discapacidades, poblaciones originarias y otras muchas.

La búsqueda de recursos materiales que permitan la realización de actividades administrativas, formativas, productivas, ha sido un esfuerzo sistemático para llevar adelante las actividades propuestas, sin embargo, éstas se han visto afectadas por la crisis en la que se encuentra el sistema internacional de cooperación para el desarrollo, producto de la crisis financiera que afecta al mundo capitalista actual.

Con el fin de analizar la crisis de la cooperación, sus causas y posibles desenlaces, el MODES se encuentra implementando el Diplomado sobre Cooperación y Desarrollo, Incidencia Negociación y Cabildeo. La fase inicial del Diplomado consistió en la elaboración de un plan que permitiera la elección de contenidos, su dosificación y posteriormente, el desarrollo de los contenidos y la selección de los materiales de estudio, tanto obligatorios como optativos, así como la selección de facilitadores, tanto nacionales como centroamericanos.

CONSIDERACIONES SOBRE DIPLOMADO DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO,INCIDENCIA, NEGOCIACIÓN Y CABILDEO

Godofredo Echeverría

Arriba: vista parcial de la concurrencia al VIII módulo del Diplomado de Cooperación y Desarrollo, Negociación, Incidencia y Cabildeo.Abajo: Mirna Benvides y Dr. Hugo Arias, miembro del Consejo de Par-ticipación Ciudadana y Contraloría Social de la República del Ecuador

Delegación de mujeres del altiplano occidental de Guatemala

Dinámica de discusión en grupo sobre temas abordados durante la VI sesión del Diplomado

Entrega de diplomas. De izq. a der: Dr. Henry Morales, Mercedes Sánchez, Vilma Vaquerano, Ryna Garay, Mirna Benavides y Gustavo Amaya.


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La siguiente fase, que consistió en la aplicación de los resultados de la fase anterior dio inicio el viernes 24 de mayo con la inscripción de 50 participantes: 35 representantes de ONG asociadas al MODES, 5 representantes del FOCIS (Foro de Organizaciones de Cooperación Internacional Solidaria), 5 estudiantes de Relaciones Internacionales de la UES y 5 representantes del VMCD (Vice Ministerio para la Cooperación y el Desarrollo).

Los temas abordados durante el diplomado son los siguientes:

Módulo I: Sistema de cooperación internacional tradicional y nuevos escenarios de relaciones internacionales: mundial-regional-nacional.

a) Paradigmas existentes: neoliberalismo, desarrollo humano, economía verde.

b) Paradigmas alternativos: decrecimiento, economía feminista, Buen Vivir.

Módulo II: Crisis del sistema de cooperación internacional tradicional.

a) El modelo neoliberal en crisis y su repercusión en América Latina y El Caribe.

b) Crisis del sistema de cooperación internacional: realidades y perspectivas.

c) Institucionalidad y modalidades de la cooperación Internacional: funcionalidad de la cooperación internacional y sus limitaciones y desafíos.

Módulo III: Tendencias de la cooperación tradicional a nivel internacional y en El Salvador.

a) Tendencia de la cooperación internacional de la Unión Europea.

b) Tendencias de la cooperación de Estados Unidos y otros donantes de países de la OCDE.

c) Tendencias de la cooperación multilateral: ONU y otras.

d) Tendencias de la Cooperación Bilateral.

Módulo IV: sistema de Cooperación Internacional e incidencia social global.

a) La experiencia de la incidencia en el sistema de la cooperación internacional global.

b) La experiencia de la incidencia en los procesos de desarrollo nacional.

c) La experiencia de la incidencia desde los movimientos y organizaciones de mujeres en el marco de la agenda feminista y de género.

d) Incidencia y movilización social: repensando la participación de la sociedad civil (transparencia, auditoría social, calidad, coherencia y sostenibilidad).

e) Iniciativas globales y procesos de incidencia en en el sistema de la cooperación internacional: Objetivos de Desarrollo del Milenio, agenda post 2015 (Objetivos de Desarrollo Sustentable).

Módulo V: Las ONG y el sistema de cooperación internacional.

a) Tendencias y desafíos de las ONG internacionales en el marco del sistema de cooperación internacional.

b) cooperación solidaria: realidades y tendencias.

Delegación de mujeres del altiplano occidental de Guatemala

Dinámica de discusión en grupo sobre temas abordados durante la VI sesión del Diplomado

Entrega de diplomas. De izq. a der: Dr. Henry Morales, Mercedes Sánchez, Vilma Vaquerano, Ryna Garay, Mirna Benavides y Gustavo Amaya.


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c) Sistema de cooperación Internacional y las ONG-movimientos sociales de El Salvador.

d) ONG internacionales y ONG-movimientos sociales: tendencias. Y desafíos.

Módulo VI: El Salvador y los nuevos desafíos en el marco de una nueva arquitectura de cooperación internacional.

b) Plan Quinquenal de Desarrollo de El Salvador.

c) Políticas públicas y desarrollo.

d) Cooperación internacional bilateral y multilateral en El Salvador: ¿qué cooperación queremos y cómo gestionarla?

e) Procesos de articulación entre diferentes actores del desarrollo.

f ) Grandes desafíos de la cooperación internacional tradicional en El Salvador.

Módulo VII: Nueva arquitectura económica regional: cooperación Sur-Sur.

a) Nueva arquitectura política y económica en la región latinoamericana y caribeña: ALBA, CELAC, UNASUR, SICA.

b) Cooperación Sur-Sur: actualidad y perspectivas.

c) SICA: realidad del proceso de integración centroamericano y sus grandes desafíos.

d) Cooperación Sur-Sur: experiencia en Centroamérica y en El Salvador.

e) ALBA: experiencia en El Salvador.

f ) El Salvador: oferente de Cooperación Sur-Sur.

Al reseñar los temas más importantes de este diplomado se pretende mostrar a las y los lectores de DS la solidez y la variedad de las temáticas, mismas que contribuirán a la consolidación de una visión crítica y reflexiva de las y los participantes, la cual se convierte en herramienta indispensable para orientar el trabajo de los diferentes sectores que están representados en esta experiencia formativa. Es de señalar que la metodología participativa es elemento central en el desarrollo del diplomado, la que incentiva el aporte individual y colectivo mediante diferentes dinámicas, tales como exposiciones, mesas de trabajo, plenarias, etc.

La puesta en práctica del Diplomado sobre Cooperación y Desarrollo, Incidencia, Negociación y Cabildeo constituye un aporte significativo para la formación de una sociedad civil activa, crítica, reflexiva, con plena conciencia de la realidad que se vive tanto en lo nacional como a nivel internacional. Como expresión de lo compartido, cada participante deberá elaborar un ensayo de entre 10 y 15 páginas sobre los temas abordados en el diplomado que la hayan parecido más interesantes.

Finalmente es importante reconocer la participación del equipo humano que ha hecho posible la realización de este diplomado, desde la Comisión Coordinadora del MODES, el equipo técnico del MODES y el personal administrativo de FUNSALPRODESE, así como el interés mostrado por las y los diplomantes/as que han mantenido el interés y la participación en cada una de las sesiones de estudio. Los docentes que han impartido los diferentes temas, especialistas tanto nacionales como internacionales merecen un reconocimiento especial.

Sobre el autor

Investigador sociocultural sobre temas de migración, cultura, sociedad y política. Comunicador. Especialista en la utilización de tecnologías de información y comunicación para el desarrollo

Licenciado en Letras con posgrados en Sociología política y migraciones internacionales.


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A raíz de las últimas cumbres internacionales en donde se ha abordado el tema del financiamiento

al desarrollo, ha quedado al descubierto que a pesar del relativo aumento de la ayuda al desarrollo, su nivel de incidencia e impacto en los factores estructurales que reproducen la pobreza y el subdesarrollo, continua siendo mínimo y deficiente. En la actualidad, con datos de la FAO, hay más de 2,500 millones de personas que viven en la pobreza extrema (viviendo con menos de dos dólares al día); donde más del 70% son mujeres. Que hay más de 1,000 millones de hambrientos en el mundo y en donde 1,800 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Más de 1,000 millones carecen de una vivienda digna. Cerca de 17 millones de niños menores de cinco años mueren cada año en el mundo por enfermedades prevenibles y más de 4 millones mueren por enfermedades diarreicas y respiratorias. 2,000 millones de personas carecen de acceso a medicamentos esenciales y más de 2,600 millones de personas no tienen acceso a saneamiento básico. Contrariamente, un mínimo de personas e instituciones financieras trasnacionales controlan más del 80% de la economía a nivel mundial y es una tendencia creciente. En la actualidad el número de pobres sigue aumentando drásticamente en los países con menos crecimiento, pero también en los países llamados desarrollados. Esta es la realidad de nuestros pueblos a la cual la ayuda internacional quiere contribuir a su solución.

Los ODM que fueron establecidos para reducir las inequidades a nivel mundial, los cuáles culminan su mandato en el 2015, están muy alejados de ser alcanzados en la mayoría de países. En este momento se

inicia la dinámica de comenzar a trabajar una nueva estrategia post 2015. Son diversas las interrogantes que quedan sobre los ODM y de éste tipo de iniciativas sobre la erradicación de la pobreza y la solución a múltiples problemas de índole social, económico, cultural y ambiental que hay en el mundo. Los ODM son una continuidad, sin duda, a los múltiples instrumentos fallidos que desde los países desarrollados e instancias multilaterales se han creado dentro de un sistema opuesto a este tipo de objetivos.

En la medida en que se continúe con ésta lógica asistencialista, desarrollista y de caridad, donde la ayuda no está tipificada como una obligatoriedad, y si no se cuestionan las causas estructurales que le dan vida a las injusticias e inequidades a nivel mundial, difícilmente la ayuda al desarrollo será una solución sostenible para generar un mundo más digno, humano y justo.

Las cifras proporcionadas por la OCDE/CAD de la ayuda al desarrollo al 2010, marcan claramente la tendencia decreciente de los porcentajes de ayuda con relación al PIB de cada país donante. La media europea alcanza los 0.3% sobre el PIB mundial; Estados Unidos continua siendo el país con menor aporte a nivel global con el 0.19% sobre su PIB; y países como España, Grecia, Portugal que a partir del 2011 su ayuda ha decrecido en más del 80% con relación a años anteriores. En el mismo orden de ideas, pero a la inversa, se observa como la Cooperación Sur-Sur (CSS) por parte de países con menor crecimiento y aquejado por políticas internacionales de bloqueo y sanciones, como es el caso de Cuba, su cooperación promedio de los últimos ocho

CRISIS DE LA COOPERACIÓN Y NUEVAS ALTERNATIVAS DESDE EL SUR

Henry Morales López


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años alcanza conservadoramente el 5% en relación a su PIB (y es el tercer mejor cooperante en América Latina y el Caribe); en la misma dirección Venezuela, que sería el primer cooperante para América Latina y el Caribe a nivel de todos los donantes en términos de flujos financieros, y con un 1.5% de CSS con relación a su PIB.

El sistema de Cooperación Internacional (CI) que existe en la actualidad, está severamente cuestionado ante su ineficacia y por continuar respondiendo a intereses geopolíticos y económicos de los llamados donantes tradicionales. Un sistema que por sus prácticas anti-democráticas y condicionadas en sus formas de intervención va perdiendo la ética y la legitimidad humana. La ayuda se ha estructurado e institucionalizado como un instrumento de poder en las relaciones internacionales. En la medida que los países ricos (donantes) continúen manteniendo un sistema financiero perverso de deuda externa, un desigual e injusto sistema comercial y continúen extrayendo y saqueando la riqueza de los países del sur o empobrecidos, la ayuda solo servirá para paliar las consecuencias que estas políticas generan.

Deben generarse cambios en los métodos para aplicar la ayuda al desarrollo con procedimientos más objetivos y transparentes. La ayuda no puede percibirse como una acción de caridad, sino sencillamente como una mínima y justa devolución de la desigual distribución de la riqueza que en la actualidad existe. Las prácticas asumidas de condicionamiento, sometimiento o de violación a la soberanía de los pueblos, debe transformarse por un carácter ético y de justicia global. El criterio para definir el nivel de desarrollo humano de un país no puede continuar concibiéndose por medio de simples cálculos macroeconómicos de los ingresos per cápita sobre el PIB. Existen países en donde la concentración de la riqueza y los ingresos están en manos de un

reducido porcentaje de personas y empresas transnacionales, y al mismo tiempo, existe una mayoría de población empobrecida. Sin embargo, son países considerados de

renta media o alta. Para que la ayuda al desarrollo responda a una realidad

compleja en la que viven éstos países, se debe transcender a los indicadores

económicos de renta (monetarios). Se deben aplicar otro tipo de indicadores de carácter social y de redistribución de la riqueza, para priorizar o definir los tipos y modalidades de ayuda que cada país demanda. De acuerdo

a datos de la CEPAL (2010), a nivel mundial, para el período 2000 a 2008, el ingreso per cápita de los países con ingresos medios-bajos osciló entre un mínimo de 1,943 dólares y un máximo de 9.077 dólares anuales. Y en el mismo período la tasa de pobreza oscilo en un mínimo del 2% y un

máximo del 81%. En la misma lógica los países de renta media-alta, donde los ingresos

per cápita fueron entre 4,100 dólares y 19.547 dólares y la tasa de pobreza entre el 2% y un 43%.

El proceso de buscar la eficacia de la ayuda internacional,

como un efecto de la insostenibilidad y del fracaso de la misma, es una muestra más del derrumbe del modelo neoliberal. Este caminar está lleno de declaraciones y consensos políticos. Los nuevos instrumentos

creados para buscar la eficiencia de la ayuda, desde las declaraciones de Paris,

Accra y Busán, sigue respondiendo a una agenda previamente establecida entre los países desarrollados tradicionalmente donantes y las instancias internacionales (Banco Mundial, ONU, OMC, OCDE). Si bien es cierto que en los últimos foros de alto nivel que se han realizado, ha quedado mejor definida la inclusión de los países receptores de ayuda, su participación continúa siendo marginal, no vinculante y contestataria a una lógica de organización y funcionamiento con intereses ya establecidos.


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Son diversos los factores que se han planteado para este proceso de revisión y replanteamiento de la ayuda internacional. Se habla de décadas pérdidas en términos de la falta de impacto que la CI ha tenido en la lucha contra la pobreza. Se plantea un relativo cansancio de los donantes. Hacia los países receptores, existen los señalamientos de la baja capacidad de ejecución y respuesta que se tienen para lograr la eficiencia de la gestión y administración de la ayuda (corrupción, clientelismo, debilidad institucional) y la falta de voluntad y liderazgo político. De igual forma existen factores de carácter geoestratégico, y la pregunta se mantiene: ¿los países desarrollados tienen la intención y la voluntad para que esta lógica ineficaz de la ayuda funcione?

La Declaración de Paris (DP), que es la base de la ruta que se ha continuado para buscar la eficacia de la ayuda al desarrollo ha tenido diversos cuestionamientos de fondo: se inicia planteando que en los mismos principios de la DP se encuentra una relación desigual y vertical en la participación de los entes involucrados. No se ha motivado en los territorios una verdadera práctica de diálogo y concertación entre oferentes y receptores de ayuda (todo se limita al contexto de los foros de alto nivel). Las metas establecidas van explícitamente dirigidas hacia los países receptores pero no así hacia los propios países oferentes de la AOD. No existen mecanismos ni procedimientos para medir los avances reales a nivel de los compromisos asumidos por los donantes y su nivel de cumplimiento. Se ha avanzado en indicadores y medios para medir el desarrollo en los países receptores, lo que denota imposiciones, condicionalidades y una clara falta de voluntad para llegar a replantear la actual lógica de funcionamiento de la AOD. De acuerdo a estudios, la DP obvia completamente aspectos estratégicos e inalienables a cualquier proceso de transformación, como la construcción de ciudadanía, el enfoque de derechos, la equidad de género. Son demandas universales que están fuera del contexto

y de las prioridades de este proceso de replanteamiento de la ayuda. Otro de los grandes señalamientos que existe hacia los donantes, y que es una razón importante que contribuye a la ineficacia de la ayuda,

es la dispersión y proliferación de donantes (bilaterales y multilaterales) que existe. Una dispersión que se traduce en la falta de políticas armonizadas en los países o regiones. Desde la declaración de Paris por medio de la alineación y armonización de la ayuda se ha buscado mejorar esta tendencia, pero a la fecha, sigue siendo un propósito pendiente de alcanzar.

Es a partir de Busán que los actores llamados no estatales (sociedad civil, otros), encuentran un espacio formal de participación, pero

en la práctica, sus aportes no son vinculantes con las decisiones últimas que los gobiernos e instancias oficiales asumen.

La AOD debería ser una condición obligada de todos los países desarrollados e instancias financieras, y deberían crearse los mecanismos que velen por su cumplimiento. El mínimo aporte de 0,7% sobre el PIB que en la actualidad existe debe ser considerado

como un aporte mínimo a superar, si verdaderamente se quiere contribuir a

transformar las injusticias en el mundo. En la actualidad, los flujos decrecientes de ayuda están condicionados por la crisis financiera internacional y que ha tocado fondo en los países tradicionalmente donantes: deterioro de sus finanzas públicas y endeudamiento; los ajustes económicos en materia fiscal; la profundización de sus problemas sociales (recorte de gastos, pobreza, desempleo), entre otros factores.

En el actual contexto existe un resurgimiento de nuevas hegemonías económicas (con

crecimientos acelerados y sin precedentes: BRICS, IBSA, ALBA, MERCOSUR) que están rebasando a los tradicionales países desarrollados. Se está gestando un nuevo orden de multilateralismo mundial, que da como resultado un desafiante nuevo sistema de arquitectura financiera, económica


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Sobre el autor

Doctor en Economía. En la actualidad es coordinador general del Movimiento Tzuk Kim-pop. Consultor social (CONSOC.SC). Investigador y activista social. Ha realizado diversos estudios editados sobre cooperación y desarrollo: Pueblos indígenas, cooperación y desarrollo; la Cooperación Internacional en Centro América; Acuerdo de Asociación UE-CA; La CI en la década de la Paz: ¿Por qué tanta frustración?; entre otros trabajos ([email protected]).

y de gobernanza internacional. Y es relevante que estas nuevas hegemonías se están transformando en referentes mundiales de ayuda al desarrollo, en sus más diversas formas: política, técnica, humanitaria, emergencia, financiera, horizontal, etcétera. El gran desafío de estas nuevas expresiones será la configuración de sus propios procesos políticos e institucionales para desarrollarlos, y no utilizar los medios actuales, deslegitimados, que rigen éstas relaciones internacionales.

América Latina y el Caribe se han transformado para los tradicionales poderes económicos que predominan en la ayuda al desarrollo, en una región no priorizada, fundamentando que sus países tienen un rango de vida económica alta o de mediana capacidad financiera por habitante. De los 34 países de la región, 33 están ubicados en un estatus de país de renta media (a excepción de Haití que está calificado como país de renta baja). Es una realidad que para países con los menores índices de crecimiento como Nicaragua, Honduras y Bolivia, la dependencia de la ayuda internacional era superior al 10 o 15% de su PIB (caso Nicaragua). El retiro paulatino de la ayuda de la región debe concebirse desde diversos ángulos de análisis: la falta de voluntad política de los gobiernos de los países receptores por profundizar su colaboración en los objetivos de la ayuda internacional; la falta de transparencia en el manejo de los fondos; la limitada colaboración de los países receptores en temas de geopolítica (lucha contra el terrorismo, lucha contra el narcotráfico, falta de respaldo a decisiones de organismos internacionales como es la ONU). Existe también el señalamiento por parte de los donantes hacia otro grupo de países de la región en los cuales hay procesos de transición política (gobiernos de izquierda o progresistas): la falta de colaboración en temas de interés de los donantes debidas a las críticas y rechazo que éstos países hacen al modelo neoliberal; rechazo por las medidas de soberanía política y económica que los países van generando; y el cuestionamiento de los donantes por la existencia de “regímenes” políticos “comunistas” como es la acusación dirigida a Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador”; entre otros factores.

En el marco de la actual crisis financiera internacional y la inminente reducción de la ayuda al desarrollo, las ONG deberán fortalecer su capacidad de incidencia política frente a sus Estados. Se debe trabajar para que los donantes mantengan como mínimo los porcentaje de cooperación canalizados hasta el 2008 y garantizar que las vías de canalización de la ayuda sea más efectiva, incidente y transparente. Las ONG y organizaciones sociales deben asumir una actitud crítica y reflexiva sobre su propio actuar en el marco de la lógica de funcionamiento de la ayuda internacional. No podemos continuar siendo un ente silencioso, o peor aún, partícipes en los procesos dónde se toman las decisiones y en las cuales con nuestra presencia legitimamos medidas perversas de anti-desarrollo.

Es a partir de esta realidad que la cooperación Sur-Sur emerge como una importante alternativa de solidaridad, dignidad y soberanía. Pero indudablemente, existen grandes y profundos desafíos que tendrán que afrontarse para, efectivamente, transformar estas colaboraciones en medios legítimos, transformadores y sostenibles que se demandan para salir del empobrecimiento y de las desiguales e injustas relaciones de poder económico que existen en nuestros pueblos. Aquí debemos contribuir todos los entes (gobiernos, pueblos indígenas, movimientos, organizaciones sociales, mujeres, jóvenes,) que tienen propuestas y determinación por asumir estos retos.

En este contexto, iniciativas como el diplomado promovido por MODES para abordar de manera profunda, crítica y propositiva la realidad de la cooperación internacional y las nuevas alternativas es de vital trascendencia. Es necesario conjuntar esfuerzos serios y objetivos entre los gobiernos y los movimientos sociales para de manera decisiva y respetuosa, encontrar los puntos de consenso y trabajar por las transformaciones estructurales de nuestros pueblos.


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Durante casi una hora estuvimos conversando sobre temas de cooperación, en el despacho de

la Directora General de Cooperación para el Desarrollo, con su titular, Ryna Garay y con Ana Vásquez, Directora de Cooperación Descentralizada.

P. ¿Podría describirnos la actividad que lleva a cabo la Dirección General de Cooperación en la actualidad?

R. Ryna Garay:

El Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo (VMCD), creado en 2009, por la actual administración, como parte del compromiso del gobierno de mejorar la gestión de los recursos de la cooperación, alinearla con los procesos de desarrollo nacional y transparentar el manejo de la ayuda como ente rector de la cooperación en el país. El VMCD está conformado por la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo y la Dirección General de Relaciones Económicas.

La actividad del VMCD está enmarcada dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, al establecer relaciones políticas y diplomáticas con otros Gobiernos y dentro de las cuales se establecen relaciones de cooperación. Podría definirse la función del Viceministerio así: coordinar, integrar e incrementar la cooperación internacional para el desarrollo, posicionándose como el ente rector de la cooperación en el país.

Tradicionalmente la cooperación se entiende como la “ayuda” que recibe el país. Sin embargo, es hasta la actual administración que se marca un cambio en la manera de gestionar la cooperación. En este sentido, el aporte de la cooperación internacional es un complemento de los esfuerzos nacionales a favor del desarrollo,

Las hitos de la gestión de la cooperación en la actualidad están marcadas por tres hechos importantes: 1. La adhesión a la Declaración de Paris. 2. La crisis financiera internacional y 3. El Salvador declarado como país de renta media. Estos tres hitos marcan la necesidad de realizar un cambio en la forma de como se había venido realizando la gestión de la cooperación en los años anteriores. Para ello se hizo necesario reorganizar administrativamente la cooperación, tomando como base la organización de acuerdo a las diferentes modalidades de cooperación: todo lo relativo a la cooperación bilateral Norte-Sur y la cooperación bilateral Sur-Sur. Por otra parte, la cooperación que proviene de los organismos multilaterales, los organismos financieros y los organismos regionales. La cooperación no oficial y descentralizada, dentro de la que se encuentra la ayuda humanitaria en situaciones de desastres y la relación con las organizaciones de la sociedad civil y alcaldías municipales. Otra parte importante de la cooperación es la destinada al mejoramiento y formación de las capacidades educativas,

Conversación con Ryna Garay, Directora General de Cooperación para el Desarrollo y Ana Vásquez, Directora de Cooperación Descentralizada del Vice Ministerio para la Cooperación y el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador


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por medio de becas en el exterior. Así también fue creado el Centro de Atención al Ciudadano y al Cooperante y se reorganizo a su interior la oficina técnico-administrativa que ejecuta los fondos del p r e s u p u e s t o extraordinario de reactivación económica.

La cooperación que se recibe en el país llega a través de dos vías: la vía oficial

y la vía no oficial. La oficial es de gobierno a gobierno, la no oficial por medio de ONGs, de gobiernos locales de otros países.

Agrega Ana: La Dirección de Cooperación No Oficial y Descentralizada, surge con esta administración de gobierno, como un esfuerzo de dar este nuevo enfoque a la forma de como se venía haciendo la cooperación, pero también a partir del hecho de que se reconoce la importancia de estos actores que han venido trabajando en el desarrollo y que es indispensable reconocerlos como socios para el desarrollo. Algunos de ellos con presencia en el país, durante muchos años no habían tenido una articulación con el gobierno central, no había una relación para promover el desarrollo nacional. Con estos actores, se han buscado fuentes, áreas de trabajo común en el tema de cooperación para el desarrollo, donde se puedan realizar alianzas y acciones conjuntas, sin que eso limite la amplitud del trabajo que realiza la sociedad civil. No se trata de imponer sino de buscar esas alianzas y articulaciones.

Continúa Ryna: me gustaría enfatizar que la cooperación ha sido vista como la ayuda que el país recibe y que debe ser distribuida y canalizada. Sin embargo el enfoque de esta administración es que se necesita apoyar todos los procesos de desarrollo del país, pero que tiene que ser definida, acordada y ejecutada en conjunto entre el gobierno, cooperantes, sociedad civil y demás actores nacionales. Esto marca una diferencia importante en la manera de cómo se ha venido administrando la cooperación y también implica un trabajo

diferente que no es administrativo, sino participativo, de mucho diálogo. Todo este conjunto de acciones que se promueven a través de las diferentes líneas de cooperación, contribuyen al desarrollo del país.

Deben definirse previamente las prioridades hacia las cuales dirigir los esfuerzos en la búsqueda del desarrollo. Es decir, hay que definir qué necesita el país. Y, además, se establece la relación entre todos los socios y acordar en conjunto que se necesita para poder fortalecer o iniciar procesos de desarrollo que se conviertan en políticas públicas y lograr que llegue a toda la población, ya que de lo que se trata es de mejorar las condiciones de vida de las personas.

Ana: Es importante señalar que la labor del desarrollo es un trabajo conjunto, de país, entre varios actores. La sociedad civil es un actor importante que aporta para alcanzar eso que se ha definido como prioritario, como necesario y que luego debería tornarse en política pública

P. ¿Las últimas tendencias de la cooperación incorporan a nuevos actores?

Ryna: Habría que partir de la definición del desarrollo y de las necesidades del país. La historia de la cooperación muestra que el interés ha sido aportar recursos humanos y financieros para superar las crisis. El concepto de la cooperación nació después de la segunda guerra mundial cuando se requería ayudar a los países a salir de las grandes dificultades dejadas por la guerra. Para enfrentar las graves dificultades sociales y económicas en la actualidad, se necesita la participación de todos los actores sociales y económicos. Por otra parte, también se ha venido mostrando la necesidad que la cooperación sea eficiente y eficaz, que sea bien utilizada, que tenga impacto y que se pueda medir por medio de indicadores. En la búsqueda de estos indicadores surgieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Catálogo de la cooperación Sur Sur editado por el Vice Ministerio de Cooperación para el Desarrollo, que con-tiene las nuevas modalidades de cooperación incluyen-do a El Salvador como oferente de cooperación


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La tendencia de la cooperación va incluyendo a la empresa privada. El último foro de alto nivel, en Busán 2011, por primera vez incluye a la empresa privada como actor de la cooperación.

A pesar de las dificultades para cumplir con los ODM, éstos funcionan como parámetros y sirven como línea de base para la medición de los niveles de desarrollo en el país.

Otro de los planteamientos es que la cooperación debe estar a lineada a las prioridades nacionales, para nosotros es importante y lo tenemos que asumir; la cooperación debe generar resultados, debe haber rendición de cuentas de esa cooperación y de los avances que se van teniendo en el desarrollo. Para nosotros el tema de la transparencia es sumamente importante, rendir cuentas a la población de lo que se recibe, en qué se invierte y qué se logra.

En el marco de toda la cooperación para el desarrollo surgen otras formas de hacer cooperación, como por ejemplo, la relación con el Sur, no sólo el Sur de América, sino, el Sur como lo opuesto al Norte desarrollado. Específicamente la Cooperación Sur-Sur tiene sus propios principios, como: solidaridad, horizontalidad, reciprocidad. Estos principios nos han movido a establecer vínculos de cooperación con países de Sur América y otros países del Sur, como Vietnam, la India. En mayor medida esta cooperación técnica, se realiza mediante la transferencia de experiencias que fortalecen o impulsan políticas públicas.

A manera de ejemplo: una de las experiencias en materia de derechos humanos y la recuperación de la memoria histórica. Los bancos de leche humana, que consiste en aprovisionar la leche materna, almacenarla y proveerla a los niños recién nacidos. Se lleva a cabo todo un procedimiento, pero esto eleva la salud y la calidad de vida de los recién nacidos. Esta experiencia ya se está implementando en los hospitales de

maternidad de El Salvador.

El mejoramiento de la recaudación fiscal, que ha sido trasladada a nuestro país mediante intercambios técnicos y de conocimientos.

P ¿El Salvador no sólo recibe coope rac ión , sino que también la ofrece?

Ana: Este nuevo enfoque de la cooperación recoge muchas buenas experiencias de desarrollo que se han aplicado en el país y se han puesto a disposición de otros países que pueden aprovechar y aplicarlas en sus países. Hemos dejado de ser solo receptores de cooperación, para ser también oferentes. Un caso es el de Ciudad Mujer en el cual el eje central es mejorar la calidad de vida de la mujer, atención en salud, asesoría legal, emprendimientos económicos, etc. Este y otros casos se han recogido en un Catálogo de Cooperación Sur-Sur, que ha sido publicado por el VMCD, donde se muestran las experiencias en diferentes sectores, tales como medio ambiente, agropecuario, protección social, educación y otras. Son experiencias propias del país que se ponen como ejemplos de buenas prácticas para que otros países puedan conocerlas e incorporarlas en sus propios procesos de desarrollo. Ha sido un proceso en el que se han identificado las buenas prácticas, recopiladas y posteriormente sistematizadas.

IInforme de la cooperación Sur Sur editado por el Vice Ministerio de Cooperación para el Desarrollo del Ministe-rio de Relaciones Exteriore de la República de El Salvador

Ing. Ryna Elizabeth Garay Araniva. Directora General de Cooperación para el Desarrollo ai. y Directora Ejecutiva de la Secretaría Técnica para el Financiamiento Externo Ad Honorem del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo.

Licda. Ana Mercedes Vásquez Ávalos. Directora de Cooperación No Oficial y Descentralizada de la Dirección General de Cooperación para el Desarrollo del Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo, con la responsabilidad de promover una estrategia para el fortalecimiento del diálogo y la coordinación con gobiernos locales y entidades de la sociedad civil, a fin de lograr mayor eficacia de la cooperación al desarrollo.


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En El Salvador no se cuenta con cifras fiables y verificables sobre la población con discapacidad, el censo

de población 2007 registró un 4.1% de la población, que equivale a 235,302 personas con discapacidad1, esta cifra dista mucho de las estimaciones que se manejan a nivel de las diferentes organizaciones de y para personas con discapacidad, las cuales consideran que el país podría contar con alrededor de 700 mil personas. El carecer de información sobre la población con discapacidad y las condiciones socioeconómicas en que estas viven, hace difícil para cualquier administración gubernamental establecer políticas adecuadas que generen alternativas de desarrollo para las mismas.

Establecer las causas que generan la discapacidad es también poco fiable, limitándose así a deducir que las causas de discapacidad pueden ser por: accidentes de trabajo, accidentes automovilísticos, el pasado conflicto armado, accidentes comunes, enfermedades, por nacimiento y otras ocasionadas por la violencia armada sin poder precisar los porcentajes de las mismas. Ante tal realidad las personas con discapacidad continúan con la exigencia de contar con datos precisos que permitan la implementación de programas efectivos a favor de dicha población.

Las personas con discapacidad en El Salvador, deben luchar contra las actitudes discriminatorias de la sociedad y enfrentarse 1 Ministerio de Economía (2009): “Tomo IV Población, Volumen I – Municipios, Características Generales”, Cuadro 9: Población que padece o no de limitaciones permanentes, por área de residencia, según departamento, municipio y sexo. Censo 2007, Pág. 296.

a un entorno que presenta gran cantidad de obstáculos de diferente tipo como: infraestructura, dificultad de acceder a las tecnologías, dificultad de movilización y transporte público inaccesible, que impiden su inserción plena a todas las actividades que podrían realizar.

Se dificulta el acceso a educación, empleo, salud, transporte, participación en política, recreación, entre otros, los cuales son derechos fundamentales de cualquier persona. Las personas con discapacidad y sus familias –cuando las tienen- deben realizar grandes esfuerzos para superar todas estas barreras que le impiden desarrollarse plenamente tanto en lo personal como en lo profesional.

La inclusión de personas con discapacidad: un tema con muchas preguntas

Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad

José Carlos Castillo labora en ExportSalva. Experiencia que debe multiplicarse. Fuente: Red.


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Lo anterior, nos permite demostrar la existencia de un círculo vicioso en el que la discapacidad genera pobreza y la pobreza puede generar discapacidad, y que las barreras del entorno empeoran la discapacidad en las personas, lo que nos lleva a la siguiente fórmula:

deficiencia de la persona + barreras del entorno = discapacidad

Las discapacidades son más evidentes en las zonas rurales, donde las personas con discapacidad tienen pocas o casi nulas posibilidades de contar con oportunidades de desarrollo, así como los patrones culturales de discriminación son más evidentes hacia dicha población y se ve agravada en mujeres, niñas y niños con discapacidad, quienes se vuelven mucho más vulnerables a las condiciones del entorno e invisibilizados casi totalmente, incluso dentro de sus propias familias.

El actual gobierno de El Salvador que asumió la presidencia de la República el 1 de junio del año 2009 bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tomó el compromiso de brindar especial atención al colectivo de personas con discapacidad, para lo cual se conformó la Secretaria de Inclusión Social SIS (antes Secretaria Nacional de la Familia) que tiene definido dentro de sus ejes de trabajo: “garantizar que los intereses, demandas y derechos de los sectores considerados socialmente como “vulnerables”, sean tomadas en cuenta en las políticas públicas de todas las instancias del Estado, sin embargo a cuatro años de vigencia del gobierno actual, los avances importantes que se pueden resaltar son:

La creación de una dirección institucional sobre discapacidad la cual es encabezada por una persona con discapacidad dentro de la Secretaría de Inclusión Social.

Reforma al Decreto de creación del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad CONAIPD (equiparar

la participación de la sociedad civil y funcionarios de gobierno de alto nivel como parte de dicho Consejo)

Implementar proyecto piloto “ciudades inclusivas”, construcción de rampas en algunas aceras, la instalación de semáforos para personas invidentes.

Algunos avances para la inclusión de la niñez con discapacidad en las escuelas regulares.

Algunos segmentos televisivos públicos cuenta con interpretación en la lengua de señas.

Algunas asociaciones de la sociedad civil cuentan con subsidio por parte del Estado, por trabajo realizado en la atención de personas con discapacidad.

Lo anterior, nos indican que se han dado avances en la atención de personas con discapacidad por parte de las instituciones del Estado, sin embargo, todavía se tiene que hacer mucho para lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad.

La Constitución de la República reconoce el derecho a la igualdad, además existen leyes que protegen y promueven los derechos de las personas con discapacidad, sin embargo, muchas personas con discapacidad continúan sin ejercer plenamente sus derechos humanos.

Para que haya una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos sociales, culturales y económicos, es necesario y urgente promover en los distintos sectores de la sociedad, el enfoque de ver a la persona con discapacidad desde la perspectiva de los derechos humanos, reformar toda la legislación interna que hace discriminación en razón de discapacidad e implementar campañas que destaquen el potencial de las personas con discapacidad y eliminar el vocabulario peyorativo que actualmente se usa para referirse a cualquier persona con discapacidad.

La Convención sobre los Derechos de


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las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, ha venido a dar un gran empuje a la reivindicación de la población con discapacidad, a la vez que se ha convertido en un reto para el gobierno salvadoreño para darle fiel cumplimiento a la misma.

Una verdadera voluntad política, la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros en los ministerios de salud, educación, trabajo, entre otros, son claves para el cumplimiento de la Convención, que se traducirá en dar vigencia a los derechos de esa población y la reducción de la brecha de la discriminación hacia las mismas. El Estado Salvadoreño está obligado a disponer de recursos necesarios para la aplicación de la Convención, pero además el literal (a) del artículo 32 de esta Convención, insta a los Estados Partes a “asegurar que la cooperación internacional, incluidos los programas de desarrollo internacionales, sean inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad”, lo cual implica que la cooperación internacional puede jugar un papel importante para fortalecer la capacidad del Estado para hacer efectiva la convención en mención.

La Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, es una de las muchas organizaciones de y para personas con discapacidad, que a través de sus acciones ha logrado beneficiar a seiscientos noventa y un personas con discapacidad en el año 2012, ya sea a través de la dotación de equipos de movilidad, apoyo para la generación de ingresos económicos, búsqueda de empleo digno o entrega de capital semilla para sus proyectos productivos, así como mejorar sus conocimientos sobre temas de salud, administración de negocios, liderazgo y derechos humanos; y apoyo para que se organicen en sus comunidades y hagan incidencia ante sus gobiernos locales para el respeto de sus derechos. Dicho trabajo se basa en la filosofía de la organización: “apoyo entre iguales” (personas con discapacidad ayudando a otras personas con discapacidad).

También, cabe destacar los esfuerzos de muchas otras organizaciones de la sociedad civil más enfocadas en la reivindicación de los derechos de sus asociados, ya que gracias a eso, se ha logrado incidir en algunas políticas de gobierno y se ha

logrado abrir diferentes espacios en instancias públicas y privadas, a través de los cuales se promueven, defienden y hacen propuestas a favor de los derechos de las personas con discapacidad, a pesar que la mayoría de estas organizaciones no reciben ningún apoyo por parte del gobierno para su funcionamiento.

Para que la inclusión de las personas con discapacidad sea efectiva, las entidades gubernamentales y privadas tienen que hacer mayores esfuerzos para no hacer actos discriminatorios consciente o inconscientemente hacia dicha población, como: la no contratación o exclusión de las escuelas en razón de discapacidad, la falta de infraestructura y transporte accesible, por citar algunos ejemplos; la eliminación de las barreras antes mencionadas llevarían a la plena inclusión e igualdad de esta población que por décadas ha sido excluida de todo el quehacer del Estado.

La creación, por decreto legislativo, del organismo rector de la política de Estado en materia de discapacidad, el cual tenga autonomía política y financiera y que cuente con la participación activa y la representación de las personas con discapacidad y sus organizaciones.

Como necesidad de carácter urgente se encuentra el levantamiento de una encuesta o registro de personas con discapacidad a nivel nacional, que permita la caracterización de las personas con discapacidad, condiciones de vida, cantidad numérica, a fin de determinar las condiciones socio económicas en que viven, con el objeto de determinar sus necesidades más urgentes. A través de dicho instrumento podrá realizarse el diagnóstico de la situación de las PCD y elaborar articulada y seriamente una política nacional enfocada a ejecutar acciones certeras que aseguren el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad y, consecuentemente, el cumplimiento eficaz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, en el ámbito interno.


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Las diversas organizaciones del MODES, sabemos que sobrevivir 25 años y en estos tiempos de crisis, es casi una hazaña que debe merecer nuestro análisis para poder sacar enseñanzas que nos permitan fortalecer a todos nuestros miembros y así seguir sirviendo permanentemente al desarrollo integral de la población mas vulnerable.

Legado de CORDES para el PAÍS y el Desarrollo Rural Territorial en estos 25 años.

CORDES nace el 20 de junio del 1988 con un país en guerra, fue creada por las comunidades rurales para acompañar a la población rural mas afectada por la guerra, en la construcción de su desarrollo rural integral y en alianza estratégica con CRIPDES; organización campesina nacional.Territorios, municipios, comunidades, familias y personas que salieron de la extrema pobreza, con baja expulsión migratoria, con baja violencia, que pusieron las bases de su propio desarrollo y también aquellos y aquellas que supieron aprovechar mejor las oportunidades con mucha responsabilidad y apropiación, lograron una verdadera calidad de vida integral y ya entraron en el sendero de DESARROLLO.

Tejido social y productivo, funcionando, consolidado y permanente.

Un amplio tejido de liderazgo social y económico, en todas las organizaciones creadas; mujeres, jóvenes, tercera edad y en el tejido productivo y de servicios.

Liderazgos y personas formadas para conducir sus propios procesos de desarrollo integral y con capacidad para realizar su propia incidencia política.

25 AÑOS DE LUCHA, RESISTENCIA, APRENDIZAJE, CONSTRUCCION y TRANSFORMACION DE VIDA RURAL

María Rudecinda Orellana [ELSY]

Presidenta de CORDES

En 1986 se inician los procesos de repatriación de poblaciones que vuelve a Arcatao y San José Las Flores en el departamento de Chalatenango. Fuente: archivo histórico de CORDES.

Asamblea de mujeres en los inicios de CORDES. Fuente: archivo histórico de CORDES


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Mujeres, jóvenes, veteranos, lisiados en roles protagónicos de conducción en los diversos ámbitos y dimensiones del desarrollo.

Gobierno locales estables políticamente, con buena gestión, transparencia y visión amplia en la conducción de su desarrollo territorial.

Activos, equipos, recursos financieros a las diversas organizaciones sociales y asociaciones y cadenas productivas.

Relaciones de gestión gubernamental y no gubernamental, nacional e internacional transferidas para que con sus propias capacidades puedan atenderlas y consolidarlas.

Amplio reconocimiento nacional e internacional del trabajo de CORDES y de los procesos de desarrollo creados.

Diversos procesos de autogestión territorial concertada entre diversos actores locales, nacionales e internacionales, instalada y funcionando.

A muchos y muchas profesionales que hoy están en cargos diversos en el ámbito publico y privado, nacional e internacional, aplicando los conocimientos adquiridos en la escuela de Cordes.

Esperanzas, realidades y decisión política individual y colectiva de seguir en la lucha por un mundo mas justo y solidario aquí y ahora.

Procesos ricos en valores humanos y riqueza espiritual, con viejas y nuevas utopías que guían el presente con la mirada al futuro.

Innovación en nuestro trabajo institucional, innovación en las líneas de desarrollo impulsadas, innovación en las tecnologías limpias implementadas, innovación en nuestro modelo de intervención descentralizado, innovación en los modelos organizativos y asociativos, innovación en la gestión, innovación en el abordaje de las relaciones interinstitucionales publicas y privadas, innovación en nuestra independencia partidaria y en nuestro compromiso político de transformación social, innovación en la construcción de nuestro pensamiento propio validado por nuestra acción, innovación en el abordaje de la incidencia política y el equilibrio necesario entre la protesta y la propuesta.

La capacidad para reinventarse permanentemente, de seguir aprendiendo con humildad, avanzando y creciendo personal y colectivamente desde y junto a la población que acompañamos en cada momento histórico.

25 años en la vida de una persona puede ser mucho, pero para un proceso de desarrollo es poco. Todavía nos falta mucho por hacer para eliminar totalmente la pobreza, consolidar los procesos en marcha, abrir nuevas oportunidades y alcanzar una verdadera calidad de vida integral en todas las familias y en los territorios.

Entrega de ganado del Banco Ganadero a familia beneficiaria. Fuente: CORDES

Resultados de proyecto agropecuario y de sober-anía alimentaria de CORDES. Fuente: CORDES

Vice presidente de la república participa en Asam-blea General por el 25 aniversario de CORDES


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Los desafíos de CORDES para el nuevo siglo y la nueva Era BAKTUM

Seguir reinventándonos para servir mejor y siempre pegado al pueblo que acompañamos en cada momento histórico.

Diversificar países y en cada país diversificar la cooperación.

Asegurar la calidad total de nuestras propuestas de proyectos y programas, una excelente ejecución e información y la visibilizarían de los impactos directos del proyecto o programa, así como de los impactos indirectos.

Monitorear de cerca la evolución de la crisis, la conformación del nuevo mapa de relaciones de cooperación que salga de ella y así ubicarnos estratégicamente en el nuevo tejido institucional de cooperación.

Mirar hacia el sur en la relaciones de cooperación integral.

Vender servicios profesionales en el país y fuera de el.

Explorar recursos en el gobierno nacional, la empresa privada nacional e internacional y los diversos organismos financieros globales.

Explorar capitales de inversión en nuestros procesos y en nuestras iniciativas económicas con códigos de ética universal soberana.

Desarrollar iniciativas económicas con enfoque de Economía Social y Solidaria para contribuir a la sostenibilidad institucional con fondos propios.

Profundizar las concertaciones y las alianzas tácticas y estratégicas con redes locales, nacionales e internacionales.

La alianza estratégica Cripdes-Cordes debemos llevarla a un nivel de unidad estratégica que multiplique los impactos, reduzca los costos, nos haga más eficientes, nos proteja de la crisis y nos permita servir siempre a la población más vulnerable en su desarrollo.

Repensar los programas, territorios y la población que debemos atender en cada periodo histórico.

Examinar el modelo de transferencia de activos, equipos y capitales a las organizaciones de productores y productoras.

Atender con prioridad a la juventud, a las mujeres y a la tercera edad en su desarrollo integral y abordarlo con enfoque de derechos, prevención de violencia y de reinserción en la sociedad de los y las personas en conflicto con la ley.

Seguir consolidando todas las formas organizativas de la población en los ámbitos social y productivo. Consolidar los procesos de autogestión territorial concertados.

Revisar modelo de atención empresarial integral de las iniciativas económicas creadas y en fase de desarrollo y consolidación.

Contribuir a la educación y formación pertinente de calidad de la población, de acuerdo con la apuesta estratégica del desarrollo en cada territorio, adecuando el plan de estudios y su coherencia con toda la cadena educativa; kínder, parvularia, básica, media, técnica y superior.

Fortalecer nuestra relación estratégica con los gobiernos locales de los territorios donde tengamos nuestra intervención.

Desarrollar la Escuela de Formación Institucional Integral de liderazgos; social, económica y política.

Seguir invirtiendo en la investigación aplicada y seguir desarrollando las tecnologías limpias; agricultura orgánica, energía solar y otras tecnologías.

Por muy amigo que sea un gobierno de turno, no perder nunca nuestra independencia institucional y la capacidad de incidencia en políticas publicas inteligente, creativa y efectiva. Evitar partidizar los procesos de desarrollo y las instituciones.

Regenerar el tejido humano institucional con visión generacional y con las disciplinas que demande nuestra naturaleza en cada momento histórico.

Redoblar esfuerzos en el fortalecimiento de los valores éticos y solidarios, con compromiso y responsabilidad hacia la población que acompañemos en cada periodo.

Innovar de forma permanente nuestras ideas, actitudes y acciones para la construcción de mejores procesos de desarrollo sostenible con una solida institucionalidad. Seguir sistematizando nuestras experiencias y difundiéndolas al mundo.


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Exijamos el cumplimiento y aplicación de la Ley Especial Integral para unaVida Libre de Violencia contra las Mujeres

Vilma Vaquerano

Muchas veces cuando se habla de violencia contra las mujeres en el país, se intenta justificar dicha violencia en el contexto de delincuencia social e inseguridad que se vive en diferentes municipios y comunidades. Pocas veces se piensa que esa violencia cobra rostro especialmente en adolescentes y mujeres jóvenes, sobre

todo cuando se trata de violencia sexual y Feminicidios, pero las causas trascienden más allá de la delincuencia a otras culturales, originadas en la condición de desigualdad y desvalorización de las mujeres en la sociedad salvadoreña.

Las cifras del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres de ORMUSA, con base a estadísticas facilitadas por la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal, dan cuenta que 330 mujeres fueron asesinadas en 2012.

En el mismo año, la PNC recibió 378 denuncias por violaciones en mujeres adultas, 860 violaciones en niñas y adolescentes menores de 18 años o mujeres con alguna discapacidad, además de 244 agresiones sexuales en

mujeres adultas y 378 en menores de edad. Los datos indican que los Feminicidios disminuyeron en un 70% con respecto a 2011 pero incrementó la violencia sexual contra las mujeres.

Las cifras del primer semestre de 2013, tampoco son positivas. En los seis primeros meses del presente año, la Policía Nacional Civil indica que 100 mujeres han sido asesinadas. En el primer trimestre del año, 5 de ellas murieron a manos de sus parejas; en cuanto a la violencia sexual, la PNC informa de 90 violaciones, 323 violaciones en menor e incapaz y 223 agresiones sexuales.

Cinco según la PNC en el primer trimestre; cuatro en el segundo semestre según medios de comunicación. En el primer semestre son 9:

• Yuridia H., de 24 años de edad, fue asesinada por su ex pareja, Luis E.G., de 35 años, en Ilopango. Marta B., de 32 años, fue atacada por su expareja, Alfredo A., de 32 años, quien fue capturado horas después del crimen ocurrido en el cantón la Joya, Coatepeque, Santa Ana. • Xenia M., de 36 años, fue asesinada por su esposo, el agente de la Policía Oliverio R., en el cantón Chancuyo de la jurisdicción de Ahuachapán.• María de M., de 35 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado lunes, fue encontrado dentro de un pozo en el cantón Los Cóbanos, municipio de Santa Rita, Chalatenango, informó la Policía Nacional Civil (PNC), el principal sospechoso es el esposo de la víctima. •Silvia R., de 37 años, falleció a causa de quemaduras en la comunidad Trujillo, en el barrio Candelaria, al sur de San Salvador.También es evidente que en el recuento de casos por departamento, la violencia sexual ha crecido en departamentos con aparente poca actividad delincuencial, lo que sustenta la afirmación que la violencia contra las mujeres tiene diferentes causas y amerita un tratamiento integral de parte del Estado y sus autoridades.

Ese abordaje integral ya está contenido en nuestro marco normativo, desde enero de 2012, cuando entró en vigencia la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) y que ordena una serie de responsabilidades a los tres órganos del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial para hacer valer el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. ´


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Cuando se habla de violencia muchas veces se destaca la sanción y el endurecimiento de penas, aun cuando la mayoría de hechos de violencia no llegan al conocimiento del sistema de justicia y por tanto, la ley pocas veces cumple su cometido de desmotivar el cometimiento del delito. Por eso, es importante señalar que la Ley Especial comprende las diferentes fases del proceso que permite disminuir y erradicar la violencia contra las mujeres.

El art. 1 de la ley indica que su objeto es “establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad”.

Basta con leer el objeto de la ley para pensar de manera optimista que de aplicarse en su totalidad, realmente podríamos estar construyendo una sociedad más justa y equitativa para las mujeres salvadoreñas.

Especialmente porque la Ley define que el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia comprende ser libres de toda forma de discriminación, ser valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.

Así mismo, se refiere al goce, ejercicio y protección de los derechos humanos y las libertades consagradas en la Constitución y en los Instrumentos Nacionales e Internacionales sobre la materia, vigentes incluido el derecho a:

1. Que se respete su vida y su integridad física, psíquica y moral.

2. Que se respete la dignidad inherente a su persona y se le brinde protección a su familia.

3. La libertad y a la seguridad personal.

4. No ser sometida a tortura o tratos humillantes.

5. La igualdad de protección ante la ley y de la ley.

6. Un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la amparen frente a hechos que violen sus derechos.

7. La libertad de asociación.

8. Profesar la religión y las creencias.

9. Participar en los asuntos públicos incluyendo los cargos públicos.

Como puede verse, no se traduce a la ausencia de violencia física en sí, sino trasciende al acceso a la justicia, la obligatoriedad del Estado para proteger la libertad y seguridad personal de las mujeres en el ámbito público y privado, es decir en lugares públicos, la comunidad, la casa, etc; ya que la LEIV reconoce las modalidades de violencia laboral, comunitaria e institucional.

También implica hacer cumplir su derecho a participar en asuntos públicos y optar a cargos de elección popular o de toma de decisión en condiciones de igualdad; sobretodo, que las niñas, adolescentes y mujeres adultas sean valoradas y educadas libres de patrones estereotipados de comportamiento, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación.


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Entre las diferentes responsabilidades para las instituciones de los tres Órganos del Estado, la Ley señala obligaciones al Ministerio de Educación para reformar los sistemas educativos erradicando modelos sexistas de textos educativos y prácticas docentes; a los Concejos Municipales les mandata crear Planes Municipales para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres, al Ministerio de Gobernación y específicamente a la Dirección General de Espectáculos Públicos a desarrollar campañas en contra de la violencia contra las mujeres. Al Órgano Judicial, incluido el Instituto de Medicina Legal, Ministerio Público (Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos), así como a la Policía Nacional Civil y al Ministerio de Salud, les ordena crear Unidades de Atención Especializadas para atender a las mujeres en situación de violencia.

También norma obligaciones para que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social proteja los derechos laborales de las mujeres que denuncian violencia, sin embargo en casos emblemáticos las mujeres que presentaron denuncias fueron despedidas y pese a ello el rol del Ministerio de Trabajo no fue el esperado.

A la fecha, algunas instituciones presentan mayores avances que otras, menos entre los diferentes Concejos Municipales y especialmente en el Órgano Judicial, ya que a juzgar por recientes resoluciones en casos emblemáticos sobre hechos de violencia, los tribunales han dictado sentencias muy cuestionadas y además, la Procuradora General de la República, ha confirmado lo que las organizaciones hemos evidenciado, los jueces y juezas del país no están aplicado la LEIV. La Corte Suprema de Justicia ha hecho pocos esfuerzos para que esta se conozca entre el personal aplicador de la Ley, pero esta tiene poco tiempo de haber entrado en vigencia, quisiera pensar que realmente las autoridades de los tres Órganos del Estado darán mayor muestra de preocupación porque la Ley sea implementada en el menor plazo posible y que de ser necesario se haga la actualización y reformas de otras leyes, políticas y programas institucionales y municipales, cumpliendo el espíritu de la LEIV.

Como puede verse las responsabilidades del Estado, de cara a la ley son amplias, asimismo porque la LEIV amplía el reconocimiento a otras formas de violencia: Violencia económica, feminicida, física, psicológica y emocional, patrimonial, sexual y violencia simbólica.

Esta última es definida como los mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.

La LEIV asigna responsabilidades muy importantes a la Dirección General de Espectáculos Públicos en la prevención de la violencia simbólica, pero como sociedad sin duda podemos dar aportes importantes en cada una de las siete formas de violencia que define la Ley; sin embargo en la violencia simbólica, cada una y uno podemos hacer cambios sustanciales inmediatos en su erradicación ya que por estar tan naturalizada, tan frecuente que muchas veces no se identifica y por tanto no se cuestiona y la reproducimos de manera cotidiana.

Es fácil reproducir la violencia simbólica contra las mujeres cuando no tenemos una actitud crítica hacia la música, las telenovelas, los chistes, cuando la publicidad sexista nos mueve a comprar una muñeca para nuestra hija y un camión de bomberos a nuestro hijo, además de otras expresiones y acciones comunes que no abonan a desmontar la desvalorización de las mujeres y construir esa sociedad más justa que las mujeres ansiamos y merecemos.

Indudablemente las diferentes expresiones de violencia contra las mujeres y en especial la simbólica, es un tema muy amplio que esperamos poder abordarlo en un próximo artículo de la revista de MODES, por ahora la principal motivación es que se conozca y exijamos que se cumpla y aplique la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

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MISIÓN: Contribuir al desarrollo solidario de El Salvador en igualdad de condiciones, disminuyendo la pobreza, construyendo ciudadanía, generando sinergias, interlocutando con las instancias de toma de decisión y fortaleciendo acciones coordinadas para la democratización de la sociedad.

VISIÓN: Ser el referente en El Salvador, en asuntos vinculados a la cooperación para el desarrollo solidario, con capacidad de diseñar propuestas desde el ámbito local y nacional, a través de la interlocución con diferentes actores para convertirnos en sujeto colectivo.

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