Sustitución de importaciones (1941-1954)

A partir de 1940 y bajo los preceptos de la política del Estado benefactor se inició la transformación de la economía nacional; de agrícola paso a ser industrial gracias al apoyo que se dio a la inversión privada, la llegada de capital extranjero y al inicio de la Segunda Guerra Mundial, que significo para nuestro país el impulso que necesitaba para desarrollar su aparato productivo. Debido a su participación en el conflicto, las grandes potencias dejaron de producir varias mercancías, que fueron reemplazadas por las manufacturas nacionales. Los efectos del conflicto se empezaron a sentir de forma inmediata y la actividad industrial creció a un ritmo acelerado.Esta iniciativa es conocida como política de industrialización o sustitución de importaciones. Su objetivo era claro: superar el atraso del sector industrial para reducir la importación de manufacturas, fomentar el desarrollo industrial, alentar el comercio y promover el consumo para reducir al mínimo la dependencia que se tenía con el extranjero. Hay que señalar que a nivel general, dicha política económica se aplicó bajo los principios de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que consistía en alentar la industrialización y fortalecer el mercado interno, aplicando una serie de medidas proteccionistas, con tarifas aduanales y reducción de importaciones, cuyo fin era superar el subdesarrollo.Sin embargo, no se hizo nada para reducir la dependencia tecnológica y la compra de maquinaria extranjera. En la medida en que el país aumento la importación de equipo y maquinaria, la industria nacional se hizo dependiente de las tecnologías provenientes de los países desarrollados. Así, a diferencia de lo acaecido en otras naciones, el aumento de la producción se gestó por contingencias externas, como fue el caso de la Segunda Guerra Mundial y no por el crecimiento real de la industria mexicana. El incremento en la demanda de productos nacionales, tanto del sector primario, como del secundario, no pudo contrarrestar la dependencia comercial y financiera respecto a Estados Unidos. En 1945, el 84.4% de las importaciones y el 84.5% de las exportaciones mexicanas, se hacían con el vecino país del norte, por lo que al término del conflicto, cuando la industria estadounidense recobro su nivel competitivo y, como las empresas mexicanas no estaban a su nivel, se resintieron a tal grado que el gobierno se vio en la necesidad de implementar medidas emergentes para evitar que no se colapsaran totalmente.Además, como México se encontraba en estado de guerra contra las potencias del Eje; en junio de 1942, el gobierno aprovecho la situación para suscribir el Pacto de la Unidad Obrera con las principales organizaciones de trabajadores, a través del cual, los obreros se comprometieron a suspender las huelgas durante todo el periodo de beligerancia; a aceptar el arbitraje obligatorio del Presidente en los conflictos obrero–patronales; y a colaborar en la movilización de los recursos del país en las necesidades militares llegado el caso de una agresión armada.Más adelante, en 1945 la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), suscribieron el Pacto Obrero Industrial, que aseguraba: 1) la intervención del Estado para planear, promover y dirigir el desarrollo económico, 2) la protección a la industria nacional y 3) fomento al crédito por parte del Estado. El pacto contribuyo al acercamiento de la clase trabajadora y empresarial; las centrales obreras abandonaron sus luchas sindicales a cambio de mejores condiciones de vida. Vicente Lombardo Toledano, entonces secretario general de la CTM, manifestó que el éxito de la Revolución Mexicana dependía de una alianza entre los obreros y los empresarios, aunque en la práctica, ese acuerdo beneficio a los patrones, ya que los salarios bajaron 9% (de 30.5% a 21.5%), en tanto que la participación de sus utilidades aumento de 26.2% a 45.1%.La consecuencia es que en México se presentó un tipo de desarrollo que fusiono la expansión económica con la expectativa del mejoramiento del nivel de vida de la población mediante el corporativismo o control de las centrales obreras para evitar el estallido de conflictos laborales que desalentaran la inversión, el incremento de la producción y la creación de fuentes de empleo.

Desarrollo Estabilizador (1954-1970)

La política económica que se aplicó durante el periodo comprendido entre 1954 y 1970 se conoce como Desarrollo Estabilizador. Debido al reajuste que hubo en la economía mundial en esos años, México resulto afectado, provocando fuga de capitales y una severa crisis económica, que se agravo con la devaluación de la moneda. Por tal motivo, el presidente en turno, Adolfo Ruiz Cortines dispuso la aplicación de este programa, con el objeto de afrontar la situación y tratar de superar los obstáculos que limitaban el desarrollo económico de la nación, como la inflación y el desequilibrio externo.

Desarrollo Estabilizado

r

Freno a la inflación, manteniendo la estabilidad monetaria. Mantener la participación directa del Estado en el desarrollo

económico del país a través del sector paraestatal en el ramo industrial.

Empleo de divisas obtenidas por las exportaciones agrícolas, mineras, de hidrocarburos y del turismo para financiar la industrialización.

Congelamiento de los precios agrícolas para apoyar la capitalización de la industria.

Aplicar un esquema de dominación política centrado en el corporativismo, es decir, la incorporación subordinada al aparato burocrático estatal de las organizaciones de masas y sindicatos, en particular de los trabajadores del campo y la ciudad.

Financiamiento del desarrollo con ahorros voluntarios, nacionales y del exterior.

Entrega de estímulos fiscales al sector industrial. Creación de empresas públicas. Desarrollo de obras de infraestructura. Política proteccionista a las manufacturas nacionales. Establecimiento de precios de garantía a productos agrícolas

básicos. Tasa de crecimiento del Producto Nacional Bruto (PND) entre el 6

y 7% anual.

Debido a su éxito, se mantuvo durante los periodos de gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970). En esos doce años, Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito Publico fue el responsable de aplicarla, con tan buenos resultados que la industria se colocó a la vanguardia del crecimiento económico. Se fortaleció la producción de bienes de consumo para el mercado interno; se inyectaron recursos para apoyar a este sector por vía de impuestos a las exportaciones e importaciones, divisas del turismo, inversión extranjera directa y crédito público. En este periodo se dio un crecimiento continuo, el PIB aumentó 6.47% anual, 2.6% de inflación, estabilidad de precios de 4.22% y del tipo de cambio. Por estas cifras, a esta época se le denomino el milagro mexicano.Desafortunadamente, este crecimiento fue ficticio, ya que existía desequilibrio interno y externo; aumento la deuda pública, la balanza comercial era negativa y el aumento de la inversión extranjera ocasiono el control de las compañías transnacionales de las principales ramas de la economía. La política salarial restrictiva propicio desigualdad social, desempleo y situaciones de miseria. También el escaso apoyo al campo llevo a una inminente disminución de la producción agrícola que se tradujo en préstamos necesarios en el extranjero que provocaron inflación, crisis y devaluación de la moneda en más de un 40%, que pasó de $8.65 a $12.50 pesos por dólar.

Desarrollo Compartido (1972-1976)

El Modelo de Desarrollo Compartido surgió como una alternativa del Estado para recuperar su credibilidad ante los organismos internacionales y su legitimidad con las clases medias. Este

modelo se caracterizó por la distribución del ingreso y el empleo, así como por la apertura democrática.En este contexto participan fundamentalmente tres actores sociales: 1) el Estado, representado por el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, 2) los empresarios, representados por las confederaciones y cámaras de comercio y 3) la sociedad civil, representada por sindicatos y organizaciones campesinas y urbanas. Estos tres actores sociales confluyen en una sociedad que sirvió como soporte de los problemas económicos, tales como: desigualdad social, mala distribución de la riqueza y pobreza en la mayor parte de la población. En respuesta a esta situación la sociedad civil se organizó para plantear al gobierno sus demandas de salud, vivienda, empleo, educación y salud, entre otras. Por su parte, con el afán de crear estabilidad política en el país y para hacer frente a las demandas sociales, el gobierno realizó una alianza con los empresarios con el objeto de desarrollar a la empresa privada desde la idea de expansión capitalista, controlar a las organizaciones civiles, asegurar mano de obra y controlar la normatividad salarial. La alianza entre el gobierno y los empresarios les permitió tomar decisiones acordadas en los ámbitos económico, social y político, es por ello que al modelo se le denominó “de Desarrollo Compartido”. En el Modelo de Desarrollo Compartido se establecieron los siguientes objetivos:

Generar mayor participación de la mano de obra en el proceso productivo industrial. Incrementar el ingreso de los trabajadores para lograr la repartición de las ganancias. Elevar la generación de empleos. Aprovechar de manera óptima los recursos naturales. Mejorar la calidad de vida de la población. Disminuir el déficit de la balanza comercial y el ritmo de crecimiento de la deuda pública. Aumentar la participación del Estado en la economía, con el fin de reducir los

desequilibrios en los sectores agrícola, comercial e industrial. Optimar el uso de los recursos naturales en el proceso productivo para generar mayor

crecimiento económico.La sociedad resentía el fuerte cambio político y económico, derivado de estas formas de gobernar, haciéndolo evidente con formas de organización de resistencia, en las que los sindicatos tuvieron una gran relevancia y se consolidaban en movimientos sociales, como el estudiantil de 1968. En ellos se planteaban diversas demandas de índole laboral, de sobrevivencia y educativas. En este contexto, el Estado creó instituciones sociales de vivienda, como el Instituto de Fomento a la Vivienda (INFONAVIT); educativas, mediante la Reforma Educativa que promovió principalmente la educación técnica y, por el otro, instituciones de educación media superior y superior. También se realizó una política social de alimentación denominada Sistema Alimentario Mexicano (SAM). Todo ello para satisfacer tres cometidos principales: a) las demandas de la sociedad, b) mantener estables sus relaciones con los grupos organizados en la sociedad, principalmente los sindicatos y c) promover la legitimación del Estado al cubrir estas necesidades sociales.Los buenos propósitos que se plantearon en el Modelo de Desarrollo Compartido no se alcanzaron, por el contrario, la implementación de esta política económica provocó resultados contraproducentes como los siguientes:

Devaluación de 6.4% del peso frente al dólar de $12.50 a $20.60 por dólar. Crecimiento acelerado de la deuda externa y excesivo control de la inversión extranjera. Conflictos con los empresarios y elevados índices de desempleo y subempleo. Disminución del ahorro, Crecimiento demográfico. Incremento de movimientos sociales.

Alianza para la Producción (1975-1982)

A finales de 1970, aparecen los primeros signos inequívocos de una crisis global de la economía del país. De 1970 a 1972, el avance acelerado de ésta se manifiesta fundamentalmente en la agudización de la inflación; a partir de 1972 –llegando hasta la actualidad- la crisis ya no es sólo inflación, sino también recesión. Ello significa que las diferentes instancias del Estado mexicano

se muestran incapaces, no únicamente para combatir eficientemente los efectos de los factores estructurales internos que crean distorsiones en el proceso de acumulación de capital, sino también para atenuar los efectos de la situación de crisis del capitalismo mundial, apuntalado por el deterioro de la economía norteamericana.De esta manera, Alianza para la Producción (y, como dos de los medios para llegar a ella, la reforma administrativa y la reforma fiscal) y reforma política, son los dos aspectos fundamentales, inseparables, del esquema estatal, conforme al cual se plantea que el país podría sortear la crisis para 1980. No son, pues los únicos aspectos que contiene el esquema global de la burocracia central, pero sí son los básicos. La alianza para la producción representa el intento de conjugar el funcionamiento económico que, desde el punto de vista gubernamental, deberá tener el propio aparato burocrático, el sector estatal de la economía y el capital privado. A su vez, la reforma política constituye aquella parte de la respuesta global a la crisis, que pretende hacer posible el que las clases trabajadoras del campo y las ciudades, acepten con relativa tranquilidad el incremento de la explotación de que ya son objeto; esta aceptación sería la base fundamental de la implementación, legitimada ante las masas populares, del esquema global de salida a la crisis, marcado por la burocracia central del Estado mexicano.Entre los rubros principales, contenidos en la Alianza para la Producción y Reforma política-, resaltan los siguientes: grado de vinculación con el exterior; niveles de desarrollo de la producción (artesanal, competitiva, monopolista); destino de producción; diferenciación social pretendida (burguesía, proletariado, clases medias, marginados y capas, fracciones y grupos ubicados en el interior en cada una de las clases principales); organización interna de las unidades productivas (empresas capitalistas, formas de producción pre capitalista, cooperativas y asociaciones); efectos esperados en distintos ámbitos físico-geográficos(campo, medio-urbano, regiones, desigualdades en cada uno de estos ámbitos); lucha política; difusión de ideología (educación, bienestar social, educación jurídico-legal, renovación del parlamento); actuación de diversas instancias de la división político-administrativo (gobierno federal, paraestatal, entidades federativas, municipios, localidades); monto y destino de inversión y gasto público (presupuesto austero-contraccionista, presupuesto expansivo-monetario); beneficiarios principales y canales de estímulo-desestimulo(política de precios al productor, política de precios al consumidor, subsidios, en monetario y especie). Es decir, el esquema global de lo que los dirigentes de la burocracia central consideran que es necesario para sortear las agudas condiciones de crisis estructural, brinda el contenido, tanto de cada uno de estos aspectos, como del “cruce” entre ellos.Las graves consecuencias de esta implantación de modelo se hicieron notar a los tres años de gobierno del presidente José López Portillo, desatando una crisis económica con las siguientes características:

Se contraen excesivos préstamos al extranjero y gran parte del dinero del país se destina a sufragar la exploración e infraestructura de depósitos petroleros.

El aparato burocrático crece considerablemente, generando un exagerado gasto público. Devaluación del peso en un 400%. Intento de establecer reformas económica, administrativa y política: la primera integraba

la participación de todos los factores de producción para vencer la crisis, la segunda descentralizaba algunas actividades del sector público, y la última buscaba la participación política en forma legal de grupos y partidos políticos clandestinos, cabe mencionar que este modelo no fue del éxito esperado, ya que en muchos de los casos sus acciones no tenían sentido y estaban mal organizadas.