modelos de desarrollo en montes de maría: ¿posible

Un proyecto de la Universidad Pontificia Javeriana, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID Transversal 4a. No. 42-00 piso 8 Bogotá D.C Colombia PBX (57-1) 3208320 ext. 4838. [email protected], www.etnoterritorios.org

1

Modelos de desarrollo en Montes de María: ¿posible coexistencia?

Nicolás Vargas Ramírez

Ecólogo

Diciembre de 2012

En la región de Montes de María se está llevando a cabo a cabo un proceso sin

precedentes, en el que las comunidades campesinas convocaron al estado y a los

empresarios para concertar la expresión territorial de los modelos de desarrollo. La

gestión del espacio obedece allí, en parte, a la expansión de la agroindustria de

palma de aceite sobre los territorios de comunidades indígenas, afrodescendientes

y campesinas1. No es la primera vez que en Montes de María se desarrollan

proyectos agrícolas a gran escala, pues a principios del siglo veinte y hasta la

década del setenta parte de la región estuvo sembrada con caña de azúcar. Junto

con la caña se sembró también arroz, que desapareció posteriormente con la

apertura económica de la década de 1990, dando pasó así a la ganadería como

1 El foro regional campesino en montes de María: expectativas frente a una propuesta

campesinahttp://www.etnoterritorios.org/Caribe.shtml?apc=g-xx-1-&x=257

http://www.etnoterritorios.org/Caribe.shtml?apc=g-xx-1-&x=257


2

actividad predominante2. Todos estos proyectos, al igual que la palma, se han

expandido sobre los territorios de estas comunidades3, y a pesar de sus

numerosos impactos sociales, económicos, ambientales y políticos, no lograron

acabar con la economía campesina de la región ni con su soberanía alimentaria.

Este es, precisamente, uno de los argumentos principales de las comunidades:

Nuestro modelo de desarrollo se ha mantenido en el tiempo: hemos tenido

varias experiencias de que los monocultivos llegan y fracasan mientras que

la economía campesina se ha mantenido en el tiempo, incluso, sin apoyo

del estado4.

Por iniciativa de las comunidades campesinas de la región de los Montes de María

y como resultado del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural presentado por el

gobierno nacional5 así como por la expansión de la agroindustria palmera, la

compra masiva de tierras y el establecimiento de plantaciones forestales de teca y

de grandes proyectos ganaderos, el 11 de agosto de 2012 fueron convocados el

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano para el

Desarrollo Rural (Incoder) a un foro regional campesino a fin de debatir acerca de

2 http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-271613-montes-de-maria

3 El caso de San Basilio de Palenque ilustra perfectamente esta situación. Al respecto véase el texto

“Oportunidades y retos para la protección territorial y ambiental palenquera”.

http://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=238

4 Ponencia: “Propuestas para la permanencia digna de la población campesina, indígena y

afrodescendiente en el marco de la implementación de la zona de reserva campesina en Montes de

María”. http://www.scribd.com/doc/103485476/PONENCIA-OPDS-Permanencia-Digna-y-Zona-

de-Reserva-Campesina-Agosto-11-2012

5 http://www.minagricultura.gov.co/archivos/Proyecto_Ley_Tierras_Desarrollo_Rural.pdf

http://www.elespectador.com/impreso/nacional/articulo-271613-montes-de-maria

http://etnoterritorios.org/CentroDocumentacion.shtml?apc=x-xx-1-&x=238

http://www.scribd.com/doc/103485476/PONENCIA-OPDS-Permanencia-Digna-y-Zona-de-Reserva-Campesina-Agosto-11-2012

http://www.scribd.com/doc/103485476/PONENCIA-OPDS-Permanencia-Digna-y-Zona-de-Reserva-Campesina-Agosto-11-2012

http://www.minagricultura.gov.co/archivos/Proyecto_Ley_Tierras_Desarrollo_Rural.pdf


3

los “Impactos del desarrollo rural con enfoque territorial sobre la economía

campesina y la soberanía alimentaria de los Montes de María”6.

Fotografía 1. Primitivo Pérez expone a los asistentes del Foro las

problemáticas de La Bonga y San Basilio de Palenque

El proceso social que se está viviendo en la región reclama mayor atención por

parte del estado, para atender sus problemas históricos, que hasta hace unas

décadas se habían concentrado principalmente sobre la propiedad de la tierra,

pero que tras la llegada del cultivo de palma y la construcción de una planta para

el procesamiento de sus frutos, ahora se concentra más en el uso de la misma,

especialmente en torno al distrito de riego, del que se hablará más adelante. En

este sentido las comunidades son enfáticas en sus planteamientos: “Necesitamos

poner un límite claro a la expansión de la palma aceitera”. Esta necesidad,

expuesta a al Ministerio y al Incoder durante el foro, plantea un escenario de

interlocución en el que deberán participar, además de las comunidades

6 Nombre dado al Foro, que tuvo lugar en el municipio de María la Baja (Bolívar).


4

montemarianas los empresarios que están desarrollando sus proyectos o tienen

interés en hacerlo, y las administraciones municipales7.

Las propuestas que pueden surgir como estrategia para defender la economía

campesina y la soberanía alimentaria han sido muchas, pero incluso para el

estado es difícil materializarlas por múltiples razones, entre ellas la debilidad

institucional, la escasa y burocratizada capacidad técnica y logística, y la

prácticamente ausente o muy débil voluntad política de los gobiernos nacional,

departamentales y municipales. No obstante, la mayor dificultad radica en la falta

de disposición de los empresarios para establecer acuerdos con las comunidades,

y respetarlos.

7 Uno de los riesgos de este escenario, como sucedió durante la reinstalación de la mesa de

interlocución del Sur de Bolívar llevada a cabo el 10 de marzo de 2012 en Arenal (sur de Bolívar),

reside en un elemento básico sobre el cual el estado colombiano ha venido intentando fortalecerse:

la participación efectiva de la sociedad civil. En la reinstalación de la mesa de interlocución los

alcaldes participantes, al no verse sentados en la mesa con las entidades del gobierno nacional,

protestaron y amenazaron con irse si no se les permitía hablar. Como resultado el micrófono dio

paso a más de dos horas de intervenciones, enfocadas principalmente a llamar la atención del

vicepresidente Angelino Garzón para que destinara recursos en los municipios de cada alcalde, si

bien fueron tocados otros aspectos. La mesa, al igual que en Montes de María, surgió

principalmente por el interés de los campesinos. Aunque en las mesas previas de preparación se

convocó a los alcaldes, muy pocos participaron. Se observa entonces cómo una propuesta surgida

desde las comunidades terminó siendo aprovechada por las administraciones municipales, situación

que restó un tiempo importante para la exposición de las problemáticas y las propuestas que

llevaban las comunidades.

Si bien este escenario tenía por objeto reinstalar la interlocución con el gobierno central y no el de

concertar el modelo de desarrollo con los empresarios de Magdalena Medio, es importante tenerlo

en cuenta para el caso de Montes de María, pues plantea las dificultades existentes al interior de

mismo Estado para atender las propuestas de las comunidades rurales.


5

Este artículo trata exclusivamente de la agroindustria palmera, mediante la

reflexión acerca de varias preguntas y aspectos relacionados con las relaciones

entre los habitantes históricos de la región, las comunidades campesinas de

Montes de María y los inversionistas foráneos, y de todos con el estado

colombiano, enfatizando principalmente sobre aspectos ambientales, dado que el

análisis social se aborda con mayor profundidad en el artículo “Montes de María y

el Desarrollo Rural condiciones para un proceso de concertación” publicado en

esta misma edición del boletín.

Así, por ejemplo, ¿qué estrategias pueden permitir al estado y a las comunidades

frenar la expansión de la agroindustria de la palma en la zona?, expansión que se

está dando, precisamente, en torno, al distrito de riego construido a finales de la

década de 1960 como parte de la política de reforma agraria. Las comunidades

pensaban al principio que la expansión de los cultivos solo tendría lugar en la zona

plana de la región, pero ha estado extendiéndose hacia las regiones de monte y

montaña, en detrimento incluso del mismo distrito de riego, pues además de

generar contaminación en sus aguas por la aplicación inadecuada de

agroquímicos, está afectando también la cuenca de la que se nutre.

De este primer hecho podemos concluir entonces que la necesidad de establecer

límites a la expansión de la palma resulta beneficiosa tanto para las comunidades

como para los palmeros mismos, asunto clave en la discusión entre unas y otros, y

el estado. Es importante entonces llamar la atención al respecto del gremio

palmicultor en general y su asociación, la Federación Nacional de Cultivadores de

Palma de Aceite (Fedepalma), que a pesar de no agrupar a todos los cultivadores

de la región sí tiene un interés claro en posicionar internacionalmente lo ambiental

en escenarios como la Mesa redonda de aceite de palma sostenible (RSPO, sigla

en inglés). Vemos entonces cómo entre palmeros se están pisando las palmeras,

y en este sentido es posible que el gremio mismo llegue a acuerdos que

establezcan límites a la expansión de los cultivos. Acuerdos que, sin embargo,


6

deberán contar con la supervisión del estado y de las comunidades como

veedoras y participantes del proceso.

Desde la construcción de los embalses de Matuya y Playón, a finales de la década

de 1960, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) debió dejar

formulado un plan de manejo para dicha infraestructura y una zonificación

estrechamente relacionada con los derechos sobre la propiedad de la tierra. Lo

que ha sucedido es que las tierras del estado (baldíos) en torno a los dos

embalses han sido invadidas por los empresarios de la agroindustria, aun cuando

su uso, de acuerdo a lo estipulado por Incora hace poco más de cuarenta años,

tendría que estar en manos de las comunidades campesinas (véase la fotografía

2). El Incoder, que remplazó al Incora durante la primera administración del

presidente Uribe, debe revisar entonces, ojalá de inmediato y no antes de que

pasen otros cuarenta años, los archivos del Incora, que el Observatorio de

Territorios Étnicos no ha podido consultar, a pesar de haber indagado con algunos

funcionarios.

Fotografía 2. Cultivos de palma aceitera en la represa de Matuya


7

La planta procesadora de aceite de María la Baja está proyectada para procesar la

producción de aproximadamente veinte mil hectáreas8. De acuerdo con

información de Incoder contenida en el Sistema de Información Geográfica para la

Planificación y el Ordenamiento Territorial (SIG-OT) del Instituto Geográfico

Agustín Codazzi (Igac), el distrito de riego es administrado por la Asociación de

Usuarios del Distrito de Adecuación de Tierras de Maríalabaja (Usomaría) y

cuenta con 1.529 usuarios. Según el Instituto, esta infraestructura hidráulica tiene

una cobertura de 19.600 hectáreas, aun cuando en 2007 el área beneficiada era

apenas de 5.076. Es claro entonces que la capacidad de la planta se

formuló de acuerdo con el distrito de riego, y es allí donde empieza el problema.

Es importante destacar que el distrito de riego no son solo los canales, sino que

compromete toda la cuenca de la cual depende para mantener el flujo de agua, y

que la deforestación producida por la expansión de la palma y las cargas

contaminantes debidas a los agroquímicos usados en su crecimiento, están

afectando la pesca, y generan problemas de salud pública, por cuanto la

mayoría de las comunidades que viven en torno a los canales de riego toman el

agua de allí para el consumo y la utilizan para las labores del hogar.

A pesar de desconocer la metodología utilizada por el Incoder para establecer que

el distrito tiene una cobertura de 19.600 hectáreas (en el SIG-OT el distrito es

representado solo por un punto), considero debatible esa extensión, teniendo en 8 El aceite que resucitó a María la Baja http://www.semana.com/nacion/aceite-resucito-maria-

baja/177044-3.aspx Este artículo generó bastante polémica, pues expuso una sola cara de la

moneda. Como resultado las organizaciones de población desplazada (OPD) de María La Baja, el

Instituto Latinoamericano por un Derecho y una Sociedad Alternativos (Ilsa), la Corporación para el

Desarrollo Solidario (CDS), el Observatorio de Territorios Étnicos de la Pontificia Universidad

Javeriana y el Equipo Tierras y Víctimas del Cinep/PPP se pronunciaron al respecto en un artículo

titulado: La otra cara de la palma en María la Baja.

http://cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=457%3Ala-otra-cara-de-la-

palma-en-maria-la-baja&catid=99%3Aultima-edicion-de-cien-dias&Itemid=176&lang=es

http://www.semana.com/nacion/aceite-resucito-maria-baja/177044-3.aspx

http://www.semana.com/nacion/aceite-resucito-maria-baja/177044-3.aspx

http://cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=457%3Ala-otra-cara-de-la-palma-en-maria-la-baja&catid=99%3Aultima-edicion-de-cien-dias&Itemid=176&lang=es

http://cinep.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=457%3Ala-otra-cara-de-la-palma-en-maria-la-baja&catid=99%3Aultima-edicion-de-cien-dias&Itemid=176&lang=es


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cuenta que los agroempresarios han estado ampliando dicha infraestructura, que

según pobladores de la región no fue ejecutada completamente por el Incora en su

tiempo (véase el mapa 1). Al comparar los dos mapas es posible identificar los

drásticos cambios que ha habido en el espejo de agua, cambios que afectan

directamente la alimentación y el consumo de agua, y la calidad de vida de las

comunidades circundantes que depende del recurso para pescar y transportarse.

Mapa 1. Distrito de riego demarcado con base en el mapa de líneas de vuelo

IGAC D-7-8 (1991-1995)


9

Fuente: elaboración propia.

Llegados a este punto es importante analizar el aspecto normativo, pues, como se

mencionó, el destino y la utilización distrito de riego no se limitan a contar con un

plan de manejo. El decreto 2820 de 2010, "Por el cual se reglamenta el título

VIII de la ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales", establece lo siguiente en su

artículo 9°:

Artículo 9°. Las corporaciones autónomas regionales, las de desarrollo

sostenible, los grandes centros urbanos y las autoridades ambientales

creadas mediante la ley 768 de 2002, otorgarán o negarán la licencia

ambiental para los siguientes proyectos, obras o actividades, que se

ejecuten en el área de su jurisdicción.

Numeral 17. La construcción y operación de distritos de riego y/o drenaje

para áreas mayores o iguales a 5.000 hectáreas e inferiores o iguales a

20.000 hectáreas.

Este artículo y el citado numeral establecen que el distrito de riego debe contar

con un estudio de impacto ambiental (EIA), cuya evaluación quedaría en

manos de cuatro corporaciones autónomas regionales: del Canal del Dique

(Cardique), de Sucre (Carsucre), del Sur de Bolívar (CBS) y la del Río Grande de

la Magdalena (Cormagdalena). Esto en el caso de que el área

del distrito de riego fuera inferior o igual a veinte mil hectáreas.

Este punto plantea otro gran reto y numerosas dificultades al estado colombiano:

el trabajo coordinado y conjunto, eficaz y eficiente, de las cuatro corporaciones. Lo

que es preocupante puesto que sobre estas instituciones existen numerosas

críticas, relacionadas especialmente con su proceso de conformación:


10

La evolución histórica de la creación de las CAR expuesta por Canal (2007),

así como las particularidades expuestas por Rodríguez (1995), Calderón

(1996), Sánchez (2002) y Carrizosa (2008) en su consolidación hacen

evidente que la definición de sus jurisdicciones ha respondido a la

organización político-administrativa del país, contradiciendo los criterios

mencionados por la ley 99 de 1993. Si bien esta ley creó nuevas CAR y

reorganizó las ya existentes, dicha reestructuración del sector no se hizo

con base en los criterios mencionados en la naturaleza jurídica de la misma.

Llama la atención la afirmación de Rodríguez (1995) en cuanto a la creación

de las CAR y la definición de sus jurisdicciones, las cuales “fueron producto

de un irresponsable festín politiquero orquestado por el gobierno”9.

¿Qué hacer entonces? Existe la posibilidad de centralizar la evaluación del

estudio de impacto ambiental, que deberá tener en cuenta a las comunidades,

que reclaman mayor presencia del estado en la región, estado del que forman

parte las corporaciones también, llamadas a cumplir el papel fundamental de la

protección del medio ambiente. Veamos entonces el artículo 8° del decreto 2820:

Artículo 8°. Competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo

Territorial. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (ahora

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), otorgará o

negará de manera privativa la licencia ambiental para los siguientes

proyectos, obras o actividades:

9 Nicolás Vargas Ramírez. 2010. “Análisis de correspondencia entre la jurisdicción de las

corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible y los criterios que definen su

naturaleza jurídica". Poster presentado durante el simposio "Ecología actualidades y retos en el

siglo XXI". Disponible en http://www.scribd.com/doc/65520529/Analisis-de-la-correspondencia-

entre-la-jurisdiccion-de-las-Corporaciones-Autonomas-Regionales-y-de-Desarrollo-Sostenible-y-

los-criterios-que-definen

http://www.scribd.com/doc/65520529/Analisis-de-la-correspondencia-entre-la-jurisdiccion-de-las-Corporaciones-Autonomas-Regionales-y-de-Desarrollo-Sostenible-y-los-criterios-que-definen




11

Numeral 9. La construcción y operación de distritos de riego y/o de drenaje

con coberturas superiores a 20.000 hectáreas.

Es importante señalar aquí que mediante el decreto 3573 de 2011 se creó la

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), con el fin de “que los

proyectos, obras o actividades sujetos de licenciamiento, permiso o trámite

ambiental cumplan con la normativa ambiental, de tal manera que contribuyan al

desarrollo sostenible ambiental del país” (artículo 2°).

Se trata entonces de definir las competencias legales para los estudios, cuestión

sobre la cual no se tiene certeza, y en la que quien haga el trabajo de

caracterización del distrito deberá garantizar la objetividad en la investigación. Lo

que obliga a responder preguntas como ¿quién debe asumir los costos de la

investigación? ¿Cómo se garantiza su amplitud y objetividad? Parte de los

recursos deberán salir del gremio palmero, ya que el distrito de riego, que

beneficia a sus plantaciones casi exclusivamente, se está manejando en función

de ellas. El estado deberá invertir también recursos, con el fin de garantizar la

promoción y el apoyo de otras actividades agropecuarias y de garantizar el acceso

a la infraestructura de riego también a las comunidades campesinas,

afrodescendientes e indígenas, para las cuales fue creado en buena parte.

Definir quién será el autor del estudio de impacto ambiental es clave y su

discusión pone sobre la mesa un debate en el que se plantea, por una parte, que

las empresas interesadas deben ser las responsables, mediante estudios

contratados con empresas consultoras, mientras que por otro lado hay quienes

afirman que debería hacerlo el estado, porque por lo general los estudios

contratados por grupos de interés y presión, como los gremios, son parciales y

sesgados, y están orientados a que las instituciones encargadas de tomar


12

decisiones adopten estos puntos de vista para favorecer los intereses privados10.

Una buena opción es que los estudios de impacto ambiental se hagan de manera

conjunta, así como plantearlos incluso como un ejercicio que aporte elementos

para la actualización de los planes y esquemas de ordenamiento territorial de los

municipios donde se ubica el distrito de riego, pues de esta manera se tendrían

mayores herramientas jurídicas, y se podrán materializar los acuerdos locales, al

delegar en las autoridades municipales la garantía del respeto de los acuerdos

que se establezcan sobre los límites a la expansión de los cultivos de palma

aceitera, así como de las demás actividades que se desarrollen o que puedan

afectar los cuerpos de agua y la infraestructura de riego.

La participación de las comunidades y de los interesados en la evaluación del

estudio de impacto ambiental, sea hecho por las CAR o la Anla, está garantizada

por la el artículo 69 del título X, “De los modos y procedimientos de participación

ciudadana”, de ley 99 de 1993 que creó el sistema nacional ambiental (Sina), del

cual forman parte el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las CAR,

aunque este es un aspecto sobre el cual el estado colombiano requiere mayores

fortalezas y herramientas para la participación de las comunidades rurales:

Artículo 69. Del derecho a intervenir en los procedimientos administrativos

ambientales. Cualquier persona natural o jurídica, pública o privada, sin

10

Al respecto se puede consultar la Función de Advertencia en materia de licenciamiento ambiental

de la Contraloría General de la República

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/MedioAmbiente/funcion%20de%20advertencia%2

0licencias%20ambientales.pdf así como el análisis realizado por el Colectivo por la Protección de la

Provincia de Sugamuxi sobre dos estudios de impacto ambiental sobre hidrocarburos:

“Modificaciones de licencia ambiental proyectos Muisca y Buenavista”. Este último documento fue

elaborado para generar conciencia en los pobladores de esta provincia, así como para ilustrar y

advertir a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales acerca del riesgo de ampliar la licencia

ambiental de estos proyectos.https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/modificaciones-de-

licencia-ambiental-proyectos-muisca-y-buenavista

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/MedioAmbiente/funcion%20de%20advertencia%20licencias%20ambientales.pdf

http://www.colombiapuntomedio.com/Portals/0/MedioAmbiente/funcion%20de%20advertencia%20licencias%20ambientales.pdf

https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/modificaciones-de-licencia-ambiental-proyectos-muisca-y-buenavista

https://sites.google.com/site/colectivosugamuxi/modificaciones-de-licencia-ambiental-proyectos-muisca-y-buenavista


13

necesidad de demostrar interés jurídico alguno, podrá intervenir en las

actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o

cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan

afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones

por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales.

Aun cuando la expansión de la palma aceitera es una de las múltiples tensiones

existentes entre los modelos de desarrollo que tienen lugar en Montes de María, la

academia y el trabajo de acompañamiento pueden y deben presentar propuestas

que contribuyan a fortalecer la mesa de interlocución, propuestas que deberán ser

trabajadas con la aceptación y participación de las comunidades que han habitado

este espacio desde hace décadas, que deberán verse muy beneficiadas por las

políticas integrales que se decidan alrededor de sus territorios.

Este escenario de interlocución es un desafío enorme para una región tan

afectada por la guerra en Colombia, y en donde el mayor reto es, a la vez, la

mayor amenaza: la débil articulación y coordinación entre las instituciones

estatales nacionales, regionales y locales, y de estas con las comunidades. Es

importante insistir en que de la mesa deberán ser parte las autoridades

ambientales nacionales y municipales, lo mismo que el Ministerio de Minas y

Energía, encargado de otorgar concesiones sobre el subsuelo. En este caso,

como lo más probable es que las actividades de exploración y explotación que se

adelantan en Montes de María generen nuevas tensiones y factores de conflicto

ambiental11 y armado, bien harían el gobierno nacional y los locales, en lo de su

competencia, frenando la llamada locomotora minero-energética y replantear el

modelo de desarrollo para el país y esta región, ya que de lo contrario será muy

difícil que en Montes de María florezca una paz verdadera y duradera.

11

Con respecto al uso del término se puede consultar el siguiente documento (Capitulo 1 y Anexo

1), el cual aborda desde una perspectiva histórica el caso de San Basilio de Palenque, ubicado al

norte de los Montes de María: https://sites.google.com/site/palenqueconflictosambientales/

https://sites.google.com/site/palenqueconflictosambientales/


14

Fotografía 2. Vista de la represa de Matuya desde el Cerro Capiro

Estas reflexiones buscan aportar al proceso montemariano que valientemente

están liderando mujeres y hombres de todas las edades, quienes han optado por

aunar esfuerzos y hacer de la diferencia un lazo que está ayudando a defender la

economía campesina, la soberanía alimentaria, la defensa de los territorios y, en

definitiva, la vida misma, o en palabras de su himno: la tierra y la identidad.

modelos de desarrollo en montes de maría: ¿posible

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